Recortes

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Dos sentencias del TSJ valenciano dan la razón a dependientes que reclamaron en contra de la resolución de la consejería de Bienestar Social que rebajaba su grado de dependencia. Los dependientes que luchan consiguen revertir las resoluciones arbitrarias de Bienestar Social.

 

2 sentencias

 

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¿Estamos gestionando los recursos públicos correctamente?

La residencia geriátrica de Sotiello tiene lista de espera, hay más de 70 personas esperando una plaza en el centro. Mientras tanto, la residencia geriátrica de Sotiello tiene una planta cerrada. ¿Si hay lista de espera, por qué no abren la nueva planta? La ley de estabilidad presupuestaria, que el gobierno central aplica a las comunidades, impide que se puedan contratar las personas necesarias para abrir la nueva planta.

¿Estamos gestionando los recursos públicos correctamente?

 

Sotiello

 

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El CGPJ pide que no retrasen las resoluciones sobre dependencia para no saturar los juzgados

Juan Manuel Fernández MartínezJuan Manuel Fernández Martínez, presidente del Foro Justicia y Discapacidad y Vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y miembro de la Comisión Permanente pidió ayer en Valencia a las administraciones autonómicas que sean diligentes con las resoluciones de las ayudas a la dependencia para que los tribunales no se saturen. Fernández se ofreció a negociar con las instituciones «para que no se retrasen las resoluciones que judicializan el cumplimiento de la ley de dependencia».

El vocal del CGPJ recordó que algunos jueces han realizado observaciones en sus sentencias respecto a estos retrasos que provocan el archivo de las ayudas cuando los dependientes fallecen. En la C. Valenciana estas demoras superan los dos años y han provocado que 36.000 usuarios mueran sin el derecho reconocido.

El presidente del Foro Justicia y Discapacidad, que forma parte del CGPJ, reconoció que en materia de dependencia se han emitido sentencias contradictorias. «Se ha de procurar una mayor seguridad jurídica porque en esta cuestión se producen pareceres o sentencias diferentes cuando no contradictorias. Es conveniente unificar esos criterios». Por ello, defendió que «la seguridad jurídica ha de guiar a los tribunales para que no se produzcan agravios comparativos entre autonomías». Cabe recordar que un juez de Sevilla ha llegado a arremeter contra la Administración por los retrasos, que en caso de ser intencionados para demorar las resoluciones podrían tener repercusiones penales.

Este jueves se reúne la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia valenciano para unificar criterios en materia de dependencia tras haber evidenciado este periódico que dos secciones de la misma sala estaban emitiendo sentencias contradictorias en casos iguales.

Juan Manuel Fernández explicó que el Foro Justicia y Discapacidad tiene como misión «establecer un diálogo institucional respecto a procurar una mayor sensibilidad en el tratamiento de los derechos de las personas dependientes y la eliminación de barreras físicas y socioculturales». «Nuestro deber es establecer este contacto fluido para solucionar todo lo que se pueda en estancias extrajudiciales». Respecto a la discriminación positiva en estos casos recordó que «los tribunales deben ser justos, pero procurar que la igualdad sea efectiva».

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Los impagos hacen peligrar 500 plazas de residencia en Castellón

Asunción Sánchez ZaplanaA la Conselleria de Bienestar Social se le acumulan los problemas. Mientras sigue negociando una rebaja del controvertido copago con los discapacitados, el sector de la dependencia ha dicho basta y reclama el pago urgente de la deuda a centros y residencias de la dependencia, algunas de las cuales llevan casi un año sin cobrar por los servicios que prestan y que están subvencionados en gran parte por la Generalitat.

La patronal de centros de atención a la dependencia, Aerte, calcula que la deuda en la provincia de Castellón afecta a 28 centros y la cuantía asciende a unos 12 millones de euros. A pesar de que los impagos perjudican a todo el sector la situación es más crítica para las siete residencias de la provincia que cuentan con 491 plazas concertadas de los llamados contratos de accesibilidad social. Estos centros llevan sin cobrar ninguna cantidad de Bienestar Social, que cubre gran parte de estas plazas, desde el mes de mayo del año pasado.

