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Los cuidadores no profesionales de dependientes descienden un 88,3 por ciento en ocho meses
El número de cuidadores no profesionales de personas dependientes dados de alta en la Seguridad Social pasó de ser de 179.829 en julio de 2012 a 20.993 en marzo de 2013, un 88,3 por ciento menos en ocho meses, según se desprende de una respuesta parlamentaria dirigida al socialista Miguel Ángel Heredia.
Así lo ha denunciado en declaraciones a los periodistas en el Congreso el también coordinador de la Interparlamentaria del PSOE-A, Miguel Ángel Heredia, quien ha denunciado la «demolición» que el Gobierno del PP practica a las políticas de la Ley de Dependencia y ha criticado el «brutal recorte» de las ayudas en el entorno más cercano al dependiente y el «intento soterrado de privatización».
Además, ha señalado que desde que en 2007 entró en vigor la Ley, el Gobierno se hacía cargo de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores, en su mayoría mujeres, con el objetivo de que tuvieran una pensión de jubilación, pero el Gobierno del PP «impide que sea así y ahora es el propio trabajador el que tiene que pagar la seguridad social si quiere».
De este modo, ha lamentado que, además de haber reducido en un 15 por ciento el sueldo a los cuidadores no profesionales, que pasaron de percibir en torno a 520 euros a 440, no se les paga la cotización. «Calculen el gasto que supondrá contratar a cuidadores profesionales o ingresar a sus seres queridos en una residencia y las cifras de negocio que se manejan con compañías privadas y en las que se convertirá la cuarta pata del Estado del Bienestar».
Esta situación ha llevado al diputado a denunciar que el Gobierno actual «hace todo lo que está en sus manos para enterrar la Ley de Dependencia». Heredia también ha afeado que «lo primero que hizo» el Ejecutivo en esta materia fue retrasar en dos años la incorporación al sistema de los dependientes moderados. «Todas las decisiones sobre ley de dependencia no han hecho más que poner en riesgo su continuidad», ha añadido.
El coordinador de la interparlamentaria considera que el PP «se está retirando paulatinamente de la Ley de Dependencia» y, con respecto a los porcentajes de financiación que debe asumir cada administración, ha dicho que la ley nació para ser financiada al 50 por ciento por el Estado y al otro 50 por las comunidades autónomas, pero en el caso de Andalucía, el Estado solo paga el 30 por ciento y la Junta andaluza, el restante 70 por ciento.
Se trata, a su juicio, de un «desequilibrio» que «pone en riesgo el futuro de la Ley» ya que la administración regional «no puede sufragar todo los que el Estado deja de pagar». Así las cosas, cree que con medidas como estas el Estado «castiga una vez más» a Andalucía, que ha sido «líder» en la implantación y aplicación de la ley, como demuestra que una cuarta parte de los dependientes esté en la región, y que ha «perdido»204 millones desde que Rajoy llegó al Gobierno.
«ESFUERZO TITÁNICO» DE LA JUNTA
El parlamentario ha expuesto que, frente a la actuación del Estado, la Junta hace «enormes esfuerzos» para el mantenimiento de la ley, que «continúa siendo su apuesta» y, en este sentido, ha recordado que en el marco del plan contra la exclusión social ha habilitado 20 millones de euros para desarrollar la ley. «Existe un camino alternativo», ha demostrado.
Heredia ha indicado que Andalucía hace ese «esfuerzo titánico» pero se ha preguntado «¿Qué pasa en Castilla-La Mancha, Madrid o la Comunidad Valenciana?».
Por último, ha reflexionado sobre el empleo que genera la ley y, tras defender que es el sector que más trabajo crea en relación a la inversión pública, 30 puestos por cada millón de euros invertido, además de un 43 por ciento de retorno económico en IVA, IRPF y Seguridad Social, ha advertido de que con los recortes, solo en Andalucía se perderán unos 4.000 empleos en Ley de Dependencia.
CERMI denuncia que el proyecto la de Ley de Apoyo a Emprendedores «omite por completo» a la discapacidad
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha denunciado que el proyecto de la Ley de Emprendedores «es decepcionante» puesto que «omite por completo a la discapacidad y ni siquiera recoge un recuerdo de cortesía a la Economía Social».
Ante esto, Pérez Buen ha lamentado que «para la gobernanza económica del país, la organizaciones de discapacidad sigue siendo inexistentes». Por ello, considera que es «innegable que la postrada economía española precisa de estímulos intensos para reactivarse». «Es una evidencia que se ha hecho poco y mal desde los poderes públicos», ha apuntado.
«Si la Ley de Apoyo a Emprendedores pretende reformular las bases del emprendimiento económico, incluida, por supuesto, la dimensión social, desde fundamentos sólidos y con fines ambiciosos, será bienvenida –ha precisado–. Pero si la Ley es empleada a guisa de señuelo para parecer que se hace algo, entonces será, no sólo una burla, sino un fracaso estrepitoso».
Por otro lado, ha destacado que las entidades centradas en la discapacidad «no pueden conformarse con quedar cubiertas o amparadas simplemente por las medidas genéricas». «Sería una prueba más de que nuestra clase política no sabe identificar ni apreciar lo mucho y bueno que se está haciendo en términos de desarrollo económico por parte del movimiento social de la discapacidad», ha añadido.
Finalmente, Pérez Bueno ha recordado que el hecho de que les «borren del mapa», «no significa que no existan y que estén vivos». En este sentido, ha anunciado que el Comité ha presentado al Gobierno un documento extenso con decenas de medidas favorables a la discapacidad desde la dimensión económica. «Presionaremos para que terminen acogiendo alguna», ha aclarado.
COCEMFE pide que se vuelva a modificar la Ley de propiedad horizontal con «soluciones reales» para la movilidad reducida
El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Mario García, ha pedido Gobierno que vuelva a modificar la Ley de propiedad horizontal y la coordinación de los servicios sociales así como la restitución de las subvenciones para las asociaciones de personas con discapacidad en las comunidades autónomas.
Según García, el texto de la ley recién reformada por el gobierno es «claramente insuficiente» y ha asegurado que las personas con movilidad reducida, y las personas con algún tipo de dependencia o discapacidad necesitan «soluciones reales».
Durante su intervención, este sábado, en la inauguración de la Asamblea General de la asociación, García ha insistido en que «cuando una persona con discapacidad tiene problemas para desenvolverse en las zonas comunes y acceder a su propia casa, habría que solucionarlo ipso facto».
En este sentido, el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño, ha coincidido con él en la «insuficiencia» de la última modificación de la normativa y ha asegurado que el Gobierno «está trabajando para que se modifique de nuevo».
Por otra parte, el presidente de COCEMFE ha destacado la necesidad de reformar el sistema de coordinación de los servicios sociales y sanitarios y elaborar «un plan en condiciones». En esta línea, ha asegurado que una organización más efectiva de estos servicios «además de mejorar la salud del colectivo de personas con discapacidad, abarataría los costes del sistema evitando hospitalizaciones y tratamientos que se podrían haber evitado».
