Recortes

No hay fondos suficientes para dependencia

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno (PP), afirmó ayer que «con los recursos actuales no se llega a los objetivos que fijó la Ley de Dependencia» y explicó que el Gobierno tiene previsto «reordenar el modelo para hacerlo más sostenible y preservar al gran dependiente».

«No pretendo generar desasosiego, pero tenemos un problema y el problema es que con los recursos actuales no llegamos. La Ley de Dependencia marcó unos objetivos muy generosos, muy amplios, que ni creciendo al 3 por ciento se han podido cumplir», apostilló.

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Moreno señaló que tras cinco años en vigor de la ley se va a llevar a cabo «un proceso de evaluación y probablemente de reforma» para buscar un modelo «más transparente, que potencie la dependencia en manos de profesionales y que se adapte a los recursos disponibles».

De este modo, explicó que la reforma «se hará en colaboración con las comunidades autónomas que son las que poseen las competencias en esta materia y que luchará contra el fraude, buscará priorizar al gran dependiente y sostener el sistema de dependencia que va a seguir existiendo».

Por otro lado, el secretario de Estado pidió que «la sociedad se una en el combate para luchar contra la violencia de género». «No puede ser que un vecino escuche chillar, que un padre sepa que a su hija o su nuera está teniendo maltrato y no lo denuncie. El conjunto de la sociedad se debe sonrojar ante eso y debe denunciar», explicó.

Así, Moreno señaló que la mujer debe llamar al teléfono 016 habilitado para ello porque «es un mecanismo administrativo buenísimo y a partir de esa llamada la vida de una mujer maltratada cambia porque hay todo un movimiento administrativo que se pone a disposición de la mujer».

En este sentido, afirmó que «España es uno de los países más avanzados en la lucha contra la violencia de género y que solo la Administración del Estado invierte del orden de 260 millones de euros en estas políticas».

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Sanidad establece los servicios mínimos para la huelga en residencias de la tercera edad de la provincia de Toledo

  La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales ha dictado una resolución por la que se establecen los servicios mínimos durante la huelga convocada con carácter indefinido a partir de este viernes, 22 de junio, en residencias de la tercera edad en la provincia de Toledo gestionadas por Acescam y Artecam, y que serán los mismos que se prestan en un día festivo.

Según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, el departamento que dirige José Ignacio Echániz dice que en la determinación de los servicios mínimos durante la huelga convocada se ha ponderado la especial necesidad de las personas atendidas, su duración y demás circunstancias concurrentes, así como la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquélla repercute.

El criterio utilizado ha sido el de establecer, sobre los efectivos personales que habitualmente trabajan en las residencias a las que afecta la convocatoria de la huelga, los mínimos necesarios para atender las prestaciones que resultan esenciales para los usuarios de las mismas, explica la resolución.

Los servicios mínimos propuestos han sido fijados con un criterio «restrictivo», acorde con los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la interpretación que debe darse a la limitación del derecho a la huelga en relación con el derecho a la salud y a la vida, así como en cumplimiento de la prescripción del artículo 50 de la Constitución Española que obliga a los poderes públicos a promover el bienestar de los ciudadanos durante la tercera edad mediante un sistema de servicios sociales.

«Con los servicios mínimos que se proponen, se cumple, en consecuencia, con el principio de razonable proporcionalidad entre los sacrificios que han de padecer los usuarios o destinatarios de dichos servicios esenciales y los que se imponen a los huelguistas, de tal manera que la perturbación del interés de los usuarios por la huelga debe serlo solo hasta extremos razonables, en especial si tenemos en cuenta la especial vulnerabilidad en que se encuentra la gran mayoría de los usuarios de las residencias a las que afecta la huelga convocada por CCOO», dice Sanidad.

DÍA FESTIVO

Ha determinado la Consejería de Sanidad y Servicios Públicos que los servicios mínimos que se establecen para las residencias de la tercera edad a las que se refiere el punto anterior son los mismos que se prestan en ellas en un día festivo.

Asimismo, dice que la designación de los trabajadores que deben prestar los servicios mínimos que se establecen en esta Resolución corresponde los directores de las residencias afectadas por esta convocatoria de huelga.

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Cáritas alerta de que el recorte de un 78% en 3 años de las ayudas al desarrollo del Consell provoca un «déficit social»

  Cáritas Diocesana de Valencia ha alertado este jueves de que la Generalitat ha reducido sus presupuestos en ayuda al desarrollo un 78% en los últimos tres años pese a que la pobreza en la Comunitat es cada vez «más intensa, más extensa y más crónica» y ha hecho un llamamiento para recordar que «Cáritas no podrá nunca sustituir la función pública de la Administración Pública ni asumir los déficits sociales que ésta genere» ya que su tarea es complementaria a la suya.

