Discapacidad
Una cooperativa de inserción laboral dará nuevos usos sociales a kioscos de Barcelona
Barcelona pondrá en marcha una prueba piloto en diez kioscos de la ciudad para buscarles nuevos usos. La intención es que los kioscos de la nueva cooperativa puedan ofrecer —aparte de prensa y revistas— otros servicios, y que eso les permita convertirse en un punto de referencia vecinal.
Así, se ha pensado la posibilidad de que se conviertan en un punto de intercambio de libros, un punto de acceso Wi-Fi y de recarga de móviles, un punto de información municipal y de actividades de las entidades sociales, un punto para la distribución de pedidos o un punto de venta de lotería, entre otras opciones.
Se hará mediante una cooperativa formada por personas con diversidad funcional que, al mismo tiempo, permitirá la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Así, un total de 25 personas recibirán formación y asesoramiento durante seis meses para convertirse en futuros cooperativistas del proyecto que lidera el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad. La cooperativa se constituirá como una empresa de inserción laboral y deberá tener como mínimo un 30 % del personal en situación de riesgo de exclusión.
La iniciativa llega después de meses de trabajo para identificar los kioscos que actualmente no tienen actividad y que se quiere mantener en la vía pública para que se conviertan en una oportunidad laboral para las personas con discapacidad.
Nuevos puntos de prestación de servicios culturales, ambientales o sociales
La elección de estos diez kioscos surge de una radiografía integral que se ha realizado de estos puntos de venta y con la que se ha analizado la situación y la interacción con el territorio donde se ubican para evaluar futuras orientaciones alternativas que garanticen su viabilidad.
En toda la ciudad hay 285 kioscos activos, de un total de 338, que en su mayoría son rentables económicamente, aunque los resultados varían según la ubicación, siendo los más eficientes los del centro de la ciudad. Todas las concesiones actuales acaban en septiembre del 2030.
El modelo, sin embargo, está en riesgo. Los resultados económicos de estos negocios están excesivamente ligados a los ingresos de publicidad,ya que los nuevos hábitos de consumo de la prensa escrita y los cambios tecnológicos han hecho disminuir notablemente las ventas de diarios, revistas y otros.
En la elaboración del estudio ha participado el observatorio de la urbanización de la Universidad Autónoma de Barcelona. Los resultados se compartirán ahora con el sector comercial y profesional de la venta de prensa para implicarlos en la definición de modelo del kiosco del futuro.
Fuente: El Periódico
Un cojín previene las úlceras de las personas en silla de ruedas
El ingeniero industrial Pedro Aguilera ha ideado Prev UPP, un cojín con sensores inteligentes que previene las úlceras por presión en personas en silla de ruedas.
¿De qué forma se puede progresar en la calidad de vida de las personas que van en sillas de ruedas, de quienes tienen que pasar mucho tiempo sentados o tumbados? Según la Organización Mundial de la Salud, en el planeta hay 65 millones de personas que requieren de una silla de ruedas para desplazarse. Una de ellas es el ingeniero industrial Pedro Aguilera. Natural de Chile, Aguilera ha creado Prev UPP, una almohadilla inteligente que previene las úlceras por presión, una de las enfermedades más comunes entre las personas con movilidad reducida.
El dispositivo de Aguilera está formado por un cojín que incorpora una batería y unos sensores ubicados en zonas estratégicas. Los sensores están programados con un algoritmo que recoge información en tiempo real y es capaz de advertir los cambios en la presión. Los diferentes datos se registran en una aplicación móvil, que señala al usuario de forma individualizada en qué momento ha de comenzar a prevenir una posible úlcera. Además de esto, la aplicación manda alarmas cuando advierte que el usuario debe cambiar de posición. De esta forma, este emprendedor chileno logra que sea más fácil encontrar posibles alteraciones, incluso antes de que se desarrolle la enfermedad.
Aguilera, que ha sido escogido como Innovador menor de 35 de Latinoamérica 2017 por MIT Technology Review en español y ha recibido premios como Jump Chile 2015, es consciente de que en el mercado existen servicios parecidos. Sin embargo, son bastante complicados de transportar y cuentan con una tecnología más difícil de utilizar, lo que hace que sean muy costosos.
El creador chileno ha desarrollado un producto de bajo coste sencillo de transportar gracias a su batería ligera. Además de esto, ha recibido el apoyo del Hospital del Trabajador en Chile, con el que efectúa una investigación para crear un proyecto capaz de pronosticar, con el mínimo rango de fallo posible las probabilidades de que alguien padezca una úlcera. A finales de marzo de 2017, 60 pacientes del centro de salud ya habían probado el prototipo de Prev UPP y participaron en la mejora del diseño. El objetivo es hallar la forma de lograr un producto adaptado para la situación y enfermedad de cada usuario.
El impacto de Prev UPP podría llegar a pacientes de todo el planeta. Por ejemplo, según la Agencia para la Investigación y la Calidad del Cuidado de la Salud de Estados Unidos, alrededor de 2,5 millones de personas tienen úlceras por presión solo en el país estadounidense. Para Aguilera, “estar en la piel” de las personas que padecen estas enfermedades le deja estar más cerca de ellas. Absolutamente nadie mejor que una persona que ya está en silla de ruedas puede conocer lo que se precisa. Con Prev UPP, Aguilera puede progresar en su propia calidad de vida, pero no es su única motivación. Sacar partido de su situación para algo tan primordial como “ayudar a los demás” también le importa.
Fuente: La Vanguardia
La Fundación Cermi Mujeres traslada a Montón las principales demandas de las mujeres y niñas con discapacidad
Una delegación de la Fundación Cermi Mujeres (FCM) mantuvo este jueves un encuentro con la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, en la que se abordaron las prioridades de la agenda política de las mujeres y niñas con discapacidad.
En la reunión, la ministra estuvo acompañada por la secretaria de Estado de Servicios Sociales, María Pilar Díaz, y el secretario general de Sanidad y Consumo, Ricardo Campos.
Por parte de la FCM asistieron la vicepresidenta ejecutiva de la entidad, Ana Peláez Narváez; los miembros del Patronato de la fundación José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Cayo Pérez Bueno y Alberto Durán; la coordinadora de la FCM, Isabel Caballero, y la secretaria del Patronato, Pilar Villarino.
Ana Peláez inició su intervención agradeciendo a la ministra “que haya creído en las mujeres con discapacidad”, felicitándola por haber elegido a una mujer con discapacidad como secretaria de Estado de Servicios Sociales, en referencia a Pilar Díaz, que además tiene un “amplio conocimiento del tejido asociativo de la discapacidad”.
