Sostenibilidad
Uno de cada cinco españoles vive por debajo del umbral de la pobreza
El 21,1% de la población española se encuentra este año por debajo del umbral de pobreza, frente al 21,8 % de 2011, un descenso de siete décimas que se explica por el efecto de la estabilidad de los ingresos de los mayores de 65 años, pese a la reducción de los percibidos por el resto de la población.
Estos datos forman parte de la encuesta de Condiciones de Vida difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), según la cual el porcentaje de hogares españoles que llega a fin de mes con «mucha dificultad» alcanza el 12,7%, frente al 9,8 % de 2011.
La grave situación de crisis que atraviesa España desde 2008 también hace que el 40% de lo hogares no tenga capacidad para afrontar gastos imprevistos, frente al 35,9% de 2011.
Esta situación también hace que el 7,4% de los hogares se retrase en el pago de los gastos relacionados con la vivienda como la hipoteca, el alquiler o los recibos de gas y electricidad.
Hipotecas
El 12,7% de los hogares españoles tiene muchas dificultades para llegar a fin de mes, porcentaje superior en 2,9 puntos al registrado en 2011 (9,8%), según la encuesta de condiciones de vida que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Aunque ha empeorado la cifra de hogares con problemas para llegar a fin de mes en comparación con 2011, el porcentaje de este año es inferior al de 2009 y 2010, cuando más del 13% de las familias españolas aseguraba encontrarse en esa situación.
Asimismo, la estadística revela que cuatro de cada diez hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, proporción que también ha aumentado respecto a 2011, cuando los hogares en esta situación alcanzaban el 35,9%, y que es la más elevada en todos los años de la crisis económica actual.
Además, el INE apunta que el número de hogares que no se ha podido permitir ir de vacaciones al menos una semana al año se ha situado este año en el 44,5%, también cifra récord en la crisis, y bastante superior a la de 2011 (38,9%).
También llama la atención que el 7,4% de los hogares admite que se retrasa en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal en los 12 meses anteriores a la encuesta.
Este porcentaje ha ido en aumento en los últimos seis años, pasando del 4,9% en 2006 al 7,4% en 2012. Por comunidades, Murcia encabeza la lista donde más hogares han tenido que renunciar a cogerse vacaciones al menos una semana, con el 60,2% de respuestas, seguido de cerca por Andalucía (57,2%).
Los porcentajes más bajos se dan en País Vasco (22,6%) y Navarra (28,8%). En cuanto a la capacidad para afrontar gastos imprevistos, los hogares de Canarias y Murcia son los que presentan mayores dificultades, con porcentajes del 60,8% y del 57,3%, respectivamente.
Por el contrario, también País Vasco y Navarro son las comunidades con mejores resultados (18,2% y 20%, respectivamente). En el caso de los hogares que se retrasan en los pagos relacionados con la vivienda, Baleares (13,7%) y Andalucía (10,6%) presentan los valores más altos y Cantabria (2,6%) y País Vasco (2,7%), los más bajos.
Los datos de la encuesta de 2012 también ofrecen datos relativos a 2011 en algunas materias. Según el INE, los ingresos medios de los hogares se situaron el año pasado en 24.609 euros, un 1,9% menos respecto a 2010, la cifra más baja desde 2006.
El ingreso medio por persona se contrajo un 1,3%, hasta situarse en 9.321 euros. La encuesta revela además que el 82,2% los hogares españoles tenía una vivienda en propiedad en 2011.
De ellos, el 52,3% no pagaba hipoteca, mientras el 29,9% poseía vivienda en propiedad pero con una hipoteca pendiente. Otro 9,3% de los hogares estaba pagando un alquiler a precio de mercado.
Analizando los datos por regiones, el 87,9% de las familias asturianas y el 87,4% de las navarras disponía de una vivienda propia, siendo éstos los porcentajes más elevados, mientras que los más bajos correspondían a Canarias (72,8%) y Baleares (74,2%).
Empresas de asistencia a la dependencia proponen al Gobierno la ocupación de 50.000 plazas residenciales vacías
El presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, ha propuesto al equipo directivo de políticas sociales del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el que se ha reunido en el Palacio de Moncloa, la ocupación inmediata de 50.000 plazas residenciales, actualmente vacías, para atender a los más de 170.000 grandes dependientes que se encuentran «sin recibir los servicios a los que tienen derecho».
Según ha explicado en la reunión Echevarría, esta ocupación se realizaría mediante un plan especial del Gobierno. En opinión del presidente de la FED, esta medida produciría 38.500 nuevos empleos y 200 millones de euros de ahorro los próximos dos años.
