Dependencia
Jaén registró el mayor porcentaje de solicitudes de Dependencia entre 2008 y 2011
El presidente del Consejo Económico y Social de la Provincia (CES Provincial), Luis Parras Guijosa, ha presentado hoy el dictamen ‘Análisis de la aplicación de la Ley 39/2006 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia de la provincia jienense’, un estudio que ha comprendido el período de 2008 a 2011.
Entre las principales conclusiones, en ese período de tiempo el número de solicitudes de acceso al nuevo sistema de atención a al dependencia en la provincia de Jaén supuso el porcentaje más alto de la población en comparación con el ámbito autonómico y estatal, pasando de un 3,84%, es decir 25.586 solicitudes de la población en 2008; al 9,36% en 2011 con 62.825 solicitudes.
En el mes de junio de 2010, el número de solicitudes en Andalucía estaba cercano a suponer la tercera parte del total de solicitudes del país, “lo que da a entender el nivel de conocimiento de la Ley entre la población y la adecuada respuesta que desde la Red de Servicios Sociales Comunitarios se ha dado desde el inicio de su puesta en marcha”, ha valorado Parras Guijosa. Y es que las solicitudes en Jaén suponen el 13,02% de las solicitudes de Andalucía.
Con relación al porcentaje de dictámenes realizados respecto al número de solicitudes, de nuevo en 2011 el porcentaje en la provincia fue del 97,80%, frente al ámbito autonómico (91,90%) y estatal (93,55%). Fue mayoritario el número de dictámenes de Grado III, pasando a ser mayor el numero de los Grado II en 2011.
En cuanto a los servicios y prestaciones recibidas por las personas usuario del sistema, en el período 2008 a 2011 es mayoritario con gran diferencia el número de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, seguido del servicio de teleasistencia domiciliaria y el servicio de ayuda a domicilio. “Es importante señala cómo se refleja la apuesta realizada por la Junta de Andalucía para ofrecer su propio servicio de Teleasistencia en un elevado número de personas”, recuerda Parras Guijosa.
En cuanto a la diferencia por sexo, el número de solicitudes de mujeres dobla al de hombres, siendo en ambos sexos el mayor número correspondiente a personas mayores de 80 años, tanto a nivel provincial como nacional.
En el mes de junio de 2010, el 75% de las personas con valoración de Grado III o Grado II están recibiendo un servicio o una prestación del catálogo de la ley. El número de auxiliares domiciliarias en el servicio de ayuda a domicilio se había triplicado en el mes de junio de 2010, respecto al período anterior a la Ley.
Con relación a los recursos disponibles en la provincia, el mayor número de plazas corresponde a las residencias para personas mayores, siendo los recursos con el menor número de plazas disponibles los destinados a personas con discapacidad.
Por todo ello, el dictamen concluye que “un sistema publico tan reciente y que tantos ingresos genera a la economía de un país merece su reforma, su mejoramiento, pero nunca su debilitamiento”, emplazando a un próximo informe ante los últimos recortes a la Ley de la Dependencia.
Catalunya cierra 107 geriátricos en los últimos cinco años
Un total de 107 geriátricos han cerrado desde 2008 en Catalunya, con una media anual de 20 clausuras que se ha mantenido estable pese a los impagos de la Generalitat, que aún adeuda a los centros los conciertos correspondientes a julio de 2012, según datos de la Conselleria de Benestar Social i Família.
Fuentes del departamento que lidera Neus Munté han explicado a Europa Press que se han cerrado algunos centros pero también se han abierto otros, y han desvinculado los cierres de la crisis y de los retrasos en los pagos de la Generalitat, después de que las patronales del sector lo hayan achacado a la deuda de la administración pública catalana. «La cifra de cierres no ha variado de un año a otro, por lo que no es posible vincularla a la crisis o a los retrasos», sostiene la Conselleria, que ha añadido que cuando un geriátrico cierra es por decisión propia, o bien por orden judicial por deudas acumuladas o irregularidades en los pagos.
En 2008 cerraron 19 residencias; en 2009, 20; en 2010, 21; en 2011, 25, y en 2012, 22, lo que supone una reducción de dos respecto al año anterior, aunque la cifra se ha mantenido estable desde el inicio de la crisis.
La presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (Acra), Cinta Pascual, cifró en su última comparecencia en el Parlament en 50 millones los retrasos en los pagos de la Generalitat, aunque la Conselleria asegura que «cuando se aprueba una prestación económica vinculada (PEV) para que un residente ingrese en un centro, hay un margen de dos o tres meses hasta regular el pago, que se acaba haciendo con carácter retroactivo».
Deuda no reconocida
El presidente de la patronal de pequeñas y medianas residencias catalanas Upimir, Vicente Botella, ha alertado a Europa Press de que «la Generalitat no reconoce las residencias los retrasos correspondientes a las PEV», ya que es una modalidad de prestación que se abona directamente a los usuarios, aunque la mayoría de veces se dirige a los centros para agilizar trámites.
Por eso, algunas residencias han empezado a entregar facturas simbólicas a los usuarios en que se les informa de la deuda que acumula la Generalitat por su plaza: «A los residentes les pagan con tres o cuatro meses de retraso, pero a los centros nos pagan hasta un año más tarde», ha afirmado Botella.
Deuda por plaza
Botella también han explicado que la Generalitat adeuda 1.600 euros de media por cada plaza colaboradora y 1.900 por cada una de las concertadas, por lo que ha alertado de la «asfixia» del sector. Además, ha cifrado la deuda acumulada en entre un 12% y un 20% de la facturación anual de los centros: «Es muy difícil sobrevivir así. Tenemos beneficios pero no liquidez, porque la Generalitat no nos paga».