Los impagos de estos servicios para dependientes se han convertido ya en un problema casi crónico, porque los planes de pago prometidos por el Consell se han incumplido. “En febrero del año pasado Císcar nos prometió un calendario de pagos que no cumplió y ahora llevamos semanas pidiendo reuniones y nadie nos recibe. Hemos pedido hasta dos veces un encuentro con el presidente Alberto Fabra y nos deriva a Bienestar Social y esta a su vez nos remite a la Conselleria de Hacienda y así estamos sin saber cuándo vamos a cobrar lo que se nos debe”, denunció la presidenta de Aerte, María José Mira.

Concretamente, este sector exige a la Generalitat “el mismo trato de financiación que se da a otros sectores como el sanitario y educativo, además de un compromiso fiable para establecer un plan de pagos real y urgente”.

COPAGO

El nuevo copago fijado por la Conselleria de Bienestar Social no solo afecta a los discapacitados también a las personas mayores que están en residencias públicas o concertadas, porque pasan de abonar 12 mensualidades a 14. Estos centros ya han empezado a aplicar el copago que entró en vigor en enero, a pesar de que aún se está negociando. El tira y afloja para conseguir una rebaja se está dando entre los discapacitados y la Conselleria, mientras que ninguna voz experta defiende a las personas mayores en estas negociaciones. La única vía de protesta a la que se han podido acoger es a la del recurso de alzada contra la resolución del copago, pero aún están a la espera de una respuesta.

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Las empresas del sector de atención a mayores y dependientes exigen a la Generalitat Valenciana el pago inmediato de parte de la deuda y un plan de pagos fiable al sector de atención a la dependencia

Aerte_otrasasocOrganizaciones sindicales y asociaciones empresariales vuelven a acordar un calendario de movilizaciones, y reuniones con administraciones locales, autonómicas y nacionales.

Recuerdan al presidente de la Generalitat que esperan una reunión urgente para que conozca y resuelva la grave situación.

El sector de atención a las personas mayores y dependientes en la Comunidad Valenciana sufre una constante marginación por parte de la Administración Valenciana debido al impago de la deuda acumulada que mantiene, de manera continua y que asciende a más de 80 millones de euros.

 La incapacidad de la Consellería de Bienestar Social por solventar esta situación y el constante incumplimiento y discriminación con respecto a otros sectores de los calendarios de pago comprometidos, vuelve a poner en peligro a todo el sector de atención a la dependencia con más de 300 centros y más de 15.000 trabajadores directos que atienden diariamente a alrededor de 30.000 personas mayores en la Comunidad Valenciana (la mayoría mayores y personas con discapacidad).

 Ante el agravamiento continuo de la situación y la falta de actuación de la Administración, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana(AERTE); la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS); la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP); y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, han acordado hoy realizar una serie de ACCIONES CONJUNTAS A LO LARGO DEL MES DE ABRIL para que, de forma urgente, la Generalitat valenciana resuelva el desbloqueo de la deuda comprometida de un sector que, de no cobrar de forma inmediata, podría peligrar hasta 15.000 puestos de trabajo directos y estables. Estas acciones consisten en:

  • Presentaciones de mociones a los plenos de los Ayuntamientos a celebrar en el mes de abril con el fin de solicitar a la Conselleria de forma conjunta el pago de la deuda.
  • Convocatoria a los más de 300 centros en la Comunidad Valenciana que atienden a las personas mayores y dependientes para la presentación conjunta de escritos individuales en un mismo acto y día al President de la Generalitat rogándole su intervención ante un problema de esta magnitud.

Concretamente, el sector exige a la Generalitat Valenciana, que de al sector el mismo trato de financiación que a otros sectores como el sanitario y educativo, además de un compromiso fiable para establecer un plan de pagos real y urgente que se ejecute en tiempo y forma evitando así  una situación de impagos masivos de salarios a los profesionales como la que se produjo hace menos de un año y que les llevo a cierres de centros, pérdidas de puestos de trabajo y sanciones de la misma administración por los impagos de las deudas con hacienda, seguridad social o nóminas.