Asimismo, ha criticado la reducción de entre un 60 y un 70 por ciento de las subvenciones a las personas con discapacidad y ha exigido la «mejora de esta situación», a lo que el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad ha contestado asegurando que habrá una convocatoria de subvenciones lista antes del próximo mes de agosto que contempla un incremento del 6 por ciento en la cuantía de las ayudas a repartir.
Además, Tremiño ha destacado la modificación de la ley de dependencia y la renovación del catálogo ortoprotésico, que, según ha asegurado, «se encuentra en un estado muy avanzado», y ha insistido en que servirán para «salvar una ley que estaba colapsada» y lograr que España «sea un país en el que las personas con discapacidad tienen los mismo derechos y atención con independencia del territorio donde vivan».
Los beneficiarios de ayudas a la dependencia caen por primera vez
Los recortes de prestaciones en la Ley de Dependencia, con motivo de un Real Decreto que en julio pasado modificó el sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, tuvieron sus primeras consecuencias en los beneficiarios en el mes de agosto. La decisión del Gobierno central suponía rebajar un 30% las prestaciones económicas a los cuidadores familiares y revisaba al alza los criterios de evaluación de la capacidad económica de los usuarios (incluido el patrimonio), para que las rentas más altas percibieran menos ayudas que las bajas. Pero, la revisión de cada uno de los expedientes trajo consigo que algunos dependientes vieran reducida su ayuda hasta el 90%.
La justificación de los responsables de la Junta de Castilla y León, que es la encargada de prestar este tipo de servicios, era que estos «sacrificios» debían servir para «garantizar la viabilidad» de los servicios sociales «ahora y en el futuro». Explicaciones que no fueron aceptadas por muchas familias afectadas que consideraban que los criterios utilizados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades eran abusivos. Además, a finales de año, la administración regional revisa la situación de cada beneficiario con la última declaración de la renta para comprobar si ha cambiado su situación financiera, ya sea por venta de inmuebles o la generación de intereses en las cuentas de ahorro.
El Real Decreto no se limitó a las personas que recibían prestaciones de la Ley de la Dependencia sino que hubo más cambios. Uno de ellos es que los grados de reconocimiento de la dependencia pasaron de 6 niveles a 3: gran dependencia, dependencia severa y dependencia moderada. Lo más relevante era que los dependientes moderados no tendrán derecho a las ayudas hasta 2015. Y eso tiene una consecuencia clara porque cada vez hay menos personas que entran al sistema, especialmente las personas con menos síntomas, según señalan fuentes del sector y asociaciones que atienden a personas dependientes.
La Consejería de Familia tiene valoradas la situación de dependencia a más personas con derecho a recibir la Ley de la Dependencia en la provincia de Burgos pero es inferior el número de beneficiarios. Frente a las 8.535 personas de septiembre del año pasado se ha pasado a los 8.147 individuos a mayo pasado que les corresponde recibir ayudas. En cambio, los beneficiarios han caído de los 8.039 a los 7.909. También ha bajado el número de prestaciones porque es posible que una persona cuente con varios servicios. En ese mismo periodo, de menos de un año, la cifra ha descendido en 212 (de 10.538 a 10.344).
En lo que va de 2013, Burgos cuenta con 173 beneficiarios menos. Se trata de una pequeña bajada pero lo más importante es el cambio de tendencia porque, hasta ahora, el número de personas que percibía ayudas con la Ley de la Dependencia no había dejado de crecer desde su puesta en marcha en 2007.
Más esfuerzos
No es un fenómeno que se circunscribe a la provincia burgalesa ni a la Comunidad Autónoma sino que es una situación generalizada a nivel nacional. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales recuerda en su último informe del Observatorio de la Dependencia que el ritmo de solicitudes durante los cuatro primeros años de la Ley alcanzaba un promedio mensual de más de 30.000 en el conjunto del país; en el año 2011 «apenas» superó las 9.000 solicitudes y en el pasado 2012 «ni siquiera el promedio mensual llegó a las 2.500». A juicio de esta entidad, «lejos de dejar morir por inanición el sistema de atención a la dependencia, este es el momento de rentabilizar todo el esfuerzo pasado».
En la actualidad y según los últimos datos hechos públicos por la Junta, la provincia cuenta con casi 13.000 personas que tienen valorada su situación de dependencia, a través del correspondiente expediente. Cerca de la mitad (5.900) tiene su domicilio en la capital burgalesa, 1.300 en Miranda de Ebro, 1.100 en Aranda y 4.600 en el resto de los municipios de la provincia. De este número total, solo 7.909 tienen reconocidas sus prestaciones en la Ley de la Dependencia, que suman unas 10.300 ayudas. Los cálculos de la Consejería es que el 97% de la población dependiente en Burgos con derecho a prestación ya la recibe. Supone, cerca de 20 puntos por encima de la media regional.
La Asociación de Directores y y Gerentes de Servicios Sociales lamenta que en España haya cada vez más personas a la espera de ser valoradas, «haciendo que uno de los apartados que hasta ahora habría funcionado con cierta agilidad, en la actualidad, presente unos plazos medios de espera aún muy elevados». Creen que es una situación relacionada con la actual crisis económica, con presupuestos públicos restrictivos y que fuerza a las Comunidades Autónomas a «ralentizar artificialmente» el sistema. No en vano, advierte que uno de los fallos es el inadecuado, insuficiente y tramposo sistema de financiación, además de las diferencias de gestión entre unas regiones y otras.
Sistema estabiilizado
La consejera de Familia, Milagros Marcos, explicó hace unos meses que el sistema en Castilla y León se encontraba «estabilizado», con entre 100 y 150 usuarios cada mes y que «no se esperaban grandes incrementos».
La asociación de profesionales del sector alerta de que en los últimos meses se ha producido una «revisión brutal» con la adjudicación de grado por debajo del obtenido a dependientes en su día con grados superiores. Esto provoca, según ellos, la «cronificación de ese limbo de la dependencia», que cuantifican en 230.000 personas en España. Precisa que esa cifra ha bajado en el último año pero motivada, sobre todo, por el retraso en la atención de los dependientes moderados hasta el 2015 y a los fallecimientos que se producen mientras esperan la atención.
Cataluña está elaborando una ley propia de dependencia
La consejera de Bienestar Social y Familia de Cataluña, Neus Munté, anunció en el Foro Nueva Economía, celebrado recientemente en Barcelona, la elaboración de la Ley Catalana de Dependencia, “una ley propia con una mayor transversalidad entre servicios sociales y sanidad, y con una mayor financiación”. Para ello, se ha constituido un grupo de expertos, con el objetivo de que la ley esté aprobada dentro de la actual legislatura.
En su opinión, la Ley de Dependencia necesita de una reforma desde el punto de vista conceptual, y está amenazada por una financiación insuficiente desde sus inicios.
Para Munté, la financiación es un elemento fundamental en el desarrollo del sistema de atención a la dependencia. Debe ser suficiente para garantizar su sostenibilidad, tanto en las aportaciones provenientes de los Presupuestos Generales del Estado como en el presupuesto autonómico y el copago. Es necesario avanzar una ley marco de protección social, que plantee un equilibrio territorial y una adecuada colaboración entre el sector público y la iniciativa privada.