El número de usuarios de servicios asistenciales a domicilio alcanza los 1,2 millones, según un informe de DBK
El número de usuarios de servicios asistenciales a domicilio se sitúa en los 1,2 millones y el mercado alcanza los 1.600 millones de euros en 2012, lo que supone «una tendencia de desaceleración en el crecimiento en los últimos tres años», según un informe de DBK, filial de Informa D&B (Grupo CESCE).
«La desfavorable coyuntura económica, la contención del gasto público en este tipo de servicios y la ralentización en el desarrollo de la Ley de Dependencia han sido los principales frenos al crecimiento del mercado», ha sentenciado el Informe.
Este texto incide en que la mayor parte del volumen de negocio total –el 86,6 por ciento– correspondió a la prestación de servicios de ayuda a domicilio, cuyo valor alcanzó en 2012 los 1.385 millones de euros, un 0,7 por ciento más que en 2011, año en el que se había registrado un crecimiento del 6,6 por ciento.
Por su parte, los servicios de teleasistencia alcanzaron un valor de 215 millones de euros, el 13,4 por ciento del total, participación que ha ido en aumento en los últimos años. En cuanto al número de usuarios, a finales de 2012 se situaba en 1,2 millones, cifra que también ha también mostrado en los últimos años una tendencia de desaceleración. Así, tras crecer un 8 por ciento en 2010 y un 4 por ciento en 2011, en 2012 registró un aumento del 1,4 por ciento.
El grado de cobertura de los servicios sobre la población mayor de 65 años se situó en el 5,32 por ciento en el servicio de ayuda a domicilio y en el 9,25 por ciento en el de teleasistencia, según ha añadido el estudio.
Por su parte, el número de empresas que prestan servicios asistenciales a domicilio se situaba en unas 950 a finales de 2012, cifra que se ha reducido en los últimos años como consecuencia de la desaceleración en el crecimiento de la demanda, que ha motivado el cese de pequeñas compañías y la integración de empresas.
El informe concluye que a pesar del progresivo envejecimiento de la población, que seguirá generando una creciente necesidad de servicios asistenciales a domicilio, otros factores como el recorte del gasto público, las últimas modificaciones introducidas a la Ley de Dependencia, que retardará el desarrollo de la misma, y la alta tasa de desempleo existente, afectarán negativamente a la evolución del negocio.
Por ello, se estima que en 2013 el número de usuarios se mantendrá prácticamente estancado respecto a 2012, mientras que el valor del mercado podría descender un 2 por ciento, hasta los 1.565 millones de euros.
Plataformas de Ley de Dependencia plantean vías para evitar el ‘copago’ farmacéutico
Las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana remitirán a la Generalitat un escrito con las diferentes «vías» que existen para evitar aplicar en la Comunidad la normativa estatal que establece «copago» farmacéutico para las personas con discapacidad.
Representantes de estos colectivos se han reunido este martes con los consellers de Sanidad, Manuel Llombart, y de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, para pedir la derogación del artículo 160 de la Ley 10/2012 de 21 de diciembre que suprime la gratuidad de los productos farmacéuticos y ortoprotésicos a los discapacitados.
El encuentro, que se ha celebrado en la sede de la Conselleria de Sanidad, también ha contado con la presencia de miembros del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Concemfe).
La portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Valencia, Palmira Castellano, ha explicado tras la reunión que la Conselleria de Sanidad «se enroca» en que el «copago» está establecido en una normativa estatal y, por tanto, aunque la Generalitat «no quiere» aplicarlo, «no tiene más remedio».
Sin embargo, la abogada del colectivo ha asegurado a los consellers que existen «vías» para no aplicar la norma en la Comunidad Valenciana, por lo que los miembros del Gobierno valenciano le han pedido que se las explique por escrito. Así, las plataformas enviarán al Consell las «alternativas» que hay y la Generalitat las estudiará y contestará en un plazo de 15 días, ha asegurado Palmira Castellano.
Asimismo, la portavoz de la plataforma ha hecho hincapié en la actitud «conciliadora» de la consellera de Bienestar Social, que busca «integrar las diversas problemáticas de Bienestar Social con las distintas consellerias», ha subrayado.
El COPPA organiza un curso sobre la Atención Centrada en la Persona
Imparte Teresa Martínez Rodríguez, Psicóloga experta en gerontología social
(Oviedo. Días, 19 y 20 de abril – 3 y 4 de mayo de 2013)
Teresa Martínez
El Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias organiza el curso: «La Atención Centrada en la Persona. Su aplicación en servicios de atención a personas mayores».
Un modelo de atención que busca la calidad de vida de las personas y la defensa de sus derechos en los centros y servicios. Será impartido por Teresa Martínez Rodríguez,psicóloga experta en gerontología social y autora de la guía La Atención Gerontológica Centrada en la Persona
Objetivos:
1.- Generar reflexión sobre la importancia de los modelos de atención en los servicios y centros de atención a personas mayores en relación a su calidad de vida y a la protección de sus derechos.
2.- Presentar la Atención Centrada en la persona como un enfoque que permite intervenciones orientadas hacia la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y especialmente a apoyar que éstas puedan seguir gestionando sus propias vidas.
3.- Dar a conocer las principales ideas y aportaciones del modelo de Atención Gerontológica Centrada en la Persona así como los criterios de buena praxis derivados y metodologías de interés para su aplicación.
