Archivo mensual: abril 2013
Los expedientes de miles de dependientes están en el olvido en Bienestar Social valenciano
Carolina Martínez es madre de un pequeño que sufre una enfermedad rara. Pablo, que así se llama, requiere de una atención las 24 horas del día. En abril del año 2011 se solicitó la ayuda por la ley de dependencia y todavía hoy la familia está batallando. «No tienen vergüenza, pero yo voy a seguir luchando», afirma Carolina.
Su caso es uno de los miles de expedientes que están bloqueados en la Conselleria de Bienestar Social, tal y como denuncian desde el Cermi (Comité de Entidades Representantes de personas con discapacidad de la Comunitat) y la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia. Ambos colectivos cifran en cerca de 11.000 los expedientes que están pendientes en la Comunitat, que se encuentran en el olvido, -algunos desde el año 2010- y lamentan las rebajas que están sufriendo los afectados por una discapacidad en sus valoraciones una vez que la Administración las revisa de oficio o porque eran provisionales.
«La ley está paralizada», asegura el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley en Alicante, Miquel Martorell, quien reconoce que, además del copago, estas rebajas en las valoraciones están provocando quejas por parte de dependientes que comprueban que se han quedado con una ayuda de solo 20 euros. «Las revisiones del PIA normalmente son a peor, en el sistema no se están reponiendo casos pese a los fallecimientos y con los nuevos plazos que han dado estos once mil casos no entrarán hasta el año 2015», asegura Martorell, que lamenta la falta de respuesta por parte de la Administración e insiste en el tijeretazo que ha sufrido la ley.
Una opinión que comparten desde el Cermi. Entidad que representa al 95% de las más de 400.000 personas con discapacidad en la Comunitat y que aglutina a 14 federaciones. Para Esperanza Adriá, técnico de proyectos, la falta de presupuesto es lo que está provocando tantos problemas en la aplicación de la normativa. Una ley que ya comenzó mal desde el principio.
Recuerda que entre esos 11.000 casos no solo hay adultos sino también menores de edad que llevan años a la espera de recibir una prestación y con una discapacidad severa. El problema es que no todas las familias pueden acudir a la Justicia para reclamar sus derechos por una cuestión económica, que ahora se ha agravado con el copago que la Conselleria de Sanidad seguirá aplicando al justificar que se trata de una normativa estatal.
Adriá remite al caso que están viviendo Cristina y su hijo Pablo. Un pequeño, que tal y como explica su madre, es «totalmente dependiente». En abril de 2011 solicitó la ayuda. Su hijo tenía entonces 18 meses y en agosto le realizaron la valoración. Sin embargo, hasta finales de enero de este año no recibió la resolución, pero dándole una grado de discapacidad menor al que su madre considera. Su sorpresa fue cuando un mes después, -todavía no ha recibido la ayuda- recibió otra carta de la Administración donde le informaban que su caso ya tenía que ser revisado.
«Es muy triste y te da mucha impotencia. Ahora se supone que tenemos que empezar de cero, ¿cuándo va a recibir mi hijo la ayuda? Estoy siempre con quejas porque no puedo meterme en un abogado y esta semana presentaré otra. Hay que darles la paliza».
El pasado miércoles, el presidente del Consell, Alberto Fabra, anunció que crearía instrumentos para atender las situaciones «injustas» que sufre el colectivo. Este periódico se puso en contacto con Bienestar Social para preguntar en qué consistiría y que ocurría con los 11.000 expedientes bloqueados, pero no ha recibido respuesta.
Ayuntamiento de Valladolid asegura que quien renuncie a la teleasistencia de Clece podría perder derechos de dependencia
La concejal de Bienestar Social y Familia del Ayuntamiento de Valladolid, Rosa Hernández, ha advertido este jueves de que las personas que decidan renunciar al servicio de teleasistencia para mayores de Clece, para seguir con Cruz Roja, podrían perder el acceso a otros servicios de atención a la dependencia.