La reforma de la ley de dependencia del año 2012 definió una importante reducción en la aportación de los Presupuestos Generales del Estado. Según la consejera, en el año 2008 el 66 % del presupuesto de dependencia fue aportado por la Gobierno central y el 34 % por los Presupuestos Generales del Estado. Estas cifras han sido del 80 y del 20 % en 2012.
Se refirió también a la importancia de la participación de las personas mayores en la sociedad y de las relaciones intergeneracionales. Para ello, incidió en la necesidad de promover políticas de envejecimiento activo.
El impulso de la ley de la dependencia y el espacio socio sanitario se encuentra en una vía muerta
– La FED ha reiterado que “es una incongruencia reducir presupuesto en dependencia” al tratarse de un sector con oferta y demanda
– El presidente de FES Y FED insisten en que el impulso de la Ley de Dependencia se encuentra en una vía muerta
– La mesa de debate itinerante recorrerá toda España en los próximos meses organizada por FED en colaboración con la Fundación Economía y Salud
El miercoles 5 se celebró en Valencia la II edición de las MESAS DE DEBATE, organizadas por la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), en colaboración con la Fundación Economía y Salud para reflexionar en torno al sector socio sanitario en España y en particular, mejorar la realidad de la dependencia en España desde una plataforma que recorrerá España de forma itinerante.
En su segunda edición,la Mesa de Debate ha contado con la asistencia de los presidentes de las entidades responsables de la organización de esta Mesa – Alberto Echevarria, presidente de la FED y Alberto Giménez, presidente dela Fundación Economía y Salud- José María Moreno, presidente de Aerte y los representantes de Sanidad y Bienestar Social, Manuela García Reboll –Secretaria Autonómica de Discapacidad y Dependencia, Bienestar Social- y José Luis Trillo, Director General de Farmacia dela Conselleria de Sanidad.
Durante la apertura de esta mesa de debate, el representante dela FED ha manifestado que la Dependencia se encuentra en una vía muerta, con los consiguientes perjuicios que representa para las empresas que integran el sector y en particular, para los 300.000 trabajadores y el millón de usuarios que diariamente reciben ayuda desde el sector.
El presidente dela Fundación EyS-Alberto Giménez- ha destacado el carácter estratégico del sector dependencia así como el potencial que le aportaría una mayor coordinación en su contexto socio sanitario, por las oportunidades que ofrecería una gestión compartida entre las áreas de Sanidad y Bienestar Social.
En la misma línea, Giménez, que considera que el espacio de la dependencia se encuentra en una vía muerta, ha calificado como error recortar en salud, máxime para un sector clave para el desarrollo económico, como el socio sanitario. Jiménez también ha apostado por alcanzar una coordinación socio sanitaria.
Por su parte el presidente de Aerte -José María Moreno- ha apelado a la necesidad de activar la concesión de PEVs (plazas vinculadas al servicio) para garantizar los derechos y la calidad de vida de los usuarios, destacando a su vez las diferencias existentes en los costes de una residencia pública frente a la privada, más económica y rentable. En este sentido, el presidente de Aerte ha destacado el ejemplo que representala ComunidadValencianafrente al resto de España, en cuanto a dependencia se refiere, por su carácter innovador.
Federación Empresarial de la Dependencia (FED)
El presidente dela FederaciónEmpresarialdela Dependencia, José Alberto Echevarría, ha incidido en la necesidad de apostar por la ley de dependencia, así como en los múltiples beneficios tanto sociales como para el ciudadano en particular, que garantizar el sector dependencia, un sector que en el ejercicio de su actividad y según ha manifestado Echevarría, tiene oferta, demanda, genera riqueza y empleo estable, de calidad y no deslocalizable.
El presidente dela FED ha mostrado su contrariedad frente al hecho de que el sector cumpla un servicio social esencial, garantice los derechos de los ciudadanos y a la vez, genere importantes retornos en el ejercicio de su actividad, tanto para el ciudadano como para la Administración, en la forma de fiscalidad, empleo, seguridad social y otras partidas rentables.
Por ello, el presidente dela FED ha calificado como contradictorio que con esta perspectiva, la Administración continúe recortando en dependencia, pues no solo recorta un servicio esencial, sino la posibilidad de crecer desde el sector.
Durante su intervención, José Alberto Echevarría ha destacado la necesidad de incrementar el presupuesto para dependencia, así como la importancia de las plazas vinculadas al servicio (PEVS) tanto por la asistencia que ofrecen como porque garantizan la libertad del ciudadano para elegir, algo que enla Comunidadn Valencianano se está cumpliendo, pues no se están concediendo PEVS.
Sanidad y Bienestar Social
La mesa de debate promovida porla FEDyla Fundación EyS también ha contado con la asistencia de José Luis Trillo, Director General de Farmacia, y de Manuela García Reboll, Secretaria Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, quien ha defendido continuar impulsando la Ley de Dependencia, aún en el momento de colapso en el que nos encontramos, por el servicio que cumple.
En este sentido,la SecretariaAutonómica ha justificado la no concesión de nuevas Plazas Vinculadas al Servicio (PEVS) a la ausencia de crédito, destacando que se priorizarán las PEVS frente a la resolución de prestaciones para el entorno familiar.
Mesa Itinerante de Debate
La mesa debate itinerante se ha celebrado hoy en Valencia con la participación de los Presidentes de las distintas asociaciones dela Federación Empresarialde Asistencia ala Dependencia(FED) y patronos y comité de expertos dela Fundación Economia y Salud.
La FED, fundada en el año 2006, está integrada por 17 patronales autonómicas, que representan 150.000 plazas residenciales, 28.000 plazas en centros de día, 230.000 beneficiarios de ayuda a domicilio y 315.000 usuarios de teleasistencia.
748.235 dependientes, beneficiarios de la Ley de Dependencia
Un total de 748.235 personas figuran a 30 de abril como beneficiarias de alguna de las prestaciones o servicios que ofrece la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, mientras que 218.345 tienen reconocido el derecho a acceder a estas ayudas pero aún esperan que les sean concedidas, conforme los difundidos por del IMSERSO tras depurar los 25.806 expedientes irregulares denunciados por el Tribunal de Cuentas.
En concreto, el proceso ha supuesto la regularización de 13.110 casos en el primer trimestre del año y otros 12.696 sólo en el mes de abril, cuando se ha completado la ‘limpieza’. No obstante, menos de la mitad de estos han tenido un efecto sobre las estadísticas generales: se trata de 5.929 casos eliminados del cómputo global, bien porque el dependiente que figuraba había fallecido, bien porque su expediente estaba duplicado.
Así las cosas, el número de personas recibiendo un servicio o prestación queda en 748.235, lo que supone un descenso en el número de beneficiarios de la ley de dependencia tanto respecto del mes de marzo (2.259 personas menos con datos ya regularizados) como en comparación con diciembre de 2012 (3.316 personas menos).
En cuanto a la lista de espera, que también se ha visto afectada por la regularización de expedientes duplicados o de personas que ya habían fallecido, a 30 de abril figuran 218.345 personas, 20.281 menos que en marzo y un 28,63 por ciento menos de las que figuraban a 1 de enero de 2012.
