Recortes
La Plataforma en Defensa del Estado del Bienestar pide la retirada de medidas de reducción del gasto en Sanidad
La Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, integrada por CCOO y UGT y más de cincuenta organizaciones sociales, ha entregado este miércoles un manifiesto en el Ministerio de Sanidad y en el de Educación para solicitar la retirada de las medidas aprobadas por el Gobierno que suponen una reducción del gasto en 10.000 millones de euros porque las consideran «regresivas» desde el punto de vista social.
«No es cierto que los recortes sean inevitables. Estas medidas que se aprueban son injustas y el derecho a la salud y a la educación dejarán de ser iguales para todos», ha subrayado la secretaria de política social de CCOO, Rosana Costa, en declaraciones a los medios antes de entregar el manifiesto en el Ministerio de Sanidad. Este sindicato forma parte junto con otras 55 asociaciones de esta plataforma.
La Junta de Andalucía estudia si la «contrarreforma» de Mato es inconstitucional
La Consejería andaluza de Salud ha anunciado este mismo martes, día en el que se ha publicado el Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, que sus servicios jurídicos están estudiando si esta norma tiene visos de inconstitucionalidad, además de analizar cómo podría afectar a la competencias autonómicas y a leyes orgánicas como la de Extranjería.
El departamento andaluz del ramo ha reaccionado así «una vez conocida la letra pequeña» de este Real Decreto, del que ha dicho supone una «auténtica contrarreforma» del modelo actual del Sistema Nacional de Salud (SNS), a la par que lo retrotrae «a una situación similar al sistema insolidario que existía en España en los años 70, donde sólo tenían derecho a la prestación sanitaria los que cotizaban a la Seguridad Social y la beneficencia».
«Se confirman los temores que se venían anunciando desde esta Consejería sobre la intención del Gobierno central de desmantelar el SNS, tal y como lo conocemos hoy en día», han dicho desde esta Consejería andaluza, desde la que también se ha advertido de que el texto del Decreto «pone en jaque» una de sus características básicas: «el acceso universal de todos los ciudadanos a la atención sanitaria pública».
Entiende así el Ejecutivo autonómico que con la aprobación de este texto, el Gobierno de España «cambia en la práctica» el modelo que hasta ahora había permitido conformar un sólido SNS «y se retrotrae a la normativa de los años 70/80 (del siglo pasado), previa a la Ley General de Sanidad».
Entonces, recuerdan desde esta Consejería, existía un modelo de aseguramiento que se superó cuando se conquistó (por esta norma del 86) un derecho universal que garantiza la protección de la salud a todos los españoles. «Este cambio de modelo (ahora) significa que se pasa de una sanidad pública, universal y gratuita para todos los ciudadanos a una sanidad sólo para los asegurados y la beneficencia», han insistido desde Salud, tal y como también vienen reiterando en los últimos días su responsable en funciones, María Jesús Montero.
«Se trata, en definitiva, de un embate a la justicia social y al Estado de Bienestar que impacta sobre todo en las clases medias, en las duras circunstancias económicas que sufre el país que son, por otra parte, los que más contribuyen a su sostenibilidad», han proseguido en su argumentación.
Sea como fuere, desde esta la Consejería han puesto «en duda» de que el Gobierno pueda utilizar un Real Decreto de Medidas Urgentes para introducir cambios estructurales sobre el sistema sanitario, por lo que ha anunciado que sus servicios jurídicos están estudiando la norma para ver cómo afecta a la Constitución, a las competencias autonómicas y a las leyes orgánicas como la de Extranjería.
SATSE denuncia el «caos y la falta de personal» en una residencia de mayores de Montequinto y convoca protesta
El sindicato de Enfermería SATSE-Sevilla ha anunciado que llevará a cabo este mismo viernes a partir de las 11,00 horas una concentración de protesta a las puertas del Centro Residencial de Mayores de Montequinto, dependiente de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta, para denunciar el «caos organizativo y la falta de personal» en dicha residencia, lo que, a juicio de este sindicato, estaría «poniendo en peligro la atención y la seguridad de los mayores».
