Pobreza
«Bienestar Social deja a los abuelos en la indigencia»
Copago en residencias de ancianos. Las denuncias por el nuevo copago también afectan a los mayores. En una residencia de Elche restan 1.034,22 euros de una paga de 1.135,40 al mes y, además, el coste de medicinas que no cubre Sanidad.
Uno de los ancianos ingresado en una residencia concertada de Elche, con el visto bueno de Asuntos Sociales y el Ayuntamiento, ingresa al año casi 16.000 euros o, lo que es lo mismo, 1.135,40 euros al mes incluidas dos pagas extra, pero el nuevo copago aplicado por Bienestar Social le exige pagar 1.034,22 euros al mes 14 veces al año, es decir, incluyendo las pagas extras. Su sobrina, María Luisa Villar, denuncia indignada que con solo 100 euros que le quedan al abuelo al mes apenas le llega para el contrato del móvil, 15 al mes, y el seguro de decesos, otros 12, como únicos gastos fijos que soporta, «para cualquier medicina no incluida en la seguridad social, cortarse el pelo y las uñas, maquinillas de afeitar y ropa interior, ya no tiene. Les dejan en la indigencia al quitarles también las pagas extra, porque la residencia no les cubre este tipo de necesidades que debe pagar ellos».
Para María Luisa el nuevo copago de Bienestar Social es «una agresión hacia nuestros ancianos porque les dejan en la indigencia. Es todo un abuso, yo lo llamaría robo. Van a conseguir que parezcan animales».
Una dependiente de 84 años denuncia al Consell por «quedarse» su pensión y la extra
Felisa Trampal Navarro, residente del geriátrico público de Torrevieja, ha decidido pasar de la protesta a la acción. Con la ayuda de UGT, acaba de presentar un recurso de alzada contra la decisión de la Dirección General de Personas con Discapacidad y Dependencia de la Conselleria de Bienestar Social de «llevarse» las pagas extraordinarias de los mayores que tienen plaza en una residencia pública. Una decisión que la Generalitat justifica en la necesidad de establecer un copago de los servicios públicos, pero que supone un auténtico mazazo para un sector de población que ya vive asfixiado por otros recortes. Los usuarios de residencias públicas ya empleaban antes de esta decisión la mayor parte de su pensión en pagar la plaza.
Con la meridiana lucidez que le da una experiencia de 84 años, Felisa explica que llevará su oposición a esta medida hasta «donde sea». Como ella dice, «a estas alturas de mi vida no le tengo miedo a nada», así que ha decidido dar orden al banco de devolver uno de los dos recibos que en junio le pida la residencia, «…y luego, Dios dirá«. Cerca de 11.500 personas en la Comunidad reciben una prestación residencial. La medida les afecta a todos en el caso de las pagas extra y en distintos grados en la pensión mensual. Bienestar Social «se come» hasta el 90% de las más altas y deja más margen a las más reducidas. La afectada critica el «lenguaje vacío de políticos y Conselleria que temen hablar con claridad, de ahí que hayan estado un año con rumores y sin que se aclarara nada» hasta recibir notificación escrita el 16 de diciembre. Pero cansada de protestas testimoniales, Felisa decidió plantarse entonces en UGT y recurrir.
El copago ahoga a más de 3.000 discapacitados y ancianos de Castellón
Más de 3.000 discapacitados y personas mayores de la provincia de Castellón están en pie de guerra contra el copago que la Conselleria de Bienestar Social tiene previsto aplicar desde este mismo mes de enero. Una nueva tasa que, en el caso de los discapacitados, llega hasta a quintuplicar la aportación que ya venían realizando y que en la mayoría de los casos les deja casi sin recursos propios, ya que supone el 90% de su renta personal.
La situación es “dramática”, según denuncian de forma unánime los 15 colectivos de discapacitados de la provincia a los que afecta el copago, ya que auguran que muchos de los 1.500 usuarios a los que perjudica no podrán hacer frente a la nueva cuantía y se darán de baja del servicio. Tanto es así que desde hoy mismo afectados y familiares empezarán a presentar en la Delegación Territorial de Bienestar Social en Castellón un “aluvión” de recursos de alzada con el objetivo de que la Conselleria escuche sus demandas y anule esta medida, que además contempla 14 mensualidades en vez de 12. De momento, el departamento de Asunción Sánchez Zaplana guarda silencio y declina pronunciarse.
Y es que hay casos en los que un discapacitado que hasta ahora abonaba 400 euros al mes por una plaza de residencia deberá pagar 1.800 euros al mes. Además, asociaciones como Afanías, Aspropace, Síndrome de Down o Frater han detectado “graves” errores en el cálculo realizado por Bienestar Social, por eso llaman a las familias a recurrir.
SOLIDARIDAD // “En Afanías van a presentar recurso casi todos los usuarios -hay 160 personas- hasta aquellos a los que les sale a pagar cero por solidaridad con el resto”, aseguró ayer el presidente de esta asociación de discapacitados intelectuales, Juan Bru.
Al revisar las distintas notificaciones de copago, las asociaciones han advertido que aquellas personas discapacitadas más golpeadas por el nuevo copago son las que perciben una pensión por orfandad, así como las que cuentan con algún inmueble a su nombre o dinero a plazo fijo, que su familia les ha previsto de cara a un futuro. “Es injusto que alguien que ha perdido a su progenitor, que era quien sustentaba la economía familiar, vea ahora cómo sufre un mayor copago al contabilizar esta pensión como renta”, denuncia la gerente de la Fundación Síndrome de Down de Castellón, Mar Tirado.
De igual modo la gerente de Aspropace, María Dolores Tirado, califica de “injusto” que la Conselleria tenga en cuenta este tipo de pensión a la hora de calcular el copago de cada usuario.
“Es muy duro pasar de tener cierta autonomía, como ocurría hasta ahora, a tener casi que pedir limosna, porque hay usuarios a los que solo les quedarán poco más de 100 euros al mes para sus necesidades”, criticó la directora de la residencia de Frater Castellón, Rosa Gual.
RECAUDADORES // Sin duda, uno de los aspectos que más preocupa a los colectivos que dan voz a los discapacitados es el hecho de que se van a convertir en entidades recaudadoras, ya que serán ellas las que deberán cobrar a los usuarios y sus familias el nuevo copago. Esta cantidad será la que la Conselleria de Bienestar Social les restará de las subvención anual que reciben. “Nos va a tocar perseguir a la gente para que pague y, cobremos o no, nos lo van a descontar de la subvención”, denunció el presidente de Afanías.
TERCERA EDAD // El nuevo copago también afecta a entre 1.500 y 2.000 personas mayores que se encuentran en residencias de mayores de la provincia de Castellón ocupando plazas públicas o concertadas, según cálculos del sindicato CCOO. Así, según expresó su portavoz, Encarna Barragán, pasarán a pagar 14 mensualidades en lugar de las 12 actuales, además de sus pensiones les quedará menos dinero porque ha cambiado el sistema de cálculo.
En este sentido, Barragán denuncia que a los ancianos les van a dejar con 100 euros al mes, “con lo cual no les va a llegar ni para pagar sus propias medicinas”. La patronal de las residencias de mayores, Aerte, teme que el aumento de las cuantías lleve a los usuarios a dejar los centros, “ya que las familias no pueden tampoco pagar este incremento”.
Expedición Solidaria Aconcawa 2014 a favor de los comedores infantiles de Mensajeros de la Paz
Acto de Despedida de la Expedición en Asturias
Jueves, 9 de enero, a las 15,00 h, Aeropuerto de Asturias
Con la presencia de los montañeros, el padre José Vicente Rodríguez, presidente de Edad Dorada-Mensajeros de la Paz Castilla León, así como de padrinos, patrocinadores, amigos y colaboradores.
Paso de los montañeros por Madrid (Barajas)
Jueves, 9 de enero, entre las 17,45 y las 23,00h los miembros de la expedición permanecerán en el aeropuerto de Barajas, en tránsito hacia Buenos Aires.
