Sostenibilidad
Gerentes de Servicios Sociales piden impulsar la Ley de Dependencia
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales propone revisar «en profundidad» el modelo de relaciones laborales, llevar a cabo una reforma fiscal «justa y progresista» e impulsar la Ley de Dependencia, en el documento con las conclusiones del Debate sobre el Estado social de la nación 2013.
Estas propuestas, según adelantan, están destinadas a reducir las desigualdades que, a su juicio, «son la causa de que España tenga tantas dificultades para salir de la crisis y para que las mejoras económicas repercutan en las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población».
En primer lugar, ante las «ineficaces» reformas para crear empleo, sugieren modificar «de manera radical» el modelo de relaciones laborales con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas y las familias en España y de «evitar que se siga agudizando la pobreza y la exclusión social».
Concretamente, proponen una mayor regulación y protección de los derechos de los trabajadores y defienden que la estabilidad en el empleo y unas condiciones de trabajo y unos salarios dignos no son incompatibles con el desarrollo económico.
Otra de las conclusiones pone el acento en la necesidad de «corregir los desajustes estructurales que afectan a la fiscalidad en España»; de reducir la brecha de nueve puntos porcentuales que separa al país de la media europea en ingresos fiscales en relación con el PIB; y de avanzar en una fiscalidad «donde cada cual contribuya en función de su capacidad económica».
Asimismo, alertan de «los cantos de sirena» de las bajadas de impuestos generalizadas que, a su juicio, «se han de compensar con el incremento de la fiscalidad a las grandes fortunas, a los beneficios de las sociedades y, sobre todo, al capital financiero y sus actuaciones especulativas».
Por ello, entre sus propuestas para la Reforma Fiscal en España se encuentran: suprimir los regímenes privilegiados en el Impuesto de Sociedades; establecer un sistema de tributación objetiva para grandes empresas; recuperar los impuestos de Patrimonio y Sucesiones; establecer medidas que penalicen la utilización de entidades radicadas en paraísos fiscales; crear un impuesto de transacciones financieras que penalice la especulación; crear ecotasas medioambientales; rebajar los tipos de IVA general y reducido; incrementar las plantillas de inspectores y técnicos de Hacienda; y reforzar los sistemas públicos de participación de los ciudadanos en la lucha contra el fraude.
ENMIENDAS A LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
No obstante, los directores de Servicios Sociales aseguran que la «mayor amenaza» que se cierne sobre ellos es el proyecto de reforma local que se está debatiendo actualmente en el Congreso que «extirpará las competencias en servicios sociales y promoción social de los ayuntamientos españoles».
«Las comunidades autónomas no podrán asumir todos esos servicios, como se plantea», apuntan, para añadir que «cuando en pocos años surjan entornos urbanos tremendamente degradados y llenos de miseria, los ayuntamientos no tendrán ninguna capacidad de respuesta, ni preventiva ni paliativa, más allá de la respuesta policial.
Ante esta situación, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado este jueves en el Congreso de los Diputados dos propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley de Racionalidación y Sostenibilidad de la Administración Local, en las que reclaman «aclarar el nivel competencial de las entidades locales en servicios sociales» y «ampliar a cinco años el plazo para que las entidades locales realicen la transferencia a las Comunidades Autónomas».
Finalmente, consideran necesario un Pacto de Estado para la aplicación y el mantenimiento de la Ley de la Dependencia, cuyos ejes serían: el mantenimiento de la tasa de reposición, es decir, que el Sistema incorpore al menos un nuevo beneficiario por cada beneficiario que cause baja en el mismo, y el impulso de servicios profesionales como la Ayuda a Domicilio, los Centros de Día y las Plazas residenciales.
CEOMA pide a la Defensora del Pueblo que «proteja» a los mayores
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) se ha reunido con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para pedir una «mayor protección» para las personas mayores frente al uso de sujeciones «innecesarias».
Así, en el marco de la próxima conmemoración del ‘Día Mundial del Alzheimer’, que se celebra este sábado, la organización ha presentado el programa ‘Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer’ en el que advierte de que, por el hecho de ser más vulnerables, las personas de este colectivo necesitan «mayor amparo» y «otros deciden por ellos, pero no siempre en su mejor beneficio».
De hecho, CEOMA ha recordado que España es el país en que más se recurre a sujeciones o fármacos tranquilizantes en residencias de atención a la tercera edad.
En este sentido, la asociación ha mostrado su preocupación por el hecho de que estos medios «se puedan utilizar impunemente por conveniencia de terceros o para imponer disciplina», según ha indicado el presidente de la confederación, José Luis Méler.
El informe, que incluye una consideración sobre los aspectos éticos del uso de estas técnicas y una publicación que analiza la legislación navarra en la materia, se ha presentado, además de a Becerril, a la adjunta segunda, Concepción Ferrer y al responsable del Área de Sanidad y Política Social, Bartolomé José Martínez.
Por su parte, la Defensora del Pueblo se ha comprometido a dar una respuesta «en un plazo razonable de tiempo» a la confederación tras haber estudiado los informes y documentos aportados.
La red pública concertada de atención a la dependencia contrata a más de 300 auxiliares y especialistas para reforzar sus plantillas en verano
El incremento de usuarios por programas de respiro y las estancias vacacionales compartidas han permitido ofertar más de 300 puestos de trabajo para los centros vinculados a la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas, que refuerzan las plantillas de los recursos socio-sanitarios entre julio y octubre, según ha señalado hoy el presidente de la Entidad, Marcos Penadés.
Se trata de contrataciones estacionales que complementan las dotaciones de personal para afrontar el incremento puntual de usuarios de estos meses, pero que, paralelamente, sirven de testeo para las incorporaciones estables en plantilla, ya que se trata de un sector que requiere de un goteo constante de nuevas incorporaciones, según Penadés.