Así lo ha manifestado la secretaria general de la institución, Fani Raga, durante la presentación de la memoria anual 2011 de Cáritas Diocesana de Valencia, junto al la directora de la misma, Mª de la Concepción Guillén y el obispo auxiliar de Valencia, Enrique Benavent.

Según ha explicado, a lo largo del pasado año, esta entidad ha atendido a un total de 92.856 personas, lo que supone un incremento del 23% respecto al 2010 y un 147% desde los inicios de la crisis en 2007. La mayor parte de las personas atendidas durante el 2011, un 61%, son extranjeras y mujeres, pero se ha notado una mayor afluencia de españoles que alcanzan el 39%, el mismo porcentaje que suponen las personas que antes no acudían a esta casa y que en el último año han llamado por primera vez a sus puertas en busca de asistencia.

En este sentido, Raga ha constatado cómo va aumentando el número de personas y hogares en situación de necesidad» y va «aumentando la precariedad con la bajada de los niveles de renta». Cada vez es mayor la brecha que se abre entre ricos y pobres» provocando una «dualización de la sociedad» que rompe la cohesión social, ha agregado.

Sin embargo, el Consell ha reducido su aportación en materia social un 78% en el último trienio que resulta «claramente insuficiente» y provoca la «debilidad e insuficiencia» de los servicios sociales públicos, el «endurecimiento» del acceso a las ayudas, que son además «muy limitadas en el tiempo».

Como consecuencia, son más las personas que acuden a Cáritas en busca de la ayuda que no encuentran en la Administración pública, entre las cuales hay un aumento de los jóvenes, por lo que ha advertido de que «el país se podrá recuperar pero las personas pero para las personas que se atienden en Cáritas será más lenta porque el daño que se ha hecho a los colectivos más vulnerables tardará más tiempo».

De hecho, «en los años de bonanza también había millones de pobres» y ahora, con la crisis, «estos se añaden» a aquellos, ha argumentado.

Así, ha expresado su «preocupación» por últimas normativas introducidas como el decreto ley privatiza la gestión sanitaria y según ha apuntado supone un cambio de modelo que «afectará a españoles y extranjeros, y aumentará la estigmatización» de los colectivos más vulnerables». Del mismo modo, ha lamentado que el sistema de la Ley de la Dependencia está «absolutamente estancado y paralizado» y en estos momentos hay 275.000 personas esperando la ayuda.

También ha criticado los cambios introducidos el pasado 20 de febrero en la renta garantizada, apoyo económico para las familias que carecen de ingresos que a partir de esta fecha dejan de tener carácter retroactivo, dejando a familias en una situación «muy preocupante», ha remarcado.

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Lares CV reclama los once millones que le debe la Generalitat Valenciana el día 14 ante sus centros y el 22 a las puertas del Palau

    La Asociación de Residencias del Sector Solidario de la Comunitat Valenciana, Lares CV, reclamará los más de once millones que le debe la Generalitat valenciana con movilizaciones simultáneas el día 14 en todos sus centros y una concentración ante el Palau de la Generalitat el viernes 22 de junio, según lo acordado este jueves por la asamblea de la entidad en una reunión extraordinaria sobre esos «impagos».

Además, dentro del tercer plan de actuación aprobado ante la «inviabilidad económica» de las residencias y la «falta de atención» por parte de la Conselleria de Bienestar Social, recogerán cartas y firmas de los familiares de los mayores residentes y de los trabajadores de los centros para hacérselas llegar al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, al conseller de Bienestar Social, Jorge Cabré, y al titular de Hacienda, José Manuel Vela.

Lares CV está formada por 44 centros sin ánimo de lucro, entre los que se incluyen asociaciones, fundaciones y congregaciones, que atienden a casi 2.500 personas mayores dependientes y dan empleo a unas 1.600 personas, la mayoría con contrato indefinido.

Su presidente, José Pascual, ha alertado de la «crítica» situación económica que atraviesan esos centros al llevar desde el pasado mes de agosto sin cobrar las subvenciones de las plazas concertadas, lo que supone una deuda de 5,4 millones de euros –por esas plazas y las ayudas para infraestructuras de 2010 y 2011–. No obstante, la deuda acumulada supera los once millones dado que estos centros han asumido el gasto correspondiente a 2012, que supone seis millones hasta mayo.

En declaraciones a Europa Press, ha precisado que la cuantía correspondiente a este ejercicio «aún no es deuda oficial», hasta julio, ya que la Generalitat abona el 60 por ciento pasado el primer semestre y el 40 por ciento restante «durante el resto del año».