Fecha: Días, 19 y 20 de abril – 3 y 4 de mayo de 2013
Horario: viernes de 16:00 a 21:00 horas, sábado de 9:00 a 14:00 horas
Lugar: Sede del Colegio. C/ Ildefonso Sánchez del Río 4 – 1º B. 33001- Oviedo.
Programa e inscripción: http://www.cop-asturias.org/
El número de beneficiarios de la Ley de Dependencia baja por sexta vez, con 5.070 personas menos que el mes pasado
El número de beneficiarios de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia baja por sexta vez, con 5.070 personas menos en el sistema respecto al mes anterior, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad correspondientes a febrero.
«El Gobierno acelera en desmantelar el Sistema de la Dependencia y marca una velocidad record de siete beneficiarios menos cada hora», alertan desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, al tiempo que señalan que «los recortes se relacionan con el fallecimiento de los dependientes».
Asimismo, apuntan que la tasa de reposición solo la mantienen de manera significativa Asturias, Cataluña, Extremadura, y País Vasco, mientras acusan al departamento de Ana Mato de «destruir el sistema por inanición», pues hay 4.264 grandes dependientes menos, 2.389 dictámenes menos que el mes anterior y más de 100.000 pendientes de valoración.
Esta organización señala también que una de cada cuatro personas que tienen derecho a una prestación continúan a la espera de recibirla, una situación que denomina «limbo de la dependencia» y que afecta exactamente a 227.780 personas.
«Esto indica que, al no mantener la tasa de reposición de beneficiarios, bajar las solicitudes, los dictámenes, el número de grandes dependientes, y reducir el número de personas con derecho nos lleva a pensar que el Sistema de Atención de la Dependencia tiene fecha de cierre, cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido», advierte.
Directores y Gerentes de Servicios Sociales recuerda, además, que en este último mes se han cerrado 319 plazas de residencia, 517 de ayuda a domicilio, 1.083 de teleasistencia, lo que supone «el despido de casi un millar de trabajadores del Sistema de Atención a la Dependencia», de los cuales, el 90 por ciento son mujeres.
El parón en la Ley de Dependencia afecta ya a 700 vecinos de Cádiz
Cerca de 700 vecinos de la capital, 689, están pendientes de que la Junta de Andalucía apruebe los expedientes para obtener las ayudas previstas por la Ley de Dependencia. De este grupo, que no para de crecer desde que se aprobó esta norma en 2007, hay 522 a los que todavía no se les ha asignado el grado de dependencia, medida esencial para optar al Plan Individual de Atención. El resto, aunque ya cuenta con este Plan, que lo elaboran las trabajadores sociales del Ayuntamiento, todavía están a la espera de la propia administración regional pues de ella depende la valoración técnica que les permita optar a la ayuda procedente de la misma Junta.
«Todo el sistema está colapsado ya que desde hace meses la Junta de Andalucía no aprueba ninguna ayuda nueva. Ya no resuelve casos. Ahora la Delegación Provincial de Servicios Sociales se limita a realizar una primera criba para trasladar la documentación en Sevilla. Allí se realiza otra criba pero con todas las solicitudes de la región y para al final aprobar una o dos peticiones para todo el conjunto. Por si fuera poco, además de no ampliar los beneficiarios de la Ley de Dependencia, no cubre tampoco las vacantes que quedan por el fallecimiento del implicado, lo que le permite un ahorro para sus presupuestos pero toca de lleno a la economía de las residencias donde se encuentran alguna de estas plazas.
«La Junta se basa en excusas efímeras e incluso en la falta de dotación presupuestaria para intentar justificar este silencio», se lamenta la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Carmen Sánchez, que destaca que si en 2012 existían 503 personas que disfrutaban el servicio de ayuda a domicilio por dependencias, en la actualidad se ha rebajado a 427 gaditanos, debido al fallecimiento de los restantes quedando sus puestos sin cubrir.
El Ayuntamiento de Cádiz puso en marcha hace unos años, como forma de complementar lo previsto por la Ley de Dependencia y asumiendo que la burocracia podía restar efectividad a la misma, el Servicio de Ayuda a Domicilio.
En la actualidad este programa atiende a 230 personas que le supone a las arcas municipales una inversión de 1,3 millones de euros. Por lo tanto «ese es dinero que la Junta se ahorra y que nosotros pagamos. Pero no solo eso, además tenemos convenios con entidades como la Cruz Roja, que ofrece a través del Programa Urbana un ‘kit’ para personas dependientes, como pueden ser la colocación de agarradores de duchas, barras para escaleras o la dotación de cucharas ergonómicas, así como otros servicios como cursos para las personas que se encargan de los cuidadoras del dependiente. Este servicio de ayuda a domicilio posibilita que haya personal que ayude al dependiente a ir al baño o les haga las comidas o las labores domésticas de las viviendas», destaca la concejala Carmen Sánchez.
Menciona a técnicos en esta materia que «consideran que la mejor opción tanto para mayores como para personas con movilidad reducida es acudir a centros asistenciales, donde la atención al mayor es continuada las 24 horas del día y siempre por personal cualificado. Por lo tanto, es indignante que la Junta no acepte ni una nueva alta ni realice la revisión de los planes individuales de atención.