Entre las prioridades apuntadas por la vicepresidenta ejecutiva de la FCM se encuentra la de acabar con las esterilizaciones forzadas que todavía se practican contra mujeres y niñas con discapacidad. Asimismo, subrayó la necesidad de terminar con la discriminación múltiple que sufre este grupo social, derivada del hecho de ser mujer y por tener una discapacidad, pese a que suponen el 60% de la población total con discapacidad en España.
También urgió a reforzar la lucha contra la violencia machista, para lo que es imprescindible conocer en detalle cómo afecta este problema a las mujeres con discapacidad. Por ello, planteó que la próxima macroencuesta que se lleve a cabo sobre violencia de género tenga en cuenta también a las mujeres con discapacidad.
Por último, Ana Peláez invitó a la titular de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a participar en las citas más destacadas de la agenda de la FCM en los próximos meses.
Oltra se salta su propia ley al incumplir los plazos de asistencia a los dependientes
El Síndic carga contra el Consell por no respetar su norma sobre Procedimientos de Emergencia Ciudadana y no informar a Les Corts.
«No podemos pasar por alto la falta de impacto que ha tenido la entrada en vigor de la Ley de la Generalitat 9/2016 de Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana». Casi dos años después de una de las que debía ser medida estrella en políticas sociales del gobierno del tripartito, es el propio Síndic el que carga contra la falta de respeto que la Generalitat tiene hacia la aplicación de la norma. El espíritu del texto legal era reducir a la mitad los plazos en asuntos como valoraciones de discapacidad, expedientes de dependencia o pago de rentas básicas, «aquellos destinados al desarrollo de una vida digna y que se tramitarán por la vía de urgencia», como explicaba la citada ley.
Nada más lejos de la realidad. Aunque el avance en estas materias dentro de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, gestionada por Mónica Oltra, ha sido notable, y así se lo reconoce el Síndic («con un significativo incremento de sus dotaciones presupuestarias, que ha permitido paliar algunas graves deficiencias en materia de prestaciones sociales, avanzando en los pagos de los beneficiarios en materia de dependencia o en los correspondientes a la Renta Garantizada de Ciudadanía»), el informe anual del Defensor del Pueblo presentado la semana pasada afea a la administración autonómica el nulo efecto. «Los retrasos en muchos de estos procedimientos siguen siendo exorbitantes y, lo que es más grave, la administración, en un sinnúmero de casos, sigue actuando como si la ley comentada no estuviera en vigor», es el duro párrafo del Síndic.
Advertencia previa
La queja del Defensor del Pueblo valenciano sobre las dilaciones en materias de bienestar social ya se elevó el año pasado. Entonces, la memoria «advertía sobre los importantes retrasos que se estaban produciendo, no sólo en el reconocimiento efectivo de determinados derechos en el área social, sino, incluso, en las respuestas a los requerimientos de información por parte de esta institución».
La loable intención de la Ley de Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana también era puesta en duda el año pasado por el Síndic. «Reducir a la mitad los plazos ordinarios, cuando el desproporcionado incumplimiento de éstos suele ser, todavía hoy, la causa de la mayoría de las reclamaciones, va requerir de un extraordinario esfuerzo en medios materiales y humanos por parte de la administración de la Generalitat», auguraba ya hace un año el Defensor.
«Años de austeridad»
«Es evidente que ese esfuerzo, si se ha realizado, no ha tenido éxito», concluye el Síndic, para subrayar cómo la aplicación del espíritu de la ley se ha visto muy dificultada por las «mermadas plantillas» del Consell tras «años de políticas de austeridad», cargando también algo las tintas sobre la responsabilidad del anterior Gobierno del PP en la imposibilidad de mejorar esta parte de la política social.
La rendición de cuentas que la citada ley establece por parte del Consell ante el Parlamento también hace aguas. «La disposición adicional segunda de la ley ordena al Consell remitir anualmente a Les Corts un informe sobre la situación y el estado de la tramitación de los procedimientos declarados de emergencia ciudadana», explica el Síndic. Doce meses después, ni rastro de esa información. «Transcurrido más de un año desde la entrada en vigor de la tan citada Ley, al Síndic no le consta que ese informe haya sido remitido a la Cámara o que haya sido reclamado por ésta».
El Defensor acaba afirmando con cierta ironía que no resulta «ocioso requerir una mínima evaluación de la eficacia de esta norma y de su afección sobre los derechos y prestaciones que pretende proteger».
Retrasos de 19 meses en las valoraciones de discapacidad
El retraso en el reconocimiento de las prestaciones por dependencia sigue siendo el principal problema que la ciudadanía denuncia ante el Síndic. Es el primero de los datos del informe anual que tira por tierra la aplicación de la Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana. No es el único. La atención a las personas con discapacidad es otro de los gruesos de las reclamaciones que recibe el Defensor del Pueblo. Y la mayoría de ellas «vienen a denunciar los considerables retrasos que se producen a la hora de realizar las valoraciones necesarias para resolver sobre el grado de discapacidad». La propia Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas reconoce en una respuesta al Síndic la existencia de esas dilaciones. Se trata de «demoras en los centros de valoración de 19 meses en Alicante, 14 meses en Valencia y 13 meses en Castellón», como recoge el dossier del Síndic.
El informe incide en recordar cómo la Ley aprobada en 2016 se comprometía en reducir a tres meses el plazo para resolver las solicitudes de discapacidad. El Defensor reconoce su «perplejidad» al responder la conselleria que la demora se debe a «causas de fuerza mayor», cuando para el Síndic es por «un problema estructural de plantilla». La solución para el Síndic es sencilla: «Adecuar la organización y medios personales y materiales de la administración a las leyes que se aprueban». Que las normas no queden en papel mojado. Igualdad contestó al Síndic que la plantilla se iba a ampliar con equipos temporales y que se crearían nuevas plazas con los presupuestos de este año. «Confiamos en el éxito de estas medidas», es el anhelo del Defensor del Pueblo.
Fuente: LAS PROVINCIAS
El SEPAD suprimirá la limitación para ingresar a mayores de 60 en los centros de discapacidad intelectual
El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) eliminará la restricción de ingreso en un centro residencial especializado a personas mayores de 60 años con discapacidad intelectual.
La Junta toma esta decisión tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional en el que se reconoce la inconstitucionalidad de la orden de la Comunidad de Madrid, que en uno de sus artículos establece como límite los 60 años para que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a un recurso residencial especializado.
