Dependencia

El gasto medio por dependiente es 8.225 euros, el 83,7 % lo aportan las CCAA

dependenciaEl gasto medio por dependiente en 2017 ascendió a 8.225 euros anuales, de los que el 83,7 por ciento lo aportan las comunidades autónomas y el 16,3 % la administración central.

Son datos facilitados por el Ministerio de Sanidad al Observatorio Estatal para la Dependencia, que arrojan una inversión pública total certificada de 7.459 millones de euros, de los que la aportación finalista del Gobierno fue de 1.218 millones (16,3%), mientras que las CCAA gastaron 6.241 millones de euros (83,7%).

Las cifras muestran un descenso de la aportación del Gobierno al sistema de la dependencia del 17,4 por ciento en 2016, al 16,3 por ciento de 2017.

En un comunicado, el observatorio destaca que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social cumple con uno de los cinco puntos del acuerdo por la Dependencia, facilitando, por primera vez, la información de la financiación del Sistema y remitiéndola hasta esta organización.

Recuerda que el impacto acumulado para el gasto público de las medidas de recorte del Real Decreto-Ley 20/2012, hasta diciembre del 2017, ha sido de 4.600 millones de euros.

El Observatorio Estatal de la Dependencia denuncia la «incapacidad» del anterior Gobierno de ejecutar el presupuesto de la dependencia que había recortado. Así de los 1.262 millones presupuestados para 2017, no gastó 44 millones.

Atribuye la mejora de los datos sobre el incremento de personas atendidas y de reducción de la lista de espera en el aumento de los servicios de bajo coste, dirigidos a Dependientes Moderados (Grado I), «abandonando a los más graves y que requieren atención con mayor urgencia, los Dependientes Severos (Grado II) y Grandes Dependientes (Grado III)».

«El Gobierno debe cumplir el Pacto por la Dependencia firmado por todos los grupos políticos (a excepción del PP) y recuperar los recortes producidos desde el año 2012, lo que requiere una inversión de 470 millones de euros anuales, que permitirán atender a cien mil personas del ‘limbo de la dependencia’ y generar más de 30.000 puestos de trabajo directos», reclama.

El siguiente cuadro muestra el gasto en el sistema de la dependencia por CCAA en 2017, detallando la aportación de la administración central (Nivel Mínimo AGE) y de los gobiernos autonómicos:

CCAA Gasto CCAA N.Mínimo AGE Total %CCAA %AGE
Andalucía 936.417.554 228.072.671 1.164.490.226 80,40% 19,60%
Aragón 176.456.757 32.388.773 208.845.530 84,50% 15,50%
Asturias 159.414.337 26.099.466 185.513.803 85,90% 14,10%
Baleares 113.946.751 17.604.112 131.550.864 86,60% 13,40%
Canarias 130.918.732 26.947.728 157.866.460 82,90% 17,10%
Cantabria 81.326.843 20.635.635 101.962.478 79,80% 20,20%
CyLeón 448.652.031 117.163.436 565.815.468 79,30% 20,70%
C-LM 348.607.195 60.601.733 409.208.928 85,20% 14,80%
Cataluña 1.066.073.982 172.782.212 1.238.856.194 86,10% 13,90%
Valencia 551.853.044 78.203.077 630.056.121 87,60% 12,40%
Extrem. 255.199.532 38.258.621 293.458.154 87,00% 13,00%
Galicia 255.764.992 84.070.180 339.835.173 75,30% 24,70%
Madrid 851.837.448 171.859.494 1.023.696.942 83,20% 16,80%
Murcia 156.818.532 46.290.940 203.109.472 77,20% 22,80%
Navarra 97.469.863 13.443.344 110.913.207 87,90% 12,10%
PVasco 553.265.756 74.066.224 627.331.980 88,20% 11,80%
L.Rioja 56.714.818 9.650.751 66.365.570 85,50% 14,50%
TOTAL 6.240.738.175 1.218.138.403 7.458.876.579 83,70% 16,30%

— Los datos de La Rioja son estimaciones del Observatorio por no disponerse de certificado.

— Los datos en País Vasco son estimaciones por no disponerse del certificado del territorio de Guipúzcoa.

 

Fuente: COPE

 

 

Un total de 5.275 cuidadores no profesionales atienden a los 19.560 dependientes onubenses

psoe-ana-perezLa senadora por el PSOE de Huelva, Ana Pérez, destacó ayer «el interés» del nuevo Gobierno central por recuperar los derechos de las cuidadoras no profesionales de la Ley de Dependencia. En concreto, el número total de cuidadores no profesionales se eleva a 5.275 en Huelva.

De este modo, Pérez resaltó que las medidas a desarrollar «vendrán a poner en práctica la filosofía política del PSOE, que es el sumo cuidado de los derechos más elementales, el rescate de las personas que peor lo pasan y la transformación del sistema sanitario y social, para alcanzar de verdad a toda la población, sea cual sea su condición, como se viene haciendo en Andalucía».

Una de las medidas a adoptar y que dependen exclusivamente del Gobierno central será la recuperación de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de la Ley de Dependencia. El 90% son mujeres y se verán beneficiadas unas 180.000 personas.

Concretamente, en Huelva hay en estos momentos 19.560 prestaciones de diferentes grados de dependencia. El número total de cuidadores no profesionales se eleva a 5.275, por lo que estas son las personas que se beneficiarán de las cotizaciones a la Seguridad Social. En este sentido, en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 y de 2020 se pretende recuperar la financiación del nivel mínimo de dependencia fijado con anterioridad en el Real Decreto Ley 20/2012. Así, se atiende al pacto estatal por la dependencia que se firmó en 2016 y se da una respuesta a las conclusiones del informe de la comisión de análisis de personas dependientes conocido el año pasado. Se recuperará igualmente el marco de cooperación con las comunidades autónomas.

Fuente: Huelva Información

Los trabajadores sociales canarios critican la situación en dependencia

 

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Los colegios profesionales de Trabajo Social de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife quieren manifestar su preocupación por las informaciones que señalan que el Gobierno canario ha incumplido por tercera vez los dictámenes del Consejo Consultivo de Canarias en relación al cumplimiento de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal más conocida como Ley de Dependencia.

Desde el año 2012, el Consejo Consultivo ha aprobado varios dictámenes dirigidos al Gobierno canario en el que le aclara que las personas reconocidas en situación de dependencia por la administración pública, tienen derecho a las prestaciones y ayudas que otorga la ley aunque no se haya aprobado su Plan Individualizado de Atención (PIA). A pesar de esta advertencia realizada hace varios años, el pasado 24 de julio el Consultivo de Canarias volvió a aprobar un nuevo dictamen denunciando los incumplimientos del Gobierno canario. Según esas informaciones, en Canarias hay en estos momentos cerca de 10.000 personas en el «limbo» de la dependencia, lo que significa que tienen los derechos reconocidos pero la administración no ha respetado esos derechos porque no se les ha dado las prestaciones que se les ha reconocido.

Las entidades profesionales de Trabajo Social han ido presentado en distintos momentos al Gobierno canario, propuestas de mejora para el reconocimiento y atención de las personas en situación de Dependencia en Canarias. Las últimas aportaciones fueron presentadas en el mes julio, dentro del proceso iniciado por el ejecutivo para aprobar un nuevo decreto que regulará la atención a la Dependencia. Los colegios de Trabajo Social esperan que el Gobierno tenga en cuenta sus aportaciones que van en la línea de propuestas ya realizadas anteriormente.

APORTACIÓN.

Desde los colegios profesionales de Trabajo Social, siempre en la línea de mejorar el sistema público de servicios sociales, se continuará trasladando recomendaciones a las administraciones públicas competentes en esta materia, para que avances legislativos.

Fuente: Canarias7

Manuel Marcos Sánchez: «Los servicios sociales son el cuarto pilar del Estado del bienestar»

manuel_marcosEl secretario general de la Consejería repasa la situación de los servicios sociales en la Región Murciana y las novedades que introducirá la nueva Ley en beneficio de los ciudadanos.