ACRA reclama en el Parlamento el pago de la deuda de julio
La presidenta de la Asociación también señaló la necesidad de las empresas y entidades asistenciales de cobrar inmediatamente, de lograr un pacto con las entidades bancarias para todo el sector, y del mantenimiento de los presupuestos de Servicios Sociales
ACRA compareció ayer ante la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración, a petición del grupo socialista y conjuntamente con otras organizaciones del sector, para informar respecto de la afectación del impago del ICASS de las cantidades previstas por julio del 2012 por los centres colaboradores, concertados y de gestión. Respecto de esta deuda, que asciende a los 70 millones de euros al conjunto de colectivos de Servicios Sociales, la presidenta de ACRA, Cinta Pascual, apuntó como esenciales las siguientes reclamaciones: Definir el calendario de pago de la deuda de julio, el pago inmediato del resto de atrasos, así como de los nuevos ingresos, que se haga público el detalle de la deuda real con los diferentes colectivos, el establecimiento de una relación más apretón entre el sector y el Departamento de Economía y Conocimiento a partir de la creación de una mesa con reuniones periódicas y el logro de un pacto con las entidades bancarias para todo el sector.
Igualmente, y en relación con la sostenibilidad presente y futura del sector, la representante de ACRA compartió con los grupos parlamentarios asistentes una serie de propuestas prioritarias, de entre las que destaca el mantenimiento de los presupuestos del Servicios Sociales por este 2013, la reclamación al Gobierno central que haga efectiva a la Generalitat la parte que le corresponde (33%) de la financiación de la LAPAD, que los centres colaboradores, concertados y de gestión, tengan la misma consideración que los servicios públicos. Además, Pascual recordó dos medidas por las cuales ha sido trabajando desde la pasada legislatura, como son la flexibilzación de las ratios de los profesionales (para adaptarlas a las necesidades de las personas grandes usuarias de los servicios) y la aplicación del tipo superreducido del IVA del 4% para todos los servicios, sea cual sea su naturaleza.
Por otro lado, la presidenta de ACRA expuso que si el 50% de las actuales ayudas al cuidador profesional se destinaran a la transformación de nuevas plazas de residencia y de centro de día dentro del sistema público se podrían reducir las actuales listas de espera solucionando la problemática de las plazas privadas vacías que hay al sector (12,5%), generando hasta 5.000 nuevos puestos de trabajo al país. Igualmente, también propuso que se optimicen los recursos existentes para actuar como verdaderas plataformas de servicio.
Contexto y efectos del impago de julio
Pascual, que inició su ponencia recordando la composición del sector catalán de la atención a la gente mayor y haciendo especial mención al hecho que se trata del colectivo con más número de servicios y la partida presupuestaria más importante de la ICASS, enmarcó el impago de julio en un complicado contexto para las empresas y entidades asistenciales que ya arrastraba una congelación tarifaria desde el año 2010, unos importantes incrementos en cuanto a los costes de la actividad (especialmente en cuanto al capítulo laboral con un aumento del 9%), el cierre de crédito por parte de las entidades bancarias, así como también atrasos por parte de la Administración en los pagos de los nuevos ingresos (pues no se empiezan a pagar hasta después de unos 7 meses del ingreso), así como en los pagos de las nuevas valoraciones, en las actualizaciones de los anticipos y en las PEVS.
En este escenario, el impago de julio generó nuevas dificultades por los centros y sus trabajadores como que, en determinados casos, todavía queden pendientes de pago nóminas de los profesionales de los centros afectados. Aun así y a partir de los datos del IDESCAT, la representante de ACRA explicó la perspectiva de crecimiento poblacional en Cataluña, en concreto en cuanto al incremento exponencial del grupo de edad de personas mayores de 80 años, cosa que hará todavía más insostenible el actual sistema catalán de atención a la Dependencia.
Precisamente, en respuesta a las preguntas de los diputados asistentes, Pascual expuso que un modelo sostenible es aquel en el cual el coste del servicio no es más alto que su precio y, concretamente, se refirió a la delicadísima situación de los centros de día para gente mayor catalanes, la viabilidad de los cuales se complica cada vez más a causa, entre otros aspectos, de las insuficientes tarifas públicas, el incremento en las obligaciones en cuanto al horario de atención y el nuevo perfil de los usuarios, unas problemáticas que ACRA no ha dejado de reivindicar tanto en el pase, como en la actual legislatura.
Patronal de la Dependencia pide inversión para crear 800.000 empleos
España debería crear otras 31.251 camas sociosanitarias para alcanzar las 6.000 por millón de habitantes
La Confederación Europea ECHO, la principal patronal del sector de la Dependencia, ha reclamado este martes un plan de inversión de «alrededor de 30.000 millones de euros» con el objetivo de garantizar «que cualquier país de la Unión Europea alcance como mínimo una ratio de 6.000 camas por millón de habitantes, lo que implica la creación de medio millón de camas nuevas».
El plan, bautizado ‘Salud y Empleo’ y elaborado por la Fundación Economía y Salud, prevé crear unas 500.000 plazas sociosanitarias y más de 765.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos en el sector y coyunturales durante la construcción de las infraestructuras adecuadas, que requerirían una inversión de 30.000 millones en los primeros dos años, el plazo de ejecución de las obras.
El volumen de negocio de la atención a la dependencia en la Unión Europea se eleva a unos 167 millones de euros anuales (el 1,32% del PIB europeo), emplea en la actualidad a más de 20 millones de personas o el 4% de la población europea y cuenta con una oferta de cerca de 3,5 millones de camas sociosanitarias en la actualidad, según datos del informe de la Fundación Español Economía y Salud presentado este martes en la Eurocámara.