En este sentido, el presidente de patronal de los centros públicos y concertados ha destacado que no se trata sólo de cubrir bajas vacacionales, dado que éstas se reparten en todo el año, sino formar al personal mediante el apoyo de técnicos y especialistas con varios años de experiencia para que puedan incorporarse paulatinamente a las residencias, centros de día y servicios de ayuda a domicilio de nuestra Red.
Así, Marcos Penadés ha señalado que este tipo de contratos se orientan específicamente a profesionales que viven en el radio de acción de los diferentes recursos, esto es, empleo no deslocalizable, que ayuda también a reducir el posible desarraigo de los usuarios de los centros, al tiempo que revierte directamente sobre la zona geográfica en la que se ubica el centro o servicio.
De hecho, desde Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas se trabaja en colaboración con los centros hospitalarios cercanos a los diferentes recursos, especialmente los hospitales especializados en enfermos crónicos –Hacle- para asumir las derivaciones de estos enfermos. De esta forma, se reduce la necesidad de incrementar a corto plazo el número de hospitales específicos en la Comunidad Valenciana y, paralelamente, se descongestionan los servicios de urgencias de los ya existentes y la disponibilidad de camas para casos agudos, según Penadés.
Actualmente, Aecas integra ya un 40% del total dependientes que viven en centros socio-sanitarios en las tres provincias, según los datos del último censo de población del Instituto Nacional de Estadística (Ine), que cifra en 20.345 personas los residentes en este tipo de recursos en nuestra autonomía, esto es, el 0,41% de la población.
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Gobierno valenciano concede 530 Bonos Respiro para estancias temporales en centros residenciales de mayores dependientes
La Consejería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana ha concedido este año un total de 530 Bonos Respiro, un sistema de ayudas para financiar estancias de carácter temporal en residencias para personas mayores dependientes, según ha destacado este viernes la titular de este departamento, Asunción Sánchez Zaplana.
Sánchez Zaplana ha explicado que el objetivo de este recurso «es ofrecer a las personas mayores dependientes la atención que requieren en un centro especializado que sustituya los cuidados que de forma habitual reciben en el ámbito familiar».
La consejera ha subrayado que, en muchos casos, «es la familia quien asume el cuidado de sus mayores dependientes, y desde la administración debemos apoyar a las familias a través de programas como el Bono Respiro, que permite sustituir de forma temporal al cuidador principal de la persona mayor dependiente».
En total se han concedido 530 Bonos Respiro, que se utilizan en las tres modalidades que contempla: mensual, de fin de semana o diario. Por provincias, se concedieron 408 en Valencia, 79 en Alicante y 43 en Castellón. Para este año, la Consejería de Bienestar Social ha destinado alrededor de 450.000 euros para financiar el programa.
Según Sánchez Zaplana, «la Generalitat, teniendo como prioridad la atención de las personas mayores y de sus familias, busca soluciones a través de servicios y recursos que mejoren las condiciones de vida de todos, sin olvidar por supuesto a los cuidadores, de forma que la atención a sus familiares no implique un desgaste físico y emocional».
El Bono Respiro está encaminado a satisfacer necesidades como la sustitución del cuidador principal cuando, de forma temporal y por necesidades sanitarias, sociales o laborales, no pueda realizar las actividades habituales que exige el cuidado de la persona mayor; cuidados del anciano tras altas hospitalarias en periodos de convalecencia; descanso del cuidador principal; o por otras necesidades que impidan a las familias, transitoriamente, la atención a personas mayores dependientes a su cargo.
DISTINTAS MODALIDADES
La Generalitat establece varias modalidades del Bono Respiro: Mensual o Bono Verde que consiste en una estancia durante un mes consecutivo, cuando por las necesidades sanitarias o sociales la persona mayor necesite la atención integral en un centro especializado. Esta modalidad podrá hacerse efectiva durante un mes natural o bien de fecha a fecha en dos meses consecutivos, siempre que su disfrute se realice con anterioridad al 31 de diciembre de 2013.
Asimismo, se dispone del Bono Respiro Días o Bono Azul, que consistirá en 20 bonos diarios para la atención en residencias que podrán hacerse efectivos a lo largo de 2013, durante 20 días consecutivos o agrupados, en cuyo caso el mínimo será de dos días consecutivos y el Bono Respiro Fin de semana o Bono Blanco, consistente en 12 bonos para disfrute en una residencia de tercera edad, en los fines de semana que el interesado elija. En este caso, podrán disfrutarse en un horario que se establece a partir de las 9.00 horas del viernes hasta las 17.00 horas del domingo.
La Ley de Dependencia como fuente de empleo
La diputada de Cohesión Territorial de la Diputación de Sevilla, Trinidad Argota, ha asistido a la clausura del «Curso de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones», una formación que la Diputación ha orientado a auxiliares en instituciones sanitarias, donde ha manifestado que la Diputación ha manifestado que «cree en la Ley de Dependencia como derecho y como yacimiento de empleo par nuestros jóvenes».
Argota ha asegurado que «a diferencia de lo que está ocurriendo en otros ámbitos de la política, la Diputación cree firmemente en la Ley de Dependencia. Atender a los sevillanos en su dependencia viene a satisfacer un derecho fundamental y, además, consideremos que, hoy, la dependencia constituye un campo de empleabilidad para nuestra juventud, con formación y capacitación pertinente».
Argota ha estado acompañada por la delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, Aurora Cosano, y por la responsable Provincial de Cruz Roja, Auxiliadora Prieto, entidad colaboradora en la formación. La diputada ha hecho hincapié en «la colaboración que se establece entre Junta, ayuntamientos y Diputación para el desarrollo de estos cursos, y en que esta formación es un preludio para un contrato de cuatro meses, a través de los planes de Empleo Estable».
