Dependencia
Familiares de dependientes fallecidos acuden al juzgado para que el Consell les pague la ayuda
Familiares de dependientes ya fallecidos están demandando a la Conselleria de Bienestar Social para poder cobrar las ayudas que tenían aprobadas y que nunca recibieron. Con motivo de la muerte del beneficiario, el departamento dirigido ahora por Asunción Sánchez Zaplana dio por amortizadas estas subvenciones que, según reveló el Tribunal de Cuentas, sí que habrían cobrado del Ministerio de Sanidad.
En una de las demandas a las que ha tenido acceso este periódico, los familiares aseguran que «el fallecimiento del titular de la ayuda no es óbice para considerar que no proceda el pago de la misma, pues los gastos se han causado hasta la fecha del fallecimiento, como en su momento se acreditó con las facturas del coste de la residencia».
Estos familiares defienden que mantuvieron informada a la conselleria en todo momento y que no han recibido respuesta, y eso que la ayuda les fue aprobada desde 2008. «Esta parte desconoce qué actuaciones ha podido llevar a cabo el organismo responsable de la Conselleria de Bienestar Social, por cuanto no se le ha notificado actuación alguna por su parte, habiendo tenido en todo momento conocimiento de la existencia de legítimos herederos por parte del causante, tal y como se ha acreditado en los documentos adjuntos, por lo que no puede haber declarado desconocido el acreedor de las cantidades aprobadas», defienden los demandantes.
Como contó ayer este periódico, el Tribunal de Cuentas ha solicitado a la Generalitat que devuelva 2,1 millones de euros al Imserso, dependiente del Ministerio de Sanidad, por haber cobrado subvenciones de dependientes fallecidos. Se trata de los subsidios de mínima protección aprobados durante cinco años a casi mil dependientes y por los que se habría percibido un dinero que no se entregó a nadie.
EUPV pide una investigación
La diputada de EUPV en las Corts Esther López Barceló anunció ayer que la formación de izquierdas preguntará al Consell por el informe realizado por el Tribunal de Cuentas sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunitat Valenciana y que pedirá la creación de una comisión de investigación en la Cámara sobre la gestión de las ayudas por parte del Gobierno valenciano. «Resulta obsceno que el PP haya estado criticando constantemente la falta de financiación para la aplicación de la Ley de la Dependencia cuando el Tribunal de Cuentas le exige 2,1 millones de euros en ayudas a dependientes que murieron antes de recibirlas», denunció la diputada.
Para Esther López, los problemas con la aplicación de la normativa vigente son motivados por «la desidia, la dejadez y el consciente boicot del PP». Para la parlamentaria autonómica, «los derechos sociales en el País Valenciano se están dejando de garantizar» y en aquello referido a la aplicación de la Ley de la Dependencia, «tenemos uno de los ejemplos más palpables de la mala gestión del PP valenciano».
Solicitantes de la Ley de Dependencia critican la demora y escasez en las ayudas
Numerosas personas que padecen una enfermedad acuden a los organismos necesarios para cumplimentar toda la documentación requerida y poder acogerse a la Ley de Dependencia. Sin embargo la gestión burocrática que las propias administraciones realizan ralentiza de forma considerable el proceso, con la correspondiente gravedad que ello puede ocasionar a una persona que padece una situación delicada de salud.
La demora a la hora de recibir las ayudas, que en algunos casos llegan una vez la persona que las solicita ha fallecido, ha llegado hasta tal punto que los afectados no se ven ni amparados por la legislación así como tampoco por las administraciones.
Ese es el sentir de algunos afectados entre los que se incluye Abrahán Guirao es uno de las personas que ha recurrido a la Ley de Dependencia.
Demora para recibir la ayuda y prolongadas gestiones de demanda
Concretamente Guirao padece una enfermedad degenerativa muscular que afecta a todo el cuerpo. Por esta razón, hace cuatro años decidió solicitar esta ayuda, que todavía a día de hoy no le ha sido concedida. “Mi solicitud me fue denegada mientras a mi padre, que estaba bastante peor que yo, se la aprobaron aunque el proceso para que fuera efectivo tardó tanto que de hecho poco pudo disfrutar de la prestación que se le adjudicó hasta que falleciera. Desde entonces y al cambiar radicalmente la situación económica en mi casa y además estando yo mucho peor, retomé la batalla de reclamaciones y solicitud de revisión, que no es que abandonara en ningún momento pero que estaba más en una posición de espera de una respuesta a papeles presentados que no llegaba”.
La negativa de la solicitud así como la demora en las gestiones son las principales causas que, apunta, están provocando la desesperación de muchos usuarios que solicitan esta ayuda por extrema necesidad y aseguran están desamparados. “Tras la espera de muchos meses, con llamadas constantes a las que la respuesta era que ellos no sabían nada, que lo valorarán cuando me toque mi turno y ya me dirán, recibo una carta denegándome cualquier reconocimiento de situación de persona dependiente sin mayor explicación que porque no creen que haya empeorado mi estado. Me pongo en contacto telefónico con ellos diciendo que aparte de que el informe que he presentado dice todo lo contrario, ni siquiera han venido a revisarme a casa tal y como deben hacer para comprobar mi estado y no hacer tal afirmación sin más, en su clara estrategia de responder “no” por sistema hasta que el solicitante se cansa de reclamar o fallece en el proceso”.
Constantes cambios en la legislación
Este caso concreto sirve para reflejar la situación que están viviendo numerosos ciudadanos quienes además critican los cambios constantes que sufre la ley, lo cual supone que el proceso de evaluación y concesión de la ayuda, no llegue a materializarse. “Tras varias llamadas me comentan que ahora el proceso ha vuelto a cambiar y para reclamar su fallo, el informe que vale es uno “oficial” que te hace el médico de cabecera y cumplimentado con más papeles que me dará la asistenta social tras una revisión por su parte”.
En este sentido, otra de las críticas de los afectados es que con tanto cambio las gestiones se eternizan y los propios trabajadores se muestran confusos sobre el procedimiento. “Acudo a un sitio y otro para su elaboración no sin que pase algún que otro mes en el proceso y que fruto de estos “cambios constantes” ni los médicos ni en asistencia social ni en el Prop acaban de tener claro qué deben hacer y actúan sobre la marcha”
La lentitud de las gestiones y el proceso y los constantes cambios incrementan la impaciencia de los solicitantes mientras va mermando su estado de salud. Informes que no llegan, reclamaciones que se inician seguidas de nuevas barreras en el proceso, provocan la desesperación de los afectados. “Avanza 2012 y meses después de la mencionada reclamación me contestan básicamente que debería cumplimentar todo lo aportado con un informe médico del especialista de mi enfermedad actualizado, dado que el que tienen es el de la primera solicitud de hace más de tres años. Adjunto a todos los papeles anteriores y vuelvo a reenviar a Dependencia. Meses después, ya rozando 2013 y tras llamadas en las que me decían no saber nada aún de mis papeles y su recepción me contestan diciendo que me he dejado por marcar una casilla importante y que debo reenviar los papeles en menos de una semana rellenándolos por completo o perderé cualquier derecho. Cansado, indignado, con sensación de ser burlado, lo hago y lo vuelvo a enviar.