En un comunicado, SATSE ha alertado de que este centro de mayores cuenta con una plantilla de enfermeras «insuficiente» para atender a los 160 residentes, «ya que es de sólo 16 enfermeras que, habitualmente, están distribuidas cuatro en el turno de mañana, tres en el de tarde y una sola en el de noche».
Con esta «exigua plantilla», continúa SATSE, la enfermería atiende a los 160 mayores asistidos, «en su mayoría grandes dependientes, distribuidos en las cuatro plantas con las que cuenta el edificio».
Agrega este sindicato que «a las carencias en materia de personal», se suma «como factor de riesgo» la «pésima organización» del trabajo en este centro, que «sobrecarga a la plantilla de enfermería y le impide delegar funciones en otros colectivos profesionales».
«Todo ello ha derivado en un clima laboral insostenible que en muchos casos está terminando con denuncias en los tribunales», lamentan desde este sindicato, al tiempo que han reclamado a la Dirección del centro y a la propia Junta de Andalucía que «se adopten las medidas necesarias para incrementar la plantilla de la residencia en función de las cargas de trabajo».
Una residencia de ancianos de Trujillo (Cáceres) se queda sin mayores al ser desahuciada
Los empleados acuden a trabajar aunque no haya residentes hasta que la empresa gestora tome una decisión definitiva sobre ellos.
La residencia de ancianos ‘El Conquistador’ de Trujillo (Cáceres) se ha quedado sin residentes ya que una orden de desahucio por impagos de la empresa gestora Geroinnova ha obligado al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) a trasladar a los residentes a otros centros.
Aunque el desahucio está previsto para el 30 de abril, los ancianos con plazas concertadas ya han sido reubicados en otras residencias de mayores de Cáceres y los que no tenían estas plazas también se han marchado.
El alcalde de Trujillo, Alberto Casero, que ha participado en varias reuniones con las partes implicadas, ha querido «dejar claro», en declaraciones a Europa Press Televisión, que en este asunto el ayuntamiento trujillano no es responsable puesto que se trata de «una cuestión de carácter privado».
Casero ha explicado que el desahucio de este centro se debe a «una situación económica» de la empresa que gestionaba la residencia ya que los propietarios del edificio donde está ubicada «habían denunciado el impago» por parte de esta empresa y por ello «han sido desahuciados».
«Lo que ha hecho la Administración local y autonómica es intentar velar por los intereses de las personas que ocupaban dicho centro», ha aclarado el primer edil, y, por ello, han sido trasladados a otras residencias de mayores de la región.
Casi 18.000 catalanes mueren esperando el cobro de la dependencia en los últimos dos años
Un total de 17.844 personas han muerto esperando el cobro de la prestación por dependencia, teniendo el derecho reconocido en vida, según ha explicado el conseller de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, en respuesta parlamentaria.
Concretamente, en 2010 murieron 10.982 personas esperando, cifra que se redujo a 6.862 en 2011, según consta en el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.
Además, los difuntos que no cobraron pese a tener el Programa Individual de Atención (PIA) realizado en vida fueron 13.849 en 2009, 14.232 en 2008 y 4.521 en 2007.
La mayoría de los beneficiarios afectados por el retraso en los pagos residen en Barcelona, siendo 2.020 en 2011 y 3.065 en 2010.
Cermi Andalucía muestra su «deseo» de que se mantenga la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (Cermi Andalucía), durante su asamblea anual, ha mostrado su «deseo» de que se siga manteniendo en el próximo Gobierno andaluz la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, así como la Dirección General de Personas con Discapacidad, órgano de interlocución con el movimiento asociativo.
En este sentido, según ha señalado en un comunicado, el Comité andaluza también ha abordado la situación en la comunidad creada tras las elecciones andaluzas y sobre las negociaciones que se están manteniendo entre IU y PSOE. En este sentido, ha mostrado «su inquietud y su expectación ante la incertidumbre».