En general, el presidente de la FED ha avisado al equipo de Rajoy de que «reducir en servicios de dependencia no reduce el déficit sino que incrementa el gasto, como son por ejemplo las derivaciones hospitalarias». Para Echevarría, «no hay que recortar en servicios sino en la eliminación de bolsas de ineficiencia».
«Resulta ineficiente que los enfermos crónicos estén atendidos en hospitales cuando perfectamente pueden estar atendidos en centros socio-sanitarios, con más calidad y a un coste sensiblemente menor», ha indicado. En este sentido, la FED ha insistido en que la disminución del déficit público debe hacerse por la vía del impulso económico en aquellos sectores capaces de consolidar fiscalmente en el año los retornos superiores al gasto.
Concretamente, el presidente de la FED ha propuesto la atención de 45.000 dependientes mediante el SAD y creación de 50.000 plazas residenciales mediante la construcción de nuevos centros, financiados por empresas privadas y, por tanto, sin gasto para la administración. Esta medida sería una inyección de 3.000 millones de Euros en el sector de la construcción, según la FED.
Según la propuesta de la patronal, esta medida se incorporaría en el Plan Especial del Gobierno Central garantizando que las plazas creadas serían ocupadas por grandes dependientes y atendidas por personas desempleadas. Esto implicaría 61.000 nuevos puestos de trabajo y reducción del déficit de 1.564 millones en los próximos dos años.
Por último, el presidente de la federación de empresas ha propuesto la transformación de camas sanitarias de crónicos-convalecientes en camas sociosanitarias, lo que, a su juicio, «produciría una mejora del servicio y ahorro de 690 millones de euros». Las tres medidas propuesta por la FED han sido «muy bien aceptadas» por el equipo de Rajoy, según la federación.
La FED, fundada en el año 2006, está integrada por 17 patronales autonómicas, que representan 150.000 plazas residenciales, 28.000 plazas en centros de día, 230.000 beneficiarios de ayuda a domicilio y 315.000 usuarios de teleasistencia.
La Ley de Dependencia apenas ha impulsado las plazas en geriátricos
Llegó la ley y llegó la crisis. Eso es lo que le ha pasado al sistema de dependencia, que apenas entró en vigor la norma ya asomaba la recesión económica. Esa es una explicación, aunque hay más, que responde al escaso florecimiento de los servicios profesionales de atención a los dependientes, que debieron haber experimentado un auge al amparo del nuevo derecho de los ciudadanos. Pues no, las plazas de residencia crecen a un ritmo similar al de años atrás, y lo mismo con los centros de día. En el caso de la ayuda a domicilio es peor aún: el número de usuarios atendidos crece cada año menos que el anterior.
Entre 2007 y 2008, los dos primeros años de la ley, el número de plazas experimentó un incremento de un 5,3%, apenas un punto más que entre 2006 y 2007. Los años siguientes, hasta 2010, la variación apenas se ha movido unas décimas. No es de extrañar, por tanto, que la cobertura que presta este servicio (número de plazas por cada 100 ciudadanos mayores de 65 años, que así se mide) siga rondando la misma cifra que en 2006: entonces era un 4 y ahora un 4,56. La recomendación de la OMS es de 6 plazas por cada 100 ciudadanos que pasan de 65 años.
Prácticamente lo mismo ha ocurrido con los centros de día: 63.446 plazas tenían en 2008 y 81.390 en 2010. Ese crecimiento no ha impedido que la cobertura a la población apenas haya pasado de un 0,83 a un 1,01.
Los datos de la ayuda a domicilio (unas horas al mes de asistencia en el hogar propio) son aún peores: crecen los usuarios atendidos, pero cada año a un ritmo más mortecino. Entre 2002 y 2003 crecieron en un 39%. Entre 2009 y 2010 apenas un 0,2%. La tendencia, año a año, no deja lugar a dudas. Y no cabe buscar una explicación en que se ha llegado a un momento de estabilidad, porque hay cerca de 240.000 personas en lista de espera.