Sin embargo, existen grandes diferencias entre países en cuanto a la oferta de camas sociosanitarias, según pone de relieve el informe de la Fundación Economía y Salud, que será presentado este martes en el Parlamento Europeo por el presidente y secretario general de ECHO , Alberto de Santis y José Alberto Echevarría, que también es presidente de la Federación Española de la Dependencia, integrada en ECHO.
Sólo Dinamarca (8.146), Países Bajos (10.293), Bélgica, (12.082), Austria (6.713), Alemania (10.324), Francia, (8.977), Finlandia (10.801), Suecia (13.900), Luxemburgo (10.688), Malta (10.821), Reino Unido (8.609), Hungría (8.290), Lituania (6.190), Estonia (6.314), Hungría (6.610), Eslovaquia (6.078) e Irlanda (6.045) alcanzan el ratio de las 6.000 camas o más por cada millón de habitantes en la actualidad, según datos del informe.
España, con 245.927 camas sociosanitarias, sólo alcanza las 5.323 camas por cada millón de habitantes, por debajo de las 7.133 de media en la UE y necesitaría crear otras 31.251 para alcanzar las 6.000 camas por millón de habitantes.
Además de España, los países que más se alejan del ratio de las 6.000 camas por millón de habitantes son Italia (3.503 camas por millón de habitantes), Letonia (3.017), Polonia (2.326), Bulgaria (1.849) y Rumania (1.209). Italia es el país que más camas necesitaría crear, 151.817 para llegar al ratio propuesto.
Italia sería el país que más camas adicionales necesitaría crear, unas 151.817 más camas adicionales neceistaría crear llegar al radio de 6.000 camas por millón de habitantes, seguido de Polonia (141.553), Rumania (102.314) y España (31.251).
En términos de empleo, el plan generaría la creación de 390.000 nuevos puestos de trabajo a tiemplo completo en el conjunto de Estados miembros y cerca de 375.000 durante los dos años de construcción de las nuevas camas.
En el caso de España, el plan generaría 24.938 empleos en el servicio de atención (17.813 directos y 7.125 indirectos) y otros 24.306 empleos durante la construcción de las nuevas camas necesarias, lo que permitiría en total crear 49.244 puestos de trabajo, según datos del informe.
ECHO defenderá que el plan presentado por el sector generará unos retornos para las Administraciones públicas superior al gasto para invertir en las camas sociosanitarias adicionales necesarias.
En el caso concreto de España, el efecto presupuestario «neto» es positivo durante once años, según refleja el informe.
La creación de 31.251 camas sociosanitarias de atención residencial, con un coste de 60.000 euros por cama, generaría retornos para la Administración pública de 4.545 millones de euros en un plazo de doce años a partir de una inversión privada de 2.268 millones de euros en dos años y un coste del servicio para la Administración española de 4.626 millones de euros.
España destina algo más de un millón de euros a la Dependencia, el 0,84% en 2011 y el sector genera un volumen de negocio que asciende a 8,9 millones de euros anuales, según datos del informe.
Se espera que la Patronal de la Dependencia ECHO defienda la necesidad de invertir en un sector estratégico en términos de generación de riqueza y empleos potenciales y para atender la creciente presión en los servicios sanitarios públicos. Se estima que la población de 65 años aumentará hasta el 30% en 2040 en la Unión Europea, donde ya existen cerca de 20 millones de personas en situación de dependencia.
Los recortes en la ley de dependencia también afecta a menores
APPEII promoverá una Iniciativa Legislativa Popular contra la supresión de la tarjeta roja sanitaria a los menores con discapacidad
APPEII promoverá una Iniciativa Legislativa Popular contra la medida adoptada por el Gobierno Valenciano de María del Carmen González Asensi, presidenta de la Asociación de Pacientes Pediátricos con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (APPEII), ha presentado en la Consellería de Sanidad una carta remitida al Conseller Llombart, en la que le solicita la realización de una reunión urgente para trasladarle las gravísimas consecuencias que está teniendo en el colectivo de los menores con discapacidad, la supresión del párrafo segundo del artículo 16 del Estatuto de las Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana.
Nela García: «La reforma de la ley de Dependencia se ajusta a parámetros de universalidad, solidaridad, coherencia y sostenibilidad»
La secretaria autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, Nela García, ha ofrecido una charla coloquio sobre la reforma de la Ley de Dependencia, su incidencia y su aplicación en la Comunidad Valenciana , organizada por la Asociació Valenciana d’Amics i Parents dels Malalts d’Alzheimer (AVAMA).
Durante su intervención, Nela García ha explicado los distintos aspectos de la reforma de la Ley de Dependencia, y ha señalado que estos cambios «se ajustan a parámetros de universalidad, solidaridad, coherencia y, sobretodo, sostenibilidad».
La Secretaria Autonómica ha asegurado que las nuevas medidas de la Ley que se van a aplicar en la Comunitat Valenciana «están basadas en el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia pactado entre el gobierno y las comunidades autónomas el pasado mes de julio», y ha destacado que la reforma «pone las bases de un modelo que simplifica los procedimientos, promueve la calidad asistencial y su sostenibilidad, dando prioridad a los servicios profesionales y especializados».
En este sentido, ha subrayado que en la Comunitat Valenciana «hemos apostado desde el principio de la aplicación de la ley por los servicios y la atención profesional para los grandes dependientes y severos».
Medidas adoptadas
Por un lado, la reforma de la ley ha simplificado los grados de reconocimiento, pasando de seis niveles a tres grados y aplazando la incorporación de los dependientes moderados al sistema. La Secretaria Autonómica ha matizado que estos últimos «en su mayoría están siendo atendidos ya por lo servicios sociales».