La visita de reconocimiento en el domicilio del solicitante y escasa ayuda económica
Una vez la documentación está en regla, parte del proceso es la evaluación personal del paciente. Es uno de los últimos pasos a realizar antes de recibir la ayuda. Sin embargo, nuevos cambios en la Ley provocan el desasosiego de los enfermos. “Por enésima vez llamo preguntando sobre el estado de la reclamación me dicen que lo tienen todo correcto y no creen que tarden en llamarme para decirme qué día vienen”.
Sin embargo una vez se persona quien realiza la evaluación, después de un proceso burocrático complejo, asevera que “hace unos meses han quitado todas las prestaciones económicas”. De esta forma Guirao declaraba que “se cierra así la puerta a una ayuda de máximo unos 300 euros para una situación económica complicada y el bálsamo de que el cuidador/a (en este caso mi madre) pueda cotizar a la Seguridad Social, dado que por tantos años de cuidar a mi padre y ahora a mí no ha podido apenas trabajar y por tanto difícil tiene tener una pensión digna. “Si tengo suerte” (me dicen) igual me aprueban que venga alguien a mi casa unas horas al mes a ayudar o poder ir a un centro, para ir así acostumbrándome al hedor de la muerte y la gratificante experiencia de mirar a los ojos cada día a aquellos que como yo, parece que no servimos en esta sociedad. Ahora podría ir a los tribunales, reclamar que inicié los trámites hace mucho y que aplicaran el carácter retroactivo pero ante tal posibilidad, la revisora de hoy ya me advierte que solo voy a perder más salud, tiempo y el dinero que no tengo”.
Sanidad cantabra incluye al colectivo de enfermería en los equipos de valoración de la dependencia
La Consejería de Sanidad modificará la normativa actual de la comunidad autónoma para incluir al colectivo de Enfermería en los equipo de valoración de la dependencia, de los que hasta ahora únicamente forman parte fisioterapeutas y trabajadores sociales de atención primaria.
La decisión la ha anunciado este lunes la consejera de Sanidad, María José Saénz de Buruaga, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria, Rocío Cardeñoso, y la secretaria autonómica del sindicato de Enfermería SATSE.
El objetivo es crear equipos multidisciplinares de valoración de la dependencia en Atención Primaria que empezarán a funcionar a comienzos del próximo año 2014 con «al menos» un enfermero, un trabajador social y un fisioterapeuta.
Según la consejera, ello «permitirá contemplar de manera integral determinadas valoraciones complejas, así como mejorar la resolución de los procesos de valoración de la dependencia y disminuir la variabilidad en la toma de decisiones».
Buruaga ha puntualizado que el papel y número de fisioterapeutas y trabajadores sociales que realizan a día de hoy las valoraciones (58 y 32, respectivamente), «no se verá alterado», porque la enfermería «no viene a desplazar ni a sustituir a nada, sino todo lo contario, viene a sumar».
FORMACIÓN
Las primeras acciones a desarrollar pasan por la formación de estos equipos y la designación de profesionales de enfermería referentes (uno en las zonas básicas de salud con menos de 10.000 usuarios; dos en las que tienen entre 10.000 y 20.000 tarjetas; y tres en las de más de 20.000).
La consejera explicó que la designación de profesionales de referencia «no será antes del mes de junio» dado que está condicionada a la resolución de la oferta de empleo público de enfermería, OPE que Sanidad se ha comprometido a resolver en el mes de mayo. En principio, la Consejería «espera voluntarios, y si hubiera más profesionales interesados que plazas disponibles se procederá a su selección en función de sus competencias profesionales».
En materia de formación se realizará en primer lugar un curso teórico on line abierto a los 389 enfermeros que actualmente trabajan en atención primaria; y posteriormente, los profesionales designados de referencia para integrar los equipos de valoración deberán superar un curso de formación teórico-práctica más específica y de 60 horas.
Por su parte, los fisioterapeutas y trabajadores sociales deberán participar en acciones de actualización formativa periódicas, la primera antes de la puesta en marcha de los equipos multidisciplinares de valoración de la dependencia, prevista para enero de 2014.
CAMBIOS NORMATIVOS
La consejera explicó que en el ámbito normativo, el primer paso se dio ya el año pasado con la modificación de la Ley de Derechos y Servicios Sociales de 2007, y el siguiente será la modificación de la orden de 7 de mayo de 2007 por la que se regulan los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia, que se hará «tan pronto» como el Gobierno culmine la tramitación del Real Decreto que determine las prestaciones en materia de dependencia, «previsiblemente a inicios del verano».
Buruaga destacó que este proyecto «va más allá» de la mera determinación del grado de dependencia; «forma parte de un nuevo modelo biopsicosocial» y multidisciplinar de atención a la dependencia, y «no sólo salda un debe con los enfermeros, que son los profesionales líderes en la gestión de cuidados, sino también con los usuarios y con el propio sistema de atención a la dependencia».
En la misma línea se manifestaron las responsables del Colegio de Enfermería y de SATSE, quienes han mostrado su satisfacción por este cambio que va a permitir revertir una situación que, según han dicho, sólo se da en Cantabria.
En este sentido, Cardeñoso ha explicado que entre comunidades autónomas ha habido «mucha disparidad» en el desarrollo de la Ley de Dependencia pero el hecho de que el colectivo de enfermería no interviniese «en ninguna fase» sólo se ha dado en Cantabria, algo que «no entendemos -ha dicho- cuando tenemos mucho que aportar en la mejora de la normativa».
El Govern rechaza una ILP para blindar pagos a ancianos con dependencia severa
El Govern catalán ha emitido un informe desfavorable para la tramitación de una iniciativa legislativa popular (ILP) para que la Generalitat priorice por ley los pagos a ancianos con gran dependencia institucionalizados en sus presupuestos y no pueda repetir impagos de conciertos como los de julio, de 70 millones de euros, que aún no han sido sufragados.
El informe negativo que ha transmitido el Govern a la Mesa del Parlament, al que ha tenido acceso Europa Press, destaca que la aprobación de esta ILP «comportaría un aumento de gastos en el presupuesto vigente», por lo que no se muestra conforme a su tramitación. Esta iniciativa social fue presentada en el Parlament por la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) el pasado 5 de marzo, y ahora la Mesa de la cámara debe admitirla o no a trámite en base a criterios jurídicos.
Los directores de residencias pretenden blindar por ley los pagos a los ancianos que cuentan con el mayor grado de dependencia -grado 3, niveles 1 y 2-, entendiendo que representan «uno de los eslabones más débiles de la sociedad, por lo que debería ser una prioridad proteger sus derechos básicos», según ha explicado a Europa Press el vicepresidente de Ascad, Iñaki Anton. Pero el Govern alega en su informe que «en caso de falta de crédito en el presupuesto, sería necesario un suplemento de crédito o un crédito extraordinario», lo que, según el Ejecutivo catalán, podría tener efecto en las cuentas de este año.