En Madrid, los expedicionarios podrán atender a los medios que lo deseen, contactando con ellos en los teléfonos 687818263 (Indalecio) o en el 660689054 (Rosa).
Dos montañeros asturianos, Rosa Fernández Rubio, e Indalecio Blanco Vigil (afectado por una minusvalía del 65%), acompañados del sherpa Dawa Tshiri, inician el próximo jueves 9 de enero el viaje que les llevará a alcanzar la cima del Aconcawa, un extraordinario reto deportivo, con el que quieren demostrar que en la vida casi todo es posible si se pone el empeño, la ilusión, el afán de superación y el esfuerzo para alcanzar la meta deseada.
Pero además, han querido que su aventura sea también solidaria por lo que durante el 2013 han estado recaudando fondos para los comedores infantiles de Mensajeros de la Paz, a través de la venta de las pulseras solidarias “YO VOY. Aconcawa 2014”, al precio de 1 euro.
Para alcanzar esa cima y con ella su sueño, además de esfuerzo y buenas intenciones, Rosa e Indalecio cuentan con una gran experiencia y un importante currículo como montañeros; Rosa, entre otros logros, ha ascendido sola al Everest con un único serpa, ha realizado los seis “ochomiles” del Himalaya y es la única montañera española que ha conseguido completar el proyecto “7 Cumbres”. Recientemente superó un cáncer. Por su parte Indalecio, todo un referente de superación y constancia, ha ascendido al Mont Blanc y al Touobkal, a pesar de su discapacidad del 65%, causada por una parálisis cerebral congénita que le afecta a las 4 extremidades. En enero de 2002 estuvo a las puertas de coronar el Aconcawa, pero las dificultades meteorológicas se lo impidieron a sólo 350 mts. de la cima. Ambos cuentan con el Premio Delfos a los valores humanos en el deporte.
La Aconcawa, con 6.959 mts. es el techo del continente americano y la montaña más alta del mundo, a excepción de las de la cordillera del Himalaya.
La vuelta a España de la expedición está prevista para los primeros días del próximo mes de febrero.
Los montañeros y Mensajeros de la Paz agradecen a Air Europa el importante apoyo prestado en el transporte de los miembros y materiales de la expedición. Air Europa también colabora, asidua y desinteresadamente, en el envío de ayuda humanitaria y los viajes de los cooperantes de Mensajeros de la Paz.
La Expedición solidaria Aconcawa 2014 está apadrinada por el Ayuntamiento de Langreo, la Asociación Langreanos en el Mundo, la Federación de Montaña del Principado de Asturias, y la Asociación Amigos del Deporte.
Otros colaboradores y patrocinadores del proyecto son: Bayer, la Clínica Dental Martínez Cortina, la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado, JOLUVI, La Caixa, Progedsa, Rotary Clubes Internacional y de Gijón, Sidrería La Pomar, Sidrería el Viejo, el Centro Asturiano de Oviedo, el Club Natación Santa Olaya, la Agrupación Astur Torrecerredo, los Grupos de Montaña “Fariñentu” y “Pataricu”, la FIDMA. Feria Internacional de Muestras de Asturias, el Caudal C.F, el Real Oviedo, Real Sporting de Gijón, el Tuilla C.F. y la Unión Popular de Langreo.
Para más información, modos de colaborar en Aconcawa 2014, o comprar “on line” la pulsera solidaria, visita:
www.rosafernandezrubio.com/
Video del Proyecto http://indalecioblanco.es/?p=
RED DE RECURSOS SOCIALES ANTI-CRISIS DE MENSAJEROS DE LA PAZ
En los dos últimos años, la ONG Mensajeros de la Paz ha puesto en marcha en España toda una Red de Recursos Sociales anti-crisis, reforzando centros y programas ya existentes, y creando otros nuevos enfocados especialmente a menores y sus familias, que palien la situación de precariedad en la que viven y sus consecuencias sociales y personales. Algunos de los proyectos y actividades que forman parte de esta red son: Banco Solidario (www.
A lo largo de 2013, y con destino a niños y familias en precaria situación económica, Mensajeros de la Paz está ofreciendo unas 8.200 comidas cada mes, a través de 5 comedores sociales,tres de ellos infantiles, a los que pronto se sumarán otros dos cuya inauguración está prevista en los primeros meses de 2014.
Para más información y entrevistas, o envío de material gráfico, por favor, contacten con
660554804 Ana de la Calle (Prensa Mensajeros de la paz)
687818263 Indalecio Blanco Vigil
660689054 Rosa Fernández Rubio
Coto a los dependientes más graves
La dependencia languidece en su séptimo aniversario entre recortes, copagos y reducciones de ayudas. Un ejemplo de ello es la caída del número de grandes dependientes reconocidos por la ley: desde junio de 2011, momento a partir del cual se registra un cambio de tendencia en negativo, el sistema ha perdido cada mes una media de 2.209; son 76 personas menos al día con el mayor grado de dependencia.
En total, la cifra de dependientes de grado III —aquellos que necesitan cuidados continuos para las actividades diarias más básicas— ha menguado en 64.083 personas en dos años y medio, de acuerdo con las últimas cifras publicadas el viernes por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, hasta situarse en los 374.599. Son un 14,6% menos. Y ello a pesar del cambio de tendencia que se ha producido en los informes oficiales de los últimos dos meses, en los que, a contrapelo de los 27 meses anteriores, ha habido un aumento de grandes dependientes reconocidos. Lo que resulta muy sospechoso para la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que no se lo cree: “No se han depurado todas las personas fallecidas en lo que parece una estrategia desesperada para ofrecer datos positivos a final de año”, denuncia esta entidad.
La caída en el número de grandes dependientes en el sistema es tan pronunciada que los datos de estos dos últimos meses apenas maquillan la magnitud del descenso. Lo mismo sucede con el hecho de que los datos de junio de 2011 aún no estaban depurados de las duplicidades que detectó en un informe el Tribunal de Cuentas. Esta institución identificó 13.418 expedientes que tenían errores con repercusión en las estadísticas del sistema de dependencia. Pero esto tampoco altera la dinámica regresiva que sufre la tasa de dependientes más graves. Incluso si estas repeticiones o casos de dependientes fallecidos solo afectaran a casos de grandes dependientes —lo que es virtualmente imposible—, la reducción en la atención a los beneficiarios más graves seguiría siendo muy abultada: 50.665 grandes dependientes menos (el 12%) desde mitad de 2011.
Este descenso se enmarca en el atasco que ha caracterizado a la ley a lo largo de los últimos meses. Parte de las autonomías no son capaces de cubrir las bajas que se dan por el fallecimiento de beneficiarios y de dar de alta a nuevas personas en el sistema porque no tienen fondos para asumir estas prestaciones, lo que resulta especialmente grave dadas las elevadas cifras de espera existentes. Los datos de finales de noviembre indican que hay
193.239 personas aguardando a acceder a unas prestaciones que les corresponden.
¿A qué obedece la disminución del número de grandes dependientes en el sistema? Para Luis Barriga, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, uno de los motivos obedece a la aplicación del nuevo baremo que se emplea para valorar el grado de dependencia y que entró en vigor en febrero de 2012. Para Barriga, esta herramienta es más restrictiva que la anterior, lo que “dificulta la entrada al sistema de los grandes dependientes” y evita compensar las bajas que se van produciendo por fallecimientos con nuevas altas.
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) —el organismo dependiente del ministerio que dirige Ana Mato encargado de gestionar la dependencia— no niega que la aplicación del baremo tenga que ver en la reducción del número de grandes dependientes. Pero rechaza que sea responsabilidad suya. “El baremo vigente lo aprobó el Gobierno anterior y lo aplican los profesionales. Este Gobierno no lo ha modificado en absoluto; si se reduce el número de grandes dependientes es por la aplicación de las comunidades autónomas del baremo”, comentan fuentes del Imserso.