– Los pasados meses de diciembre y febrero se volvieron a solicitar por vía de urgencia las reuniones pendientes con el President de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, de cara a que pueda conocer personalmente la situación insostenible por la que atraviesa el sector en la Comunidad Valenciana, donde el periodo de tiempo sin cobrar las cantidades pendientes es cuatro veces superior a la media, algo insólito en otras autonomías. Por ello, se reclama la actuación del President para que adopte de forma inmediata acciones para solventar esta dramática situación.

– El pasado 26 de diciembre mantuvieron una reunión con el Director General de IMSERSO, César Antón, quien se comprometió a instar a la Conselleria de Bienestar Social a cumplir con los compromisos adquiridos con las empresas

Deuda acumulada.

 

Deuda acumulada de la administración autonómica valenciana a 31 de marzo con el sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana es:

 

 

Tipología de Centro

Deuda a 31 de Marzo de  2014

Aclaración plazos

       
Plazas Públicas Discapacidad      19.920.000,00 € desde mayo 2013, salvo confirming
Plazas Públicas Mayores      20.277.000,00 € desde octubre de 2013
Plazas de Accesibilidad Social      36.522.000,00 € desde mayo 2013
Prestaciones Mayores         2.125.000,00 € desde septiembre 2013 y algunos todo el 2013
Prestaciones Salud Mental y Tutelados         4.900.000,00 € desde abril 2013 e incluso todo el 2013
  Total      83.744.000,00 €  

 

 

Fallece Jomián Leonel, un niño dependiente al que el Gobierno de Cospedal negó la ayuda económica

CospedalLa Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha informado del fallecimiento de Jomián Leonel, el niño gran dependiente de 13 años, con un grado de minusvalía del 100%, a cuya familia la Junta no le reconoció el derecho a la prestación económica por cuidarle en su domicilio.

En una emotiva carta, el presidente Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, José Luis Gómez-Ocaña Pérez, asegura que “en estos momentos difíciles, muy difíciles, por respeto a Jomián, a su madre y a sus hermanos, nos quedaremos aquí. Tiempo habrá de analizar e ir poniendo sobre la mesa las consecuencias de muchas actitudes y formas de actuar, tiempo habrá de poner nombres y caras a todo los responsables de lo que está ocurriendo”.

Yulisa Ramírez, la madre del niño fallecido hizo una ronda por los medios de comunicación para denunciar que la Junta de Castilla-La Mancha le había negado la prestación económica y debe pagar por adelantado los cuidados de su hijo, de la mano de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia que criticó públicamente el caso de este niño con parálisis cerebral severa.

La situación de esta familia fue denunciada por el l presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha y portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español, en un artículo enviado a elboletin.com en el acusaba al Gobierno de María Dolores de Cospedal trata a las personas como “ciudadanos de segunda” que deben ser cuidados por “caridad” y por sus familiares.Yulisa Ramírez

Precisamente, la gota que colmó el vaso de la paciencia de esta plataforma fueron las “cálidas” palabras con las que dicen fue recibida “por parte de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha la madre de Jomián”. La respuesta que según esta plataforma le dieron a esta madre fue: “Si has criado a tu hijo a tus espaldas durante trece años bien puedes seguir haciéndolo». “Si tu hijo no puede seguir estudiando pues que no estudie, en la vida no se puede tener todo”.

Gómez-Ocaña dice que ahora “Yulisa, su madre, rota de dolor podrá levantar la cabeza y seguir caminando por la vida con el recuerdo de su hijo en el alma y la cabeza bien alta. ¿Podrá decir lo mismo el o la responsable de dar a este niño una prestación de prevención de dependencia?, ¿A qué precio estamos pagando la “contención del déficit”? ¿Quién es el o la responsable de que su madre no haya podido estar con su hijo en la hora de su muerte? ¿Consideran nuestros gobernantes que esto ya si es una línea roja intraspasable?