Para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales este dato es un «espejismo» que no refleja una mejora en el sistema ya que, de ser así, el número de personas atendidas se habría incrementado en la misma proporción que se reducía la cifra de quienes estaban esperando. Sin embargo, no sólo no se ha incrementado sino que se ha reducido el número de beneficiarios.
Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press, el director de la organización, José Manuel Ramírez, quien asegura que miles de personas en situación de dependencia han fallecido desde enero de 2012 esperando a recibir la prestación o servicio a la que tenían derecho por ley. «Es una inmoralidad decir que se reduce ese limbo de la dependencia por un aumento en la prestación de servicios, porque se debe al recorte de derechos y a los fallecimientos», ha afirmado.
MÁS DE 12.000 FALLECIDOS EN LAS LISTAS
En este sentido, citando datos oficiales indica que cuando Ana Mato llegó al Ministerio de Sanidad, «1.045.000 personas tenían derecho a recibir atención por dependencia y ahora son 966.580», lo que achaca a la reforma que ha dejado fuera del sistema a los dependientes moderados, a la falta de incorporación de nuevos dependientes severos y a los fallecimientos entre quienes estaban atendidos.
En cuanto a las regularizaciones, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales consideran que se trata de un asunto «ridículo» y «residual» que no afecta demasiado a los grandes datos del sistema, ya que se trata de 13.418 expedientes «en un mar de más de un millón de personas» que están de un modo u otro, integradas en el sistema.
El Tribunal de Cuentas denunció posibles irregularidades en un total de 25.806 expedientes. Según los datos difundidos por el IMSERSO, 12.055 resultaron corresponder a personas que habían fallecido y seguían dadas de alta, en 1.363 casos se trataba de duplicidades, y en otros 12.388 había errores que se han subsanado sin generar repercusiones a nivel estadístico. Hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas cobran del Estado para la ley de Dependencia en función del número de beneficiarios que tengan. Tras la depuración, figuran 13.418 menos.
De ellos, el grupo más amplio correspondía al sistema andaluz, donde el Tribunal de Cuentas detectó hasta 5.174 incidencias, de las que 2.248 resultaron ser expedientes de fallecidos (1.359) o casos duplicados (889). En número le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.834 expedientes retirados de las estadísticas oficiales (1.666 de difuntos), Cataluña, que tenía 1.472 irregulares (1.469 de fallecidos) y Castilla y León, con 1.438 casos (1.288 de fallecidos).
En el lado opuesto, las comunidades que ofrecían al Gobierno datos más fiables eran La Rioja, con 15 expedientes irregulares, todos de fallecidos; Baleares, con 24; y Canarias, donde figuraban 93 personas que ya habían muerto y tres duplicidades.
El Sepad afirma que Extremadura supera la media nacional en cuanto a implantación de la Ley de la Dependencia
El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) ha defendido su gestión y ha afirmado que Extremadura «supera» la media nacional en cuanto a implantación de la Ley de la Dependencia.
En relación a un comunicado de UGT, en el que se afirma que la región está «por debajo de la media nacional» en la implantación de la citada ley, el Sepad ha aclarado que, según los datos publicados mensualmente por el Imserso, el 1,75 por ciento del total de la población extremeña es beneficiaria con prestación de la Ley de la Dependencia, mientras que en el conjunto nacional ese porcentaje es del 1,56 por ciento.
Asimismo, con respecto a la gestión de la Dependencia, los datos del Imserso reflejan que Extremadura se coloca entre las tres comunidades autónomas con mayor número de personas valoradas, registrando un porcentaje en este capítulo del 4,09 por ciento, frente a la media nacional que es del 3,22 por ciento.
Extremadura ostenta también el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a porcentaje de solicitudes de la Ley de la Dependencia. Mientras el conjunto del Estado tiene una media del 3,44 por ciento en este apartado, la región alcanza un 4,26 por ciento, señala el Sepad en nota de prensa.
Además, Extremadura se encuentra entre las comunidades autónomas que están apostando firmemente por ofrecer servicios profesionales, frente a las prestaciones económicas en el entorno familiar.
Concretamente, la región ocupa un puesto destacado en el ranking nacional al contar con un 59,17% de servicios, frente a un 40,83 por ciento de prestaciones económicas en el entorno, superando nuevamente a la media nacional, que tiene un 55,98 por ciento y un 44,02 por ciento, respectivamente.
Este balance en «favor» de las prestaciones profesionales «beneficiará» a la región porque el nuevo sistema que aplicará el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el reparto de los fondos entre las comunidades autónomas «discriminará positivamente a aquellas que den prioridad a la atención a las personas dependientes mediante servicios profesionales en lugar de ayudas a los cuidadores familiares», añade.
COMPARATIVAS NACIONALES
Por otro lado, el Sepad ha recalcado que a la hora de realizar una comparativa nacional y establecer una media es necesario comparar los datos sobre el porcentaje poblacional de cada comunidad autónoma, porque de otro modo los datos resultantes «no son objetivos».
Según ha detallado, solo ocho de las 17 comunidades autónomas utilizan únicamente el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), que es la aplicación nacional para la gestión de la ley, volcando en él los datos en cuanto se inicia un procedimiento.
Este hecho supone que otras nueve comunidades autónomas utilizan programas informáticos paralelos al SISAAD, trasladando los datos al sistema nacional no cuando se inicia el procedimiento, sino en otros momentos del expediente, por lo que el Sepad considera que «de ninguna manera» la comparativa entre territorios puede realizarse sobre estos datos.
Para que la comparativa sea «adecuada, veraz y objetiva», ha añadido, debe utilizarse «siempre» el porcentaje de la población, evitando así «toda serie de equívocos».
VENTAJAS EN EXTREMADURA
A su vez, el Sepad ha destacado el «esfuerzo» del Gobierno de Extremadura para que las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar solo se reduzcan en el mínimo exigido por el Gobierno central, que es de un 15%, no haciendo por tanto uso de la posibilidad que ofrece el Real Decreto Ley de aumentar este porcentaje.
Respecto al régimen de incompatibilidades ha explicado que, pese a que la reforma de la Ley de la Dependencia ha introducido importantes modificaciones, incompatibilizando servicios y prestaciones, en Extremadura el régimen de incompatibilidades permanece en las mismas condiciones que antes de esta modificación legal, ofreciéndose por tanto un nivel de protección adicional.
Asimismo, ha indicado el Sepad que Extremadura «no» va a realizar «por el momento» una revisión de la capacidad económica de quienes ya están cobrando alguna prestación, ni va a tener en cuenta el periodo suspensivo de retroactividad máximo de dos años en los expedientes de niños de 0 a 3 años, garantizando por tanto la atención a estos menores, apunta.
Por todo lo anterior, subraya que Extremadura «no sólo está realizando una correcta aplicación y desarrollo de la Ley de la Dependencia, sino que cree firmemente en ella», poniendo «todos los medios adecuados, tanto de personal, como informáticos y presupuestarios», para continuar con sus líneas de actuación.
Especialistas en atención socio-sanitaria abogan por colaboración entre hospitales y residencias para garantizar la atención a 600 crónicos
Estos protocolos disminuirían indirectamente las demoras y la presión asistencial en urgencias por falta de camas disponibles, según Marcos Penadés.