A este aspecto se suma la “lentitud o ausencia de revisiones de los de grado II para pasarlos a III”, a juicio de Barriga. Es decir, el retraso en el reconocimiento de las personas que sufren un agravamiento de su situación y que evolucionan de un estado de dependencia severa a situaciones de gran dependencia.
Estos dos factores tienen implicaciones económicas directas. El Estado transfiere a las autonomías una suma por cada dependiente atendido. Pero esta cantidad no es igual si se trata de un dependiente con grado II o grado III. Según la última modificación del Gobierno —pendiente de cambiar en breve— , el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad paga a las autonomías 177,86 euros por cada beneficiario de grado III y 82,84 por cada uno de grado II. De esta forma, este dinero, el llamado nivel mínimo, se reduce si hay menos dependientes, en general, y si hay menos de grado III, en particular.
Hay otro motivo que explica la reducción del número de grandes dependientes, según comentan los especialistas en trabajo social. A pesar de que la tendencia natural es que a medida que los beneficiarios envejecen vayan perdiendo un mayor grado de autonomía y vayan necesitando mayor atención, algunas comunidades autónomas han procedido a revisar a grandes dependientes para rebajar su grado al considerar que se encuentran mejor.
Estos cambios, señalan desde las asociaciones de dependientes, suelen producirse en personas que reciben prestaciones económicas —las que implican una transferencia de dinero, no un servicio como la teleasistencia o una residencia— ya que el cambio de grado conlleva una reducción en la asignación de fondos y un ahorro para la Administración que paga las ayudas. En el caso de las prestaciones para el cuidado de familiares, las más frecuentes, la cantidad máxima de la ayuda (tras el recorte de julio de 2012) es de 387 euros al mes para un gran dependiente frente a los 268 euros de un dependiente de grado II. Un cambio de grado a la baja representa en este caso un ahorro de 1.428 euros al año por dependiente.
“Las revisiones se encuentran reguladas en la ley y las aplican las comunidades autónomas”, sostienen desde el Imserso. “El Gobierno no ha cambiado nada al respecto”, añaden.
El director del Imserso, César Antón ha hecho hincapié en distintas ocasiones en el, a su entender, elevado número de personas con gran dependencia que ha reconocido el sistema. Suele destacar, cuando se refiere a esta cuestión, que las estimaciones previas a la puesta en marcha de la ley calculaban unas cifras de unos 205.000 grandes dependientes cuando, a pesar del retroceso que se está produciendo en los últimos años, su número ronda los 370.000.
De mantenerse el mismo ritmo de caída que en la actualidad, en un plazo de poco más de seis años, menos del tiempo que la ley lleva en funcionamiento, el número de personas con una valoración de dependencia de grado III se situaría en las cifras a las que alude Antón.
El 51% de los mayores que atiende Cruz Roja son pobres, pero ayudan a familiares
El 51 por ciento de las personas mayores que atiende Cruz Roja Española en programas sociales viven por debajo del umbral de la pobreza (612 euros al mes) pero un tercio ha tenido que ayudar a algún familiar en el último año, lo que les sitúa en una situación de mayor privación agravada en el contexto de crisis: un 4% ha perdido las ayudas que recibía y un 9,7% tiene problemas para afrontar el copago de los medicamentos.
Esta es una de las conclusiones del boletín sobre vulnerabilidad social que ha presentado este jueves la institución humanitaria y en el que se describe a partir de 1.112 encuestas cualificadas, el perfil de sus beneficiarios mayores de 65 años, 364.199 personas, el 4 por ciento de la población española en este tramo de edad. La cuarta parte de los mayores atendidos vive en hogares donde todos sus miembros están en paro.
Para el coordinador de Cruz Roja, Antoni Bruel, los datos reflejan que «cuanto más pobres, más ayudan» porque si un 4,7% del total ha tenido que acoger familiares en casa en el último año, el porcentaje es del 6% entre quienes se encuentran en una situación de pobreza extrema (el 17,2% de los atendidos, que ingresa menos de 408,59 euros al mes). En el 61,3% de los casos fueron ayudas económicas y en el 18,7%, alimentarias o de productos de primera necesidad.
Los beneficiarios de estas ayudas han sido principalmente los hijos de la persona mayor (59,8%), aunque también los nietos (12,8%) y otros familiares (9,8%). En total, el 15,4% de estos mayores tiene a cargo a personas dependientes y un 2% a niños menores de 16 años de edad. «Sabemos que está creciendo esta situación y claro, si atiendo a mis familiares, tengo menos dinero para mi salud y para mis necesidades», ha destacado Bruel.
Esta situación de privación, que es severa entre casi ocho de cada diez mujeres atendidas, repercute en que un tercio (33,3%) de las personas mayores no pueda ni encender la calefacción durante el invierno, o que casi siete de cada diez (67,9%) no pueda salir de vacaciones una semana de casa ni aunque sea con viajes sociales del IMSERSO. El 72,2% no puede hacer frente a un gasto imprevisto de 600 euros.
Estas personas, de media, ingresan 500 euros mensuales y un 12,7% no consigue llegar a fin de mes. Los hay que están en 408 euros (17,5%) y que no tienen ningún ingreso (6,8%), en su mayoría (83%) mujeres. En el 47% de los casos el dinero es de una pensión de jubilación (frente al 70% de la población general) y en un 37%, de una de viudedad (23% en todo el país). En estos casos, el 17% no puede subsistir sólo con eso. El 3% además, tiene problemas para afrontar los pagos de su vivienda.
Bruel ha explicado que «hasta ahora, las personas mayores eran vistas como privilegiados económicos porque tenían garantía de ingresos con la pensión, pero eso ha cambiado». Según ha dicho, el encarecimiento de la vida y los recortes han empobrecido a estas personas. El 4% ha dejado de recibir las ayudas que tenía, que eran económicas en el 73,3% de los casos y que en un 18,8%, procedían de Servicios Sociales. En total, el 28,8 por ciento necesita ayuda para subsistir.
NO LLEGA PARA MEDICINAS
En este sentido, el informe dice que «la crisis ha influido en el poder adquisitivo del 62,7 por ciento» de los atendidos. Casi el 74% dice que gana lo mismo, pero le da para menos que antes y cerca del 6% reconoce problemas económicos que no había tenido nunca. Además, el 5% tiene problemas financieros: un 2% ha perdido sus ahorros, el 2,1% problemas con el banco y el 1,3%, deudas importantes.
El coordinador advierte de que la situación «no es broma»: el 38,3 por ciento de los mayores atendidos ha tenido problemas relacionados con la atención de su salud, en su mayoría económicos. El 17,7% ha encontrado problemas para sufragar las medicinas no cubiertas por la Seguridad Social y el 9,7 por ciento, para afrontar el copago de los medicamentos que necesitaba. «El impacto de este coste para una pensión de 300 euros es mucho dinero», ha señalado.
Además, un 9,5% ha pasado más de seis meses en una lista de espera, en un colectivo donde los problemas de salud crónicos afectan al 61,5 por ciento de las personas, un 74,4% tiene problemas para caminar (al 29,7% le impiden deambular), un 34,2% dificultades para vestirse o lavarse y un 63,1% siente dolores o molestias constantemente. «Sólo» el 32,3% de los varones y el 23,4% de las mujeres consideran bueno su estado de salud, frente al 39,7% y 30,6%, respectivamente, de la población general.
LA SOLEDAD, UNA EPIDEMIA
En este sentido, el informe destaca que el 22,5 por ciento de los mayores atendidos por Cruz Roja tienen una discapacidad importante, el 40,8% una certificación de minusvalía y el 22%, de dependencia. Bruel ha destacado que estos mayores dependientes y sólos son los que más preocupan a la institución humanitaria, porque la ayuda que reciben, que suele ser de acompañamiento, sólo se da unas horas al día y el resto del tiempo, no pueden valerse por sí mismos.
