Sostenibilidad
Amorebieta ayudará a las personas mayores a cambiar las bañeras por duchas
Los zornotzarras de más de 80 años que no cuentan con una ducha en sus viviendas ya disponen de ayuda económica para desprenderse de sus bañeras. La Corporación aprobó en el último pleno destinar una partida de 50.000 euros para «mejorar la calidad de vida de las personas de más edad», esgrimió el alcalde de la localidad, Andoni Agirrebeitia. No se descarta la opción de rebajar, con el paso de los años, la edad de las personas que puedan beneficiarse de estas ayudas.
Las ayudas están destinadas a personas que no cuenten con un patrimonio mobiliario superior a 15.000 euros y a aquellas que no dispongan de una segunda vivienda. La cantidad a subvencionar se establecerá en función de los recursos de la solicitante y su cónyuge, que podrá recibir entre un mínimo de 300 euros y un máximo de 1.850 euros. Una vez aprobada la subvención, el importe se ingresará en el plazo máximo de un mes.
Es la primera vez que el Consistorio ofrece ayudas económicas a personas «que tienen una capacidad económica limitada», matizó el regidor. «La idea es intentar subvencionar casi al 100% las obras para favorecer la autonomía» de estas personas. La Solicitud debe presentarse en el Servicio de Atención Ciudadana.
Fuente: EL CORREO
Galicia abraza ya la industria de las personas mayores
En poco más de un lustro, la «silver economy» moverá un negocio de más de 5,7 billones de euros y generará el 38 % del empleo en Europa. Bruselas quiere que se deje de ver a los jubilados como un lastre para identificarlos como una oportunidad. En la comunidad hay ejemplos de empresas con productos y servicios específicos para un colectivo cuyas demandas son cada vez más complejas.
A la cara buena del mundo le han salido arrugas. Y más que le saldrán. Según las previsiones de la Comisión Europea, en el año 2060 uno de cada tres ciudadanos de la Unión tendrá más de 65 años. En España, en este grupo de población se sitúa ya el 26 % de la población, casi nueve millones de personas. En nuestro país, el ejército de los mayores prácticamente doblará su tamaño, hasta llegar a los catorce millones, en el horizonte de los próximos cincuenta años. ¿Y qué vamos a decir de Galicia? Hace años que la silueta de la pirámide poblacional inició en este rincón de la península una transformación que nos coloca, demográficamente hablando, al borde del colapso. En el 2031 la base de la pirámide se habrá estrechado aún más, y el peso se concentrará arriba, en el grupo de gente entre los 50 y 69 años. Para entonces, la población en edad de jubilación será un tercio del total de gallegos.
Quizás por eso, durante años se ha desarrollado contra los mayores un discurso rudo. El debate sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones no hace más que girar y dar vueltas en la agenda política, y eso ha hecho que alcanzar la edad de jubilación y cobrar una pensión haya pasado de ser visto como un derecho irrenunciable, a un privilegio que muchos temen no llegar a disfrutar. Durante mucho tiempo, los mayores han sido vistos como depredadores de fondos públicos de servicios sanitarios y farmacéuticos. Su imagen colectiva era la de una carga. Y, en cierto modo, sigue siéndolo. Aunque parece que la situación va a cambiar. Y lo va a hacer porque el colectivo de los mayores se ha convertido en un atractivo nicho de mercado.
Tan atractivo como el color de las canas. Ese tono plateado ha bautizado a la silver economy, un término que hace referencia al negocio que se genera en torno a las personas mayores. Es, para muchos expertos en la materia, la «economía del futuro». Un espacio de crecimiento que brinda una gran cantidad de oportunidades para quienes las sepan ver. Basta un dato para comprender la magnitud de esas oportunidades. Según recoge la Comisión Europea en un estudio sobre la silver economy, en el año 2025 las actividades dirigidas a las personas mayores generarán un movimiento de 5,7 billones de euros. Y lo que es más importante, generará alrededor de 88 millones de puestos de trabajo, el 38 % del empleo en Europa.
Esta realidad no ha surgido de la mañana a la noche. La esperanza de vida ha crecido. Y los jubilados han cambiado. En estos momentos, están pasando a engrosar ese ejército la generación responsable del baby-boom. Los protagonista de la última gran eclosión demográfica son ahora los responsables de la revolución de los mayores. Llegan a la jubilación tras toda una vida de trabajo, con los hijos ya criados y estudiados, con la casa pagada, dispuestos a disfrutar por fin de la vida. Y ni van a renunciar a sus derechos sociales -recuerden las grandes manifestaciones en defensa de las pensiones que protagonizaron no hace tanto tiempo-, ni se van a resignar a pasar los últimos años de vida mirando obras o tomando el sol sentados en un banco.
El interés creciente
Los padres de los baby boomers vienen a dar aún más cuerpo a ese nuevo grupo social que quiere exprimir al máximo la «juventud madura». Cada vez son más, y cada vez gozan de una renta más alta, situándose como uno de los colectivos con más poder adquisitivo en España. Echemos, para comprobarlo, una mirada a nuestra realidad más próxima, la gallega. Viajemos al año 2011. Entonces, la mitad de los jubilados gallegos -los de más de 75 años- cobraban una pensión media que no llegaba a los 750 euros. Los ingresos de los grupos de edad más jóvenes -de los 55 a los 74 años- cobraban ya pensiones medias de entre 867 y 911 euros. En el 2017, más de la mitad de los pensionistas estaban por encima de los mil euros mensuales, y el grupo de más edad -de nuevo el que tiene unos ingresos más ajustados- supera los 760. Todos estos datos debemos leerlos sin perder de vista que hablamos de cifras medias, y que Galicia ocupa el vagón de cola en cuanto al montante de las pensiones que perciben sus jubilados: son las segundas más bajas de todo el país. Y, aún así, el gasto de las personas mayores en Galicia creció un 30 % entre el 2008 y el 2016, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
El hecho de que las pensiones en Galicia hayan sido históricamente más bajas que en el resto del país puede explicar que, en este rincón de la península la silver economy esté aún iniciando su desarrollo. «Este es un país de viejos, pero desde luego no es un país para viejos», se lamenta Rosa, una maestra jubilada que no encuentra en el mercado demasiadas ofertas a su gusto. Las echa de menos, especialmente, en el terreno del ocio, aunque son muchos otros los terrenos que se pueden explorar.
Esa queja, que se repite una y mil veces, tiene mucha base. Así lo aseguran desde algunas de las empresas que han decidido ponerse manos a la obra y empezar a dar a los consumidores sénior aquello que estos demandan. «El mercado no está preparado para afrontar esta avalancha, tenemos que ponernos las pilas», indican desde Porto Muiños.
Son muchos los ámbitos de actividad en los que puede florecer la silver economy. Así lo señalan todas las instituciones que se han parado a reflexionar sobre este fenómeno económico en ciernes. Porque los nuevos mayores demandan salud, demandan ocio, demandan nuevas tecnologías… Piden supermercados más cómodos, viajes personalizados más allá de los organizados por elImserso, nuevas tecnologías que les faciliten la vida. Piden alimentos pensados para ellos, productos financieros que les garanticen una buena carrera final, nuevas fórmulas para mantener una vida independiente durante más años…
Un reto para el mercado
Darles una respuesta adecuada exige, a estas alturas, la puesta en marcha de políticas específicas por parte de las distintas administraciones -Europa lleva ya tiempo en ello- y también cierta audacia empresarial. En ese sentido, hay sectores que parecen haber asumido con un vivo interés este reto. Es el caso, por ejemplo, de las industrias alimentarias. De la implicación de muchas de estas empresas en el desarrollo de nuevos productos «para el envejecimiento saludable» da buena cuenta el encuentro entre científicos y empresarios del sector que, a finales del mes pasado, se celebró en Vigo. En ese escaparate se dio cuenta de diversos proyectos que, financiados por distintas administraciones, intentan ahondar en las necesidades de un nuevo nicho de mercado y desarrollar productos que les den respuesta. Iniciativas como Serniorplus, Nutriage o AHGAVE han logrado implicar a un número creciente de firmas y cooperativas, como Kiwi Atlántico, Quesería Prestes, Daveiga, Bioselección, Montiño, Galifresh, Ecocelta o Povisa, Horsal…
Pero hay mercado mucho más allá de lo referido a la alimentación. Los expertos aseguran que las ofertas turísticas dirigidas a personas mayores no tardarán en eclosionar en Galicia, igual que ya lo han hecho en otros muchos lugares. Las empresas de cuidados seguirán creciendo y adoptando nuevas formas. Y el mundo de las nuevas tecnologías está también lleno de oportunidades para desarrollar todo tipo de aplicaciones que atiendan a las demandas de esas personas mayores a las que la vida aún tiene mucho que ofrecer.