Por otro lado, Cermi Andalucía ha reconocido su «preocupación» ante los recortes presupuestarios aprobados por el Gobierno de la nación y el modo en qué va a afectar a Andalucía. Así, ha expresado que el recorte de 283 millones de euros en el sector de la dependencia de los cuales, según la consejera en funciones para la Igualdad y Bienestar Social, le corresponderían 70 millones a Andalucía, supondría un «daño irreparable» para la región.
Según el Cermi Andalucía, esto, unido a los recortes anunciados en sanidad y educación, ocasionaría un retraso «muy importante» en el estado del bienestar, al cual las personas con discapacidad «no podemos renunciar», ha alertado.
El FMI quiere bajar las pensiones por “el riesgo a que la gente viva más de lo esperado”
En un adelanto de los documentos de su cumbre semestral, el Fondo Monetario Internacional pone de relieve el problema del envejecimiento de la población. El organismo reclama que se recorten las prestaciones y que se retrase la edad de jubilación ante “el riesgo de que la gente viva más de lo esperado”, y propone soluciones de mercado para mitigar ese riesgo.
Los economistas del FMI afirman que “si el promedio de vida aumenta tres años más de lo previsto para 2050, el coste del envejecimiento aumentaría en un 50%”, tomando como referencia el PIB en 2010 de las economías avanzadas. Para los países emergentes, el coste adicional sería del 25%. En términos absolutos, los expertos hablan de decenas de billones de dólares a escala global.
Según explica el español José Viñals, responsable del departamento de Mercado de Capitales: “Vivir más es bueno pero conlleva un riesgo financiero importante. Se trata de una amenaza para la sostenibilidad de las finanzas públicas, porque dispararía el endeudamiento público, pero también es un riesgo para la solvencia de las entidades privadas como las aseguradoras. “Debemos preocuparnos ahora por los riesgos de la longevidad para que los costes no nos atosiguen en el futuro”, afirma Viñals.
Más de 50.000 dependientes no cobrarán por los recortes
La moratoria aprobada por el Gobierno para retrasar los pagos a los dependientes leves y moderados –grado 1, nivel 1 y grado 1, nivel 2– afecta ya a más de 50.000 catalanes que tienen valorada su situación pero no cobrarán este año, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Bienestar Social y Familia de la Generalitat.
Un total de 49.098 dependientes leves no podrán cobrar hasta enero de 2014 pese a estar ya reconocidos –una cifra que irá incrementado a medida que se vayan realizando valoraciones– y 2.083 moderados tampoco lo harán hasta enero de 2013, fechas decretadas por el Ejecutivo central, que decidió posponer los pagos un año a los dependientes moderados y dos más a los leves por «problemas de liquidez».
Mato afirma que España ha entrado en una fase de analizar el efecto marginal de cada euro invertido en bienestar social
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha afirmado este lunes que España ha pasado de una fase de hacer «pocos estudios sobre cómo influye cada euro invertido» en Estado del Bienestar a «cuantificar de forma precisa el efecto marginal» del dinero que se destina a estos fines.
Mato, que ha presidido junto a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella; y el ministro de Trabajo de Reino Unido, Lain Duncan, la inauguración de la Conferencia Internacional ‘La evaluación de la Calidad y Eficiencia en los Programas de Intervención Social’, ha puesto el acento en la importancia de evaluar las políticas precedentes para emprender las «reformas necesarias».
Según ha explicado, «hasta ahora» en España se hacían evaluaciones «exclusivamente en positivo» sobre el impacto de las políticas, de manera que «se identificaban solamente las mejoras», sin llegar a conocer «cómo influye cada euro invertido en el bienestar de los ciudadanos».
Sin embargo, el análisis de todos los efectos de cada una de las inversiones es a su juicio, el modo de proporcionar al contribuyente «información transparente sobre la gestión pública» así como la manera de facilitar una gestión más «eficaz, eficiente y efectiva».