Pascual alerta de que, en la actualidad, muchos centros que pertenecen a fundaciones o congregaciones religiosas «están poniendo parte de sus patrimonios» para continuar con su actividad, mientras que otros «han tenido que confirmar préstamos que ya habían pedido a bancos, ya que como no hay ninguna garantía de que la administración vaya a pagar, ningún banco les da hoy un préstamo nuevo».

Al respecto, subraya que «a los trabajadores hay que pagarles con ese dinero que se recibe de la administración, que no llega, y al final no pueden comprometer más su patrimonio ni generar más deuda con los bancos», de modo que «muchas empresas ya se plantean no pagar las extras o dejar de pagar». Es más, asegura que algunas residencias ya han incurrido en impagos con sus proveedores.

«El problema es si vamos a cerrar o no», recalca el presidente de Lares CV, quien denuncia que «a ver qué empresa pueda subsistir» en esa situación, con «más de 2.000 personas que atender y más de 1.000 trabajadores a los que de alguna manera habrá que pagarles».

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Fabra justifica los impagos a la dependencia por la deuda de más de 400 millones del Gobierno socialista a la Comunitat Valenciana

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha justificado los impagos de la Administración valenciana a las prestaciones de las ayudas a la dependencia por la deuda que ha dejado a deber el Gobierno socialista a la Comunitat en esta materia, que ha cifrado en más de 400 millones de euros. «Si el Gobierno que hace la ley y que dice que va a sufragar el 50 por ciento de los gastos no paga, difícilmente se podrán hacer más cosas de las que estamos haciendo», ha agregado.

Con ese dinero, en la Comunitat se podría haber atendido a 20.000 personas, ha remarcado Fabra, quien ha señalado que la Generalitat ha destinado en 2011 más de 394 millones, frente a los 99 del Gobierno socialista, ha dicho.

Fabra, que se ha expresado de esta manera en la sesión de control en las Corts, en relación a las preguntas formuladas por PSPV y EUPV sobre los pagos pendientes del Consell para las ayudas a la dependencia, ha afirmado que el Gobierno valenciano «cumple».

En esta materia, el portavoz del PSPV, Antonio Torres, ha ofrecido al jefe del Consell una propuesta: destinar 19 millones de euros del plan de pagos a proveedores para atender a 14.000 de los 26.000 dependientes que hay en lista de espera.

Por su parte, el jefe del Consell ha informado de que la Generalitat ha incluido las ayudas de la dependencia en el plan de pagos a proveedores y ha apuntado que este año ha satisfecho pagos pendientes por valor de más de 85 millones de euros, incluyendo 16 millones con efectos de retroactividad.

Fabra ha reconocido las dificultades económicas pero ha afirmado que se están tomando iniciativa como simplificar los trámites para la evaluación de la dependencia, al tiempo que ha destacado que la Comunitat es la autonomía que «más esfuerzos» está haciendo en la atención residencial.

De enero a mayo, la Generalitat ha satisfecho pagos por más de 5.160 millones, de los cuales, el 70 por ciento –más de 3.500– han sido destinados a gasto social, entre ellos la dependencia, ha dicho. Por ello, Fabra ha apuntado que desde la oposición «no pueden decir que estamos desatendiendo a las personas». En este punto ha indicado que el Consell está «intentando ajustar la dimensión de la administración para poder atender a las personas».

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Cada vez más jubilados mantienen a sus hijos o nietos en paro gracias a su pensión

  El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, ha advertido este martes de la necesidad de «blindar» el gasto en determinados servicios sociales ante el riesgo de que «se cronifiquen» las desigualdades entre los españoles y se produzca un empobrecimiento mayor de la sociedad.

Así lo han señalado Peña y el profesor y consejero Fernando Valdés durante la presentación de la Memoria del CES de 2011, en la que el organismo alerta de que la crisis se está traduciendo en España en un «claro empeoramiento» de las condiciones de vida de la población, el aumento de la desigualdad y el debilitamiento del Estado de Bienestar, lo que a su vez dificulta las posibilidades de recuperación de la economía española.

Peña ha apuntado que la mitad de los hogares españoles vive ahora peor que antes de la crisis y que ésta ha obligado a las familias a vivir de otra manera, aplazando las decisiones de gasto y abandonando en muchos casos el uso de los servicios privados para acudir a los públicos.

Este repunte del uso de lo público coincide con una menor dotación presupuestaria para estos servicios, por lo que Peña ha avisado de que hay que tener en cuenta de dónde se recorta para evitar «daños irreparables».

El presidente del CES ha explicado que la pobreza en España se diferencia de la de sus socios europeos en que avanza a un ritmo más rápido y en que su distribución es muy desigual, de tal forma que la diferencia entre las rentas más altas y las más bajas es de siete veces en España y de cinco en Europa.

