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Autonomía Personal y Dependencia: Una Ley en el corredor de la muerte
Por su interés, reproducimos el post de Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en su blog http://www.lawyerpress.com
No hace ni siete años que se aprobaba en España una Ley, la de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, así rezaba su denominación oficial, que a pesar de sus muchas insuficiencias parecía inaugurar algo inédito en nuestro país, a saber, el abordaje de las necesidades sociales más básicas de extensas capas de población –personas mayores y personas con discapacidad que precisan apoyos intensos para su autonomía individual- en clave de derechos. Este clase de necesidades no había tenido hasta entonces una respuesta firme en términos de derechos, por lo que con reticencias y aprensiones, que las hubo, y justificadas, tanto por el modo en que se hizo como por el resultado obtenido, fue saludada como un avance social. El lance estaba hecho, y podía concluir más o menos bien, a reserva de la intervención del azar, que como dijo el poeta nunca puede ser abolido.
En estos casi siete años de despliegue, un sino aciago parece haberse apoderado de esta Ley, frustrando amargamente las expectativas de cientos de miles de personas y de sus familias que aguardaban, en una suerte de justicia histórica, tan desacostumbrada para ellas, el comienzo de una cierta reparación a una demanda tan antigua como insatisfecha. Los motivos de este fracaso social, particularmente cruel por lo mucho que prometía y sobre todo por a quienes lo prometía, no son solo económicos, no son ni siquiera principalmente económicos, aunque la aguda crisis de estos últimos años haya precipitado el fracaso que se gestaba.
¿Dónde estarían pues las causas de este resultado adverso? ¿Acaso España como comunidad política es incapaz de un proyecto ambicioso de mejora colectiva destinado a las partes de la ciudadanía más castigadas? ¿Si el fin perseguido suscitaba un amplio consenso social y político, qué ha malogrado su consecución? Las concausas son variadas, como siempre que nos enfrentamos a hechos complejos. Citemos algunas, las más notables. Defectos de origen, como la no incardinación de esta modalidad de protección social en la esfera de la Seguridad Social que por suerte sigue siendo atribución del Estado, y que la hubiera dotado de estabilidad y dirección única. Lejos de eso, el precario título competencial sobre el que se ha desarrollado, ha condenado al naciente sistema a quedar a resultas de la rebatiña permanente entre la Administración central y las Comunidades Autónomas, colocándolo en una tierra de nadie, que más parece cementerio inerte que campo abonado para dar frutos. Defectos de despliegue, producto de una gobernanza anómala sin centro de decisión definido ni participación de aquellas partes de la ciudadanía que son las destinatarias naturales de sus pretendidos beneficios. Falta de buena fe y clamorosa ausencia de lealtad institucional de los operadores políticos llamados a implantarla, que se han desangrado en estos años en disputas partidistas improductivas, como si las miras altas estuvieran vedadas a los responsables públicos. Y la crisis, también la crisis, pero en menor medida y a título de falsa coartada, que todo lo excusa y justifica.
Estos días se anuncian nuevos recortes en materia de autonomía personal y dependencia, y durante un tiempo, esta situación terminal reverdecerá un tanto en los medios y algún eco llegará a la opinión. Pero como los temas sociales carecen de prestigio en nuestra vida pública, el asunto pasará, sin pena ni gloria. El golpe de gracia puede estar avecinándose y quedarían solo los engorrosos trámites de todo deceso, el levantamiento del cadáver, la partida de defunción, la autopsia. Una Ley y un sistema de protección social condenados por las culpas de otros, espera en el corredor de la muerte. La fecha fatídica se acerca o al menos eso parece. Como en las películas norteamericanas, queda una última esperanza, que el Gobernador telefonee comunicando la conmutación de la pena. En esas estamos, con la soga al cuello. ¿Quién nos salvará?
Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)
Las plataformas por la Ley de Dependencia plantan cara al “hachazo” del Gobierno
La Coordinadora estatal de plataformas en defensa de la Ley de Dependencia se ha sumado a las críticas de varias organizaciones hacia los recortes que el Plan Nacional de Reformas 2013 (PNR), presentado el 26 de abril tras la reunión del Consejo de Ministros, contiene en materia de dependencia. En palabras de la asociación, la rebaja en el gastosupondrá una «condena a la exclusión social, e incluso a la muerte» para miles de personas.
De acuerdo con las estimaciones del PNR, los recortes en atención a personas dependientes ascienden a un total de 1.108 millones de euros sobre lo presupuestado para este año. Dado que la partida inicialmente consignada era de 1.087,18 millones de euros, los cuidados que costea el Estado no podrían ser financiados, ya que el saldo sería negativo: -20,82 millones de euros si el Ejecutivo cumple al máximo el objetivo de ahorro. «Es un hachazo definitivo a la Ley de Dependencia yun acto de profundo desprecio hacia la vida humana«, asegura al respecto el portavoz de la coordinadora, José Luis Gómez-Ocaña.
Sobre el fondo de la cuestión, Gómez-Ocaña opina que se trata de una cuestión ideológica: «Es evidente que la Unión Europea le ha pedido al presidente Rajoy una cabeza, y Rajoy, en un acto de valentía suprema, ha ofrecida la cabeza de la dependencia, de los más débiles, que pasan a tener cero medios», afirma, y añade que en ningún caso pueden señalarse los recortes como una cuestión económica: «Antes de julio de 2012, la dependencia suponía un gasto del 0,6% del PIB. No era una cantidad importante. Lo que ocurre es que quieren trasladar el negocio de los cuidados al sector privado».
Así, la plataforma asegura que «en paralelo al desmantelamiento de la ley» han surgido varias compañías aseguradoras privadas que ofrecen prestaciones para dependientes. «El objetivo es que el que pueda pagarse un seguro tenga un seguro de dependencia. El que no, quedará en manos de la beneficencia, como en los años 60 o 70«, señala Gomez-Ocaña.
Recortes a los beneficiarios y freno a las altas
Los dependientes denuncian además la puesta en marcha de diversas estrategias encaminadas a reducir el gasto a costa de empeorar sensiblemente la atención y las prestaciones que reciben. Así, Gómez-Ocaña explica que son frecuentes las «reevaluaciones». Se trata de someter al beneficiario a una nueva evaluación médica que, según su versión, acaba frecuentemente en una rebaja del nivel de la prestación reconocida: «Son reevaluaciones en silencio, de oficio. Es gente que obviamente ha empeorado con el tiempo y a la que ahora se le dice que su dependencia es menor para dejarla sin prestación», dice.
También se ha frenado el proceso de evaluación para nuevos beneficiarios: «Se ha creado interesadamente un embudo de hasta 18 e incluso 20 meses para las valoraciones», explica. Los dependientes no pueden acceder a ninguna de las prestaciones de la ley hasta que no cuentan con ese dictamen, y la situación ha empeorado recientemente, pues se ha vinculado la prestación de servicios de asistencia social por parte de los Ayuntamientos a esa misma evalución médica. Sin ella, las personas afectadas no pueden optar ni a las medidas de la Ley de Dependencia, ni tampoco a los programas que ponen en marcha los municipios.
«El Gobierno quiere dejar morir la ley a medida que mueran los actuales beneficiarios. La idea es no reconocer nuevas prestaciones, no cubrir la tasa de reposición, y eso es lo que se está haciendo», cree Gómez-Ocaña. «Es impropio de un Gobierno digno cargar el pso de la crisis en los más débiles. El Partido Popular ha mostrado su verdadera ideología e intenta negar el derecho a una vida digna de los afectados», dice.
Nada que perder
Ante esta situación, «la gente está muy asustada porque no ve cómo va a poder hacer frente al cuidado de los dependientes«, dice el portavoz de la coordinadora, que señala como especialmente alarmantes son los supuestos de «gran dependencia», en los que la persona requiere cuidados continuados y asistencia para realizar cualquier actividad cotidiana. «Los familiares tienen miedo de no poder seguir cuidando a sus seres queridos. Con el recorte en las prestaciones, hay gente que tendrá que elegir entre comer o costear su tratamiento médico«, asegura.
Las diferentes plataformas en defensa de la Ley de Dependencia a nivel nacional han decidido coordinarse y organizar diversas acciones de protesta. «Puedo asegurar que no tenemos nada que perder. Preferimos morir de pie que de rodillas», explica Gómez-Ocaña. El portavoz añade que actos como manifestaciones suponen un importante reto para el colectivo, puesto que se trata de un grupo de personas «muy difícil de movilizar»: «La mayor parte está en cama o en una silla de ruedas, por eso tenemos que ser todos los demás los que salgamos a dar la cara», comenta.