Fuente: La Voz de Galicia
Patronales y sindicatos acuerdan establecer una hoja de ruta con la Generalitat para mejorar la atención a los mayores en Cataluña
Entidades, organizaciones sindicales y el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias coinciden en que se trata de un reto de país ante el que no hay alternativa posible.
Igualdad de trato y de recursos para todas las personas atendidas, mejores salarios para los trabajadores y las trabajadoras, y un incremento de las tarifas públicas después de diez años de congelación son las principales demandas de los agentes sociales y económicos, que apuestan por la firma de un convenio catalán en el ámbito de la geriatría.
Los agentes sociales y económicos del ámbito de atención a los mayores en Cataluña han llegado hoy a un compromiso con la Generalitat para establecer una hoja de ruta antes de junio que establezca las prioridades y las necesidades del sector para los próximos tres o cuatro años. Patronales, sindicatos y el Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, han coincidido en situar la mejora de la atención a los mayores como un reto de país que requiere de un amplio acuerdo ante el que no hay alternativa posible. La Associació Catalana de Recursos Assistencials, Centres Socio-sanitaris Catòlics de Catalunya, Comissions Obreres, Consorci de Salut i Social de Catalunya, La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, La Unió Catalana d’Hospitals, Unió General de Treballadors y La Unió de Petites i Mitjanes Residències han expresado durante la reunión mantenida con el conseller la necesidad de mejorar, por un lado, las condiciones laborales para los más de 40.000 trabajadores y trabajadoras del sector, y del otro, garantizar la sostenibilidad de las entidades proveedoras de la red de utilización pública.
Las entidades y las organizaciones sindicales reclaman que todas las personas atendidas en residencias reciban las mismas condiciones que las que son atendidas en los centros propios de la Generalitat de Cataluña tanto por lo respecta a las ratios de profesionales como a las condiciones laborales de los trabajadores. También se pide que se apliquen las mismas tarifas que en los centros de gestión delegada, más los gastos de amortización. Hay que recordar que durante los últimos diez años las tarifas públicas han estado congeladas, a pesar del incremento progresivo de los costes durante el mismo periodo.
Patronales y sindicatos recuerdan que la mejora de la atención a la dependencia es un reto de país que requiere de la implicación de todo el ejecutivo, y apuestan por la firma de un convenio catalán que mejore las condiciones laborales y las cargas de trabajo de los profesionales, siempre y únicamente vinculado al incremento de las tarifas.
Estas ocho entidades ya presentaron hace dos años al Departamento el “Manifiesto del sector de atención a los mayores en Cataluña”, que reclamaba la aportación de 300 millones de euros para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras y aumentar las tarifas públicas, una demanda sin recorrido por parte de la administración.
Miles de personas se manifiestan en toda España para exigir unas pensiones dignas
Con las manos en alto y hacia la fachada del Congreso de los Diputados, alrededor de 3.000 manifestantes han gritado «manos arriba, esto es un atraco». Este jueves, miles de pensionistas han tomado las calles de las principales ciudades de España para protestar contra la subida de las prestaciones de un 0,25% acordada por el Gobierno de Mariano Rajoy para 2018. Madrid, Bilbao, Barcelona, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria, entre otros lugares, han sido testigos de las protestas de miles de personas mayores que clamaban contra las reformas del Ejecutivo de 2013 que llevan a unas «pensiones de miseria».
Al grito de «robo», «ladrones», «dimisión» y «Rajoy y Cospedal, a Soto del Real», los pensionistas han rodeado esta mañana el Congreso de los Diputados. La escena ha sorprendido a muchos de los congregados ya que, ni siquiera en las manifestaciones del movimiento 15M se consiguió cortar el acceso al Parlamento por la Carrera de San Jerónimo, algo que han logrado hoy la ‘marea’ de jubilados, llamados a salir a la calle en toda España por la Coordinadora en Defensa de las Pensiones Públicas. La concentración de los pensionistas ha llegado hasta la misma puerta del Congreso, después de traspasar el cordón policial.
Tras la lectura del manifiesto, a los pies de uno de los leones de la escalinata del Congreso, los organizadores de la manifestación han llamado a los asistentes a romper y lanzar «al cielo de Madrid» la carta de la ministra Báñez anunciando la revalorización del 0,25% de las pensiones para este 2018.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, la diputada del PP Celia Villalobos y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han sido los principales protagonistas de las críticas de los pensionistas. «Que salga, Villalobos y nos diga esas cosas a la cara», clamaba un señor a unos metros de una de las vallas de entrada al Congreso, custodiada por la Policía. Las palabras de la diputada, que aseguró sin datos que «hay un número importante de personas que están más años cobrando la pensión que trabajando», han recibido la indignación de muchos manifestantes en forma de insultos y críticas.
Los Yayoflautas, con sus famosos chalecos reflectantes, llegaban a la manifestación de la capital al grito de «somos mayores, pero no sumisos». María Dulce, miembro del colectivo, destacaba la necesidad de unir luchas sociales y mantener el pulso de las reivindicaciones sociales en la calle. Otra ‘yaya’, Pilar, recuerda que muchos manifestantes no están solo protestando por sus pensiones, «sino por las vuestras, de la gente joven».
«No podemos ceder en esta batalla»
Jesús está a las puertas de la jubilación y ha acudido a la concentración directo desde los juzgados, «por un despido, para ver cuándo nos dan el finiquito», cuenta junto a un excompañero de trabajo en la misma situación, José Luis. Ambos, lamentan que su pensión ha quedado tocada por perder en el empleo al final de su carrera laboral, en medio de la crisis económica, y ahora miran al futuro con temor a más recortes.
«Hay muchísima gente, más que nunca» ha sido una de las frases más escuchadas en los corrillos, también entre los ‘yayos’, presentes en muchas marchas y concentraciones. Jesús y José Luis creen que la gente, especialmente las personas mayores, están «nerviosas, más involucradas», opinan, «esto peligra». La sensación de no poder «ceder en esta batalla», de tener que defender «llueva y caigan chuzos de punta» las prestaciones públicas de jubilación tras una vida de trabajo es otra de las reivindicaciones más recurrentes entre los asistentes.
Los cánticos de «a la hora de votar, nos tenemos que acordar» y «Mariano Corleone nos roba las pensiones» envolvían a Rocío y su amiga. Rocío, apoyada en su andador y sin soltar la famosa carta del 0,25%, llamaba a «acabar con las pensiones vitalicias de los políticos», los más atacados en la protesta. La mujer a su lado asiente: «Nos están engañando. Mi pensión es de 600 y poco euros y soy viuda. Me ha subido la pensión 90 céntimos».
Tanto UGT como CCOO hicieron un llamamiento para que la ciudadanía se implicara masivamente en todas las concentraciones por el sostenimiento del sistema público de pensiones. También hay previstas más movilizaciones para los próximos 1 y 15 de marzo.
Desborde de plazas en todo el Estado
Los pensionistas también han tomado las calles de Barcelona, Bilbao, Sevilla y Palma de Gran Canaria reclamando unas «pensiones dignas» y exigiendo la dimisión del presidente del Gobierno. En Barcelona, los manifestantes han entrado en la Plaza de Catalunya al grito de «Rajoy dimisión».
Especialmente numerosa en Bilbao, miles de pensionistas han rodeado el ayuntamiento y han llenado las calles a ambos lados de la Ría del Nervión de Bilbao. Los cánticos, de nuevo, «manos arriba, esto es un atraco», entre las diferentes consignas que denunciaban el futuro de las pensiones en España con la hoja de ruta del Gobierno. En la ciudad vasca convocaba la plataforma de asociaciones de jubilados, viudas y pensionistas de Bizkaia, que ha hecho especial hincapié en subrayar la desigualdad de género en las pensiones, y la precariedad de las prestaciones de muchas viudas.
En la Plaza Nueva de Sevilla, la imagen se repetía: multitud de pensionistas han abarrotado la plaza en defensa del sistema público.
Miles de personas han salido en Andalucía en las capitales de todas las provincias y otros puntos de la Comunidad Autónoma para reivindicar la protección de las pensiones. De hecho, en números aproximados, en Huelva se han concentrado 3000 personas; en Córdoba, unas 2000 en la Plaza de las Tendillas; en Málaga, la Plaza de la Constitución ha sumado más de 1000 personas, como en Cádiz (en la Plaza de San Juan de Dios), Sevilla (en Plaza Nueva) y Granada, donde han elegido la plaza del Carmen para la concentración.
En Almería, los organizadores lo han calificado como de éxito sumando centenares en la capital frente a la sede de la Seguridad Social, y con concentraciones en Roquetas de Mar, Vera o Níjar. En Jaén, no ha tenido tanto éxito la convocatoria que ha sumado decenas de pensionistas y sindicalistas llegados desde distintos puntos de la provincia de Jaén, como Linares, Bailén o Andújar.