En declaraciones recogidas por Europa Press tras la presentación de uno de los postes que identifican a Valladolid como Ciudad Amiga de la Infancia, la edil ‘popular’ ha asegurado que el proceso de cambio entre Cruz Roja y Clece, que ha resultado adjudicataria del servicio de teleasistencia a partir de mayo, se lleva a cabo «con normalidad».
Sin embargo, ha explicado que se ha dado el caso de personas que «han manifestado libremente» que quieren seguir recibiendo un servicio de Cruz Roja, lo que el Ayuntamiento considera una «renuncia» a un derecho de atención a la dependencia, por lo que Hernández ha advertido que «puede acarrear no acceder a otros servicios».
La concejal ha insistido en que estas personas «están renunciando al derecho» ya que cuando se evaluó su situación de dependencia y tuvieron opción de optar a un servicio, eligieron la teleasistencia, por lo que «no podrían optar a una ayuda vinculada para encontrar el servicio en el mercado».
De este modo, los técnicos municipales han tenido que seguir un procedimiento en estos casos para tramitar la baja en los Centros de Atención Social (CEAS) y han informado a las personas de las «consecuencias de sus decisiones».
El proceso de cambio de entidades «va con total normalidad», ya que existe un contrato con plazo hasta mañana viernes para la desinstalación de los dispositivos de Cruz Roja en los domicilios y la instalación de los aparatos de Clece. «A nadie se le ha interrumpido el servicio en ningún momento», ha apostillado Hernández.
Por último, ha querido subrayar que el servicio «no es de Clece ni de Cruz Roja», sino que es pública, lo que ocurre es que lo prestó la entidad sin ánimo de lucro durante 20 años, pero que este año se sacó a licitación y resultó adjudicataria la empresa privada.
La Fundación Pilares para la autonomía personal lidera la coalición española de la Asociación Europea WeDO
La Asociación WeDO es uno de los principales resultados del proyecto europeo WeDO y está constituida por un amplio rango de organizaciones y personas, todas ellas comprometidas con:
- Promover el Marco Europeo de Calidad para los servicios de cuidado de larga duración;
- Trabajar en la mejora de la calidad de los servicios de cuidado de larga duración;
- Compartir experiencias y buenas prácticas en dicho ámbito.
En su origen estaba constituida por 12 coaliciones de diferentes países europeos que desarrollaron estrategias nacionales para dar continuidad al proyecto. También se diseñó una estrategia a nivel europeo en pro del bienestar y la dignidad de las personas mayores. Una vez finalizado el proyecto, la Asociación WeDo sigue creciendo, y cada coalición continúa trabajando en equipo, de manera formal o informal, para lograr los objetivos del WeDO.
La Fundación Pilares para la autonomía personal lidera la coalición española. Desde la visión común que nos proporciona el Marco de Calidad Europeo para los servicios de atención de larga duración, trabajamos para promocionar su implantación, una mayor participación de las personas mayores y el aprendizaje continuo compartiendo información y buenas prácticas.
La Junta de Andalucía avisa de que las CC.AA. no pueden asumir las tareas de los ayuntamientos en dependencia
La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha advertido de que para las comunidades autónomas será «inasumible» la asunción de las actuales tareas que actualmente vienen desarrollando los ayuntamientos en materia de prestación de servicios sociales y atención a la dependencia, «si el borrador de Ley de Reforma de la Administración Local que prepara el Gobierno central –y que contemplaría este cambio de atribuciones–, no lleva consigo una aportación financiera adicional a las CC.AA.».
Durante su comparecencia en la Comisión de Salud del Parlamento andaluz a fin de informar sobre la situación del sector de la atención a las dependencias, a petición de IU, Montero ha señalado al respecto que el Gobierno andaluz, «siempre ha apostado por el modelo de la descentralización, situando a los servicios sociales municipales en el primer lugar en el desarrollo de la dependencia».