Aún no hay cerrado un calendario definitivo de acciones. La coordinadora señala que busca «medir muy bien las protestas» en un momento en el que el Ejecutivo «está aplicando una política represiva en cuanto a manifestaciones». Por su parte, Gómez-Ocaña está convencido de que la movilización social es la única opción que tienen los dependientes para «defender sus intereses y defender, sobre todo, su vida». «Nunca podrán quitarnos la capacidad de lucha y la dignidad de la que carece este Ejecutivo», concluye.
César Antón asegura que no hay nuevas medidas de recorte en dependencia
El director general del Imserso, César Antón, ha afirmado hoy que no se están produciendo nuevos recortes en las ayudas sobre la dependencia y que la aportación de los usuarios ya se acordó en 2012, aunque en algunas Comunidades autónomas se esté adaptando ahora.
Antón ha matizado que todos los acuerdos sobre dependencia se tomaron el 10 de julio de 2012 en el consejo interterritorial de Sanidad con todas las Comunidades autónomas, que los acuerdos se publicaron en el BOE en agosto de ese año y que desde entonces «no hay nada nuevo».
El desarrollo de esos acuerdos supuso unas medidas de ahorro que en algunos casos tuvieron efectos presupuestarios en 2012 y en otros se están aplicando progresivamente y tienen su traslación en los presupuestos de 2013, ha agregado en rueda de prensa.
Por tanto «no hay nada nuevo, hemos sido transparentes y estamos haciendo lo que hemos aprobado de acuerdo con las Comunidades autónomas», ha subrayado.
En cuanto a la aportación del usuario, Antón ha manifestado que también se aprobó en el consejo interterritorial con el acuerdo de todas las Comunidades autónomas.
En este sentido ha recordado que la Ley de Dependencia ya establece, desde el año 2006, que los usuarios deben participar con aportaciones para contribuir a su financiación.
«El problema es que no había un desarrollo de esa parte de la ley, con una sentencia recurrida y un gran vacío legal», ha recordado.
Por eso en el consejo de julio de 2012 se establecieron las bases para esa aportación, con el principio de que fuese igual para todo el territorio, ya que «la normativa debe ser igualitaria en todo el territorio».
En este punto, Antón ha explicado que desde ese mes de julio algunas comunidades autónomas han adaptado a su normativa la aportación del usuario y en base a ese acuerdo, se está aplicando dicha aportación.
Ha recordado que en el caso de usuarios dependientes con una capacidad económica por debajo del IPREM «la aportación es de cero euros» y que se va incrementando en función de la capacidad económica del usuario, de forma que «aporten más los que más tienen», ha concluido.
El Gobierno prepara un recorte de 958 millones en Dependencia para este año
El Gobierno asesta el enésimo hachazo a la ya de por sí maltrecha ley de dependencia con un recorte previsto para 2013 de 958 millones de euros. Así consta en el Plan Nacional de Reformas enviado a la Comisión Europea por el Ejecutivo y conocido a última hora de ayer. En concreto, el programa anuncia para este año la aprobación de dos nuevos reales decretos para «adecuar las prestaciones a la capacidad económica del beneficiario» y «para regular las prestaciones del sistema» que en la práctica supondrán un «ahorro» de 958 millones. Sin embargo, no es la única sorpresa que depara el documento. De hecho, en total, el Gobierno prevé ahorrar cerca de 4.000 millones en todo tipo de políticas sanitarias nuevas o con la recaudación de algunas de las medidas que ya tomó durante el año pasado.
Los 770.000 dependientes que reciben ayuda en la actualidad verán reducida su cuantía este año casi con toda seguridad en lo que puede ser casi el golpe definitivo a la que se consideró en 2006 la cuarta pata del Estado de Bienestar. Y es que las medidas anunciadas en el documento remitido a Bruselas insisten en profundizar los recortes aplicados ya el año pasado -mediante otro real decreto en julio y a través de los presupuestos-. De hecho, el Gobierno vuelve a poner el foco del ajuste en las prestaciones del beneficiario. Unas ayudas que en 2012 ya se redujeron mediante una menor aportación del Estado de hasta un 13% (200 millones) al denominado ‘nivel mínimo de protección’, es decir, el dinero que reciben las comunidades autónomas por cada dependiente en función de su gravedad.
Este ajuste se suma a otros realizados en 2012 como la suspensión del pago de las cuotas a la seguridad social de los cuidadores familiares, que afectó a 146.000 personas. Unos cuidadores que ya habían sufrido otro tijeretazo del 15% en las ayudas directas por cuidar del familiar. El Gobierno siempre ha alegado que estas medidas pretendían fomentar el incremento de los cuidadores profesionales en detrimento de los familiares, una figura contemplada en la ley como «excepcional» que se había generalizado. Otra medida de ahorro detallada en el Plan Nacional de Reformas es la demora en la incorporación al sistema de las personas beneficiaras con menor grado de dependencia, cuyas ayudas no empezarán a recibir hasta 2015. Con todas estas medidas el Gobierno de Mariano Rajoy calcula un ahorro de 530 millones.
Ahorro sociosanitario
En el documento enviado a Bruselas el Ejecutivo también recoge la «simplificación en el proceso de valoraciones» de los solicitantes con los el ministerio que dirige Ana Mato se ahorró 69 millones en 2012. El Gobierno estima que ese ahorro se elevará hasta los 150 millones en 2013 y a 168 millones en 2014.
Sin embargo, numerosas asociaciones criticaron esta nueva fórmula de evaluación porque el ministerio eliminó varias subdivisiones en los distintos grados de dependencia. De esta forma, muchos solicitantes pasaron a contemplarse como moderados y, por tanto, sus ayudas fueron retrasadas hasta 2015.
En el desglose de las medidas de reformas, el Ejecutivo apuesta por una reducción de 1.809 millones del gasto farmacéutico, de los cuales 409 millones corresponderán «a la implantación de la orden de precios de referencia», una nueva medida para este año. También prevé el establecimiento de nuevos tramos de aportación farmacéutica, aunque no detalla si será un aumento del copago o la creación de dos categorías en el tramo más alto, entre los 18.000 y los 100.000 euros. Otra de las medidas previstas incluye el ahorro de 150 millones que las arcas públicas obtendrán con la aplicación «de la cartera de servicios, el perfil de los beneficiados y su acreditación».
En cuanto a gestión sanitaria, el despliegue de la historia clínica digital y el el impulso de la receta electrónica permitirán no gastar 300 millones. Por otra parte, la ordenación de la cartera de servicios básicos va a generar un ahorro de 875 millones, correspondiendo 700 millones a la de servicios asistenciales y 175 millones a la cartera sujeta a la aportación del usuario.
La Ley de la Dependencia cumplió cinco años, pero no sé si cumplirá seis
Jesús Caldera. Exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, ‘padre’ de la Ley de la Dependencia. «Asturias debe corregir el exceso de pagas al cuidador familiar. Y no es justa su queja de que el Estado paga menos»
Es el ‘padre’ -junto a José Luis Rodríguez Zapatero, al que no cita en toda la entrevista- de la Ley de la Dependencia. La norma que convierte en derecho la atención a las personas con escasa autonomía personal y cuya puesta en marcha, en abril de 2007, fue equiparada a la de los sistemas públicos de salud y educación. Cinco años después, ni Jesús Caldera es ministro de Trabajo y Asuntos Sociales -ahora es el vicepresidente de la Fundación Ideas, gestadora del programa del PSOE- ni el sistema de la dependencia se asemeja a los de salud o educación. Con la cartera ministerial colgada «definitivamente», pero con el empleo como línea argumental, Caldera critica con dureza la gestión del PP, pero tampoco respalda la posición del Gobierno asturiano. Pese a ser tan socialistas como él, cree que se equivocaron con la ley.
-El ‘padre’ de la Ley de la Dependencia, ¿cómo cree que tratan a su hija?
-Es una sensación ambivalente. El gobierno comete un grave error reduciendo los recursos en dependencia. Al contrario, ahora había que aumentarlos. Por razones sociales, pero también económicas: cada euro público que se invierte genera un multiplicador positivo y eso es, precisamente, lo que recomienda el FMI.
-Quinto aniversario. ¿Habrá más?