En Murcia, alrededor de mil personas se manifestaron frente a la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En su caso, las cartas de Empleo con la subida de las pensiones han acabado en una hoguera. También ha habido concentración en la plaza del Pilar de Zaragoza.
Las cifras de la delegación del Gobierno en Canarias apuntan que en la manifestación en santa Cruz de Tenerife se concentraron unas 600 personas y más del doble, unas 1.800, lo hicieron en Las Palmas de Gran Canaria.
Fuente: eldiario.es
CREW es un proyecto europeo que estudia la calidad de vida de los mayores en función de las políticas públicas
La Universidad Pompeu Fabra (UPF) coordina un programa internacional cuyo objetivo es mejorar las políticas públicas relacionadas con el cuidado, la jubilación y la calidad de vida de las personas mayores, a partir de la realidad de este colectivo en diferentes entornos.
El profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF Bruno Arpino es el coordinador del proyecto «Care, Retirement & Wellbeing of Older People Across Different Welfare Regimes» (CREW), en el que participa un consorcio de seis instituciones europeas y canadienses, han informado fuentes de la UPF.
El programa se basa cuatro grandes ejes de investigación: los aspectos que determinan la salud y el bienestar sobre la tercera edad, la atención y el bienestar de las personas de tercera edad como cuidadores, los retos a los que se enfrentan los sistemas de pensiones, y la población de personas mayores sin familiares cercanos.
El programa pretende mejorar el conocimiento de los diferentes determinantes de la salud y el bienestar de las personas mayores, y ayudar a identificar los grupos con más riesgo de sufrimiento, además de evaluar las consecuencias del cuidado que las personas mayores proporcionan tanto a sus nietos como a otros ancianos.
El proyecto también intentará mostrar las implicaciones que supone el envejecimiento en soledad, teniendo en cuenta que la proporción de personas mayores que tienen pocos familiares vivos, o bien con familiares que viven lejos o que trabajan a tiempo completo, probablemente aumentará en un futuro próximo.
Comprender las necesidades de atención de esta población en crecimiento es crucial para el diseño de políticas sociales, según las mismas fuentes.
Además de la UPF, los resto de investigadores son Anne Gauthier (Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute, Países Bajos), Ester Rizzi (Universidad Católica de Lovaina, Bélgica), Gustavo de Santis (Universidad de Florencia, Italia), Maria Letizia Tanturri (Universidad de Padua, Italia) y finalmente, Rachel Margolis, de la Universidad de West Ontario (Canadá).
El consorcio recibirá 879.000 euros de la Comisión Europea para financiar el programa, cuya duración es de tres años (2017-2019), y de los que la UPF recibirá 150.000 euros.
Fuente: La Vanguardia
Oltra reivindica una identidad valenciana basada en el «patriotismo de la gente» en torno al bienestar social
La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha reivindicado este martes la constitución de una identidad valenciana «basada en el patriotismo de la gente» y no en banderas, con un sistema que sea garantía del cumplimiento de los derechos sociales como «rasgo definitorio del pueblo valenciano», cohesionando a la sociedad en torno a un modelo de bienestar y protección del que los valencianos «puedan sentirse orgullosos».
Así se ha pronunciado la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas en su intervención en el Forum Europa Tribuna Mediterránea, en la que ha lamentado que esta es «una época donde las banderas sirven para esconder o recortar derechos y la patria enmascara a las personas, donde la testosterona sustituye al diálogo y los patriotismos épicos sustituyen a las identidades cívicas».
Frente a ello, ha incidido, apuesta por «un patriotismo de la gente y no de los símbolos» y por una identidad «basada en el orgullo de pertenecer a una sociedad inclusiva y no por oposición o épica histórica», por pertenecer a una sociedad que «no deja a nadie abandonado».
Oltra, que ha sido presentada por la presidenta del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, ante un auditorio en el que se encontraban, entre otros, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, distintos consellers y el alcalde de València, Joan Ribó, ha centrado su intervención en hablar de «visibilidades e invisibilidades» y ha recordado el deber de los poderes públicos de «salvaguardar a los invisibles», a personas en riesgo de exclusión y marginadas.
Tras recordar el corpus legislativo impulsado por el Consell en el ámbito social, con iniciativas como la ‘ley trans’ o la Renta Valenciana de Inclusión, un Código Social que «amplía derechos, incrementa el bienestar, genera cohesión social y actividad económica y aumenta la felicidad de todas las personas», ha hecho referencia a tres invisibilidades, relacionadas con las políticas sociales, la desigualdad de género y la de los valencianos respecto al conjunto del país.
En el primer caso, ha subrayado que el Consell apuesta por la recuperación del sistema público de protección social «como elemento identitario» y ha calificado de «paradójico» que en tiempos de crisis, «cuando más necesidad había de protección social», haya sido cuando se han reducido «al mínimo» los servicios sociales pese a que la inversión social «crea empleo y activa la economía».
Se ha referido al «milagro portugués» y ha indicado que con el trabajo realizado desde la Comunitat «probablemente si no fuera la Comunitat estaríamos hablando del milagro valenciano». Asimismo, ha criticado el «imaginario» que se intenta introducir según el cual los derechos se transforman en «mercaderías».
Sobre la desigualdad de género, ha indicado que la igualdad legal «no se corresponde con la igualdad real» y también ha subrayado en relación a la violencia de género la necesidad de que toda la sociedad se implique y el propio entorno de las víctimas denuncie.
LA COMUNITAT, PROTAGONISTA EN EL DEBATE CONSTITUCIONAL
Por otra parte, ha lamentado la «invisibilidad» con la que el Estado «trata a los valencianos» con el «injusto y anticonstitucional sistema de financiación, que «infringe el artículo 156 de la Constitución» al no garantizar la suficiencia financiera de las autonomías.
Este «objetivo político de debilitamiento de los servicios públicos y de recentralización política» con la infrafinanciación e infrainversión, ha continuado, convierte a los valencianos en «ciudadanos de segunda».
Sobre la Carta Magna, Oltra considera que presenta «síntomas inequívocos de agotamiento» y ha abogado por una reforma «en defensa de los intereses del pueblo valenciano», que desarrolle derechos y con un Estado federal con un sistema «leal, representativo y eficiente de corresponsabilidad política entre los diferentes niveles de gobierno».
«Hay que buscar un nuevo encaje constitucional de las diferencias territoriales y novedades sociales», ha indicado, y en esa reforma «la Comunitat Valenciana tiene que formar parte de este debate para dejar de ser invisible». «Ha llegado el momento de ser parte activa de los nuevos tiempos que se aproximan», ha aseverado la vicepresidenta. Según ha dicho, el Consell puede presentar «una hoja de servicios que le avala» porque aunque «queda mucho por hacer, se ha hecho mucho».
«ME VEO DENTRO DE UN SEGUNDO BOTÀNIC»
En el turno de preguntas, y al ser preguntada dónde se ve en un hipotético segundo Acord del Botànic en 2019, Mónica Oltra ha indicado que se ve «dentro de un segundo Botànic, que ya es mucho» y también ha negado que, como dice Podemos, a Compromís le falte voluntad transformadora.
La vicepresidenta ha reivindicado la «transformación profunda que el Consell está realizando» y cree que las cifras y las personas beneficiadas «hablan por sí mismas». «Invito a cualquier a que pregunte a las personas a las que hemos mejorado la vida», ha subrayado.
Por último, sobre la reforma de la ley electoral valenciana para introducir la paridad, rebajar la barrera al 3% o introducir una circunscripción única, ha señalado que esa modificación «podría ser urgente por las tres cosas» y ha indicado que una ley que «profundice en la calidad democrática» a la hora de elegir los representantes en las Corts «siempre es bienvenida y siempre es urgente».
Fuente: La Vanguardia
En València buscan a 750 personas mayores de 65 años para mejorar su autonomía dentro del proyecto Activage
Un total de 750 personas de más de 65 años participarán en el proyecto europeo Activage ‘Smart Living para envejecer mejor’, que está desarrollándose en nuestra ciudad desde hace un año de la mano de Las Naves.
El proyecto, en el que participan siete países europeos, entra ahora en fase de consecución del piloto.
A estas personas se les realizará un seguimiento de sus rutinas y vida diaria, instalando sensores que registrarán su actividad dentro y fuera de sus casas, con el objetivo de mejorar su autonomía y para que puedan continuar viviendo de manera autónoma.
Así, esta mañana el concejal de Innovación y Gestión del Conocimiento, Roberto Jaramillo, y la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de València, Consol Castillo, han presentado esta mañana la campaña de información y captación del proyecto Activage.
Esta iniciativa apuesta por el envejecimiento activo y tiene como meta el aumento de los años de vida saludable y autónoma de la ciudadanía, con impacto en la calidad de vida, el ahorro en el sistema de bienestar social y la generación de innovación local.