Frente a ello, ha reprochado que el borrador de Ley de Reforma Local «está cuestionado ahora el modelo de ayuda a domicilio y de residencia de mayores y centros de internamiento de titularidad municipal», a la par que «vulnera el Estatuto de Autonomía, con especial interés en la manera y forma en que se desarrolla estas prestaciones».
«Lo que más nos preocupa es que se privatice el ámbito del bienestar social, se arrebate a los municipios su capacidad de acción en este parcela y las CC.AA. no se les dote económicamente para poder desarrollar esta tarea que ahora hacen las corporaciones locales», ha enumerado Montero, quien ha insistido en que la asimilación de estas nuevas atribuciones por parte de las administración autonómicas sin dotación financiera adicional «sería inasumible».
Al hilo de ello, Montero ha detallado el peso que representa Andalucía en el conjunto del país en este tipo de prestaciones, «como lo muestra el que representamos casi el 25 por ciento de todas los personas beneficiarias en España o, lo que es lo mismo, que una de cada cuatro españoles con prestación reconocida son andaluces».
La titular del ramo ha agregado, asimismo, que Andalucía también es «la primera comunidad en número de prestaciones por persona, por encima incluso de las que suman conjuntamente las comunidades de Madrid, Galicia, Castilla la Mancha y Valencia». De hecho, ha detallado que, a 28 de febrero de 2013, «en Andalucía había 254.300 prestaciones y más de 185.400 personas beneficiarias», unas cifras «muy importantes», ya que, según ha defendido, «Andalucía sigue siendo la CC.AA. con mayor número de beneficiarios».
INVERSIÓN ANDALUZA Y DESINVERSIÓN NACIONAL
Ha proseguido que desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, en Andalucía se ha invertido 5.400 millones de euros en el desarrollo de esta ley. Respecto al cierre del ejercicio 2012, ha dicho que la inversión en dependencia fue de 1.335 millones de euros, de los que la Junta aportó el 75 por ciento y el Gobierno central sólo el 25 por ciento, «lo que dificulta de forma extraordinaria el que las CC.AA. pueda afrontar el desarrollo de la ley de una forma óptima».
De hecho, ha acusado al Ejecutivo de Mariano Rajoy de una retirada progresiva de la financiación en materia de Dependencia, lo que ha supuesto, sólo en el caso andaluz y en los últimos dos año, «214 millones de euros que ha dejado de ingresar nuestra comunidad».
«El esfuerzo de Andalucía es titánico para que no se note, que además ha sufrido un recorte de un 68 por ciento al plan concertado, lo que ha supuesto pasar de 17 a 5,3 millones de euros».
A ello, ha añadido las nuevas medidas del Gobierno de la Nación del copago de servicios, la reducción del 15 por ciento en las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar, la eliminación del pago de las cuota de las cuidadoras a la Seguridad Social o el retraso hasta 2015 de la entrada de personas con dependencia moderada en el sistema.
ANDALUCÍA PRIMA LOS CUIDADOS DOMICILIARIOS
Montero ha defendido también que en Andalucía se prima la permanencia de la persona en su domicilio, con prestaciones dentro de su casa con la ayuda a domicilio, disponiendo de 48.500 beneficiarios andaluces en este escalón, un 40 por ciento del total nacional. «En Andalucía se financian al cien por cien estos servicios, destinando 1.164 millones a ayuda a domicilio».
Ha agregado que la comunidad andaluza es la primera región en número de empresas de economía social, «con 7.350 y muchas de ellas con los sectores creados al amparo de la propia Ley», y ha agregado que «crean empleo de calidad y un nuevo modelo productivo en el que también tenemos que basar nuestra economía».
En Andalucía, ha proseguido, hay 40.700 plazas concertadas en 1.294 centros, correspondiendo 14.500 plazas al sector de la discapacidad. Respecto al modelo de cheque servicio o cheque residencia para poder ser atendido, ha criticado que con ello el Gobierno central «pretende que el ciudadano se busque la vida».
