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Recogida de firmas on-line de Aerte para defender la Ley de Dependencia
La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) y sus asociaciones territoriales como Aerte en la Comunidad Valenciana, han habilitado un espacio en la plataforma change.org para facilitar la recogida de firmas de la campaña destinada a exigir al Gobierno central y a los autonómicos el cumplimiento íntegro de la Ley de Dependencia.
En un comunicado, la patronal de dependencia entiende que la crisis «no puede servir de excusa para que el colectivo de dependientes no esté siendo atendido tal como garantiza la propia Ley. Precisamente, la crisis debería ser la razón para hacer efectivo el apoyo a estas personas, mayores, enfermos y discapacitados en su mayoría».
La campaña se abre a todos los ciudadanos para reclamar, a través de un manifiesto dirigido al Congreso de los Diputados, una resolución parlamentaria que obligue al Gobierno a dotar la partida presupuestaria suficiente que garantice el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a lasadministraciones públicas competentes en los términos fijados en los artículos 9 y 32 de la Ley de Dependencia. También se dirige al parlamento autonómico, con el objeto de que desarrolle propuestas para la adopción de las resoluciones que garantice el acceso a las prestaciones y servicios previstos. 500.000 firmas de apoyo a los dependientes
Para lograr estas reivindicaciones, la campaña, ajena a cualquier consigna política, necesita recoger 500.000 firmas en toda España. Firmas que servirán de apoyo a las miles de personas afectadas que tienen reconocido el derecho a asistencia pero no reciben ninguna prestación ya que sus expedientes están bloqueados por cuestiones presupuestarias: en España hay más 200.000 personas en esta situación, en la Comunidad Valenciana 11.000.
Desde la implantación en 2007 de la Ley de Dependencia, el número total de plazas en la Comunidad Valenciana financiadas con dinero público ha disminuido en más de 1.400 (alrededor de un 15%), pasando de 9.320 a 7.840 en junio de 2013. Mientras, según datos de la mima patronal, en la Comunidad Valenciana existen 5.000 plazas residenciales vacías. En España hay 60.000 plazas vacías.
Detrás de todos estos datos se encuentran personas a la espera de recibir su ayuda económica desde 2009, muchas de ellas con enfermedades como el Alzheimer y que residen o pasan gran parte de su día a día en centros o; casos de enfermos mentales tutelados por la administración que perciben los servicios profesionales específicos que necesitan en centros y que están sin cobrar desde 2011. También hay casos de personas que fallecen antes de que se les reconozca su derecho a percibir la asistencia básica necesaria o incluso que han tenido que salir de los centros al no poder soportar el pago de éstos por más tiempo ya que la administración no resuelve en los 6 meses de plazo máximo que la ley reconoce.
Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia piden por carta una reunión con Mato y denuncian la «agonía» del sector
La Coordinadora Estatal de las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia se ha reunido este viernes frente al Ministerio de Sanidad para denunciar la situación de «gravedad y agonía» que está sufriendo el sector y piden, a través de una carta y «con carácter de urgencia», una reunión con la ministra del ramo, Ana Mato, para abordar estos temas.
El portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia y presidente de la Plataforma de la Ley Dependencia de Castilla-La Mancha, José Luís Gómez-Ocaña, ha insistido en que «lo mínimo que la ministra tiene que hacer es escuchar y atender al colectivo sobre el que está aplicando los recortes». «Por lo menos que de una explicación», ha apostillado.
En este sentido, ha señalado que la obligación de las asociaciones es «exponerle que lo que hace con esta Ley implica la exclusión social y, en algunos casos, casi una condena a muerte para algunos dependientes». Además, denuncia que «la verdadera intención del Gobierno es eliminar la figura de los cuidadores familiares, que son la solución más barata y la que mayor intensidad y cuidado ofrece al dependiente».
La Coordinadora Estatal advierte sobre la posibilidad de que en el próximo Consejo de Ministros «se aproveche para colar algún Real Decreto-Ley que afecte al Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia», y que junto a la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, «haga imposible la atención de las personas en situación de dependencia y el mantenimiento de un mínimo de calidad de vida».
CRUCES FRENTE AL MINISTERIO
Durante esta jornada de protesta se han mostrado fotografías de personas dependientes y cruces negras para recordar a beneficiarios de esta Ley que han fallecido antes de poder recibir la prestación a la que tenían derecho. «Lo que pretendemos es simbolizar la entrega de las personas en situación de Dependencia al Gobierno del PP, que las ha abandonado y dejado de una manera indigna e injusta a su suerte y la de sus familiares», ha sentenciado Gómez-Ocaña.
En el mismo acto, se han recogido firmas en apoyo al cumplimiento de la Ley de Dependencia y se ha leído un manifiesto. El portavoz de la Coordinadora ha advertido de que si la ministra no se pone en contacto con ellos en las primeras semanas de septiembre, volverán a pedir esta reunión. «De lo contrario, pensaremos en otro tipo de acciones contundentes porque ya hemos insistido en que no vamos a dejar que nos quiten lo que nos corresponde. De ello depende la vida de muchos dependientes», ha concluido.
Dependientes que dejan deudas
Una deuda inesperada con el ERA (Establecimientos Residenciales para Ancianos) es la herencia que recibieron dos vecinos de Avilés cuatro años despúes del fallecimiento de sus respectivas madres. Ambas mujeres fueron usuarias del ERA, a ambas se les concedió la ayuda correspondiente a la Ley de Dependencia, pero tras su muerte, y después de que sus familias recibieran las respectivas herencias que dejaron, el ERA pasa ahora la factura de su gasto. Estos descendientes se sienten engañados, ya que nunca les dijeron que iban a contraer esta deuda con la administración, y ahora intentan liderar un movimiento de afectados para hacerse fuertes y, llegado el caso, defenderse en los tribunales contra lo que consideran una estafa.