Con esos objetivos en el horizonte, Activage echa a andar en nuestra ciudad después de un año de diseño previo en el que se ha desarrollado la tecnología que se empleará y se han definido los perfiles de las personas usuarias.
En este proceso han trabajado los cinco socios que desarrollarán ahora también el proyecto piloto: Las Naves–Ayuntamiento de València, y las entidades Atenzia, Gesmed e Iniciativa Social Integral, -especializadas en teleasistencia, ayuda a domicilio y otros servicios sociosanitarios destinados a personas mayores- y Mysphera, desarrolladora de la tecnología del piloto.
Las 750 personas que participan en el proyecto tendrán que cumplir varios requisitos: ser mayores de 65 años y vivir solas o pasar gran parte de su día a día sin compañía.
Serán un total de 525 casas de València a las que se les instalará un equipo formado por 4 sensores detectores de presencia y ambientales, un detector de apertura de puertas y un dispositivo que recogerá la información de la actividad del usuario o usuaria.
La idea es que en combinación con el seguimiento de las rutinas fuera de la casa –a través de otro dispositivo portátil-, se conforme una atención continuada y se proporcione una idea de la actividad diaria.
Esta información la recibirá la persona designada como cuidador o cuidadora por la persona participante en el proyecto, y le llegará a través de una aplicación instalada a su móvil, pudiéndose así también configurar alertas y otras prestaciones.
Beneficios para usuarios y cuidadores
El piloto de Activage contempla la monitorización continuada tanto en la casa de la persona usuaria como fuera de ella, en el entorno vecinal y en la ciudad.
«El objetivo es promover la vida autónoma, identificando situaciones relevantes que puedan representar un riesgo, e informar tanto a los servicios profesionales como a las cuidadoras y cuidadores. Los sensores desplegados permitirán encontrar patrones de comportamiento habituales en una persona, e identificar desviaciones significativas que puedan representar la necesidad de la intervención temprana», ha explicado la concejala Consol Castillo.
Pero además Activage también aporta otras ventajas a las personas cuidadoras, «el proyecto garantiza tranquilidad, puesto que pueden hacer un seguimiento de sus mayores cuando están a solas», ha añadido Castillo.
Hay que remarcar, además, que se respetará estrictamente la intimidad de las personas mayores que participan en el proyecto y se garantizará la privacidad de los datos.
«Además, tenemos que reflexionar sobre los datos estadísticos del envejecimiento en la ciudad de València. Queremos que este proyecto sea también una medida preventiva para el futuro», ha recalcado la concejala.
Innovación social centrada en las personas
Por su parte, el concejal de Innovación, Roberto Jaramillo, ha destacado la línea de trabajo de este proyecto, «la cual se enmarca en el objetivo de convertir nuestra ciudad en una verdadera ‘Ciudad Inteligente’, donde la tecnología y la innovación estén al servicio de las personas. Queremos que las nuevas tecnologías tengan un uso social, que sean empleadas, como decíamos, para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, no sólo de las personas directamente participantes en el proyecto —que reciben mayores grados de autonomía y con las que también se trabaja para reducir la brecha digital existente—, sino también de sus personas cuidadoras, a las que se les da más tranquilidad».
Jaramillo avanza que la intención del gobierno municipal «es seguir desarrollando proyectos europeos en nuestra ciudad como éste, que tienen como objetivo nuclear y prioritario la mejora del día a día de las personas, atendiendo así los problemas reales de la ciudadanía y buscando al mismo tiempo soluciones innovadoras».
Campaña de comunicación
Las Naves ha comenzado una intensa campaña de comunicación del proyecto y de captación de las personas interesadas en participar en este piloto.
Podrán inscribirse a partir de hoy de diferentes maneras: a través del teléfono de Las Naves (96 391 04 77), del correo electrónico (activagevlc@lasnaves.com), rellenando la solicitud a través de la página web www.activagevalencia.eu, -con un funcionamiento muy sencillo, y que ha sido creada expresamente para dar a conocer el proyecto-, o directamente a través del Servicio de Bienestar Social del Ayuntamiento de València (en el edificio de Tabacalera, patio A).
Tanto Jaramillo como Castillo han subrayado que a partir de hoy, toda la ciudadanía tendrá conocimiento de este proyecto. La información estará en la calle y se podrá ver en los MUPIS, en las líneas de autobuses, en las redes sociales, así como en centros de personas mayores, centros de salud, bibliotecas, mercados, sedes de la Universidad Popular, hospitales, etc. «Queremos que la campaña llegue a todo el mundo», han puntualizado.
Proyecto europeo
Activage cuenta con una dotación económica concedida por la Unión Europea de 25 millones de euros a la totalidad del proyecto, de los cuales 1,7 millones se asignarán a València para desarrollar el piloto.
Además de nuestra ciudad, participarán otros proyectos pilotos en Madrid, varias localidades de Galicia, y ciudades y regiones de Francia (Grenoble), Alemania (Ober-Ramstadt), Grecia (Attica, Grecia Central y la región de Macedonia), Italia (Emilia Romagna), Finlandia (Espoo, Tampere y Turku) y Reino Unido (Leeds).
El proyecto Activage es uno de los abanderados de la UE en materia de la aplicación de las nuevas tecnologías -conocidas como Internet de las Cosas- al envejecimiento activo.
Fuente: eldiario.es
Lambán destaca la apuesta de su Gobierno por los servicios sociales para asentar población en el medio rural
El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha destacado la apuesta de su Gobierno por los servicios sociales de calidad y por la aplicación de la Ley de Dependencia. De esta forma, ha remarcado, se genera empleo y se asienta población en el medio rural.
Estas declaraciones las ha hecho este sábado en el transcurso del XXVII Encuentro comarcal de personas mayores de la Comarca del Bajo Cinca, territorio que cuenta con una población superior a los 24.600 habitantes, de los que poco más de 5.000 son personas mayores de 65 años. El acto, desarrollado en Zaidín, ha contado con 750 mayores.
Lambán ha defendido que los pueblos sigan vivos y abiertos, gracias a la prestación de servicios de calidad para todos sus habitantes. En dicha comarca, durante esta legislatura, se han puesto en marcha los servicios de teleasistencia y de ayuda a domicilio y ha recordado que estas políticas, además de mejorar la calidad de vida de las personas, también crean empleo, especialmente femenino.
El papel de la mujer rural es fundamental para el sostenimiento de la población en los municipios y ello exige, según Lambán, un reconocimiento y un esfuerzo especial por parte de los poderes públicos que sostienen el reto de frenar el imparable proceso de despoblación.
En este contexto, ha insistido en «el compromiso del Gobierno de Aragón de que todas las personas, vivan donde vivan, tengan la mejor calidad de vida posible». Ejemplo de ello es la iniciativa del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que ampliará el programa de envejecimiento activo a localidades que no tengan hogar de mayores en todo el territorio aragonés.
En los presupuestos del año que viene se reservará una partida para poder llevar a cabo este programa en localidades que no tengan Hogar, pero que sí dispongan de un número mínimo de mayores para poder desarrollar las actividades, tal como anunció hace unos días la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto. La importancia de estas actividades, tanto físicas como cognitivas, radica en poder retrasar en la medida de lo posible el envejecimiento y con ello, mejorar la calidad de vida de los mayores.
Asimismo, Lambán ha remarcado el trabajo que se hace por parte de los servicios sociales comarcales que, a través de sus programas demoran la necesidad de las personas mayores de tener que ir a una residencia. El convenio de colaboración entre la comarca del Bajo Cinca y el IASS para la gestión de programas específicos de servicios sociales durante 2017 cuenta con varios programas, como el de refuerzo del Centro de Servicios Sociales para, entre otras funciones, atender a personas en situación de dependencia o la Teleasistencia, además de ayudas de urgencia específicas para pago del consumo energético. El convenio marco es de 637.670 euros en 2017, 98.000 más que hace dos años.
En los convenios para la atención de personas en situación de dependencia en el Servicio de ayuda a domicilio, en el que se ha producido un incremento de 295.000 euros desde 2015, se han añadido dos adendas sobre la encomienda para atender a dependientes y aumentar el número de horas, que suponen otros 486.000 euros.
El servicio de ayuda a domicilio proporciona un conjunto de atenciones orientadas a facilitar un entorno de convivencia adecuado y tiene como objetivo la prestación de una serie de atenciones a los individuos o familias en su domicilio. A lo largo del año pasado se atendieron a 34 personas de esta comarca y se prestaron un total de 6.003 horas entre las modalidades de atención personal y doméstica. En agosto de 2017 se estaban atendiendo en este servicio a 75 usuarios, con un total de 2.137 horas prestadas.