Precisamente la soledad es uno de los problemas de las personas mayores en el que más incidencia hace Cruz Roja porque agrava el resto de situaciones, especialmente las de salud. El 27% de los atendidos no recibe visitas nunca o casi nunca, el 23% no tiene con quién comentar sus problemas, el 38,8% «no sabría ni a quién pedir ayuda económica» y tienen «la cabeza llena de preocupaciones» el 61% de las mujeres y el 45,8% de los hombres.
Aunque los datos no son extrapolables al conjunto de la población, Bruel afirma que «por lo menos entre un 10 y un 15 por ciento» de los mayores de 85 años en España podrían ajustarse a este perfil y nadie tendría por qué saberlo, ya que se trata de un colectivo «que no demanda servicios» y al que le cuesta pedir ayuda. De hecho, el informe advierte de que los mayores creen que la sociedad tiene una visión «utilitarista» de ellos: o están para ayudar (30%) o son una carga (45,3%).
Bienestar Social obliga a los dependientes a pagar por ir a centros ocupacionales y de día
Familiares de afectados han recibido una carta de la Conselleria en la que les comunican que a partir de enero de 2014 tendrán que abonar hasta 700 euros mensuales.
Maite Hernández acudió ayer a las puertas del edificio Prop de la Generalitat de Alicante empapelada con carteles sobre los recortes en la dependencia. Hoy se cumple el séptimo aniversario de la entrada en vigor de la ley y, tal y como manifestaron desde la plataforma, no es momento de celebraciones. Un centenar de personas se concentró para denunciar la paralización de la normativa en la Comunitat. Más que indignados, Maite mostraba la carta que acaba de recibir de Bienestar Social.
Los dependientes que acuden a centros ocupacionales y de día deberán a partir de enero hacer más desembolso. Así ha empezado a comunicarlo esta semana la Conselleria. Entra en vigor un copago por estos recursos, -que se añade al farmacéutico- y que fue aprobado en agosto. En el caso de Maite asciende a 95,53 euros por 14 mensualidades. Es lo que deberá abonar si quiere que su hija Marina, de 28 años, siga acudiendo al centro ocupacional de Terramar en Apsa.
«Ella está llorando porque quiere ir», comentaba Maite, que ve muy difícil poder llevarla el próximo año cuando en su casa son familia numerosa, entra un ingreso de 426 euros y hay una persona mayor dependiente. «Además, nosotros ya estábamos pagando porque para ir al centro costeamos el servicio del autobús que son 135 euros», explicaba esta madre durante la protesta, quien añadía que Bienestar ha hecho el cálculo de la aportación según el nivel de renta de su hija. Un copago que, para la diputada autonómica de EU, Esther López, es un «repago y que ahoga más a este sector que tanto necesita una administración que garantice los derechos sociales básicos».
López afirmó que ha preguntado por los costes reales de los servicios (que no han sido publicados en ninguna parte) y que «el Consell, hoy por hoy, no desvela», según se desprende de una respuesta parlamentaria de la consejera Asunción Sánchez Zaplana, firmada el pasado 26 de noviembre del 2013.
Según los familiares, el copago es muy variable. Hay casos de 65 euros, de 100, de 187, de 375 y hasta de 725 euros al mes. Así se recoge en las cartas mostradas en la concentración que han llegado a usuarios del centro ocupacional Maigmó de San Vicente. Paulino López, trabajador en el sector, insistió en que todas estas familias ya están abonando un cuota mensual a las asociaciones, que puede rondar los 90 euros, para cubrir servicios a los que no se llega como son el transporte y el comedor. Sobre el caso de 700 euros, la explicación que dio es que hay padres que han puesto a nombre de sus hijos propiedades que tienen para «asegurarse en un futuro alguien va a hacer cargo de ellos».
En todas estas misivas, firmadas por la directora general de Personas con Discapacidad y Dependencia, se explica la disposición adicional cuarta del Decreto 113/2012, de 2 de agosto del Consell por el que se establece la aportación en los centros y servicios que reciben financiación pública y que será abonando directamente al centro que lo presta.
Una medida que traerá consecuencias «graves», según manifestó el portavoz de la Plataforma de la Ley de la Dependencia en Alicante, Miquel Martorell, quien recordó también los problemas con el copago farmacéutico que se impuso. «Hay personas que no se están comprando la medicación porque tienen que hacer frente a los gastos de luz, agua, además de la vivienda».
Martorell lamentó que la Comunitat está a la cola del país en la aplicación de la normativa -«está totalmente paralizada», añadió-, y dio cifras. En un año ha habido un recorte de 10.046 derechos en teleasistencia en la Comunitat, de 638 usuarios en residencias, de 425 vinculados a prestación de servicios y 3.675 por prestación económica porque no hay reposición tras los fallecimientos. Además, 21.500 personas están en lista de espera y se adeudan 22 millones por retroactividad. Aun así, «vamos a resistir, tenemos dignidad, fuerza y lucharemos», concluyó el portavoz.
Subasta Solidaria en El Rastro madrileño
Organizada por la Asociación de Comerciantes Nuevo Rastro a beneficio de los comedores sociales de Mensajeros de la Paz
Una divertida manera de hacerse con “tesoros” de todas las épocas, contribuyendo a una buena causa
Sábado 14 de diciembre, a partir de las 11,30 horas.
Centro Cultural “La Corrala”.
Calle Carlos Arniches, 3 – 28005 Madrid (metro Latina).
El próximo sábado día 14, en el corazón del Rastro madrileño, tendrá lugar una subasta solidaria a beneficio de los comedores sociales de Mensajeros de la Paz, en el Centro Cultural La Corrala (Calle Carlos Arniches, 3), donde se podrá pujar por los más variados objetos: desde un cochecito de bebé de principios de siglo XX, a un taburete de diseño, todo con interesantes precios de salida, desde 15 euros. Loza y porcelana antiguas, moda vintage, complementos, mobiliario y bisutería de diseño, comics históricos, libros, cuadros, y un sin fin de antigüedades de todas las épocas, son algunas de las piezas que se ofrecen.
Todos los objetos que saldrán a subasta han sido donados por los miembros de la Asociación de Comerciantes Nuevo Rastro, por lo tanto la recaudación íntegra de la subasta será para Mensajeros de la Paz.
Los fondos obtenidos se destinarán al mantenimiento de los comedores sociales de esta ONG, uno de ellos situado en el mismo barrio de El Rastro, y que en total vienen ofreciendo unas 8.200 comidas cada mes. A partir de enero de 2014, y para responder a las listas de espera existentes, Mensajeros de la Paz duplicará el número de personas atendidas en el Comedor Familiar de El Pozo del Tío Raimundo, y abrirá uno nuevo en el Barrio de Villaverde Alto.
También, y hasta las 15’00 h del sábado, se recogerán en La Corrala alimentos no perecederos con destino a los fondos del Banco Solidario de la ONG, que distribuye cestas de la compra solidarias con las que se proporciona alimentación a unas 3.500 personas cada mes, siendo más de 800 familias en riesgo social las que en Madrid reciben una «compra solidaria» mensual.
La Asociación Nuevo Rastro reúne a comerciantes con establecimiento fijo en El Rastro, desde las almonedas y tiendas de antigüedades más tradicionales, hasta los nuevos emprendedores especializados principalmente en el diseño, el reciclaje creativo y la decoración. La mayor parte de estos comercios también abren entre semana. Nuevo Rastro invita a los madrileños y visitantes a conocer el barrio del Rastro no sólo los domingos, callejear por sus pintorescos rincones y descubrir, con tranquilidad y trato amable y profesional, verdaderos tesoros, caprichos para uno mismo, o regalos originales y sorprendentes para todas las ocasiones y personas; un verdadero placer, desconocido aún para muchos ciudadanos de la capital.
RED DE RECURSOS SOCIALES ANTI-CRISIS DE MENSAJEROS DE LA PAZ
En los dos últimos años, la ONG Mensajeros de la Paz ha puesto en marcha en España toda una Red de Recursos Sociales anti-crisis, reforzando centros y programas ya existentes, y creando otros nuevos enfocados especialmente a menores y sus familias, que palien la situación de precariedad en la que viven y sus consecuencias sociales y personales. Algunos de los proyectos y actividades que forman parte de esta red son: Banco Solidario (www.