Peña ha argumentado que casi 30 millones de personas reciben en España algún tipo de ingreso: los trabajadores -que cobran su salario-, los pensionistas de contributivas, los de no contributivas, los perceptores de prestaciones por desempleo -que rondan los tres millones- y los 750.000 beneficiarios con los que cuenta el sistema de dependencia. De esos casi 30 millones, casi la mitad perciben sus ingresos desde las arcas públicas, por lo que Peña ha señalado que, en una crisis como la actual, ese gasto debe «blindarse».

Por ejemplo, en la Memoria del CES, el organismo afirma que, teniendo en cuenta que la tasa de paro juvenil española duplica a la europea y que la tasa de abandono escolar se encuentra en «niveles preocupantes», sería «imprescindible» que el esfuerzo presupuestario en educación no se redujera.

UNA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL «PAVOROSA».

Para Peña, la situación en la que se encuentra España es «pavorosa» y se puede agravar más si se continúa en la tónica de políticas contractivas y procíclicas, pues no han servido para frenar la crisis. En su opinión, lo que necesita España es entendimiento político y compromiso social. «El CES no es un organismo que haga recetarios ni yo estoy aquí para enmendar la plana, pero la situación es pavorosa y hay que chequearla entre todos», ha dicho.

La Memoria del CES radiografía una España en muy mala situación social y económica, con cada vez más jubilados manteniendo a sus hijos o nietos en paro gracias a su pensión, con un paro de larga duración que afecta al 30% de los desempleados y cuyas probabilidades de salir de él son casi cero, y con un consumo «en quiebra», hasta el punto de que el año pasado sólo aumentó el gasto en televisión.

El mercado laboral tampoco da muestras de recuperación y la pérdida de empleo de esta crisis triplica la que se produjo en la crisis de finales de los 70 (200.000 empleos menos por año) y multiplica por más de dos la destrucción de empleo de la crisis del 94 (300.000 empleos menos anuales).

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Los recortes de Junta de Andalucía dejan las retribuciones de los trabajadores de dependencia en menos de 700 euros

   La portavoz del PP-A y diputada autonómica, Rosario Soto, y el portavoz de Función Pública del PP-A en el Parlamento, Rafael Ruiz Canto, han denunciado este martes que los recortes del Gobierno andaluz dejan las retribuciones de los trabajares en el área de la dependencia «en unos parámetros de precariedad, por debajo incluso de los 700 euros al mes, obligándoles a reducir el número de horas de atención a la personas con dependencia en Andalucía».

Así se han pronunciado Soto y Ruiz Cantos, tras mantener esta mañana un encuentro con los representantes de los trabajadores de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta, que este martes inician movilizaciones contra los recortes de la Junta, y a la que también han asistido el secretario general de CONFIA-CCOO, José Antonio Presgo, y el secretario general de la sección sindical de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia en CCOO, Ricardo Núñez.

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El 20 por ciento de los pensionistas en la Comunidad de Madrid están por debajo del umbral de la pobreza

  CC.OO de Madrid y su Federación regional de Pensionistas y Jubilados han convertido el Día del Pensionista, celebrado hoy en la sede del sindicato, en un acto reivindicativo y de denuncia sobre la difícil situación de las personas mayores y pensionistas en nuestra región ante el contexto de crisis y recortes.

En su intervención en el acto, el secretario general de CC.OO de Madrid, Javier López, ha señalado que los pensionistas y jubilados viven una situación «más que preocupante en la Comunidad» que están siendo «más golpeados por los recortes que se están produciendo».

López ha destacado que el 20 por ciento de los pensionistas en la Comunidad están por debajo del umbral de la pobreza. «¿En qué sociedad vivimos que empobrece cada vez más a nuestros mayores?», se ha preguntado López.

Por ello, el líder sindical ha recordado que «los pensionistas no pueden verse ni golpeados económicamente por la crisis ni tampoco perjudicados por esa parálisis, cada vez mayor, de la ley de atención a la dependencia».

En el 16º Día del Pensionista, CC.OO ha puesto de manifiesto que el 15,3 por ciento de la población madrileña es mayor de 65 años, un 70 por ciento más que hace 20 años, con una tendencia clara a seguir aumentando.

La congelación de las ayudas a los dependientes con grados menos severos dejará a 30.000 personas dependientes desatendidas en toda España

Manuel Mora, de la federación de entidades de discapacitados ECOM; Anna Pérez, de la Fundación Sant Joan de Déu, y Susanna Roig, de la Cruz Roja, han expuesto ante la comisión de Bienestar Social del Parlament, en representación de la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña, un informe que alerta que recortar la Ley de la Dependencia «acabará incrementando los gastos públicos a medio plazo».