Aecas y Ciegs proponen la derivación de los pacientes para terapias de rehabilitación mientras no se disponga de la red mínima hospitalaria para éstos pacientes.
Especialistas en atención socio-sanitaria y gestión de recursos sanitarios defienden extender la colaboración entre hospitales y residencias para garantizar la atención de los más de 600 enfermos crónicos que no disponen de la plaza prevista en el Plan integral de atención sanitaria a las personas mayores y a los enfermos crónicos en la Comunidad Valenciana.
Las experiencias previas demuestran que, en el periodo transitorio que requerirá la habilitación de nuevos hospitales para completar la red de diez centros prevista por el Gobierno Valenciano, las residencias pueden adoptar un papel esencial para agilizar la disponibilidad de camas hospitalarias, proporcionándoles así más movilidad en sus estancias, disminuyendo indirectamente las demoras y la presión asistencial en urgencias por falta de camas disponibles, según el presidente de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas, Marcos Penadés.
La carencia de estas plazas supone que el paciente no pueda iniciar procesos de rehabilitación integral en un lugar terapéutico adecuado a sus condiciones socio-sanitarias, al tiempo que se dificulta la proximidad del paciente a su entorno, ya que sólo hay seis centros que puedan cumplir esta función en nuestra autonomía, frente a las más de 60 residencias disponibles en todo el territorio, que podrían actuar como apéndices de centro hospitalario y extender las terapias de rehabilitación en pro de la recuperación del paciente y la mejora de su calidad de vida.
En este sentido, el presidente de la Red pública concertada de la dependencia ha recordado que, según el citado Plan integral, deberían de existir 10 Hospitales de atención a pacientes crónicos y larga estancia (Hacle) en nuestra autonomía, pero que, a fecha de hoy, sólo hay 6 habilitados, lo que, con una media de 150 plazas cada uno, no cubren las 1.500 previstas para dar una cobertura mínima autonómica.
De hecho, y según estudios del Centro de Investigación en Economía y Gestión de la Salud (CIEGS) de la Universidad Politécnica de Valencia, no se cumple el ratio de un hospital de agudos por cada 500.000 habitantes, lo que significa que se carece de más de 600 plazas para los enfermos crónicos. Por ello, Marcos Penadés incide en que es imprescindible ampliar la colaboración entre hospitales y residencias para cubrir estas necesidades inminentes, y que el paciente crónico hospitalario pueda transferirse a las unidades geriátricas de recuperación funcional para llevar a cabo su rehabilitación.
Menos reingresos
En este sentido, Penadés explica que las experiencias previas realizadas en centros de Alzira y San Vicente del Raspeig han permitido que el Centro de Investigación en Economía y Gestión de la Salud evalúe el impacto sobre los enfermos crónicos y de larga estancia, confirmando las previsiones que indican que este modelo de coordinación socio-sanitaria favorece la disminución de la tasa de reingreso respecto a la media hospitalaria, al tiempo que se han contrastado resultados positivos tanto a nivel clínico, de satisfacción de pacientes y de costes.
Para el portavoz de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas, el éxito de este modelo se centra en tres magnitudes; la disponibilidad de un equipo multidisciplinar integrado por personal hospitalarios y residencial, las instalaciones adaptadas y con equipos de última generación para rehabilitación, y la concreción de los criterios de derivación y procedimiento de coordinación, esto es, que siga siendo el hospital quien gestiona las altas, ingresos y evolución de los pacientes, así como el control y suministro de los medicamentos.
De esta forma, favorecemos que los enfermos crónicos dispongan de un tratamiento agudo de urgencia y, posteriormente, de un periodo de rehabilitación y reintegración en sus dinámicas social pautado y progresivo, con lo que se reducen las recaídas, la ocupación de camas hospitalarias para agudos y los costes del tratamiento, mejorando la eficiencia del gasto público sanitario sin necesidad de recortes.
No olvidemos que, en la actualidad, existen cerca de 800.000 personas mayores de 65 años con riesgo de padecer enfermedades crónicas, según el presidente de la Red pública concertada de atención a la dependencia, que incide en que el envejecimiento de la población provocará en breve un incremento de la cantidad de pacientes crónicos, lo que generará la necesidad de ampliar los recursos de atención socio-sanitaria. De hecho, alrededor del 80% de los recursos sanitarios están dedicados a personas mayores de 65 años, apostilla Penadés.
La ILP sobre ayudas a la gran dependencia consigue 343 fedatarios
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre ayudas a la gran dependencia ha conseguido 343 fedatarios, que han sido registrados hoy en el Parlament por lo que sus promotores ya pueden iniciar a partir del lunes la recogida de las 50.000 firmas necesarias para que se pueda debatir en la cámara.
Esta ILP tiene como finalidad modificar la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña para garantizar el pago puntual de las prestaciones de gran dependencia, y sus promotores son Andrés Rueda, Pedro Ignacio Antón, Juli Martí, Luis Juan, Josep Lluís Navarro, Higinio Viellas, Jordi Coma, Pol Andrés, Joaquín García y Juan López.
Los fedatarios han prometido o jurado esta semana sus cargos en el Parlament en diversas sesiones que empezaron el pasado lunes y han acabado hoy por la tarde.
En paralelo, la comisión de control de la ILP, que es el órgano que vela por la veracidad del proceso, ya ha aprobado el pliego de recogida de firmas, que es el único válido para conseguir los avales, los primeros de los cuales ya fueron sellados y contabilizados.
A partir del lunes, los promotores de la ILP disponen de 120 días hábiles prorrogables a 60 días más para recoger firmas antes de depositarlas en el Parlament.
Si las obtienen, la iniciativa proseguirá su tramitación como proposición de ley y en el debate a la totalidad los promotores podrán designar a un representante para defenderla ante el pleno.
Esta ILP es la segunda que se tramita en la presente legislatura del Parlament.
El Síndic registra más de 2.200 quejas al año por la Ley de Dependencia
La incorrecta aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana generó el año pasado 2.252 quejas al Síndic de Greuges, según explicó ayer Emilia Caballero, primera adjunta en esta institución. Estos datos contrastan con las 948 quejas que se pusieron en 2009 y parece que van en aumento «porque en lo que llevamos de año hemos recibido ya 1.077». Las cifras fueron dadas a conocer en el transcurso de una mesa redonda, celebrada en la Sede de la Universidad de Alicante, sobre la situación actual de la ley.
Para Caballero, la norma en la Comunidad Valenciana «arrastra unos obstáculos desde la base de su aplicación» y que se han visto incrementados «por la interpretación que la Generalitat ha hecho del decreto de 12 de julio de 2011 del Gobierno central».
Los asistentes a esta mesa redonda, en la que había representantes del Colegio de Abogados, de las plataformas de la discapacidad y la dependencia y del sector de las residencias, discutieron sobre los recortes que ha sufrido la norma en los últimos años y que la han dejado en una situación de parálisis casi total en la Comunidad.
