«La Comunidad me ha quitado los 214 euros de la Ley de Dependencia por rechazar una residencia»
Juana mira embelesada el reloj verde de su muñeca mientras juguetea con un móvil de plástico sin prestar demasiada atención. Tiene el tamaño de un niño y el comportamiento de un bebé, pero ya ha cumplido los 61 años. Al nacer le faltó oxígeno en el cerebro y la polio hizo que frenara su crecimiento recién cumplidos los seis años. Es su hermano José Fuentes, de 45, quien se hace cargo de ella las 24 horas del día desde 2010, cuando sus padres murieron. «Estoy atado totalmente, tengo que estar siempre con ella porque no habla ni puede moverse. Me necesita para todo», cuenta desde su vivienda adaptada en San Fernando de Henares. La situación de su hermana es límite, vive postrada en una cama, roza los 30 kg de peso y desde hace tres meses ha perdido la ayuda de 214 euros que recibía por la Ley de Dependencia.
Con un 95% de discapacidad y una edad tan avanzada, Juana ya necesita cuidados paliativos. Por ello, hace un año José solicitó plaza para su hermana en una residencia y, ocho meses después, la Comunidad de Madrid le ofreció una vacante en un centro de Valdemoro, a 40 kilómetros de su hogar. Tras rechazar la plaza por la distancia, recibió una carta en la que le comunicaban que habían salido de la lista de espera y, además, perdían el derecho a la ayuda económica de 214 euros que cobraba de la Ley de Dependencia. «Me pedían 1.400 euros, toda la pensión de mi hermana, por estar en la residencia, y encima estaba a 40 kilómetros de aquí. Tuve que renunciar porque no tengo coche. ¿Cómo voy a ir a visitarla?», explica José. Para él, es «injusto» que «personas que aportan 600 euros tengan el destino que quieren» mientras que su hermana pagaría «el doble y no tiene derecho a elegir».
Lo primero que le vino a la mente al recibir la misiva fue que todo debía ser una equivocación. «Pensé que debía haber un malentendido. Fui a hablar con Servicios Sociales y la funcionaria me dijo que era así. Le comenté que me parecía un abuso que encima me quitasen esa ayuda y me contestó con cuatro palabras que jamás olvidaré: ‘Esa es su opinión’», relata. Mientras habla, no pierde de vista ni un momento a su hermana, que sigue jugando en su cama adaptada. Junto a ella hay una pila de pañales cuyo coste, por suerte, cubre la Seguridad Social.
La única ayuda que todavía mantiene de la Ley de Dependencia es la asistencia sanitaria a domicilio. Una mujer acude durante 50 minutos al día para asear a Juana, pero incluso durante ese tiempo tiene que estar José presente. «Mi hermana necesita a dos personas a su lado. Una es muy apurado. Cuando estoy solo y la tengo que coger es un peso muerto, y hay que darle de comer y estar siempre pendiente de ella. Es como un bebé anciano. Por eso pedí la plaza», insiste.
Desde Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, reconocen que Juana ya no dispone de la ayuda de 214 euros porque, según ellos, la prestación económica y la ayuda a domicilio «son incompatibles actualmente», por lo que «no se le pueden volver a dar conjuntamente». En ese sentido, señalan que, aunque no lo ponga en ningún punto de la carta recibida, tras rechazar una plaza los usuarios pueden volver a incluirse en la lista de acceso a residencia siempre que soliciten su readmisión.
Por el momento, Juana sigue en cama, pero fuentes de Servicios Sociales aseguran que está de nuevo en lista de espera y que «es previsible» que se les vuelva a contactar pronto para asignarle una nueva plaza. José, mientras tanto, sigue haciéndose cargo de todo con la esperanza de poder recuperar pronto una independencia a la que renunció para hacerse cargo de ella, ya que fue el único familiar que accedió. «Si estuviese en un centro yo podría trabajar. Ahora mismo estoy atado». Insiste, además, en que su intención nunca ha sido desentenderse de ella, sino que reciba un trato especializado dada su situación sanitaria actual, que es «muy complicada».
Fuente: El Mundo