-No lo sé. La verdad es que está muy afectada. La Ley de la Dependencia cumplió cinco años, pero no sé si cumplirá seis. El PP comete un error al no invertir en ella. Y que no engañe, que Bruselas no le obliga a recortarla.
-¿Por qué?
-Porque Bruselas permite invertir en políticas generadoras de empleo y la Ley de la Dependencia es un motor de creación. O era. En 2012 , por primera vez, se ha destruido empleo en la dependencia. Calculo que unos 25.000 puestos. Y eso que entre 2007 y 2011, la ley generó aproximadamente 150.000. Si añadimos los indirectos, superamos los 240.000. Pero, ahora el PP la ha recortado. No sólo ha reducido los créditos directos para la financiación, sino que ha dado un golpe de muerte a los cuidadores familiares: les ha retirado la cotización y reducido la prestación. Es difícil que esas personas se mantengan. Se van a empobrecer. Y, es difícil que la iniciativa privada invierta. Cualquier analista dice que los yacimientos de empleo están en sectores que generan mano de obra, empleo de calidad e imposible de deslocalizar. Y eso es lo que hace la Ley de la Dependencia.
-Al margen de esos argumentos, ¿el problema más grave no es que se está vulnerando su espíritu?
-Sí, pero la Ley de la Dependencia, las energías renovables y el I+D+i son los únicos sectores que pueden crear empleo. Hasta un millón. Y ser motor de más. Pero sí, como usted dice, se está vulnerando la ley. Una ley que fue casi un milagro, porque se logró el consenso con todas las comunidades, ya que trata de competencias autonómicas.
«Es un derecho subjetivo»
-Consenso con muchas reticencias.
-Sí, en el PP arrastraron bastante los pies. Probablemente porque llevaban sobre sí la culpa de que podían haber hecho una norma similar antes, cuando gobernaban y había numerosos recursos económicos. Pero luego la aprobaron y lo que hay que garantizar es lo más importante, que es un derecho subjetivo. Y debe hacerse de acuerdo a la ley, orientada a los servicios profesionales. Ése es el objetivo. La ley tiene una parte, minoritaria, de garantía para los cuidadores familiares…
-Perdone, pero esa figura minoritaria ha sido la mayoritaria.
-En algunas comunidades. No en Andalucía, por ejemplo.
-Pero sí en Asturias, que es una comunidad gobernada por socialistas.
-No tengo el dato exacto de Asturias.
-Se lo doy: ahora el 47% de las ayudas son al cuidador familiar. Y ha estado muy por encima de esa tasa.
-Pues yo creo que lo recomendable es ir a un sistema en el que 2/3 sean servicios profesionales, con todo el control de calidad, y un 1/3 con prestaciones familiares o mediante pago. Porque la capacidad de generación de empleo está en el servicio profesional. Crea mucho empleo. ¿Cómo se puede explicar que haya listas de espera enormes para personas que tienen que ser atendidas en centro de día, residencia o ayuda a domicilio, con enoooormes (casi grita) repito, enooormes (grita directamente) listas de espera, mientras tenemos millones de personas en paro?
-También hay plazas vacías.
-Pero las plazas vacías suelen ser las que son muy caras. Realmente el sistema no es capaz de absorber todas las necesidades. Tenemos que casar la oferta y la demanda. Permitirá generar miles de empleos.
-Y ¿algo de autocrítica? La ley ha sido objeto de muchas quejas. La más importante, sobre la falta de financiación. Las comunidades dicen que el Estado no aporta lo que debe.
-Todos cometemos errores. La ley es una gran ley, aunque puede tener algunos problemas de diseño, no lo niego. Pero esa crítica de que el Estado no paga parte de un error conceptual: las competencias son de las comunidades autónomas, no del Estado.
-Sí, pero la ley fija, al margen del copago del usuario, un reparto al 50% del gasto entre las administraciones central y regional. Y las comunidades, entre ellas Asturias, dicen que ponen 8 de cada 10 euros.
-Sí, también lo ha dicho Castilla y León. Pero, ¿por qué lo dicen?
-Eso le pregunto yo.
-Pues porque el gasto previo estaba sólo en manos de las comunidades autónomas. El Estado no tenía competencias en servicios sociales. El Estado lo que dijo fue: a partir de ahora, les damos el derecho a estas personas. A partir de ahí, a los nuevos usuarios de esos servicios les vamos a financiar al 50% del coste. Ésa era la filosofía. Desde ese punto de vista, no son aceptables esas críticas.
-Insisto, Asturias también critica.
-Y yo insisto en que no es justa esa crítica. Ahora bien, se podría plantear: ‘Oiga, tiene que haber más recursos’. Y yo estoy de acuerdo. De hecho, se hizo una planificación a siete años para ir aumentando progresivamente la inversión. ¿Que el Estado debería aportar dinero adicional? De acuerdo. Si yo hubiera podido y, ahora, más, si yo tuviera la responsabilidad, invertiría más. Pero creo que nosotros llegamos hasta donde pudimos con las restricciones constitucionales.
-¿Comparte las críticas de que algunas comunidades han hecho caja?
-No lo creo. Siempre puede haber un desfase, que debe y puede controlar el ministerio, pero hacer caja… No. El problema de los diferentes ritmos de aplicación es que algunas comunidades, paradójicamente las del PP -sobre todo Murcia, Valencia y Madrid- estaban muy atrasadas. Pero creo que todas tiraron por la ley. Con medidas que no son las mejores, como primar excesivamente las ayudas en el entorno familiar. Claro que lo hicieron porque son más baratas, pero eso te condiciona la aplicación de la ley y, sobre todo, te evita crear empleo.
-Le repito: Asturias, comunidad socialista, también primó esa paga.
-Pues debería corregir ese exceso. Ahora ya tiene menos y ésa debe ser su tendencia en los años futuros.
-¿Años futuros? ¿Los habrá o los usuarios acabarán tirando la toalla?
-No la tirarán porque no tienen otra opción. Por eso digo que la ley tiene futuro, porque estas personas no tienen otra opción. ¿Qué van a hacer?
-Volver a sus casas, que es lo que están haciendo ahora, o no utilizar servicios de mejora de calidad de vida.
-Claro que se irán a su casa si no encuentran cobertura suficiente, pero por eso digo que la ley, en el medio plazo, tiene todo el sentido y deberá haber una revisión de las políticas. Ese mantra que nos vendieron de que la austeridad es expansiva… ¿Dónde? Va a haber un cambio. Lo están haciendo Japón, Inglaterra… Europa tiene que tener una política de estímulos.
-En EL COMERCIO hemos desvelado el caso de Rafa Funes, un tetraparesio, gran dependiente, al que mantiene su padre de 93 años porque su única ayuda a la dependencia son 278 euros. ¿La ley no iba a resolver estas situaciones?
-Claro. Por supuesto. No conozco el caso, pero no sé cómo están aplicando la ley, cómo le cuantifican los ingresos.
-Los del padre, él no tiene.
-Claro, claro, por supuesto, si es un gran dependiente está claro que necesita una persona para su atención. No sé cómo está aplicada la ley, este caso es incomprensible. Algo no se ha hecho bien. Debería tener asistente personal.
-Sí, pero esa figura, que iba a ser la estrella de la ley, casi no existe. En Asturias sólo hay un caso.
-Es que esa figura es muy cara. Es muy difícil financiar un asistente personal para cada situación. Nosotros habíamos diseñado una atención colectiva, cooperativa. Es la solución, pero es verdad que se ha desarrollado poco esa figura.
-¿Vamos hacia una privatización de servicios?
-Completamente. Y es un error, porque muchas familias no tendrán otra opción que la oferta pública. Lo ideal es un sistema mixto, con iniciativa pública y privada.
Doce comunidades siguen sin aclarar el paradero de 44 millones euros para dependencia
Doce comunidades autónomas no han facilitado todavía al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad información sobre los expedientes irregulares en materia de dependencia que detectó en su último informe el informe del Tribunal de Cuentas. El plazo para hacerlo termina a final de mes y solo cinco gobiernos autonómicos han facilitado los datos. En total, esta situación afectaría a 5.398 expedientes y a 44 millones de euros.
El pasado mes de marzo el tribunal desveló que había 25.806 expedientes de personas que figuraban como beneficiarias de la Ley de Dependencia en los que se habían detectado fallos, como fallecimientos, DNI erróneos, duplicados, ayudas incompatibles con otras prestacionesetc. Por ejemplo, detectó que había 12.036 personas ya fallecidas que constaban aún como beneficiarias: algunas de las comunidades con mayor número de fallecidos eran Madrid (1.666), Cataluña (1.469) y Andalucía (1.343).