El Ejecutivo extremeño entiende que va a poder modificar con todas las garantías jurídicas la actual normativa que regula el acceso, ya que el TC declara que la disposición vulnera el derecho fundamental de la persona a no ser discriminada por razón de edad y de discapacidad.
Acuerdo con las entidades
Se trata de una de las medidas acordadas con el movimiento asociativo representativo de personas con discapacidad y que se plasmará en un nuevo decreto que ya se está elaborando.
La medida se enmarca en la incorporación de los criterios de arraigo de la persona con discapacidad a su entorno cercano, procurando una atención basada en la adaptación al ciclo vital de la persona y a sus necesidades individuales.
El envejecimiento de la población con discapacidad y la creación de más recursos para estas personas han hecho que esa normativa limitadora, aplicada en la mayoría de las Comunidades Autónomas, haya quedado obsoleta, según la Junta.
No obstante señala que actualmente el SEPAD no establece criterios de edad para la permanencia de las personas que ya residen en los centros residenciales de personas con discapacidad.
Fuente: eldiario.es
Castilla-La Mancha activa inicia el proyecto de dinamización asociativa de personas con discapacidad física y/u orgánica
Por su interés, reproducimos la noticia que nos ha enviado Castilla la Mancha ACTIVA.
En este mes de enero, se reunía por primera vez el equipo técnico de la Confederación Regional Castilla la Mancha ACTIVA.
El encuentro tuvo lugar en Ciudad Real, donde actualmente se encuentra el domicilio Social de la Confederación, y en él se congregaron junto al coordinador regional los cinco técnicos provinciales que intervendrán en cada una de las provincias de la comunidad autónoma de CLM.
CASTILLA-LA MANCHA ACTIVA es una confederación regional conformada por entidades de ámbito provincial y regional, reconocidas por su experiencia en el mundo del asociacionismo, que surge ante el vacío, abandono y ausencia de representatividad de la discapacidad física y/u orgánica en la región en los últimos cinco años y el paulatino desplazamiento sufrido por éste colectivo que encarna a más del 54% de las personas con discapacidad de nuestra región.
Con el ánimo de servir de interlocutor válido y más representativo de éste colectivo y un ambicioso Plan Estratégico basado en las expectativas y actuales necesidades de las personas con discapacidad física y/u orgánica de la comunidad autónoma de Castilla la Mancha, esta organización se posiciona a la vanguardia del movimiento asociativo con la determinación de hacer oír su voz, dinamizar las sinergias, defender su identidad y reivindicar y defender los derechos adquiridos que redunden en la visibilidad, afianzamiento y mejora de las condiciones de vida del colectivo de personas con discapacidad.
Comienza el año con la puesta en marcha del Proyecto denominado » DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA» con implantación en todo el territorio regional. Este proyecto, financiado por la Fundación ONCE junto a otras Entidades Públicas y privadas de CLM tiene como objetivo principal el aglutinar, el fortalecer y coordinar todos los esfuerzos y actividades de aquellas entidades que trabajan en favor de las personas con discapacidad física y orgánica en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha.
En esta primera reunión se abordaron distintos aspectos de la planificación anual del proyecto como la creación de la estructura funcional del equipo, el estudio y conocimiento del mapa de recursos y la definición de objetivos.
Fuente: Castilla la Mancha ACTIVA
Si eres una persona dependiente con movilidad reducida puedes visitar Mallorca y alquilar allí scooters eléctricos u otras ayudas
Cada vez son más la personas que, por avanzada edad o por motivos de salud, requieren de ayudas extras para poder llevar a cabo tareas rutinarias. Ante esto, Mobility Mallorca se destaca como empresa pionera en la isla balear.
La empresa mallorquina ofrece una amplia variedad de servicios para personas mayores o con movilidad reducida durante todo el año y con precios muy económicos.
Mobility Mallorca nace con la intención de facilitar la vida de personas con movilidad reducida o personas mayores durante las vacaciones, ofreciendo servicios de alquiler de productos ortopedicos en toda la isla.
Según David Dupays, responsable comercial, “muchas personas se encuentran en una situación a veces temporal como de larga duración con un problema de movilidad, y por ello, desarrollamos el servicio de alquiler para toda Mallorca, facilitar el día a día, sin necesidad de llevarse sus artículos por avión que a menudo resultan dañados o incluso rotos”.
La compañía balear ubicada en Palma de Mallorca, cuenta con una amplia gama de productos para cubrir las necesidades de las personas mayores o con dificultad de movilidad. Ofrecen desde alquiler de productos como scooters eléctricos de varios tamaños, como modelos desmontables,ligeros para llevar en el maletero de su coche, sillas de ruedas manuales o eléctricas, camas articuladas incluyendo ayudas para el baño. Recientemente, como novedad incluyeron nuevos productos,sillas de ruedas especial para facilitar la movilidad en la playa. Han incorporado en su flota un elevador salvaescaleras, producto unico en todas las baleares.
Ofrecen un servicio de atencion al cliente inmejorable y prestan servicios los domigos y festivos a traves de su Telefono 902461346 .
Tarifas y distribución con alta adaptabilidad
En cuanto a las tarifas, Mobility Mallorca garantiza unos precios sin competencia y asegura tener unos costes en los servicios mas económicos, para que cualquier persona pueda acceder a ellos.
Por otro lado, en cuanto a la distribución, entregan sus productos, tanto a hoteles o a domicilio en toda la isla de Mallorca y con disponibilidad todo el año. Además, ofrecen también la posibilidad de adquirir sus productos y servicios vía su página web, en la cual se pueden realizar reservas y pagos online, o en su tienda ubicada en Calle Manacor 123 de palma de Mallorca.
Como afirman desde Mobility Mallorca, “ofrecemos la posibilidad de entregar a domicilio o al hotel su scooter eléctrico o cualquier producto según su necesidad tales como silla de ruedas eléctricas o manuales, grúas de desplazamiento, camas articuladas, muletas, sillas de baño,sillas de rueda,andadores, caminadores».
Sobre Mobility Mallorca
Mobility Mallorca es una empresa especializada en el alquiler de productos para facilitar la movilidad a personas mayores o con movilidad reducida y mejorar sus estancias vacacionales o su vida diaria. Se encuentra en Palma de Mallorca, cerca del aeropuerto y a 10 minutos del centro de la ciudad.
Fuente: hosteltur
El Procurador del Común, Javier Amoedo, defiende la discapacidad para los mayores con Alzhéimer
El Procurador del Común insta a la Junta de Castilla y León a que considere los centros para su tratamiento recursos para la discapacidad neurodegenerativa.