Todos estos datos, que se paran en 2010, pertenecen al informe sobre servicios sociales para personas mayores que hacía público el Gobierno cada dos años. En 2010 no se publicó, ni en 2011. Y este año, en pleno verano, ha aparecido en la página web del Imserso, sin mayor publicidad. El de 2008 tenía cerca de 500 páginas, este 67. La estadística en servicios sociales, comunidades autónomas mediante, nunca ha sido un capítulo notable. Sin ser exhaustiva, sin embargo, permite atisbar la poca repercusión que ha tenido la ley en los servicios profesionales. En las residencias se ha notado, eso sí, un esfuerzo de las Administraciones, aunque desigual por territorios. Se ha trasvasado dinero público a las residencias privadas para que cualquier anciano pueda entrar en ellas. Son los llamados conciertos, subvenciones para convertir en públicas las plazas privadas. Mientras las plazas públicas perdían peso entre 2008 y 2010 (de un 2,3% de incremento a un 1%), las públicas lo ganaban (de un 8,8% a un 9,4%) vía conciertos, sobre todo. A pesar de ello, los empresarios no han dejado en ningún momento de expresar su malestar por el diseño y la deriva de la ley, una “norma de subsidios, no de servicios profesionales”, suelen decir.
En parte tienen razón, porque la prestación económica para que un familiar cuide al anciano en casa ha sido la reina de las ayudas concedidas, y eso que se concibió como algo excepcional. De 776.000 personas atendidas, 440.000 tienen una de estas ayudas, ahora muy mermada, como mínimo un 15% menos.
“No nos engañemos”, dice un empresario que no quiere dar su nombre, “un uso masivo de las residencias es para países con pleno empleo y una fuerte incorporación de la mujer al mundo laboral. Tampoco es cierto que hayan estado sacando en masa a los ancianos de las residencias para llevárselos a casa ahora con la crisis, es que han dejado de entrar y, además, este colectivo presenta un 25% de bajas anuales, que en la mayoría de las comunidades no se cubren con nuevas entradas. En Castilla-La Mancha muchas plazas se están amortizando. Las deudas con los empresarios son fuertes, o no se les pagan los conciertos o se les paga mal”, dice. “Pero también es cierto que todos nos tenemos que apretar el cinturón. En Castilla y León y Andalucía se ha llegado a un acuerdo para rebajar el precio de los conciertos alrededor de un 10% y un 15%”, dice.
“La ley no ha supuesto una mejora sustancial en las atenciones a las personas en situación de dependencia”, lamenta el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. “La mejora de cobertura en residencias no procede de los esfuerzos e inversión de la iniciativa privada. Solo desde la inversión pública se ha logrado esta mejora”, afirma. “Los recortes actuales hacen prever que estas prestaciones solo se mantendrán para quien pueda complementar las ayudas públicas con sus propios medios económicos. Y no hay que descartar una regresión destructiva de este sector en el ámbito privado-concertado ante la falta de pago por parte de las Administraciones. Es posible que se asista a la paradoja del cierre de empresas mientras existe una demanda potencial enorme”, añade.
El Ministerio de Sanidad destinará el 75% de su presupuesto para 2013 a «consolidar» la Ley de Dependencia
El presupuesto previsto para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para 2013 será de 2.970 millones de euros, un 28,5 con respecto a las cuentas de este año, y el 75 por ciento de esta partida irá destinada a «consolidar» la Ley de Dependencia.
Así lo han asegurado desde el departamento que dirige Ana Mato, destacando que el presupuesto representa «uno de los mayores esfuerzos realizados por el Gobierno dentro del contexto de austeridad», con el objetivo de «proteger a las personas en situación de dependencia y el interés por proteger la sanidad pública».
Una gran parte de este presupuesto irá destinado a hacer frente al pago de la deuda de 1.034 millones de euros contraída en la pasada legislatura por el impago de las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, acusando al anterior Gobierno de haber hecho una «mala previsión presupuestaria» entonces.
De hecho, las cuentas presentadas este sábado en el Congreso por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, muestran que, si se excluyen las obligaciones de ejercicios anteriores y el cambio de modelo en las aportaciones a la Seguridad Social, el presupuesto de Mato bajaría un 22,6 por ciento, pasando de los 536 millones de euros de 2012 a los 415 millones de euros que tendrá para el próximo año.
Sin embargo, fuentes ministeriales han precisado a Europa Press que este descenso del 22,6 por ciento obedece a la exclusión de otras dotaciones que sí pertenecen a su departamento, como el presupuesto del Ingesa y parte del Imserso, por lo que el «descenso real» del presupuesto para 2013 sería de en torno a un 15 por ciento.
SANIDAD
De este presupuesto, Mato destinará 338 millones de euros al área de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, lo que considera «un «esfuerzo para que la sanidad pública quede completamente protegida».
Además, asegura que se priorizan las partidas destinadas a la aplicación de la ‘e-salud’ y la tarjeta sanitaria interoperable en todas las comunidades para garantizar la cohesión del sistema y la igualdad de los ciudadanos.