Asimismo, la prestación económica por cuidador no profesional se concederá con carácter excepcional, «de forma que se van a primar los servicios profesionales frente a las prestaciones económicas, cumpliendo así con el espíritu de la Ley».
Respecto a los nuevos criterios comunes para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas, ha explicado que el objetivo «ha sido garantizar la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia», y ha querido puntualizar que «nadie quedará fuera de la cobertura del sistema de atención por no disponer de recursos económicos.»
La aplicación de los nuevos cálculos tienen distinto efecto para cada persona de acuerdo con su capacidad económica y el tipo de servicio o prestación que reciben, de manera que en algunos casos ha variado el importe de las prestaciones que venían recibiendo, y en otros casos no ha variado en absoluto.
Para finalizar, la Secretaria Autonómica ha explicado que la financiación pública a cuenta de la Administración General del Estado se efectuará conforme al número de beneficiarios del Sistema, al grado de dependencia reconocida y al servicio o prestación que recibe.
Finaliza con éxito el II Curso e-learnig de Atención Centrada en la Persona
El curso ha sido diseñado e impartido por la psicóloga y experta en gerontología social Teresa Martínez Rodríguez que ha profundizado durante los últimos tres meses en la formación sobre el innovador modelo
Teresa Martínez
Las Fundaciones Matía y Asmoz junto con el Gobierno Vasco han organizado por segundo año consecutivo el Curso Modalidad E-learning de Atención Gerontológica Centrada en la Persona que ha constado de 50 horas lectivas impartidas entre el 27 noviembre 2012 y el 25 de febrero de 2013.
El curso, que se incluye en la serie de acciones formativas que comenzaron en 2010 de las tres instituciones vascas, ha sido impartido por segundo año consecutivo, por su propia diseñadora, la experta gerontóloga Teresa Martínez Rodríguez, autora de la Guía la Atención Gerontológica Centrada en la Persona, con el objetivo de profundizar en la formación del referido innovador enfoque, para mejorar la calidad en la prestación de servicios siendo una herramienta útil para fomentar la competencia positiva en un sector cada vez más competitivo.
Han participado gestores y diversos profesionales de las distintas disciplinas del ámbito de la atención a personas mayores de diferentes ciudades españolas. El curso ha sido un éxito de participación y de contenidos, a tenor de la sobresaliente evaluación efectuada por los alumnos cumpliendo plenamente sus expectativas:
La aportación de elementos conceptuales y alternativas metodológicas que permitan avanzar hacia una atención orientada a la calidad de la vida de las personas y a sus derechos; adiestramiento en nuevas formas de trabajo en los centros y servicios para que los equipos técnicos se impliquen y construyan, junto con los usuarios y familias, intervenciones acordes al modelo y a la realidad de cada contexto asistencial; orientación y pistas sobre opciones metodológicas e instrumentos que ayudan a construir planes de atención a cada persona usuaria; generar reflexión sobre las buenas prácticas y los riesgos de las intervenciones cotidianas, de modo que haya coherencia entre los principios rectores de la gerontología y la intervención profesional como contexto dinámico de interacción social.
A lo largo del mismo se abordaron cinco importantes asuntos para el desarrollo de dicho modelo, como la atención personalizada desde la promoción de la autodeterminación y la independencia; lo íntimo, lo privado y la confidencialidad; lo propio, lo cotidiano, lo significativo; las familias y, finalmente, lo organizativo y los profesionales. Contemplando, desde este enfoque a lo largo del curso: que la persona mayor sea el centro, sea protagonista de su vida y no un mero receptor de cuidados, aunque estos estén bien programados y sean técnicamente correctos. Esto ha pasado ya en otros países, y aunque España y sus pueblos tengan su propia cultura, las personas, sus necesidades de ser no son tan diferentes.
Todos queremos vivir dignamente, ser apreciados, respetados y poder vivir en coherencia a nuestra forma de pensar y sentir, aunque seamos muy mayores y necesitemos ser cuidados por otros. Y para ello los profesionales comprometidos y bien formados son imprescindibles.
Donostia, 28 de febrero de 2012
Aerte reclama a la Generalitat Valenciana un plan de creación de empleo y atención a dependientes
La Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte) va a mantener un encuentro este miércoles con el vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, para transmitirle una batería de propuestas que palien la situación que atraviesa el sector y que cuenta con el aval de la propia Consejería de Bienestar Social.
Según ha explicado a Redacción Médica la gerente de Aerte, María José Mira, el punto principal sobre el que gira su propuesta es el desbloqueo de los expedientes que están pendientes desde 2009 y que afectan a personas en situación de dependencia que cuentan con valoración positiva pero a los que, “según la Generalitat, no se les adjudica la prestación por falta de presupuesto”. La propuesta de Aerte pasa por resolver estos expedientes y poner en marcha de un plan de empleo y de creación de plazas, “porque los retornos que supondrían para la administración la creación de esas plazas son más elevados que lo que gastaría”. En este sentido, Mira recuerda que según un informe elaborado por la propia patronal “cada euro que invierte la administración en dependencia, el retorno es de 1,3 euros, además de la generación de empleo”.
Así, Aerte propone “equilibrar las plazas existentes entre las concertadas, con un mismo número de plazas con prestaciones que reciben los usuarios”. Esta medida supondría el establecimiento de alrededor de 1.000 nuevas plazas en un tiempo prudencial, así como la cobertura de las bajas producidas en los últimos meses, medida que para Aerte generaría un mínimo de 500 puestos de trabajo estables, evitaría la destrucción de empleo actual en los centros, así como unos retornos económicos vía tributaciones que revierten en la administración.