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Más del 90% de las entidades del Tercer Sector podrían desaparecer con la reforma de la Ley de Subvenciones que prepara el Gobierno

Plataforma Tercer SectorLa Plataforma del Tercer Sector (PTS) organiza el próximo lunes 31 de marzo un Seminario dirigido a directivos y técnicos de las entidades del sector para analizar la reforma de la Ley de Subvenciones que prepara el Gobierno y sus consecuencias para el Tercer Sector que pasan porque más del 90% de sus entidades podrían desaparecer si el anteproyecto sigue adelante, poniendo en peligro los servicios que prestan a los colectivos más vulnerables.

El Anteproyecto que modifica la Ley General de Subvenciones hasta ahora vigente conduciría a un verdadero calvario administrativo y a un altísimo riesgo financiero para las organizaciones del Tercer Sector dado el enorme empeoramiento que este Anteproyecto de Ley implica en cuanto al acceso a las subvenciones, el cobro de anticipos, los porcentajes de cofinanciación, los procesos de justificación, y el régimen sancionador exorbitante.

En lo referente a aspectos relativos a cofinanciación, la Plataforma recuerda que el Anteproyecto establece un sistema de cofinanciación para todas las entidades objeto de subvención con independencia de los programas que se desarrollan, lo que implica que los servicios que se prestan a las personas en riesgo de exclusión social a través del Tercer Sector, tendrán que ser cofinanciados con otro tipo de fondos privados.

La Plataforma recuerda que el sistema de servicios sociales y de mantenimiento de los derechos sociales básicos “no es una responsabilidad de la cual la administración pública pueda liberarse, dejándola en manos privadas, ya que resulta básico para el correcto funcionamiento democrático de una sociedad inclusiva”.

Además, insiste en que el sistema de cofinanciación lleva a la situación paradójica de que sean las propias entidades sociales las que están financiando a la administración pública para el cumplimiento de sus obligaciones con la ciudadanía más desprotegida.

De mantenerse la redacción propuesta, tal y como está redactada la cofinanciación, abocaría a muchas entidades receptoras de subvenciones del sector social a su material desaparición o bien a permitir la entrada de capital privado y lucrativo.

Sobre los aspectos relativos a la finalidad y posibles entidades receptoras, la PTS alerta de que la indefinición en algunos artículos puede abrir la percepción de subvenciones a entidades privadas que persiguen fines lucrativos. Es por ello que se pretende traer al artículo el concepto de “interés general” que figura en el texto de la Ley vigente.

En cuanto a los aspectos relativos a regulación de anticipos, la PTS lamenta que en la propuesta no se plantee modificar el artículo que establece que el pago de la subvención no se realizará hasta su justificación y recuerda que para las entidades del Tercer Sector de Acción Social tiene una especial incidencia la necesidad de liquidez para hacer frente a sus objetivos, por los que se ejecutan proyectos sociales de atención directa a colectivos vulnerables, que como norma general deberían comprender el pago anticipado de la subvención.

En caso contrario se obliga a las entidades a actuar sometidas a condiciones de crédito. De mantenerse la redacción propuesta, la regulación hará que sea casi imposible que entidades sin grandes recursos patrimoniales puedan abordar actividades subvencionadas.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha tenido varios encuentros en el marco de la Comisión de Diálogo Civil con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad para abordar esta reforma.

Seminario Ley de Subvenciones

El Seminario organizado por la Plataforma, abordará, entre otras cuestiones, la experiencia del Tercer Sector en la tramitación de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y su impacto en el Tercer Sector, el anteproyecto de la nueva Ley General de Subvenciones y las principales novedades respecto a la legislación vigente, y previsible impacto en el sector.

Se trata de un coloquio abierto para debate y propuestas de las entidades del Tercer Sector sobre el anteproyecto de Ley. Posteriormente, se redactará un documento de conclusiones con los aspectos más relevantes abordados durante la jornada.

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Bienestar retiene expedientes de la Dependencia desde hace tres años

Asuncion Sanchez ZaplanaLa Comunidad Valenciana se ha convertido en la región de España donde más problemas burocráticos se producen en la tramitación de las ayudas de la Dependencia. En el último informe de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) se detalla que la valenciana es la comunidad que más retrasos sufre a la hora de resolver cada Programa Individual de Atención (PIA) en el que, de forma individualizada, se indica la capacidad económica del beneficiario y el importe de la prestación económica a percibir.