Respecto al debate de modelo de atención a la dependencia que se está implantado en las distintas CC.AA., ha puntualizado que en Madrid «hay mas tradición de que las personas se queden en residencias, una ‘foto’ que no es igual a la de Andalucía, en la que la red familiar tiene mucho más peso».
Directores de Servicios Sociales piden al Gobierno que se preocupe de los dependientes que «morirán sin recibir ayudas»
El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez Navarro, ha acusado al Gobierno de utilizar el Informe del Tribunal de Cuentas sobre los cobros indebidos para dependencia por parte de las comunidades autónomas y pide que se preocupe por las 227.000 personas que están «en el limbo de la dependencia» y que «morirán sin recibir las ayudas a las que tienen derecho».
En declaraciones a Europa Press, Ramírez ha recordado que esta son cifras previas al año 2011 e insiste en que se trata de una «maniobra de distracción» por parte del Gobierno «para después poder excusar sus recortes en materia de dependencia». «Se está demonizando a los muertos y a sus familias» cuando «no ha supuesto ningún enriquecimiento injusto ni lucro», según ha apostillado.
En este sentido, el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha explicado que «lo que hay que hacer es agilizar el sistema y no entorpecer más». Así, ha añadido que «en el caso de que haya familias que cobren de manera indebida, la comunidad la administración se encarga de incoar un expediente de reintegro, igual que ocurre con las pensiones no contributivas».
«En virtud de esta maniobra preparan un nuevo Decreto donde de manera perversa utilizando la excusa de la transparencia quieren estrangular el sistema», ha sentenciado Ramírez, a la vez que compara esta situación con «la campaña de desprestigio de las cuidadoras no profesionales –en 2012– que sirvió después para recortar la prestación económica y expulsarlas de la seguridad social».
Prioridad a los pagos a mayores con dependencia severa
Un informe del Govern desaconsejaba su tramitación por su impacto presupuestario, ver noticia.
La Mesa del Parlamento catalán ha admitido este martes a trámite una iniciativa legislativa popular (ILP) para que la Generalitat priorice por ley los pagos a mayores con gran dependencia institucionalizados en sus presupuestos y no pueda repetir impagos de conciertos como los de julio, de 70 millones de euros, que aún no han sido sufragados.
La decisión de la Mesa –formada por CiU, ERC, PSC, PP e ICV-EUiA– se ha tomado pese a que el Govern emitió un informe desfavorable a la tramitación de la ILP escudándose en el impacto presupuestario que supondría su aplicación.
Esta iniciativa social fue presentada en el Parlamento por la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) el pasado 5 de marzo, y ahora la Mesa de la cámara debe admitirla o no a trámite en base a criterios jurídicos.
Los directores de residencias pretenden blindar por ley los pagos a los ancianos que cuentan con el mayor grado de dependencia –grado 3, niveles 1 y 2–, entendiendo que representan «uno de los eslabones más débiles de la sociedad, por lo que debería ser una prioridad proteger sus derechos básicos», según ha explicado a Europa Press el vicepresidente de Ascad, Iñaki Anton.
Una vez admitida a trámite la ILP y se publique en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (BOPC), arrancará un proceso en el que los promotores de la inciaitiva trataran de reunir por lo menos 50.000 firmas para que el pleno de la Cámara debata si admite la propuesta o la rechaza.
El Gobierno extremeño destina 2,7 millones al mantenimiento de 274 plazas para mayores dependientes en centros
El Gobierno de Extremadura destinará 2.718.075 euros al mantenimiento de 274 plazas para personas mayores en situaciones de dependencia en centros residenciales y de día.
Para ello, el Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración de convenios con 17 ayuntamientos de la comunidad autónoma para el mantenimiento de estas 274 plazas.
El presupuesto global que la Consejería de Salud y Política Social destinará a todos estos convenios se eleva a 2.718.075 euros, según informa el Gobierno regional en nota de prensa.