Los hechos, tal y como cuentan estos dos afectados, son los siguientes. Las familias solicitaron las ayudas correspondientes a la Ley de Dependencia, y meses después les fueron concedidas. Las ancianas tenían, por tanto, derecho a un porcentaje parcial del coste en la plaza residencial, cuyo precio total era de unos 1.200 euros. Los herederos tenían previsto tener que abonar la cantidad correspondiente a los meses anteriores a la concesión efectiva de la ayuda por dependencia, y cuando las ancianas fallecieron los dos insistieron ante el ERA para pagar la factura.
Pero los responsables de la red de establecimientos rechazaron el pago, asegurando que no se les iba a cobrar hasta pasados dos años -y antes de cuatro- y que, además, la factura sería menor, ya que la concesión de la Ley de Dependencia era con carácter retroactivo. «A mí me engañaron. Pero no lo puedo demostrar porque el engaño fue de palabra», recrimina uno de los afectados. Y añade: «Hubiera sido mucho mejor para mí que me hubieran cobrado entonces».
Las mujeres murieron en el año 2009, esto es, antes del año 2011 en que la Ley de Dependencia entró en funcionamiento de forma efectiva, y esa es la causa que ven los afectados para que se les quiera cobrar la estancia en la residencia de ancianos. Es decir, los afectados sostienen que si sus madres siguieran vivas, no tendrían ninguna deuda. Y tampoco si ellos hubieran rechazado las herencias. Y achacan la culpa al Principado y al retraso en la tramitación de la Ley de Dependencia. «El plazo legal es de seis meses y tardaron cinco años».
La factura que el ERA quiere cobrar ahora a Ángel Rodríguez, uno de los herederos, es de 12.500 euros, cuando la deuda con la que contaba era de 3.127. Al otro, Francisco Abelardo Ruiloba, la factura asciende a 33.000, en vez de los 17.000 que esperaba. «Sabemos que tiene que haber más casos, por eso queremos hacer una plataforma, asociarnos para reclamar nuestros derechos», afirman. Uno de ellos está en fase de presentación de alegaciones, el otro ya en Servicios Tributarios y piensa incluso en los tribunales, pero sostienen que cuantos más afectados se organicen, mejor será para todos.
Por eso, cansados de pelear con las administraciones implicadas, hacen ahora un llamamiento a todos los damnificados por esta herencia inesperada. Y ponen a disposición del público sus teléfonos, para asociarse. Son el 606327133 y el 616689820. Están dispuestos a plantar batalla contra lo que consideran un engaño permitido por el Principado. «¿Pero qué Ley de Dependencia es esta?», concluyen con enfado.
Los mayores prefieren trabajar más años que reducir el importe de su pensión
Dentro de poco más de tres décadas habrá una persona jubilada por cada 1,1 trabajador
Retrasar la jubilación o aumentar el número de años que se tienen que cotizar a la Seguridad Social son las medidas más aceptadas por las personas mayores para reducir el gasto en pensiones, según el último Barómetro del Mayor de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP). El 48% son partidarios de adoptar medidas destinadas únicamente a aumentar la hucha de las pensiones; el 22,8% de que sólo se reduzcan el gasto en pensiones y el 21,9% opina que deberían combinarse ambas opciones.
Para aumentar los ingresos de la hucha de las pensiones las personas mayores creen que deberían subirse las cotizaciones sociales (29,9%); recurrir a los impuestos (27,7%) y como sugerencias propias proponen la creación de empleo (12,5%), la reducción de gastos superfluos de la Administración y las remuneraciones excesivas (12,3%) y combatir la evasión fiscal (4,8%).
En lo que se refiere a las medidas más adecuadas para reducir el gasto en pensiones, las personas mayores son más partidarias de aumentar la edad de la jubilación (32,4%) o el número de años de cotización (29,3%) que de reducir los actuales importes de las pensiones (5,9%).
Según la Proyección de Población de España a Largo Plazo, del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el 2049 los mayores de 64 años constituirán el 31,9% de la población total frente al 17,3% actual, alcanzando los 15 millones de personas. La población en edad de trabajar de 15 a 65 años se reducirá en más de seis millones: de los más de 31 millones del 2009 se pasará a los 25.741.459 habitantes. Por lo tanto, en el 2049 por cada 1,1 trabajador en edad de trabajar habría una persona inactiva (mayor de 65 años o menor de 16).
Propuestas de los mayores para garantizar las pensiones
La consejera de Familia e Igualdad de CyL promete mejorar los recursos destinados a dependencia
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, se comprometió este lunes a aumentar los recursos destinados a la atención de personas dependientes, además de “diseñar servicios accesibles en toda la Comunidad”, preparando un nuevo modelo de trabajo de Centros Multi-Servicio, según afirmó hoy en Valladolid.
Durante la celebración de la tercera edición de la mesa de debate promovida por la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) en colaboración con la Fundación Economía y Salud, Marcos aseguró que desde su Consejería se está trabajando para que en el sector de la dependencia haya “menos trámites y hablemos más de oportunidades”.
Por su parte, José Alberto Echevarría, presidente de la FED, aprovechó la presencia de la consejera para insistir en que el sector necesita urgentemente inversiones y no aguanta más recortes, ya que “hay que atender a los más de 200.000 usuarios que nos necesitan”. En este sentido, alertó de que las residencias están sufriendo severas dificultades para su subsistencia.
Por otro lado, el presidente de los Empresarios de Valladolid, José Antonio de Pedro, planteó a la consejera la necesidad de disminuir los trámites burocráticos en el sector y mejorar así la gestión empresarial.
Por último, el presidente de la Federación de Castilla y León de Residencias de la Tercera Edad (Acalerte), Diego Juez, anunció la colaboración de la dependencia de Castilla y León para trabajar en equipo y ayudar a la viabilidad del sector.