Además, también han denunciado que estos recortes suponen «una vulneración de los derechos de las personas».

Entre otras cosas, el informe advierte de que la congelación de las ayudas a los dependientes con grados menos severos dejará a 30.000 personas dependientes desatendidas en toda España y que vean agravada su dependencia moderada por falta de atención.

«Este aumento de su grado de dependencia acabará generando más gasto público porque engrosarán las listas de personas con dependencia severa con derecho a asistencia», señala el informe.

El recorte de un 19% de los recursos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) «abocará a la Generalitat a un escenario de financiación de la dependencia insostenible», ha dicho Susanna Roig, que ha criticado que se haya priorizado la ayuda económica a la prestación de servicios asistenciales.

«No hay que mirar a corto plazo, sino a largo plazo», ha señalado la experta de la Cruz Roja a los diputados de la comisión.

Por otra parte, el recorte de 36 millones de euros en el Plan Concertado «hará que los servicios sociales de los ayuntamientos se queden sin recursos para hacer frente, desde la proximidad, a las situaciones de dependencia de su población».

Y el aumento del copago de algunos servicios de la cartera de servicios sociales hasta el 13% anunciada por el conseller de Bienestar Social, Josep Lluís Cleries, «dificultará aún más el acceso por razones económicas a los servicios y prestaciones que ofrece la ley», según las entidades.

Los tres representantes de la Mesa del Tercer Sector Social, que agrupa a casi 4.000 entidades sociales, han propuesto como soluciones que se garantice el cumplimiento de la ley en sus plazos y financiación, que se potencien los servicios y actividades de promoción de la autonomía personal y favorecer un trabajo integral con las personas.

También han reclamado mejorar los sistemas de comunicación para poder consultar el estado de los expedientes y reforzar la cooperación de las administraciones con las entidades sociales.

Mora ha propuesto «un modelo de estado social catalán que no deje fuera del sistema a las personas discapacitadas que actualmente están en riesgo de caer en la más absoluta pobreza».

Un informe vaticina la salida de los ‘dependientes moderados’ del SAAD

   Un informe de The Family Watch señala que «es posible» que la moratoria aprobada por el Gobierno el pasado noviembre para retrasar la entrada de los ‘dependientes moderados’ al Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) hasta 2013 «se haga definitiva» y que se «excluya» a este colectivo.

«Parece difícil que la Ley de Dependencia pueda aplicarse tal y como se concibe hoy. Es posible que la moratoria de este año se haga definitiva y que se excluyan los ‘dependientes moderados’, que son los de nivel 1», indica esta estudio titulado ‘La familia como agente de salud’ y presentado este lunes en Madrid.

Según sus autores, la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia se promulgó «en plena euforia económica, dos años antes de empezar la crisis». Así, apuntan que en media década de aplicación de la norma se ha superado «con creces» el gasto previsto, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, y «no parece que pueda sostenerse en el tiempo».

Asimismo, concluye que «ni el Estado ni la iniciativa privada pueden hacerse cargo de la atención a los dependientes». Respecto al primero, indica que la Ley de Dependencia parecía señalar, hace 5 años, una vía de solución, pero que «hoy se ha constatado que existe un desfase entre las previsiones en número de dependientes y su financiación, y la realidad».

Recuerda que en 2007 se estimó que, cuando entrara en vigor plenamente la Ley (2015) habría 1.173.000 dependientes. Sin embargo, a día de hoy, se ha reconocido el derecho a más de 1.500.000 personas. En cuanto a la financiación, hoy la aportación del Estado «supera las previsiones en más de 2.700 millones de euros».

El cuanto al sector privado, apunta que sólo una «porción pequeña» de personas dependientes puede permitirse recibir cuidado formal, que es el  realizado por profesionales especializados, dependientes de organismos públicos o contratados por la familia y pone como ejemplo que sólo el 26 por ciento de los ‘grandes dependientes’ cuenta con plaza en una residencia.

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Andalucía hará «ajustes» en materia de dependencia

La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha asegurado que los compromisos asumidos por la Junta de Andalucía en materia de dependencia «siguen en pie», pese a los recortes de más de 70 millones de euros que supuso para la comunidad la eliminación de la partida que el Gobierno de España tenía para esta materia, con un montante global que superaba los 270 millones de euros.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla tras presidir el acto de presentación del cupón de la ONCE para el sorteo de Oro de la Cruz Roja, Montero ha admitido, con todo, que la eliminación de estas partidas de los presupuesto generales del Estado «obliga a hacer ajustes» a las comunidades, «que se traducirá como es lógico en cuestiones concretas» y de las que «daremos cuenta en el momento oportuno».