El IMSERSO comenzó a comprobar datos y a 31 de marzó de 2013 había «regularizado» un total de 13.110 expedientes,quedando pendientes los otros 12.696. Fuentes del Ministerio explican ahora que quedan por aclarar las circunstancias de 5.398 expedientes irregulares, a los que correpondería la cantidad de 44 millones de euros entregados por el Estado a la docena de autonomías que aún no han aportado la información correspondientes.
De ellas, una tercera parte han aportado ciertos datos con fallos constatables y las demás han mostrado su «rebeldía» a la hora de entregar una documentación que consideran reservada al ámbito de sus competencias. Las ayudas para la dependencia estipulan un mínimo de 1.400 millones de euros anuales por parte del Ejecutivo central, con el que se dota a las comunidades en función del número de dependientes beneficiarios.
La Secretaría de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad se ha negado a facilitar a20minutos.es la lista de las comunidades que no han aclarado sus cifras alegando que aún no ha concluido el plazo y que se trata de un asunto delicado. Fuentes de este departamento aseguran que acabado el mes «todas cumplirán».
Falta de transparencia
El director general del IMSERSO, César Antón, remitió una carta tras el informe del Tribunal a cada uno de los gobiernos regionales comunicando el número de expedientes afectados en su territorio y solicitando información para ‘limpiar’ las posibles irregularidades y aclarar el destino que habían recibido los fondos públicos destinados a atender esos casos, presupuesto que se atribuye al nivel mínimo de financiación de la Ley de Dependencia.
Esta falta de respuesta no es extraña en materia de dependencia y de hecho, la propia ministra de Sanidad, Ana Mato, se ha referido en diversas ocasiones a la «falta absoluta de equidad y transparencia» en la aplicación de la Ley por parte de las administraciones públicas desde que la propia norma entró en vigor.
El Ejecutivo «confía en la buena voluntad» de las Comunidades Autónomas, de modo que se vayan sumando al propósito de lograr el fraude cero en la distribución de estas partidas, en un momento de crisis económica, en el que especialmente relevante garantizar la sostenibilidad del sistema.
El ministerio también quiere evitar que las ayudas para la Dependencia, que siguen siendo la partida más grande de los presupuestos del departamento, se conviertan en una «especie de subsidio». Actualmente, el 48 % de ellas van dirigidas directamente a las familias con algún miembro dependiente mientras que hay 45.000 plazas públicas de residencias vacías.
La razón de esta situación podría tener su base, según estas fuentes, en que a las comunidades autónomas «les sale más barato» la ayuda familiar directa que el coste de una plaza residencial, si bien su uso generaría una «importante actividad económica». El Gobierno detecta que hay «cierta picaresca» en esta situación y que «algo se está haciendo mal» porque, en algunos casos, el coste de los centros públicos duplica o triplica el de las residencias privadas, con parámetros de asistencia y calidad equiparables.
Sanidad ha dado de plazo hasta junio a las autonomías para poner en orden sus datos y alcanzar un acuerdo sobre el qué y el cómo se debe informar sobre el uso que hacen de los fondos públicos que reciben del Ejecutivo para atender a personas de dependientes. Para materializarlo, está trabajando en un sistema informático «compatible» con los diversos métodos estadísticos que ha desarrollado cada gobierno regional a fin de poder facilitarles la labor.
La Junta de Andalucía avisa de que las CC.AA. no pueden asumir las tareas de los ayuntamientos en dependencia
La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha advertido de que para las comunidades autónomas será «inasumible» la asunción de las actuales tareas que actualmente vienen desarrollando los ayuntamientos en materia de prestación de servicios sociales y atención a la dependencia, «si el borrador de Ley de Reforma de la Administración Local que prepara el Gobierno central –y que contemplaría este cambio de atribuciones–, no lleva consigo una aportación financiera adicional a las CC.AA.».
Durante su comparecencia en la Comisión de Salud del Parlamento andaluz a fin de informar sobre la situación del sector de la atención a las dependencias, a petición de IU, Montero ha señalado al respecto que el Gobierno andaluz, «siempre ha apostado por el modelo de la descentralización, situando a los servicios sociales municipales en el primer lugar en el desarrollo de la dependencia».
Frente a ello, ha reprochado que el borrador de Ley de Reforma Local «está cuestionado ahora el modelo de ayuda a domicilio y de residencia de mayores y centros de internamiento de titularidad municipal», a la par que «vulnera el Estatuto de Autonomía, con especial interés en la manera y forma en que se desarrolla estas prestaciones».
«Lo que más nos preocupa es que se privatice el ámbito del bienestar social, se arrebate a los municipios su capacidad de acción en este parcela y las CC.AA. no se les dote económicamente para poder desarrollar esta tarea que ahora hacen las corporaciones locales», ha enumerado Montero, quien ha insistido en que la asimilación de estas nuevas atribuciones por parte de las administración autonómicas sin dotación financiera adicional «sería inasumible».
Al hilo de ello, Montero ha detallado el peso que representa Andalucía en el conjunto del país en este tipo de prestaciones, «como lo muestra el que representamos casi el 25 por ciento de todas los personas beneficiarias en España o, lo que es lo mismo, que una de cada cuatro españoles con prestación reconocida son andaluces».
La titular del ramo ha agregado, asimismo, que Andalucía también es «la primera comunidad en número de prestaciones por persona, por encima incluso de las que suman conjuntamente las comunidades de Madrid, Galicia, Castilla la Mancha y Valencia». De hecho, ha detallado que, a 28 de febrero de 2013, «en Andalucía había 254.300 prestaciones y más de 185.400 personas beneficiarias», unas cifras «muy importantes», ya que, según ha defendido, «Andalucía sigue siendo la CC.AA. con mayor número de beneficiarios».
INVERSIÓN ANDALUZA Y DESINVERSIÓN NACIONAL
Ha proseguido que desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, en Andalucía se ha invertido 5.400 millones de euros en el desarrollo de esta ley. Respecto al cierre del ejercicio 2012, ha dicho que la inversión en dependencia fue de 1.335 millones de euros, de los que la Junta aportó el 75 por ciento y el Gobierno central sólo el 25 por ciento, «lo que dificulta de forma extraordinaria el que las CC.AA. pueda afrontar el desarrollo de la ley de una forma óptima».
De hecho, ha acusado al Ejecutivo de Mariano Rajoy de una retirada progresiva de la financiación en materia de Dependencia, lo que ha supuesto, sólo en el caso andaluz y en los últimos dos año, «214 millones de euros que ha dejado de ingresar nuestra comunidad».
«El esfuerzo de Andalucía es titánico para que no se note, que además ha sufrido un recorte de un 68 por ciento al plan concertado, lo que ha supuesto pasar de 17 a 5,3 millones de euros».
A ello, ha añadido las nuevas medidas del Gobierno de la Nación del copago de servicios, la reducción del 15 por ciento en las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar, la eliminación del pago de las cuota de las cuidadoras a la Seguridad Social o el retraso hasta 2015 de la entrada de personas con dependencia moderada en el sistema.
ANDALUCÍA PRIMA LOS CUIDADOS DOMICILIARIOS
Montero ha defendido también que en Andalucía se prima la permanencia de la persona en su domicilio, con prestaciones dentro de su casa con la ayuda a domicilio, disponiendo de 48.500 beneficiarios andaluces en este escalón, un 40 por ciento del total nacional. «En Andalucía se financian al cien por cien estos servicios, destinando 1.164 millones a ayuda a domicilio».
Ha agregado que la comunidad andaluza es la primera región en número de empresas de economía social, «con 7.350 y muchas de ellas con los sectores creados al amparo de la propia Ley», y ha agregado que «crean empleo de calidad y un nuevo modelo productivo en el que también tenemos que basar nuestra economía».
En Andalucía, ha proseguido, hay 40.700 plazas concertadas en 1.294 centros, correspondiendo 14.500 plazas al sector de la discapacidad. Respecto al modelo de cheque servicio o cheque residencia para poder ser atendido, ha criticado que con ello el Gobierno central «pretende que el ciudadano se busque la vida».