Los municipios con los que se firmarán estos convenios son Guadalupe, Villanueva de la Serena, Aldeacentenera, Aliseda, Arroyomolinos, Barcarrota, Cabeza del Buey, Calzadilla, Casas de Don Pedro, Deleitosa, Hervás, Quintana de la Serena, Torrecilla de los Ángeles, Valle de la Serena, Mata de Alcántara, Alcántara y Malpartida de Cáceres.
Mayores de Amma Tías y Amma Haría asisten un año más al Festival de Cine de Lanzarote
Residentes de los centros gerontológicos que gestiona el Grupo Amma en la isla canaria de Lanzarote (Amma Tías y Amma Haría) han asistido a la proyección de los cuatro cortometrajes incluidos en la sección «Mayores sin reparos» del XIII Festival de Cine de Lanzarote, que este año ha llevado por lema «El cine no entiende de edades, sino de sensibilidades». Esta sección incluye obras con temas especialmente interesantes para los mayores.
El consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Marciano Acuña, dio la bienvenida a los mayores en un acto en el que contó con la compañía de la consejera de Educación y Cultura del Cabildo, Emma Cabrera, y de la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Arrecife, Ascensión Toledo. Animaron el acto la actriz majorera Lorenza Machín y el responsable de animación del Hospital Insular de Lanzarote, Alberto Durán.
CINE PARA MAYORES
Desde el año 2000, el Festival de Cine de Lanzarote incluye en su programación anual una sección centrada en la tercera edad. En esta decimotercera edición se ha programado para ellos una selección de cortometrajes dirigida para un público que, por su edad, experiencia y momento vital, tiene otras prioridades y desvelos.
Las proyecciones de este año han sido ‘El capitán’, un cortometraje que describe la relación de los cuidadores con las personas que viven en una residencia; ‘Oslo’, que trata el tema del Alzheimer; la original ‘Juliana’ (Jana Herreros, 2013) sobre las alternativas posibles de convivencia; y ‘Vedme’, una dura crítica en forma de voz en off.
La Atención Centrada en la Persona, nuevo curso impartido por Teresa Martínez
El Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias ha organizado el curso: «La atención centrada en la persona. Su aplicación en servicios de atención a personas mayores».
Teresa Martínez
Un modelo de atención que busca la calidad de vida de las personas y la defensa de sus derechos en los centros y servicios. Será impartido por Teresa Martínez Rodríguez, psicóloga experta en gerontología social y autora de la guía La Atención Gerontológica Centrada en la Persona
Objetivos:
1.- Generar reflexión sobre la importancia de los modelos de atención en los servicios y centros de atención a personas mayores en relación a su calidad de vida y a la protección de sus derechos.
2.- Presentar la Atención Centrada en la persona como un enfoque que permite intervenciones orientadas hacia la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y especialmente a apoyar que éstas puedan seguir gestionando sus propias vidas.
3.- Dar a conocer las principales ideas y aportaciones del modelo de Atención Gerontológica Centrada en la Persona así como los criterios de buena praxis derivados y metodologías de interés para su aplicación.
Fecha: Días, 19 y 20 de abril – 3 y 4 de mayo de 2013
Horario: viernes de 16:00 a 21:00 horas, sábado de 9:00 a 14:00 horas
Lugar: Sede del Colegio. C/ Ildefonso Sánchez del Río 4 – 1º B. 33001- Oviedo.
Ver Programa.
Familiares de dependientes fallecidos acuden al juzgado para que el Consell les pague la ayuda
Familiares de dependientes ya fallecidos están demandando a la Conselleria de Bienestar Social para poder cobrar las ayudas que tenían aprobadas y que nunca recibieron. Con motivo de la muerte del beneficiario, el departamento dirigido ahora por Asunción Sánchez Zaplana dio por amortizadas estas subvenciones que, según reveló el Tribunal de Cuentas, sí que habrían cobrado del Ministerio de Sanidad.
En una de las demandas a las que ha tenido acceso este periódico, los familiares aseguran que «el fallecimiento del titular de la ayuda no es óbice para considerar que no proceda el pago de la misma, pues los gastos se han causado hasta la fecha del fallecimiento, como en su momento se acreditó con las facturas del coste de la residencia».