“Hay 11.000 personas en la Comunidad Valenciana con prestación vinculada al servicio profesional reconocida, pero que no la reciben”, explica Mira. De ellas, “solo 2.000 o 2.500 tendrían acceso a una prestación residencial, el resto son prestaciones vinculadas a centros de día o ayuda a domicilio”. Pero además, “hay otras 8.000 que tienen reconocida una prestación de cuidador no profesional y que también están sin resolver”. “Creemos que esta propuesta, además de solventar la situación de unas personas a las que están obligados a atender porque tienen el grado de dependencia reconocido, supondría no asfixiar a las empresas más de lo que están”, explica Mira.
Y es que la deuda de la Generalitat con las empresas de Aerte es muy elevada, hasta 50 millones, y viene, en algunos casos, desde 2011. “La deuda no es solo de 2012, sino también de 2011 y todo 2013”, recalca Mira, que asegura que cuando llegó a Valencia el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico se produjo un agravio con ciertas empresas, porque lo que se pagó “fue las plazas de accesibilidad social” que ofrecen “solo 10 empresas”. Es decir, la administración regularizó la deuda que mantenía con esas empresas hasta octubre, mientras que “el resto de empresas no cobró”. En este sentido, Mira considera que “no fue un problema de Bienestar Social”, que de hecho, les ha asegurado que tiene intención de “regularizar toda la deuda hasta diciembre de aquí a junio, y a partir de entonces comenzar a pagar la deuda de 2013”. El problema es que la resolución del problema no corresponde a la Consejería que dirige Asunción Sánchez, sino que depende de Hacienda.
El exalcalde de Oria, en huelga de hambre por el impago a 31 empleadas de una residencia que lleva su nombre
El exalcalde de Oria (Almería) Bartolomé Sánchez Moreno se ha declarado este martes en huelga de hambre para protestar por la situación que atraviesan 31 trabajadoras de una residencia de mayores que lleva su nombre y a los que la empresa concesionaria del servicio adeuda nueve nóminas, motivo por el que han realizado una serie de protestas y han iniciado una huelga indefinida.
Así lo ha explicado a Europa Press el propio exregidor, quien con algunos trabajadores ocupa el salón de plenos del Ayuntamiento de Oria, gobernado actualmente por el ‘popular’ Marcos Reche, a la espera de que la empresa Geriátricos Urbanos S.L. que gestiona la residencia acceda al pago de las nóminas, ya que en tres días debería producirse el abono de un décimo salario.
La residencia, edificada durante el mandato de Sánchez Moreno, mantiene actualmente a 40 ancianos que siguen asistidos mediante un acuerdo de servicios mínimos por el que el 33 por ciento de los trabajadores dedicados a la atención directa a los usuarios deben garantizar la prestación de los servicios sanitarios, de aseo personal, alimentación y medicación, así como las tareas de cuidados especiales, según el acuerdo publicado en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este martes.
Así, a pesar de los encuentros mantenidos entre la empresa, los trabajadores y la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, en los que se pactó que las empleadas recibirían la pasada semana al menos cuatro de las nueve nóminas adeudadas, la sociedad concesionaria no ha abonado las nóminas. En este sentido, Sánchez Moreno ha afirmado que la Junta se mantiene al día en los pagos a la empresa.
«No hay muchas esperanzas de cobrar porque la empresa dice que no tiene ni un duro», ha dicho el exprimer edil, quien añade que la sociedad gestora «no ha justificado» a qué se debe el impago de las nóminas. En este sentido, los trabajadores se han reunido nuevamente este martes con el delegado de Bienestar Social, Alfredo Valdivia, para tratar de hallar una solución, según Sánchez Moreno.
El exalcalde ha manifestado su intención de permanecer en huelga de hambre hasta que la empresa no abone todas las nóminas a los trabajadores, se atiendan las normas de eficiencia de la residencia y la Junta de Andalucía no retire la concesión de la gestión a la adjudicataria por incumplimiento de contrato y conceda la gestión a otra empresa solvente.
Milagros Marcos, ha reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy que incorpore la Dependencial al modelo de financiación autonómica
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha reclamado hoy al Gobierno de Mariano Rajoy que incorpore la Dependencial al modelo de financiación autonómica, para que este derecho no esté «al albur de los presupuestos generales del Estado» cada año.
«Queremos que la atención a las personas dependientes se incluya como financiación garantizada en el modelo de financiación estatal, que desde Castilla y León siempre se ha querido revisar», recalcó Marcos para luego matizar: «Sin garantía financiera no hay derecho, por muchas leyes en que lo escribamos», ha recaldado durante su comparenencia ante la Comisión en las Cortes, en la que también ha puesto de manifiesto que en estos años, por cada cinco euros aportados por la Comunidad a la Dependencia, «el Estado sólo ha puesto uno«.
En una intervención en la que ha hecho balance de la aplicación de la ley desde que se aprobó hace seis años, Marcos ha demandado también al Ejecutivo que simplifique la tramitación. «Queremos dedicar más esfuerzo a las personas, no al papeleo«, ha indicado, tras subrayar que «no existe procedimiento tan complicado en toda la administración».
«Estabilizar la financiación» es, para la consejera, la única fórmula para lograr que la Dependencia se consagre como un verdadero derecho subjetivo, al mismo tiempo que recordó que la diferencia entre lo que aporta la Administración del Estado y lo que debería haber aportado a Castilla y León desde 2008 a 2011 asciende a 457 millones de euros. Por su parte, en 2012, la Junta destinó 367,6 millones y recibió del Estado 107, es decir, 130 millones de euros menos de lo previsto.