P Han pasado 15 años desde la anterior Ley. ¿Era necesario adaptar la normativa a la realidad social?
R Sin duda. La actual Ley de Servicios Sociales data de 2003 y, aunque un análisis de sus resultados ofrece datos muy positivos, es necesario afrontar los cambios de nuestra sociedad en todos los contextos. Hay un crecimiento de las necesidades y demandas de atención, protección social y de lucha contra la exclusión social. Hay también nuevas leyes que han ampliado los derechos sociales de las personas, como la Ley de Dependencia o la Ley de Renta Básica de Inserción. Y hay también cambios demográficos. Una nueva ley para afrontar todos estos retos, es necesaria.

P ¿Qué ventajas tendrán los usuarios con la nueva Ley de Servicios Sociales?
R La gran ventaja es alcanzar el objetivo fundamental de la ley: consolidar el Sistema de Servicios Sociales como el cuarto pilar del Estado del bienestar, junto con las Pensiones, la Educación y la Sanidad. Para ello se configura como un sistema público para la garantía universal de derechos sociales, asegurando el derecho subjetivo a la atención social básica y al acceso a las prestaciones garantizadas en condiciones de igualdad efectiva y equidad.

P ¿Será más fácil la organización con la división del territorio en zonas básicas de atención?
R El principio de proximidad en la atención es uno en los que se fundamenta la nueva ley. Para hacerlo efectivo diseña una nueva organización territorial con dos niveles de atención: las áreas, para los servicios sociales especializados; y las zonas básicas, para los servicios sociales de atención primaria. También se regula la figura de Zona Vulnerable para atender situaciones especiales. Todo ello estará recogido en el Mapa de Servicios Sociales de la Región.

P ¿Qué peso tienen los servicios sociales municipales en la atención a los ciudadanos?
R Son fundamentales porque se ocupan de la atención directa a los usuarios a través de los servicios sociales de atención primaria. Son imprescindibles. Por ello se ha incluido un capítulo dedicado a estos profesionales, regulando sus derechos y deberes, código deontológico, la acción formativa, etc.

P ¿Cuántas personas reciben ayuda social en la Región?
R En estos momentos, los servicios sociales de atención primaria han registrado la atención de prácticamente 99.700 personas el último año. Además, hay ya un número considerable de personas, en torno a 34.000, beneficiarias de prestaciones del sistema de la dependencia. A lo que hay que añadir también las personas atendidas por la iniciativa social, con sus diferentes programas.

Fuente: La Opinión de Murcia

Madrid no presta servicio a casi 1.800 dependientes por falta de financiación

MADRIDEn los últimos años, la cifra de personas dependientes en Madrid ha crecido un 29%. Eso ha supuesto un desequlibrio importante en la financiación de estas ayudas. Tanto es así, que en la actualidad hay una lista de espera de 6.847 personas, de las cuales unas 1.779 no reciben ningún servicio.

El convenio firmado asegura que la Comunidad de Madrid ha de encargarse de la financión de estos servicios, mientras la gestión recae en manos del Ayuntamiento. Ahí aparece otro de los problemas: la Comunidad solo dota de 69 millones, y debe unos 108, por lo que tiene que ser el Consistorio el que se encargue de las ayudas a unas 5.068 personas, a través de la ayuda a domicilio. Esto se hace con cargo al presupuesto municipal.

«La Comunidad aporta la misma cantidad desde 2013 al mismo tiempo que el número de personas necesitadas aumenta», explica a 20minutos Marta Higueras, responsable del Área de Equidad.

Es el Gobierno regional el que decide si concede o no la ayuda, y posteriormente la financia. Es además el organismo que remite al Ayuntamiento el listado de personas solicitantes de dicho servicio. «Se van añadiendo casos a la lista y cuando se llega al tope de 69 millones no se pueden incluir más, por eso hay un desfase», revela Higueras.

Esta situación ha desembocado en una deuda de la Comunidad con el Ayuntamiento. En 2017 la cifra ascendió a unos 22 millones de euros y la previsión del equipo de Carmena es que este año sea de unos 80 millones. «Queda claro que la financiación no alcanza, y obviamente nosotros ofrecemos lo que está en nuestra mano, que es la atención domiciliaria», expone una Higueras que da por hecho que ese dinero «se va a recuperar».

Lo que sí reconocen desde el Ayuntamiento es el esfuerzo de la Comunidad en cuanto a medios. «Hay más equipos trabajando, y se nota un esfuerzo detrás», dicen. Marta Higueras destaca que se ve «una voluntad clara» y el mensaje del presidente Ángel Garrido es que se va a trabajar «para resolver el problema».

Eso sí, hace apenas unos días, el concejal de Hacienda en el Consistorio, Jorge García Castaño, solicitó al Estado competencias precisamente en materias de dependencia, con el objetivo de poder avanzar en la resolución de este problema.

Mirada al Gobierno central

Desde la Comunidad comparten la necesidad de un mayor esfuerzo, pero acalaran: «Estamos destinando más dinero que nunca, puesto que hemos presupuestado más de 1.200 millones de euros para la atención a la dependencia».

El director general de Atención a la Dependencia y al Mayor, Carlos González, insta a que el Gobierno central cumpla con la Ley de dependencia. «La norma recoge que la financiación tiene que ser 50-50 entre las comunidades y el Gobierno, y ahora nosotros aportamos el 85% y desde Moncloa aportan el 15%».

En este sentido, los expertos ya avisaron de que el aumento en 46 millones de la partida destinada a dependencia en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 es «papel mojado», porque «no está asegurado que estos fondos se transfieran al nivel autonómico ya que para recibir un euro del Estado, las comunidades deben acreditar cuatro de gasto en personas atendidas, lo que no pueden cumplir debido al actual modelo de financiación».

«Eso tiene que cambiar», dice González, quien reclama a Ahora Madrid que pida al PSOE, «como socio de Gobierno», que solicite a Sánchez un cambio. «Se lo pedimos a Mariano Rajoy en su momento, y ahora lo hacemos con el nuevo Ejecutivo», sentencia.

 

Fuente: 20 minutos

 

 

 

El TSJ Balear condena a compensar por los recortes en dependencia

nuevos-recortes-a-la-dependenciaEl TSJ Balear condena al Govern a compensar a una mujer que perdió durante dos años la prestación que recibía por dependencia a raíz de un cambio de baremo que recortaba las ayudas. La Consellería corrigió con posterioridad y sí reconoció a la mujer el derecho a recibir una cantidad de dinero para su cuidado. Sin embargo no admitía pagar el dinero que le hubiera correspondido los dos años en los que se quedó sin prestación.

La paciente se acogió a la Ley de Dependencia al poco de su entrada en vigor. En el año 2007 se le reconoció un grado de dependencia severa que le daba derecho a recibir una prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Así se mantuvo varios años esta situación, mientras se le aplicó el baremo inicial de la normativa. En ese tiempo fue revisada su situación en otras dos ocasiones y siempre se mantuvo el criterio de que la mujer, de sesenta años de edad y con un trastorno psiquiátrico y una enfermedad renal.

Cuando le iba a caducar la vigencia de la última valoración, fue la propia paciente quien reclamó una revisión de su caso, necesaria para seguir recibiendo el subsidio. Esta vez, en 2014, se le aplicó un baremo más restrictivo y se la clasificó como dependiente moderada y no severa. Esta condición la situaba en grado 1 de dependencia y la privaba de recibir la prestación que tenía reconocida previamente.

Tras este cambio por parte de la administración, la dependiente acudió a los tribunales y presentó un recurso Contencioso contra su nueva valoración. El tribunal no tuvo que entrar en el fondo porque en enero de 2016, cuando el pleito ya estaba en marcha, la propia Conselleria volvió a cambiar la valoración de la paciente y, de nuevo, reconoció que era una dependiente severa y, por tanto, recuperaba el derecho a la prestación.

Así las cosas, la discusión sólo se mantenía porque la última resolución del Govern no preveía efectos retroactivos. Es decir, no anulaba la valoración que le dejó sin dinero y la daba por buena.