Según explicó Miquel Martorell, de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, la norma «está prácticamente desmantelada». El Gobierno central «ha recortado de una manera brutal, hasta en un 20% las aportaciones». La situación en la Comunidad se agrava «porque no hay resoluciones, sólo se atienden las pocas urgencias en algunos centros residenciales». Una situación que, a juicio de Martorell, «está haciendo dejar morir de inanición la dependencia, esperando que vayan falleciendo los dependientes sin invertir, con lo cual la tasa de reposición no se mantiene».
Las ayudas a la dependencia, en la cuerda floja de la crisis
Los efectos no se han hecho esperar y ni tan siquiera los equilibrios sobre la cuerda floja de financiación que ha dejado el Gobierno central que ha hecho la Consejería de Familia para que el sistema de atención se sostuviera han conseguido evitar la pérdida de beneficiarios y de personas con derecho a serlo. Los datos son más amables en Castilla y León que en el resto del país pero la línea ascendente desde que se pudiera en marcha la Ley de Dependencia en 2007 se ha roto por primera vez.
Por primera vez la comunidad, y España, baja su número de beneficiarios, de forma más discreta eso sí que el resto del país, y ha perdido, en una comparativa de un año, 170 dependientes atendidos y entre marzo y abril, en un solo mes, 450. No obstante, sus cifras se sitúan por encima del cierre de 2011, el ejercicio anterior al de los recortes. Según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, y el análisis que de ellos realiza la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, «en toda España se ha suprimido el derecho de la Ley de Dependencia a 162 personas cada día desde que gobierna Mariano Rajoy». Estos datos recién publicados recogen la regularización del sistema de información; pero «el impacto de la corrección de los datos es mínimo en la evolución global del sistema, si bien se observan con toda claridad los efectos de las dos andanadas que ha sufrido la Ley (recorte de derechos y reducción de financiación). La curva de personas con derecho baja estrepitosamente (-77.948 desde diciembre 2011) y la de beneficiarios se reduce en 3.316 en lo que va de año». En Castilla y León, la de personas con derecho bajan en 1.351 al pasar de 66.077 en enero de 2012 a 64.726 el pasado mes de marzo.
Fallecidos y duplicados
Además, en la región de los 2.447 expedientes de dependientes que figuraban como beneficiarios de forma irregular, según el polémico informe del Tribunal de Cuentas, 1.288 eran personas fallecidas y otros 150 estaban duplicados.
El descenso en los beneficiarios se han registrado en los centros de día y en la atención residencial y ha aumentado la ayuda vinculada al servicio y la teleasistencia.
Durante el mes de abril de 2013, el Sistema de Atención a la Dependencia ha perdido 8.188 beneficiarios en toda España. De ellos, 10.185 fallecieron y solo 7.926 se incorporaron al sistema, además del proceso de regularización realizado por el Imserso y que afecta a 5.929 expedientes dados de baja en mes de abril, «se evidencia un retroceso notorio con respecto al mes anterior: 8.265 grandes dependientes menos, 10.494 solicitudes activas menos que el mes anterior, y 12.278 dictámenes menos, se superan las cien mil personas pendientes de valoración (103.537), y 14.059 personas menos pierden el derecho a ser atendías con respecto al mes anterior quedando todavía 218.285 en el ‘limbo de la dependencia’ –un 23% que tienen derecho engrosan la lista de espera-. Las estadísticas oficiales demuestran que el Sistema se destruye por inanición», destaca esta organización. El citado observatorio califica de «vergüenza que este Ministerio, algo que presenta como un gran logro, diga haber rebajado la lista de espera, y eso es una media verdad porque sí que hay menos personas en el limbo de la dependencia, pero no porque hayan sido atendidas sino por tres razones: la primera porque a los denominados dependientes moderados se les ha quitado el derecho y se les deja sin atención hasta 2015; la segunda porque a principios de 2012 había más personas en situación de dependencia que se les había reconocido el derecho y la tercera son los fallecimientos de las personas que murieron sin haber ejercido su derecho a ser atendidos durante este año y medio de derogación encubierta de la Ley».
La Junta de Castilla-La Mancha regula los nuevos requisitos y condiciones de la Ley de Dependencia
El Diario de Castilla-La Mancha publica hoy el decreto por el que se regula el nuevo régimen de requisitos y condiciones para los beneficiarios de la Ley de Dependencia.
El decreto 26/2013 de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales supone la adaptación a Castilla-La Mancha del Real Decreto Ley aprobado en julio de 2012 por el Gobierno central, con el que se reformó la ley.
Dicha reforma conllevó, entre otras medidas, la rebaja del 15 % en la paga a los familiares cuidadores de dependientes o la desaparición de los dos niveles en que se divide cada grado de gravedad de la dependencia, si bien las personas que ya tuvieran reconocido el grado y el nivel seguirán manteniéndolo.
Asimismo, se incluyó como novedad para determinar la capacidad económica del usuario el cálculo no sólo de la renta, sino también de su patrimonio.
Las personas dependientes cuyos ingresos estén por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) no tendrán que pagar nada por la atención y a partir de este punto la aportación se medirá de forma progresiva hasta llegar al 90 por ciento del coste del servicio.
El decreto aprobado ahora por el Gobierno castellanomanchego expone que, además de la necesaria adaptación a esta normativa estatal, en Castilla-La Mancha «se vienen constatando algunas desigualdades derivadas de los criterios de aplicación» de la ley.
Entre esas desigualdades cita que «los procedimientos se alargan en el tiempo más de lo esperado, que se abonan retroactividades por situaciones no imputables directamente a la Junta, que coexisten diferentes formas de resolver determinadas incidencias en el procedimiento o de priorizar actuaciones conforme a criterios de calidad, eficiencia y eficacia».
Así, la Junta sostiene que, varios años después de la entrada en vigor de la ley, «el acceso prioritario a los servicios del catálogo sigue condicionado por la utilización de prestaciones económicas que reciben algo más del 50 % de los usuarios» a pesar de que la ley subraya «el carácter excepcional» de esas prestaciones.
Esa situación genera en algunos casos «perjuicio no sólo para la persona dependiente con prestación económica reconocida, a quien dicha prestación no mejora la calidad de los apoyos recibidos, sino también con grave repercusión de carácter económico para la Junta al incidir negativamente en los ingresos que recibe de la Administración del Estado para la aplicación de la ley».
Por ello, la Junta ha establecido en el decreto los pertinentes cambios en el régimen de requisitos y condiciones del reconocimiento de la situación de dependencia y acceso a las prestaciones y servicios señalados en la ley.
«Es una inmoralidad decir que se reduce ese limbo de la dependencia por un aumento en la prestación de servicios, porque se debe al recorte de derechos y a los fallecimientos»
Un total de 748.235 personas figuran a 30 de abril como beneficiarias de alguna de las prestaciones o servicios que ofrece la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, mientras que 218.345 tienen reconocido el derecho a acceder a estas ayudas pero aún esperan que les sean concedidas, conforme los difundidos por del IMSERSO tras depurar los 25.806 expedientes irregulares denunciados por el Tribunal de Cuentas.
En concreto, el proceso ha supuesto la regularización de 13.110 casos en el primer trimestre del año y otros 12.696 sólo en el mes de abril, cuando se ha completado la ‘limpieza’. No obstante, menos de la mitad de estos han tenido un efecto sobre las estadísticas generales: se trata de 5.929 casos eliminados del cómputo global, bien porque el dependiente que figuraba había fallecido, bien porque su expediente estaba duplicado.