En esta línea ha presentado su ponencia el ministro británico, quien ha expuesto las reformas que su gabinete va a llevar a cabo en Reino Unido sobre el sistema de pensiones y de asistencia social, a fin de conseguir, según ha dicho, que a los ciudadanos les «salga a cuenta trabajar».
El PSOE sostiene que los recortes para dependencia suponen «la estocada definitiva» del PP al estado del bienestar
Rosa Guadalupe Jerez advierte de que la merma en los presupuestos forzará al Gobierno de Canarias y a los ayuntamientos a efectuar ajustes que perjudicarán a los usuarios.
El Grupo Parlamentario Socialista, a través de su portavoz de Asuntos Sociales, Rosa Guadalupe Jerez, ha incidido en que los recortes del Gobierno de Rajoy a la Ley de Dependencia son «la estocada definitiva del PP al estado del bienestar», pues «se están confundiendo las prioridades y cebándose con los más débiles», por lo que la diputada ha instado al Ejecutivo central a dar marcha atrás en el recorte de casi 300 millones para «no dejar en la cuneta a los miles de dependientes españoles y canarios que necesitan ser atendidos».
La parlamentaria gomera ha señalado en una nota de prensa que esta norma constituye el cuarto pilar del estado del bienestar y garantiza atención y cuidados a las personas que requieran apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria. Tras indicar que su implantación en Canarias ha sido «muy lenta», ha querido recordar que el archipiélago está, según diversos informes, a la cola en su aplicación y presenta «un importante limbo» al respecto.
Jerez ha detallado que Canarias cuenta con el 56 por ciento de los demandantes con derecho reconocido oficialmente a recibir atención de dependencia, pero sin que éste se haga efectivo, de tal forma que son más de 10.000 personas las que permanecen a la espera de que las ayudas se hagan efectivas, según los datos del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
«Por tanto, si antes estábamos mal en Canarias en su aplicación, ahora estaremos peor, ya que el recorte estatal de 283 millones de euros supone para Canarias una reducción de unos ocho millones, por lo que las islas lo van a tener bastante complicado para mantener unos servicios que los usuarios están recibiendo con dinero de la Comunidad Autónoma», advirtió.
Catalunya alerta de que el Gobierno ha recortado 48 millones de la Ley de Dependencia
El conseller de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, ha alertado este jueves de que el Gobierno ha recortado 48 millones de euros de la Ley de Dependencia, por lo que ha reclamado «medidas urgentes» para compensar esta merma presupuestaria.
En declaraciones a los medios antes de participar en el Consejo Territorial de Dependencia celebrado en Madrid, Cleries ha admitido estar «preocupado» por este recorte y ha avanzado que reclamará al Gobierno acciones concretas en este sentido.
El conseller ha destacado que «mientras la Generalitat está cumpliendo con la aplicación de la Ley, el Estado ha modificado de forma unilateral su aportación del nivel acordado, incumpliendo así con sus obligaciones».
Este «nivel acordado», cuantificado por Cleries en 48 millones de euros, corresponde a la cuantía acordada a través de un convenio bilateral entre el Estado y las distintas comunidades autónomas a partir de criterios como la población dependiente, la dispersión geográfica, la insularidad y el número de inmigrantes retornados, entre otros factores.
Además de este acuerdo bilateral, la Ley prevé que Estado y Generalitat sufraguen a medias el coste de la dependencia, una balanza que se ha «desequilibrado» ya que el Gobierno solo ha pagado el 20% del total.
«Mientras se va reduciendo la implicación del Estado, nuestras obligaciones siguen siendo las mismas, lo que deja a la Generalitat en una situación de indefensión, ya que debemos seguir atendiendo a los ciudadanos», ha añadido Cleries, recordando que en 2011 los dependientes han aumentado un 40%.