Los centros de atención a dependientes quieren ofrecer sus servicios a extranjeros con esas necesidades
La asociación Aerte propone establecer acuerdos bilaterales entre los servicios sociales de España con otros paises, para hacerlo posible
La Asociación de empresas de servicios a la Dependencia, Aerte, propone ofertar sus centros para turismo de salud, para hacer frente a la grave crísis que atraviesan. Las residencias de atención a dependientes, están sufriendo la escasa aplicación de la Ley de Dependencia, y además, los impagos de la Generalitat, que les adeuda ya varios meses. Proponen crear un cluster, en el que hubiera agencias de salud y clínicas privadas, para atender a personas extranjeras en situación de dependencia.
Para que esta idea pudiera salir adelante, tienen que contar con el apoyo y la colaboración de las administraciones públicas. Por eso, piden que les escuchen y que estén abiertos a este tipo de propuestas, que requerirían de acuerdos bilaterales.
La Generalitat de Catalunya reclama al Estado la gestión del IRPF dedicado al tercer sector
La consellera de Bienestar Social, Neus Munté ha convocado hoy una reunión de emergencia con representantes del Tercer Sector para informar de los contenidos del último Consejo Territorial de Servicios Sociales, a los que ha trasladado la necesidad de que el Estado traspase la gestión del 0,7% del IRPF para fines sociales.
Desde el Govern se reclama que la Generalitat tenga la «competencia exclusiva» para gestionar los recursos que se generan gracias a la «cruz de la solidaridad» en la declaración de la renta y que suponen el 0,7% del IRPF, según ha declarado a EFE Neus Munté.
La consellera también ha dicho que el objetivo de la reunión es crear junto a los representantes del tercer sector «estrategias comunes de cara al futuro, ya que desde el Gobierno se manifiesta una voluntad de no cumplir con las sentencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo».
Los órganos judiciales han establecido que, tanto las bases como la convocatoria de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación del 0,7% del IRPF, vulneran las competencias autonómicas de gestión de subvenciones.
Las sentencias añaden que la Generalitat es la responsable de tramitar, resolver y pagar estas ayudas, en el marco de sus competencias exclusivas.
La consellera ha explicado que «por parte del Gobierno del Estado existe la intención de que sólo las entidades de base supraterritorial, es decir, que estén implantadas en más de una comunidad autónoma, puedan ser beneficiarios de estos programas».
Este año «se ha podido impedir», es decir que este año las entidades de base únicamente catalana, sociales y mercantiles, podrán también concurrir en esta convocatoria.
La consellera ha destacado la importancia de prepararse y establecer estrategias conjuntas de cara al próximo año, en que el Estado prevé realizar definitivamente el cambio de modelo.
El segundo tema discutido en la reunión es que, según la consellera, existe «un desajuste, como ocurre en muchos otros ámbitos, de recursos que se generan aquí pero que en cambio no vuelven».
Según cálculos del departamento de Bienestar Social y Familia, Cataluña aporta el 25% del total de la recaudación estatal del 0,7 del IRPF para fines sociales, pero sólo recibe el 14%, lo que supone más de 20 millones de euros que anualmente no retornan de Madrid.
Las organizaciones sociales apoyan al departamento para que exija la gestión de las subvenciones para programas de cooperación y voluntariado, tal y como reconocen sentencias del TC y del Supremo.
El director de la Fundació Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol ha explicado a Efe que «lo que preocupa en primer lugar a las organizaciones sociales es que lleguen esos recursos del 0.7% para atender carencias sociales y en ese sentido parece que este año se ha salvado».
Josep Oriol Pujol también ha dicho que el pulso entre el Gobierno central y la Generalitat es muy complejo, ya que están implicadas organizaciones sociales catalanas que dependen de organizaciones de ámbito estatal.
La presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), Cinta Pascual, ha matizado que aunque este año se ha conseguido salvar la situación, «llevamos mucho tiempo pidiendo que los planes de valoración se hagan aquí en Cataluña y la victoria sería que hiciera caso a estas reivindicaciones».
Es especialmente preocupante, según la presidenta de ACRA, que la mayoría de los proyectos del tercer sector sean proyectos de continuidad, ya que cada año dependen de que llegue la ayuda para poder ofrecer el servicio un año más.
Las entidades convocadas a la reunión han sumado cerca de ochenta, entre ellas la Mesa del Tercer Sector Social, Entidades Catalanas de Acción Social, Cáritas, Cruz Roja, Raíces, Casal de los Niños, FEDAIA, Esplais Catalans, ECOM, ACRA, Instituto Guttmann o la Federación Catalana de Voluntariado Social.
Cataluña pide que retornen a la comunidad 20 millones para asuntos sociales
La consejera de Bienestar Social de Cataluña, Neus Munté, ha pedido hoy al Gobierno que se devuelvan a su comunidad los aproximadamente 20 millones de euros al año que los catalanes destinan a asuntos sociales en la casilla de la declaración de la renta.
Antes de participar en el Consejo Territorial de Asuntos Sociales y del Sistema de Autonomía y de Atención a la Dependencia (SAAD), ha señalado que acudía con la expectativa «de ver como avanza» la cesión de la parte del IRPF que se dedica a asuntos sociales.
Ha recordado que son numerosas las sentencias del Tribunal Constitucional, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo «que reconocen año tras año la competencia exclusiva» de Cataluña para la gestión de los servicios sociales» y «advierte al Estado de que debe territorializar esos fondos».
Tras insistir en que eso no sucede así, Munté ha dicho que Cataluña es una comunidad muy solidaria y esa solidaridad «no tiene un justo retorno desde el punto de vista económico».
Ha defendido que esas aportaciones «vuelvan de la forma más justa posible», porque son recursos «para las entidades sociales» que realizan proyectos muy importantes, especialmente dirigidos a los colectivos con mayor riesgo de exclusión social y pobreza.
La consejera ha considerado que, «en estos momentos, esto es fundamental».