«Las administraciones locales y autonómicas no pueden compensar los déficit de financiación que ocurre en otras administraciones», ha advertido Montero, quien, en el caso del Gobierno andaluz, se «preservará» las partidas sociales en detrimento de la obra pública, «que procuramos ralentizar».

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Administraciones adeudan cerca de 290.000 euros a Cáritas, que padece un saldo negativo de más de 105.000 euros

  Las administraciones públicas adeudan a Cáritas Diocesana de Jaén un total de 289.247,06 en subvenciones, si bien, además, la institución religiosa padece un saldo negativo de un total de 105.512,50 euros, toda vez que el pasado año sus gastos en ayudas sociales ascendieron a los 4.324.652,37 euros y los ingresos provenientes de diversos entes públicos fueron de 4.219.139,87 euros.

En declaraciones a Europa Press, el director de Cáritas en Jaén, Rafael López-Sidro, ha señalado que en 2011 la institución que dirige tuvo que aportar un plus debido a la demanda social que ha habido. En concreto, tuvo que aportar 139.000 euros de sus propios fondos para cubrir el cien por cien del gasto del proyecto, habida cuenta de que la totalidad de las ayudas no llegaban.

De esta forma, ha precisado que la organización no percibió unos ingresos de 86.920,63 euros procedentes de subvenciones dirigidas al empleo del fondo social europeo. Tampoco recibió una ayuda para jóvenes inmigrantes de 3.881,83 del Ministerio de Trabajo. Del mismo modo, la Diputación de Jaén adeuda un total de 28.000 euros, 14.000 del pasado año y otros 14.000 del anterior de un programa de ayuda a familias.

Por su parte, el Gobierno andaluz ha dejado de ingresar en 2011 38.136,34 euros, así como la totalidad de los gastos de la apertura del albergue para temporeros de Úbeda (Jaén) de la campaña de recogida de la aceituna, lo que supone un total de 41.108,40 euros. Con todo ello, la Junta de Andalucía ha obviado abonar a la institución religiosa un total de 79.244,74 euros el pasado año.

En este sentido, López-Sidro ha apuntado que también la Administración andaluza firmó con Cáritas un convenio el pasado mes de diciembre por el que la institución percibiría un total de 280.000 euros –140.000 en 2012 y otros 140.000 en 2013–, los cuales están «en suspenso». «Supuestamente el convenio iba a llevarse a Consejo de Gobierno para ser aprobado», pero «sospecha que no se llevó, dado que el pasado marzo la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social anunció, finalmente, que no había dinero».

Según ha explicado López-Sidro, «teníamos proyectos en marcha y ahora esperamos no tener que abandonarlos consiguiendo ayuda por otros caminos», y es que, tal y como ha incidido, Cáritas tratará de evitar «que se perjudiquen personas como los inmigrantes que acuden a la provincia en invierno para trabajar en la aceituna», ya que «no se les puede dejar tirados por el hecho de que la administración pública no quiera ayudar». «Inventaremos alguna cosa, con ese aporte o sin él, buscaremos los dineros de debajo de las piedras».

En esta línea, ha explicado que han sido «exquisitamente prudentes y, a lo largo de toda la campaña electoral de los pasados comicios autonómicos han estado en silencio sin decir nada de esto, pero una vez transcurrido dicho periodo, están en su derecho de decir que ese no es el camino, que parece muy poco serio». No obstante, López-Sidro ha comentado que es «consciente de las dificultades económicas del Gobierno», aunque «los escasos recursos se pueden priorizar de otra forma».

Al respecto, ha indicado que la Junta «debería revisar su actitud, puesto que el problema es my grave y hay recursos para otras cosas menos para atender a personas en situación de exclusión social, las cuales están por encima de otras muchas cosas», ha concluido.

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Sanidad de la Comunitat Valenciana enviará a pacientes crónicos de los hospitales a residencias para ahorrar