Uno de los requisitos para que una ILP sea admitida a trámite por la Mesa del Parlament es que la iniciativa no tenga un impacto directo en los presupuestos de la Generalitat del año vigente, algo que, según el Govern, no ocurre en el caso de la propuesta de los directores de residencias.
El informe subraya que el Estado ha reducido su aportación a ley de dependencia en Cataluña hasta los 206 millones en 2013, mientras que el año anterior aportó 243, aunque inicialmente se había comprometido a abonar 275, lo que supone «un gran esfuerzo» para la Generalitat, que debe compensar esta tendencia con recursos propios.
Margen de maniobra
El Ejecutivo catalán también alega en su informe que la ILP propuesta por los directores «comportaría el establecimiento de una nueva restricción en el margen de maniobra con el que se puede actuar en la gestión de la tesorería», lo que podría suponer tener que pagar antes los conciertos sociales que las nóminas de los funcionarios. «El Govern debe valorar cada mes las prioridades de pago en base a las obligaciones legales y a los compromisos existentes», añade el documento, que afirma que el hecho de que el pago de las prestaciones a grandes dependientes sea muy importantes no significa que se deba imponer por ley. El texto concluye que «las prioridades que se siguen en los pagos priorizan, en primer lugar, las obligaciones financieras», que van seguidos de las nóminas y, en tercer lugar, de los compromisos con el sector social con carácter finalista. «DELITO TÁCITO» Para Antón, los argumentos que utiliza el Govern para rechazar la ILP suponen «un delito tácito», pues el Ejecutivo admite que las partidas presupuestadas para atender a grandes dependientes podrán destinarse a pagar otras cosas si hay tensiones de tesorería. «Es inconcebible que el Govern rechace blindar estos pagos esenciales y priorice las nóminas y los créditos», ha criticado Antón, que ha confiado en que finalmente la Mesa del Parlament admita a trámite la propuesta la próxima semana.
Los trabajadores sociales asturianos arremeten contra la política de la Consejería de Bienestar
Peligro de desigualdad en el acceso a las prestaciones sociales, riesgo de «discrecionalidad política» a la hora de otorgar las ayudas, falta de líneas claras de actuación, colapso administrativo e, incluso, un «estilo de liderazgo» poco adecuado. Los trabajadores de los Servicios Sociales públicos del Principado han arremetido con dureza contra la política de la Consejería de Bienestar Social, en una carta dirigida al presidente regional, Javier Fernández, que también ha sido enviada a los grupos políticos con representación parlamentaria, a la Procuradora General del Principado, a los sindicatos y a la Federación Asturiana de Concejos, que precisamente hoy celebrará una reunión para analizar el problema de implantación del plan concertado de servicios sociales de este año.
La carta sale a la luz en plena polémica entre la Consejería de Bienestar Social y varios municipios dirigidos por los conservadores (PP y Foro) por los cambios introducidos en el plan que debe financiar las prestaciones sociales básicas, tras los recortes aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Los empleados públicos -avalados por otros asistentes sociales asturianos- acusan a la Consejería de implantar una política que «sigue fielmente» las directrices marcadas por Madrid, en contra del programa electoral de los socialistas y que puede acabar «con el desmantelamiento progresivo del actual sistema público de Servicios Sociales». Los trabajadores expresan en la carta «preocupación por el contenido, la trascendencia y las formas de las decisiones» que se adoptan en la Consejería. Unas decisiones, añaden, que se deben «a la inexistencia de un marco conceptual que defina y concrete de forma clara las principales líneas de la política social».
Una de las inquietudes que expresan los trabajadores se centra en el plan concertado de 2013. «Los riesgos de la desigualdad para el acceso y distribución de los recursos a los ciudadanos(…) preocupan a los profesionales responsables de su gestión, pues ante la carencia de directrices técnicas e incertidumbre del escenario económico, pudiera interponerse la discrecionalidad política» para otorgar las prestaciones sociales básicas. También afirman que el nuevo plan concertado «pone en juego la pervivencia de los equipos de profesionales de los Servicios Sociales municipales».
Los asistentes sociales también muestran su inquietud por el recorte a un máximo de 20 horas mensuales del servicio de ayuda a domicilio, ya que consideran que desvirtúa el objetivo del plan, que es «mantener a las personas en su medio habitual de vida y convivencia».
Respecto a la implantación de la ley de Dependencia, critican que desde su aprobación, hace 6 años, se ha desarrollado de forma ajena al sistema público de Servicios Sociales, con el que compite por los recursos económicas. «No sólo no se ha planteado la integración de ambos sistemas, sino que se continúa avanzando» en su implantación «a costa del desmantelamiento del sistema público de Servicios Sociales», afirman.
El colectivo de trabajadores concluye su escrito asegurando que, a su juicio, los responsables de la Consejería, de la que es titular Esther Díaz, ex alcaldesa de Langreo, «no han demostrado tener capacidad ni estar a la altura de momentos tan difíciles. Prueba de ello es el colapso de la gestión administrativa en las prestaciones de dependencia y salario social; la maraña jurídico-administrativa existente, la proliferación de instrucciones contradictorias y el menosprecio a la labor de los técnicos y sus propuestas.
Las CC.AA. deben 46,8 millones por cobros indebidos para dependencia
El Tribunal de Cuentas ha detectado que el Estado ha transferido «en exceso» fondos a las comunidades autónomas en concepto de ayudas a la dependencia, una cuantía que asciende a un total de 46,8 millones de euros aunque estuvo por encima de los 185 millones de euros, según se desprende del informe de fiscalización de la gestión económico-financiera y de la aplicación de la Ley de 2006 de la Dependencia, al que ha tenido acceso Europa Press.
Así, la entidad fiscalizadora ha observado diversas incidencias en relación con el abono de la liquidación del nivel mínimo de protección a las diferentes comunidades autónomas, por ejemplo con beneficiarios fallecidos que estaban dados de alta en el Sistema informático para gestionar los datos relativos al Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SISAAD), así como expedientes duplicados, DNI incorrectos o duplicados, o beneficiarios recogidos en el SISAAD pero no recogidos en las bases de datos de las comunidades autónomas.
De hecho, en el SISAAD figuraban «indebidamente» como beneficiarias del sistema de dependencia 12.055 personas que estaban muertas, «provocando la financiación indebida», por parte del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), de un importe estimado por este Tribunal en, al menos, 29,4 millones de euros, a fecha de 30 de abril de 2011.
Eso sí, al detectar la existencia de numerosas personas muertas beneficiarias de las prestaciones durante el ejercicio de fiscalización, la institución avisó al IMSERSO y a las comunidades autónomas, y ya se han logrado recuperar de 140,3 millones de euros, de 41.205 personas que figuraban como fallecidas, quedando pendientes los 29,4 millones antes citados.