El tribunal estima el recurso y obliga a que se pague por todo el tiempo en el que estuvo en vigor la baremación con ‘recortes’, que se extendió a dos años. «Es más que evidente que la resolución es nula y, en consecuencia la anulamos y, en reconocimiento de la situación jurídica individualizada de la señora, declaramos que tiene el derecho a percibir las prestaciones». Además, impone una condena en costas al Govern por mantener abierto el pleito. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Fuente: Balears Noticias

Los mayores gallegos tardan casi dos años en acceder a una plaza en una residencia

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  • La ley estipula un plazo máximo de nueve meses
  • Contas pide a la Xunta más personal para acortar la espera
  • Critica que tiene centros «infrautilizados» por no invertir en obras

Poca ejecución de los fondos europeos. El Consello de Contas insta a la Xunta a «agilizar el ritmo de ejecución de los fondos europeos» y se pide también que haya una mayor coordinación con las entidades locales para «maximizar la utilización de las ayudas«. Según los datos del órgano fiscalizador, en 2016 se aplazaron compromisos por importe de 253 millones, del total de 534 millones consignados, que fueron reprogramados para ejercicios posteriores.

Riesgo de viabilidad en 70 concellos. El presupuesto por habitante en las siete ciudades gallegas está por debajo de la media española, según el Consello de Contas. El órgano fiscalizador alerta además de que setenta concellos tienen su viabilidad económica comprometida. Once de ellos tienen ya problemas de sostenibilidad económica y otros sesenta están en una situación complicada.

«Uso excesivo de imprevistos» por la Xunta. El Consello de recomienda medidas legislativas y de control parlamentario que limiten el uso «excesivo» del fondo destinado por la Xunta para imprevistos. La Xunta valoró, sin embargo, que los informes del órgano fiscalizador aprueben la gestión presupuestaria y financiera y que pongan de manifiesto que hubo «una notable» reducción de las modificaciones presupuestarias.

Faltan plazas para mayores en residencias y sobra burocracia. Los plazos de la Ley de Dependencia no se cumplen. El Consello de Contas apunta que los mayores gallegos tienen que esperar de media 453 días desde que presentan una solicitud hasta que la Xunta les reconoce el derecho a beneficiarse de una plaza de atención residencial, «muy por encima de los seis meses que marca la legislación». Pero desde que se les da el visto bueno hasta que efectivamente ingresan en el centro pasan otros 154 días de media, cuando la normativa marca un límite de tres meses. Es decir, los dependientes gallegos deben esperar en total 607 días, casi dos años, para entrar a una residencia, y, entretanto, la carga de los cuidados de estos mayores enfermos recae sobre las familias.

Y Contas advierte que este tiempo medio de 607 días podría ser mayor para gran parte de los dependientes, puesto que en el cálculo se incluyen los plazos de ingreso de los casos de emergencia social, una vía de urgencia que utiliza la Xunta para ingresar en residencias a mayores en aquellos casos en los que no tienen a nadie que se haga cargo de ellos. De hecho, el aumento de ancianos que viven solos y la demora general para conseguir una plaza provoca que cada vez se recurra más a este procedimiento de emergencia.

El órgano fiscalizador pide a la Xunta «personal y medios suficientes» para agilizar los plazos y cumplir con los tiempos de espera que fija la ley.

En su informe el Consello de Contas insta también a la Xunta a incrementar las plazas en centros de mayores que considera «claramente insuficiente». Galicia tiene una ratio de camas de 3,05% sobre el número de mayores de 65 años, cuando en el conjunto del Estado se sitúa por encima del 4%. Para ello, según sugiere el órgano fiscalizador, debería empezar por «optimizar los recursos disponibles». Explica que desde 2010 la Xunta no ejecutó inversiones en las instalaciones de las residencias y algunas de ellas están «infrautilizadas» porque no están en las condiciones adecuadas para funcionar. Pone como ejemplo un geriátrico en Carballiño (Ourense), con capacidad para 80 personas, pero que solo tiene ocupadas 25 plazas.

El Gobierno gallego ha apostado por incrementar la oferta en residencias mediante conciertos y, de hecho, el 65% de las plazas que oferta la Xunta son privadas. En este sentido, Contas advierte que la ratio de personal en estos centros concertados es un 9% inferior a las residencias públicas y advierte que eso puede afectar a «la calidad de la atención».

Fuente: Faro de Vigo

La Ley de Cuidados Paliativos cumple su primer año con más camas y apoyo domiciliario

paliativosSacyl continúa con la implantación de un modelo basado en la atención integral y precoz y con el objetivo inmediato de dotar de unidades públicas a Burgos y Valladolid.

Mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y la cobertura hasta lograr que toda la población susceptible de necesitar este servicio esté cubierta eran los objetivos planteados hace justo un año cuando se presentó el Plan de Cuidados Paliativos de Castilla y León, un «sistema de apoyo y soporte para el paciente y su familia con el fin de ayudar a vivir la fase final de la vida de la forma más digna y con el mayor bienestar posible, sin adelantar ni retrasar la muerte». Con esa filosofía se está aplicando un instrumento que poco a poco va avanzando en el fin de ampliar y mejorar la atención.

De momento, en estos primeros doce meses el número de camas hospitalarias ha aumentado al pasar de las 148 contabilizadas en 2017 a las 160 actuales que, no obstante, se dividen entre las 92 de los hospitales públicos y las 68 de los centros privadosconcertados. Precisamente, ni Valladolid ni Burgos cuentan aún con unidades hospitalarias púbicas, según señalaron fuentes de la Consejería, aunque en ambos casos se trabaja ya en la organización de estos servicios.

Los otros dispositivos asistenciales se coordinan entre los 247 equipos de atención primaria de la Comunidad, de forma que actualmente se cuenta con 16 equipos de soporte domiciliario y cinco de hospitalización a domicilio, a los que hay que añadir la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y los dos equipos de Atención Psicosocial de la Obra Social La Caixa que actúan en Burgos y Salamanca y que acaba de incorporar tres psicólogos a Ávila, Zamora y Valladolid.

Con esta realidad y la asignatura pendiente de que las provincias burgalesa y vallisoletana tengan camas hospitalarias en sus centros públicos, la apuesta cualitativa del plan pasa por mejorar la calidad de la asistencia que se presta. No hay que olvidar que en los últimos años los cuidados paliativos han ampliado su radio de acción y han pasado de ser una atención para los enfermos oncológicos en la fase final de su vida a una asistencia para otro tipo de enfermedades crónicas y de carácter degenerativo.

8.632 pacientes necesitarían cuidados paliativos

Este hecho ha supuesto que el número de pacientes susceptibles de recibir estas atenciones vaya en aumento. De hecho, en 2015 un total de 1.712 recibieron esta asistencia, cifra que se elevó hasta los 2.230 en 2017. Sin embargo, lo cierto es que sólo el 30 por ciento de la población a la que podrían aplicarse estos tratamientos llega actualmente a ellos, ya que, según las estimaciones de la Consejería en Castilla y León, habría 8.632 pacientes que tendrían esta necesidad, de los cuales casi la mitad precisarían la atención de equipos avanzados. En cualquier caso, fuentes de Sanidad insisten en que las cifras de pacientes tratados, con toda probabilidad, sería mayor, ya que los criterios de registro no están bien definidos y hay que perfilarlos mejor.

La implicación de la Atención Primaria y la opción del domicilio frente a los centros hospitalarios es otro de los objetivos del plan, y para ello se intentan ofrecer cuidados de calidad adaptados a las distintas fases de su proceso que se prestarán también a su familia y al cuidador, abarcando la fase de duelo. Así las cosas, este primer año de desarrollo del Plan de Cuidados Paliativos se ha saldado con la puesta en marcha de una nueva unidad en Soria, otra en Benavente (cuatro camas) y la ampliación de la de Zamora. El paso más inmediato es lograr unidades en Burgos y Valladolid, donde aun no existe un servicio de estas características en los centros hospitalarios públicos, sino que se tiene concertado con los privados. En el Río Hortega de Valladolid el proyecto está muy avanzado, al igual que en Burgos, a falta de conseguir reorganizar las plantillas de personal para contar con los profesionales necesarios, según señalaron fuentes de Sacyl.

También está ya en marcha una unidad de cuidados paliativos pediátricos en Segovia, que sería la específica de la Comunidad. Sin embargo, en el caso de los niños, el Hospital de los Montalvos de Salamanca se ha convertido en un referente en la forma de actuar con los mas pequeños basada, sobre todo, en la coordinación. Con esta idea se ha diseñado un protocolo de actuación entre la unidad de Pediatría y la de Paliativos y una comisión integrada por profesionales de ambos servicios, a los que se suman psicólogos del equipo de atención psicosocial de la Caixa. Son iniciativas, explica el doctor Francisco Vara, jefe de la Unidad de Paliativos de Salamanca, que surgen «de una necesidad en la que los profesionales se unen para mejorar la atención».