Respecto al sistema que se iba a discutir sobre el baremo de dependencia, ha considerado que es excesivamente intervencionista desde el punto de vista del control y de la fiscalización.
A su juicio, hay que compartir datos, pero eso «no se puede convertir en una fiscalización o en una desconfianza sobre la gestión de los fondos y del sistema de la dependencia».
Se ha lamentado de que les piden «muchos datos y certificados» que siempre han aportado, pero el nuevo sistema es «excesivamente intervencionista» y complica «el día a día».
Sanidad opina que el número de Grandes Dependientes atendidos es «elevado» y lo atribuye a un mal uso del baremo
La Evaluación 2012 del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) que la ministra de Sanidad, Ana Mato, presentará mañana a las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial del ramo, considera que hay un «elevado» número de personas declaradas Grandes Dependientes (Grado III) y lo atribuye a «un uso inapropiado del baremo de valoración» con el que se diagnostica la situación que tiene cada persona.
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, analiza los datos del SAAD entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2013 y señala que de 1,26 millones de personas valoradas y con derecho a prestación, 394.777 estaban localizadas en el Grado III, un 31,27 por ciento, que es «casi el doble de lo previsto» en el Libro Blanco de la Dependencia, redactado en 2007.
«A 31 de diciembre de 2011 este porcentaje era aún mayor: el 33,74% de personas reconocidas en Grado III (431.811 beneficiarios)», expone el documento, que destaca no obstante que, «en este año ha descendido en 2,5 puntos porcentuales» el peso de la población con un mayor nivel de dependencia.
El texto recoge «posibles causas de esta situación» que «se resumen en el uso inapropiado del baremo de valoración» aunque, conforme explica, «puede ser que confluyan también otros factores» como «que se han realizado reconocimientos de grado mediante la denominada ‘pasarela’ de personas ya atendidas».
«Otra razón de este número tan elevado de personas reconocidas en Grado III pudiera ser que la financiación viene directamente relacionada con el grado de dependencia reconocido», plantea el informe del Ministerio de Sanidad.
La evaluación dedica un capítulo a comparar el sistema de dependencia español con los de Alemania, Austria y Francia y, tras destacar que los baremos muestran «importantes diferencias» en cada uno, asegura que «sin duda el más generoso es el español».
Según afirma, con los criterios que aplican los alemanes 163.000 personas atendidas en España se quedarían fuera del sistema y en Francia, 463.000 no llegarían a entrar. En este país se excluye de la atención a la dependencia a las personas menores de 60 años y no tienen Grado I en su clasificación.
«Si nos centramos en los casos de Alemania y Austria, los más parecidos a España, tenemos que las personas valoradas en Grado III son un 11,9 y un 15,66%, respectivamente, mientras que en España este porcentaje, a 1 de enero de 2013, se eleva al 31,27%», explica el informe.
Consejera catalana de Bienestar Social: «La crisis está haciendo que la brecha social sea más cruel y grande que nunca»
La consejera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, ha alertado este jueves de que «la crisis está haciendo que la brecha social sea más cruel y grande que nunca», aunque ha destacado la labor de contención del Govern para evitar que se amplíen las diferencias.
«Cada vez se pone más énfasis en la brecha social, aunque estamos luchando para que no se acentúe», ha destacado Munté en la inauguración de la IV Conferencia Técnica sobre los programas de crisis e la Creu Roja de Cataluña, celebrada en la Casa del Mar de Barcelona.
Munté ha destacado la colaboración entre la Generalitat y las entidades sociales como Creu Roja en la lucha contra la exclusión social: «Tenemos la suerte de tener un país con un fuerte tejido asociativo que siempre ha estado al servicio de las personas», ha celebrado.
Ha admitido que «las administraciones no pueden hacerlo todo», y ha afirmado que la Generalitat seguirá cofinanciando los programas humanitarios de Creu Roja, tras destacar la importante labor social que realiza en Cataluña.
Aún así, ha advertido de «dificultades de tesorería» de la Generalitat que impiden abonar el conjunto de contratos y subvenciones con las entidades sociales, aunque ha destacado que se trata de casos puntuales y que la mayoría de pagos se realizan con normalidad.
LABOR CONSTANTE
El presidente de Creu Roja de Cataluña, Josep Marquès, ha recordado que «incluso en años buenos ha habido gente que sufría en el país», y ha ensalzado la labor constante de la entidad humanitaria para dignificar a los colectivos más vulnerable.
Marquès ha recordado que el 35% de los recursos de Creu Roja de Catalunya proceden de recursos propios, principalmente socios y patrocinadores empresariales, a quienes ha agradecido su colaboración.
Los colectivos de prioridad más inmediata para la entidad humanitaria son los ancianos, los desempleados de larga duración y los niños, a quienes destina la mayor parte de recursos para poder cubrir sus necesidades más básicas.
Precisamente esta semana Creu Roja de Cataluña ha iniciado una campaña extraordinaria para alimentar a más de mil niños catalanes que viven en entornos vulnerables a través de ayudas económicas y apoyo nutricional, teniendo en cuenta que ha finalizado el periodo escolar y no pueden hacer uso de becas comedor.
Bienestar Social reclama 25.000 euros a una mujer sin recursos tras retirarle la pensión
La Generalitat Valenciana reclama 25.000 euros a una mujer sin recursos tras retirarle la pensión por invalidez no contributiva que le concedió en el año 2002. La Conselleria de Bienestar Social considera que la mujer perdió el derecho a cobrar la pensión en el año 2007 porque su marido empezó a percibir un subsidio por invalidez de 625 euros. La afectada, Nieves Pozuelo, pidió ayer al titular del juzgado de lo Social número dos de Valencia que revoque la decisión de la conselleria. El abogado de la Generalitat Valenciana se opuso.