El informe de Aerte urge al Consell a «resolver de forma inmediata todos los PIAS paralizados de los expedientes pendientes desde marzo de 2011, utilizando el presupuesto existente a tal fin».

En el mismo texto, que ha sido remitido con forma de carta al secretario autonómico de Bienestar Social, Manuel Escolano, se detalla también que «al menos, se debería notificar a los dependientes los PIAS que se encuentran pendientes desde marzo del 2011, y que han elegido como recurso la prestación vinculada al servicio (PVS) -plaza en una residencia-, ya que esta acción no tiene ningún coste económico, y la situación de intranquilidad de las familias se reduciría».

Esta situación supone un problema para las familias que saben que tienen un dependiente en casa aunque no pueden cobrar las ayudas.

La situación es kafkiana porque aunque el dependiente ya haya sido valorado y se le haya adjudicado un grado con derecho a prestación (2 ó 3) todavía debe esperar la propuesta que conlleva el informe PIA que determina la cuantía de la prestación a la que ya tiene derecho.

Un informe determinante porque sin su resolución las familias no pueden pedir las ayudas con retroactividad cuando fallecen las personas mayores que habían había sido catalogadas ya como dependientes. Se ha de tener en cuenta que tres años para estos ancianos con una esperanza de vida muy acotada supone mucho tiempo y si fallecen sin el PIA las cuantías económicas que sus familias han adelantado a las centros se las queda la Administración valenciana, donde haya paralizados 13.000 expedientes de Dependencia sin que Bienestar Social haya aclarado a qué años se corresponden.

Informe médico

Programa Individual de Atención (PIA) es elaborado por los profesionales (Técnicos PIA) del SEPAD en función del contenido del informe médico, de valoración y social de la persona y siempre que ésta tenga reconocido un grado y nivel de dependencia que se encuentre dentro del calendario de aplicación de la Ley. Dicho programa determinará los servicios y prestaciones que le correspondan a cada dependiente en función del grado y nivel de dependencia reconocido y de lo que establezca la normativa vigente en materia de régimen de compatibilidad entre servicios y prestaciones del catalogo en cada comunidad, y que sean considerados más adecuados a su situación personal. Una vez llega el PIA y lo acepta la familia sólo queda la resolución de la ayuda. El tiempo entre la resolución y el ingreso de la ayuda no puede superar los seis meses. En otras comunidades los casos de dependencia paralizados se producen una vez ha llegado la resolución PIA.

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Directores de Servicios Sociales denuncian que los dependientes fallecidos sin atender financian el déficit del Estado

Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que «los fallecimientos» de personas con derecho a recibir un servicio o prestación por dependencia «financian el déficit del Estado y marcan el ritmo del desmantelamiento» del Sistema de Autonomía personal y Atención a la Dependencia (SAAD).

   La organización llega a esta conclusión tras analizar los datos del SAAD al cierre del mes de febrero publicados por el IMSERSO, que arrojan 6.748 beneficiarios menos, es decir, que cada día se dejó de atender a 241 personas, un beneficiario de la ley menos cada cinco minutos y un trabajador del sistema despedido cada hora.

   «Todo indica que decenas de miles de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo mueran sin ser atendidas», denuncia, y pone el acento en que «todas las comunidades autónomas presentan datos negativos» en febrero: 6.748 beneficiarios menos que el mes anterior, 6.838 dictámenes menos, 9.303 solicitudes menos, 4.326 grandes dependientes menos y 2.872 dependientes severos menos que en enero.

    «¿Se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste, o se está dejando de atender a quienes más lo necesitan?», plantean los directores y gerentes.

   En cuanto a prestaciones y servicios, destacan que también los datos son «todos negativos», con una caída de 1.371 servicios de teleasistencia, 1.290 en Ayuda a domicilio, 140 plazas residenciales, 1.001 prestaciones vinculadas al Servicio y 4.162 prestaciones de cuidadores familiares menos. Esto, concluyen, «supone que en este mes se han producido 1.000 despidos de trabajadores».