Además, se atienden otras necesidades de la población, como el traslado de unos 30 usuarios a centros de día del IASS, Centro de día de Belver, Taller Ocupacional de ATADES, Centro de Colonias Virgen del Pilar o el Taller de Asociación de Alzehimer. En la convocatoria de Transporte Social Adaptado, el incremento desde 2015 ha sido de 10.655 euros.
El presidente de Aragón ha mostrado su compromiso de concertar plazas cuando haya una residencia en la Comarca del Bajo Cinca, ha reconocido que es una de las pocas comarcas de Aragón que carece de residencia de mayores y, por tanto, «es la primera que la debe tener».
ENCUENTRO DE MAYORES
Zaidín ha sido el municipio que este año ha acogido el 27º Encuentro Comarcal de Mayores. Al acto han asistido, además de Lambán, el presidente de la Comarca del Bajo Cinca, Evaristo Cabistañ; el alcalde de la localidad anfitriona, Marco Antonio Ibarz, así como alcaldes, concejales, consejeros comarcales, lo que ha reunido a casi 800 personas.
Dentro del programa de actividades, los asistentes han podido disfrutar de una obra de teatro, dos conciertos de órgano y una visita guiada por el municipio. Tras compartir un almuerzo en el pabellón de Zaidín, todos han disfrutado de la actuación del grupo ‘París la nuit’.
Fuente: La Vanguardia
Castilla y León envejece sola y rural
El envejecimiento de la población define la nueva estrategia de la Junta de Castilla y León para prevenir la falta de autonomía.
Consolidada en números, ya sin listas de espera –solo el 1% que es el tiempo de gestión–; con la generación de más empleo que las demás autonomías; con mayor retorno a las arcas públicas –por cada cien euros de gasto público hay un retorno de 40 en forma de cotizaciones como el IRPF o el IVA, entre otros–, y con mayor compatibilidad entre sus prestaciones, ahora toca desarrollar la prevención, dar respuesta al nombre completo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia. Superada, aunque siga pendiente mejorar las intensidades de las prestaciones y contar con presupuesto suficiente para que las ayudas sean completas y suficientes, la Ley de Dependencia sigue teniendo una asignatura pendiente, la de retrasar el deterioro, la de potenciar la autonomía. Y ello, que afecta a cualquier edad y discapacidad, especialmente con los mayores porque están abocados a perder habilidades en mayor o menor medida y no es difícil que se conviertan en dependientes.
Y a su situación de no disponer de autonomía suficiente, se suman otras peculiaridades sociodemográficas que obligan a replantearse las políticas dirigidas a los más mayores.
Y en esta línea de trabajo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades elaboró su Estrategia de prevención de la dependencia para las personas mayores y de promoción del envejecimiento activo. Y para su diseño realizó un diagnóstico, una radiografía de la población mayor de 65 años para dibujar después las líneas de intervención.
Como es sabido, Castilla y León cuenta con el mayor índice de envejecimiento de España. Son 598.328 las personas con 65 o más años, el 24,4%, en la comunidad y la previsión para el año 2050 es llegar al 31,2%. Y, además, la autonomúa registra un claro sobreenvejecimiento, dado que el 38% de las personas mayores tiene 80 o más años. El análisis de Familia, desde el punto de vista de la prevención, destaca además que casi uno de cada tres ciudadanos de la comunidad supera los 60 años (750.551 personas; lo que supone el 30,7% del total de Castilla y León).
Además, esta población envejecida es mayoritariamente femenina y ello es más evidente conforme avanza la edad. Así, las mujeres representan el 56,2% de las personas de más de 65 años, porcentaje que aumenta al 62,1% cuando se habla de octogenarios.
Población envejecida y con una esperanza de vida de las más altas del mundo. Castilla y León registra así, al nacer, una esperanza de llegar a cumplir los 83,65 años, por encima de la media estatal que es del 82,70. Es la tercera comunidad por detrás de Navarra, con 83,84, y Madrid, con 84,02. Y otra característica que definirá los planes de intervención es su lugar de residencia.
El envejecimiento es eminentemente rural: El 52,5% de los mayores vive en pueblos, en municipios con menos de 20.000 habitantes.
Además, la soledad se impone como un importante problema social y asistencial. El 22,5% de las personas mayores están solos en su hogar y las estimaciones predicen que el porcentaje de población que pasará el final de sus días sin pareja o hijos será del 33,2% en el año 2031. Además, el 11,2% de los mayores dependientes viven solos en su domicilio. La tasa de discapacidad y dependencia aumenta con la edad, experimentando una subida abrupta a partir de los 80 años.
Con esta fotografía. La inversión en programas de envejecimiento activo y el retraso de la dependencia no solo es una obligación asistencial sino una futura contención del gasto sanitario y social. El aumento del coste en la asistencia al pasar de ser una persona autónoma a ser un dependiente moderado es muy alto.
Castilla y León, destacan fuentes de Familia, «es pionera, en la esfera nacional, en la implantación de muchos programas e iniciativas que actualmente son muy conocidas entre la población en materia de envejecimiento activo como es el caso del Programa Interuniversitario de la Experiencia. Además, se ha generalizado entre la población la participación en programas como el Club de los 60 –con más de 312.000 socios–; el movimiento asociativo –1.833 asociaciones– o los centros de día de la Gerencia de Servicios Sociales. Toda esta experiencia acumulada requería dar un paso en el campo de la prevención dirigido a mejorar la calidad y la efectividad de todas las iniciativas en materia de envejecimiento activo.
Y es en este punto, donde encaja la nueva estrategia para potenciar esta participación y que está dirigida a los 598.328 mayores; pero también a sus familias, cuidadores y a la sociedad en general.
Este plan «se plantea como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y será una herramienta de construcción de futuro. Fue elaborada con una amplia participación y consenso de las entidades y asociaciones del sector y desarrolla un nuevo modelo para la prevención de la dependencia basado en la atención centrada en la persona, en su autonomía y en sus preferencias e implica una nueva forma de entender el envejecimiento activo, con la persona como protagonista de su proceso de envejecimiento», destacan fuentes de Servicios Sociales.
La estrategia establece un marco de actuación hasta el año 2021 y cuenta con una financiación de más de 1.950 millones de euros para los cinco años; de los que más de 390 corresponden al presente ejercicio. Este proyecto desarrolla un centenar de acciones agrupadas en dos grandes áreas temáticas, que son la persona y el entorno a través de siete ejes estratégicos.
Así, con respecto al beneficiario, la estrategia engloba cuatro ejes estratégicos a través de los cuales se articularán cerca de 60 actuaciones.
El primero de estos ejes es el de la prevención, promoción de la autonomía y autodeterminación de las personas y persigue facilitar la capacidad de decisión de las personas que envejecen, que elijan su itinerario de vida a partir de su jubilación y que definan e identifiquen sus deseos y preferencias en el caso de que necesiten apoyos y cuidados. Incluye 15 acciones, como facilitar su transición de la vida laboral a la jubilación, acciones de orientación y consejo para dar continuidad a sus proyectos de vida, generalización de ‘no sujeciones’ en los centros o desarrollo de una red de buenas prácticas de atención a las personas con deterioro cognitivo en los centros para las personas mayores.
El segundo eje es la mejora de la calidad de vida con 17 acciones que buscan fomentar las capacidades de las personas. El tercero refuerza el papel de los mayores en la construcción y mantenimiento de una sociedad del bienestar y en la asunción de roles relevantes. Considera a los mayores como una fuente de experiencia vital, de conocimiento y de apoyo solidario y potencia su participación. Incluye 13 acciones como impulsar su papel como consultores en temas diversos, que se conviertan en motor de cohesión social, especialmente en el mundo rural.
El cuarto del área temática de la persona es el de la promoción del aprendizaje a lo largo de la vida, con 12 acciones como revisar y adaptar los programas de aprendizaje actuales para adaptarlos a los nuevos perfiles de los mayores, promover el acceso a todas las posibilidades de aprendizaje como universidades de mayores o acercarlos a las nuevas tecnologías.
En cuanto a la intervención en el entorno, la estrategia contempla medio centenar de actuaciones que se desarrollan a través de tres ejes estratégicos que coinciden con los entornos en los que conviven las personas: El social y familiar, el comunitario y los entornos accesibles y amigables.
Las 14 acciones que define este eje se orientan en dos direcciones: por un lado, las medidas que permitan a las personas mayores envejecer en casa con calidad y, por otro, las de apoyo a los familiares cuidadores como información y asesoramiento y en la preparación para el final de la vida, servicios de apoyo, respiro y acompañamiento del voluntariado, de mediación que apoye la reorganización y crisis familiares derivadas del cuidado.