Este presupuesto permitirá el desarrollo de proyectos como la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones Sanitarias, un instrumento para mejorar la eficiencia del Sistema nacional de Salud.
Asimismo, se abordarán trabajos esenciales para hacer frente a las enfermedades más frecuentes, como la Estrategia de abordaje de la cronicidad, cuyo desarrollo se completará en 2013. El Ministerio también mantiene su compromiso con las iniciativas destinadas a investigar y mejorar el tratamiento de las enfermedades raras.
Sanidad destaca además su apuesta por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que mantiene su dotación, al igual que la Estrategia del Plan Nacional sobre el Sida.
En cuanto a las políticas de protección de los consumidores, crece el peso porcentual presupuestario del Instituto Nacional de Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN).
SERVICIOS SOCIALES
En el capítulo de Servicios Sociales, el departamento de Mato destaca la «especial atención» prestada a los mayores, ya que 8 de cada 10 euros del presupuesto total está comprometido con las personas mayores y la dependencia.
Los créditos dirigidos a fomentar el envejecimiento activo alcanzan los 114,7 millones de euros. Esta apuesta se traduce en programas como los de Turismo Social, con 68,2 millones de euros, y termalismo Social, con 34,2 millones. Estas actuaciones, además, contribuyen a mantener 90.000 puestos de trabajo.
La partida del Imserso, que es una agencia con presupuesto propio, por su parte, se incrementa en 1.274 millones de euros. De este modo, aumenta en un 22,92 por ciento la dotación asignada para financiar el pago de las pensiones no contributivas.
El compromiso del Ministerio con el tercer sector se pone de manifiesto en Presupuestos de 2013, pues salvaguardan la aportación del 0,7 por ciento del IRPF para fines sociales. Inicialmente son 105 millones, ampliables en función de la decisión de los contribuyentes Asimismo, priorizan con más de 20 millones de euros las ayudas dirigidas a las entidades que apoyan a los colectivos más vulnerables.
Los servicios de Familia e Infancia mantienen sus programas más importantes, de demostrado beneficio social, que garantizarán la puesta en marcha del Plan Nacional de Infancia y Adolescencia y del de Apoyo a la Familia durante el próximo ejercicio. Se trata de un reconocimiento al imprescindible papel de esta institución como red de protección frente a la exclusión.
El Ministerio continúa contribuyendo con 6,6 millones de euros al fomento de la autonomía de las personas con discapacidad, en colaboración con las entidades que trabajan por la protección social de estas personas.
En materia de juventud, han avanzado que mantiene el mismo presupuesto que en 2012, 27,5 millones de euros, para estas políticas, con especial incidencia en el fomento del empleo juvenil.
En cuanto al Plan Nacional sobre Drogas, dispone de un presupuesto de 14,8 millones de euros. Los programas derivados del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito se mantienen sin cambios.
IGUALDAD
Por otro lado, recuerdan que la lucha contra la violencia de género sigue siendo «una de las principales prioridades» del Ministerio, de ahí que se hayan presupuestado 22,1 millones para hacer frente a los objetivos estratégicos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
Todos los créditos destinados a mejorar la seguridad y la protección de las víctimas se mantienen o se incrementan. Así, el Sistema de Seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento, se incrementa un 8 por ciento y se queda en 5,2 millones.
También se mantiene el crédito de 7,6 millones para financiar los servicios que tienen incidencia directa en las víctimas (016, Atenpro, etc.). También se mantiene la partida para sensibilización para prevenir las distintas formas de violencia de género.
En lo referente a otras políticas de igualdad, se ha priorizado el empleo y el emprendimiento femenino. Para luchar contra la discriminación y fomentar el empleo y la formación de las mujeres se han presupuestado 18,9 millones de euros. En este sentido, cabe destacar que se han creado cuatro nuevos programas que serán cofinanciados con cargo a fondos del Espacio Económico Europeo, por un total de 2,3 millones de euros. Asimismo, se ha mantenido la dotación para la implantación de planes de igualdad en las pequeñas y medianas empresas.
La cifra de jubilados aumentará un 40% en las dos próximas décadas
La cifra de jubilados se incrementará en un 40 por ciento durante las dos próximas décadas según ha quedado reflejado en el III Congreso del proyecto europeo ‘Goldenworkers’, una iniciativa presentada en el Comité Económico y Social Europeo de Bruselas, dirigido a facilitar el acceso al empleo de las personas mayores en el contexto del envejecimiento activo.