«La Solidaridad no es dar lo que sobra, sino compartir lo que se tiene».
La administración valenciana, una vez más, da la espalda al sector de la dependencia, no recoge el manifiesto leído hoy ante el Palau de la Generalitat valenciana
MÁS DE 250 CENTROS DE AERTE Y LARES PARTICIPAN EN LA MARCHA SOCIAL QUE HA REUNIDO A MÁS DE 3000 PERSONAS, ENTRE USUARIOS, FAMILIARES, TRABAJADORES Y CENTROS PARA RECLAMAR EL FIN DE LA MARGINALIDAD DEL GOBIERNO VALENCIANO A LA DEPENDENCIA
La deuda acumulada pendiente se cifra en torno a 110 millones. 13.000 personas reconocidas por la Ley de Dependencia no reciben su prestación (algunas a la espera desde hace tres años).
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) y la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del sector solidario (LARES), han participado en la masiva marcha social que ha congregado a más de 3.000 personas entre usuarios, familiares, trabajadores y centros para solicitar, una vez más, el fin de la marginalidad que el Gobierno valenciano y central están practicando desde hace años al sector de la dependencia y atención a mayores de la Comunidad Valenciana.
La manifestación, que ha contado con el apoyo de las principales asociaciones del sector, de los sindicatos mayoritarios, usuarios familiares, y otras entidades afectadas por esta situación se ha iniciado desde distintos puntos de la ciudad de Valencia, finalizando con la lectura de un manifiesto conjunto ante el Palau de la Generalitat. La Administración valenciana ha vuelto a dar la espalda al sector de la dependencia al no atender ni recoger el mencionado manifiesto.
La participación de AERTE y LARES, ha estado representada por los más de sus 250 centros de las tres provincias. Por parte de AERTE se ha solicitado, entre otros aspectos, la actuación urgente de la Generalitat Valenciana para el desbloqueo, por igual y a todos los centros, de la deuda pendiente, cifrada en torno a 110 millones, y el compromiso de no seguir aumentándola: cada mes de impago, supone alrededor de 10 millones de deuda. Se ha insistido además en la resolución urgente de los expedientes de más de 13.000 personas reconocidas por la Ley de Dependencia y que, sin embargo, no reciben su prestación (algunas a la espera desde hace tres años).
María José Mira, directora general de AERTE, ha manifestado: “consideramos muy grave y decepcionante la falta continuada de palabra y compromiso del Gobierno valenciano hacia la dependencia, y en particular con los más de 30.000 dependientes que reciben atención y cuidados cada día en los más de 300 centros y entidades”. Y señaló que “el sector, que atiende al segmento más débil y vulnerable de la sociedad, no tiene por qué asumir por más tiempo las obligaciones que incumple la Administración. El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) no ha resuelto la asfixiante situación. Existen residencias que no cobran nada desde hace más trece meses y todo apunta a que seguirán así: esto es insostenible”.
En lo que va de año, cinco centros asociados a AERTE han cesado su actividad: 300 plazas cerradas y 150 puestos de trabajo perdidos. La situación insostenible hace que 13.000 de los 15.000 puestos de trabajo directos del sector peligren a corto plazo.
Aerte ha manifestado en muchas ocasiones las dificultades por las que atraviesan los centros de atención a la dependencia, la mayoría de los cuales llevan más de un año sufragando de su propio bolsillo los gastos que no paga Bienestar Social, sobrellevando la situación con préstamos y pólizas de crédito cuyos intereses están asumiendo e incluso, en ocasiones, comprometiendo su propio patrimonio personal. Y todo ello en el mejor de los casos, que es cuando las entidades financieras pueden adelantar ese crédito ya que la deuda con la administración valenciana les ha llegado al límite.
No por repetido el discurso, deja de ser menos grave. La situación se agrava cada mes. Con su participación en la marcha social de ayer, Aerte desea trasladar al conjunto de la sociedad valenciana la injusta y desesperada situación por la que atraviesan las empresas responsables de la atención a la población dependiente en la Comunidad Valenciana, cuyos problemas generados por los impagos de la Administración Valencia van a desembocar inevitablemente en más cierres de centros y entidades, si desde la administración no se ponen medidas que de una inmediata solución.
El 61% de los jóvenes sería pobre si se emancipara
El 61por ciento de los jóvenes catalanes de entre 20 y 34 años que vive con sus padres sería pobre si se emancipara. Así se desprende de la Encuesta a la Juventud de Cataluña 2012 (EJC12), elaborada por la conselleria de Bienestar Social y Familia. El 36,6 por ciento de los jóvenes catalanes vive con sus padres, de los que un 40,8 por ciento aportan más de una cuarta parte de los ingresos totales del hogar.
Pese a ello, el 18,7 por ciento de los hogares en los que viven jóvenes no emancipados están por debajo del umbral de la pobreza, una tasa que sería del 35,1 por ciento si no se contaran sus ingresos. «Su papel es muy importante en las familias y son de gran ayuda», dijo la consellera de Bienestar y Familia, Neus Munté.
Lejos de la política
La encuesta, realizada con una muestra de 3.000 jóvenes, destaca que el 49 por ciento de los catalanes de entre 20 y 34 años tiene poca o nula participación política, de los que un 19,4 por ciento muestran actitudes de desafección y alejamiento, por lo que no votan.
También revela el informe que uno de cada cuatro personas de esta franja de edad de entre 20 y 34 años tiene un hijo actualmente, mientras que la proporción asciende al 47 por ciento si se acota entre los 30 y los 34 años. El 41,6 por ciento declara tener dificultades para conciliar los estudios o el empleo con la vida familiar.
Además, el estudio detecta que tres de cada cuatro hablan habitualmente catalán, pese a que sólo es la lengua inicial para el 36 por ciento de ellos, una proporción que asciende al 47 por ciento en el caso del castellano.
En relación al estado de salud, tiene un estado óptimo el 64 por ciento de los jóvenes y un 10 diez por ciento tiene un mal estado porque sufre algún problema psicológico, consume alcohol y drogas con regularidad y tiene conductas de riesgo, entre otros factores. La encuesta también concluye que el 98,4 por ciento de los jóvenes tiene una actitud positiva respecto a los estudios y el empleo, lo que para Munté demuestra que «es necesario superar los estereotipos que dibujan una juventud pasiva y víctima de un contexto desfavorable por la crisis».
La consellera también destacó que solo el 1,6 por ciento de los jóvenes catalanes tiene una actitud pasiva porque no estudia ni trabaja, lo que demuestra que «la gran mayoría está comprometida con su entorno y busca formas de lograr sus proyectos vitales aunque sea a contracorriente»
El 28% de los hogares españoles vive gracias a una pensión, según CC.OO.
El sindicato CC.OO calcula que el 28% de los hogares españoles viven gracias a una pensión como única fuente de ingresos, tal y como ha asegurado este viernes el secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados, Julián Gutiérrez.
Además, CC.OO estima que la reforma del sistema de pensiones propuesta por el Gobierno supondrá una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas de entre un 14,8% y un 28,3% en los próximos 15 años.
Estas afirmaciones han sido efectuadas en la presentación de la campaña que el sindicato ha iniciado en defensa del Estado del bienestar, centrada en tres pilares: las pensiones, la dependencia y la sanidad. La Federación ha preparado los días 23 y 24 de octubre movilizaciones por este motivo.
Asimismo, Gutiérrez ha detallado que la cuantía del 54% de las pensiones es menor al salario mínimo interprofesional y que España dedica a pensiones tres puntos porcentuales menos que la media de la UE. Así, la pensión media en España según el sindicato es de 856 euros, mientras que la pensión por viudedad es de 617 euros.