Respecto al debate de modelo de atención a la dependencia que se está implantado en las distintas CC.AA., ha puntualizado que en Madrid «hay mas tradición de que las personas se queden en residencias, una ‘foto’ que no es igual a la de Andalucía, en la que la red familiar tiene mucho más peso».
Solicitantes de la Ley de Dependencia critican la demora y escasez en las ayudas
Numerosas personas que padecen una enfermedad acuden a los organismos necesarios para cumplimentar toda la documentación requerida y poder acogerse a la Ley de Dependencia. Sin embargo la gestión burocrática que las propias administraciones realizan ralentiza de forma considerable el proceso, con la correspondiente gravedad que ello puede ocasionar a una persona que padece una situación delicada de salud.
La demora a la hora de recibir las ayudas, que en algunos casos llegan una vez la persona que las solicita ha fallecido, ha llegado hasta tal punto que los afectados no se ven ni amparados por la legislación así como tampoco por las administraciones.
Ese es el sentir de algunos afectados entre los que se incluye Abrahán Guirao es uno de las personas que ha recurrido a la Ley de Dependencia.
Demora para recibir la ayuda y prolongadas gestiones de demanda
Concretamente Guirao padece una enfermedad degenerativa muscular que afecta a todo el cuerpo. Por esta razón, hace cuatro años decidió solicitar esta ayuda, que todavía a día de hoy no le ha sido concedida. “Mi solicitud me fue denegada mientras a mi padre, que estaba bastante peor que yo, se la aprobaron aunque el proceso para que fuera efectivo tardó tanto que de hecho poco pudo disfrutar de la prestación que se le adjudicó hasta que falleciera. Desde entonces y al cambiar radicalmente la situación económica en mi casa y además estando yo mucho peor, retomé la batalla de reclamaciones y solicitud de revisión, que no es que abandonara en ningún momento pero que estaba más en una posición de espera de una respuesta a papeles presentados que no llegaba”.
La negativa de la solicitud así como la demora en las gestiones son las principales causas que, apunta, están provocando la desesperación de muchos usuarios que solicitan esta ayuda por extrema necesidad y aseguran están desamparados. “Tras la espera de muchos meses, con llamadas constantes a las que la respuesta era que ellos no sabían nada, que lo valorarán cuando me toque mi turno y ya me dirán, recibo una carta denegándome cualquier reconocimiento de situación de persona dependiente sin mayor explicación que porque no creen que haya empeorado mi estado. Me pongo en contacto telefónico con ellos diciendo que aparte de que el informe que he presentado dice todo lo contrario, ni siquiera han venido a revisarme a casa tal y como deben hacer para comprobar mi estado y no hacer tal afirmación sin más, en su clara estrategia de responder “no” por sistema hasta que el solicitante se cansa de reclamar o fallece en el proceso”.
Constantes cambios en la legislación
Este caso concreto sirve para reflejar la situación que están viviendo numerosos ciudadanos quienes además critican los cambios constantes que sufre la ley, lo cual supone que el proceso de evaluación y concesión de la ayuda, no llegue a materializarse. “Tras varias llamadas me comentan que ahora el proceso ha vuelto a cambiar y para reclamar su fallo, el informe que vale es uno “oficial” que te hace el médico de cabecera y cumplimentado con más papeles que me dará la asistenta social tras una revisión por su parte”.
En este sentido, otra de las críticas de los afectados es que con tanto cambio las gestiones se eternizan y los propios trabajadores se muestran confusos sobre el procedimiento. “Acudo a un sitio y otro para su elaboración no sin que pase algún que otro mes en el proceso y que fruto de estos “cambios constantes” ni los médicos ni en asistencia social ni en el Prop acaban de tener claro qué deben hacer y actúan sobre la marcha”
La lentitud de las gestiones y el proceso y los constantes cambios incrementan la impaciencia de los solicitantes mientras va mermando su estado de salud. Informes que no llegan, reclamaciones que se inician seguidas de nuevas barreras en el proceso, provocan la desesperación de los afectados. “Avanza 2012 y meses después de la mencionada reclamación me contestan básicamente que debería cumplimentar todo lo aportado con un informe médico del especialista de mi enfermedad actualizado, dado que el que tienen es el de la primera solicitud de hace más de tres años. Adjunto a todos los papeles anteriores y vuelvo a reenviar a Dependencia. Meses después, ya rozando 2013 y tras llamadas en las que me decían no saber nada aún de mis papeles y su recepción me contestan diciendo que me he dejado por marcar una casilla importante y que debo reenviar los papeles en menos de una semana rellenándolos por completo o perderé cualquier derecho. Cansado, indignado, con sensación de ser burlado, lo hago y lo vuelvo a enviar.
La visita de reconocimiento en el domicilio del solicitante y escasa ayuda económica
Una vez la documentación está en regla, parte del proceso es la evaluación personal del paciente. Es uno de los últimos pasos a realizar antes de recibir la ayuda. Sin embargo, nuevos cambios en la Ley provocan el desasosiego de los enfermos. “Por enésima vez llamo preguntando sobre el estado de la reclamación me dicen que lo tienen todo correcto y no creen que tarden en llamarme para decirme qué día vienen”.
Sin embargo una vez se persona quien realiza la evaluación, después de un proceso burocrático complejo, asevera que “hace unos meses han quitado todas las prestaciones económicas”. De esta forma Guirao declaraba que “se cierra así la puerta a una ayuda de máximo unos 300 euros para una situación económica complicada y el bálsamo de que el cuidador/a (en este caso mi madre) pueda cotizar a la Seguridad Social, dado que por tantos años de cuidar a mi padre y ahora a mí no ha podido apenas trabajar y por tanto difícil tiene tener una pensión digna. “Si tengo suerte” (me dicen) igual me aprueban que venga alguien a mi casa unas horas al mes a ayudar o poder ir a un centro, para ir así acostumbrándome al hedor de la muerte y la gratificante experiencia de mirar a los ojos cada día a aquellos que como yo, parece que no servimos en esta sociedad. Ahora podría ir a los tribunales, reclamar que inicié los trámites hace mucho y que aplicaran el carácter retroactivo pero ante tal posibilidad, la revisora de hoy ya me advierte que solo voy a perder más salud, tiempo y el dinero que no tengo”.
El Govern rechaza una ILP para blindar pagos a ancianos con dependencia severa
El Govern catalán ha emitido un informe desfavorable para la tramitación de una iniciativa legislativa popular (ILP) para que la Generalitat priorice por ley los pagos a ancianos con gran dependencia institucionalizados en sus presupuestos y no pueda repetir impagos de conciertos como los de julio, de 70 millones de euros, que aún no han sido sufragados.
El informe negativo que ha transmitido el Govern a la Mesa del Parlament, al que ha tenido acceso Europa Press, destaca que la aprobación de esta ILP «comportaría un aumento de gastos en el presupuesto vigente», por lo que no se muestra conforme a su tramitación. Esta iniciativa social fue presentada en el Parlament por la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) el pasado 5 de marzo, y ahora la Mesa de la cámara debe admitirla o no a trámite en base a criterios jurídicos.
Los directores de residencias pretenden blindar por ley los pagos a los ancianos que cuentan con el mayor grado de dependencia -grado 3, niveles 1 y 2-, entendiendo que representan «uno de los eslabones más débiles de la sociedad, por lo que debería ser una prioridad proteger sus derechos básicos», según ha explicado a Europa Press el vicepresidente de Ascad, Iñaki Anton. Pero el Govern alega en su informe que «en caso de falta de crédito en el presupuesto, sería necesario un suplemento de crédito o un crédito extraordinario», lo que, según el Ejecutivo catalán, podría tener efecto en las cuentas de este año.
Uno de los requisitos para que una ILP sea admitida a trámite por la Mesa del Parlament es que la iniciativa no tenga un impacto directo en los presupuestos de la Generalitat del año vigente, algo que, según el Govern, no ocurre en el caso de la propuesta de los directores de residencias.
El informe subraya que el Estado ha reducido su aportación a ley de dependencia en Cataluña hasta los 206 millones en 2013, mientras que el año anterior aportó 243, aunque inicialmente se había comprometido a abonar 275, lo que supone «un gran esfuerzo» para la Generalitat, que debe compensar esta tendencia con recursos propios.