La dependencia, entre las prioridades de los Programas de Urgencia Social definidos por el Gobierno
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que establece las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas a programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF. Según ha explicado el Gobierno, el actual sistema de distribución de las subvenciones con cargo al 0,7 por ciento del IRPF se sustituye por uno “más eficiente, flexible y objetivo”, basado en áreas de actuación en lugar de en colectivos como era hasta ahora.
Este Real Decreto, del que se había informado previamente al Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, regula por tanto la convocatoria de 2013, que distribuirá 211 millones. Así, se va a dar prioridad a los Programas de Urgencia Social. Estos planes marcan distintos objetivos, y entre ellos el apoyo a las familias con necesidades especiales de atención, “en particular las que tengan menores, mayores o personas dependientes a su cargo”.
Según ha explicado el Gobierno, a la convocatoria de este año podrán acceder aquellas entidades que tengan la consideración de entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Administración, además de las entidades sociales y organizaciones no gubernamentales ya previstas el año pasado. El objetivo es, en definitiva, reorientar la convocatoria dedicando las ayudas a quienes más lo necesitan.
Subvenciones de Régimen General
Por otra parte, el Consejo de Ministros también ha aprobado el Real Decreto que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector. De acuerdo con esta modificación, se reconoce a las organizaciones que componen este Tercer Sector como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado. Esta nueva regulación “va a garantizar el mantenimiento del régimen de ayudas a las entidades y organizaciones del Tercer Sector de Acción Social que tengan ámbito estatal que desarrollan un papel fundamental de colaboración con los poderes públicos para atender situaciones de emergencia social”.
El Ayuntamiento malagueño realiza reparaciones domésticas gratuitas a los mayores para minimizar riesgos de accidentes
El Ayuntamiento de Málaga está realizando reparaciones domésticas gratuitas en hogares de personas mayores usuarias del servicio de ayuda a domicilio desde el pasado mes de mayo. El Área de Derechos Sociales ofrece este servicio a los ancianos de la ciudad con el objetivo de evitar los accidentes que se producen en los domicilios familiares, que en su mayor parte son evitables con pequeñas reparaciones, eliminando elementos de riesgo o cambiando conductas.
Previamente a la puesta en marcha del servicio, se han identificado las carencias existes a través de un estudio realizado por la Empresa Municipal Más Cerca, en 672 hogares de usuarios y usuarias mayores que perciben la prestación de ayuda a domicilio. Se ha completado un diagnóstico de estas viviendas identificando los riesgos para la seguridad y la salud, «así como los malos hábitos de sus ocupantes». Se trata de personas mayores que viven solas o en pareja y con algún grado de dependencia.
Según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado, este servicio está operativo desde el pasado mes de mayo en los distritos Centro, Este, Ciudad Jardín, Palma-Palmilla y Cruz de Humilladero. Ya se han intervenido en 186 domicilios, correspondientes a otros tantos usuarios, de los 378 en los que se va actuar en estas zonas de la ciudad.
Los trabajos más demandados en estos casos han sido colocación de asideros en el baño –60–, cambio de enchufes –41–, reparación de cableado en mal estado –25–, instalación de grifos –21–, cambio de tapas de conexiones eléctricas –19–, pintado de techos –18– y arreglo de sanitarios –14–.
Las reparaciones en el resto de la ciudad se han iniciado a esta misma semana, dando cobertura de este modo a la totalidad de mayores con carencias en sus hogares y que perciben la ayuda a domicilio.
Tras efectuar los trabajos de reparación de las deficiencias, se impulsarán medias preventivas para corregir malos hábitos, lo que en su conjunto propiciará una mejora en la calidad de vida de los mayores, una menor dependencia funcional y por tanto un alivio en la carga de trabajo de las familias y los auxiliares a domicilio.
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL HOGAR
El estudio de prevención de riesgos en el hogar del programa de Ayuda a Domicilio ha revelado cuales son las carencias existentes en los domicilios de los mayores, sobre las que se está actuando para normalizar su situación.
Así, se han analizado un total de 672 hogares, clasificando las medidas de seguridad y prevención de riesgos en ocho apartados diferentes: baños, escaleras fijas, escaleras móviles, instalaciones eléctricas, incendios y explosiones, productos de limpieza, suelos de la vivienda y en riesgo social.
Los 672 hogares corresponden a otros tantos usuarios, de los que 543 son mujeres y el resto hombres. En cada vivienda se han evaluado un total de 78 factores de riesgo. Se han detectado un total de 8.080 deficiencias que incluyen no sólo reparaciones a efectuar sino cambios de enseres, hábitos, mala utilización de los diferentes elementos que hay en los domicilios, o percepción de peligro en el hogar ante vecinos y personas extrañas.
Del total de deficiencias detectadas destacan por su volumen: braseros cerca de muebles o cortinas –410–, cuadros eléctricos sin protección –395–, la ausencia o mal estado de esterillas antideslizantes exteriores en el baño –278–, anomalías relacionadas con revisión de las instalaciones de gas –270–, gomas de gas caducadas –257– y envases de productos de limpieza sin etiquetar –230–.
Le siguen envases de alimentos conteniendo productos de limpieza –228–, ausencia de bandas antideslizantes en escaleras fijas –161–, escaleras móviles excesivamente pesadas –137–, zonas de la casa con olor a gas –130–, ventilación inadecuada en el baño –123–, peldaños estrechos en escaleras fijas –122–, alfombras mal fijadas –119– y deficiencias en enchufes –115–. Además, se han elaborado 459 informes de mayores que tienen una percepción de peligro ante el hecho de que algún extraño pueda entrar en su casa.
Más de 15.000 potenciales dependientes jiennenses a la espera de que se analice su situación
Desde hace 3 años, los ‘hachazos’ al Estado del Bienestar vienen acompañados de argumentos de ‘ahorro’. Sin embargo, cada recorte tiene consecuencias sociales y, en materia de dependencia, sobre la salud. Solo en Jaén, el primer ‘tijeretazo’ que el Gobierno asestó a la ley, en 2012, ha elevado el número de personas que esperan que se las evalúe en 1.249 y los usuarios de la ayuda a domicilio han caído casi un 13%.