Fuente: El Norte de Castilla
Castellón instala detectores de humo en los hogares de 200 personas mayores
El Ayuntamiento de Castellón ha finalizado la instalación de 200 detectores de humo que empezó a colocar en febrero en los hogares de personas mayores dependientes para proteger a este colectivo de posibles incendios en sus viviendas, pues es uno de los más vulnerables ante estos accidentes.
Esta iniciativa ha sido impulsada por las concejalías de Bienestar Social, Salud Pública y Seguridad Ciudadana, y ha contado con un presupuesto de 2.400 euros, asumido por la Concejalía de Salud Pública, según fuentes del Consistorio.
Servicios Sociales ha remitido a los bomberos municipales, los encargados de su instalación, el listado de las personas mayores de 80 años, que viven solas o con otras también de avanzada edad o en una circunstancia similar, y que se encuentran en una situación de dependencia y vulnerabilidad.
Este colectivo tiene un mayor riesgo de tener un descuido o sufrir un accidente que puede derivar en un incendio, y por sus condiciones pueden tardar más en darse cuenta de lo que sucede y también en reaccionar, recuerdan las mismas fuentes.
Hasta el momento, aquellos que se han beneficiado de esta iniciativa son los usuarios del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio (SAD) y de la Teleayuda Municipal, además de otras personas de las que Servicios Sociales tiene constancia de su situación.
Los detectores de humo, que han sido instalados en diferentes ubicaciones de los hogares según las características de las viviendas, son unos pequeños aparatos que cuando se produce un incendio o se acumula una cantidad peligrosa de humo emiten una alerta sonora y otra lumínica.
En caso de que ocurra algún accidente, el detector de humo se conecta a una central de alarma que permite activar los servicios de emergencia necesarios.
Los Servicios Sociales son los encargados de la supervisión del proyecto, de los equipos de teleayuda y del seguimiento anual y del recambio de pilas de los dispositivos.
Fuente: EL MUNDO
Suecia se parapeta contra la ‘bomba demográfica’ que amenaza con destruir su estado de bienestar
- El país prevé acumular superávits crecientes hasta más allá de 2020
- Reducir la deuda lo máximo posible para afrontar el gasto del futuro
- El objetivo es mantener el estado de bienestar pese a la demografía
En 2016, el gasto público de Suecia ascendió al 50% del PIB, uno de los mayores ratios de toda Europa. A pesar de que el gasto público es sustancioso, Suecia ha logrado un superávit fiscal del 0,3% y 0,9% del PIB en 2015 y 2016 respectivamente, una tendencia que podría estar sólo en su inicio, puesto que el gobierno nórdico quiere hacer frente a los retos demográficos del futuro a base de superávits en el presente.
La semana pasada, el gobierno sueco publicó las nuevas estimaciones económicas para los próximos años y parece que los superávits fiscales no sólo han llegado para quedarse, sino que además serán cada año más elevados respecto al PIB del país. Suecia quiere reducir al mínimo una deuda pública que ya se encuentra en el 40% del PIB, una de las más reducidas de toda Europa (la deuda pública en España es del 100% del PIB).
Muchos nacimientos y nuevos pensionistas
Esta economía nórdica se prepara para vivir un fenómeno que puede poner a prueba a las finanzas públicas del país. Por un lado, como todos los países de Occidente, se enfrenta al envejecimiento de la población, con los costes que este representa. Pero, además, se prevé que en Suecia aumente el número de nacimientos por el empuje de la inmigración, que está incrementando la tasa de fertilidad en el país. Esta situación en un país donde las ayudas sociales se centran en los niños y la tercera edad puede ser una ‘bomba’, que sin embargo parece que no llegará a explotar.
Magdalena Andersson, ministra de Finanzas de Suecia, explica en declaraciones a Bloomberg que «unos mayores ingresos derivados del capital (dividendos y otras rentas) y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), y un gasto controlado», son las razones que dejarán a las administraciones públicas suecas como acreedoras netas en el periodo 2017-2020. El crecimiento del país es robusto y además cuenta con la ayuda de una política monetaria muy acomodaticia, lo que permite mantener una recaudación fiscal creciente.
La ministra explica que esta situación de superávit es una necesidad para que el país pueda mantener su amplio estado de bienestar en el futuro. Según las proyecciones oficiales, hasta 2025 nacerán 300.000 niños y se producirá un aumento considerable de los pensionistas. Estos números representan un gran reto para un país que sólo tiene 10 millones de habitantes y cuyas ayudas y beneficios sociales son de los más grandes del mundo desarrollado.
Un vasto estado de bienestar
Si el gasto en beneficios sociales de Suecia se dividiese entre toda su población, cada sueco tocaría a más de 13.100 euros, una cifra sólo superada por Noruega, según datos de Eurostat. Las ayudas públicas en los países nórdicos son múltiples: las madres embarazadas reciben cursos de maternidad gratuitos, además, muchos hospitales cuentan con hoteles incorporados para que madre y padre se alojen gratuitamente (a pensión completa) después del parto para recibir ayuda especializada durante los primeros días del bebé.
Por otro lado, los padres tienen derecho a 480 días (compartidos entre madre y padre) de permiso remunerado cuando nace o se adopta un niño. Durante los primeros 390 días, los padres tienen el derecho al 80% de su salario, mientras que los 90 días restantes se paga un porcentaje inferior.
Hasta que el niño cumpla los 16 años, el gobierno ayuda a los padres con 1.050 coronas al mes (unos 110 euros) por cada niño, aunque esto no es exactamente así, puesto que por cada niño a partir del primero la asignación se incrementa. Por ejemplo, una familia con seis hijos recibe su asignación de 4.114 coronas (427 euros) al mes, más un extra de 6.300 coronas (655 euros) mensualmente, según señalan desde la web del gobierno sueco.
Otro elemento que supone un coste/inversión para el erario público de Suecia es la educación, que está costeada por el gobierno desde los 6 años hasta el final de la universidad, que también es gratis para los alumnos que hagan méritos para llegar hasta la educación superior.
Guarda ahora para aguantar después
«Nuestra política fiscal en equilibrio nos ha permitido alcanzar una nueva posición económica… usaremos esta posición fuerte para dar empleo a profesionales del sistema sanitario, la asistencia social, personal de educación y oficiales de policía». Los fuertes flujos migratorios que están llegando al país, el incremento de la esperanza de vida y una oleada de nacimientos va a obligar a Suecia a ampliar el número de empleados públicos, a la par que aumentan el gasto en protección social.
Andersson señala que «aunque se ha invertido ya sustancialmente en servicios de bienestar social, aún necesitamos invertir más», explica la ministra de finanzas. Para lograr este objetivo de forma sostenible (gasto cubierto por impuestos y cotizaciones sociales), el gobierno pretende que la tasa de paro prosiga su descenso desde el 6,6% actual hasta el 6,2% en 2020.
Para mantener este equilibrio fiscal a la par que se sostiene el gasto público, el gobierno socialdemócrata de Suecia mantiene un IVA del 25%, un tipo marginal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 61,85% (uno de los más altos del mundo), mientras que el Impuesto de Sociedades es del 22%. Todo ello con un crecimiento del PIB que ha sido del 4,1% en 2015 y del 3,2% en 2016.
Fuente: el Economista
Caldera dice que dependencia es el sector que más empleo puede generar en España
El exministro de Trabajo y Asuntos Sociales Jesús Caldera ha sostenido hoy en Salamanca que el sector que más empleo puede generar en España por la inversión realizada es el de la dependencia, cuya regulación está recogida en una Ley, que él impulsó -ha recordado- y que ahora cumple su primera década.
En declaraciones a Efe, Caldera, que ha intervenido en el seminario titulado «Una mirada. 10 años con la Ley de Dependencia» organizado por la Universidad de Salamanca (USAL), ha elogiado la Ley de la Dependencia promovida por el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en el que el salmantino estaba al frente de la cartera de Trabajo y Asuntos Sociales.
«Es una norma de última generación que favorece la cohesión social del país y mejora también su actividad económica», ha sostenido el exministro por lo que, en su opinión, conviene que se haga una evaluación desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2007.
Desde su punto de vista, ha permitido que en la actualidad casi un millón de personas en España estén siendo atendidas, lo cual, según sus palabras, es una ley esencial sin la que la democracia española «no se podría entender».
No obstante, ha reconocido que la aplicación haya sufrido «algunos retrocesos» que el actual Gobierno de Mariano Rajoy atribuye a la crisis económica.
Una justificación que Caldera no comparte y que ha tildado de «error» por considerar que es una ley de la sociedad española.
A modo de análisis económico, el exministro ha subrayado que para salir mejor y más rápidamente de la crisis «conviene invertir en sectores que tienen un efecto multiplicador en materia de empleo y una tasa de retorno muy elevada».
Entre ellos ha incluido el de la atención a la dependencia por considerar que es el que «más empleo puede generar por la inversión realizada en España y además no se puede deslocalizar».