Según la institución, que aprobó su informe el pasado 21 de marzo, el director general del IMSERSO manifestó en sus alegaciones que un total de 2.809 expedientes ya se encuentran dados de baja en la aplicación informática del SISAAD y que, con respecto al resto, se está analizando la información remitida por este Tribunal y, en el supuesto de que se detecten personas realmente ya fallecidas, se procederá a reintegrar las cantidades que, en su caso, se hubieran abonado de forma incorrecta en concepto de nivel mínimo de protección.
ABONOS INDEBIDOS A LAS CC.AA.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas resalta que el Instituto de Mayores abonó «indebidamente» un importe, cuantificado en 5,2 millones de euros, como consecuencia de la existencia de un total de 1.363 expedientes que se encontraban duplicados en la mencionada aplicación informática, generando, en consecuencia, un doble abono a las comunidades autónomas.
Igualmente, ha verificado que el IMSERSO liquidó «indebidamente» un importe cuantificado en 1,9 millones de euros como consecuencia de, al menos 2.642 expedientes que tenían reconocido únicamente el servicio de teleasistencia y, dado que este servicio tiene un carácter complementario, no debería haber generado dicha liquidación.
Es más, ha averiguado que este Instituto de Mayores minoró «indebidamente» a las comunidades autónomas un importe de 9,8 millones de euros, como consecuencia de un total de 6.631 expedientes que presentaban un importe acumulado negativo en este concepto, provocando un déficit de financiación en dichas comunidades por el mencionado importe.
El Tribunal de Cuentas ha detectado a su vez que el IMSERSO abonó «de forma indebida» un total de 20 millones de euros como consecuencia de 3.115 expedientes cuyo importe total liquidado, desde el 23 de abril de 2007 hasta la nómina correspondiente al mes de abril de 2011, era «superior» al máximo establecido legalmente para cada beneficiario en ‘Grado III, nivel II’ (12.604 euros).
A 31 de diciembre de 2010, el IMSERSO tampoco tenía reconocido en sus estados contables un importe total de 65,9 millones de euros, derivados del aplazamiento y periodificación del abono del nivel mínimo de protección garantizado a las comunidades autónomas, como consecuencia de la modificación introducida en el decreto ley de 2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público en relación con el aplazamiento y periodificación del abono de las prestaciones económicas recogidas en la Ley de Dependencia de 2006.
AUMENTA EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS SIN PRESTACIÓN
De acuerdo con la información del SISAAD, la entidad fiscalizadora apunta que, a 31 de diciembre de 2010, existían un total de 231.055 personas con derecho a recibir estas prestaciones que, sin embargo, no recibían nada, lo que equivale al 25,68 por ciento del total de personas con derecho a estas prestaciones, siendo especialmente significativa en Canarias, donde ese porcentaje ascendía a un 58,46 por ciento, Valencia con un 43,12 por ciento y Galicia con un 39,49 por ciento.
A fecha de 31 de diciembre de 2011, el Tribunal detecta igualmente que el número total de personas beneficiarias con derecho a prestación se elevaba a 1.057.946, siendo beneficiarias de prestación tan sólo 752.005, es decir, un total de 305.941 personas no percibían ningún tipo de prestación, que supone un 28,91 por ciento.
Igualmente, ve «importantes deficiencias» en el procedimiento establecido para el reconocimiento del derecho a la situación de dependencia, así como en el cálculo de prestaciones derivadas de la misma, en función del territorio de residencia del solicitante.
Según cita, en algunas comunidades autónomas el patrimonio del solicitante no se tiene en consideración a efectos del cálculo de la citada capacidad económica y, en otras, no se tiene en consideración la totalidad de las rentas percibidas por los solicitantes.
Además, subraya que 14 comunidades autónomas han incumplido el plazo máximo de seis meses establecido en la normativa de Dependencia para el reconocimiento del derecho a la prestación de dependencia, dado que, a fecha de 31 de diciembre de 2010, el plazo medio de resolución se elevaba a nivel nacional a un total de 262 días (casi nueve meses), siendo especialmente significativo en Andalucía, Asturias, Castilla y León, Aragón, Valencia, Madrid, Murcia, donde este plazo superó los 300 días (casi diez meses), y en Canarias, donde se elevó el plazo a 577 días (casi 20 meses).
De la misma forma, apunta a la falta de identificación en los presupuestos de gastos de las comunidades fiscalizadas, de la totalidad de los créditos destinados a financiar las prestaciones derivadas de la situación de dependencia, que sí deberían publicarse.
RECOMENDACIONES
Con ello, recomienda al IMSERSO, como responsable del SISAAD, analizar la información de las distintas aplicaciones informáticas, con el fin de homogeneizar el contenido y evitar la posible financiación indebida derivada del pago del nivel mínimo de protección.
En su caso, pide también modificar el procedimiento de justificación y posterior libramiento de financiación del nivel mínimo de protección, exigiendo a los órganos competentes de las comunidades una certificación en la que se acredite que la información del SISAAD se corresponde fielmente con los beneficiarios de las prestaciones derivadas de la situación de dependencia.
Al mismo tiempo, cree que el IMSERSO debe proceder, con carácter inmediato, al procedimiento de reintegro de 6 millones de euros derivados de la diferencia existente entre los créditos totales asignados con cargo al Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y las obligaciones reconocidas con cargo al mismo, con respecto a aquellas comunidades que no justificaron la aplicación finalista de estos recursos.
Antonina Sánchez: “Asistimos a la demolición de la Ley de Dependencia»
La teniente alcalde de Sanidad y Servicios Sociales de Valdepeñas, Antonina Sánchez, afirmó este martes que los recortes de servicios y el incremento de las tasas a los usuarios de la Ley de Dependencia por parte del gobierno regional, “suponen un brutal retroceso. Asistimos a la demolición de la Ley de Dependencia. Los efectos de las políticas del PP son devastadores. Ha habido cambios en la normativa y recortes que dejan en la calle a los dependientes. Han recortado sus prestaciones”.
Enumeró recortes como el reflejado en el Decreto 174/2011 que modifica el baremo a través del cual una persona se considera dependiente. “Dependientes de grado 3 ahora son de grado 1 y los de grado 2 y 1, la Junta ha dejando de considerarlos dependientes. Supone una pérdida de derechos. También se ha disminuido el número de horas al mes de ayuda a domicilio que recibían los dependientes y se ha establecido la incompatibilidad entre servicios que recibe una persona dependiente, excepto en la tele-asistencia, lo que hace que el dependiente deba elegir entre ir al centro de día o el servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo. Esto supone una situación de desprotección”.