Es el cuarto pilar del Estado del Bienestar, pero “la están dejando morir”, dice, indignado, el presidente de la Asociación para la Promoción y Atención al Minusválido Físico (Aspramif) en Jaén, Ricardo Rocío. Con la excusa de la recesión que vive España y de los “desequilibrios presupuestarios” que arrastraba, la Ley de Dependencia ha sido una de las grandes damnificadas de los recortes. Pero, detrás de cada ajuste y más allá de los argumentos de ahorro en un país de presupuestos tradicionalmente ajustados en materia sanitaria, están los rostros de miles de personas y sus efectos sobre la salud. Desde julio de 2012 y a pesar de los “esfuerzos” de la Junta para contrarrestar los “tijeretazos” del Gobierno, el número de jiennenses que aguardan a que se evalúe su grado de dependencia ha aumentado en un 8,3%. Según los datos que maneja la Consejería, a los que tuvo acceso este periódico, hay 1.249 solicitudes más que hace un año, lo que supone que, solo en la provincia, en estos momentos, haya 15.186 personas pendientes de valoración. Pero la espera no es el único efecto de los recortes. Como denuncia el secretario de Salud y Servicios Sociosanitarios de FSP de UGT en Jaén, Miguel Ángel Cazalilla: “En materia de dependencia, no se ha producido ni un alta. No hay reposición de la prestación”. Y el resultado es que el número de usuarios ha caído en un 12,8%, pasando de los 6.040 usuarios que se contabilizaban a finales de junio de 2012 hasta los 5.267 actuales.
Consecuencias similares se han registrado en el servicio de atención residencial, donde —como explica Cazalilla— “solo se atienden casos de emergencia, ¡y ni siquiera todos!”. Antes de la entrada en vigor del Decreto Ley 20/2012, las 2.250 plazas en residencias de mayores que hay en la provincia estaban cubiertas casi al 100%. Con una caída del 9,22%, ahora solo lo están 1.995. Y la misma tendencia a la baja se ha producido en residencias de mayores con trastornos de conducta, con un 2,05% menos de ocupación en las 101 plazas que hay en Jaén, y en complejos concertados para personas con discapacidad, en las que, de las 560 plazas que existen, solo están cubiertas 546.
Cospedal se escuda en la lucha contra el fraude para ‘meter’ un tijeretazo en las ayudas a la dependencia
El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por María Dolores de Cospedal, tiene el firme propósito de ‘meter’ un tijeretazo a la Ley de Dependencia. La perfecta excusa sería la lucha contra el fraude.
O, al menos eso se desprende de una carta la que ha tenido acceso EL BOLETIN enviada a la Plataforma Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha por el Gabinete de La Presidencia de la Junta.
En esta misiva se dice textualmente que “se está tramitando un cambio normativo que evitará la posibilidad de cobro por parte de herederos y que la persona fallecida tenga derecho a seguir cobrando hasta el día último del mes en que han muerto”.
O lo que es lo mismo, que las autoridades dejarán sin cobrar la ayuda correspondiente a un mes completo a los cuidadores del dependiente que haya fallecido. Sólo percibirán la cantidad proporcional a los días que permaneció vivo.
Como hemos dicho antes, la Junta justifica el recorte por la necesidad de luchar contra el fraude. En la carta se asegura que, según el IMSERSO, en la comunidad se estaban “constatando pagos indebidos del Estado como consecuencia del mantenimiento de personas fallecidas en el sistema estadístico de dependencia de Castilla-La Mancha”, para justificar los recortes en las ayudas.
Las declaraciones efectuadas ayer a este periódico por el portavoz de las plataformas en defensa de la Dependencia coinciden con lo que dice la carta. Además del criticar este próximo cambio en la ley, José Luis Gómez comentó que quien dirige la política nacional de dependencia por encima de la ministra de Sanidad, Ana Mato y que el recorte sería primero en Castilla-La Mancha y después se aplicaría en el resto del país.
A pesar de que la carta está firmada por la Jefa del Gabinete de Comunicación de La Presidencia de Castilla-La Mancha, María Gema Pérez Abad, desde la Junta se asegura no estar al tanto de ese proyecto de recorte tras los requerimientos de este diario al respecto.
Las ayudas autonómicas para discapacidad se redujeron más de un 60%
El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Mario García, ha denunciado este jueves que las ayudas que las comunidades autónomas destinan al sector de la discapacidad se han reducido «entre un 60 y un 70 por ciento» en los dos últimos años e «incluso hay algunas partidas que se han eliminado por completo».
«La eliminación o la drástica reducción de ayudas y subvenciones, junto al descenso en la financiación privada, está provocando que este colectivo vea mermados programas servicios, recursos y dispositivos de apoyo directo al colectivo que únicamente prestan las organizaciones de discapacidad, puesto que las administraciones no lo hacen», explica García.
En un comunicado, apunta que, además, «las organizaciones de discapacidad llevan años sufriendo retrasos en el cobro de subvenciones para la prestación de servicios sociales básicos» y, en este sentido, celebra que por fin se haya aprobado un plan de apoyo a las ONG que transferirá fondos para que las administraciones públicas puedan saldar las deudas que con ellas han contraído.
«Era muy necesario puesto que llevamos años sufriendo retrasos en el cobro de subvenciones para la prestación de servicios sociales básicos que son imprescindibles para mantener la salud y calidad de vida de las personas con discapacidad, para fomentar su integración y normalización en la sociedad o para defender sus derechos», ha añadido.
Así, confía en que el plan, junto al resto de medidas adoptadas en relación al Fondo de Liquidez Autonómica, «sirva para saldar las deudas pendientes» y para que «se reactiven los apoyos que las administraciones autonómicas proporcionaban a este sector y que han eliminado o reducido drásticamente».