DEPENDENCIA Y SANIDAD
Por su parte, el secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas, Carlos Bravo, ha apuntado que las ayudas a la dependencia se han reducido hasta los 1.180 millones de euros desde los 2.000 millones que había en 2010. De esta manera, según Bravo, hay 44.000 personas menos con prestación efectiva que hace un año y medio, 88.000 ciudadanos que ya no son calificados como dependientes y una lista de espera del 22% (198.000 personas en todo el país).
«Estas medidas están suponiendo la desprotección de mucha gente que en algunos casos muere sin haber tenido un servicio adecuado», ha señalado Bravo. En relación a la dependencia, Gutíerrez ha recalcado que «debe ser vista como una fuente de creación de empleo», puesto que «el dinero que se invierte se recupera en puestos de trabajo».
Por otro lado, Bravo ha destacado que la reforma sanitaria ha excluido a 873.000 inmigrantes del sistema, que se han eliminado 450 medicamentos y que el copago farmacéutico, a pesar de estar basado en el nivel de renta de los cuidadanos, tiene «una concreción práctica regresiva».
RENTA MÍNIMA GARANTIZADA
Durante su intervención, Carlos Bravo ha recordado que el sindicato ha propuesto la creación de una renta mínima garantizada para ofrecer protección social a los 660.000 hogares y a 1,4 millones de personas que viven sin ningún ingreso.
En este sentido, Bravo ha asegurado que el Gobierno está estudiando la propuesta, y ha detallado que contaría con 400 euros a los que se sumarían suplementos en función del número de miembros que tenga la familia.
Otras propuestas que ha indicado Gutiérrez para aumentar los ingresos del Estado son la lucha contra el fraude fiscal, la creación de un impuesto a las transacciones financieras especulativas y, sobre todo, la creación de empleo. «Por cada millón de afiliados menos a la Seguridad Social, se pierde una recaudación de 5.000 millones de euros», ha añadido.
Patina por una buena causa
Sábado, 9 de noviembre en Madrid
Parque del Retiro – Paseo de coches
De 10’00 a 13’00 h.
Con la presencia del Padre Angel, presidente y fundador de la ONG Mensajeros de la Paz.
Mensajeros de la Paz, con la colaboración de la Fundación Barclays, propone para este fin de semana un plan divertido y solidario para toda la familia: pasar la mañana del sábado patinando en el Retiro. Un rato de deporte que tiene nombre: solidaridad.
El objetivo solidario de esta iniciativa es colaborar con las actividades del proyecto Aula de Cunas y La Merienda, que a través de un centro ubicado en el Barrio de Lavapiés de Madrid, ayuda a niños en riesgo de exclusión social y a sus familias con varios programas como apoyo escolar, refuerzo nutricional, ocio sano, encuentros familiares, formación y promoción social y laboral de mujeres, etc.
Ven con tus patines a partir de las 10:00 horas del sábado 9 de noviembre, al Paseo de Coches del Parque del Retiro, que se convertirá enuna gran pista de patinaje solidario abierta a todos. Se organizarán además diversas competiciones, pruebas de habilidad, y otrasactividades lúdicas.
No importa el nivel de patinaje, sólo el deseo de participar.
Para colaborar con esta iniciativa, basta con hacer una pequeña aportación: desde 1 euro por participante es suficiente; aunque se puede dar lo que se quiera, o lo que se pueda. Las donaciones se pueden hacer el mismo día en el puesto ubicado en el principio del paseo de coches, en el inicio de la concentración o previamente por Internet, entrando en: http://www.migranodearena.org/
La meta es conseguir 3.000,00 euros, con la ayuda de todos. La Fundación Barclays igualará el importe que se recaude con esta iniciativa hasta un máximo de dicha cantidad. Mensajeros de la Paz agradece públicamente a la Fundación Barclays su colaboración en esta iniciativa, así como su valioso apoyo a nuestros proyectos sociales.
Prepara tus patines junto con tus amigos y familiares, y… ¡a disfrutar por una buena causa!.
La participación de todos es muy importante. ¡Contamos contigo!
La Asociación Mensajeros de la Paz es una ONG declarada de Utilidad Pública, que fue fundada en 1962 por el Padre Ángel García, quien desde entonces la preside.
Trabaja en España y en otros 49 países del mundo, desarrollando actividades sociales centradas en la protección de la infancia, la atención a ancianos y a otros sectores sociales vulnerables tales como discapacitados físicos y psíquicos, mujeres víctimas de violencia doméstica, así como el apoyo al desarrollo de las comunidades. Además, lleva a cabo programas de cooperación estables y enfocados a logros a medio y largo plazo, y atiende también demandas de ayuda humanitaria urgente de países que han sufrido desastres naturales o atraviesan momentos de dificultad especial.
Esta ONG ha recibido numerosos reconocimientos a su labor, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, la Gran Cruz de Oro la Orden Civil de la Solidaridad Social, o el Premio de la Alleanza Mondiale per la Pace. Mensajeros de la Paz posee el Estatus Consultivo Especial ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas.
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Adjuntamos, nota de prensa (pdf), cartel, e imágenes (.jpg) de libre reproducción. (Disponibles también en mayor resolución).
Para más información y entrevistas o envío de material gráfico, por favor, contacten con
– Prensa Mensajeros de la Paz: Ana de la Calle T. 660554804 prensa@mensajerosdelapaz.com
Dependientes y mujeres, un binomio inseparable
Una breve cronología de hechos en relación con la tan manida y conocida Ley de Dependencia o de Pro moción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (Ley 39/2006 de 14 de diciembre) sentó las bases para construir el futuro Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, que financia los servicios que necesitan las personas dependientes, bien por enfermedad o accidente o suceso incapacitante, o para que al llegar a la vejez se les garantice un sustento mínimo.
No podemos obviar que las personas dependientes están incapacitadas para desarrollar actividades de la vida diaria y requieren ayuda para realizarlas. Nuestra labor como ciudadanos es potenciar al máximo la independencia en el dependiente. A ese espejismo, por realista, conviene que nos apliquemos todos para hacer un país más sano y equilibrado.
De los 46 millones de españoles del año 2008, unos 2 millones eran dependientes y concluyen varios estudios que la dependencia era más evidente con el aumento de la edad de las personas, más frecuente entre las mujeres y entre personas de clase social con menor formación. Los datos hablan por sí solos y configura una silueta reveladora, persona mayor, mujer y sin formación.
Si valoramos el orden de aparición de la dependencia y su prevalencia de las discapacidades que pueden provocar dependencia personal, en primer lugar y con más frecuencia, encontramos los problemas relacionados con la movilidad exterior; siguen las dificultades en las tareas habituales del hogar y, en tercer lugar, los problemas de cuidado personal.
Y vuelven las mujeres. La ayuda familiar es la principal respuesta y, normalmente, viene de la mano de mujeres: la hija que asume el cuidado de sus mayores (y que la actual ley condena a malvivir en el futuro por ausencia de protección en el sistema de Seguridad Social), la esposa que cuida varón, la madre que cuida hijo/a dependiente, mujeres que no ven otro horizonte. De nuevo mujeres perdedoras por cuidadoras.
La ley anterior contó con un amplio debate a lo largo de todo el año 2006 y en noviembre de ese año contó con el apoyo mayoritario de los diputados representativos y el 1 de enero de 2007 empieza a andar. Sin tiempo para grandes conclusiones y reflexiones, con el acceso del Partido Popular al gobierno en 2011, y sin debate alguno en la sociedad, ya en el primer Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011 paraliza la aplicación de la Ley de Dependencia, dejando fuera del sistema, y de un plumazo, a unos 400.000 españoles con dependencia moderada.
Posteriormente, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, se retiran 283 millones de euros para dependientes moderados y, consecuentemente, las comunidades autónomas se ven obligadas a retirar otros 283 millones de euros al anularse la partida que lo sustentaba.
