Jesús Caldera. Exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, ‘padre’ de la Ley de la Dependencia. «Asturias debe corregir el exceso de pagas al cuidador familiar. Y no es justa su queja de que el Estado paga menos»

Es el ‘padre’ -junto a José Luis Rodríguez Zapatero, al que no cita en toda la entrevista- de la Ley de la Dependencia. La norma que convierte en derecho la atención a las personas con escasa autonomía personal y cuya puesta en marcha, en abril de 2007, fue equiparada a la de los sistemas públicos de salud y educación. Cinco años después, ni Jesús Caldera es ministro de Trabajo y Asuntos Sociales -ahora es el vicepresidente de la Fundación Ideas, gestadora del programa del PSOE- ni el sistema de la dependencia se asemeja a los de salud o educación. Con la cartera ministerial colgada «definitivamente», pero con el empleo como línea argumental, Caldera critica con dureza la gestión del PP, pero tampoco respalda la posición del Gobierno asturiano. Pese a ser tan socialistas como él, cree que se equivocaron con la ley.

-El ‘padre’ de la Ley de la Dependencia, ¿cómo cree que tratan a su hija?

-Es una sensación ambivalente. El gobierno comete un grave error reduciendo los recursos en dependencia. Al contrario, ahora había que aumentarlos. Por razones sociales, pero también económicas: cada euro público que se invierte genera un multiplicador positivo y eso es, precisamente, lo que recomienda el FMI.

-Quinto aniversario. ¿Habrá más?

-No lo sé. La verdad es que está muy afectada. La Ley de la Dependencia cumplió cinco años, pero no sé si cumplirá seis. El PP comete un error al no invertir en ella. Y que no engañe, que Bruselas no le obliga a recortarla.

-¿Por qué?

-Porque Bruselas permite invertir en políticas generadoras de empleo y la Ley de la Dependencia es un motor de creación. O era. En 2012 , por primera vez, se ha destruido empleo en la dependencia. Calculo que unos 25.000 puestos. Y eso que entre 2007 y 2011, la ley generó aproximadamente 150.000. Si añadimos los indirectos, superamos los 240.000. Pero, ahora el PP la ha recortado. No sólo ha reducido los créditos directos para la financiación, sino que ha dado un golpe de muerte a los cuidadores familiares: les ha retirado la cotización y reducido la prestación. Es difícil que esas personas se mantengan. Se van a empobrecer. Y, es difícil que la iniciativa privada invierta. Cualquier analista dice que los yacimientos de empleo están en sectores que generan mano de obra, empleo de calidad e imposible de deslocalizar. Y eso es lo que hace la Ley de la Dependencia.

-Al margen de esos argumentos, ¿el problema más grave no es que se está vulnerando su espíritu?

-Sí, pero la Ley de la Dependencia, las energías renovables y el I+D+i son los únicos sectores que pueden crear empleo. Hasta un millón. Y ser motor de más. Pero sí, como usted dice, se está vulnerando la ley. Una ley que fue casi un milagro, porque se logró el consenso con todas las comunidades, ya que trata de competencias autonómicas.

«Es un derecho subjetivo»

-Consenso con muchas reticencias.

-Sí, en el PP arrastraron bastante los pies. Probablemente porque llevaban sobre sí la culpa de que podían haber hecho una norma similar antes, cuando gobernaban y había numerosos recursos económicos. Pero luego la aprobaron y lo que hay que garantizar es lo más importante, que es un derecho subjetivo. Y debe hacerse de acuerdo a la ley, orientada a los servicios profesionales. Ése es el objetivo. La ley tiene una parte, minoritaria, de garantía para los cuidadores familiares…

-Perdone, pero esa figura minoritaria ha sido la mayoritaria.

-En algunas comunidades. No en Andalucía, por ejemplo.

-Pero sí en Asturias, que es una comunidad gobernada por socialistas.

-No tengo el dato exacto de Asturias.

-Se lo doy: ahora el 47% de las ayudas son al cuidador familiar. Y ha estado muy por encima de esa tasa.

-Pues yo creo que lo recomendable es ir a un sistema en el que 2/3 sean servicios profesionales, con todo el control de calidad, y un 1/3 con prestaciones familiares o mediante pago. Porque la capacidad de generación de empleo está en el servicio profesional. Crea mucho empleo. ¿Cómo se puede explicar que haya listas de espera enormes para personas que tienen que ser atendidas en centro de día, residencia o ayuda a domicilio, con enoooormes (casi grita) repito, enooormes (grita directamente) listas de espera, mientras tenemos millones de personas en paro?

-También hay plazas vacías.