La implantación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia retrocedió en trece comunidades autónomas durante el primer semestre del año
La implantación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia retrocedió en trece comunidades autónomas durante el primer semestre del año, entre ellas, en Andalucía, que pasó de obtener una nota de un 5,4 a suspender con un 3,8, según la Escala de Valoración Territorial que semestralmente realiza el Observatorio de la Dependencia, que sitúa la media nacional en un suspenso, con una nota de 4,38 sobre diez, el nivel más bajo desde diciembre del año 2009.
Los retrocesos de las 13 regiones son especialmente agudos en Navarra, cuya puntuación ha caído de 7,1 a 5,8 en seis meses, aunque sigue por encima de la media, y en Andalucía, donde el descenso deja a la región en un suspenso.
Les siguen en caída Castilla-La Mancha y Galicia, que pierden las mismas ocho décimas y se quedan con un 5; Madrid, que pasa del 3,8 a un 2,9 y las ciudades de Ceuta y Melilla, donde los niveles caen del 2,1 al 1,3. No obstante, también retroceden La Rioja, Cataluña, Extremadura, Asturias, Canarias, y Comunidad Valenciana (todas pierden un 0,4) y Aragón, que cae un 0,5. Mientras, Murcia y Baleares se quedan como están.
Con todo, el ranking nacional de implantación sigue en línea con el registrado en los últimos periodos analizados: en la cabeza están Castilla y León con un 9,6; País Vasco, con un 8,3 y La Rioja, con un 6,3 y a la cola figuran la Comunidad Valenciana, que tiene un 0,4 sobre 10; Ceuta y Melilla con su citado 1,3 y Canarias, con un 1,7.
Sin embargo, se producen variaciones en función de los indicadores que se analicen. Por ejemplo, Canarias, es la comunidad autónoma con mayor lista de espera: el 51,8 por ciento de los dependientes que han sido valorados y tienen la prestación reconocida están esperando a recibirla. En la Comunidad valenciana esta proporción es del 38 por ciento y en Baleares, del 36.
Esta escala, elaborada por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, combina la puntuación de cero a diez que obtiene cada comunidad autónoma en doce indicadores, que van desde el número de beneficiarios respecto del total de población al equilibrio de prestaciones y servicios o el incremento del número de atendidos en los últimos doce meses.
Así, revela que la media nacional se encuentra en junio de 2013 al nivel más bajo de los últimos cuatro años, tras un descenso sostenido desde diciembre de 2011, cuando llegó al cinco. En junio de 2012 ya había caído al 4,79 y, seis meses después, al 4,72. En junio de este año se sitúa en un 4,38.
CAE EL NÚMERO DE GRANDES DEPENDIENTES ATENDIDOS
Si se atiende al equilibrio entre las prestaciones y servicios, Madrid es la que tiene mejor indicador, con sólo un 25 por ciento de dependientes recibiendo dinero en lugar de asistencia. Le sigue Galicia, con una proporción del 33 por ciento y Castilla y León con un 39,5 por ciento. En el lado opuesto, Murcia, que da prestación económica a más del 80% de los dependientes, y Cataluña, con un 74,6 por ciento, aunque la ley recoge que esta práctica debe ser la excepción.
Otro de los indicadores revela cómo se ha producido un descenso en la incorporación de nuevos dependientes al servicio. En la media nacional, la caída es del 1,37 por ciento en el primer semestre del año, pero en regiones como Aragón (-17,16 por ciento) o Andalucía (-8,7 por ciento) y La Rioja (-8,26 por ciento) es mayor. Por el contrario, en Cataluña el número de atendidos ha crecido un diez por ciento y en Galicia y Asturias algo más del siete.
Sobre este asunto, la escala destaca que en todas las comunidades autónomas menos en Cantabria y País Vasco se ha reducido la cifra de expedientes activos correspondientes a Grandes Dependientes (Grado III), con tasas que llegan a ser del 16,8 por ciento en Aragón, del 14 por ciento en Andalucía y superiores al 12 por ciento en Asturias y Murcia. En el total nacional, esta reducción es del 8,26 por ciento, conforme el estudio.
Una media de 70 personas son «expulsadas» diariamente del Sistema de Atención a la Dependencia, según un estudio
Una media de 70 beneficiarios de la Ley de Dependencia son «expulsadas» diariamente del Sistema de Atención a la Dependencia, según ha indicado el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, durante la presentación del XI Informe del Observatorio de la Dependencia correspondiente al primer semestre de 2013, que revela que 748.000 personas dependientes reciben atención, 20.605 menos que hace un año.
El dato de 70 beneficiarios que quedan cada día fuera del Sistema se calcula dividiendo la cifra de beneficiarios que han salido del Sistema en el último semestre entre seis meses y entre 30 días. Esta cifra, sumada al hecho de que «no se mantiene la tasa de reposición» de la Gran Dependencia conduce, según Ramírez, a la «destrucción absoluta» del Sistema de Dependencia.
Además, Ramírez ha pedido al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que «no alardee» de haber reducido la lista de espera del Sistema de Dependencia, que ha pasado de 305.941 a 1 de enero de 2012 a 213.824 a 31 de mayo de 2013, ya que, según ha apuntado, este descenso no se debe a que se haya atendido a las personas que estaban en espera.
Concretamente, ha denunciado que esta reducción es consecuencia de: «impedir que nuevos dependientes accedan al sistema», como es el caso de 39.501 personas; y de los fallecimientos y de las revisiones «a la baja» del Grado de la dependencia, caso de más de 50.000 personas.
Precisamente, Ramírez ha señalado que, si tuviera la oportunidad de preguntar a la ministra del ramo, Ana Mato, le cuestionaría sobre el número de revisiones de grado que, según ha remarcado, les consta que han sido «masivas y sangrantes» en algunas comunidades autónomas.