Así las cosas, el número de personas recibiendo un servicio o prestación queda en 748.235, lo que supone un descenso en el número de beneficiarios de la ley de dependencia tanto respecto del mes de marzo (2.259 personas menos con datos ya regularizados) como en comparación con diciembre de 2012 (3.316 personas menos).
En cuanto a la lista de espera, que también se ha visto afectada por la regularización de expedientes duplicados o de personas que ya habían fallecido, a 30 de abril figuran 218.345 personas, 20.281 menos que en marzo y un 28,63 por ciento menos de las que figuraban a 1 de enero de 2012.
Para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales este dato es un «espejismo» que no refleja una mejora en el sistema ya que, de ser así, el número de personas atendidas se habría incrementado en la misma proporción que se reducía la cifra de quienes estaban esperando. Sin embargo, no sólo no se ha incrementado sino que se ha reducido el número de beneficiarios.
Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press, el director de la organización, José Manuel Ramírez, quien asegura que miles de personas en situación de dependencia han fallecido desde enero de 2012 esperando a recibir la prestación o servicio a la que tenían derecho por ley. «Es una inmoralidad decir que se reduce ese limbo de la dependencia por un aumento en la prestación de servicios, porque se debe al recorte de derechos y a los fallecimientos», ha afirmado.
MÁS DE 12.000 FALLECIDOS EN LAS LISTAS
En este sentido, citando datos oficiales indica que cuando Ana Mato llegó al Ministerio de Sanidad, «1.045.000 personas tenían derecho a recibir atención por dependencia y ahora son 966.580», lo que achaca a la reforma que ha dejado fuera del sistema a los dependientes moderados, a la falta de incorporación de nuevos dependientes severos y a los fallecimientos entre quienes estaban atendidos.
En cuanto a las regularizaciones, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales consideran que se trata de un asunto «ridículo» y «residual» que no afecta demasiado a los grandes datos del sistema, ya que se trata de 13.418 expedientes «en un mar de más de un millón de personas» que están de un modo u otro, integradas en el sistema.
El Tribunal de Cuentas denunció posibles irregularidades en un total de 25.806 expedientes. Según los datos difundidos por el IMSERSO, 12.055 resultaron corresponder a personas que habían fallecido y seguían dadas de alta, en 1.363 casos se trataba de duplicidades, y en otros 12.388 había errores que se han subsanado sin generar repercusiones a nivel estadístico. Hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas cobran del Estado para la ley de Dependencia en función del número de beneficiarios que tengan. Tras la depuración, figuran 13.418 menos.
De ellos, el grupo más amplio correspondía al sistema andaluz, donde el Tribunal de Cuentas detectó hasta 5.174 incidencias, de las que 2.248 resultaron ser expedientes de fallecidos (1.359) o casos duplicados (889). En número le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.834 expedientes retirados de las estadísticas oficiales (1.666 de difuntos), Cataluña, que tenía 1.472 irregulares (1.469 de fallecidos) y Castilla y León, con 1.438 casos (1.288 de fallecidos).
En el lado opuesto, las comunidades que ofrecían al Gobierno datos más fiables eran La Rioja, con 15 expedientes irregulares, todos de fallecidos; Baleares, con 24; y Canarias, donde figuraban 93 personas que ya habían muerto y tres duplicidades.
En Cataluña hay 161.213 personas que se benefician de la Ley de Dependencia
La cifra supone un 12,1% más que en marzo de 2012. La Generalidad se queja de que el Gobierno no asume parte de la partida que le corresponde para hacer frente al coste de la aplicación de la ley.
Un total 161.213 personas se benefician actualmente de la aplicación de la Ley de Dependencia en Cataluña. Según los datos oficiales ofrecidos por la Consejería de Bienestar Social y Familia, el número actual de prestaciones y servicios asciende a 207.575 a fecha de 31 de marzo de este año.
En el último año (de marzo a marzo) hay un 12,1% más de beneficiarios de la prestación de ayuda para las personas en situación de dependencia -en aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre-, pasando de los 143.724 al número actual de personas que reciben algún tipo de ayuda en Cataluña.
El 67% de los beneficiarios son mujeres y el 33%, hombres. Por edades, 78.946 tienen más de 80 años de edad; 43.869 personas, entre 65 y 79 años; y cabe destacar que1.135 bebés en Cataluña -menores de tres años- también reciben algún tipo de ayuda gracias a la norma de aplicación en toda España.
‘Un gran sobre esfuerzo’
En una respuesta al grupo del PSC en el Parlamento autonómico, la consejera Neus Munté i Fernández (CiU) ha informado que en el año 2012, la Generalidad ha destinado 922,8 millones de euros para sufragar los gastos de la aplicación de la Ley de Dependencia. Mientras que el Gobierno ha transferido a la Administración autonómica, para esta partida, 243,54 millones de euros.
Munté ha lamentado la baja cantidad del Gobierno destinada a esta partida y ha señalado que la Generalidad realiza ‘un gran sobre esfuerzo’ para garantizar las prestaciones y los servicios de la dependencia. Según los datos de la Consejería de Bienestar Social y Familia, la Administración autonómica soporta el 80% del coste de la aplicación de la ley y el Gobierno, el 20% restante.
Casi 800 euros por asistente personal
La Consejería también ha informado de que, en 2013, la media de tiempo para resolver las valoraciones de grado iniciales de las peticiones de posibles afectados por la ley está siendo de 1,19 meses; y para los programas individuales de atención iniciales (PIA), de 1,38 meses.
Además, la media de las prestaciones económicas otorgadas cada mes (tomadas con fecha del mes de febrero de 2013) a los beneficiarios están siendo de 283,34 euros para los cuidadores no profesionales; 669,56 euros para la prestación económica vinculada; y 788,70 euros para un asistente personal.
La Xunta fija su estrategia de atención a la dependencia hasta 2020
El Gobierno gallego ha dado el visto bueno a su estrategia para la atención y prevención de la dependencia, una guía que fija el horizonte temporal de 2020 para poner en marcha medidas que permitan mejorar y prolongar la autonomía personal.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que este documento supone un «salto cualitativo» en políticas sociales y una apuesta por el ámbito preventivo y no solo asistencial.
Tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, Núñez Feijóo ha explicado en conferencia de prensa que esta estrategia está centrada en seis áreas de actuación, con 28 objetivos y casi 400 propuestas de actuación.
Además, la Xunta ha acordado también la presentación de Galicia para liderar un proyecto europeo que convierta a la Comunidad en un «referente» de la vida saludable.
Núñez Feijóo ha explicado que en los próximos años se prevé que la población gallega descienda casi un 2 %, pero los mayores de 65 años aumentarán sobre un 3,5 % y se calcula que la población con dependencia aumente un 8,14 %.
Por este motivo, ha dicho, el Gobierno gallego trabaja desde hace tiempo en una estrategia para la prevención precoz de la dependencia para prolongar la autonomía personal de los ciudadanos.