Precisamente, este médico especialista tiene muy claro cuáles son los objetivos a corto plazo en la Comunidad, que pasan por la extensión de la cobertura, ya que actualmente se llega al 65 por ciento de los pacientes oncológicos que necesitan cuidados paliativos y al 30 por ciento en las enfermedades restantes. Continuar con el cambio del modelo de atención hacia un sistema más integral en el que participen todos los profesionales es otra de sus reivindicaciones, así como que el paciente esté tratado allí donde se encuentre y, sobre todo, en su domicilio siempre que sea posible, con el apoyo de la Atención Primaria.

«Si hacemos bien nuestro trabajo, el paciente igual no se plantea la eutanasia»

En el Hospital de los Montalvos de Salamanca se creó en 1998 la primera unidad de cuidados paliativos y es el centro de referencia en Castilla y León. Al frente se encuentra Francisco Vara, un médico especialista que conoce como nadie la actividad de su servicio y la forma de ayudar a los pacientes a hacer frente a una enfermedad para la que no hay curación. Durante estos años, son muchos los cambios que se han producido en la unidad, como superar la idea de que los cuidados paliativos son sólo para enfermos terminales. Francisco Vara explica que «tratamos enfermedades con muchas crisis que precisan de una atención integral, física, emocional y espiritual». «La espiritualidad hay que abordarla», asegura, «porque muchas veces se cree que hay dolor pero lo que hay es que no se ha abordado emocionalmente una enfermedad terminal». Porque en estas situaciones hay «un dolor total que produce una gran depresión y ansiedad ante la incertidumbre de lo desconocido». Todo eso supone «un gran impacto emocional, de ahí que lo importante sea que «el paciente nos cuente lo que le pasa, lo que siente» y no olvidar que «sin atender a la familia es imposible que el enfermo tenga tranquilidad». En este punto, el jefe de la Unidad proclama la «humildad para tratar a los pacientes» y que dejen de ser números en una lista de espera». Sobre la eutanasia, asegura que se trata de un debate social y político y frente a ello reivindica una cobertura adecuada de cuidados paliativos. «Hagamos bien nuestro trabajo y si está bien hecho igual la gente no se plantea la eutanasia», afirma. Una posibilidad que solicitan el dos por ciento de los enfermos terminales. «Hemos comprobado que hay pacientes que piden acabar y cambian de idea tras un tiempo de cuidados», concluye.

Fuente: ABC

Elorrio forma a una veintena de migrantes que cuidan a personas mayores dependientes

elorrioSon sólo una veintena pero representan a la mayoría de las mujeres empleadas en el ámbito del cuidado de personas mayores con dependencia. Se trata de inmigrantes, la mayoría de ellas latinas, que se hacen cargo de la atención de este sector de población en Elorrio. El Ayuntamiento de la villa ha tratado de ayudar a este grupo dotándole de una serie de «conocimientos previos y profesionales en el ámbito sanitario».

Tanto la alcaldesa, Idoia Buruaga, como la concejala del área de Igualdad, Aratxu Uriarte, aseguraron ayer que, «aunque para muchas y muchos sean invisibles, la labor que hacen es indispensable para todas y todos nosotros. En ciertos casos las condiciones laborales que tienen no suelen ser las más idóneas, y en otros, los conocimientos previos en el ámbito sanitario no son muy grandes. Por ello, hemos tratado de ayudarlas, por que si ellas se empoderan ganamos todas y todos».

El curso ‘No hay vida sin cuidados’ fue puesto en marcha en abril por el Ayuntamiento en colaboración con Osakidetza, Kainabera, ElorriLore, Cáritas o Cruz Roja, Las veinticinco horas de formación distribuidas en diez sesiones concluyeron con la entrega de diplomas esta semana. «Han mostrado un gran interés por tratar de formarse y mejorar tanto profesionalmente como personalmente», detallaron responsables municipales a través de un comunicado de prensa.

Un 21,6%, más de 65 años

Estas mismas fuentes informaron que la mayoría de las participantes han sido latinas, perfil de las migrantes que se dedican al cuidado de personas mayores dependientes en Elorrio. La villa, según recoge el Instituto Vasco de Estadística, cuenta con una población de personas mayores de 65 años que ronda en torno al 21,6%. Aunque se desconoce, sin embargo, el número que mujeres que se encarga de ayudar a este sector que presentan algún tipo de dependencia, desde el Ayuntamiento indican que realizan su actividad laboral muchas veces en condiciones de soledad, aislamiento social, y sin conocimientos.

Fuente: El Correo

Montón ofrece «diálogo, diálogo y diálogo» a las CCAA y se volcará en la sanidad universal y dependencia

La nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen MontónLa nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha señalado este lunes que se volcará en recuperar la atención sanitaria universal, en la Ley de dependencia y en «poner a las personas en el centro de todas las decisiones» todo ello desde «el diálogo, diálogo y diálogo y búsqueda de consenso» con las comunidades autónomas. «Las puertas del ministerio están abiertas», ha recalcado.

Montón ha realizado estas declaraciones tras el acto de paso de competencias a la nueva la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, en un acto al que también ha asistido el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Al respecto, ha explicado que desde el pasado jueves estaba ya trabajando con su equipo para devolver la asistencia sanitaria de manera universal. Montón ha explicado que no puede comprometerse a fijar la fecha en la que se derogará el decreto de exclusión sanitaria, porque la «maquinaria» del Ministerio es «más grande», pero ha recalcado que trabajarán para «dejar bien claro que la salud es un derecho y que no admitimos la exclusión sanitaria por razón de procedencia, origen o situación administrativa».

En esta línea, ha recalcado que este derecho es «el que tiene que defender un gobierno decente, que es aquel el que no deja a nadie atrás y una sociedad decente y solidaria, como es la española, tampoco quiere tener una exclusión sanitaria».

«No estamos hablando de dinero sino de salud individual y comunitaria porque la comunidad también se perjudica si hay personas desatendidas por el sistema por la falta de vacunaciones o las enfermedades de declaración obligatoria, que son las contagiosas, y que quedan sin registrar», ha advertido.

LAS PERSONAS, EN EL CENTRO

De este modo, ha señalado que su reto pasa por «poner a las personas en el centro de todas las decisiones» y este es el momento del diálogo con las comunidades autónomas, que son las que realmente son las encargas de la gestión cotidiana». Por ello, ha garantizado que serán «facilitadores de su gestión» y les ayudarán a «planificar mejor y a establecer las reglas del juego para que haya equidad».

Asimismo, no se ha querido olvidar del Bienestar Social que es «fundamental». Así, ha apuntado que hay que «poner en vigor» la «excelente» Ley de dependencia que aprobó el anterior Gobierno socialista de Zapatero en 2006. Para ello, se ha comprometido a pactar también con el tercer sector y con las comunidades autónomas esa puesta en marcha que ahora ha quedado «rezagada».

«Es el momento del diálogo, diálogo y diálogo, búsqueda de consenso y ponernos a trabajar a toda prisa porque magia este gobierno no tiene pero sí muchas ganas de trabajar, ha recogido la ilusión de la calle y desde luego vocación y voluntad de diálogo la tenemos toda y esperamos empezar a cambiar las cosas que este país bien lo necesita», ha apostillado.

Fuente: Expansión

Un pueblo para enfermos de Alzheimer en el sur de Francia

DAXLa localidad de Dax dará hogar a 120 personas con demencias que vivirán junto a cuidadores y voluntarios para que tengan una «mayor libertad».

El suroeste de Francia contará el año próximo con una pequeña localidad construida para dar residencia a personas enfermas de Alzheimer. Se trata de Dax, la aldea con la que un día soñó el fallecido ex ministro socialista Henri Emmanuelli y en la que vivirán 120 pacientes acompañados de un centenar de cuidadores y otros tantos voluntarios.

Sus creadores, que comparten toda la información sobre la villa en su página web, pretenden que los residentes puedan hacer una vida más autónoma, pudiendo pasear por sus calles, realizar sus compras, ir al gimnasio o a la peluquería e incluso disfrutar en el bar y en una pequeña granja.