«Las decisiones de este Gobierno han dado la puntilla para que la Ley (de Dependencia) muera por inanición», ha insistido, al tiempo que ha acusado al Gobierno de «mentir con medias verdades», de «jugar con los datos» y de «ocultar restricciones al acceso» al Sistema.
Además, ha explicado que, si el Gobierno hubiera invertido en Dependencia los 449 millones de euros en recortes, «más de 190 millones de euros hubieran retornado a las arcas públicas en virtud de impuestos directos –IRPF, Seguridad Social e IVA–, hubiera evitado el despido de 2.000 personas y hubiera ahorrado 16 millones de euros al Estado en prestaciones».
Para la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la Ley de Dependencia es «sostenible y viable» pues genera unos retornos económicos de en torno al 42% así como 30 empleos directos y estables por cada millón de euros invertidos en el sistema de atención a la dependencia.
«Si aplican los tres nuevos Reales Decretos que están sobre la mesa pendientes para publicar, probablemente el destrozo en la política social será dramático, la desatención a las personas dependientes será insoportable y la repercusión en el empleo hará que más de 20.000 personas en los próximos meses vayan engrosando las listas del paro», ha advertido.
A su juicio, el Gobierno quiere convertir un sistema de protección social de carácter universal en «un subproducto financiero de aseguradoras». Finalmente, sobre el Consejo Territorial del Sistema de Atención a la Dependencia que tendrá lugar este jueves, ha indicado que se espera «lo peor» teniendo en cuenta que en anteriores consejos se han aprobado medidas peores de las que se esperaban.
Euskadi implanta el copago farmacéutico a partir de este lunes
El Gobierno vasco aplicará el copago farmacéutico a partir de este lunes, 1 de julio, en cumplimiento del auto del Tribunal Constitucional que suspendió el decreto del Ejecutivo autónomo que pretendía evitarlo.
El copago se implantará a la vez en todos los territorios y en la totalidad de las farmacias de la Comunidad autónoma. Las aportaciones derivadas del copago farmacéutico en Euskadi se situarán, según las primeras estimaciones del Ejecutivo vasco, entre los 16 y los 20 millones de euros anuales.
Por su parte, el Gobierno ha invertido, para su puesta en marcha, 422.000 euros en una aplicación informática dirigida a la farmacia que quiere hacer el copago «lo menos gravoso» posible a la población. A diferencia con lo que ocurre en otras Comunidades autónomas, en Euskadi, las personas que lleguen al tope de aportación no tendrán que adelantar más dinero y esperar posteriormente a su reembolso.
De esta forma, los perceptores de las pensiones más bajan pagarán un máximo de ocho euros al mes y, en ningún caso, tendrán que hacer aportaciones por encima de esa cantidad». El Gobierno vasco ha manifestado, en numerosas ocasiones, que está en desacuerdo con la aplicación del copago pero lo hará en cumplimiento del auto del Tribunal Constitucional que dejó en suspenso determinados artículos del decreto 114 del Gobierno vasco.
Precisamente, el gabinete Urkullu ha argumentado que su oposición a esta medida ha permitido retrasar durante un año su entrada en vigor en Euskadi, que será, de hecho, la última comunidad autónoma de todo el Estado en implantarla.
La aplicación
El Ejecutivo autónomo lleva seis meses trabajando en una aplicación informática para instalar en las farmacias con el objetivo de que sea «lo menos gravoso para la población, especialmente, para los pensionistas».
Esa aplicación se instalará en las farmacias y permitirá consultar el tipo de aportación de cada persona, además de «controlar los límites máximos de esa aportación para evitar los reintegros de gastos. A partir de la entrada en vigor del copago, las recetas tendrán un código TSI de aportación y las personas usuarias deberán abonar el porcentaje asociado, que dependerá de su situación sociolaboral y nivel de renta».
Las rentas por debajo de los 18.000 euros anuales seguirán costeando, como hasta ahora, el 40 por ciento de los medicamentos adquiridos con receta oficial, y, desde esa cifra hasta los 100.000 euros, tendrán que costear el 50 por ciento. Quienes superen los 100.000 euros de renta anual tendrán que abonar el 60 por ciento.
En el caso de las personas pensionistas, con carácter general, pagarán el 10 por ciento del precio del medicamento, con un tope mensual por persona establecido en función de su renta. Quienes perciban menos de 18.000 euros pagarán un máximo de 8,14 euros al mes por persona. Si la pensión oscila entre 18.000 y 100.000 euros, un tope de 18,32 euros al mes, en el caso de rentas por encima de 100.000 euros, el tope se establece en 61,08 euros por personas y mes.
En todos los casos, quedarán exentos las personas afectadas de síndrome tóxico, con discapacidad contemplada en la normativa específica, los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o de pensiones no contributivas, parados de larga duración cuando se les haya agotado el subsidio y en tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Las CC.AA tendrán que certificar mensualmente y por escrito en qué gastan el dinero estatal de dependencia
Las comunidades autónomas tendrán que certificar por escrito mensualmenete y año tras año en qué gastan el dinero que reciben del Estado para la aplicación de la Ley de Dependencia, según establece una orden que ultima el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la que ha tenido acceso Europa Press, y que será sometida a consideración del Consejo Territorial de Dependencia el 2 de julio.
El texto, que creará un nuevo sistema de información del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SISAAD), establece que un cargo autonómico no inferior al rango de director general deberá presentar todos los meses un escrito dando fe de la veracidad de los datos de su comunidad sobre altas y bajas de beneficiarios y prestaciones y servicios.
La medida, que se justifica en el borrador de la orden por la necesidad de mejorar en «eficiencia», así como en «calidad y transparencia», ya que las comunidades reciben dinero en función de la población atendida, se adopta después de que el Tribunal de Cuentas detectara en una revisión de los datos del sistema la existencia de las de 12.000 expedientes con irregularidades, en muchos casos, por beneficiarios ya fallecidos que aún figuraban de alta.