Sánchez apuntó que “otra medida sangrante” es que las personas que tienen reconocido el grado 1-nivel 2 y que tenían derecho a todas las prestaciones y servicios a partir del 1 de enero del presente año, han visto retrasada la atención hasta julio de 2015. Es igual que si una persona que sufre cáncer y necesita quimioterapia le retrasan el tratamiento dos años, es probable que no llegue a recibirlo porque muera. Miles de personas morirán esperando recibir ese servicio que necesitan, porque la esperanza de vida de estas personas dependientes es muy corta”.
Otro recorte es dejar de financiar la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales en el ámbito familiar y otro, reducir las prestaciones económicas para dependientes en un 15%.
En cuanto al incremento de las tasas, Antonina Sánchez recordó que las prestaciones dependen ahora de las rentas y el patrimonio. También indicó que el servicio de Ayuda a Domicilio que antes era gratuito, ahora oscilará entre 56 y 186 euros en Valdepeñas.
Asimismo se ha incrementado la tasa del Centro de Estancias Diurnas del Lucero más de un 80%, no se concede el Transporte Adaptado, el gobierno central ha disminuido un 30% desde 2012 el presupuesto para dependencia y la Junta lo ha reducido un 11,17% (93 millones de euros), se ha modificado la Relación de Puestos de Trabajo suprimiendo 178 puestos (93 dentro del ámbito de la dependencia) y se ha aprobado la Ley de Tasas, con lo que el dependiente debe pagar por la gestiones de la administración, como 40 euros por revisar el grado de dependencia o 30 por la revisión del grado de discapacidad.
El Imserso aboga por la asistencia y atención a las personas mayores como «importante nicho de creación de empleo»
El director general del Imserso, César Antón, ha subrayado el papel de la asistencia y atención a las personas mayores como «importante nicho de creación de empleo», durante la clausura del seminario ‘El desarrollo humano en una sociedad de mayores’, en la sede de Funcas.
En su intervención, Antón ha detallado las previsiones que manejan las administraciones a raíz de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Eurostat. Así, ha recordado que, en los últimos 50 años, la población mayor de 65 años se ha cuadruplicado mientras que la de otras edades ha crecido a un ritmo menor.
Además, la población que se sitúa por encima de los 65 años representa a más del 17 por ciento del censo demográfico del país mientras que la tendencia de esperanza de vida sigue al alza, hasta los 88 años de media en el caso de las mujeres y de 81 en el de los hombres.
Por todo ello, Antón ha señalado que «la atención, el cuidado y la asistencia a las personas mayores se han erigido en prioridad, no sólo con los mayores que necesitan ayuda por su pérdida de autonomía, sino también, y sobre todo, con aquellos mayores a los que una alimentación sana, unos hábitos de vida saludables y una cobertura de los servicios sociales adecuada permitirán envejecer activamente».
En este punto, ha afirmado que se ha logrado «que el concepto de ‘envejecimiento activo’ forme parte del tejido social de una forma tan profunda que cualquier persona, sin importar su edad, sabe ya qué significa y cómo y por qué hay que envejecer bien» y ha recordado el trabajo del Ejecutivo en abrir cauces de participación social para los mayores, en referencia al Estatuto del Mayor, cuya redacción se encuentra en sus últimas fases y que recogerá las demandas, necesidades e inquietudes de este colectivo, según Antón.
El director del Imserso ha añadido que las administraciones disponen de una serie de recursos –como la atención a domicilio, la atención diurna, centros de día para personas dependientes o atención residencial, entre otros– cuya demanda, a tenor de las previsiones, aumentará durante los próximos años.
Por este motivo, ha señalado que «la tarea acuciante» que aborda el departamento de Ana Mato pasa por unificar los criterios de gestión del Sistema de Información «para evitar irregularidades y deficiencias en expedientes», además de dar prioridad a la entrada en el sistema de los dependientes en situación más grave.
Además de la asistencia a las personas mayores, el director del Imserso ha subrayado la importancia de prevenir enfermedades y situaciones que lastran la autonomía física por lo que ha apostado en invertir en hábitos de vida saludable, en paralelo a la inversión en servicios públicos de calidad lo que, a su juicio, «redundará en una mejor calidad de vida de este sector de población».
«IMPRESCINDIBLE MEJORAR DE SERVICIOS»
La jornada también ha contado con la participación, entre otros, de la profesora del CSIC y catedrática de Sociología Económica Mª Ángeles Durán, para quién es «imprescindible que haya una mejora y ampliación en los servicios sociales», que, a su juicio, «están deteriorados», aunque ha reconocido que es «el peor momento para conseguir mejoras ante la falta de ingresos».
En declaraciones a Europa Press, Durán ha pedido «cambiar la actual estructura» de la sociedad ante el envejecimiento de la misma. En este punto, ha apostado por «flexibilizar la edad de jubilación» ya que «no es lógico mantener a la gente el tiempo que están en el mercado laboral si su salud va a ser mejor».
Además, ha destacado que los mayores aportan «trabajo gratuito» a la sociedad en aspectos como «el cuidado de menores o enfermos», sobre todo en el caso de las mujeres –«quienes aportan más»– por lo que ha insistido en la necesidad de «diferenciar la economía real de la que no está vinculada a los recursos monetarios». Por último, ha hecho alusión a la importancia de la autonomía para este colectivo, tanto en el ámbito laboral, en la vida y en el cuidado a los demás.
Aragón, las ayudas de la dependencia a las familias serán excepcionales
Las arcas de la Administración están vacías. Tanto que al Gobierno de Aragón no le queda otra que reorientar el desarrollo de la Ley de la Dependencia. A partir de ahora las ayudas que reciban las familias tendrán un carácter «excepcional». Las partidas presupuestarias se destinarán a las prestación de servicios, como la teleasistencia, o las residencias –pese a que se han destruido ya 2.000 plazas–.
Ante las críticas de la oposición, el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, les echó en cara que solo se preocupen de las prestaciones económicas, cuando «lo importante es el dependiente y no la familia. Por ello hay que facilitarles servicios como centros de día o residencias, que garantizan, «además de la generación de empleo, una mejor atención».
Oliván compareció a petición del PSOE. Su portavoz, Mariví Broto, le preguntó por el desarrollo de ley y le recordó que la presidenta Luisa Fernanda Rudi la calificó de «inservible» hace meses. La socialista calificó la situación de «muy grave» y consideró «necesario» que los servicios sociales «se pongan a trabajar».
REVERTIR LA LEY
Oliván reconoció que su intención es cambiar la tendencia de la aplicación de la ley, puesto que en estos momentos el 65% de los ciudadanos que tiene derecho recibe una prestación económica, y el 35% se beneficia de algún servicio. Unos datos que el consejero de Sanidad quiere revertir. Entre otras cosas porque supondrá un ahorro para la Administración, que ganará en capacidad de gestión y resolverá los problemas que se generan con la concesión de ayudas.