Medio año después modifica el gobierno la Ley de Dependencia del gobierno socialista y paraliza la aplicación de algunos conceptos de la misma, por dos años, haciendo importantes reformas en otros aspectos, para lo que recurre al R.D. Ley 20/2012, de 13 de julio. Pasado un año de aplicación del precitado R.D. Ley, y sólo en el período agosto 2012-agosto 2013, sacamos conclusiones conmovedoras, como que 122.244 personas han sido expulsadas del sistema de dependencia y no reciben prestación o han dejado de tener derecho a la prestación por dependencia. De nuevo el colectivo femenino es el más golpeado y afectado por la medida. De nuevo mujeres sufridoras por mujer-dependiente o por mujer-cuidadora. Mujeres, personas al fin y al cabo. Y eso, sin citar a los varios miles de solicitantes que no se han registrado para demanda de dependencia en todo el país.
A todo esto debemos sumar los miles de dependientes que han visto recortadas sus prestaciones por múltiples motivos y que, incluso, paradojas aparte, ha contribuido a aumentar hasta el número de separaciones matrimoniales, por afectar a las uniones de dependientes, fórmula más habitual de convivencia entre este colectivo. Y es que pensiones entre los 300? y los 350? para quienes necesitan afrontar gastos extraordinarios, por necesarios y no habituales en familias normalizadas, no dan para mantener a quienes quieren vivir la dependencia con la mayor independencia posible.
Si ponemos cara a la realidad en un municipio tinerfeño como Icod de los Vinos, obtenemos que, de una u otra manera, los actuales desmanes del gobierno de Madrid con la Ley de Dependencia afectan a más de 300 familias, a las que condenan a vivir en la intransigencia y el desconcierto.
Los datos no evidencian sino un desplome absoluto del sistema de dependencia, pasando varios cientos de miles de personas, la mayoría mujeres, el calvario de la inmundicia y el abandono, al no poder disponer de unos recursos mínimos que garanticen una vida desde la mayor dignidad posible. Lamentos aparte, tiene rostro de mujer y llevan la peor parte.
Artur Mas se compromete a no recortar más a las residencias
El presidente de la Generalitat Artur Mas se comprometió ayer ante Cinta Pasqual, presidenta de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), a no aplicar ningún otro recorte al sector de la gente mayor. Esta promesa tranquiliza al sector de las residencias, que temía un descenso en las tarifas, pero no responde a las otras demandas planteadas por la patronal.
El President, que estuvo acompañado por la consellera de Benestar Social i Familia Neus Munté, explicó a la presidenta de ACRA que “cuando la economía lo permita” se volverán a activar las Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio, es decir las PEVS, las ayudas a personas que a la espera de poder entrar en residencias de titularidad pública acuden a centros privados. Mas tampoco quiso comprometerse, según una nota difundida por esta patronal mayoritaria del sector, a establecer un calendario para el pago de los 160 millones que la Generalitat les adeuda.
Cinta Pasqual explicó a Mas durante la reunión que se prolongó por espacio de una hora la difícil situación por la que atraviesan unas residencias que dan servicios a 56.000 personas.
La consellera Munté señaló ayer, a través de una respuesta parlamentaria, que los catalanes que solicitan una revisión de su grado de dependencia deben esperar una media de 2,93 meses. Y el tiempo medio para obtener un certificado de discapacidad oscila entre los cinco meses del Baix Llobregat (Barcelona) y 1,5 meses en las Terres de l’Ebre. Además, dijo que la Generalitat estudia distintas alternativas de copago de los usuarios de la ley de dependencia ante los impagos del Estado. En 2012 la Generalitat aportó 929 millones de euros al sostenimiento de las medidas incluidas en la ley de la dependencia y el Estado invirtió sólo 243 millones.
Europa sufre su peor «crisis humanitaria en 60 años»
La Federación Internacional de la Cruz Roja advirtió hoy de las graves consecuencias humanas de la crisis económica en toda Europa, donde esta organización entregó ayuda alimentaria a 3,5 millones de personas en 2012, lo que supone un aumento del 75 % respecto a 2009.
La federación informó hoy sobre las conclusiones de un estudio, que recoge los datos de las 42 sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en 22 países europeos, donde se habla de la peor crisis humana en Europa de los últimos sesenta años.
«Muchos países están todavía atrapados en la crisis, lo que derivará en un impacto humano que podría hacerse notar durante décadas», precisaron desde la Cruz Roja, con sede en Ginebra, en un comunicado.
A pesar de ciertos síntomas de recuperación económica en algunos países, la Cruz Roja alerta de que millones de personas en todo el continente han caído en la pobreza y tardarán muchos años en alcanzar unos niveles mínimos de bienestar.
«Millones de personas han caído en desgracia en los últimos cinco años y apreciamos una degradación progresiva de esta situación porque cada vez son más los no tienen ahorros ni posibilidad de hacer frente a gastos imprevistos», señaló el secretario general de la Federación Internacional de la Cruz Roja», Bekele Geleta.
Gelera resaltó el caso de Letonia que, aunque oficialmente ha salido de la crisis, la necesidad de ayuda alimentaria se ha triplicado respecto a los primeros años de la crisis.
Sin embargo, Geleta advirtió de que este tendencia se repite en todos los países europeos, no sólo en los que más se asocian a la crisis; ya que, por ejemplo, en Francia más de 350.000 personas han caído en la pobreza en los últimos tres años.
Además, indicó que se está produciendo un nuevo fenómeno, el de los «trabajadores pobres», es decir, gente que trabaja, pero que no alcanza a final de mes con su sueldo.
«Todas nuestras sociedades nacionales han tenido que aumentar sus esfuerzos de asistencia doméstica, incluidas las de los países occidentales que tradicionalmente se centraban en prestar ayuda internacional», recordó.
Geleta instó a los Gobiernos de toda Europa a reservar dinero de sus presupuestos para hacer frente a estas situaciones y alertó del «gran coste a largo plazo» que derivará de los recortes en sanidad.
«Hemos notado un fuerte aumento de personas que vienen a nuestros centros de asistencia pidiendo medicamentos porque no se los pueden permitir», explicó.
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17.500 mayores dependientes, colgados sin residencia
Una de las peores caras de la crisis de las arcas públicas son los recortes en prestaciones y servicios vinculados a los grandes dependientes de más de 65 años de edad. En Catalunya 17.000 personas de este colectivo llenan la lista de espera para ocupar una plaza pública de residencia. Una cifra a la que se añade, según señalan fuentes del sector, medio millar de usuarios que, desde el 1 de agosto, no puede acceder a una residencia privada a causa de la supresión indefinida de las Prestaciones Económicas Vinculadas a Servicio (PEVS), las ayudas que la Generalitat otorgaba a personas que están esperando a entrar en un centro geriátrico de titularidad pública y no pueden costearse íntegramente lo que vale una residencia privada.
“Ahora la gente que está en esta situación tiene que pagar la plaza privada exclusivamente con su patrimonio”, lamenta la presidenta de la Associació Catalanade Recursos Assistencials (ACRA), Cinta Pascual. Pero una plaza en un centro privado asciende a más de 1.700 euros mensuales, una cantidad difícilmente asequible para una pensión media en España (950 euros al mes). En estos casos son las familias las que acostumbran a atender las necesidades de estos mayores con grandes dependencias, a pesar de que son personas que “necesitan servicios profesionales”, según comenta el presidente de la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR), Vicente Botella. En este sentido la Generalitat asegura que estos ciudadanos son atendidos por otras vías, como asistencia domiciliaria o prestación de cuidado no profesional.
Además de los usuarios directamente afectados por no poder acceder a una residencia pública, los recortes en este tipo de prestaciones están generando un aumento de plazas vacantes en los centros geriátricos colaboradores, que fuentes del sector cuantifican en unas 1.200 de un total de 13.000, lo que agrava aún más la delicada situación por la que atraviesa el sector como consecuencia de la crisis y los impagos de la Generalitat -160 millones de euros sin fecha de pago-. “Las plazas de las residencias que antes se cubrían mediante prestación vinculada a servicio ahora ya no se ocupan”, afirma Pascual.