Así, este proyecto señala que la población europea sigue envejeciendo y la esperanza de vida continúa incrementándose, desde los 55 años en 1920 hasta superar los 80 en la actualidad. Concretamente, existen en Europa 35.376.333 hombres y 49.853.361 mujeres mayores de 65 años, aproximadamente. Sin embargo, con la jubilación de los nacidos durante el ‘baby boom’ (que tendrá lugar entre 2020 y 2030), las personas con edades entre los 65 y los 80 años se incrementarán en un 40 por ciento, pasando a representar el 30 por ciento de la población en 2020, frente al 17 por ciento actual, según ha señalado la Fundación Adecco, que ha participado en el Congreso.
Igualmente, las previsiones indican que se reducirá la población activa que contribuye con el desarrollo económico y el sostenimiento de la competitividad, lo que tendrá también un efecto sobre el sistema del bienestar (pensiones estatales y de la salud), con el aumento en el número de jubilados.
En esta línea, los expertos advierten de que sin una correcta actuación para promover el envejecimiento activo, se pondrá «en peligro» el desempeño macroeconómico, la capacidad de innovación de los países europeos y la sostenibilidad de los sistemas de protección social, especialmente en el contexto de los resultados económicos desfavorables y la austeridad en los presupuestos públicos.
Por otra parte, el coordinador del proyecto Goldenworkers del IESE, Antonio Dávila ha señalado que es importante generar conciencia y consenso entre la comunidad de las TIC para impulsar nuevas líneas de investigación en el campo del envejecimiento activo en el trabajo. «Tenemos en nuestras manos la oportunidad de garantizar un modelo sostenible de nuestro sistema social y tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde», ha añadido.
Por su parte, el director de Innovación de Telefónica, Luis Galindo, ha incidido en que las políticas sociales deben contemplar, de «manera obligada», aquéllas dirigidas a una mejor integración de las personas mayores de 45 años. «En España, el grupo de parados de esta edad no deja de incrementarse y habitualmente resulta excluido de las oportunidades de empleo y de uso de las TIC, a menudo por estereotipos erróneos asociados con su edad», ha concluido.
Asimismo, en estudios recientes de la Fundación Adecco y el Grupo Adecco, se refleja que entre las diferentes fuentes de discriminación en el mercado laboral, se encuentra la edad, ocupando un 32%, frente a otros estereotipos como el origen (36%) o la discapacidad (54%). Sin embargo, las personas mayores cuentan con 3 veces menos de oportunidades y posibilidades de reengancharse en un puesto de trabajo, según indican.
En definitiva, la hoja de ruta que está realizando Goldenworkers para la investigación e innovación tecnológica en Europa, permitirá facilitar la formación y el acceso al empleo de las personas mayores en el contexto del envejecimiento activo. Con este fin, está promoviendo el estudio de nuevos modelos de ampliación de la vida profesional, en los que «la aplicación de las nuevas tecnologías emergentes jugará un papel esencial».
Aerte advierte que el aumento del IVA «amenaza la viabilidad» de los servicios sociales
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha mostrado su «preocupación» por el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de incrementar la tributación por IVA, concretamente en el tipo reducido aplicado a servicios sociales, que pasa de tributar al 8 a hacerlo al 10 por ciento.
Aerte, en un comunicado, ha advertido de que el hecho de que se incremente el tipo del IVA para servicios sociales «acarreará perjuicios económicos que afectarán al sector, a las empresas y a los profesionales implicados en la prestación de estos servicios sociales y Dependencia, amenazando seriamente su viabilidad futura, la de las empresas que la integran y en general, la adecuada atención de los usuarios».
La entidad ha denunciado el «agravio comparativo» que supone que países como Alemania, con un tipo de tributación en servicios sociales inferior al de España (7 por ciento), e incluso Irlanda o Reino Unido estén exentos de tributar por IVA en servicios sociales, mientras que España incremente el tipo de IVA del 8 al 10 por ciento, «a un sector ya castigado por impagos y otras realidades».
Para Aerte, «resulta injusto que ejemplos como el de Alemania, país con renta per cápita superior a la española en un promedio de 20 puntos, tenga un tipo de IVA en actividades de servicios sociales más reducido que el de España, país cuya renta per cápita ya está por debajo de la media europea, y que además tiene un gravamen superior con la previsión de incrementarlo durante las próximas semanas»·.
La asociación que lidera la representación del sector ha alertado sobre esta situación por el «agravio comparativo que supone», en el caso de España, uno de los países que han sido golpeados con mayor dureza por la crisis económica, en el seno de la Unión Europea.