   En paralelo, la lista de espera para recibir la prestación se ha reducido «de la manera más cruel, eliminando personas acreedoras al derecho a ser atendidos». A su juicio, «la reducción de beneficiarios en espera se ha conseguido cercenando el acceso al sistema y abandonando a los que ya son titulares del derecho», por lo que concluyen que «los recortes se relacionan con el fallecimiento de los dependientes».

   «La estrategia ha sido doble: por un lado impedir que nuevos dependientes accedan al sistema y por otro lado, abandonando a su suerte a los cientos de miles de personas que tenían dependencia severa o gran dependencia y que están falleciendo sin ser atendidos o a los que se les revisa el grado para bajarlos al Grado I. Durante este último mes 8.935 personas con derecho menos figuran en el Sistema», explican los directores y gerentes.

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La financiación del Estado a la Ley de Dependencia ha caído un 46%

Amelia SalanuevaLa financiación de la Ley de Dependencia por parte de la Administración General del Estado para Navarra ha caído, entre 2009 y 2013, un 46%, según la senadora de UPN, Amelia Salanueva, quien va a preguntar al Gobierno sobre esta cuestión durante el pleno del Senado del próximo martes.

El descenso de la aportación estatal ha hecho que «la participación en el coste de las ayudas recaiga principalmente en las arcas de la Hacienda Foral«, según indica la senadora en un comunicado.

Mediante una interpelación, Salanueva preguntará en concreto a la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales sobre «la aplicación justa y equitativa de la Ley de Dependencia, especialmente en Navarra».

En opinión de la senadora regionalista, «la última regulación del cálculo del nivel mínimo de protección ha provocado un sistema injusto de aportación del Estado a las comunidades autónomas, especialmente a Navarra».

El baremo aprobado mediante el Real Decreto 1050/2013, así como la supresión de niveles dentro de cada grado, establecida en el Real Decreto-ley 20/2012, han tenido como propósito que esta situación «se vaya empezando a corregir», ha explicado.

Sin embargo, Salanueva ha lamentado que «esta mejora no ha afectado a Navarra que, a pesar de que fue pionera en la utilización de dichos baremos de dependencia, ahora se le castiga disminuyendo la financiación a recibir por parte del Estado»

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La Plataforma de la Ley de Dependencia acusa a Cospedal de lanzar sospechas de fraude sobre las familias

CospedalEl presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha y portavoz de laCoordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español, José Luis Gómez-Ocaña Pérez, denuncia en un artículo enviado a elboletin.com que el Gobierno de María Dolores de Cospedal trata a las personas como “ciudadanos de segunda” que deben ser cuidados por “caridad” y por sus familiares.

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de esta plataforma han sido las “cálidas”palabras con las que dicen fue recibida “por parte de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha Yulissa, madre de un niño de trece años, gran dependiente, con un solo pulmón y el otro seriamente afectado por una escoliosis galopante, parálisis cerebral severa, botón gástrico para alimentación, cuando se desplazó a poner sobre la mesa la dramática situación en la que se encuentra su hijo”.

La respuesta que según esta plataforma le dieron a esta madre fue: “Si has criado a tu hijo a tus espaldas durante trece años bien puedes seguir haciéndolo». “Si tu hijo no puede seguir estudiando pues que no estudie, en la vida no se puede tener todo”.

Para José Luis Gómez-Ocaña “considerar a las personas en situación de dependencia ciudadanos de segunda, improductivos, entendiendo que debe dejarse su cuidado de forma exclusiva a sus familiares y a la caridad de los que la utilizan para ‘lavar conciencias’ puede entenderse como una ideología y un ADN intrínseco a un Gobierno”.

Añade que “parece que en el Gobierno de María Dolores de Cospedal se entienden las necesidades de las personas en situación de dependencia como un acto graciable de generosidad, obviando y pasándose por el ‘forro de sus caprichos’ el carácter subjetivo que ampara a todas estas personas, carácter subjetivo que equipara por ley todas estas prestaciones con las de desempleo, pensiones y nominas de funcionarios”.