Remitir a pacientes ingresados en hospitales para enfermos crónicos y de larga estancia a residencias es una de las medidas que aplicará la Conselleria de Sanidad, en colaboración con la de Bienestar Social. La iniciativa, en la línea de colaboración socio sanitaria, persigue ahorrar sin que la atención se resienta. La clave del ahorro se encuentra en que el coste de la estancia hospitalaria siempre es superior al de una residencia.
Tanto Sanidad como Bienestar Social confirmaron que técnicos de ambos departamentos ya llevan tiempo trabajando para determinar su línea de colaboración con un doble fin: «Optimizar recursos y evitar duplicidades en la prestación de servicios», puesto que ante determinadas prestaciones considera que el trabajo conjunto reduce costes.
No es esta la única medida que reúne con frecuencia a las dos departamentos. Bienestar Social adelantó que también trabajan para implantar programas de atención a domicilio de personas dependientes. Quieren atender en casa a esos enfermos cuyo estado de salud les obliga a acudir de forma reiterada a un centro sanitario. En estas circunstancias pueden encontrarse unas «520.000 personas mayores de 65 años, puesto que el 60% de la población que supera esa edad sufre alguna patología crónica», según Sanidad.
De momento las consellerias implicadas no facilitan la fecha en la que empezarán a remitirse enfermos crónicos a las residencias, pero ya conocen el modelo. El sistema que se pretende «extender» se aplica en Alzira con el convenio entre el Hospital de la Ribera y la Residencia Solimar. En virtud de ese acuerdo la residencia «atiende a determinados pacientes que, pese a haber recibido el alta hospitalaria, necesitan de cuidados encaminados a restaurar plenamente sus funciones físicas».
Recientemente se conoció que el ahorro por cada paciente trasladado podría rondar los 700 euros. Lo dijo la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Dependientes de la Comunitat cuando propuso medidas para ahorrar 100 millones anuales que comportaban y entre ellas estaba el traslado de los enfermos crónicos a residencias.
La Comunitat dispone de unas 500 plazas de hospitalización en centros sanitarios para crónicos y enfermos de larga estancia. En la provincia de Valencia hay dos, los hospitales Padre Jofre y el Doctor Moliner. En la de Castellón, la Magdalena, y en Alicante, San Vicente. El número de plazas hospitalarias citado, asegura Sanidad, «no se verá alterado» cuando empiecen a remitirse pacientes a residencias.

Médicos denuncian que el «ahorro» en el tratamiento de la discapacidad provocará un «mayor coste en dependencia»

 La presidenta de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), Inmaculada García Montes, ha advertido este miércoles de que el «ahorro» en los tratamientos contra la discapacidad provoca a la larga un «mayor coste en dependencia», motivo por el que ha pedido revertir esta relación «en estos tiempos en los que se habla de racionalización del gasto sanitario».

García Montes ha pedido además, en el marco del 50 Congreso de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) que se está celebrando en Córdoba, que los circuitos en los que trabaja el médico rehabilitador, con equipos multidisciplinares e interdisciplinares, se «simplifiquen» para que el paciente pueda ser derivado directamente desde atención primaria al médico especialista.

Para ello, ha destacado que desde la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física se propone que estas patologías tengan su «puerta de entrada única» desde atención primaria a la atención especializada «por los servicios de rehabilitación».

«Nuestra especialidad basa su diagnostico principalmente en la historia clínica y, si es necesario, con pruebas complementarias», ha dicho esta especialista, para quien el medico rehabilitador tiene cada vez más autonomía en la realización de dichas pruebas «con el consiguiente ahorro del Sistema Nacional de Salud».

Respecto a las prótesis y ayudas técnicas (férulas, o sillas de ruedas), ha ahonado en el hecho de que el médico rehabilitador es el especialista que «más controla, tutela y supervisa dichas prescripciones» y que «desde hace años, incluso, las recicla y se las retira al paciente que no las precisa al mejorar su discapacidad».

Por ello, es normal prescribir un bastón a un paciente con hemiplejia y cuando evoluciona y mejora su patrón de marcha retirarlo «cosa que hacemos habitualmente y lo recuperamos para otros».

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En peligro la viabilidad económica de las residencias de mayores de Lares CV

Según un comunicado difundido este 8 de mayo, la viabilidad económica de las residencias de mayores de Lares CV, la Asociación del sector solidario de la Comunidad Valenciana, vuelve a estar en riesgo. Los centros Lares CV no podrán entrar en el sistema extraordinario de pago de la deuda de las Administraciones con la financiación del ICO debido a que su sistema de cobro es mediante la subvención y éste ha quedado excluido en dicho sistema.
Según esta entidad, tras confirmar con la Conselleria de Bienestar Social esta particularidad, la situación generada coloca en un punto «muy complicado a las residencias del sector solidario, que sigue sin cobrar la subvención de las plazas concertadas desde agosto del 2011, lo que asciende a una deuda total de 5,4 millones de euros (sumando la subvención de las plazas concertadas y las ayudas para infraestructuras de 2010 y 2011)». Asimismo, los centros Lares CV están asumiendo el gasto correspondiente a los meses de este 2012 por las plazas concertadas que supone en total 1,2 millones de euros al mes, valor que también deberá ser abonado en adelante.