El suroeste de Francia contará el año próximo con una pequeña localidad construida para dar residencia a personas enfermas de Alzheimer. Se trata de Dax, la aldea con la que un día soñó el fallecido ex ministro socialista Henri Emmanuelli y en la que vivirán 120 pacientes acompañados de un centenar de cuidadores y otros tantos voluntarios.

Sus creadores, que comparten toda la información sobre la villa en su página web, pretenden que los residentes puedan hacer una vida más autónoma, pudiendo pasear por sus calles, realizar sus compras, ir al gimnasio o a la peluquería e incluso disfrutar en el bar y en una pequeña granja.

No habrá batas blancas y los habitantes podrán vivir allí hasta que su situación requiera de una atención más exhaustiva debido al avance de su enfermedad. El objetivo, apuntan, es ofrecer una alternativa a las residencias y a la vida en la ciudad, que supone un importante riesgo para ellos, que se desorientan con mucha facilidad.

El show de Truman

El proyecto se inspira en el que ya está funcionando de forma similar en la localidad holandesa de Weeps, pero con la peculiaridad de que en Francia se llevará a cabo un estudio comparativo entre los pacientes del pueblo y los que residen en instituciones tradicionales para «medir el impacto de los nuevos enfoques terapéuticos», explica uno de los responsables de Dax, el neurólogo JeanFrançois Dartigues, a Le Monde

Según el doctor «permitirles vivir en un pueblo casi normal ayuda a mantenerlos dentro de la participación social». «El cerebro es el órgano de las relaciones humanas por excelencia», apostilla el profesional del hospital universitario Pellegrin de Burdeos. En Dax se han invertido 28 millones de euros y su presupuesto anual ascenderá a 7 millones de euros.

Medirán, entre otras cosas, si los pacientes necesitan en este entorno la misma cantidad de medicamentos que en otros centros. Los residentes pasearán libremente porque el pueblo está dotado de diversas medidas de seguridad, algo que han descrito algunos como un paralelismo con la película El show de Truman, tal y como recoge el Telegraph.

 

Fuente: El Español

Ceaps plantea reformas «cualitativas» para que se cumplan los objetivos de la Ley de Dependencia

ceaps_2«Esperamos que la Ley de la Dependencia cumpla los objetivos para los que fue creada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tras el retraso sufrido en su desarrollo por la crisis en los últimos años». Con estas palabras, la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia, Cinta Pascual, daba la bienvenida a la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.

Para este colectivo, lo fundamental es «plantear reformas cualitativas en la aplicación de la Norma pensando en las personas mayores y que el presupuesto de la Dependencia sea finalista», como apuntaba Pascual, teniendo en cuenta que la Ley convertía en Derechos la atención a las personas mayores.

Por ello pedirán una reunión urgente a la nueva ministra para lograr que el proceso de mejoras en la Ley sea una prioridad para el nuevo Gobierno.

OTROS RETOS

Además, el pasado mes, CEAPS, junto a agrupaciones de mayores de toda España, entre ellas CEOMA y Mayores UDP, lograba impulsar una enmienda para lograr la unificación del IVA en el acceso a las personas mayores.

De hecho, lo que ha logrado es la aprobación de una reducción, al 4%, del tipo impositivo que se aplica a los servicios de atención a las personas dependientes y que cuenten con una financiación pública que cubra, al menos, el 10 por ciento de su precio. La enmienda a la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, que había sido pactada por PP y PDeCAT.

Pero esta medida sólo beneficia a la mitad de los afectados por la paradoja del doble, así que CEAPs pretende que el Gobierno siga trabajando para que todos los usuarios paguen el mismo IVA.

CEAPS

El Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia es la mayor asociación de atención a la dependencia de España, es ya una realidad. Integrada por las patronales mayoritarias de atención a los mayores de Andalucía, Cataluña, Castilla la Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Asturias, Aragón, Madrid y País Vasco, el CEAPs es en el máximo referente estatal en el sector de la atención a los mayores, gracias a las más de 180.000 plazas y servicios que aportan las respectivas patronales territoriales y las empresas a nivel nacional.

En concreto, las entidades integradas en el Círculo Empresarial de Atención a las Personas son la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), la Federación Castellano Leonesa de Residencias Tercera Edad (ACALERTE), la Asociación Gallega de Residencias de la Tercera Edad (AGARTE), la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (ARTECAM), la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE), la Asociación de Recursos Asistenciales de Euskadi (ELBE), la Asociación Cordobesa de Unidades de Estancia Diurna y Centros de Atención a la Dependencia (ACUED), la asociación Asorex de Estremadura, Arade, de Aragón, la asociación Ascege de Asturias y la Asociación de Atención Sociosanitaria en Residencias Privadas Extremeñas (ASOREX), y Tunstall Televida.

El Congreso da un paso adelante en favor de los mayores y dependientes

IMG-20180517-WA0012CEAPs valora el avance conseguido en favor de los mayores para una equiparación parcial del IVA aplicado a la Dependencia y seguirá trabajando para la consecución de un Pacto que consiga la aplicación total a todos los dependientes.

Hoy el Congreso de los Diputados, en la tramitación y negociación de los PGE 2018, ha dado un importante paso adelante en la equiparación del tipo de IVA que pagan los mayores por los servicios de atención a la Dependencia. El pleno del Congreso ha admitido la Enmienda transaccional presentada por PDeCAT, apoyada por GPP y promovida por CEAPs – Circulo Empresarial de Atención a las Personas, la organización empresarial más representativa del sector de la Dependencia, y que se aprobará, con toda probabilidad, esta misma tarde.

Esta enmienda transaccional viene a mejorar la presentada por el GPP, unificando al 4% el tipo de IVA aplicable para todos los dependientes (anteriormente del 10% del IVA para las plazas y servicios privados o con una intensidad de ayuda pública, mediante Prestaciones Vinculadas al Servicio (PEVS), menor del 75%) cuya intensidad de ayuda pública sea del 10%. “Esta medida, aunque no alcanza al conjunto de los mayores y dependientes, como es nuestro primer objetivo, sí aliviará, de manera significativa, la economía de muchos dependientes que podrán ver un ahorro mensual importante por los servicios y prestaciones que reciben del Sistema de Dependencia”, ha declarado la presidenta de CEAPs, Cinta Pascual.

CEAPs calcula que esta unificación del IVA afectará, al menos, a la mitad de las personas que actualmente están pagando un tipo de IVA mayor por los necesarios servicios y plazas del Sistema de la Dependencia, es decir, a unos 100.000 mayores.

CEAPs, y con la ayuda del resto de entidades del sector, aunque satisfecho con este avance, va a seguir trabajando para conseguir la total equiparación del IVA para todos los dependientes (no se benefician de esta medida la lista de espera ni los mayores que acceden a servicios de naturaleza privada), por lo que continuará trabajando con las administraciones y los partidos políticos para la consecución de un Pacto para  que en el próximo ejercicio presupuestario se pueda generalizar esta unificación del IVA a todas las personas que en España necesitan de atención y asistencia profesional. “Es una medida justa para los ciudadanos y buen para este sector de actividad, que es estratégico en el estado de bienestar de los españoles, más si cabe con el reto demográfico al que nos estamos enfrentando y que debe tener respuesta por parte del estado”, ha declarado Pascual.

Esta reivindicación sectorial no es nueva, se viene repitiendo desde la creación del sistema de dependencia, pero no ha sido hasta ahora, con el impulso de CEAP y la unión de todo el sector en torno a un Manifiesto, recientemente presentado y difundido a escala nacional, cuando el gobierno y el congreso lo han tenido en cuenta y aprobado para el Presupuesto 2018 que se está tramitando en estos días. La unión del sector ha contado también con el apoyo explícito de las asociaciones de mayores de todo el país como CEOMA, UDP, AESFAS y otras muchas entidades empresariales, profesionales y empresas adheridas. Enlace comunicado Manifiesto

¿Qué es una Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS)?

Las personas con un grado de dependencia reconocido también pueden optar por una prestación económica vinculada a un servicio (PEVS). Esta prestación económica tiene carácter periódico y se reconocerá sólo cuando el acceso a un servicio público o concertado no sea posible y se establecerá en función del grado de dependencia y la capacidad económica de la persona beneficiaria. Esta prestación estará vinculada a la adquisición del servicio al que se tiene el derecho reconocido (centro de día, ayuda a domicilio, plaza residencial…).