Margen de maniobra
El Ejecutivo catalán también alega en su informe que la ILP propuesta por los directores «comportaría el establecimiento de una nueva restricción en el margen de maniobra con el que se puede actuar en la gestión de la tesorería», lo que podría suponer tener que pagar antes los conciertos sociales que las nóminas de los funcionarios. «El Govern debe valorar cada mes las prioridades de pago en base a las obligaciones legales y a los compromisos existentes», añade el documento, que afirma que el hecho de que el pago de las prestaciones a grandes dependientes sea muy importantes no significa que se deba imponer por ley. El texto concluye que «las prioridades que se siguen en los pagos priorizan, en primer lugar, las obligaciones financieras», que van seguidos de las nóminas y, en tercer lugar, de los compromisos con el sector social con carácter finalista. «DELITO TÁCITO» Para Antón, los argumentos que utiliza el Govern para rechazar la ILP suponen «un delito tácito», pues el Ejecutivo admite que las partidas presupuestadas para atender a grandes dependientes podrán destinarse a pagar otras cosas si hay tensiones de tesorería. «Es inconcebible que el Govern rechace blindar estos pagos esenciales y priorice las nóminas y los créditos», ha criticado Antón, que ha confiado en que finalmente la Mesa del Parlament admita a trámite la propuesta la próxima semana.
Los trabajadores sociales asturianos arremeten contra la política de la Consejería de Bienestar
Peligro de desigualdad en el acceso a las prestaciones sociales, riesgo de «discrecionalidad política» a la hora de otorgar las ayudas, falta de líneas claras de actuación, colapso administrativo e, incluso, un «estilo de liderazgo» poco adecuado. Los trabajadores de los Servicios Sociales públicos del Principado han arremetido con dureza contra la política de la Consejería de Bienestar Social, en una carta dirigida al presidente regional, Javier Fernández, que también ha sido enviada a los grupos políticos con representación parlamentaria, a la Procuradora General del Principado, a los sindicatos y a la Federación Asturiana de Concejos, que precisamente hoy celebrará una reunión para analizar el problema de implantación del plan concertado de servicios sociales de este año.
La carta sale a la luz en plena polémica entre la Consejería de Bienestar Social y varios municipios dirigidos por los conservadores (PP y Foro) por los cambios introducidos en el plan que debe financiar las prestaciones sociales básicas, tras los recortes aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Los empleados públicos -avalados por otros asistentes sociales asturianos- acusan a la Consejería de implantar una política que «sigue fielmente» las directrices marcadas por Madrid, en contra del programa electoral de los socialistas y que puede acabar «con el desmantelamiento progresivo del actual sistema público de Servicios Sociales». Los trabajadores expresan en la carta «preocupación por el contenido, la trascendencia y las formas de las decisiones» que se adoptan en la Consejería. Unas decisiones, añaden, que se deben «a la inexistencia de un marco conceptual que defina y concrete de forma clara las principales líneas de la política social».
Una de las inquietudes que expresan los trabajadores se centra en el plan concertado de 2013. «Los riesgos de la desigualdad para el acceso y distribución de los recursos a los ciudadanos(…) preocupan a los profesionales responsables de su gestión, pues ante la carencia de directrices técnicas e incertidumbre del escenario económico, pudiera interponerse la discrecionalidad política» para otorgar las prestaciones sociales básicas. También afirman que el nuevo plan concertado «pone en juego la pervivencia de los equipos de profesionales de los Servicios Sociales municipales».
Los asistentes sociales también muestran su inquietud por el recorte a un máximo de 20 horas mensuales del servicio de ayuda a domicilio, ya que consideran que desvirtúa el objetivo del plan, que es «mantener a las personas en su medio habitual de vida y convivencia».
Respecto a la implantación de la ley de Dependencia, critican que desde su aprobación, hace 6 años, se ha desarrollado de forma ajena al sistema público de Servicios Sociales, con el que compite por los recursos económicas. «No sólo no se ha planteado la integración de ambos sistemas, sino que se continúa avanzando» en su implantación «a costa del desmantelamiento del sistema público de Servicios Sociales», afirman.
El colectivo de trabajadores concluye su escrito asegurando que, a su juicio, los responsables de la Consejería, de la que es titular Esther Díaz, ex alcaldesa de Langreo, «no han demostrado tener capacidad ni estar a la altura de momentos tan difíciles. Prueba de ello es el colapso de la gestión administrativa en las prestaciones de dependencia y salario social; la maraña jurídico-administrativa existente, la proliferación de instrucciones contradictorias y el menosprecio a la labor de los técnicos y sus propuestas.
Antonina Sánchez: “Asistimos a la demolición de la Ley de Dependencia»
La teniente alcalde de Sanidad y Servicios Sociales de Valdepeñas, Antonina Sánchez, afirmó este martes que los recortes de servicios y el incremento de las tasas a los usuarios de la Ley de Dependencia por parte del gobierno regional, “suponen un brutal retroceso. Asistimos a la demolición de la Ley de Dependencia. Los efectos de las políticas del PP son devastadores. Ha habido cambios en la normativa y recortes que dejan en la calle a los dependientes. Han recortado sus prestaciones”.
Enumeró recortes como el reflejado en el Decreto 174/2011 que modifica el baremo a través del cual una persona se considera dependiente. “Dependientes de grado 3 ahora son de grado 1 y los de grado 2 y 1, la Junta ha dejando de considerarlos dependientes. Supone una pérdida de derechos. También se ha disminuido el número de horas al mes de ayuda a domicilio que recibían los dependientes y se ha establecido la incompatibilidad entre servicios que recibe una persona dependiente, excepto en la tele-asistencia, lo que hace que el dependiente deba elegir entre ir al centro de día o el servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo. Esto supone una situación de desprotección”.
Sánchez apuntó que “otra medida sangrante” es que las personas que tienen reconocido el grado 1-nivel 2 y que tenían derecho a todas las prestaciones y servicios a partir del 1 de enero del presente año, han visto retrasada la atención hasta julio de 2015. Es igual que si una persona que sufre cáncer y necesita quimioterapia le retrasan el tratamiento dos años, es probable que no llegue a recibirlo porque muera. Miles de personas morirán esperando recibir ese servicio que necesitan, porque la esperanza de vida de estas personas dependientes es muy corta”.
Otro recorte es dejar de financiar la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales en el ámbito familiar y otro, reducir las prestaciones económicas para dependientes en un 15%.
En cuanto al incremento de las tasas, Antonina Sánchez recordó que las prestaciones dependen ahora de las rentas y el patrimonio. También indicó que el servicio de Ayuda a Domicilio que antes era gratuito, ahora oscilará entre 56 y 186 euros en Valdepeñas.
Asimismo se ha incrementado la tasa del Centro de Estancias Diurnas del Lucero más de un 80%, no se concede el Transporte Adaptado, el gobierno central ha disminuido un 30% desde 2012 el presupuesto para dependencia y la Junta lo ha reducido un 11,17% (93 millones de euros), se ha modificado la Relación de Puestos de Trabajo suprimiendo 178 puestos (93 dentro del ámbito de la dependencia) y se ha aprobado la Ley de Tasas, con lo que el dependiente debe pagar por la gestiones de la administración, como 40 euros por revisar el grado de dependencia o 30 por la revisión del grado de discapacidad.
El Imserso aboga por la asistencia y atención a las personas mayores como «importante nicho de creación de empleo»
El director general del Imserso, César Antón, ha subrayado el papel de la asistencia y atención a las personas mayores como «importante nicho de creación de empleo», durante la clausura del seminario ‘El desarrollo humano en una sociedad de mayores’, en la sede de Funcas.
En su intervención, Antón ha detallado las previsiones que manejan las administraciones a raíz de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Eurostat. Así, ha recordado que, en los últimos 50 años, la población mayor de 65 años se ha cuadruplicado mientras que la de otras edades ha crecido a un ritmo menor.
Además, la población que se sitúa por encima de los 65 años representa a más del 17 por ciento del censo demográfico del país mientras que la tendencia de esperanza de vida sigue al alza, hasta los 88 años de media en el caso de las mujeres y de 81 en el de los hombres.
Por todo ello, Antón ha señalado que «la atención, el cuidado y la asistencia a las personas mayores se han erigido en prioridad, no sólo con los mayores que necesitan ayuda por su pérdida de autonomía, sino también, y sobre todo, con aquellos mayores a los que una alimentación sana, unos hábitos de vida saludables y una cobertura de los servicios sociales adecuada permitirán envejecer activamente».