Ha calificado de «insuficiente» el incremento de 80 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para este año en el ámbito de la dependencia y ha confesado que él hubiera realizado un esfuerzo mayor traducido en 300 ó 400 millones de euros más.
Un aumento que ha acreditado en el sentido de que desde 2011 se han perdido casi 1.000 millones de euros al año de inversión, lo cual ha derivado en una pérdida de 60.000 empleos en el sector.
Ha insistido en «la gran capacidad de dinamización económica» y se ha referido a las 450.000 personas que actualmente trabajan en el ámbito de la dependencia y que una mejor organización se traduciría en que se podría duplicar el número de puestos de trabajo en la próxima década.
En clave autonómica, Caldera ha reconocido que hay una serie de comunidades, entre ellas, Castilla y León que son las que mejor funcionan, aunque desde su punto de vista la clave está en ver «entre todos» cómo se pueden «mejorar los derechos de los españoles y además si se genera empleo, excelente».
Finalmente, ha recordado que leyes de dependencia las tienen muy pocos países en Europa, que en el caso de España permite cooperar al Estado y a las comunidades autónomas, que es una norma «contra la soledad», ya que los servicios que presta «permiten tener un control de las personas ante situaciones de riesgo, y que eleva la calidad de vida de los ciudadanos».
Fuente: La Vanguardia
Barcelona y sus huertos urbanos para mayores
La red de Huertos Urbanos de Barcelona es un programa participativo de la Area de Medio Ambiente destinado a personas mayores de 65 años de la ciudad. Tiene como objetivo incorporarlos a actividades de mejora ambiental a través del cultivo de hortalizas siguiendo los principios de la agricultura biológica. Este programa se inició en 1997 con la puesta en marcha de los huertos de Can Mestres, aunque el primer huerto que empezó a funcionar en Barcelona fue el Hort de l’Avi, en el distrito de Gracia, en 1986, fruto de las peticiones de un grupo vecinal.
Los Huertos Urbanos tienen un importante valor social entre sus participantes, ya que les permite ocupar su tiempo, favorecen la creación de un tejido de nuevas relaciones y mejoran su calidad de vida mediante una actividad física muy positiva para su salud. También tienen un alto valor medioambiental para la ciudad, ya que se convierten en nuevos espacios verdes públicos en los cuales el huerto es el protagonista.
Otros aspectos a destacar son su función de educación medioambiental, mediante actividades para los colegios que permiten a los niños y niñas conocer el mundo agrícola y los principios de la agricultura biológica. También tiene una función social de convivencia entre generaciones, ya que las actividades educativas que se realizan en los huertos urbanos facilitan la relación entre los niños y la gente mayor.
El programa de huertos urbanos de Barcelona se lleva a cabo de forma conjunta con los distritos y cuenta con la colaboración de la Fundación «la Caixa».
¿Cómo son los huertos?
Se trata de parcelas de entre 25 y 40 m², en las que se cultivan hortalizas y verduras, así como plantas aromáticas y flores de temporada. Abundan los tomates, judías, patatas, calabacines, acelgas, legumbres, coles, berenjenas, ajos, cebollas, alcachofas y lechugas.
Las plantaciones de especies con floración de temporada ornamentan las parcelas. Las plantas aromáticas y medicinales tienen una importante función en la agricultura biológica, ya que contribuyen a la eliminación de plagas repeliendo o atrayendo hacia ellas a los insectos parásitos -éste es el caso del romero, que atrae al pulgón y evita que vaya hacia las hortalizas y verduras-, además de atraer a los insectos polinizadores.
¿A quién van dirigidos?
Este programa está dirigido a las personas mayores de 65 años empadronadas en el distrito donde está ubicado el huerto. Deben estar capacitados físicamente para el trabajo agrícola y en el momento de solicitar un huerto no han de convivir con nadie a quien le haya sido adjudicada una parcela.
Una parte del programa se reserva a entidades con personas en riesgo de exclusión social.
Para acceder hay que personarse en las Oficinas de Atención Ciudadana de los Distritos y presentar la siguiente documentación dentro del plazo establecido:
– Instancia solicitando formar parte del concurso para la concesión de una parcela (huerto).
– Original y fotocopia del D.N.I
– Certificado de convivencia (se obtiene en las mismas Oficinas de Atención Ciudadana de los Distritos)
La convocatoria y las bases para formar parte, se publican en el Boletín Oficial de la Provincia, en los tablones de anuncios de las Oficinas de Atención Ciudadana de los Distritos y en los Casals d’avis.
Las parcelas se adquieren por sorteo y los terrenos se ceden por cinco años, con un período de prueba inicial de seis meses.
Una vez asiganada la cesión, las personas beneficiarias deben seguir un modelo de agricultura biológica donde no se pueden utilizar productos químicos y tampoco se pueden vender los productos obtenidos del cultivo.
Fuente: Ayuntamiento Barcelona
Uno de cada tres dependientes reconocidos en Andalucía no recibe ninguna ayuda
Diez años después de la aprobación de la ley de Dependencia, en Andalucía hay 287.472 personas reconocidas como dependientes pero el sistema público solo le da cobertura a unas 185.275. El 35,5 por ciento de ellos, con distinto grado de afección, están desatendidos en esta comunidad. Es decir, más de uno de cada tres andaluces no recibe ninguna de las ayudas a las que tienen derecho, recogidas en la norma aprobada bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Están a la espera de que les sea asignada una plaza en una residencia de mayores o de recibir una ayuda a domicilio, el servicio de tele asistencia o una prestación por cuidados familiares.
En Andalucía hay por tanto 102.197 personas dependientes que no reciben ningún tipo de ayuda pese a que han sido examinadas y tienen derecho a ser asistidas con dinero público.Son datos de la Junta de Andalucía recogidos en un informe publicado por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales con la información aportada por las propias comunidades autónomas correspondiente al pasado mes de octubre.
La Ley de Dependencia ofrece una variada red de apoyo que abarca desde una plaza en una residencia de mayores o centro de día, una ayuda en el domicilio, tele asistencia o una prestación económica por cuidados familiares. El pasado viernes, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, celebró el décimo aniversario de esta norma que definió como «cuarto pilar del estado del bienestar» durante un mitin en la capital jiennense que cerró el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Las estadísticas, sin embargo, muestran claros y sombras en la gestión autonómica. El porcentaje de personas pendientes de recibir prestación supera a la media nacional. Si en España están sin atender el 15% de los dependientes más graves, en Andalucía llega al 19,1%. Sólo Cataluña, Aragón y Canarias están por detrás. En lo que respecta a los dependientes más leves, el promedio de las comunidades es del 59,19%, mientras en el territorio andaluz representan el 71,6%. En descargo de la gestión autonómica, cabe destacar que durante octubre fue la región que más beneficiarios con prestación incorporó al sistema: 4.701 de una tacada en un mes. En total, 185.275 personas reciben algún tipo de ayuda en Andalucía. De los 102.197 andaluces que engrosan la lista de espera para ser atendidos, 37.876 están diagnosticados con severa dependencia (Grado II) o gran dependencia (Grado III). Los que restan, 64.321, son dependientes de Grado I —el nivel más moderado — y empezaron a incorporarse al sistema a partir de julio de 2015. El Gobierno central impuso una moratoria tras las elecciones de 2011 que retrasó hasta aquella fecha la cobertura de este colectivo, lo que afectó a enfermos de alzhéimer en las primeras fases de la enfermedad y personas mayores con reducida movilidad.
Primeros recortes
Pero los primeros recortes se remontan a la etapa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien en mayo de 2010 tuvo que disminuir el gasto en dependencia y sacrificar parte de su política social para aplicar el drástico recorte de déficit fijado por la Unión Europea. La incorporación de estos dependientes ha elevado las listas de espera. Andalucía es la comunidad que acumula el mayor número de dependientes leves con dictámenes oficiales y que aguardan atención: 64.321. Le siguen Cataluña (60.819) y a mayor distancia Castilla La Mancha (17.375).
De las 122.968 personas diagnosticadas como severos o grandes dependientes que engrosan la lista de espera en España, casi un tercio (un total de 37.876) viven en Andalucía, según esta serie estadística que se actualizan mensualmente. Los servicios sociales han reconocido su condición de dependientes, pero la Junta aún no les ha facilitado la prestación.
Fuente: ABC andalucía
Grupo el Castillo patrocina la “San Silvestre 2017” de Villena
Englobada en las actividades de responsabilidad social corporativa de Grupo El Castillo y con el objeto de recabar apoyos a la integración y el fomento de la participación activa y normalizada de las personas con diversidad funcional en las actividades deportivas, Grupo El Castillo patrocina la popular carrera pedestre “San Silvestre” que se llevará a cabo el próximo 7 de enero y estará organizada por el conocido atleta villenense Andrés Mico, el M.I. Ayuntamiento de Villena y la Fundación Deportiva Municipal.