En el escrito muy duro contra el Gobierno autonómico se recalca que “no es admisible y linda con lo delictivo” lanzar «el manto de la duda y del fraude sobre un colectivo como es el de las personas dependientes y más concretamente sobre una madre que tiene que sacar adelante ella sola a cuatro hijos con uno de ellos en una situación dramática, poniendo en duda el destino de unas prestaciones económicas que la ley les reconoce”.

Y asegura que “decir que lo que se pretende obligando a esta madre a adelantar los gastos en el cuidado del niño, y más cuando el Gobierno de la número dos del Partido Popular conoce perfectamente y de primera mano su situación, que se quiere ‘asegurar’ que la prestación llegue al niño demuestra la catadura, tanto moral como política, de la señora De Cospedal, del señor Echániz, y de todos los trotones de la política que conforman su ‘equipo político’ y que nos están metiendo la mano en nuestros bolsillos mes a mes y lo que es peor pretenden arrebatarnos lo único, que en muchas ocasiones nos queda, como es la dignidad personal”.

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El Síndic insta a la Generalitat a reanudar las prestaciones para residencias

Rafael RibóEl Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha reclamado hoy al gobierno de la Generalitat que reanude las prestaciones vinculadas a los servicios residenciales que el departamento de Bienestar Social suspendió el pasado 1 de agosto temporalmente por falta de presupuesto.

Ribó ha recordado que la consellera de Bienestar Social, Neus Munté, adujo que era una medida transitoria de dos meses, pero que «se ha prorrogado indefinidamente», por lo que ha reclamado al Govern que «garantice el derecho subjetivo ante la suspensión de las prestaciones vinculadas a los servicios residenciales de las personas dependientes».

Además, el defensor del pueblo catalán denuncia que «la medida se ha tomado sin ninguna normativa previa, lo que ha generado inseguridad jurídica y falta de claridad sobre el procedimiento».

Para Ribó, «la situación presupuestaria no puede justificar la desatención de los derechos de las personas, especialmente de las más vulnerables».

El síndic ha afirmado que «son necesarias medidas urgentes en los casos en que el ingreso residencial sea la única alternativa» para la persona dependiente.

Por ello, el Síndic se ha dirigido hoy al departamento de Bienestar Social y Familia para que reanude estas prestaciones (ayudas para ingresar en residencias privadas si no hay plaza en las públicas) y que «adopte medidas para garantizar el derecho de las personas dependientes a recibir las prestaciones derivadas adecuadas a sus necesidades».

La Generalitat argumentó la necesidad de interrumpir estas prestaciones aduciendo razones presupuestarias debido a los incumplimientos por parte del Estado de la financiación de la ley de la dependencia, lo que, según el Síndic, «no puede justificar de ninguna manera la desatención de los derechos de las personas».

Tras la suspensión de estas ayudas, el síndic recibió varias quejas individuales e inició una investigación de oficio, en la que el Departamento de Bienestar justificó las cuentas y alegó que la Generalitat debe asumir el 80% del total del gasto por dependencia frente al 20 % que aporta el Estado.

El Síndic, sin embargo, considera que «la reducción del gasto no depende únicamente de la aplicación de la normativa estatal y que el establecimiento de prioridades en el gasto público también es competencia de la Generalitat».

Ante la insuficiencia de recursos residenciales públicos, el Síndic también ha sugerido a Bienestar que «arbitre medidas paliativas y garantice el acceso en un plazo prudencial» y ha pedido «actuaciones urgentes en los casos en que no sea posible una alternativa a la residencia».

Ribó, que se ha reunido personalmente con la consellera Neus Munté para tratar esta cuestión, ha recordado que «la normativa vigente establece que si por falta de disponibilidad de plazas residenciales no se puede determinar el ingreso de la persona interesada, debe continuarse la tramitación del PIA y proponerse un servicio alternativo o reconocer la prestación económica correspondiente».

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