En este punto, ha afirmado que se ha logrado «que el concepto de ‘envejecimiento activo’ forme parte del tejido social de una forma tan profunda que cualquier persona, sin importar su edad, sabe ya qué significa y cómo y por qué hay que envejecer bien» y ha recordado el trabajo del Ejecutivo en abrir cauces de participación social para los mayores, en referencia al Estatuto del Mayor, cuya redacción se encuentra en sus últimas fases y que recogerá las demandas, necesidades e inquietudes de este colectivo, según Antón.
El director del Imserso ha añadido que las administraciones disponen de una serie de recursos –como la atención a domicilio, la atención diurna, centros de día para personas dependientes o atención residencial, entre otros– cuya demanda, a tenor de las previsiones, aumentará durante los próximos años.
Por este motivo, ha señalado que «la tarea acuciante» que aborda el departamento de Ana Mato pasa por unificar los criterios de gestión del Sistema de Información «para evitar irregularidades y deficiencias en expedientes», además de dar prioridad a la entrada en el sistema de los dependientes en situación más grave.
Además de la asistencia a las personas mayores, el director del Imserso ha subrayado la importancia de prevenir enfermedades y situaciones que lastran la autonomía física por lo que ha apostado en invertir en hábitos de vida saludable, en paralelo a la inversión en servicios públicos de calidad lo que, a su juicio, «redundará en una mejor calidad de vida de este sector de población».
«IMPRESCINDIBLE MEJORAR DE SERVICIOS»
La jornada también ha contado con la participación, entre otros, de la profesora del CSIC y catedrática de Sociología Económica Mª Ángeles Durán, para quién es «imprescindible que haya una mejora y ampliación en los servicios sociales», que, a su juicio, «están deteriorados», aunque ha reconocido que es «el peor momento para conseguir mejoras ante la falta de ingresos».
En declaraciones a Europa Press, Durán ha pedido «cambiar la actual estructura» de la sociedad ante el envejecimiento de la misma. En este punto, ha apostado por «flexibilizar la edad de jubilación» ya que «no es lógico mantener a la gente el tiempo que están en el mercado laboral si su salud va a ser mejor».
Además, ha destacado que los mayores aportan «trabajo gratuito» a la sociedad en aspectos como «el cuidado de menores o enfermos», sobre todo en el caso de las mujeres –«quienes aportan más»– por lo que ha insistido en la necesidad de «diferenciar la economía real de la que no está vinculada a los recursos monetarios». Por último, ha hecho alusión a la importancia de la autonomía para este colectivo, tanto en el ámbito laboral, en la vida y en el cuidado a los demás.
Aragón, las ayudas de la dependencia a las familias serán excepcionales
Las arcas de la Administración están vacías. Tanto que al Gobierno de Aragón no le queda otra que reorientar el desarrollo de la Ley de la Dependencia. A partir de ahora las ayudas que reciban las familias tendrán un carácter «excepcional». Las partidas presupuestarias se destinarán a las prestación de servicios, como la teleasistencia, o las residencias –pese a que se han destruido ya 2.000 plazas–.
Ante las críticas de la oposición, el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, les echó en cara que solo se preocupen de las prestaciones económicas, cuando «lo importante es el dependiente y no la familia. Por ello hay que facilitarles servicios como centros de día o residencias, que garantizan, «además de la generación de empleo, una mejor atención».
Oliván compareció a petición del PSOE. Su portavoz, Mariví Broto, le preguntó por el desarrollo de ley y le recordó que la presidenta Luisa Fernanda Rudi la calificó de «inservible» hace meses. La socialista calificó la situación de «muy grave» y consideró «necesario» que los servicios sociales «se pongan a trabajar».
REVERTIR LA LEY
Oliván reconoció que su intención es cambiar la tendencia de la aplicación de la ley, puesto que en estos momentos el 65% de los ciudadanos que tiene derecho recibe una prestación económica, y el 35% se beneficia de algún servicio. Unos datos que el consejero de Sanidad quiere revertir. Entre otras cosas porque supondrá un ahorro para la Administración, que ganará en capacidad de gestión y resolverá los problemas que se generan con la concesión de ayudas.
Y en esa línea van precisamente los cambios acometidos en el seno de su departamento, que ayer anunció Oliván. Están encaminados a «aplicar criterios de eficiencia en la gestión, ineludibles siempre pero más en las actuales circunstancias», dijo. El cambio consistirá en la supresión de la dirección general de Bienestar Social y Dependencia, que pasará a depender del propio IASS. Irá acompañado con un «amplio proceso de adaptación normativa» en cuestiones como la propia dependencia, la adopción o la homologación de los procedimientos de actuación.
Ninguno de los argumentos convencieron a Broto, que no dudó en señalar que el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi está «destruyendo» la dependencia. Justificó esta aseveración con la pérdida de posiciones que Aragón ha sufrido en el ránking de aplicación de esta ley desde que el PP está en el Ejecutivo autonómico.
Más de 15.500 asturianos reciben prestaciones de la Ley de Dependencia
Un total de 15.566 personas reciben actualmente en Asturias prestaciones de la Ley de Dependencia, según ha informado hoy consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, que ha cuantificado en 14 millones de euros el recorte que el gobierno del PP ha llevado a cabo en materia de servicios sociales.
La consejera ha ofrecido estos datos al comparecer hoy ante la Comisión de Bienestar Social de la Junta General del Principado.
La cifra de beneficiarios es la obtenida a finales de marzo, tras actualizar el número de expedientes incluidos en el registro informático del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SISAAD), un proceso que se ha compatibilizado con la incorporación de nuevos beneficiarios.
La consejera ha destacado ante la Comisión de Bienestar Social que el Servicio de Atención a la Dependencia prácticamente ha completado la mecanización de expedientes en el registro del SISAAD y que únicamente quedan algunos por grabar por causas técnicas.
En septiembre de 2012 había 2.500 expedientes que no tenían reflejo alguno en las estadísticas mensuales del Imserso porque no estaban dados de alta en la aplicación informática del SISAAD, según ha informado la Consejería en un comunicado.
Esta situación provocaba que el Principado dejara de ingresar, por parte del Estado, el nivel mínimo garantizado correspondiente a dichos expedientes, que ahora comenzará a recibir.
En el mes de octubre, parte del personal del Servicio de Atención a la Dependencia se dedicó a poner al día el registro.
Díaz ha cifrado también en más de 14 millones de euros el recorte del Gobierno de Mariano Rajoy en su aportación a los servicios sociales en Asturias, que se ha aplicado a la dependencia y los planes concertados, al tiempo que se ha suspendido la contribución económica al servicio de teleasistencia municipal.
La titular de Bienestar Social ha señalado que, a pesar de las grandes dificultades económicas que existen, desde el Principado se ha realizado un gran esfuerzo presupuestario para «minimizar el impacto de los recortes».
El CERMI alerta a Montoro sobre el riesgo de que se excluya a la discapacidad de los Fondos Estructurales
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha manifestado su «máxima alerta» al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, sobre el riesgo de que se excluya a la discapacidad de los Fondos Estructurales.
A través de una carta, Cayo manifiesta el temor ante una posible desaparición de cuestiones que considera «clave» para la consecución de los objetivos de la Política de Cohesión. «Venimos trabajando en el proceso de reforma de la normativa reguladora de los Fondos Estructurales desde su inicio, habiendo logrado que determinados aspectos esenciales para el sector de la discapacidad estén incluidos en dicho proceso», ha apostillado.
De esta forma, Pérez Bueno ha trasladado la demanda del sector de la discapacidad, representado en España por el CERMI, y en la Unión Europea por el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), en el marco de la estrategia del movimiento de la discapacidad en relación con los Fondos Estructurales.
Para el Comité y para el EDF, los Fondos Estructurales y de Inversión deberán, además de fomentar la cohesión social, económica y territorial, «contribuir a los objetivos de la Estrategia Europea por un crecimiento sostenible, inteligente e integrador».
Sin embargo, el CERMI advierte de que «los objetivos de la Estrategia Europa 2020 no se alcanzarán si los Fondos excluyen a las mujeres, a las personas con discapacidad o a las personas en situación de pobreza».
En este sentido, Bueno subraya que la prevención de las desigualdades o discriminación por motivo de sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual está «claramente establecida» en el Tratado de la Unión Europea, y en la Carta de Derechos Fundamentales.
Asimismo, agrega que la Unión Europea como tal, así como los Estados miembro han firmado la Convención de la ONU, y, de esta manera, si se retirase la condicionalidad ex-ante, «se violaría estas disposiciones de los Tratados fundamentales», y «pondría en riesgo la consecución de la cohesión económica, territorial y social de Europa».