«Que se proceda a la realización de los estudios necesarios para el reconocimiento de las personas con Alzhéimer como personas mayores con discapacidad a todos los efectos, y de los centros destinados a los enfermos de Alzhéimer como centros de atención a personas con discapacidad neurodegenerativa (con independencia de su catalogación, asimismo, como centros para personas mayores), con la aplicación de las ventajas económicas y asistenciales que, en su caso, de dicho reconocimiento puedan derivar para los afectados, sus familias y asociaciones del sector». Esa es la recomendación textual que el Procurador del Común, Javier Amoedo, hace en una resolución enviada a la Consejería de la Presidencia de Castilla y León.
De hecho, como recoge el dictamen del Procurador, un enfermo de Alzheimer percibe de ayuda por una plaza concertada en un centro de día 22,96 euros por día, mientras que una persona con discapacidad en la misma situación percibiría entre 32,72 y 43,12 euros al día.
Unas ayudas que se incrementan para personas con enfermedad mental, que tendría plaza concertada en un centro de día por un precio de 44 euros y hasta los 51,95 euros para personas con autismo.
La actuación del Procurador del Común se produce tras recibir varias quejas en las que se ponía de manifestó la discriminación que, para las personas afectadas por el Alzheimer, genera no encontrarse incluidas en el grupo de personas con discapacidad sino de personas mayores.
«Una situación que no se corresponde ni con los parámetros de dependencia ni de discapacidad», ha apuntado el Procurador del Común.
Esta circunstancia se justifica por la Consejería de Familia en que el Alzheimer afecta principalmente a personas con 65 años o más y es una de las principales causas de dependencia en la vejez, de forma que su principal factor de riesgo es la edad.
Si bien el Procurador reconoce que el Alzheimer se observa como una evolución lógica de la edad y era sinónimo de envejecimiento, también reconoce que el tiempo ha venido a demostrar que el diez por ciento de los enfermos son menores de 65 años.
Una situación que atestiguan las asociaciones destinadas a paliar esta enfermedad, que cada vez atienden a más personas con edades comprendidas entre los 42 y 60 años, y que, por lo tanto, no deberían ser encuadradas en el sector de personas mayores.
Por todo ello, el Procurador ha considerado necesario el reconocimiento de una persona con Alzheimer como persona mayor con discapacidad a todos los efectos.
Además, defiende el reconocimiento de los centros destinados a enfermos de Alzheimer como centros de atención a personas con discapacidad neurodegenerativa con independencia de su catalogación.
Al respecto, el Procurador ha recordado que el Ministerio de Sanidad incluyó, dentro de los servicios dirigidos a las personas con discapacidad, el Centro de referencia estatal de atención a personas con Alzheimer y otras demencias de Salamanca.
A pesar de ello, el Procurador ha advertido que la falta de reconocimiento de estos enfermos como mayores discapacitados está «generando importantes repercusiones económicas y asistenciales», situando a las personas con Alzheimer en un estado de desventaja frente al resto de personas con discapacidad.
Fuente: La Vanguardia
Programa para acompañar a mayores con inteligencia límite
La Asociación Catalana de Integración y Desarrollo Humano (acidH) pondrá en marcha el mes que viene un programa de envejecimiento activo que evitará que las personas mayores con inteligencia límite (IL) tengan que ser ingresadas en residencias con personas sin discapacidad.
La asociación ha explicado hoy en un comunicado que «las personas con inteligencia límite tiene un proceso de envejecimiento más rápido que el resto y no se sienten cómodas en una residencia con personas que, en algunos casos, pueden tener una edad muy superior y tienen necesidades muy diferentes».
Por ello, el programa les permitirá continuar viviendo en sus pisos en régimen de ‘vivienda residencia’, pisos tutelados de los que ellos no tendrán llave y que tendrán unos horarios de apertura y cierre..
Además, este cambio irá acompañado de un plan de actividades específico pensado para que estas personas no pierdan capacidades ni habilidades y se sientan realizadas, como Tai Chi, pintura o manualidades.
Según acidH, se calcula que alrededor de un 2% de la población de Cataluña está afectada por inteligencia límite y presentan déficit en la capacidad adaptativa en áreas como la comunicación, la vida doméstica, el autocontrol o las habilidades sociales.
Las personas con IL «son especialmente vulnerables y tienen dificultades personales, sociales, educativas y laborales para enfrentarse a las exigencias del entorno», ha explicado la asociación.
Otra de las líneas de trabajo que se está desplegando es la mejora en la detección de personas con IL, que suele ser un colectivo invisibilizado, a partir de formaciones para profesionales de la educación y de la sanidad para que puedan reconducir a las personas afectada, cuanto antes posible, hacia los recursos específicamente creados para ellas.
Además, pondrá en marcha una compañía estable de teatro formada por personas con IL que contará con vecinos y vecinas de Gracia, con el fin de mejorar sus habilidades sociales.
Fuente: La Vanguardia
Jornada: ‘Innovaciones en Atención en Domicilios y Comunidad a Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores’
Presentación del libro ‘La atención en domicilios y comunidad a personas con discapacidad y personas mayores’
El martes 28 de noviembre de 2017, tendrá lugar la jornada: «Innovaciones En Atención en Domicilios y Comunidad a Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores» y la presentación del libro «La atención en domicilios y comunidad a personas con discapacidad y personas mayores». El evento tendrá lugar en el Salón de actos del Edificio Germán Bernácer de la Universidad de Alicante (Campus de San Vicente del Raspeig).
Las necesidades de innovación en el campo de las políticas sociales son cada vez más necesarias ante la complejidad de la realidad social. En este sentido la colaboración entre los Servicios Sociales y Sanitarios del sistema público, el Tercer Sector y la Universidad, constituyen un espacio privilegiado para la puesta en marcha de proyectos que den respuesta a los desafíos que suponen los cuidados de larga duración.
La Fundación Pilares para la autonomía personal tiene como misión la defensa de la igualdad y la dignidad de todas las personas siendo su lema: «apoyar la dignidad de las personas a lo largo de la vida mediante la innovación, el conocimiento y la cooperación».