Colectivos de mayores y el sector de la dependencia se unen para reclamar que el IVA sea del 4% por justicia social

IMG-20180517-WA0012Los presidentes de Ceoma, UDP y AESFAS, junto a otras entidades que agrupan a más de 5 millones de mayores y la confederación empresarial CEAPs, junto a sus asociaciones miembro y otras patronales, con más de 200.000 plazas en centros residenciales y de día más otros servicios asistenciales, firman un Manifiesto por la equiparación del IVA al 4%.

El sector de la dependencia unido. Los colectivos de mayores que agrupan a más de 5 millones de mayores y pensionistas y el sector empresarial de atención a la dependencia, que aglutina más de 200.000 plazas (solo en plazas residenciales y diurnas) han firmado esta mañana en la sede del Imserso en Madrid un Manifiesto con el que han mostrado públicamente su unidad ante una de las reivindicaciones más perseguidas por ambos colectivos en los últimos años.

Según expone en el Manifiesto «no se trata de aplicar una medida fiscal, sino de hacer justicia social«. Para el centenar de entidades de sector de la dependencia firmantes no existe justificación posible a que un mismo servicio, en un mismo lugar y a una misma persona, tenga una tributación diferente. Se trata de lograr que todas las personas paguen el mismo IVA por acceder a los mismos servicios. Se da la paradoja de que el sector de la Dependencia, uno de los más sensibles, es el único con dos tipos de IVA diferentes según sea quien pague la factura. Un 4% si quien abona la misma es la administración pública y un 10% si quien paga es una persona privada.

La presidenta del Circulo Empresarial de Atención a las Personas -CEAPs – Cinta Pascual ha afirmado que la dependencia «es un derecho universal» y por lo tanto van a defenderlo y a conseguir que escuchen su petición porque «beneficia a los mayores dependientes y a la economía«, ya que, en su opinión, si se ocupan todas las plazas vacías se podría «conseguir incentiva la recuperación en la parte económica«.

Las entidades firmantes defienden un modelo de atención a la dependencia que «dé respuesta» a las necesidades de las personas y que «las ponga en el centro del sistema«, por lo que ven «totalmente necesario» mejorar la dotación presupuestaria en la atención a los más dependientes.

Cinta Pascual, durante su intervención, explicaba con un ejemplo la desigualdad existente en el sector. «Se puede dar el caso de que en una habitación doble dos amigas que la comparten paguen diferente tipo de IVA, una un 4 por ciento porque ya tiene acceso a través de la Ley de Dependencia y otra que paga un 10 por ciento de IVA porque aún no tiene reconocida la prestación o porque está en espera de que se le adjudique el servicio. Una injusticia que no puede ser admisible en un sector como este, en el que no es justo tener que pagar un impuesto por tener que ser atendido«.

El pasado miércoles, 16 de mayo, se aprobó una enmienda parcial que mira de mejorar esta situación, pero más allá de corregirla sigue siendo injusta y discriminatoria, por ello estamos convencidos que debemos seguir trabajando para visualizar está situación y finalmente se hará justicia, porque es de sentido común.

Las entidades firmantes se comprometen a trabajar para la eliminación de esta diferencia y lograr que el usuario no se vea perjudicado y pague el mismo tipo de IVA cuando acuda de forma privada a recibir un servicio lo que podría llevarle a un ahorro medio de 100 euros al mes en España, más de 1.200 euros al año, según los cálculos realizados por la propia entidad de la que se beneficiarán 200.000 usuarios de servicios residenciales en España. Manifestaciones en el mismo sentido de sorpresa ante esta realidad y de apoyo al Manifiesto y a las acciones que se están llevando a cabo, han sido expresadas por los presidentes de CEOMA, UDP y AESFAS, Ángel Quesada, Saturnino Álvarez y Angelina Fernández, respectivamente.

FIRMANTES. Entre las organizaciones que firman el Manifiesto están la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), la Asociación Española de Funcionarios y Amigos Senior (Aesfas), la Federación de Jubilado de Cajas de Ahorro, la Asociación de Veteranos de RTVE, la Fundación Edad & Vida; el Circulo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste) y el Consejo Español para las Personas con Discapacidad y Dependencia (Ceddd); así como otras entidades autonómicas y provinciales.

Enlace a Video relacionado: http://ceaps.org/convocatoria-acto-firma-manifiesto-iva-al-4/

Instrumentos y procedimientos para la aplicación efectiva de la Atención Centrada en la Persona ACP

Curs gestió Associacions GG_Mancomunitat 2014 (1)bAmade, como muestra de su compromiso con la formación, ha organizado un nuevo curso en materia de Atención Centrada en la Persona, ACP.

El seminario «Instrumentos y procedimientos para la aplicación efectiva de la Atención Centrada en la Persona ACP» esta diseñado para todos aquellos profesionales que ya han recibido formación básica en ACP o conocen el modelo y quieren profundizar y conocer con mayor detalle cómo aplicar la ACP en su centro. Se presentan todo un conjunto de instrumentos, procedimientos para su efectiva implantación.

Durante este seminario se procederá a la revisión de los conceptos, principios y objetivos de la atención centrada en la persona. También se presentarán las premisas fundamentales para que la implantación del modelo ACP se desarrolle con éxito, destacando la importancia de los profesionales. 

En el ámbito de los recursos humanos, se revisarán los mecanismos para evaluar la motivación y el estado de anímico de los profesionales de campo encargados de la implementación de la ACP. Así mismo, se desarrolla y profundiza las diferentes figuras profesionales, instrumentos y procedimientos necesarios para hacer efectiva la ACP.

Es seminario está especialmente dirigido para aquellos profesionales de atención directa e indirecta de cualquier centro o servicio de atención a personas en situación de dependencia que ya conozcan el modelo de atención centrada en la persona ACP y quieran profundizar en aspectos concretos de su implantación.

Durente el seminario se realiza la propuesta de un itinerario efectivo para llevar a cabo una implantación de ACP en un centro. Como paso previo se debe evaluar cual es el estado de la organización procediendo a la revisión de sus fundamentos.

Debido al papel fundamental de los profesionales del centro, se verán cuales son los mecanismos de evaluación de los profesionales y se diseña su preparación. Se desarrolla la figura del profesional de referencia: sus funciones, sus responsabilidades, y se revisan ejemplos prácticos.

La Historia y Estilo de vida de la persona constituyen el eje central del conocimiento de la persona. Se proponen los instrumentos ACP para trabajar con la persona usuaria.

Otro aspecto fundamental de la ACP es el Programa Individualizado de Atención desde una perspectiva ACP: PAyV.  Adaptación y revisión de los procesos asistenciales y del modelo de intervención. Y no podemos olvidar el papel de la familia y entorno.

La revisión de aspectos ambientales cómo complemento necesario en la aplicación de un modelo de Atención Centrado en la Persona, y la defenición de unos parámetros básicos. También se aborda la presentación de modelos y técnicas complementarias a la Atención Centrada en la Persona.

Y como los resultados de toda acción deben ser medidos se presentaran los mecanismos básicos de evaluación de la aplicación de la atención centrada en la persona.

El seminario será conducido por Dª. Raquel Calatayud, Gerontóloga, Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Licenciada en Derecho, Máster en Gerontología Social Aplicada, cofundadora y Socia- Directora en Camon Consulting, docente en diferentes cursos de postgrado especializados en Dependencia, 17 años de experiencia en gestión de centros y servicios de atención a la dependencia.

El seminario tendrá lugar el próximo día 12.06.2018 de 9 a 15:30 h en la sede de AMADE, C/Iriarte, nº1- local-. Madrid 28028

DESCARGAR FICHA DE INSCRIPCIÓN.

Oltra se salta su propia ley al incumplir los plazos de asistencia a los dependientes

MONICA OLTRAEl Síndic carga contra el Consell por no respetar su norma sobre Procedimientos de Emergencia Ciudadana y no informar a Les Corts.

«No podemos pasar por alto la falta de impacto que ha tenido la entrada en vigor de la Ley de la Generalitat 9/2016 de Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana». Casi dos años después de una de las que debía ser medida estrella en políticas sociales del gobierno del tripartito, es el propio Síndic el que carga contra la falta de respeto que la Generalitat tiene hacia la aplicación de la norma. El espíritu del texto legal era reducir a la mitad los plazos en asuntos como valoraciones de discapacidad, expedientes de dependencia o pago de rentas básicas, «aquellos destinados al desarrollo de una vida digna y que se tramitarán por la vía de urgencia», como explicaba la citada ley.