Nieves Pozuelo y su marido Bernabé Coleto, con el que lleva casada cuarenta años, subsisten gracias a las bolsas de alimentos que semanalmente les proporcionan Cáritas y una ONG latina. La pareja, que no tiene hijos, paga mensualmente 286 euros de hipoteca y con el resto del dinero hacen frente a las facturas de agua, luz, gas y comunidad. «Nos queda algo para comida. A veces compramos una carcasa de pollo para hacer caldo», aseguró Bernabé Coleto mientras esperaba a que empezara el juicio en la Ciudad de la Justicia de Valencia.
La mujer, que tiene 62 años, padece fibromialgia desde hace más de una década y ha sido operada veinticuatro veces. «Tengo reconocida una minusvalía del 67% y en el año 2002 me concedieron la pensión de invalidez no contributiva por la que cobraba 347 euros», precisó Nieves.
El marido, que ahora tiene 56 años, trabajaba como albañil, pero tuvo que dejarlo porque físicamente no aguantaba. La Administración le concedió a Bernabé una pensión de 624 euros por invalidez el 26 de febrero de 2007.
La Conselleria de Bienestar Social realizó una inspección de oficio al caso de Nieves Pozuelo en el año 2011 y llegó a la conclusión de que no tenía derecho a percibir la prestación desde que su marido comenzó a cobrar la pensión de 624 euros. La abogada del turno de oficio que asiste a la pareja explicó que la Administración entiende que la pareja supera el mínimo que les daría derecho a las dos prestaciones.
La Conselleria de Bienestar Social reclama ahora a la mujer 18.000 euros por los 347 euros mensuales que percibió entre los años 2007 y 2011 y otros 7.000 euros por intereses de demora.
La abogada de la familia interpuso una demanda contra la Generalitat en el juzgado de lo Social número dos de Valencia para que rectifique y reconozca el derecho de la mujer a cobrar la pensión no contributiva. La letrada advirtió ayer al juez encargado del caso de que la propia administración reconoció que tenía derecho. Además, la pareja desconocía que tenía la obligación de comunicar que la mujer percibía la pensión de 347 euros.
La situación está a punto de llevar a la ruina a la pareja, que carece de recursos para pagarle a la Generalitat los 25.000 euros que le reclama. «No nos negamos a pagar, pero no tenemos dinero. Nos han dicho que nos pueden embargar la mitad de nuestro piso y todavía nos quedan por pagar doce años de hipoteca», lamentó Bernabé Coleto. El matrimonio se compró un piso en la calle Síndico Mocholí de Valencia -que está situada entre el barrio de San Marcelino y La Torre- en el año 2002. La pareja todavía adeuda al banco 41.000 euros de la vivienda.
«Ahora la mitad del dinero se nos va en la hipoteca y el resto en los gastos básicos y en los seguros de la vivienda y el de deceso. No tenemos para comer», insistió Nieves.
Su marido reconoce sin avergonzarse que recoge patatas de desecho en campos de las inmediaciones de Valencia con el permiso de los agricultores para poder comer. «Son patatas picadas que quedan en el campo tras la cosecha. También todo los sábados voy a la ONG Mira -una organización colombiana- porque nos dan verdura. El otro día me dieron garbanzos y algo más», añadió Bernabé.
La pareja confía ahora en que el juez de lo Social les dé la razón y les libere de pagar los 25.000 euros que les reclama la Generalitat Valenciana por una pensión a la que creían que tenían derecho.
«Ella tenía obligación de comunicar la paga del marido»
El abogado de la Generalitat Valencia defendió ayer en el juicio que la mujer «tenía la obligación de comunicar la otra pensión» cuando su marido comenzó a cobrarla en el año 2007. El letrado advirtió al magistrado del caso de que la unidad familiar superaba los límites para tener derecho a la pensión no contributiva. «Todos los años superó el límite y por eso la Generalitat reclama lo que cobró de forma indebida entre los años 2007 y 2011», indicó el abogado de la Generalitat Valenciana en un juicio que duró cinco minutos.
Fuentes jurídicas explicaron que la Administración ha incrementado las inspecciones de oficio ante la caída de ingresos. Las mismas fuentes incidieron en que «la falta de sensibilidad de la Generalitat puede abocar a la ruina» a familias como la de Nieve Pozuelo y Bernabé Coleto que carecen de recursos y de posibilidad de generarlos por sus limitaciones físicas. Bernabé Coleto aseguró que la Generalitat ya les ha enviado cartas comunicándoles que les embargarán si en las próximas semanas no hacen frente al pago de 25.000 euros que les reclaman. «Yo no tengo hijos, pero me gustaría que mis sobrinos pudieran heredar mi casa cuando muramos. No sé qué va a pasar ni qué vamos a hacer», admitió.
Gipuzkoa se declara insumisa de los “recortes” en la ley de dependencia
La Diputación de Gipuzkoa ha aprobado el decreto que mantiene en esta provincia la cuantía de las prestaciones económicas por dependencia en 2013, con lo que «no se verán perjudicadas por los recortes aplicados por el Gobierno español», según ha informado la portavoz foral, Larraitz Ugarte.
El Consejo de Diputados ha acordado «blindar» las cuantías máximas para quienes vienen percibiendo la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, la de asistencia personal, que se ha ampliado a nuevos grados, y la vinculada al servicio domiciliario. Serán más de 11.600 las personas beneficiadas en el territorio, ha explicado Ugarte.
Ugarte ha recordado que el Gobierno de Rajoy aprobó el pasado mes de julio lo que ha calificado de “contrarreforma” de la Ley de Dependencia, que supone, entre otros recortes, la reducción de un 15% en la cuantía de las actuales prestaciones y de un 30%, en las nuevas altas. En concreto, las medidas del Ejecutivo central suponen que Gipuzkoa perderá este año alrededor de 10 millones de euros de ingresos para sufragar prestaciones y servicios.