Ha considerado que Galicia es «pionera» en la elaboración de esta guía que, ha dicho, «nace del diálogo, consenso y acuerdo» entre distintos grupos de trabajo de la Xunta y entidades representativas de mayores.
Las seis áreas en las que está divida esta estrategia atienden a la educación y la concienciación de los ciudadanos, al aumento de la esperanza de vida libre de dependencia, a la mejora de la calidad de vida, al estímulo a través de amigos y familiares, a la investigación y la innovación y a la mejora de los recursos de la administración.
Ha señalado que la Xunta pretende mejorar la calidad de vida de los mayores, hacer «más sostenible» el sistema de sanidad y bienestar y lograr ser un referente europeo en el envejecimiento saludable.
Según Núñez Feijóo, cada euro que se destina a prevención de la dependencia equivale a la rebaja del gasto de 129 euro al año en su tratamiento.
Por otra parte, el Gobierno gallego ha presentado hoy los datos del plan para prevenir la violencia laboral en el ámbito sanitario.
Desde 2010 se han reducido un 32 % los episodios violentos, al pasar de 255 a 188 en 2012, aunque el objetivo de la Xunta es que «la sinrazón de estos episodios violentos sea cero», ha concluido Núñez Feijóo.
En la reunión de hoy la Xunta ha decidido renovar un convenio con la Fundación Josep Carreras para buscar donantes de médula para las personas con cuyas familias estos trasplantes son incompatibles.
Desde 2008, la primera vez que la Xunta firmó un convenio con esta fundación, y hasta el 1 de enero de este año se han hecho 117 trasplantes por medio de esta colaboración.
Asturias impulsa la Ley de la Dependencia, casi 500 nuevos beneficiarios en un mes
Asturias impulsa la Ley de la Dependencia. La frase, reiterada en numerosas ocasiones por el equipo de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda encuentra respaldo en las cifras. En solo un mes, cerca de medio millar más de nuevos beneficiarios. Una cifra casi clónica a la rebaja sufrida en la lista de espera. Por primera vez, en Asturias hay menos de 3.000 personas en el ‘limbo’, denominación que da el Observatorio de la Dependencia a las personas que, con derecho a una ayuda o prestación de la ley, aún no la reciben.
Así lo demuestran los datos estadísticos a que ha tenido acceso EL COMERCIO, los relativos a la evolución de la Ley de la Dependencia en Asturias. Unas cifras que aún no ha hecho públicas el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), puesto que, según explica en su web, se encuentra aún en proceso de revisión de los datos para cumplir lo apuntado por el Tribunal de Competencia. No obstante, otras fuentes apuntan a que la nueva estadística evidenciará lo que ya apuntaba en su último informe el Observatorio de la Dependencia: que la ley está prácticamente paralizada.
Sin embargo, las cifras enviadas por el Principado a Madrid evidencian que, al menos en Asturias, la norma que da derechos a las personas sin autonomía personal sigue en marcha. Dicen los expedientes que son ya 18.553 las personas con derecho a recibir un servicio -centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, residencia o asistente personal- o una prestación, ya sea para pagarse un servicio en la red privada o para cubrir la nómina de un familiar que le cuide en su casa. De ellas, 15.560 lo reciben ya realmente, una cifra que supone una merma de seis expedientes respecto al mes de marzo.
Fuera del sistema
Según fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, esa disminución, así como la de solicitudes, se debe a la desaparición de los diferentes niveles de la dependencia. En la gran reforma de la ley, la aplicada por el Gobierno central en julio pasado, la dependencia quedó solo limitada a grados -III, II y I- mientras que se eliminaban los niveles -1 y 2- que diferenciaban cada grado.
Eso supuso, en la práctica, el primer gran recorte, ya que todos los dependientes de nivel I quedaron fuera del sistema, incluso los de nivel 2, que ya tenían derecho a un servicio o prestación.
Al recorte de beneficiarios se suma, en clave positiva, la de asturianos en el limbo. Según las cifras oficiales, son 2.993 quienes ya saben que tienen derecho a una ayuda, pero no la reciben. Se trata de 466 casos menos en un mes, una tasa que desde el Principado se cree posible superar en breve, ya que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda ha rechazado paralizar la ley para revisar cada caso, tal y como pretende el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Los nuevos beneficiarios optaron, mayoritariamente, por los servicios. Sólo 39 pidieron que les cuide en casa un familiar, aunque la cifra eleva a 8.686 las pagas al cuidador no profesional, la prestación más alta de la región, pese a que la ley la considera ‘excepcional’. De entre los servicios, el geriátrico ha sido el más castigado. De acuerdo a las cifras oficiales, son 2.805 los asturianos que utilizan una residencia con cargo a la Ley de la Dependencia. Son 143 menos en un mes.
El TC anula la ley autonómica que denegó la dependencia por silencio administrativo
El Tribunal Constitucional (TC) obliga a la Generalitat a notificar personalmente a quien deniegue una prestación que haya solicitado en amparo a la ley de Dependencia. El alto tribunal ha declarado inconstitucional la disposición adicional número once de la ley de Presupuestos de la Generalitat de 2008 que rezaba: «en los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, el vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado y notificado resolución expresa determinará la desestimanción de la solicitud formulada por silencio administrativo». El Consell ya rectificó esta norma en 2009, según confirmaron fuentes de la Conselleria de Bienestar Social.
La norma impulsada por el Consell en 2007 y aprobada por las Corts el 27 de diciembre del mismo año fue recurrida por el Defensor del Pueblo. El Consell defendía que la medida era necesaria para ahorrar, argumento que tumba el Tribunal Constitucional al entender que «el eventual ahorro se produciría únicamente cuando la denegación fuera firme, no bastando para ello su desestimación inicial». Los magistrados anulan la norma pero su decisión no afectará a las situaciones que hasta la fecha de hoy se hayan denegado así.
Para el TC la disposición adicional que denegaba ayudas por silencio administrativo «se encuentra fuera del contenido constitucionalmente admisible de una ley de presupuestos autonómica». Además de tumbar el argumento de la Generalitat, el TC considera que «la norma se reputa contraria al artículo 9.3 de la Constitución (seguridad jurídica)».
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) anunció ayer la interposición de recursos contencioso-administrativos por el bloqueo de los expedientes aprobados que no han recibido prestación. La patronal de la dependencia pide un acuerdo «estatal» que implique al Gobierno y a todos los agentes competentes para evitar que desaparezca la ley de Dependencia.
Más de 3.000 personas contra los impagos
Miles de personas recorrieron ayer las calles de Valencia para denunciar el retraso por parte del Consell en el pago de servicios y entidades que atienden a personas con discapacidad, centros cuya situación consideran «dramática» debido a que algunos trabajadores llevan cinco meses sin cobrar. La manifestación fue convocada por la Coordinadora de Discapacidad y Dependencia (CDD) y fue desde la estación del Norte de Valencia hasta la Conselleria de Bienestar Social y la Generalitat. Más de 3.000 personas, según fuentes de la organización, participaron en una marcha que iba encabezada por una pancarta con la frase «Por el respeto, la dignidad y la justicia social» y durante la cual se gritaron frases como «la dependencia no se vende» o «dignidad para la discapacidad».