Y en esa línea van precisamente los cambios acometidos en el seno de su departamento, que ayer anunció Oliván. Están encaminados a «aplicar criterios de eficiencia en la gestión, ineludibles siempre pero más en las actuales circunstancias», dijo. El cambio consistirá en la supresión de la dirección general de Bienestar Social y Dependencia, que pasará a depender del propio IASS. Irá acompañado con un «amplio proceso de adaptación normativa» en cuestiones como la propia dependencia, la adopción o la homologación de los procedimientos de actuación.
Ninguno de los argumentos convencieron a Broto, que no dudó en señalar que el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi está «destruyendo» la dependencia. Justificó esta aseveración con la pérdida de posiciones que Aragón ha sufrido en el ránking de aplicación de esta ley desde que el PP está en el Ejecutivo autonómico.
Más de 15.500 asturianos reciben prestaciones de la Ley de Dependencia
Un total de 15.566 personas reciben actualmente en Asturias prestaciones de la Ley de Dependencia, según ha informado hoy consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, que ha cuantificado en 14 millones de euros el recorte que el gobierno del PP ha llevado a cabo en materia de servicios sociales.
La consejera ha ofrecido estos datos al comparecer hoy ante la Comisión de Bienestar Social de la Junta General del Principado.
La cifra de beneficiarios es la obtenida a finales de marzo, tras actualizar el número de expedientes incluidos en el registro informático del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SISAAD), un proceso que se ha compatibilizado con la incorporación de nuevos beneficiarios.
La consejera ha destacado ante la Comisión de Bienestar Social que el Servicio de Atención a la Dependencia prácticamente ha completado la mecanización de expedientes en el registro del SISAAD y que únicamente quedan algunos por grabar por causas técnicas.
En septiembre de 2012 había 2.500 expedientes que no tenían reflejo alguno en las estadísticas mensuales del Imserso porque no estaban dados de alta en la aplicación informática del SISAAD, según ha informado la Consejería en un comunicado.
Esta situación provocaba que el Principado dejara de ingresar, por parte del Estado, el nivel mínimo garantizado correspondiente a dichos expedientes, que ahora comenzará a recibir.
En el mes de octubre, parte del personal del Servicio de Atención a la Dependencia se dedicó a poner al día el registro.
Díaz ha cifrado también en más de 14 millones de euros el recorte del Gobierno de Mariano Rajoy en su aportación a los servicios sociales en Asturias, que se ha aplicado a la dependencia y los planes concertados, al tiempo que se ha suspendido la contribución económica al servicio de teleasistencia municipal.
La titular de Bienestar Social ha señalado que, a pesar de las grandes dificultades económicas que existen, desde el Principado se ha realizado un gran esfuerzo presupuestario para «minimizar el impacto de los recortes».
El Gobierno de Navarra extiende a los dependientes severos las ayudas para la contratación de un asistente personal
Los dependientes severos de Navarra también podrán beneficiarse de las ayudas económicas que presta el Gobierno de Navarra para la contratación de un asistente personal. Hasta este momento únicamente podían optar a ellas los grandes dependientes.
Asimismo, se han reducido de 120 a 80 las horas mensuales mínimas del contrato para los asistentes personales. Estas son las dos principales novedades que se recogen en la orden foral del consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, publicada recientemente en el Boletín Oficial de Navarra, según ha informado el Ejecutivo foral en un comunicado.
Con estas ayudas, enmarcadas en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia, el Gobierno de Navarra pretende fomentar la vida independiente de estas personas, su autonomía personal y favorecer su permanencia en el entorno habitual.
Pueden optar a las ayudas para asistente personal aquellas personas que tengan reconocida una situación de gran dependencia (nivel 3) o dependencia severa (nivel 2), que sean mayores de edad y que desempeñen un trabajo remunerado con alta en la Seguridad Social o participen en cualquier tipo de enseñanza superior.
Asimismo, deberán tener capacidad para determinar por sí mismas los servicios que requieren, ejercer su control e impartir instrucciones a la persona encargada de su asistencia. En caso de incapacidad legal, este último requisito se exigirá a quien ejerza la guarda y custodia de la persona dependiente.
La cuantía de las ayudas, que pueden solicitarse a lo largo de todo el año, variará en función de la capacidad económica de las personas beneficiarias, calculada teniendo en cuenta tanto la renta como el patrimonio, y su grado de dependencia.
De este modo, las ayudas a grandes dependientes podrán oscilar entre los 1.214,83 euros al mes y los 485,93 y las de dependientes severos entre los 723,94 y los 289,58. En ningún caso la ayuda económica será superior al coste de contratación.
Por su parte, las personas empleadas deberán ser idóneas para desempeñar las funciones propias de asistencia personal y la contratación se realizará de acuerdo a las normas generales y con alta en la Seguridad Social.
Casi 60.000 catalanes mueren esperando acceder al cobro de la dependencia desde 2007
Un total de 59.750 catalanes han muerto desde 2007 durante el proceso de acceso al cobro de la prestación por dependencia, que arranca con la presentación de la solicitud y culmina con la percepción de la ayuda, el 15,5% de ellos durante 2012.
Lo ha explicado este miércoles en respuesta parlamentaria la consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, que especifica el conjunto de personas fallecidas durante todo el proceso, aunque la pregunta del diputado del PP Pere Calbó solicitaba exclusivamente el número de fallecidos que no habían cobrado pese a que tenían el derecho reconocido en vida a través de un plan de atención individualizada (PIA) –que establece el grado de dependencia y la cuantía a percibir–.
Fuentes de la Conselleria han explicado a Europa Press que la cifra de fallecidos facilitada por Munté tiene en cuenta a todas las personas que han hecho una solicitud, aunque quizás después no cumplieran los requisitos para el cobro, por lo que la han desvinculado de retrasos o errores en los pagos.
El periodo comprendido entre 2008 y 2010 fue el que registró más fallecidos esperando a entrar en el circuito se cobro de la dependencia, con 39.063, el 65,3% del total de los últimos seis años –14.232 en 2008, 13.849 en 2009 y 10.982 en 2010–.
Aunque en 2011 hubo una importante disminución, con 6.862 fallecidos, en 2012 se produjo un repunte de las muertes hasta las 9.301 personas, lo que supone un incremento de un 35,5% en un año.
Todas las cifras desde 2008 quedan muy lejos de las registradas en 2007, cuando murieron 4.521 personas que habían solicitado ser valoradas de su grado de dependencia.
El gobierno catalán impulsa una ley de protección social
El Gobierno catalán ha empezado a tramitar una ley de protección social para «blindar» el estado de bienestar en Cataluña, después de que en los últimos cinco años se hayan disparado la pobreza y la exclusión, que ya afecta al 30% de los catalanes.
Lo ha anunciado este martes en rueda de prensa la consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, que ha recordado que esta iniciativa es «inédita en democracia», y que la Generalitat entiende el modelo catalán de cohesión social como una estructura de Estado más que se debe proteger.