Con motivo de la presentación del libro: La atención en domicilios y comunidad a personas con discapacidad y personas mayores Guía de innovación editada por la Fundación Pilares para la Autonomía personal, el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales promueve la realización de una Jornada formativa sobre los modelos con que afrontar el desafío que constituyen actualmente los cuidados de larga duración (CLD). Estas jornadas se realizan en marco del convenio de colaboración firmado por la Universidad de Alicante con la Fundación Pilares para la Autonomía Personal
Ver programa e inscripción: http://www.fundacionpilares.org/noticias/171128-jornada-innovaciones-atencion-domicilios-comunidad-discapacidad-mayores.php
Mireia Belmonte y Teresa Perales se lanzan a la piscina por la inclusión
• Las dos nadadoras ejercieron de capitanas en una competición de natación inclusiva por relevos en la piscina del madrileño Colegio Maravillas.
La mañana del martes 24 de octubre, la piscina del Colegio Maravillas, en Madrid, ha acogido una competición única: dos equipos de nadadores, capitaneados por Mireia Belmonte y Teresa Perales, han competido en una carrera por relevos en la que se mezclaban los participantes con y sin discapacidad.
La prueba ha sido posible gracias a la tabla alemana o multidisability. Se trata de un cálculo utilizado en el deporte paralímpico para comparar rendimientos y así establecer un ránking que da lugar a un ganador, permitiendo así celebrar competiciones completamente inclusivas donde las capacidades de los nadadores son tenidas en cuenta.
La competición, enmarcada en el contexto de la octava Semana del Deporte Inclusivo organizada por la Fundación Sanitas, contó con ocho participantes que realizaron sus correspondientes largos en una piscina de 25 metros. Además de Perales y Belmonte, también participaron otros medallistas con y sin discapacidad, como son Jessica Vall, Antonio Arroyo, Duane Da Rocha, María Delgado, Jairo Ruiz y Ariadna Edo.
Mireia Belmonte aprovechó la ocasión de la Semana del Deporte Inclusivo para enviar un mensaje a las personas con discapacidad: “Que con el deporte que hagas tienes que disfrutar, ser feliz, pasártelo bien y que te marques unas metas a corto o largo plazo y no tengas miedo a soñar y pensar que todo es posible”, explicó.
Por su parte, Teresa Perales también quiso comentar cómo lleva su preparación de cara a los próximos Mundiales de México, aplazados por el reciente terremoto: “Tengo muchas ganas de que lleguen los mundiales. Los deportistas estamos acostumbrados a este tipo de cosas que pasan. Enseguida vuelves a rehacerte y estamos volviendo a hacer la programación en este caso para diciembre”, declaró.
Tras la competición, Mireia Belmonte ha impartido una master class con varios niños del Colegio Maravillas, demostrando así la importancia de fomentar el deporte inclusivo desde la edad escolar, en línea con la iniciativa Deporte Inclusivo en la Escuela (www.deporteinclusivoescuela.com)
La octava Semana del Deporte Inclusivo continuará con gran variedad de actos durante los próximos días y tendrá su culmen el viernes 3 de noviembre, en la Plaza de Colón de Madrid, con el establecimiento de un nuevo récord de lanzamiento de penaltis de forma inclusiva.
Los colectivos dedicados a la parálisis cerebral reclaman su «derecho a participar en la comunidad»
Los colectivos dedicados a la parálisis cerebral han reclamado este miércoles su «derecho a participar en la comunidad», con motivo de la conmemoración, el primer miércoles de octubre, del Día Mundial de la Parálisis Cerebral.
Según ha informado la Diputación de Cádiz en una nota, los colectivos de atención a las personas con este trastorno en España leen en esta fecha un manifiesto en el que expresan sus actuales circunstancias y reclaman los derechos que deben aplicarse para procurarles una integración real y efectiva en la sociedad.
La sede de la Diputación, en el ámbito de la provincia, es el lugar elegido por estas entidades para la lectura del citado manifiesto. Usuarios, directivos, profesionales y voluntarios de Upacesur Jerez han intervenido en dicha lectura, en el curso de un acto que ha presidido la diputada provincial que coordina el área de Igualdad y Bienestar Social, Isabel Armario.
Este año se reivindica el «derecho a participar en la comunidad». Seis usuarios de Upacesur Jerez han sido los portavoces de demandas muy precisas y argumentadas como, por ejemplo, la necesidad de disponer de las mismas oportunidades, y en igualdad de condiciones, para lograr la normalización social considerando que se reclaman derechos humanos «y no políticas caritativas».
El manifiesto incluye el reconocimiento de la diversidad, ya que los casos de parálisis cerebral no son uniformes sino que presentan rasgos específicos, se reclama el uso de nuevas tecnologías inclusivas, el acceso a servicios, como la asistencia domiciliaria o residencial, esenciales para alcanzar un proyecto de vida, el refuerzo de los programas de habilitación y rehabilitación, así como el desarrollo de medidas que mitiguen el coste añadido que comporta la parálisis cerebral en el seno de las familias.
Isabel Armario ha agradecido la actitud de las personas con parálisis cerebral «caracterizada por transmitir positividad», así como la plena implicación de familias, profesionales y voluntariado. «Contáis con la colaboración de la Diputación, no sólo para financiar proyectos, sino sobre todo para que sintáis el respaldo ante cualquier problema puntual o necesidad. Hay que dotar de humanidad a las instituciones para mejorar la vida de la gente». También intervino en este acto Rocío Domínguez, vocal de la junta directiva de Upacesur Jerez quien estuvo acompañada por el director de dicha entidad, Rafael Márquez.
Diputación acaba de publicar la resolución de la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, del área de Igualdad y Bienestar Social. Tanto UPACE San Fernando como Upacesur Jerez han recibido aportaciones económicas para el desarrollo de programas de atención a sus usuarios. La institución provincial mantiene además convenios de colaboración con estos colectivos con la voluntad de alcanzar una relación estable.
Fuente: La Vanguardia
La figura del asistente personal necesita una legislación
La apuesta de la Junta de Castilla y León por la figura del asistente personal para hacer la vida más fácil a las personas con discapacidad, pone en evidencia la necesidad de regular esta figura, que en los dos años de desarrollo ha duplicado su existencia, atendiendo ya a 335 dependientes en la comunidad, la segunda de España en este tipo de prestación después del País Vasco.
El debate está abierto en el congreso internacional que se celebra en Valladolid. El argentino Facundo Chavez, usuario de la figura del asistente personal y asesor de derechos humanos y discapacidad de la oficina del alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, reconoce que «se han dado pasos importantes en España, pero toavía muy lejos de actuaciones como en los Paises Nordicos, y la financiación marcha mucho las diferencias».
Los propios asistentes personales exigen esa regulación laboral que establezca criterios salariales, de formación e incluso horarios. Toñi Rodriguez lleva un año como asistente personal y reconoce que «sería importante que se nos vea como profesionales, contar con un reconocimiento laboral en un trabajo en el se requiere gran disponibilidad», según las necesidades del dependiente al que se atienda.