«Ante semejante vulneración de los derechos económicos de las personas con dependencia, el Gobierno foral ha dejado claro desde un primer momento su rechazo absoluto y su negativa a aplicar restricción alguna en Gipuzkoa, a pesar de que supondrá un enorme esfuerzo para las arcas forales», ha afirmado la portavoz, quien ha calificado de «estratégico» para la Diputación el mantenimiento de estas ayudas sociales.
El decreto foral supone que se mantiene en 520,69 euros la prestación económica para cuidados en el entorno, que perciben casi 10.300 personas en Gipuzkoa; 833,96 euros, tanto para la prestación vinculada al servicio como para la de asistencia personal, que perciben 150 y 1.190 guipuzcoanos, respectivamente.
Madrid celebra las jornadas «Las personas mayores y la ciudad» para promover un entorno más amigable con los mayores
«Madrid quiere unirse a la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. Madrid quiere ser una ciudad donde se facilite el envejecimiento activo de sus vecinos de más edad, que representan cerca del 20 % de su población». Así lo ha manifestado la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en la inauguración de las Jornadas «Las personas mayores y la ciudad», que se celebran estos días en el espacio CentroCentro Cibeles de Cultura y Ciudadanía (Plaza Cibeles, 1).
Botella ha recordado que la solicitud de adhesión a la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores fue un acuerdo del Pleno municipal del pasado mes de marzo, y ha expresado su certeza de que estas jornadas, que organiza la Dirección General de Mayores y Atención Social del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, suponen una buena oportunidad para establecer las bases del proceso de adhesión.
«Una ciudad amigable con los mayores, es la que dispone de las políticas, los servicios y los entornos que facilitan el envejecimiento activo de las personas. Para ello, se precisa tanto un reconocimiento de las capacidades y recursos de las personas mayores como el respeto por sus decisiones y su elección de su estilo de vida y, además, la capacidad para dar una respuesta flexible a las necesidades del envejecimiento», ha dicho la alcaldesa de Madrid,
Pero hay más. «Una ciudad amigable con los mayores es también amigable con todos los vecinos. Porque los edificios y las calles libres de barreras mejoran la movilidad de personas con discapacidad. Un entorno de barrios seguros permitirá a todos salir a la calle con confianza. Y las familias mejoran su calidad de vida cuando sus mayores cuenten con los servicios de salud que necesitan. Además, la economía se beneficia del consumo de nuestros mayores.»
Madrid en cifras
La población de Madrid supera los tres millones de habitantes (3.237.937). De estos, el grupo de mayores de 65 años supone el 19,4 %. Y los mayores de 80 años son más de 200.000 (204.458). El Ayuntamiento de Madrid cuenta con más de 300.000 socios de los 89 Centros Municipales de Mayores; más de 100.000 hogares disponen de teleasistencia; más de 45.000 usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio; y más de 7.000 son usuarios de los Centros de Día.
Durante las jornadas «Las personas mayores y la ciudad», se tratarán temas que serán el punto de partida para sumarse al proyecto, con un enfoque participativo, que involucra a mayores y profesionales que trabajan con ellos:
- «Una ciudad sin obstáculos», sobre el entorno físico de la ciudad, la accesibilidad en la calle, en los edificios y el transporte.
- «Servicios para mayores en una gran ciudad», tocando temas relacionados con servicios sociales, salud, seguridad y deporte.
- «Comunicación e información como herramienta de conocimiento», epígrafe que incluye nuevas tecnologías al servicio de los ciudadanos, acceso de los mayores a éstas, teleasistencia, redes sociales, etc.
- «Oportunidades e igualdad en la participación», este cuarto gran tema se refiere a los órganos de participación específicos, como el Consejo Sectorial de Mayores de la Ciudad de Madrid, pero también a la contribución de la opinión de los mayores a través de las encuestas para la mejora de los servicios y el valor en alza del voluntariado.
Expertos coinciden en la importancia de planificar «la etapa de la vejez para tener una calidad de vida digna»
Fundación SERES, Caser y Vodafone han organizado la jornada ‘Envejecimiento, crisis y RSE’, en la que se apuesta por «planificar la etapa de la vejez para tener una calidad de vida digna» y del papel importante que las empresas deben tener en este tema.
Así lo ha manifestado el director general de Trabajo Autónomo, Economía Social y RSE, Miguel Ángel García Martín, al cierre de estas jornadas, que han tenido lugar en el Club Financiero Génova. «Debemos entender que el envejecimiento es una oportunidad gracias al logro del incremento de la esperanza de vida», ha sentenciado.
En la jornada también ha participado la directora general de Fundación Seres, Ana Sainz, que ha instado a «anticiparse a los problemas que atraviesa la sociedad», y añade que «el envejecimiento es uno de ellos en el que están trabajando muchas de las empresas de la fundación».
La empresa de estudios de mercado Feebbo, realizó un estudio para Fundación Seres sobre «hábitos de consumo en mayores de 50 años», en la que se ponía de manifiesto que «los mayores son uno de los colectivo a los que más está afectando la crisis» y que «el 94 por ciento de ellos consideran que las empresas podrían realizar más actuaciones enfocadas al colectivo».
Por su parte, el coordinador General de Cruz Roja Española, Antoni Bruel, ha recordado que el 20 por ciento de los mayores de 80 años tienen alto riesgo de enfermedad y dependencia. «Este colectivo debe diferenciarse del grupo de edades comprendidas entre 65 y 79 años, es un grupo totalmente distinto», ha matizado.
«Nuestras preocupaciones deben centrarse en la permanencia de estas personas en el entorno, en poco tiempo nos encontraremos con un problema de trabajo sumergido en personas mayores de 65 años que hay que solucionar», ha apostillado.
En la segunda parte, con el nombre ‘Retos en materia de RSE. Tecnología, productos y servicios’, han intervenido el director de Sostenibilidad y Calidad de Vodafone, José Manuel Sedes, y el director de Comunicación y Relaciones Institucionales en Caser, Juan Sitges.