En este sentido, el presidente de Aerte, Alberto Giménez, ha mostrado su disconformidad con el hecho de que países con rentas per cápita muy superiores a la española, como son el caso de Luxemburgo Austria –129 por ciento– e incluso Italia, disfruten de exenciones fiscales en la tributación por IVA aplicada a servicios sociales, y eso no ocurra en España.
SECTOR YA «CASTIGADO»
Para el presidente de Aerte, «no es de justicia que en España, con una renta per cápita inferior a la media europea, tenga que hacer más esfuerzos en un sector castigado por otras medidas de recorte asumidas por el sector con responsabilidad».
Asimismo, Alberto Giménez ha manifestado que el sector «lleva tiempo afrontando retrasos en los pagos de la Administración» y, además, ha lamentado que «ahora también tendrá que afrontar una posible subida de dos puntos en el IVA que dejará a las empresas y profesionales de Aerte en una situación de asfixia económica difícil de superar negativa y de incertidumbre para los usuarios».
Las familias quieren asumir el cuidado de sus dependientes pero reclaman el apoyo de la Administración
Las familias españolas quieren asumir el cuidado de sus mayores dependientes, pero reclaman el apoyo de las administraciones, según ha señalado la profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) María Ángeles Durán, quien ha realizado un estudio para la Fundación BBVA sobre ‘El trabajo no remunerado en la economía española’.
Así, Durán ha indicado que en el país la esperanza de vida está en torno a los 80 años y la mayoría de los ancianos están ligados en sus últimos años de vida a las enfermedades y la dependencia. Con este escenario, las encuestas señalan que la demanda de cuidados en España crecería en un 50 por ciento para 2050.
Además, el estudio destaca que el 55 por ciento de los entrevistados afirma que le gustaría acoger a sus padres dependientes en su casa, mientras que casi el 30 por ciento prefiere la opción de cuidarles sin que los padres dejen su hogar. «Esta última opción es habitual en las familias con un poder socioeconómico más alto», ha precisado la investigadora.
Pero, según ha apuntado Durán, asumir el cuidado de los familiares dependientes incluye distintos modelos posibles que la investigación ha planteado y que se pueden concentrar en dos opciones: que la familia asuma el cuidado en exclusiva o que se cuente en mayor o menor grado con cuidadores externos y remunerados.
En este caso, la edad de los encuestados marca «claramente» la diferencia en cuanto a la opción elegida, ha apuntado Durán. Así, frente al 43,7 por ciento de entrevistados mayores de 65 años que optan asumir el cuidado de los dependientes, sólo el 18 por ciento de los menores de 30 años selecciona esta opción. Las alternativas que implican la externacionalización parcial o total del cuidado ganan terreno y son mayoritarias salvo, precisamente, en el sector de los mayores de 65 años (34,1 por ciento).
La investigadora ha ligado estos resultados a la opinión recogida en el estudio y que destaca que el 80 por ciento de los españoles asume que el cuidado de un dependiente repercutirá en la economía familiar y muy pocos (un 1,7 por ciento) confían en que este impacto vaya a ser compensado por las administraciones, por otros miembros de la familia (2,8%) o por el propio dependiente (4%).
MÁS DE 1.000 EUROS AL MES
Los encuestados estiman que el coste mensual de la atención al dependiente está por encima de los 1.000 euros, una cantidad que supera los 1.500 con la opción del ingreso en una residencia no subvencionada. El rango de precios medios de las residencias que hacen públicas sus tarifas en Internet va de los 1.450 euros, las de titularidad pública, hasta los 2.250 de las privadas, sin considerar servicios que se consideran extras, como, por ejemplo, el cambio de postura de un enfermo.
En la situación en que un familiar decide abandonar su empleo para dedicarse al cuidado de un dependiente, los autores del estudio calculan que la pérdida media para el hogar es de unos 20.000 euros anuales.
Para Durán, una vía para hacer frente al impacto económico de esta situación es el seguro de la dependencia, «poco implantado en España», aunque, según ha indicado «el 11,2 por ciento de los entrevistados afirmaba tener un caso de adulto dependiente grave en su familia y el 14,4 por ciento un caso de dependencia moderada». «Entre los mayores de 65 años sólo el 0,9 por ciento disponía de esta cobertura», ha apuntado.
EMPLEADOS DEL HOGAR
Otra de las vías que ha tomado la sociedad para solucionar la situación es «el traspaso del trabajo no remunerado que antes asumía la familia en el hogar, al mercado laboral» con la contratación de cuidadores. Durán ha indicado que esta actividad se «solapa» con la de los empleados del hogar «ya que en muchos casos es el mismo empleado el que asume el cuidado de la casa y del dependiente».