La consejera valenciana de bienestar social recuerda que se han pagado 32 millones a asociaciones en las últimas semanas
La consejera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Asunción Sánchez Zaplana, recordó hoy en el Fórum Europa. Tribuna Mediterránea que durante esta semana y la pasada el Gobierno autonómico ha realizado pagos por valor de casi 32 millones de euros que tenía pendientes de abonar a asociaciones y empresas dedicadas a la discapacidad, un sector con el que el Consell mantiene una importante deuda a pesar de que dichos gastos forman parte de los capítulos de gastos corrientes de la Generalitat.
Sánchez Zaplana explicó que desde que su equipo desembarcó en la Consejería de Bienestar Social el pasado mes de diciembre, después de la última reestructuración del Consell de Alberto Fabra, el trabajo que hemos estado haciendo con la Consejería de Hacienda es pagar los servicios y prestaciones de organizaciones y empresas del ámbito de los servicios sociales.
Tenemos que ser capaces de que las empresas que prestan los servicios sociales del ámbito de la discapacidad, las personas mayores, o cualquier familia, mujer, etcétera, puedan cobrar en tiempo y forma, subrayó la consejera durante su participación en el citado encuentro informativo, organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum.
COMPROMISO CON EL SECTOR SOCIAL
Sánchez Zaplana, que estuvo acompañada en el acto por numerosos representantes del ámbito social, además de compañeros de partido, gobierno y otras administraciones públicas, adquirió un compromiso firme con el sector, al borde del colapso ante los impagos del Consell de Alberto Fabra: Voy a trabajar para que tengan garantizado el pago de los servicios. Creo en ello, aseguró la consejera del ramo.
En este punto, y para concluir su intervención al respecto, Asunción Sánchez Zaplana destacó el papel indispensable que juegan las ONG y el Tercer Sector en general.
Las ONG», manifestó la consejera, «son un reflejo de nuestra sociedad, prestan servicios fundamentales y desempeñan una valiosa articulación de la sociedad civil.
El Gobierno prepara un decreto para enterrar la dependencia
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales acusa al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales de «estrangular» la gestión de la Ley de Dependencia.
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales acusa al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales afirman que el Gobierno incumple el acuerdo alcanzado en el último Consejo Interterritorial de Dependencia celebrado el pasado 16 de enero y acusan al Ejecutivo de “estrangular” la gestión de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia a través de un Real Decreto en el que está trabajando a espaldas de las Comunidades Autónomas. Afirman que el Gobierno incumple el acuerdo alcanzado en el último Consejo Interterritorial de Dependencia celebrado el pasado 16 de enero.
En 2012, el Ministerio suprimió la aportación estatal para el nivel acordado, lo que supuso en el conjunto del país una reducción de 283 millones. A ello se unió en julio del pasado año la modificación de la Ley, que incluía otro hachazo en la aportación ministerial para el nivel mínimo de 87,7 millones de euros, es decir, un 13,24% menos de lo que aportaba en 2011.
Para 2013, el presupuesto que maneja el Ministerio según la Memoria del análisis de impacto normativo del Proyecto de Real Decreto por el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, contempla un recorte para el conjunto de las Comunidades Autónomas de un 22,6% con respecto al presupuesto final de 2012, es decir, 317,3 millones, a los que hay que añadir los 283 que aportaba por el nivel acordado suprimido ya el pasado año. Y es que mientras en 2012 el Imserso destino 1.404.493.590 €, para el nivel mínimo, este año el presupuesto previsto es de 1.087.179.320 euros.
Desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales aseguran que en 2012 y 2013 el Estado dejará de aportar a las Comunidades Autónomas más de 600 millones de euros, lo que representa un porcentaje muy importante de lo que recibían las Comunidades Autónomas.
El real decreto contempla aspectos que de aprobarse, supondrían, según la asociación, “un estrangulamiento total”, afirman que, “supondría la paralización prácticamente total de la tramitación de expedientes, al tener que trabajar en la incorporación de millones de datos de personas que han estado atendidas desde la entrada en vigor de la Ley, cuyo cumplimiento pretende exigirse para que el Imserso no deje de pagar a las Comunidades Autónomas suspendiendo la liquidación del nivel mínimo. Todo ello teniendo en cuenta que con la eliminación del nivel acordado se ha eliminado también la aportación económica a las Comunidades para la gestión”.
Añaden que las estadísticas oficiales desde hace siete meses se relacionan con los fallecimientos tanto de los beneficiarios, como de las personas en situación de dependencia que se encuentran en la lista de espera, “esto indica que al no mantener la tasa de reposición de beneficiarios, bajar las solicitudes, los dictámenes, el número de grandes dependientes, y reducir el número de personas con derecho nos lleva a pensar que el Sistema de Atención de la Dependencia tiene fecha de cierre, cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido. Si a todo ello le unimos los recortes económicos y las condiciones leoninas como las que se quieren incluir en el real decreto que pretende aprobar el Imserso, parece que esa fecha está marcada y se corresponde con la fecha de publicación en el BOE del citado real decreto”.
La asociación denuncia que sólo en este último mes se han cerrado 319 plazas de residencia, 517 de ayuda a domicilio, 1.083 de teleasistencia, entre otros servicios, lo que supone el despido de casi un millar de trabajadores del sistema de atención a la dependencia –un 90% mujeres-. Además 3.649 cuidadores familiares han dejado de recibir una ya mermada prestación económica.
Jaén registró el mayor porcentaje de solicitudes de Dependencia entre 2008 y 2011
El presidente del Consejo Económico y Social de la Provincia (CES Provincial), Luis Parras Guijosa, ha presentado hoy el dictamen ‘Análisis de la aplicación de la Ley 39/2006 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia de la provincia jienense’, un estudio que ha comprendido el período de 2008 a 2011.
Entre las principales conclusiones, en ese período de tiempo el número de solicitudes de acceso al nuevo sistema de atención a al dependencia en la provincia de Jaén supuso el porcentaje más alto de la población en comparación con el ámbito autonómico y estatal, pasando de un 3,84%, es decir 25.586 solicitudes de la población en 2008; al 9,36% en 2011 con 62.825 solicitudes.
En el mes de junio de 2010, el número de solicitudes en Andalucía estaba cercano a suponer la tercera parte del total de solicitudes del país, “lo que da a entender el nivel de conocimiento de la Ley entre la población y la adecuada respuesta que desde la Red de Servicios Sociales Comunitarios se ha dado desde el inicio de su puesta en marcha”, ha valorado Parras Guijosa. Y es que las solicitudes en Jaén suponen el 13,02% de las solicitudes de Andalucía.
Con relación al porcentaje de dictámenes realizados respecto al número de solicitudes, de nuevo en 2011 el porcentaje en la provincia fue del 97,80%, frente al ámbito autonómico (91,90%) y estatal (93,55%). Fue mayoritario el número de dictámenes de Grado III, pasando a ser mayor el numero de los Grado II en 2011.
En cuanto a los servicios y prestaciones recibidas por las personas usuario del sistema, en el período 2008 a 2011 es mayoritario con gran diferencia el número de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, seguido del servicio de teleasistencia domiciliaria y el servicio de ayuda a domicilio. “Es importante señala cómo se refleja la apuesta realizada por la Junta de Andalucía para ofrecer su propio servicio de Teleasistencia en un elevado número de personas”, recuerda Parras Guijosa.
En cuanto a la diferencia por sexo, el número de solicitudes de mujeres dobla al de hombres, siendo en ambos sexos el mayor número correspondiente a personas mayores de 80 años, tanto a nivel provincial como nacional.
En el mes de junio de 2010, el 75% de las personas con valoración de Grado III o Grado II están recibiendo un servicio o una prestación del catálogo de la ley. El número de auxiliares domiciliarias en el servicio de ayuda a domicilio se había triplicado en el mes de junio de 2010, respecto al período anterior a la Ley.
Con relación a los recursos disponibles en la provincia, el mayor número de plazas corresponde a las residencias para personas mayores, siendo los recursos con el menor número de plazas disponibles los destinados a personas con discapacidad.
Por todo ello, el dictamen concluye que “un sistema publico tan reciente y que tantos ingresos genera a la economía de un país merece su reforma, su mejoramiento, pero nunca su debilitamiento”, emplazando a un próximo informe ante los últimos recortes a la Ley de la Dependencia.