Nada más lejos de la realidad. Aunque el avance en estas materias dentro de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, gestionada por Mónica Oltra, ha sido notable, y así se lo reconoce el Síndic («con un significativo incremento de sus dotaciones presupuestarias, que ha permitido paliar algunas graves deficiencias en materia de prestaciones sociales, avanzando en los pagos de los beneficiarios en materia de dependencia o en los correspondientes a la Renta Garantizada de Ciudadanía»), el informe anual del Defensor del Pueblo presentado la semana pasada afea a la administración autonómica el nulo efecto. «Los retrasos en muchos de estos procedimientos siguen siendo exorbitantes y, lo que es más grave, la administración, en un sinnúmero de casos, sigue actuando como si la ley comentada no estuviera en vigor», es el duro párrafo del Síndic.

Advertencia previa

La queja del Defensor del Pueblo valenciano sobre las dilaciones en materias de bienestar social ya se elevó el año pasado. Entonces, la memoria «advertía sobre los importantes retrasos que se estaban produciendo, no sólo en el reconocimiento efectivo de determinados derechos en el área social, sino, incluso, en las respuestas a los requerimientos de información por parte de esta institución».

La loable intención de la Ley de Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana también era puesta en duda el año pasado por el Síndic. «Reducir a la mitad los plazos ordinarios, cuando el desproporcionado incumplimiento de éstos suele ser, todavía hoy, la causa de la mayoría de las reclamaciones, va requerir de un extraordinario esfuerzo en medios materiales y humanos por parte de la administración de la Generalitat», auguraba ya hace un año el Defensor.

«Años de austeridad»

«Es evidente que ese esfuerzo, si se ha realizado, no ha tenido éxito», concluye el Síndic, para subrayar cómo la aplicación del espíritu de la ley se ha visto muy dificultada por las «mermadas plantillas» del Consell tras «años de políticas de austeridad», cargando también algo las tintas sobre la responsabilidad del anterior Gobierno del PP en la imposibilidad de mejorar esta parte de la política social.

La rendición de cuentas que la citada ley establece por parte del Consell ante el Parlamento también hace aguas. «La disposición adicional segunda de la ley ordena al Consell remitir anualmente a Les Corts un informe sobre la situación y el estado de la tramitación de los procedimientos declarados de emergencia ciudadana», explica el Síndic. Doce meses después, ni rastro de esa información. «Transcurrido más de un año desde la entrada en vigor de la tan citada Ley, al Síndic no le consta que ese informe haya sido remitido a la Cámara o que haya sido reclamado por ésta».

El Defensor acaba afirmando con cierta ironía que no resulta «ocioso requerir una mínima evaluación de la eficacia de esta norma y de su afección sobre los derechos y prestaciones que pretende proteger».

Retrasos de 19 meses en las valoraciones de discapacidad

El retraso en el reconocimiento de las prestaciones por dependencia sigue siendo el principal problema que la ciudadanía denuncia ante el Síndic. Es el primero de los datos del informe anual que tira por tierra la aplicación de la Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana. No es el único. La atención a las personas con discapacidad es otro de los gruesos de las reclamaciones que recibe el Defensor del Pueblo. Y la mayoría de ellas «vienen a denunciar los considerables retrasos que se producen a la hora de realizar las valoraciones necesarias para resolver sobre el grado de discapacidad». La propia Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas reconoce en una respuesta al Síndic la existencia de esas dilaciones. Se trata de «demoras en los centros de valoración de 19 meses en Alicante, 14 meses en Valencia y 13 meses en Castellón», como recoge el dossier del Síndic.

El informe incide en recordar cómo la Ley aprobada en 2016 se comprometía en reducir a tres meses el plazo para resolver las solicitudes de discapacidad. El Defensor reconoce su «perplejidad» al responder la conselleria que la demora se debe a «causas de fuerza mayor», cuando para el Síndic es por «un problema estructural de plantilla». La solución para el Síndic es sencilla: «Adecuar la organización y medios personales y materiales de la administración a las leyes que se aprueban». Que las normas no queden en papel mojado. Igualdad contestó al Síndic que la plantilla se iba a ampliar con equipos temporales y que se crearían nuevas plazas con los presupuestos de este año. «Confiamos en el éxito de estas medidas», es el anhelo del Defensor del Pueblo.

Fuente: LAS PROVINCIAS

Presentado en Pamplona MapEA, el estudio que explora la situación del Alzheimer en las comunidades autónomas para mejorar la calidad de vida de los afectados

Foto• El número de casos de demencias en Navarra se triplicará para el año 2050.

• Aurora Lozano, Presidenta de AFAN: “Es imprescindible disponer en Navarra de unos servicios mínimos de atención a personas con Alzheimer y sus familiares”

• Dr. Martín Carrasco: “La mejora de la situación vendrá con la aprobación y el desarrollo del Plan Nacional de Alzheimer”.

Esta mañana se presentó en Pamplona el Informe MapEA, un estudio que explora la situación de los recursos y herramientas que tienen las comunidades autónomas frente al Alzheimer.

El proyecto «Mapa de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias en España» analiza el estado actual de las herramientas de planificación y organización, actividades de prevención y detección temprana, proceso asistencial y recursos específicos disponibles en las comunidades autónomas para la atención y el cuidado de las personas con deterioro cognitivo y demencia, con el objeto de identificar las áreas de mejora y emitir recomendaciones.

Se prevé que, en 2050, el número de casos de demencia se triplique en Navarra, con las importantes consecuencias socio-sanitarias y económicas para la Administración y las familias. Por este motivo, resulta necesario un plan de acción integral que permita minimizar el impacto de esta enfermedad.

El estudio permite hacer una reflexión y análisis para abordar el estado actual del Alzheimer

En la jornada, Aurora Lozano, presidenta de AFAN (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Navarra), señaló en su intervención que “desde AFAN consideramos de gran importancia conocer los recursos que disponemos en Navarra los familiares y personas afectadas por el Alzheimer y por eso valoramos positivamente el informe”.

Por su parte, Jesús Rodrigo, director ejecutivo de la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA), afirmó que “el proyecto MapEA representa una herramienta de indudable valor no sólo para conocer cuál es la dotación de recursos de las diferentes Comunidades Autónomas y si está o no correctamente dimensionado para atender a las personas afectadas, sino también para establecer los procesos de reflexión y análisis que permitan valorar el estado actual del abordaje del Alzheimer y señalar vías o propuestas de mejora para que, en el marco de un Plan nacional de Alzheimer, los derechos de las personas de recibir las atenciones y servicios que requieren en las diferentes fases de la evolución de la enfermedad sean conveniente y adecuadamente satisfechos”.

En la presentación del Informe MapEA también intervino Antonio Ciudad, responsable médico de Neurociencias de Lilly, quien agradeció a los presentes su disposición para celebrar la jornada y puso de manifiesto las peculiaridades del abordaje, diagnóstico de los afectados por el Alzheimer, así como la voluntad y compromiso para mejorar su calidad de vida. “Desde Lilly compartimos con la comunidad científica y con la sociedad los resultados de la investigación clínica realizada en el campo del Alzheimer desde hace más de 30 años, en los que llevamos buscando un medicamento que cambie el curso de esta enfermedad”, ha señalado el Dr. Antonio Ciudad, responsable médico del área de Neurociencias de Lilly en España. “Con el mapa de Recursos de la Enfermedad de Alzheimer, hemos querido conocer los servicios disponibles en cada Comunidad Autónoma, así como el circuito sanitario y social por el que cada paciente y familia debe pasar. Esperamos que conocer esta información permita ofrecer a las personas con demencia y quienes les cuidan el abordaje integral necesario para su mejor cuidado.”

El Informe MapEA

El Dr. Manuel Martín Carrasco, Director Médico de la Clínica Psiquiátrica Padre Menni de Pamplona y miembro del Comité nacional del Proyecto MapEA, destacó “el papel relevante de Navarra en la elaboración del Proyecto MapEA, tanto como lugar de reunión del Comité nacional del proyecto como por la realización en nuestra comunidad del estudio piloto. Es muy difícil en nuestro país tener una visión de conjunto, por lo que todo lo que pueda ayudar, como esta herramienta a unificar criterios, es bueno y nos va a servir para tener una visión de conjunto de la realidad del Alzheimer”.