Estos familiares defienden que mantuvieron informada a la conselleria en todo momento y que no han recibido respuesta, y eso que la ayuda les fue aprobada desde 2008. «Esta parte desconoce qué actuaciones ha podido llevar a cabo el organismo responsable de la Conselleria de Bienestar Social, por cuanto no se le ha notificado actuación alguna por su parte, habiendo tenido en todo momento conocimiento de la existencia de legítimos herederos por parte del causante, tal y como se ha acreditado en los documentos adjuntos, por lo que no puede haber declarado desconocido el acreedor de las cantidades aprobadas», defienden los demandantes.
Como contó ayer este periódico, el Tribunal de Cuentas ha solicitado a la Generalitat que devuelva 2,1 millones de euros al Imserso, dependiente del Ministerio de Sanidad, por haber cobrado subvenciones de dependientes fallecidos. Se trata de los subsidios de mínima protección aprobados durante cinco años a casi mil dependientes y por los que se habría percibido un dinero que no se entregó a nadie.
EUPV pide una investigación
La diputada de EUPV en las Corts Esther López Barceló anunció ayer que la formación de izquierdas preguntará al Consell por el informe realizado por el Tribunal de Cuentas sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunitat Valenciana y que pedirá la creación de una comisión de investigación en la Cámara sobre la gestión de las ayudas por parte del Gobierno valenciano. «Resulta obsceno que el PP haya estado criticando constantemente la falta de financiación para la aplicación de la Ley de la Dependencia cuando el Tribunal de Cuentas le exige 2,1 millones de euros en ayudas a dependientes que murieron antes de recibirlas», denunció la diputada.
Para Esther López, los problemas con la aplicación de la normativa vigente son motivados por «la desidia, la dejadez y el consciente boicot del PP». Para la parlamentaria autonómica, «los derechos sociales en el País Valenciano se están dejando de garantizar» y en aquello referido a la aplicación de la Ley de la Dependencia, «tenemos uno de los ejemplos más palpables de la mala gestión del PP valenciano».
Solicitantes de la Ley de Dependencia critican la demora y escasez en las ayudas
Numerosas personas que padecen una enfermedad acuden a los organismos necesarios para cumplimentar toda la documentación requerida y poder acogerse a la Ley de Dependencia. Sin embargo la gestión burocrática que las propias administraciones realizan ralentiza de forma considerable el proceso, con la correspondiente gravedad que ello puede ocasionar a una persona que padece una situación delicada de salud.
La demora a la hora de recibir las ayudas, que en algunos casos llegan una vez la persona que las solicita ha fallecido, ha llegado hasta tal punto que los afectados no se ven ni amparados por la legislación así como tampoco por las administraciones.
Ese es el sentir de algunos afectados entre los que se incluye Abrahán Guirao es uno de las personas que ha recurrido a la Ley de Dependencia.
Demora para recibir la ayuda y prolongadas gestiones de demanda
Concretamente Guirao padece una enfermedad degenerativa muscular que afecta a todo el cuerpo. Por esta razón, hace cuatro años decidió solicitar esta ayuda, que todavía a día de hoy no le ha sido concedida. “Mi solicitud me fue denegada mientras a mi padre, que estaba bastante peor que yo, se la aprobaron aunque el proceso para que fuera efectivo tardó tanto que de hecho poco pudo disfrutar de la prestación que se le adjudicó hasta que falleciera. Desde entonces y al cambiar radicalmente la situación económica en mi casa y además estando yo mucho peor, retomé la batalla de reclamaciones y solicitud de revisión, que no es que abandonara en ningún momento pero que estaba más en una posición de espera de una respuesta a papeles presentados que no llegaba”.