Según ha destacado el conseller, este recorte lleva a una situación de «inviabilidad económica», por lo que ha instado al Ministerio a que ponga sobre la mesa medidas urgentes, que logren un sistema sostenible.
Asimismo, Cleries ha indicado que espera que el Estado «no dimita de sus responsabilidades» y haga frente a esta situación de recorte, para la cual se ha manifestado sentirse preocupado.
La Ley de Dependencia gravamente herida por los recortes presupuestarios sufridos
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social en funciones, Micaela Navarro, ha afirmado que espera que este jueves durante el Consejo Territorial de Dependencia la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, nos diga –a las comunidades autónomas– «qué es lo que tiene pensando hacer con la Ley de Dependencia», pues, a su juicio, con los recortes presupuestarios que ha sufrido está «gravemente herida».
Además, Navarro, después de presentar un convenio de colaboración entre la Consejería y la Asociación de la Prensa de Sevilla, ha señalado que espera que este jueves la ministra «nos diga qué es lo que tienen pensado hacer con la Ley, que hoy es un derecho tan derecho como la salud, la educación o las pensiones». Para la consejera en funciones con el recorte del «cien por cien» del fondo acordado, una de las vías de financiación de la Ley, ésta está «gravemente herida».
Por otro lado, ha indicado que habrá que esperar a la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales del próximo día 18 de abril para que el Ministerio explique «cómo afectarán directamente los recortes», aunque Navarro ha precisado que con los presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy se sabe que hay determinadas políticas perjudicadas como el Plan Concertado, un programa que se desarrolla «principalmente en los ayuntamientos a través de financiación municipal, autonómica y estatal».
La Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social presenta un ERE para 12 de sus 70 trabajadores
La Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social ha planteado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 12 de sus 70 trabajadores.
El ERE se encuentra en la fase de consultas, después de que se presentara el pasado 30 de marzo, y ahora representantes sindicales y de esta entidad pública han iniciado negociaciones en torno a él.
Pero el representante de la Federación de Servicios de Ciudadanía de CC.OO, Carmelo Renedo, lamenta, en declaraciones a Europa Press, que no tienen «ningún» margen para «intentar» negociar.
Renedo ha señalado que ha pedido un Plan de Viabilidad que esclarezca el futuro y los servicios que prestará la Fundación, tras indicar que la reducción de personal supondrá la desaparición de servicios que se prestaban en centros de día, comedores de mayores, atención a víctimas de explotación sexual o el Observatorio de la Infancia.
Y dado que estos programas «van a desaparecer», el represente sindical considera que se está produciendo un «recorte impresionante» en las prestaciones y servicios sociales, que afecta, a los colectivos «más desfavorecidos» de la sociedad, sin garantía de que se vuelven a implantar.
El Gobierno reduce un 45% los fondos para políticas de salud pública
Los servicios sociales básicos son para las personas pobres o con necesidad de asistencia pública como el médico de familia ante los primeros síntomas de enfermedad. Es la primera puerta a la que se llama, donde habrá un trabajador social que atenderá a aquellos que no pueden pagar su hipoteca, a los menores en desamparo, a los que no les llega para agua, luz, calefacción, a personas sin hogar y en riesgo de exclusión, pero también gestionan las clásicas ayudas a domicilio, por ejemplo.
El colectivo de usuarios de servicios sociales ha crecido más de un 39% en los últimos años, con los rigores de la crisis, hasta alcanzar a casi ocho millones de personas. Pues bien, el año pasado los presupuestos del Estado preveían contribuir a la atención de 6,5 millones de personas y finalmente dieron para colaborar con 6,7 millones. Con lo presupuestado ahora, el Gobierno calcula que solo alcanzaría para 3,4 millones de personas, de tal forma que prácticamente la mitad de los posibles beneficiarios quedarían enteramente a merced de los recursos autonómicos o municipales.
La subida del IRPF afecta a las pensiones de 730.000 jubilados
Son 729.984 jubilados que han visto reducida su pensión por esta iniciativa aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy para los ejercicios 2012 y 2013, y de ellos el 15% (más de 111.000 personas) percibe anualmente menos de 18.000 euros.