La ley, que Munté ha considerado «ambiciosa», se gestó el 16 de marzo, cuando el gobierno catalán celebró una reunión extraordinaria tras truncarse la cumbre anticrisis convocada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Por ahora, la ley no cuenta con un calendario establecido ni con una dotación presupuestaria, teniendo en cuenta que el Gobierno catalán está «pendiente de que el Estado defina un objetivo de déficit», ha recordado Munté, que ha añadido que las dificultades económicas no deben impedir que se blinde el actual modelo de estado de bienestar en Catalunya.
Ha desvinculado de esta nueva ley la reestructuración del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), que dejará de funcionar como ente autónomo y se integrará a la consejería, porque ahora «lo que se persigue es reorganizar el modelo de prestaciones para hacer lo máximo posible con los recursos actuales», aunque no ha concretado de qué modo se llevará a cabo este proceso.
Sí que ha afirmado que no se eliminarán ninguna de las prestaciones sociales actuales «porque no sobra ni una», aunque ha admitido que es insostenible mantenerlas estructuradas como hasta ahora, después de que la inversión del Estado en este sector ha caído un 92% en los últimos tres años.
MÁS COPAGO
Munté ha apostado por que la nueva ley «garantice la universalidad de los servicios públicos» en Cataluña, aunque ha avanzado que se revisarán los actuales niveles de copago en función de la renta de los usuarios.
«Se trata de potenciar los principios de solidaridad e igualdad», ha dicho Munté, que ha explicado que la nueva ley de protección tendrá incidencia en leyes sectoriales de este ámbito, como la que articula la renta mínima de inserción (RMI) y la de servicios sociales.
La futura ley también irá dirigida a la protección de los ancianos, especialmente después de que hayan incrementado un 6% las denuncias por maltratos a este colectivo, según ha explicado Munté, que ha afirmado que «es un dato muy duro, pero existe».
PACTO CONTRA LA POBREZA
Paralelamente, el Gobierno catalán prevé aprobar durante esta legislatura el ‘Pacto por la lucha contra la pobreza en Cataluña’, un documento que se está consensuando desde hace meses con las entidades del sector para combatir la exclusión a medio y largo plazo, especialmente entre los más pequeños.
El Ejecutivo catalán también está ultimando el ‘Pacto por la infancia’, que desplegará un conjunto de medidas de protección y promoción de los menores, colectivo especialmente castigado por la crisis, teniendo en cuenta que 350.000 pequeños viven en familias que no pueden garantizar su sustento.
La consejera valenciana de bienestar social recuerda que se han pagado 32 millones a asociaciones en las últimas semanas
La consejera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Asunción Sánchez Zaplana, recordó hoy en el Fórum Europa. Tribuna Mediterránea que durante esta semana y la pasada el Gobierno autonómico ha realizado pagos por valor de casi 32 millones de euros que tenía pendientes de abonar a asociaciones y empresas dedicadas a la discapacidad, un sector con el que el Consell mantiene una importante deuda a pesar de que dichos gastos forman parte de los capítulos de gastos corrientes de la Generalitat.
Sánchez Zaplana explicó que desde que su equipo desembarcó en la Consejería de Bienestar Social el pasado mes de diciembre, después de la última reestructuración del Consell de Alberto Fabra, el trabajo que hemos estado haciendo con la Consejería de Hacienda es pagar los servicios y prestaciones de organizaciones y empresas del ámbito de los servicios sociales.
Tenemos que ser capaces de que las empresas que prestan los servicios sociales del ámbito de la discapacidad, las personas mayores, o cualquier familia, mujer, etcétera, puedan cobrar en tiempo y forma, subrayó la consejera durante su participación en el citado encuentro informativo, organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum.
COMPROMISO CON EL SECTOR SOCIAL
Sánchez Zaplana, que estuvo acompañada en el acto por numerosos representantes del ámbito social, además de compañeros de partido, gobierno y otras administraciones públicas, adquirió un compromiso firme con el sector, al borde del colapso ante los impagos del Consell de Alberto Fabra: Voy a trabajar para que tengan garantizado el pago de los servicios. Creo en ello, aseguró la consejera del ramo.
En este punto, y para concluir su intervención al respecto, Asunción Sánchez Zaplana destacó el papel indispensable que juegan las ONG y el Tercer Sector en general.
Las ONG», manifestó la consejera, «son un reflejo de nuestra sociedad, prestan servicios fundamentales y desempeñan una valiosa articulación de la sociedad civil.
Echániz critica que la Plataforma de la Ley de la Dependencia quiera decir «quién debe» recibirlos
El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, ha criticado este lunes «las amenazas» de la Plataforma de la Ley de la Dependencia –que anunció que le seguirían donde fuera necesario para entregarle sus escritos– y que sus integrantes quieran ser los que decidan «quien debe» recibirlos, cuando esa es una decisión que no les compete a ellos, sino a los servicios de la Consejería en sus distintos «órganos y ámbitos de competencias».
Echániz, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas durante la inauguración del quirófano número 13 del Hospital General Universitario de Ciudad Real, ha recordado a los miembros de la Plataforma que el Gobierno regional dispone de distintos registros en los que pueden entregar «la documentación que quieran».
Ha asegurado que desde la Consejería se han mantenido ya más de una «docena de reuniones» con esta plataforma en las que los «diferentes directores generales y secretarios conocen perfectamente lo que piden», por lo que ha dicho no entender esta actitud.
Finalmente, Echániz ha hecho hincapié en que el ámbito de la Dependencia ha sido uno de los mejor tratados por el actual Gobierno regional, «ya que se ha mejorado el presupuesto en un 300 por ciento y se les ha dado voz y voto en el Parlamento, con la creación de una comisión gubernamental donde todas las consejerías del Ejecutivo autonómico tienen relación directa con este sector a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)».
HUELGA DE AMBULANCIAS
En otro orden de cosas, y preguntado sobre los servicios mínimos que la Consejería de Sanidad ha establecido de cara a la huelga de ambulancias convocada en Ciudad Real todos los miércoles de abril, ha asegurado que como administración pública responsable de la salud de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma tienen que velar por «las personas que necesitan diálisis o transporte sanitario urgente o no urgente, y por eso se han fijado esos servicios mínimos».
En este sentido, el consejero de Sanidad del Ejecutivo autonómico ha insistido en que el objetivo y el criterio con el que se han fijado estos servicios mínimos es el de «tratar de equilibrar el derecho a la huelga de los trabajadores con el derecho a la salud de todos los ciudadanos de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha».
El Gobierno prepara un decreto para enterrar la dependencia
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales acusa al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales de «estrangular» la gestión de la Ley de Dependencia.
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales acusa al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales afirman que el Gobierno incumple el acuerdo alcanzado en el último Consejo Interterritorial de Dependencia celebrado el pasado 16 de enero y acusan al Ejecutivo de “estrangular” la gestión de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia a través de un Real Decreto en el que está trabajando a espaldas de las Comunidades Autónomas. Afirman que el Gobierno incumple el acuerdo alcanzado en el último Consejo Interterritorial de Dependencia celebrado el pasado 16 de enero.