El Consejo de Administración, nuestros usuarios, sus familiares y amigos y los trabajadores de Grupo El Castillo queremos que participéis y disfrutéis, junto a nosotros, de esta entrañable carrera que servirá también para conseguir un doble objetivo; además de fomentar la participación y la integración de las personas con diversidad funcional, destinaremos todo lo recaudado para la compra de material deportivo adaptado como sillas de ruedas deportivas que, a través de la Fundación Deportiva Municipal, se pondrá a disposición de las asociaciones y colectivos que trabajan con diversidad funcional.
A todos los participantes en el evento se les hará entrega de una “mochila de corredor” que contiene, entre otras cosas, una estupenda camiseta técnica, fruta, snacs, agua y otros obsequios.
Dolors Montserrat niega recortes en dependencia y se compromete a afianzar la ley
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha negado que el Gobierno haya recortado su aportación al sistema de dependencia y ha expresado la voluntad de «seguir afianzando la ley con el máximo consenso de las comunidades autónomas y la sociedad civil».
En la sesión de control parlamentario al Gobierno, Montserrat ha respondido así a una pregunta de la diputada socialista Elvira Ramón en la que ha reclamado más financiación para la Ley de Dependencia, que cumple 10 años el próximo 14 de diciembre, porque cree que ha sido «demolida» en los últimos cinco años.
«El Gobierno del PP ha atacado y debilitado el sistema de atención a base de recortes en prestaciones y presupuestarios», ha dicho la parlamentaria socialista.
La ministra ha asegurado que el Gobierno no ha recortado «la aportación del Estado al sistema de atención a la dependencia» y ha señalado que, según el Tribunal de Cuentas, el 49,2 por ciento de la financiación la aporta el Estado y el 50,8 % las CCAA.
Según Montserrat, aportación del Gobierno de 2007 a 2011 fue de 11.400 millones de euros y durante la legislatura del PP, entre 2012 a 2015, ascendió a más de 16.000 millones.
«Es un derecho subjetivo, su financiación no es discrecional no depende de la voluntad del Gobierno, sino que es un derecho y un gasto reglado», ha dicho la ministra, quien ha destacado que siete de cada diez euros del presupuesto de su ministerio se destinan a dependencia.
La responsable de Servicios Sociales ha insistido en que el Gobierno mantendrá «una política presupuestaria responsable, que ha permitido reducir el déficit y crear más empleo» para garantizar «la atención del dependiente, el mantenimiento de su dignidad, sin olvidar a los cuidadores, con una gestión más ágil y transparente».
Por su parte, la diputada socialista ha acusado al Gobierno de aplicar más de 1.800 millones de euros en recortes a la dependencia.
«El balance en dependencia no pude ser más desolador porque hay 400.000 personas en espera de recibir atención y 125.000 han fallecido sin ser atendidas».
Fuente: eldiario.es
247 establecimientos en Zaragoza se adhieren a la Red de comercios amigables con las personas mayores
Esta iniciativa busca establecer acuerdos de mejora con establecimientos comerciales minoristas de proximidad para que la atención a las personas mayores sea la más adecuada.
La Red de comercios amigables con las personas mayores cuenta ya con 247 establecimientos distribuidos en las 14 Juntas municipales de distrito. Esta iniciativa se implantó en Zaragoza hace un año y se enmarca dentro de las acciones del Plan Zaragoza, ciudad amigable con las personas mayores impulsado por la Organización Mundial de la Salud.
La finalidad de este proyecto es establecer acuerdos de mejora con establecimientos comerciales minoristas de proximidad, con atención personalizada y especializados, sea cual sea el formato de negocio, para crear una red de comercios recomendables para las personas mayores. En la capital aragonesa, casi un 18 % de la población de Zaragoza es mayor de 65 años, alrededor de 140.000 personas.
El Ayuntamiento de Zaragoza pretende con este programa sensibilizar a los y las comerciantes sobre medidas de mejora y reconocer el trabajo de los establecimientos adheridos. Además, el Consistorio busca promover una relación cercana entre las personas mayores y los comercios de proximidad, y apoyar y promocionar el funcionamiento de los pequeños comercios de la ciudad, elemento imprescindible en el concepto de ciudad sostenible por el que se trabaja en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Con su adhesión a la red, los establecimientos se comprometen a cumplir una serie de requisitos de accesibilidad, de comodidad durante la estancia del cliente (como colocar asientos para descansar), calidad de la atención, fácil acceso a los productos, visibilidad de los precios o la posibilidad de servicio a domicilio entre otros aspectos.
Para ello, los comercios solicitantes son visitados por un equipo de dos o tres personas mayores que valoran las características de amigabilidad del comercio de acuerdo con un listado de ítem. Estas personas mayores que participan voluntariamente son una de las características más importantes en la gestión del proyecto.
Tras la visita del equipo de colaboradores mayores, se establece un acuerdo entre el Ayuntamiento y el comercio, donde el comercio se compromete a realizar las mejoras que pudieran ser necesarias y asistir a sesiones de formación que oferta el Ayuntamiento a los comercios de la Red -sesiones informativas de marketing y ventas adaptado al mercado de personas mayores y características físicas y cognitivas de las personas mayores-. A los comercios que firman el acuerdo se les entrega un certificado de pertenencia a la Red y un vinilo identificativo para el escaparate.
Difusión de la Red de comercios amigables con las personas mayores
El Ayuntamiento ha editado una guía para ayudar a los comercios a mejorar su servicio e instalaciones para hacerlas más amigables con las personas mayores. Está destinada tanto a comercios que ya pertenecen a la red, como a los que desean incorporarse. La guía incluye información sobre diferentes aspectos de los comercios que pueden mejorarse para atender de forma más cercana y amigable a las personas mayores. Incluye también consejos sobre la accesibilidad, la visibilidad, el sonido ambiente y un test de autoevaluación que pretende ayudar a medir la amigabilidad del comercios y conocer la opinión de los y las usuarias.
Fuente: AraInfo
El Síndic alerta que el plan de Oltra no agiliza la dependencia
El defensor, José Cholbi, urge más recursos y organización para lograr que las ayudas lleguen.
Los municipios que estrenan el programa apenas valoran a dependientes y se quejan de lagunas.
El Síndic de Greuges, José Cholbi, cuestiona la eficacia del plan estrella de Mónica Oltra, consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, que consiste en transferir la valoración de los dependientes a los servicios sociales de los ayuntamientos. Según detalla, el plan, que ya se está aplicando en Alicante y que previsiblemente el año que viene se extenderá a Castellón y Valencia, no ha conseguido descolapsar la situación por falta de medios y organización.
El Síndic califica de «desoladores» los datos ofrecidos por los ayuntamientos que vienen aplicando el plan. «El número de solicitudes valoradas hasta la fecha, de acuerdo con los mismos, es insignificante», concretan.
En él relata que los municipios consultados evidencian «dudas e inseguridades jurídicas», así como la «dificultad para iniciar los procedimientos de valoración», en parte por la «imposibilidad de acceder a los datos de las aplicaciones que la Conselleria utiliza para la gestión de la dependencia». Igualmente, los consistorios «echan en falta instrucciones respecto a la forma de actuar para desbloquear la situación y ordenar el procedimiento de valoración», que solo está descentralizado en parte. A ello se suma, indica, que el coste económico derivado de las nuevas tareas que tienen que asumir los ayuntamientos excede al importe de la subvención de la Conselleria. Con todo, el Síndic comparte que es beneficioso que sean los servicios sociales municipales los que se encarguen de la valoración.
MÁS MEDIOS // El Síndic urge a la Conselleria a adoptar medidas normativas y organizativas para que se puedan iniciar las funciones de valoración de acuerdo al nuevo marco de competencias previsto, a través de una encomienda de gestión, así como la dotación de medios personales, materiales y económicos. También insta a revisar el modelo de financiación contemplado en la ley de dependencia para hacer viable su aplicación. Asimismo, considera que deberían crearse órganos territoriales de valoración y garantizar que los equipos son multiprofesionales.
La directora general de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Mercé Martínez, incorporará las medidas aportadas por la Sindicatura en la implementación del modelo de valoración.
Reconoce que la transición de un modelo a otro se está realizando de forma progresiva. Aunque los números de valoraciones aún no cumplen las expectativas, desde que se comenzó a aplicar el nuevo modelo las cifras han mejorado hasta cerca del 133% y se muestra convencida de que «el tapón heredado del anterior gobierno» podrá reducirse en breve. Añade que están desarrollando medidas normativas que permitan facilitar la coordinación con los ayuntamientos y que asumen la responsabilidad de dotar esta legislatura de los medios necesarios para atender a todas las personas que lo necesiten.
Fuente: el Periódico Mediterráneo