En este sentido, Sedes ha explicado que la estrategia de Sostenibilidad de Vodafone está centrada en hacer la vida más fácil a los colectivos desfavorecidos. Así, ha insistido en que «los mayores piden que se hagan productos adaptados para ellos» y, por ello, «se apuesta por dispositivos accesibles, tratando de disminuir la brecha digital que existe en este colectivo».
Por último, Sitges ha hablado de la labor de Caser en el envejecimiento. «La etapa de la vejez no se debe politizar. Las personas mayores son un colectivo que está sufriendo grandes dificultades, hay que planificar la etapa de la vejez para que tengamos una calidad de vida digna», ha sentenciado.
Unos 800.000 españoles padecen Alzheimer y otras demencias
La enfermedad del Alzheimer y otras demencias afectan en la actualidad a unos 800.000 españoles y, de seguir en la línea actual de incidencia, la cifra superará los 1,5 millones en el año 2050, unos datos que se han dado a conocer en el I Simposio internacional ‘Avances en la investigación sociosanitaria en la enfermedad de Alzheimer’, que se ha inaugurado este martes en la Hospedería Fonseca de Salamanca con la presencia de la Reina Sofía.
En el acto de apertura han estado presentes numerosas autoridades como la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato; el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; el rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez, y el alcalde de la ciudad de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco.
Precisamente, la ministra Mato ha explicado que la población española está envejeciendo y que si ahora la cifra de personas por encima de 65 años se encuentra en el 17 por ciento, aumentará hasta el 32 por ciento en el año 2050.
Este aumento de la media debe entenderse como «un éxito del sistema sanitario» pero es preciso afrontar «nuevos desafíos» desde las administraciones como «combinar calidad con la necesaria garantía de la sostenibilidad», dentro de un «modelo integrador de cuidados de salud y asistencia social al servicio de las personas».
Centrándose en la enfermedad del Alzheimer, ha señalado que tiene un «alto impacto social» no solo en las personas que la sufren sino también en sus familiares y que para mejorar las condiciones es preciso «ofrecer una respuesta integral», además de fomentar nuevas investigaciones para «mejores diagnósticos y nuevos tratamientos».
INVESTIGADORES
Posteriormente, tras el acto inaugural, han tomado la palabra investigadores y expertos del panorama nacional e internacional con el objetivo de «generar un espacio de reflexión y de debate que propicie la difusión de resultados de investigaciones psicosociales recientes, así como la profundización sobre los aspectos éticos y económicos relacionados con la atención e investigación psicosocial en el contexto de las demencias».
En la Hospedería Fonseca se ha contado con las intervenciones posteriores de los españoles Pablo Martínez Lage, de la Fundación CITA-Alzheimer, y Javier Olazarán, del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía – Fundación CIEN (España).
También han estado en la cita de Alzheimer Disease International (Reino Unido), Nori Graham; de Alzheimer Portugal (Portugal), Maria do Rosário Zincke dos Reis; representando a la Alzheimer’s Society UK (Reino Unido), Nikki Squelch; de la Federación de Neurología del Hôpital Pitié Salpêtrière de París (Francia), Bruno Dubois, y del Langome Medical Center de la Universidad de Nueva York (EE.UU.), Mary Mittelman.
Este primer encuentro arranca como parte de las actividades asociadas al proyecto ‘Espacio Transfronterizo sobre el Envejecimiento’ impulsado por la Fundación General de la Universidad de Salamanca junto al Centro de Referencia Estatal de Atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias de Salamanca (perteneciente al IMSERSO), la Associaçao de Apoio e Estudo ás Psicognosis na Raia Central (Portugal), la Associaçao Humanitária de Doentes de Parkinson e Alzheimer (Portugal) y cofinanciado por la Unión Europea y la Fundación Reina Sofía, tal y como ha detallado el rector de la USAL.
SIMPOSIO
La unión de estas entidades hará posible este año la celebración del Congreso Internacional sobre Investigación de Enfermedades Neurodegenerativas los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2013, que aglutinará en un evento el Simposium de Investigación que sobre esta enfermedad se realiza todos los años el 21 de septiembre, día mundial del alzhéimer, y el Foro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED), que anualmente realiza la Fundación CIEN.
La unión pretende convertirse en un punto de encuentro entre los mayores expertos internacionales en neurodegeneración, para conocer la situación real de la investigación en este tipo de enfermedades.
El 3,33% de los vascos mayores de 65 años vive en residencias
Un total de 14.422 ciudadanos vascos vive en residencias para personas mayores, lo que supone el 3,33 por ciento de la población mayor de 65 años de Euskadi, según los datos de Población Residente en Establecimientos Colectivos 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El porcentaje de personas mayores que se encuentra en residencias en la CAV se sitúa al mismo nivel que la media estatal, mientras que Murcia y Canarias son las que menor tasa presentan, ambas por debajo del 2 por ciento, y Castilla La Mancha y Castilla y León las de mayor porcentaje, en los dos casos por encima del 5 por ciento.
Teniendo en cuenta el conjunto de la población, los residentes en centros para mayores suponen el 0,66 por ciento de los 2,18 millones de ciudadanos empadronados en Euskadi. La media estatal es del 0,58 por ciento.
En función del censo del INE, la población residente en establecimientos colectivos –que incluyen además de las residencias, prisiones, instituciones con discapacidad o instituciones de asistencia social– se eleva a 21.798 personas, el 1 por ciento de la población.
4 de cada 5 mayores de 55 años no ha previsto una posible dependencia
Cuatro de cada cinco mayores de 55 años no ha tomado ninguna medida para afrontar una posible situación de dependencia en el futuro y sólo un tercio de quienes actualmente están cuidando de personas que no pueden valerse por sí mismas se está preparando por si las ayudas públicas desaparecen o menguan, aunque ambos colectivos tienen «asumido» que en el futuro habrán de pagar por la atención sociosanitaria.