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El PRC acusa al Gobierno de tratar a los ancianos de La Pereda como «muebles»

  El PRC ha acusado este lunes al Gobierno de Cantabria de tratar a los ancianos de la residencia de La Pereda, en Santander, cuyo cierre se ha anunciado, como «muebles inservibles» que se trasladan de un sitio a otro, mientras que el PP le ha recriminado que esté creando «inquietud» entre los ciudadanos.

Este cruce de acusaciones se produjo en el transcurso de un debate en el Parlamento en el que el PP hizo decaer una proposición no de ley del PRC, apoyada por el PSOE, en la que se expresaba el rechazo a los recortes en las políticas sociales.

Desde el PRC, Rosa Valdés ha denunciado que las políticas sociales en Cantabria se encuentran «en peligro de extinción» por la «política economicista sin corazón» del PP, al que ha acusado de pretender sólo «privatizar y hacer caja» basando su acción en la «especulación» y la «idea de negocio».

Citando el cierre de la Residencia La Pereda, el «candado» al comedor social de Santoña o la privatización del Centro de Día de Castro, la parlamentaria ha acusado al PP de querer «volver a un sistema de castas», con «parias y ricos», tratando a mayores y usuarios como «muebles inservibles».

«Te saco de este centro y te llevo a otro», ha resumido, calificando esa actitud de «canallada» y avisando de que en el PP son los «principales responsables» de la «quiebra social» con la «gente en la calle» contra sus políticas.

Por su parte, la socialista Dolores Gorostiaga, exconsejera de Empleo y Bienestar Social, ha acusado al PP de querer «volver al viejo modelo de los asegurados», y siendo en Cantabria «los primeros» en aplicarlo «antes incluso de la fecha prevista», en alusión a las tarjetas para inmigrantes.

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Cataluña garantizará la atención sanitaria a inmigrantes ‘sin papeles’ por ser «ineludible»

 La Generalitat catalana garantizará la atención sanitaria a los inmigrantes ‘sin papeles’, pese al decreto del Gobierno central que prevé que los extranjeros en situación irregular dejen de tener tarjeta sanitaria aunque estén empadronados, al considerar que se trata de una cuestión «ineludible».

«Nosotros, en Catalunya, garantizaremos la salud pública y la atención primaria a todos los inmigrantes. Es ineludible», ha asegurado la secretaria de la Conselleria de Salud de la Generalitat, Roser Fernández, en declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press.

Fernández ha asegurado que existe un movimiento de inmigrantes que se trasladarían a otras comunidades autónomas que no apliquen la medida, algo que considera que es «lo contrario» de lo que se perseguía.

«Nosotros damos prioridad a dar asistencia a todos los que lleguen a Catalunya y también a los ciudadanos que ya están aquí. Es un problema de salud pública básica», ha precisado.

A pesar de ello, ha apostado por la vía del diálogo con el Gobierno, y ha apostado porque el anuncio hecho por el Gobierno se concrete por la vía del proyecto de ley y no del real decretro, con el objetivo de introducir enmiendas durante el trámite parlamentario.

Posteriormete a estas declaraciones, y con escaso margen de diferencia, la ministra de Sanidad, Política Social e Igualad, Ana Mato, ha aclarado en otra entrevista que, aquellos inmigrantes en situación irregular infectados por el VIH o enfermos de cáncer, tendrán la asistencia sanitaria «cubierta» a través de convenios entre las comunidades autónomas y organizaciones de apoyo a esta población.

«Está previsto en el marco del desarrollo reglamentario. Todas las CC.AA. tienen previsto hacer convenios con organizaciones que atienden a inmigrantes de manera irregular para que también se les pueda atender en Atención Primaria», por tanto, según ha apuntado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, «no va a quedar nadie desatendido en España».

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Más de 275.300 dependientes no reciben la prestación a la que tienen derecho

   Un total de 275.330 personas se encuentran actualmente en el llamado ‘limbo de la dependencia’ en España, ya que la Administración ha reconocido su derecho a recibir una prestación o servicio por su condición de dependientes pero a 1 de mayo de este año, no percibían ninguna ayuda.

Así se desprende de la estadística oficial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) actualizada a 30 de abril y publicada este martes, según la cual 1.033.776 personas han recibido un dictamen que dice que tienen derecho a prestación, pero son 758.446 las que lo perciben.

Según los mismos datos, el grupo más amplio es el que conforman los dependientes severos, que suponen el 30,45 por ciento del total. Los grandes dependientes son el 27,51 por ciento y, los dependientes moderados, grupo al que por orden del Gobierno no se incorporarán nuevos beneficiarios hasta 2013, suponen el 26,28 por ciento del total. En la estadística figuran, además, 238.806 sin grado asignado.

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