La aprobación del Plan Nacional de Alzheimer, clave para el futuro

Manuel Martín Carrasco concluyó su intervención haciendo hincapié en que  “existe un amplio margen de mejora, que puede conseguirse mediante la aprobación y el desarrollo de un Plan Nacional de Alzheimer, respaldado por un compromiso de voluntades políticas profundo y veraz, y que será el marco idóneo para el desarrollo de las potencialidades existentes”.

Inés Francés de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, comentó desde el punto de vista de la administración “es un estudio muy importante para saber que se están haciendo. Proceso asistencial, la misma línea que el resto de comunidades, los familiares detectan y en algunos casos pueden partir desde los recursos sociales. Y destacó cinco elementos de mejora:

  • Iniciativas de comunicación y sensibilización de la sociedad.
  • Plan de formación y protocolos que mejoren la relación con los pacientes.
  • La creación de programas estandarizados de tratamientos no farmacológicos
  • Seguimiento desde la atención primaria
  • Creación de programas dirigidos a cuidadores.

Por su parte Victoria Erice, Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de Navarra, AFAN, destacó que “somos la voz y el apoyo de un montón de gente que se enfrente a situaciones muy duras día a día. Y para ello necesitamos un diálogo permanente con la administración”.

También intervinieron en la jornada tres expertos que han compartido la visión desde sus respectivos ámbitos de especialidad: Félix Zubiri, Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria; Rosa Larumbe, Coordinadora Unidad de Deterioro Cognitivo y Demencia del Servicio de Neurología del Complejo Hospitalario de Navarra; José Joaquín Roldán, Clínica Psicogeriátrica Josefina Arregui (Alsasua).

Luis Gabilondo y Aurora Lozano clausuraron el acto agradeciendo a AFAN, CEAFA y Lilly la organización de la jornada. Gabilondo ha señalado que “el impacto del Alzheimer será aún más preocupante en el futuro si no conseguimos nuevas vías de investigación, ha analizado los déficits del abordaje socio-sanitario del Alzheimer en Navarra y destacado los próximos pasos que se implementarán desde la administración para mejorar esta situación

Actualmente hay en Navarra cerca de unas 8.000 personas de las cuáles 3.586 ya están incorporadas a la estrategia de crónicos, de los cuáles 2.520 en la zona de Pamplona, 518 en la zona de Tudela y 466 en la zona de Estella.

La Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) es una entidad que agrupa a más de 300 Asociaciones de Familiares, y que representa los intereses y necesidades de los más de 4,2 millones de personas que conviven en España con la enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (incluyendo también a los familiares cuidadores). El Alzheimer representa más del 60% de la dependencia en el país, y supone un coste anual de 35.000 millones de euros.

AFAN (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Navarra)

Es una asociación sin ánimo de lucro, asistencial, declarada de utilidad pública, acreditada como centro Sanitario por el Gobierno de Navarra y financiada con las aportaciones de los socios, subvenciones de instituciones y entidades, y donativos.

Nuestra misión es proporcionar información, formación y apoyo para hacer más llevadera la enfermedad. Así como apoyar todas las iniciativas que investiguen sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une pasión con descubrimiento para mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Nuestra compañía fue fundada hace más de un siglo por un hombre comprometido a fabricar medicinas de gran calidad que atienden necesidades reales. Hoy seguimos siendo fieles a esa misión en nuestro trabajo. En todo el mundo los empleados de Lilly trabajan para descubrir y ofrecer medicinas vitales a aquellos que las necesitan, mejorar la comprensión y el tratamiento de la enfermedad y contribuir a las comunidades a través de la acción social y el voluntariado. Si desea más información sobre Lilly, visite www.lilly.com, http://newsroom.lilly.com/social-channels y www.lilly.es.

El 30% de cuidadores dedica más de 10 horas diarias a asistir a sus familiares

cuidado-paliativo-adulto-mayor-3Cerca de un tercio de las personas con autonomía limitada requiere apoyos durante más de doce horas día tras día. Siete de cada diez hogares indican que la situación aumenta sus gastos y seis de cada diez, que los asumen sin ayudas.

Jornadas maratonianas de atenciones, necesidades de asistencia no siempre satisfechas y gastos extraordinarios asumidos en demasiados casos sin ayudas forman parte de la radiografía de la dependencia dibujada por el Instituto Galego de Estatística en la tercera oleada del capítulo específico sobre limitaciones de la autonomía personal y su impacto en el día a día de los hogares. La estadística se apoya en las respuestas de personas que se autoclasifican en situación de dependencia o que cuidan, de forma no remunerada, a otros con necesidades de apoyo y es por tanto ajena a los datos oficiales sobre el despliegue de la ley de dependencia, que al cierre de 2017 cuantificaba en la Comunidad más de 67.000 demandantes con derecho a prestaciones, más de 55.000 de ellas con apoyos en activo con cargo al sistema.

Algo más del 30% de las personas que cuidan a familiares en situación de dependencia afirman que las labores de asistencia le ocupan más de 70 horas semanales (más de diez horas por jornada). Para otro 29% los cuidados absorben entre 30 y 69 horas a la semana y el 40% restante se reparte a partes iguales entre quienes dedican menos de quince horas semanales a la atención y quienes se mueven entre 15 y 29. La exigencia horaria es menor entre las personas que, sin retribuciones de por medio, prestan asistencia a terceros con los que no guarda ningún vínculo familiar.

Y es que la necesidad de cuidados es intensa y entre las personas que se autodeclaran como dependientes son mayoría (57%) las que afirman precisar apoyos siete o más horas por jornada, siendo más del 28% las que necesitan asistencia durante más de 12 horas diarias. El capítulo específico de dependencia incluido en la Encuesta Estructural a los Hogares de 2017 identifica asimismo cuáles son las actividades que más frecuentemente se ven obstaculizadas por las limitaciones en la autonomía personal de los encuestados: más del 90% no puede hacer frente sin apoyo de terceros a las tareas del hogar, planificar y gestionarlas compras y suministros del día a día o utilizar el transporte público. Ocho de cada diez aseguran precisar asistencia para asearse o lavarse y sólo uno de cada cinco puede vestirse sin ayuda de ningún tipo. El 77% afirma no sentirse capaz de gestionar su dinero sin supervisión y un porcentaje ligeramente superior necesita algún grado de ayuda (desde un simple acompañamiento hasta la asunción total de la tarea) para evitar peligros dentro de la vivienda como pueden ser cerrar el gas o no dejar fuegos encendidos. Más del 70% de las personas con dependencia subjetiva encuestadas aseguran también requerir apoyos en mayor o menor medida para pedir auxilio y, por ejemplo, realizar una llamada de emergencia. Un 3,6% de los encuestados en situación de dependencia dicen contar con menos horas de cuidados de las que necesitan, mejorando en casi medio punto el dato de 2011.

Más de cien mil hogares

En total, son 117.875 las personas que en 2017 se declaran en situación de dependencia en Galicia —un 25,06% más que en la lectura anterior, realizada en 2011—, que equivalen a un 4,4% de la población. Así, de la encuesta se extrae que el 10,15% de los hogares de la Comunidad —107.577 en total— cuenta con algún miembro con limitaciones en su autonomía personal, ligeramente por encima del 8,38% medido en la encuesta de 2011 y del 9,44% de la primera edición del estudio, correspondiente al ejercicio 2007. En cuanto al impacto en la economía familiar, el 72,15% de los hogares con personas en situación de dependencias aseguran que esta circunstancia se traduce en mayores cargas económicas, costes que el 59,84% aseguran asumir en solitario y que el 12,32% dicen afrontar con ayudas (cinco puntos menos que en la lectura de 2011).

En cuanto a la distribución de las tareas de cuidado en función del sexo, la encuesta específica del IGE sobre el impacto de la dependencia en los hogares refleja una tendencia a la compensación. En 2007, el 72,27% de las personas que estaban asumiendo el rol de cuidadores eran mujeres frente a un 27,73% de varones. Los porcentajes se aproximaron en 2011 a razón de 68,99-31,01 y la distancia se volvió a acortar en 2017 con un 62,76-37,24.

Fuente: ABC