En 2012, el Ministerio suprimió la aportación estatal para el nivel acordado, lo que supuso en el conjunto del país una reducción de 283 millones. A ello se unió en julio del pasado año la modificación de la Ley, que incluía otro hachazo en la aportación ministerial para el nivel mínimo de 87,7 millones de euros, es decir, un 13,24% menos de lo que aportaba en 2011.
Para 2013, el presupuesto que maneja el Ministerio según la Memoria del análisis de impacto normativo del Proyecto de Real Decreto por el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, contempla un recorte para el conjunto de las Comunidades Autónomas de un 22,6% con respecto al presupuesto final de 2012, es decir, 317,3 millones, a los que hay que añadir los 283 que aportaba por el nivel acordado suprimido ya el pasado año. Y es que mientras en 2012 el Imserso destino 1.404.493.590 €, para el nivel mínimo, este año el presupuesto previsto es de 1.087.179.320 euros.
Desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales aseguran que en 2012 y 2013 el Estado dejará de aportar a las Comunidades Autónomas más de 600 millones de euros, lo que representa un porcentaje muy importante de lo que recibían las Comunidades Autónomas.
El real decreto contempla aspectos que de aprobarse, supondrían, según la asociación, “un estrangulamiento total”, afirman que, “supondría la paralización prácticamente total de la tramitación de expedientes, al tener que trabajar en la incorporación de millones de datos de personas que han estado atendidas desde la entrada en vigor de la Ley, cuyo cumplimiento pretende exigirse para que el Imserso no deje de pagar a las Comunidades Autónomas suspendiendo la liquidación del nivel mínimo. Todo ello teniendo en cuenta que con la eliminación del nivel acordado se ha eliminado también la aportación económica a las Comunidades para la gestión”.
Añaden que las estadísticas oficiales desde hace siete meses se relacionan con los fallecimientos tanto de los beneficiarios, como de las personas en situación de dependencia que se encuentran en la lista de espera, “esto indica que al no mantener la tasa de reposición de beneficiarios, bajar las solicitudes, los dictámenes, el número de grandes dependientes, y reducir el número de personas con derecho nos lleva a pensar que el Sistema de Atención de la Dependencia tiene fecha de cierre, cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido. Si a todo ello le unimos los recortes económicos y las condiciones leoninas como las que se quieren incluir en el real decreto que pretende aprobar el Imserso, parece que esa fecha está marcada y se corresponde con la fecha de publicación en el BOE del citado real decreto”.
La asociación denuncia que sólo en este último mes se han cerrado 319 plazas de residencia, 517 de ayuda a domicilio, 1.083 de teleasistencia, entre otros servicios, lo que supone el despido de casi un millar de trabajadores del sistema de atención a la dependencia –un 90% mujeres-. Además 3.649 cuidadores familiares han dejado de recibir una ya mermada prestación económica.
Empresarios de la Dependencia presentan un plan para crear plazas sanitarias
La Federación de Empresarios de atención a la Dependencia (FED) ha presentado ante el director del IMSERSO, César Antón, un plan europeo que contempla la creación de 31.000 plazas sanitarias en España y una inversión de 2.300 millones de euros.
El plan, que fue previamente anunciado en Bruselas, parte de un estudio que expone que la ratio de camas en los países europeos es de 7.133 camas por cada millón de habitantes. En el caso concreto español hacen falta 31.000 camas para cumplir con el número estipulado. A nivel europeo, el plan de inversión en sanidad contempla la creación de medio millón de plazas y un total de 800.000 puestos de trabajo en el sector sanitario.
El presidente de la FED y secretario general de la Confederación Europea de Organizaciones de Cuidado del Hogar (ECHO por sus siglas en inglés), José Alberto Echevarría ha expuesto la situación del sector en términos económicos ante el director del IMSERSO. Según el estudio realizado, el sector de la atención a la dependencia tiene un volumen de negocio de cerca de 167.000 millones de euros en la UE y oferta un total de 3.5 millones de camas.
El documento, justifica que el retorno de la construcción en creación de nuevas plazas «no tendría efectos para la Administración hasta el año doce», según han explicado.
La ruta de Chulilla de los viajes sociales de la Diputación recorrerá también Requena, Chelva y Cofrentes
El programa provincial “La Diputación por el empleo Hotelero”, destinado a mejorar los servicios sociales de las personas mayores y dinamizar el sector hotelero y turístico valenciano, incluye una ruta con los atractivos turísticos de Chulilla y otras poblaciones.
El primer día de esta ruta, cofinanciada por la Diputación, se llegará al balneario de Chulilla donde se asignarán los horarios de circuito termal o tratamientos termales. Como primera cena tendrán buffet y baile con una cantante en directo entre las diez y las doce de la noche.
El centro histórico de Chelva y la Albufera serán el destino de los viajeros tras los tratamientos termales en los horarios asignados a cada termalista.
En el balneario podrán realizar gimnasia en la piscina, estimulación acuática y dinámicas de grupo.
A medio día, se servirá comida en el restaurante “Nou Racó” y paseo en barca por la Albufera para después volver a cenar al hotel y participar en un bingo “sin dinero”.
El tercer día de viaje, al terminar los tratamientos termales, el grupo se desplazará al parque geológico de Chera, mientras en el balneario se impartirá una charla sobre la salud ósea y en la piscina se hace gimnasia y estimulación acuática.
Por la tarde, tendrán un programa de animación con psicomotricidad musical, clases de baile y relajación. Para terminar el día, cena y baile.
Desde el balneario de Chulilla se saldrá hacia Requena el cuarto día de estancia y, posteriormente, al balneario de Cofrentes.
Al finalizar la comida se regresará a Chulilla donde está programada una charla explicativa de todo lo que engloba el hotel y, después, una degustación de chocolate fresquito o granizado con coca o valencianas.
El quinto y último día tendrá una charla de despedida con información y consejos generales para la salud antes de la salida hacia su lugar de origen.
Condiciones y selección
Los usuarios ya han empezado a solicitar en sus respectivos ayuntamientos las plazas para los viajes que la Diputación de Valencia subvenciona con el 50 % del coste, con lo que los usuarios abonarán 145 euros por 5 días de estancia con 4 pernoctaciones en el destino.
Los requisitos para optar a estos viajes son ser mayor de 65 años, ser jubilado mayor de 60, viudos mayores de 55 años o pensionistas y prejubilados que hayan cumplido los 60 años. Todos ellos podrán ir acompañados de sus cónyuges aunque ello son reúnan los anteriores requisitos.
Los viajes incluyen ida y vuelta, alojamiento en régimen de pensión completa, servicio médico en el propio hotel, póliza de seguros colectiva y programa de animación.
Amparo Mora, diputada provincial de Bienestar Social, ha manifestado que “las asociaciones de mayores nos han mostrado su satisfacción por contar con estos viajes y estamos convencidos que va a ser una experiencia positiva para ellos y para el turismo en nuestra provincia”.