Actualmente esta prestación se incluye en la Ley de Dependencia, y para ser asistente personal, sólo se necesitan 50 horas de formación, el resto del aprendizaje se adquiere con la propia interactuación entre dependiente y asistente.
Fuente: Cadena SER
Barcelona se marca el objetivo de que la ciudad sea totalmente accesible en el 2026
El Ayuntamiento de Barcelona quiere que los trabajos del Plan de Accesibilidad Universal 2018-2026 permitan aprobar la primera ordenanza municipal sobre accesibilidad universal de la ciudad, en que el consistorio concrete a partir de 2020 cómo trabaja para garantizar este derecho a los vecinos.
La teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laia Ortiz, lo ha anunciado en la presentación a la prensa del Plan de Accesibilidad Universal de Barcelona 2018-2026, que ha empezado a elaborar el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) y que se presentará como medida de gobierno en comisión plenaria la próxima semana.
Laia Ortiz ha explicado que «el objetivo es que en el año 2026 Barcelona sea 100 % accesible para el 100 % de la población» y ha dicho que el gobierno municipal quiere que el segundo plan de accesibilidad que tendrá la ciudad «se materialice en una ordenanza propia de accesibilidad» para que «sea el último».
«A finales del 2018 tendremos el plan acabado y habremos empezado a implementar medidas» para garantizar el derecho a la accesibilidad universal en la ciudad, más allá de si las personas tienen algún tipo de discapacidad o de diversidad funcional», ha asegurado la tercera teniente de alcalde.
Laia Ortiz ha explicado que el gobierno municipal quiere que el plan de Accesibilidad «se materialice en una ordenanza propia de accesibilidad» que genere «cambios en la cultura planificadora del ayuntamiento», para lo que «deberá contar con el consenso de los grupos y sobre todo de agentes de la ciudad».
La teniente de alcalde de Derechos Sociales de Barcelona ha destacado también que el Plan de Accesibilidad Universal que elabora la ciudad puede ser un «referente» para desarrollar el marco regulador de la ley catalana de accesibilidad, que contempla un régimen sancionador pero que aún no tiene aprobado un reglamento que permite aplicarlo.
Ortiz ha subrayado que «la magnitud de la ciudad», con 1,5 millones de habitantes, un 8 % de ellos con discapacidad acreditada, y una gran concentración de servicios, hace que el ayuntamiento de Barcelona no pueda «esperar más» para contar con «orientaciones claras y especificas de cómo actuar».
El Plan de Accesibilidad Universal de Barcelona 2018-2026 se hará con la participación de entidades y con la contratación de 30 personas con discapacidad, y cuenta con un presupuesto de 847.000 euros, una cantidad que incluye el coste de los tres planes de empleo que lleva asociados, pero no el gasto que conllevará cada una de las medidas que se puedan derivar.
Su primera fase será la de diagnostico, que el gobierno de Ada Colau prevé acabar en marzo de 2018 y en la que se analizarán los servicios que se prestan a la ciudadanía en Barcelona, ya sean públicos o privados, para conocer su accesibilidad física y comunicativa, y también si los productos que ofrecen están al alcance de todos.
Para ello se recogerán datos sobre servicios sociales municipales, servicios municipales a la ciudadanía, servicios culturales, servicios sanitarios, centros educativos, transporte público, parque de viviendas, establecimientos comerciales, equipamientos deportivos, espacio público, servicios turísticos y canales de comunicación y de información.
Tras esta fase de diagnóstico, el plan contempla también una de elaboración de soluciones tipo y un último momento durante el cual se ejecutarán las soluciones y las medidas propuestas.
A partir de la aprobación del plan, el Ayuntamiento de Barcelona reservará un porcentaje de las inversiones municipales para reformas en materia de accesibilidad.
Fuente: LA VANGUARDIA
Acompañantes de personas invidentes o en silla de ruedas viajarán gratis en Bilbobus
Los acompañantes de personas invidentes o en silla de ruedas viajarán gratis desde el próximo lunes en Bilbobus, iniciativa que servirá para «reforzar la apuesta municipal por ofrecer un transporte público para todas las personas», según ha informado el Consistorio en un comunicado.
En la actualidad, el 100% de la flota de autobuses de Bilbobus es accesible y está equipado con las «últimas tecnologías» para facilitar el viaje a las personas con discapacidad.
En este sentido, todos los autobuses cuentan con piso bajo o piso bajo más rampa, asientos reservados para personas con discapacidad y un sistema de información oral. Asimismo, la totalidad de las rampas -unas 130 del total de la flota- se revisan todas las semanas para procurar un buen funcionamiento de las mismas.
El piso bajo para acceder al autobús permite descender sin dificultades y las rampas son adecuadas para las personas en silla de ruedas. En cuanto a los asientos reservados, estos son exclusivos para personas de movilidad reducida, donde se incluyen las personas mayores, personas con dificultades permanentes o transitorias de movilidad por lesiones físicas, y mujeres embarazadas.
Además, hay una zona en cada autobús reservada para personas en silla de ruedas o para sillas de bebé. Esta plataforma está equipada con cinturones de seguridad para viajar de manera cómoda.
«La vida normalizada de las personas con discapacidad es un reto y Bilbobus sigue sumando y poniendo de su parte para que así sea», ha asegurado el teniente de alcalde y concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil, quien ha destacado que «la iniciativa servirá para reforzar la apuesta municipal y el trabajo continuado que desarrollamos por ofrecer un transporte público para todas las personas».
Fuente: deia
«La Comunidad me ha quitado los 214 euros de la Ley de Dependencia por rechazar una residencia»
Juana mira embelesada el reloj verde de su muñeca mientras juguetea con un móvil de plástico sin prestar demasiada atención. Tiene el tamaño de un niño y el comportamiento de un bebé, pero ya ha cumplido los 61 años. Al nacer le faltó oxígeno en el cerebro y la polio hizo que frenara su crecimiento recién cumplidos los seis años. Es su hermano José Fuentes, de 45, quien se hace cargo de ella las 24 horas del día desde 2010, cuando sus padres murieron. «Estoy atado totalmente, tengo que estar siempre con ella porque no habla ni puede moverse. Me necesita para todo», cuenta desde su vivienda adaptada en San Fernando de Henares. La situación de su hermana es límite, vive postrada en una cama, roza los 30 kg de peso y desde hace tres meses ha perdido la ayuda de 214 euros que recibía por la Ley de Dependencia.