Las cifras sobre el trabajo doméstico remunerado son desconcertantes porque, según Durán, «ni están todos los que son, ni son todos los que están». En este sentido, ha explicado que entra las estimaciones de la Encuesta de Población Activa (EPA) y los registros de altas en la Seguridad Social, el sector adelgaza casi la mitad, «algo que viene sucediendo desde hace años», ha indicado.
Durán ha señalado que en el plazo de cinco años está previsto que los trabajadores de este sector se equiparen plenamente en derechos y obligaciones al resto de los trabajadores. «Para el Gobierno la equiparación obliga a decidir cómo financiará la cobertura de los nuevos derechos conseguidos por los trabajadores: tiene que optar entre que lo financien los propios trabajadores (autónomos); que lo hagan los empleadores; o que lo haga el resto de ciudadanos a través de impuestos generales», ha señalado la investigadora.
Pero, según ha señalado, «sólo los hogares españoles que ingresan mensualmente más de 5.000 euros (un 3,8%) son los que podrían destinar una cuarta parte de sus ingresos, si así lo priorizan, a pagar el sueldo y los gastos derivados de un empleado de hogar.
Sanitas Residencial evita en tres años la emisión de más de 5.000 toneladas de CO2
Sanitas Residencial ha conseguido mitigar 5.325,75 toneladas de CO2 en los últimos tres años, el equivalente a más de un millón y medio de árboles o más de dos veces la cifra de árboles que alberga la Casa de Campo de Madrid, según informa la compañía.
En concreto, el año pasado Sanitas Residencial consiguió reducir un 4,8 por ciento las toneladas de CO2, con respecto al año anterior, logrando evitar la emisión de casi 600 toneladas de dióxido de carbono. Gracias a esta reducción de emisiones, la compañía ha ahorrado costes es más independiente de las empresas energéticas y ha cumplido con el objetivo de Bupa, empresa matriz de Sanitas Residencial, de crear una empresa enfocada cada vez más en la sostenibilidad.
Por centros, las residencias que más han reducido las emisiones de dióxido de carbono han sido la de Residencial Vigo, Sanitas Residencial A Coruña, Sanitas Residencial Santander, Sanitas Residencial El Mirador (Navarra) y Sanitas Residencial Zaragoza.
Junto al descenso de emisiones, la compañía ha puesto en marcha una serie de prácticas como la optimización de horarios de iluminación mediante temporizadores, un mejor control de la temperatura en la climatización de los centros, la instalación de calderas de alto rendimiento e instalaciones solares en los edificios. Además, a lo largo de este año tiene previsto renovar todas las luminarias e incorporar la tecnología LED, que reduce en más del 30 por ciento el consumo de luz.
Por otro lado, Sanitas Residencial ha optado por modificar los hábitos de trabajo en las zonas de lavandería y cocina, especialmente en el uso de electrodomésticos, estableciendo temperaturas más bajas, ciclos de lavados más cortos y con cargas completas para ahorrar agua. Estas medidas, a su vez se han completado con la instalación de un filtro en la boca de salida de todos los grifos para evitar la acumulación de cal y que el agua salpique.
La Ley de Dependencia tras cinco años de aplicación «necesita de ciertos ajustes» para que deje de ser un «modelo opaco»
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha abogado este viernes por «dar transparencia» y «simplificar» los trámites burocráticos ligados a la Ley de Dependencia con el objetivo de llegar al «máximo» número de usuarios y «preservar la calidad de la atención de los grandes dependientes».
En declaraciones a los periodistas momentos antes de visitar el centro de ocio para personas con discapacidad intelectual ‘A toda vela’ en Almería, Moreno ha destacado que el Gobierno central está «comprometido» con la Ley de Dependencia, de manera que ha recogido las «quejas» de usuarios y las comunidades autónomas en cuanto a la gestión derivada de la misma, ya que tras cinco años de aplicación «necesita de ciertos ajustes» para que deje de ser un «modelo opaco».
En este sentido, ha anunciado que en las próximas semanas se mantendrá una reunión con responsables de las comunidades autónomas para plantear una mejora del modelo que sitúe a los «grandes dependientes» en «el centro de la atención» para dejar de lado la «excesiva» burocracia que genera el planteamiento actual, según ha considerado.