Ahora, «con el fin de avanzar en la transparencia y conocer el coste total» del sistema, las comunidades «expediran anualmente un certificado que reflejarán la aplicación de los créditos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado para la financiación del mismo, y la aportación de la comunidad autónoma a esta finalidad», conforme establece la orden.
«El titular del órgano competente de las comunidades autónomas, con rango al menos de Director general, expedirá anualmente y antes del 30 de abril, certificación con el visto bueno y conforme del representante de la intervención de la comunidad autónoma para los datos económicos y presupuestarios», concreta el documento.
Además, «el dia 25 de cada mes» tendrán que remitir al IMSERSO un formulario –con un modelo único en todo el territorio–cumplimentado y firmado por un director general o cargo superior en el que dé cuenta de las altas y bajas que se han cursado en el sistema y las variaciones que hayan podido producirse en los datos facilitados por su comunidad autónoma durante el mes anterior.
«Esta certificación servirá para la liquidación mensual del nivel mínimo, así como para la acreditación de la veracidad de los datos incorporados en el Sistema de Información», explica el texto, que concreta la obligación de que incluya también datos de resoluciones de reconocimiento de la situación de dependencia, prestación y efectividad del derecho, así como las modificaciones relativas a las revisiones de grado y de la prestación reconocida y los traslados».
En cuanto a la nueva regulación en sí del SISAAD, la orden ministerial recoge varias novedades como la creación en el IMSERSO de un sistema informático para la introducción de información desde todas las comunidades autónomas, en el que se constituirá una base de datos de carácter personal a la que éstas accederán con un perfil de usuario.
No obstante, contempla la posibilidad de que haya comunidades «que decidan mantener sus propios sistemas de información», aunque las obliga a suscribir «convenios de colaboración con el IMSERSO como instrumento regulador que garantice la transparencia, integridad e interopoerabilidad» de todos los sistemas dentro del paraguas único del SISAAD.
Asimismo, se introducen novedades en cuanto a la información, que se ve ampliada, pues ahora, además de cuestiones como género, edad y grado de dependencia, figurarán también características del usuario como discapacidad reconocida o enfermedades raras de haberlas y variables socioeconómicas como la condición de emigrante español retornado, junto a una descripción completa del perfil de su cuidador.
«Los datos serán recogidos por el personal designado por la Administración a tales efectos y entre los que se encontrarán los valoradores, trabajadores sociales y sus órganos supervisores, la información será proporcionada por el propio interesado o su representante legal mediante su presentación en las diferentes Administraciones Públicas y registros públicos involucrados en la gestión del Sistema, establece la orden.
A su vez, los empleados públicos podrán recabar información directamente del interesado en su hogar u otras localizaciones diferentes al mismo como residencias u otros centros de prestación de servicios, conforme puntualiza el texto.
Un estudio de la FEMP ve una «disminución considerable» de horas de ayuda a domicilio en 2013
La Federación Española de Municipios (FEMP) y la Fundación Pilares para la Autonomía Personal presentaron este martes en Madrid los resultados preliminares de una investigación cualitativa sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) prestado en España en el primer semestre de 2013, que concluye que este servicio ha sufrido una «disminución considerable» en el número de horas concedidas este año.
La investigación se presentó durante las II Jornadas Internacionales sobre Atención a la Dependencia, que se desarrollan hoy, martes, y mañana en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Iguadlad, organizadas por la Fundación Caser para la Dependencia y la Fundación Pilares para la Autonomía personal.
Según el trabajo, tras la implantación de la Ley de Autonomía Personal, el SAD quedó «absorbido por la Dependencia» y dejó así de dar servicio o disminuyó su intensidad a personas que antes se beneficiaban de él.
Añade el estudio que tras el Real Decreto-ley 20/2012, que modificó varios aspectos relacionados con prestaciones por dependencia, el servicio de ayuda a domicilio sufrió «una disminución considerable de horas», lo que provocó «deficiencias» al dejar de cubrir las necesidades de la modalidad básica.
Asimismo, la investigación considera un aspecto «muy negativo» el de las externalizaciones y subcontrataciones de servicios con grandes empresas privadas, con las que es difícil competir desde la administración local.
El estudio, que se conocerá con cifras y valoraciones definitivas en octubre, concluye con la recomendación de que deben utilizarse sistemas de información e instrumentos de valoración comunes «que eviten la multiplicación de tareas, gasto inútil y demora en la solución a los problemas de una persona en situación de dependencia».
Por tanto, la investigación cualitativa de la FEMP recomienda una metodología de gestión de casos implementando un servicio unificado de atención integral, desarrollado y coordinado con los servicios sociosanitarios, facilitando la atención e implicando a servicios sociales, atención primaria y salud mental.
El CERMI aplaude que por fin vaya a aprobarse el plan de atención a menores de 3 años en situación de dependencia
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) aplaudió hoy que, «tras varios años acumulados de retrasos, vaya a entrar en curso de aprobación el plan específico de atención a menores de 3 años en situación de dependencia, tal como ordenaba la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia».
Según indicó el Cermi en una nota, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Imserso, ha remitido a los órganos consultivos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), entre los que se encuentra el Consejo Nacional de la Discapacidad, del que el Cermi forma parte, el borrador de plan de atención a menores de 3 años, para aportaciones y sugerencias de las distintos sectores sociales con intereses en el despliegue del SAAD.
La Ley 39/2006 obligaba al Gobierno central y a las comunidades autónomas la aprobación de un plan específico de atención a los niños y niñas de hasta 3 años en situación de dependencia, que estableciera los apoyos que estos menores precisan para potenciar su autonomía personal, dadas las singularidades que presentan por razón de su temprana edad en relación con el resto de personas beneficiarias del SAAD.
