¿Puede vivir un anciano por 6 euros al día en una residencia?

14469692080924El sector valenciano de las residencias se ha convertido durante los dos últimos años en una gran subasta. A diferencia de lo que ocurre en el resto de España, en la Comunidad grupos de empresas han logrado la gestión de centros públicos por debajo coste necesario para cubrir los servicios básicos de los ancianos.

Ante estas ‘subastas’ surge la pregunta ¿puede vivir un anciano con 6 euros al día en una residencia? La respuesta: obviamente no. Prueba de ello es que los menús de los comedores escolares suelen superar los 5 euros sólo para una comida, mientras que la partida que destinan algunas residencias para la supervivencia de los mayores sólo supone un euro más para la alimentación de todo el día. Un dato que se demuestra claramente insuficiente para las tres comidas y resto de gastos de suministros que genera la estancia de un jubilado. Dietistas consultados por este diario aseguran que para mantener un menú equilibrado, como mínimo hay que asignar entre 300 y 330 euros al mes por persona, o lo que es lo mismo 10 ó 11 euros al día únicamente en alimentación.

Esta realidad ha motivado a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra, a exigir a las firmas concesionarias que justifiquen cómo logran, con el escaso dinero que reciben, pagar el gasto de personal de los centros -oscila entre el 80% y el 85%- y poder cubrir las necesidades básicas de los ancianos que incluso se reduce hasta poco más de 6 euros, después de aplicar sus bajadas ‘temerarias’ en las ofertas finales de licitación.

Según las cuentas que estudia la Administración valenciana, si el precio por día de las plazas en las residencias oscila entre los 60 (las grandes) y los 70 euros (las pequeñas) y de esta cuantía el 85% se destina a gastos fijos, sólo queda un 15% para gastos variables.

Estos costes variables son sobre los que las concesionarias aplican sus bajadas para lograr los concursos y ajustan al máximo los gastos en los aprovisionamientos (alimentos y productos de limpieza, productos de oficina, uniformes), suministros (agua, luz, gas y gasoleo, teléfono, seguros, vehículos), mantenimiento (contratos con empresas de ascensores, instalación eléctrica, incendios, calderas, reparaciones y averías), gastos de explotación (contrato de vigilancia), y gastos financieros (IBI, tasas municipales, dinero de caja).

En estas partidas se halla la trampa, porque del coste total de la plaza por día para los ancianos, la Administración considera que hay que dejar -tras suprimir los gastos fijos- unos 20 euros de gastos variables. Sin embargo, las empresas acaban por dejar sólo entre 8 y 6 euros para la asignación de los servicios mínimos de la asistencia de los ancianos, en los que, además, se debe incluir los beneficios para su explotación. Unas cuentas imposibles que han alertado tanto al Consell como al sector de la dependencia.

Perplejidad en la patronal

A la patronal Aerte -compuesta por cerca de 200 empresas- le causa perplejidad comprobar que la media de las bajadas en las adjudicaciones de residencias públicas es del 14,76% pero en muchos casos supera el 18%. Esta situación obliga a las empresas a ofrecer cada vez bajadas más importantes o a quedarse fuera de todos los concursos y provoca «una espiral muy arriesgada para el servicio que reciben los residentes». De ahí que la patronal considere que «las licitaciones se están convirtiendo en verdaderas subastas en las que sólo acaba importando el precio cuando en estos servicios es muy importante priorizar el proyecto de atención que se va a prestar».

Las reducciones en las licitaciones afectan a otras empresas que han optado últimamente a los concursos pero que no han logrado la concesión de los centros al no estar dispuestas a reducir los costes por debajo del límite peligroso. Entre las firmas afectadas están: la Fundación Samu, Clece S.A., Gerocleop S.L., Valoriza Servicio a la Dependencia S.L.; Gesmed S.L., Eulen Servicios Sociosanitarios S.A., Amma Recursos Asistenciales S.A.U., SAR Residencial Asitencial S.A.U., Aralia Servicios Sociosanitarios S.A.; Fundación Diagrama, UTE Fundación Diagrama, UTE Fundación Salud y Comunidad-Lagunduz S.L. y Albertia Servicios Sociosanitarios S.A.

Para evitar los agravios detectados en la adjudicación de centros residenciales, la Conselleria de Igualdad ha creado una comisión de expertos que revisarán los pliegos y las ofertas. La secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas, que participó el viernes en la primera reunión, señaló que el objetivo es «desmercantilizar» el sector. Casas, que durante estos meses se ha reunido con las empresas del sector para recoger sus propuestas, destacó que la revisión de la política de contratación es una cuestión «prioritaria» para el Consell que quiere evitar que los concursos de adjudicaciones se conviertan en «subastas».

La puntuación del actual sistema de contrataciones contempla en un 50% el coste de los servicios y en el otro 50% cuestiones valorativas, que según Casas, no se ajustan a parámetros actuales, y por lo tanto es necesario revisar y actualizar para que realmente se prime «la calidad» en la atención de los usuarios: personas mayores, con diversidad funcional, menores, etc.

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