Desciende el número de ingresos en las residencias geriátricas
Hace menos de cinco años, la demanda de plazas en residencias geriátricas era un problema de primer orden en Galicia. Pese a que la curva demográfica no ha variado, la presión sobre el servicio se ha aliviado sustancialmente. Es otra consecuencia de la crisis y del paro, admiten varios expertos, que ha provocado en miles de familias que uno o varios de sus miembros hayan perdido el empleo, de modo que la economía familiar se ha deteriorado pero sus miembros han ganado tiempo. Esta combinación ha llevado en muchos casos a decidir que el mayor a cargo sea asistido dentro del seno familiar y pueda así contribuir al fondo común con su pensión.
Pocas residencias privadas reconocen un descenso significativo en su volumen de negocio, aunque admiten que la crisis va por barrios y que, en función de la localización de la residencia, el impacto es mayor: «Es una realidad que empeora. Hay muchas familias que no podrán sostener por mucho más tiempo ese coste y optarán por hacer ellos de cuidadores y ahorrarse un dinero», señala el catedrático de Gerontología José Carlos Millán Calenti. «No hay datos concretos, pero es algo de lo que se habla: se están dando casos de bajas voluntarias en los centros por dificultades de pago o porque las familias necesitan esa pensión -apunta Andrés Vázquez, presidente de la Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía-. Y la pensión es muy importante, porque es un ingreso fijo. Cada vez hay más familias que no podrían sobrevivir sin esa pensión».
Aunque el fenómeno permanezca todavía camuflado en el nivel de ingreso en las residencias privadas (las plazas públicas siempre están cubiertas al 100 %), el sector coincide en que la edad de acceso ha aumentado de forma notable; es decir, el jubilado permanece más tiempo siendo cuidado por su entorno y solo llega a la residencia cuando la atención profesional es prácticamente imprescindible: «Llegan con más necesidad de cuidados, más dependientes -confirma Antonio Taboada, coordinador de las residencias de Geriatros en la provincia de A Coruña-, porque si se tiene que costear una plaza, se mantiene en casa el tiempo que puede. Pero el que ingresa no se va».
El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha José Ignacio Echániz confía en un gran pacto que garantice la atención a los dependientes
El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha José Ignacio Echániz ha clausurado en Toledo unas jornadas técnicas que han reunido por espacio de dos días en Toledo a directores generales de Mayores, Discapacidad y Dependencia de todas las comunidades autónomas, encuentro que ha valorado como «un gran paso que deberá culminar en un gran pacto que cimente las prestaciones a los ciudadanos que quedaron tan comprometidas por la pésima gestión de los anteriores responsables».
En el encuentro ha participado el director general del IMSERSO, Cesar Antón, que ha encabezado las sesiones de estas dos jornadas de trabajo en Toledo. En su intervención, José Ignacio Echániz también ha agradecido a los representantes de las comunidades autónomas el enorme esfuerzo que están acometiendo para, mediante un ajuste entre ingresos y gastos «alcanzar entre todos la solvencia necesaria», ha informado la Junta en nota de prensa.
En el encuentro se han abordado cuestiones como el sistema de valoración, compatibilidades entre prestaciones y servicios, procedimientos, financiación y aspectos económicos de la Ley de Dependencia. Se ha avanzado, asimismo, en el desarrollo de propuestas de mejora para la aplicación de la ley en toda España, con la voluntad de adecuar la normativa a la realidad y avanzar en el establecimiento de criterios comunes en los aspectos básicos de la ley.
Valencia dice que ha habido «precipitación» en la aplicación de Ley de Dependencia y ahora buscarán su «sostenibilidad»
El objetivo de la Comunitat Valenciana, al igual que del resto de regiones convocadas este jueves en el Consejo Territorial de Dependencia, será lograr la «sostenibilidad» de la Ley de Dependencia, para la cual ha habido «cierta precipitación» en su aplicación.
Así lo han manifestado fuentes de la Conselleria de Bienestar Social y Justicia de la Comunitat Valenciana en declaraciones a Europa Press.
Las mismas fuentes han destacado que en la reunión del consejo, a la que ha asistido el conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, y el resto de consejeros autonómicos y que ha presidido la ministra del ramo, Ana Mato, todas las regiones coincidieron en la intención de lograr la «sostenibilidad» en el sistema de dependencia.
En concreto, todo parte de que para la aplicación de la ley, según aseguraron, «no se hicieron las previsiones adecuadas» por parte del equipo de gobierno anterior, y esto ha generado «problemas en todas las comunidades».
En este sentido, han apuntado a una mala previsión, sobre todo económica, como uno de los causantes de la deficiente aplicación de esta ley.