Según señala Botella, otra de las cosas que afecta a la continuidad de los centros colaboradores, donde una parte del importe va a cargo del usuario y el resto de la Administración, es que hay residencias que desde el 1 de enero no perciben los ingresos procedentes de la Generalitat. Los impagos provocan que algunos centros deban dinero a propietarios de inmuebles, proveedores, personal e impuestos. Aún así, Botella asegura que los usuarios “reciben el mismo nivel de atención que antes”, a pesar de que haya trabajadores que han dejado de cobrar algunas nóminas.
Medidas para la sostenibilidad de los centros geriátricos
“El año pasado cerraron 27 centros, este año serán más”, alerta la presidenta de ACRA, que concreta que el sistema cuenta con 8.500 plazas privadas libres. “Como no tengas una ocupación alta, no funcionas”. Precisamente, esta semana una nutrida representación de asociaciones y patronales del sector ha expuesto su preocupación por los últimos recortes y los impagos del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) ante el presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien se ha comprometido a no efectuar ningún otro recorte en el sector y a restablecer las PEVS “cuando la economía lo permita”.
Por otro lado, el ICASS y representantes de los equipamientos residenciales han acordado profundizar en la flexibilización y la racionalización de las ratios del personal de los centros según el perfil de los usuarios. También se ha propuesto cambiar el régimen de relación del Departamento de Bienestar Social y Familia con las residencias que tienen plazas colaboradoras y transformarlas en plazas concertadas para garantizar la sostenibilidad del sistema.
La tasa de pobreza extrema en mujeres discapacitadas triplica la del resto
Las tasa de pobreza extrema en mujeres con discapacidad triplica la del resto de la población, es un 40 por ciento más alta que la de los varones con discapacidad y en mujeres de más de sesenta años es prácticamente el doble que la de los hombres de esa misma edad, según el estudio ‘Pobreza y Exclusión de las mujeres con discapacidad en España’, del sociólogo Agustín Huete.
Este trabajo, promovido por el CERMI, destaca que las mujeres con discapacidad se encuentran sometidas a múltiples factores desencadenantes de exclusión social, entre ellos la pobreza económica, el acceso al empleo, prestaciones, estudios y relaciones sociales. Respecto a este último aspecto, el informe indica que un tercio reconoce no tener oportunidades para hacer nuevos amigos y un 15 por ciento dice no tener amigos y recursos de apoyo.
En España reside más de un millón y medio de personas con discapacidad en riesgo de pobreza, de las que casi medio millón se encuentra en situación de pobreza extrema, es decir, recibe ingresos anuales inferiores a 3.900 euros. Este riesgo de pobreza afecta por igual a mujeres y varones con discapacidad, pero «de manera mucho más clara que respecto a la población general», según el autor del estudio, que indica también que la mitad de la población con discapacidad se encuentra por debajo del umbral de riesgo de pobreza o pobreza relativa.
El informe apunta a que más de 600.000 personas con discapacidad viven solas en sus hogares y esto evidencia una «clara» situación de desventaja para las mujeres, ya que más del 40 por ciento de éstas viven en hogares en los que se ingresan menos de 500 euros al mes, es decir, hogares en situación de pobreza.
La discriminación por género en cuanto a salarios es otro de los factores que contribuyen a las diferencias de nivel de vida entre personas con discapacidad, pues las mujeres con discapacidad cobran como término medio salarios ligeramente inferiores a las mujeres sin discapacidad, pero sensiblemente inferiores a los varones.
MUJERES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, LAS MÁS AFECTADAS
Otra de las denuncias que expone el trabajo es que las mujeres con discapacidad intelectual son el grupo más afectado por la escasez de ingresos, oportunidades laborales y acceso a prestaciones y el más olvidado. Según el estudio, la población con discapacidad en España se encuentra en su mayoría expuesta al riesgo de pobreza cuando carece de actividad laboral, incluso aún contando con prestaciones.
Dos tercios de las mujeres en edad laboral se encuentran en situación inactiva, es decir, fuera del mercado laboral, en un contexto en el que el empleo resulta el principal factor de protección contra la pobreza y la exclusión social», ha añadido. Y, en este contexto, el 47 por ciento de las mujeres con discapacidad que no trabaja, carece además de ingresos por prestaciones.
En materia de educación, el estudio sostiene que, a pesar de que en los niveles educativos de la población con discapacidad persisten diferencias significativas con respecto a la población general, la educación «es un terreno en el que las mujeres con discapacidad están teniendo éxito en cuanto a igualdad de oportunidades, respecto a los varones con discapacidad».
Los hogares, fuente principal de apoyo para las mujeres con discapacidad, presentan también «importantes espacios de discriminación» hacia las mujeres, ya que son quienes se ocupan fundamentalmente de la prestación de apoyos.
PROPUESTAS
Agustín Huete plantea una serie de propuestas para reducir la pobreza y la exclusión de las mujeres con discapacidad, como asegurar el cumplimiento de la Convención de la ONU en relación a sus derechos; fortalecer la inclusión laboral a través de medidas específicas; atender la situación de mujeres mayores con discapacidad que presentan generalmente situaciones de extrema pobreza; o promover el empoderamiento, especialmente en el acceso a espacios de participación ciudadana.
También propone impulsar medidas especiales relacionadas con pobreza y exclusión social en el II Plan de Acción de Mujeres con Discapacidad 2013-2016 del CERMI; realizar estudios específicos sobre pobreza y exclusión de mujeres con discapacidad en diferentes contextos; promover la renovación y actualización de las fuentes estadísticas sobre discapacidad; y considerar la discapacidad en aquellas fuentes estadísticas relacionadas con la medición de la calidad de vida y/o exclusión social.
«Llena sus mochilas de ilusión», Mensajeros de la Paz inicia el reparto de las donaciones recibidas
Acto de entrega de las 8 toneladas de donaciones e inicio de la distribución entre familias
Miércoles, 9 de octubre, a las 12’00 h.
Centro Social «El Pozo», de Mensajeros de la Paz
Calle Cabo de Tarifa, 2 , Esq.. Cabo Machichaco. Madrid (El Pozo del Tío Raimundo, Vallecas).
con la presencia, entre otras personalidades, de D. Javier Cuesta Nuin, Presidente de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA,y del Padre Ángel, presidente y fundador de Mensajeros de la Paz.
Esta campaña se organizó al conocer el dato de que ya iniciado el curso, más de 550.000 escolares en España no disponían del material escolar necesario. Para paliar esta situación Mensajeros de la Paz lanzó la campaña «Llena sus mochilas de ilusión«, que desde el 27 de septiembre al 5 de octubre , ha recogido más de 8’5 toneladas de material escolar con destino a tantos menores que sufren en su educación, como en tantos otros aspectos de su vida, las carencias de la crisis.
Las donaciones realizadas han sido principalmente de material escolar nuevo (lápices, colores, cuadernos, pinturas, reglas, bolígrafos, gomas de borrar, estuches, etc.) y material educativo (diccionarios de lengua española, y de otros idiomas, libros de lectura y texto, etc.) y en su mayor parte han sido recibidas en a través de todas las oficinas de Correos de la Comunidad de Madrid.
También han llegado aportaciones económicas para ayudar a familias en situación de vulnerabilidad a la compra de dichos materiales y libros de texto para los más pequeños. La colaboración con ayudas monetarias aún sigue abierta, a través de la C/C 0049 5104 11 2016063667 (Titular: Fundación Mensajeros de la Paz, Concepto: «!Llena sus mochilas de ilusión!».
Todos los materiales recogidos serán distribuidos a través de Mensajeros de la Paz, entre escolares pertenecientes a familias en situación de necesidad, afectadas por la crisis económica. En el último año, esta ONG ha puesto en marcha en España toda una Red de Recursos Sociales anti-crisis, reforzando centros y programas ya existentes, y creando otros nuevos enfocados especialmente a menores y sus familias, que palien la situación de precariedad en la que viven y sus consecuencias sociales y personales. Algunos de los proyectos y actividades que forman parte de esta red son: Banco Solidario ( www.
Más información en www.mensajerosdelapaz.com, y en el tel 91 364 51 12