La consejera invitó a la oposición a «sumarse» a estas propuestas, aunque no lo hayan «querido hacer en otros momentos», ya que «es la única forma de evitar que lo que se pretendía concebir como un derecho hace seis años», cuando se aprobó la Ley, «siga como lo está aún hoy, al albur de los presupuestos de cada año».
En su repaso a la aplicación de la Ley de Dependencia desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2007, Milagros Marcos recordó, como ya ha hecho en múltiples ocasiones, que ésta nació con un «insuficiente y lento desarrollo normativo por parte de la Administración General del Estado», lo cual «impedía en la práctica su aplicación efectiva», y que desde sus orígenes estuvo lastrada por «un complejo sistema de financiación».
Nuevo recorte de 200 millones a la Ley de Dependencia
Esta reducción se une a la ya anunciada por el Ejecutivo en los PGE, en los que suprimió 283 millones que recibían las comunidades autónomas.
El Gobierno ha rebajado en un 13% el llamado nivel mínimo, el dinero que reciben las comunidades autónomas por cada dependiente en función de su gravedad, de forma que las regiones recibirán 200 millones de euros menos para atender a los dependientes con respecto al año pasado, según recoge este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Este recorte se une al ya anunciado por el Ejecutivo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en los que suprimió los 283 millones de euros que recibían las comunidades autónomas para aumentar la protección de los beneficiarios del Sistema de Dependencia.
Del mismo modo, se reduce en un 15% la prestación económica de los cuidadores familiares, dejando libertad a las comunidades autónomas para agudizar esta reducción.
La reforma también modifica las condiciones de retroactividad en el cobro de prestaciones. El dependiente sólo podrá reclamar los pagos atrasados de la prestación a la que tenga derecho si la Administración ha tardado más de dos años en empezar a pagarle. Pero las comunidades autónomas tendrán un plazo de ocho años para pagar a los beneficiarios los efectos retroactivos.
En cuanto a la organización en sí del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), se simplifican los grados de reconocimiento de dependencia (de seis niveles pasa a tres grados) y se pospone a 2015 la incorporación de nuevos usuarios de Grado 1, es decir, dependientes moderados, con el objetivo de «agilizar la entrada de los grandes dependientes».
Elimina las cotizaciones a los cuidadores no profesionales
Además, el decreto confirma que el Ejecutivo suspenderá el 31 de agosto las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba a aquellos familiares que cuidaban de un dependiente en casa.
Así, a partir del 1 de septiembre el cuidador contará con una bonificación del 10%, siendo a cargo de la Administración General del Estado el 5% del total de la cuota, y el 85% restante a cargo del cuidador no profesional.
Y en enero de 2013, el cuidador no profesional deberá hacerse cargo del 100% de las cotizaciones sociales.
Centros de dependientes valencianos exigen al Consell el pago de 50 millones
La patronal del sector de la dependencia en la Comunitat Valenciana, Aerte, pedirá al vicepresidente del Consell, José Císcar, un calendario de pagos para las empresas del sector en el encuentro que mantendrán este próximo miércoles. El objetivo de la reunión es “lograr un plan objetivo que permita resolver los pagos aún pendientes, casi 50 millones de euros correspondientes a 2012 y la deuda acumulada durante los dos primeros meses de 2013”.
En el caso de la provincia de Castellón, Aerte representa a 30 centros y residencias de mayores, a los que el Consell todavía adeuda ocho millones de euros. En este sentido, la patronal recalca que la situación económica por la que atraviesan sus empresas asociadas es “insostenible” y algunas de ellas “todavía no han cobrado nada durante el año 2012, otras empresas cuentan con partidas de pago de años anteriores aún pendientes de pago y hay empresas con facturas sin pagar correspondientes de 2011”.
Para los centros y residencias de mayores y dependientes resulta esencial que esta deuda pendiente “pueda incorporarse a la relación de pagos que se prevé puedan activarse durante la próxima semana, así como establecer un calendario de pagos efectivo para este año, con el fin de evitar un incremento de la deuda que termine generando un círculo vicioso”.
PLAZAS CONCERTADAS // Asimismo, considera “imprescindible” una regulación para limitar las plazas concertadas en los centros privados, equivalente a dos tercios de sus plazas autorizadas, y un reconocimiento de las plazas de bono -sistema de concertación de plazas válido desde hace 20 años de la Comunitat- en la red de plazas públicas.
A este respecto, la patronal propondrá medidas que, sin incrementar los costes a la Administración, permitan reducir la lista de espera de dependientes, que en la actualidad roza las 11.000 personas. En un primero momento, se planteará establecer alrededor de 1.000 nuevas plazas, así como la cobertura de las bajas producidas en los últimos meses, lo que, según los cálculos de Aerte, “generaría un mínimo de 500 puestos de trabajo”.
Cabe señalar que este sector genera en la provincia de Castellón unos 3.000 puestos, entre empleos directos e indirectos.
El Síndic exige a Bienestar Social dotar de presupuesto al servicio de teleasistencia
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido al Consell para reclamarle que «unifique» los criterios de las diferentes administraciones públicas en la prestación del programa de teleasistencia domiciliaria. Asimismo, ha exigido a la Conselleria de Bienestar Social que dote de presupuesto un servicio que considera «imprescindible» por la «gran importancia» que tiene «tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, en atención a personas mayores y otros colectivos desfavorecidos».