Con un 95% de discapacidad y una edad tan avanzada, Juana ya necesita cuidados paliativos. Por ello, hace un año José solicitó plaza para su hermana en una residencia y, ocho meses después, la Comunidad de Madrid le ofreció una vacante en un centro de Valdemoro, a 40 kilómetros de su hogar. Tras rechazar la plaza por la distancia, recibió una carta en la que le comunicaban que habían salido de la lista de espera y, además, perdían el derecho a la ayuda económica de 214 euros que cobraba de la Ley de Dependencia. «Me pedían 1.400 euros, toda la pensión de mi hermana, por estar en la residencia, y encima estaba a 40 kilómetros de aquí. Tuve que renunciar porque no tengo coche. ¿Cómo voy a ir a visitarla?», explica José. Para él, es «injusto» que «personas que aportan 600 euros tengan el destino que quieren» mientras que su hermana pagaría «el doble y no tiene derecho a elegir».
Lo primero que le vino a la mente al recibir la misiva fue que todo debía ser una equivocación. «Pensé que debía haber un malentendido. Fui a hablar con Servicios Sociales y la funcionaria me dijo que era así. Le comenté que me parecía un abuso que encima me quitasen esa ayuda y me contestó con cuatro palabras que jamás olvidaré: ‘Esa es su opinión’», relata. Mientras habla, no pierde de vista ni un momento a su hermana, que sigue jugando en su cama adaptada. Junto a ella hay una pila de pañales cuyo coste, por suerte, cubre la Seguridad Social.
La única ayuda que todavía mantiene de la Ley de Dependencia es la asistencia sanitaria a domicilio. Una mujer acude durante 50 minutos al día para asear a Juana, pero incluso durante ese tiempo tiene que estar José presente. «Mi hermana necesita a dos personas a su lado. Una es muy apurado. Cuando estoy solo y la tengo que coger es un peso muerto, y hay que darle de comer y estar siempre pendiente de ella. Es como un bebé anciano. Por eso pedí la plaza», insiste.
Desde Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, reconocen que Juana ya no dispone de la ayuda de 214 euros porque, según ellos, la prestación económica y la ayuda a domicilio «son incompatibles actualmente», por lo que «no se le pueden volver a dar conjuntamente». En ese sentido, señalan que, aunque no lo ponga en ningún punto de la carta recibida, tras rechazar una plaza los usuarios pueden volver a incluirse en la lista de acceso a residencia siempre que soliciten su readmisión.
Por el momento, Juana sigue en cama, pero fuentes de Servicios Sociales aseguran que está de nuevo en lista de espera y que «es previsible» que se les vuelva a contactar pronto para asignarle una nueva plaza. José, mientras tanto, sigue haciéndose cargo de todo con la esperanza de poder recuperar pronto una independencia a la que renunció para hacerse cargo de ella, ya que fue el único familiar que accedió. «Si estuviese en un centro yo podría trabajar. Ahora mismo estoy atado». Insiste, además, en que su intención nunca ha sido desentenderse de ella, sino que reciba un trato especializado dada su situación sanitaria actual, que es «muy complicada».
Fuente: El Mundo
El CERMI insiste en el Congreso en la necesidad de reformar la Constitución y mejorar las políticas sobre discapacidad
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, compareció este martes en la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados.
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha insistido este martes en el Congreso de los Diputados en la necesidad de reformar la Constitución Española para que se recojan derechos sociales como fundamentales, incluyendo los de las personas con discapacidad, amén de mejorar las políticas públicas, para que la vida de este grupo social sea algo “decente, digno y sugestivo”.
Así se manifestó Pérez Bueno durante su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Baja a petición del PSOE y del grupo catalán Democracia y Libertad (DYL). Dicha comparecencia sirvió para hacer una radiografía general de la situación de la discapacidad en España en la actualidad y para presentar las principales demandas de la entidad en esta materia para los próximos años.
El máximo representante de la plataforma de la discapacidad destacó que para el CERMI, una de las prioridades es “la revisión del ordenamiento jurídico estatal para acomodarlo a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el gran marco referencial político e ideológico”.
En este sentido, a fin de que se cumpla la Convención en España, urgió a los grupos políticos a reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para revertir la situación que sufren 80.000 personas que no pueden ejercer su derecho al voto por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo. “Esto es contrario a la Convención y a los derechos humanos reconocidos por la ONU”, añadió el presidente del Cermi, quien además pidió que se garantice la plena igualdad de las personas con discapacidad ante la ley, puesto que “ninguna persona debe no ser titular de sus derechos”.
Además, aprovechó su comparecencia para pedir que la Comisión de Discapacidad goce de carácter legislativo, y que por tanto pueda aprobar leyes, yendo más allá del carácter permanente que ya ha adquirido.
Asimismo, el responsable de la entidad exigió que pese a los avances en los últimos años, “hay que acabar con prácticas que consideramos inhumanas como la esterilización forzosa a las que se puede someter a algunas personas con discapacidad, fundamentalmente mujeres, porque hay aquí también discriminación de género”. En esta línea, alertó de que las mujeres se encuentran en una situación de mayor riesgo de exclusión, como a su juicio prueba el hecho de que tengan una menor inserción laboral o sufran en mayor medida violencia de género.
Por otro lado, Pérez Bueno urgió a todos los partidos políticos a que se recuperen y mejoren los recursos en materia de servicios sociales que se han visto mermados como consecuencia de la crisis económica, dado que “los imperativos constitucionales de igualdad no quedan en suspenso porque haya crisis. Siguen vigentes y existen los mismos mandatos y obligaciones de actuar”.
Así, pidió el voto afirmativo a todos los partidos a la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por el CERMI cuando sea sometida a votación para la toma en consideración del texto “y en todo caso, que sea corregido y mejorado”.
Como recordó Pérez Bueno, la ILP pretende que se modifiquen los criterios actuales de copago en materia de dependencia, aunque pidió que no se confunda la terminología entre discapacidad y dependencia, puesto que sólo uno de cada cinco ciudadanos con discapacidad está en situación de dependencia.
Educación inclusiva
El presidente del CERMI se refirió durante su comparecencia en Comisión a la necesidad de apostar plenamente por un sistema de educación inclusiva que sustituya a la segregación que todavía se practica con algunas personas con discapacidad. En este sentido, recordó que en los años 80 se consiguieron “importantes avances”, pues se pasó del 20% de los alumnos con discapacidad en la enseñanza inclusiva al 80%, pero en los últimos 15 años se ha producido un estancamiento, “nos hemos quedado en zona de confort”.