-Pero las plazas vacías suelen ser las que son muy caras. Realmente el sistema no es capaz de absorber todas las necesidades. Tenemos que casar la oferta y la demanda. Permitirá generar miles de empleos.

-Y ¿algo de autocrítica? La ley ha sido objeto de muchas quejas. La más importante, sobre la falta de financiación. Las comunidades dicen que el Estado no aporta lo que debe.

-Todos cometemos errores. La ley es una gran ley, aunque puede tener algunos problemas de diseño, no lo niego. Pero esa crítica de que el Estado no paga parte de un error conceptual: las competencias son de las comunidades autónomas, no del Estado.

-Sí, pero la ley fija, al margen del copago del usuario, un reparto al 50% del gasto entre las administraciones central y regional. Y las comunidades, entre ellas Asturias, dicen que ponen 8 de cada 10 euros.

-Sí, también lo ha dicho Castilla y León. Pero, ¿por qué lo dicen?

-Eso le pregunto yo.

-Pues porque el gasto previo estaba sólo en manos de las comunidades autónomas. El Estado no tenía competencias en servicios sociales. El Estado lo que dijo fue: a partir de ahora, les damos el derecho a estas personas. A partir de ahí, a los nuevos usuarios de esos servicios les vamos a financiar al 50% del coste. Ésa era la filosofía. Desde ese punto de vista, no son aceptables esas críticas.

-Insisto, Asturias también critica.

-Y yo insisto en que no es justa esa crítica. Ahora bien, se podría plantear: ‘Oiga, tiene que haber más recursos’. Y yo estoy de acuerdo. De hecho, se hizo una planificación a siete años para ir aumentando progresivamente la inversión. ¿Que el Estado debería aportar dinero adicional? De acuerdo. Si yo hubiera podido y, ahora, más, si yo tuviera la responsabilidad, invertiría más. Pero creo que nosotros llegamos hasta donde pudimos con las restricciones constitucionales.

-¿Comparte las críticas de que algunas comunidades han hecho caja?

-No lo creo. Siempre puede haber un desfase, que debe y puede controlar el ministerio, pero hacer caja… No. El problema de los diferentes ritmos de aplicación es que algunas comunidades, paradójicamente las del PP -sobre todo Murcia, Valencia y Madrid- estaban muy atrasadas. Pero creo que todas tiraron por la ley. Con medidas que no son las mejores, como primar excesivamente las ayudas en el entorno familiar. Claro que lo hicieron porque son más baratas, pero eso te condiciona la aplicación de la ley y, sobre todo, te evita crear empleo.

-Le repito: Asturias, comunidad socialista, también primó esa paga.

-Pues debería corregir ese exceso. Ahora ya tiene menos y ésa debe ser su tendencia en los años futuros.

-¿Años futuros? ¿Los habrá o los usuarios acabarán tirando la toalla?

-No la tirarán porque no tienen otra opción. Por eso digo que la ley tiene futuro, porque estas personas no tienen otra opción. ¿Qué van a hacer?

-Volver a sus casas, que es lo que están haciendo ahora, o no utilizar servicios de mejora de calidad de vida.

-Claro que se irán a su casa si no encuentran cobertura suficiente, pero por eso digo que la ley, en el medio plazo, tiene todo el sentido y deberá haber una revisión de las políticas. Ese mantra que nos vendieron de que la austeridad es expansiva… ¿Dónde? Va a haber un cambio. Lo están haciendo Japón, Inglaterra… Europa tiene que tener una política de estímulos.

-En EL COMERCIO hemos desvelado el caso de Rafa Funes, un tetraparesio, gran dependiente, al que mantiene su padre de 93 años porque su única ayuda a la dependencia son 278 euros. ¿La ley no iba a resolver estas situaciones?

-Claro. Por supuesto. No conozco el caso, pero no sé cómo están aplicando la ley, cómo le cuantifican los ingresos.

-Los del padre, él no tiene.

-Claro, claro, por supuesto, si es un gran dependiente está claro que necesita una persona para su atención. No sé cómo está aplicada la ley, este caso es incomprensible. Algo no se ha hecho bien. Debería tener asistente personal.

-Sí, pero esa figura, que iba a ser la estrella de la ley, casi no existe. En Asturias sólo hay un caso.

-Es que esa figura es muy cara. Es muy difícil financiar un asistente personal para cada situación. Nosotros habíamos diseñado una atención colectiva, cooperativa. Es la solución, pero es verdad que se ha desarrollado poco esa figura.

-¿Vamos hacia una privatización de servicios?

-Completamente. Y es un error, porque muchas familias no tendrán otra opción que la oferta pública. Lo ideal es un sistema mixto, con iniciativa pública y privada.

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