Según los datos facilitados a la diputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero, las comunidades más afectadas son Cataluña, con 176.107 jubilados afectados, y la Comunidad de Madrid, con 157.757. Les siguen Andalucía (79.114), la Comunidad Valenciana (62.942), Castilla y León (49.354), Galicia (44.123) y Asturias (42.832).
A más distancia se encuentran los 28.554 jubilados aragoneses afectados, los 18.665 canarios, los 17.812 castellano-manchegos, los 14.156 cántabros, los 13.108 baleares y los 12.181 murcianos. Cierran la lista Extremadura (7.871), La Rioja (4.803), Ceuta (383) y Melilla (232).
En función de la cuantía de las pensiones, el grueso de los afectados se encuentran en la horquilla entre 30.001 y 36.000 euros al año, que suman 242.312 personas que pagarán más IRPF. Le siguen los 202.950 que cobra entre 24.001 y 30.000 euros; los 165.662 que cobran entre 18.001 y 24.000 euros y los 110.786 que cobran entre 12.001 y 18.000 euros. Los menos afectados son los que tienen pensiones menores de 12.000 euros (554 personas) y los que ganan más de 36.000 euros (7.720).
Mas admite que las políticas sociales atraviesan una «situación delicada» en Cataluña
President A.Mas
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha admitido este viernes que las políticas sociales y de salud se encuentran «en una situación delicada» en Cataluña, si bien ha considerado que gracias al esfuerzo de los profesionales los estándares de calidad están igual o incluso han sido superiores.
Durante la inauguración del Centro de Salud de Alta Resolución de Vila-Seca (Tarragona), Mas se ha referido a las políticas de ajuste presupuestario puestas en marcha durante el último año y ha asegurado que se han respetado «límites» para no afectar el tuétano del sistema.
Varios colectivos amenazan al Gobierno con la «desobediencia económica»
Las organizaciones UNICAES, Nace 17M, el Colectivo Mujeres de Transportistas y la Asociación Nacional de Desempleados (ADESORG), que agrupa a autónomos, transportistas y parados, han registrado un escrito en el Congreso de los Diputados amenazando con abrir una campaña de «desobediencia económica» que incluya solicitudes masivas de Expedientes de Regulación (ERE) si no se pone fin a los «atropellos reiterados» cometidos por el Gobierno «en detrimento del bienestar social y de los derechos más básicos» de la ciudadanía.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, estas organizaciones reclaman que se ponga «freno inmediato a los embargos», que se establezcan «moratorias hipotecarias» y «moratorias fiscales», que se aprueben «deducciones de las cuotas de autónomos», que se obligue a los bancos a «cesar» en su «intervención ante las deudas fiscales, que se «auxilie inmediatamente a todos aquellos autónomos arruinados por la pésima gestión del Estado» y que se «garantice el derecho a la asistencia de la renta básica de todos los ciudadanos desempleados».
El Gobierno de Cantabria reducirá una media del 5% el precio por estancia concertada que paga a las entidades del sector
María José Sáenz de Buruaga
El Gobierno de Cantabria regulará mediante decreto los precios públicos de los centros de atención a personas dependientes y discapacitadas, lo que supondrá una reducción media del 5% en la cantidad que la administración paga a las empresas del sector por la prestación de este servicio. La vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, ha explicado a representantes de CERMI, LARES y ACESDE esta medida, que forma parte del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos que el Gobierno regional se ha visto obligado a aprobar como consecuencia de la situación de “emergencia económico financiera” en la que se encuentra la autonomía.
El documento, aprobado por el Consejo de Gobierno el 16 de febrero, incluye un Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, dirigido a asegurar la sostenibilidad del sistema público de servicios sociales y su mantenimiento en condiciones de calidad mediante la racionalización del gasto público y el aumento de la eficiencia.