«En estos más de seis años de aprobación de la ley que creó el SAAD el Cermi ha venido exigiendo la adopción de este plan y denunciando los retrasos e incumplimientos en los que han incurrido los distintos gobiernos y administraciones, para materializar una pieza básica para la promoción de la autonomía personal de los niños y niñas con discapacidades con grandes necesidades de apoyo», añade la nota.
La patronal de la Dependencia recoge firmas en defensa de la ley
La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas en defensa de la Ley a fin de lograr un total de 500.000 y presentarlas en forma de iniciativa popular en el Congreso de los Diputados.
Según explica el presidente de la FED, José Alberto Echevarría, «el sentido de esta campaña es exigir el cumplimiento integro de la Ley de la Dependencia y la paralización de los recortes presupuestarios puestos en marcha por el Gobierno», al que acusa de estar «desmontando el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia» dejando «sin atención a miles de dependientes».
La FED explica que en la actualidad, 214.000 dependientes tienen reconocido el derecho a recibir alguna prestación o servicio y sin embargo, no perciben ningún tipo de ayuda, cuando 60.000 plazas residenciales están vacías.
«No podemos olvidar que la Ley otorga unos derechos que es obligatorio cumplir y si destruimos la red de servicios se provoca el cierre de las empresas del sector, tanto Residencias y Unidades de Estancia Diurna o Nocturna, como Servicios de proximidad, Servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia. Estamos hablando de la posible destrucción de más de 300.000 empleos», asegura.
De momento, se han recogido 130.000 firmas en Andalucía que han sido llevadas al parlamento regional, mientras en el resto de comunidades la campaña va a «un excelente ritmo» según la FED, «y se irá incrementando en las próximas semanas con distintas acciones de información a los ciudadanos y en distintas residencias».
Un estudio revela que la aplicación de la Ley de Dependencia costó el triple de lo previsto
Los recursos movilizados para la aplicación de la Ley de Dependencia triplicaron las previsiones que contemplaba el Libro Blanco de la Dependencia en su memoria económica, según un estudio que se ha comunicado durante las XXXIII Jornadas de Economía de la Salud, que se celebraron en Santander.
En total, la cifra ascendió a 6.420 millones de euros, lo que supone un 0,60% del PIB de España, tal y como constata un estudio de evaluación realizado por la Universidad de Castilla-La Mancha.
El estudio se ha presentado en la cita anual que organiza la Asociación de Economía de la Salud (AES), que este año congrega a más de 400 expertos nacionales e internacionales, con el lema ‘Crisis y horizonte de reforma de los sistemas sanitarios’. Dentro de él, una mesa específica ha analizado las políticas de discapacidad y dependencia, dentro del objetivo de AES de evaluar con datos científicos y académicos las políticas sanitarias.
En concreto, se trata del estudio ‘¿Cuánto cuesta la Ley de Dependencia en España? Una aproximación al coste agregado y promedio individual en 2011’, elaborado por investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca.
En este trabajo, se aprecian diferencias significativas entre comunidades autónomas, siendo Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid las que mayores recursos emplearon en políticas de dependencia, según se ha informado en las Jornadas de Economía de la Salud.
Además, desde el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada han constatado la existencia de un ‘efecto llamada’ ligado a la efectividad en la tramitación de los expedientes. Así, las comunidades autónomas con más rapidez en la tramitación de expedientes de la Ley de Dependencia reciben un efecto llamada que se traduce en un aumento en el número de solicitudes que, a su vez, acaba por provocar un retraso en el tiempo de respuesta.
El estudio, difundido también en las Jornadas de AES, establece que las comunidades con una mayor eficiencia técnica en la aplicación de esta ley son Andalucía, Murcia y La Rioja; y las que menos, Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana y Canarias, sin que se vea una relación con factores como el envejecimiento de la población.
COSTES Y PROBLEMAS DE LOS CUIDADORES
Los estudios también se centran en la figura de los cuidadores informales (aquellos que no son profesionales de la atención): sus costes oscilan entre los 21.717 y los 52.004 euros anuales, en función del grado de dependencia de los afectados. El número de horas medias anuales de cuidados informales fue de 4.349.
La situación de los cuidadores también se ha analizado desde la perspectiva de su salud, ya que, por ejemplo, casi la mitad de los cuidadores informales de pacientes con ictus sufrieron también problemas de salud. En concreto, un 45,7%, a los que se suman otros problemas, ya que un 22,3% tiene problemas económicos y un 78,4%, familiares.
Además, la probabilidad de que un cuidador de una persona que ha padecido un ictus presente problemas de salud es de entre un 22 y un 41 por ciento mayor si la persona cuidada padece dependencia severa o gran dependencia, respectivamente, frente a una persona no dependiente. La probabilidad de presentar problemas económicos es de entre un 14 y un 20 por ciento mayor si las personas cuidadas padecían dependencia grave o gran dependencia, respectivamente.
Y, finalmente, la probabilidad de que aparezcan problemas familiares fue de entre un 11 y un 24 por ciento más**en los grados de mayor dependencia.
EMPLEO Y DISCAPACIDAD
Otros estudios se refieren a la situación laboral de las personas con discapacidad, poniendo de manifiesto aspectos relacionados con su discriminación salarial o con la adaptación a su situación de los puestos de trabajo que se les ofertan.
Así, de un lado, se establece que los trabajadores con incapacidades permanentes tienen un 9% menos de posibilidades de encontrar trabajo que los que no padecen esta situación, según un estudio de la Universidad de Barcelona, que añade que estas diferencias afectan más a los hombres.
Uno de los motivos que se apunta es la existencia de diferencias salariales que no están relacionadas con la productividad en su puesto de trabajo, y que contribuyen, entre sus consecuencias, a desincentivar la participación de este colectivo en el mercado laboral.
Por tanto, el citado estudio concluye que las políticas orientadas a favorecer la participación laboral de las personas con incapacidad permanente deberían considerar como un elemento prioritario estas diferencias salariales no justificadas, bien compensándolo con otras medidas o regulándolo.