Estas son dos de las principales conclusiones del ‘Análisis predictivo y escenarios en la atención sociosanitaria en España: Horizonte 2022’ editado por la Universidad Europea de Madrid que han elaborado Julio Sánchez Fierro y José María Sansegundo, y que ha sido presentado este viernes por el director General de la Fundación AstraZeneca, Federico Plaza.
El informe dibuja los perfiles del dependiente actual y el dependiente potencial a partir de 800 encuestas realizadas a cuidadores y personas mayores de 55 años, ante el «cambio cualitativo» en empeoramiento de salud –8 de cada 10 dependientes se encuentra hoy regular o mal– y «cuantitativo» en aumento de personas mayores y dependientes que se va a producir, según los expertos, en un horizonte superior a diez años.
«La dependencia es una cuestión de vital importancia para la sociedad española y se entiende que terminará siendo un problema mayor en el futuro porque se cree que los servicios públicos no podrán cubrirlo adecuadamente y que no habrá recursos suficientes para abordarlo, por lo que la gente asume que habrá que buscar vías de financiación adicional (…) y pese a que nadie parece dispuesto a pagar más impuestos, saben que habrá que pagar algo y creen que merece la pena hacer el esfuerzo», ha señalado Sansegundo, resumiendo las conclusiones del estudio.
En este sentido, el 98,3 por ciento de los cuidadores entrevistados están mucho o bastante preocupados por la posibilidad de que en el futuro pueda darse una carencia o insuficiencia de servicios públicos para la dependencia, preocupación que comparten el 96,8 por ciento de las personas que hoy tienen más de 55 años, según lso resultados de la encuesta.
Ante esta perspectiva, hay quien ya está tomando medidas, fundamentalmente de ahorro, y quien de momento, «no ha movido los pies». «No somos suficientemente conscientes del problema», opina Sansegundo, para quien la atención sanitaria no puede entenderse como una responsabilidad exclusiva del Estado, ya que «es clave, pero el Estado sólo no llega». «Venimos de una cultura de cobertura, aunque empezamos a ver que el Estado no podrá cubrirlo», ha añadido.
En concreto, el 75,8 por ciento de los mayores de 55 años no ha adoptado ni tiene previsto adoptar medidas para prevenir que ante una situación de dependencia en el futuro pueda encontrarse ante una falta o insuficiencia de servicios públicos. El 22 por ciento que sí lo está haciendo se ha centrado en ahorrar dinero, recurrir a la ayuda familiar, contratar un seguro médico o buscar plaza de residencia, entre otras medidas.
Respecto a los familiares de dependientes, el 62,1 por ciento no está adoptando medidas de cara a este posible futuro de escasez y el 34,4% que sí lo ha hecho, piensa recurrir a ayuda familiar (35,5%), ahorrar dinero (23,9%) y solicitar ayudas públicas (21%).
PREFIEREN HABLAR DE TASAS QUE DE COPAGO
En cuanto a la posible necesidad de pagar por los servicios, Fierro ha destacado que los ciudadanos prefieren hablar de tasas (56,1%) que hablar de copago, entendiendo esta como el pago por el uso particular de un servicio público y establecida en función de la renta, así como de impuestos finalistas (49,6%), asociados directamente a políticas concretas de cobertura sociosanitaria. Subir los impuestos en general (34,2%), fijar el copago de algunos servicios (20,7%) o excluir servicios de la cartera (8,5%) convencen a menos ciudadanos.
El perfil del dependiente en España que dibuja el estudio es el de una mujer (72,8%) mayor de 80 años de edad (70%), con ingresos inferiores a 900 euros al mes (46,9%), que reside en su domicilio (90,3%), en la mayoría de los casos presenta problemas de movilidad (33,7%) y/o enfermedades tales como el Alzheimer (18%), problemas vasculares (18%) o artrosis (13,7%) y que es cuidada por otra mujer (67,6%) que en la mayoría de los casos (81%) es su hija o nuera.
Un 52,1% de estos dependientes encuestados recibe algún tipo de ayuda pública y la atención domiciliaria es la que se destaca como imprescindible. El 38,2% se encuentra en un estado de salud malo o muy malo de salud y un 43,1% está «regular», por lo que el estudio vaticina que en 10 años, el 80,9% de dependientes estarán mal o muy mal y, en general, habrán ido perdiendo autonomía en su vida cotidiana.
Aunque el 61,8% de los cuidadores sostiene que en un futuro el domicilio seguirá siendo el mejor lugar para atender a su familiar dependiente y por lo tanto, demandarán servicios que así lo permitan, el 32 por ciento de los encuestados ha señalado que requerirá una residencia el día de mañana y más de la mitad, espera que sea un centro público.
UGT advierte de que la reforma del subsidio de mayores de 55 años tendrá consecuencias «demoledoras»
UGT ha advertido este miércoles de que el endurecimiento de las condiciones de acceso al subsidio para mayores de 55 años tendrá una repercusión «demoledora» sobre las pensiones de estos desempleados, pues este subsidio es el que cobran y por el que cotizan estos parados hasta que les llega la edad de jubilación.
El sindicato ha criticado la «absoluta falta de sensibilidad» de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, donde ha señalado que el 80% de los nuevos beneficiarios de este subsidio no tendrán problemas para cobrarlo al cumplir todos los requisitos exigidos.
UGT considera «inaceptables» estas declaraciones de la ministra y le recuerda que el 20% de los posibles beneficiarios se quedarán fuera del sistema «y en riesgo de exclusión social» al haberse incluido las rentas de toda la unidad familiar, y no sólo las del perceptor, en los criterios de acceso a este subsidio.
La organización dirigida por Cándido Méndez ha recordado además que el pasado mes de julio ya se «recortó» esta prestación, al elevar desde los 52 hasta los 55 años la edad mínima de acceso a este subsidio.