Por otro lado, el presidente del CERMI exigió que se siga avanzando en materia de accesibilidad universal en bienes y servicios de interés público, y aunque no se cumplirá el tope legal de 2017 para que estos entornos sean accesibles, pidió a los partidos que no modifiquen este límite, a fin de que sirva de presión para quienes no han cumplido esta normativa.
La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos sufraguen el coste de reformas por barreras arquitectónicas, puesto que el 70% de las viviendas presentan problemas de este tipo, fue otra de las reivindicaciones del Cermi, junto a propuestas encaminadas a fomentar “la activación” de las personas con discapacidad, que a su juicio, está directamente ligada a la empleabilidad.
Apoyo de los partidos
Por su parte, los portavoces de todos los grupos parlamentarios de la Comisión sobre Políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso de los Diputados mostraron su disposición a atender las demandas del CERMI. De esta forma, la portavoz del PP en la Comisión de Discapacidad, Silvia Valmaña, declaró que escuchar al representante del movimiento de la discapacidad “es la mejor forma de empezar una legislatura”, y destacó el importante trabajo que a su juicio se ha llevado a cabo en colaboración con el Cermi durante los cuatro años del Gobierno de Mariano Rajoy.
Por parte del Grupo Socialista, Joan Ruiz hizo hincapié en los logros que se alcanzaron durante los años del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, y mostró su deseo de que la legislatura siga adelante para que se continúe avanzando en materia de discapacidad y “para recuperar derechos perdidos”.
Mientras, la diputada de Podemos Miriam Alba Goveli, mostró su deseo de que la Comisión de Discapacidad adquiera carácter legislativo, y manifestó también su preocupación por la doble discriminación que sufren las mujeres y niñas con discapacidad.
En términos similares se manifestó también la diputada de Ciudadanos Orlena Miguel, quien subrayó que “esta será seguramente la Comisión que más consenso consiga entre los partidos políticos”. Además, mostró su apoyo a la iniciativa del Cermi de modificar la Constitución, y explicó que a su juicio, también debería recoger la dotación presupuestaria de los servicios sociales, “porque si eso no se hace, puede pasar como con la Ley de Dependencia, que haya buena intención y se quede sólo en el papel”.
Por su parte, el portavoz de UPN, Íñigo Alli, afirmó que “tenemos muy claro cómo tiene que ser el modelo que tiene que tener este país y Navarra en relación con las personas con discapacidad”, y enumeró la atención temprana, la sensibilización social o la igualdad como ejes fundamentales en esta materia.
Por último, la diputada del PNV Pilar Ardanza puso como ejemplo de inclusión para las personas con discapacidad al País Vasco, y celebró que en estos años de crisis no se hayan hecho recortes en este ámbito por parte de la administración autonómica. Mientras, las parlamentarias Ester Capella (ERC) y Elena Ribera (DYL) pusieron de relieve de contribuir a mejorar la situación de la discapacidad en el conjunto de España “pese a que nosotros queremos hacer la independencia”.
Fuente: Diario La Comarca de Puertollano
Una empresa desarrolla herramientas para personas con problemas de audición y Alzheimer
La tecnología puede ser muy útil para tumbar algunas de las barreras de accesibilidad. Que una persona con déficit auditivo pueda detectar el llanto de un bebé, que se ha quedado un grifo abierto o que ha terminado la lavadora va a ser más fácil gracias a la tecnología que desarrolla Hearing Software, una joven empresa malagueña que diseña herramientas para hacer más cómodo el día a día a personas con discapacidad auditiva, a personas mayores o enfermos de Alzheimer.
Desde el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) que la Junta de Andalucía tiene en el Parque Tecnológico de Andalucía están dando vida a un proyecto con un marcado carácter social. Su especialidad son los ‘wearables’, herramientas que se usan de forma cómoda, discreta y eficaz.
Antonio Sánchez, Ingeniero Informático formado en la Universidad de Málaga, lidera Hearing Software, empresa en la que trabajan otros tres ingenieros informáticos y una experta en marketing.
Esta compañía está a punto de lanzar al mercado su primer producto: ‘Senda’, una ayuda técnica para dar mayor bienestar y seguridad a las personas mayores y enfermos de Alzheimer. Se trata de un sistema de seguimiento y comunicación bidireccional entre los mayores y sus familiares. «Es como el botón de teleasistencia, pero con más y mejores utilidades», explica Antonio Sánchez. Entre sus ventajas, destaca que este dispositivo funciona también en la calle, detecta caídas –y avisa inmediatamente a un familiar y a los sistemas de emergencias-, la batería tiene autonomía para 5 o 6 días y cuenta con el servicio de llamada telefónica con descuelgue automático en caso de pulsar el botón de ayuda. Incluye un geolocalizador que permite a los familiares ver la ubicación exacta de la persona mayor que necesita ayuda, averiguar su ruta y les manda un aviso en caso de que el anciano se aleje demasiado de una zona concreta.
‘Senda’ estará disponible en su web desde el mes de abril. «No todas las personas mayores tienen acceso a la teleasistencia. Éste es un canal que va a la familia directamente, lo que aporta mucha traquilidad», detalla el CEO de Hearing Software. Sus previsiones son alcanzar los 1.000 clientes en un año.
Están contactando con instituciones para integrar este producto en los protocolos para personas víctimas de violencia de género: «La policía recibiría un aviso inmediato si la persona activa el dispositivo y gracias al GPS la pueden localizar rápidamente sin que esa persona tenga que dar sus coordenadas, en un momento en que estará en tensión. Es una llamada que se queda grabada y puede servir como prueba en un juicio. Mejoraría la seguridad y el bienestar de las afectadas», defiende Sánchez.
Otros de sus proyectos más importantes es Wiim, un sistema que usa un ‘Smartwatch’ (reloj inteligente) para enviar a personas con problemas de audición avisos y alertas de cosas tan cotidianas como que llaman a la puerta o que suena el teléfono. Se puede programar para que se active cuando finaliza un electrodoméstico o también en caso de alerta si se detecta una inundación de agua. Funciona con sensores instalados en el hogar y el usuario recibe la información mediante vibración e imagen, lo que les permite mayor tranquilidad y libertad de movimiento.
Quieren ir más allá y aplicar esta tecnología a espacios públicos, como instituciones y centros de transporte, para que las personas con déficits auditivos puedan recibir avisos y alertas, como el retraso en los horarios de salida o cualquier emergencia. «Queremos crear espacios accesibles para todos», concluye.
Fuente: Diario Sur