La negativa de la solicitud así como la demora en las gestiones son las principales causas que, apunta, están provocando la desesperación de muchos usuarios que solicitan esta ayuda por extrema necesidad y aseguran están desamparados. “Tras la espera de muchos meses, con llamadas constantes a las que la respuesta era que ellos no sabían nada, que lo valorarán cuando me toque mi turno y ya me dirán, recibo una carta denegándome cualquier reconocimiento de situación de persona dependiente sin mayor explicación que porque no creen que haya empeorado mi estado. Me pongo en contacto telefónico con ellos diciendo que aparte de que el informe que he presentado dice todo lo contrario, ni siquiera han venido a revisarme a casa tal y como deben hacer para comprobar mi estado y no hacer tal afirmación sin más, en su clara estrategia de responder “no” por sistema hasta que el solicitante se cansa de reclamar o fallece en el proceso”.
Constantes cambios en la legislación
Este caso concreto sirve para reflejar la situación que están viviendo numerosos ciudadanos quienes además critican los cambios constantes que sufre la ley, lo cual supone que el proceso de evaluación y concesión de la ayuda, no llegue a materializarse. “Tras varias llamadas me comentan que ahora el proceso ha vuelto a cambiar y para reclamar su fallo, el informe que vale es uno “oficial” que te hace el médico de cabecera y cumplimentado con más papeles que me dará la asistenta social tras una revisión por su parte”.
En este sentido, otra de las críticas de los afectados es que con tanto cambio las gestiones se eternizan y los propios trabajadores se muestran confusos sobre el procedimiento. “Acudo a un sitio y otro para su elaboración no sin que pase algún que otro mes en el proceso y que fruto de estos “cambios constantes” ni los médicos ni en asistencia social ni en el Prop acaban de tener claro qué deben hacer y actúan sobre la marcha”
La lentitud de las gestiones y el proceso y los constantes cambios incrementan la impaciencia de los solicitantes mientras va mermando su estado de salud. Informes que no llegan, reclamaciones que se inician seguidas de nuevas barreras en el proceso, provocan la desesperación de los afectados. “Avanza 2012 y meses después de la mencionada reclamación me contestan básicamente que debería cumplimentar todo lo aportado con un informe médico del especialista de mi enfermedad actualizado, dado que el que tienen es el de la primera solicitud de hace más de tres años. Adjunto a todos los papeles anteriores y vuelvo a reenviar a Dependencia. Meses después, ya rozando 2013 y tras llamadas en las que me decían no saber nada aún de mis papeles y su recepción me contestan diciendo que me he dejado por marcar una casilla importante y que debo reenviar los papeles en menos de una semana rellenándolos por completo o perderé cualquier derecho. Cansado, indignado, con sensación de ser burlado, lo hago y lo vuelvo a enviar.
La visita de reconocimiento en el domicilio del solicitante y escasa ayuda económica
Una vez la documentación está en regla, parte del proceso es la evaluación personal del paciente. Es uno de los últimos pasos a realizar antes de recibir la ayuda. Sin embargo, nuevos cambios en la Ley provocan el desasosiego de los enfermos. “Por enésima vez llamo preguntando sobre el estado de la reclamación me dicen que lo tienen todo correcto y no creen que tarden en llamarme para decirme qué día vienen”.
Sin embargo una vez se persona quien realiza la evaluación, después de un proceso burocrático complejo, asevera que “hace unos meses han quitado todas las prestaciones económicas”. De esta forma Guirao declaraba que “se cierra así la puerta a una ayuda de máximo unos 300 euros para una situación económica complicada y el bálsamo de que el cuidador/a (en este caso mi madre) pueda cotizar a la Seguridad Social, dado que por tantos años de cuidar a mi padre y ahora a mí no ha podido apenas trabajar y por tanto difícil tiene tener una pensión digna. “Si tengo suerte” (me dicen) igual me aprueban que venga alguien a mi casa unas horas al mes a ayudar o poder ir a un centro, para ir así acostumbrándome al hedor de la muerte y la gratificante experiencia de mirar a los ojos cada día a aquellos que como yo, parece que no servimos en esta sociedad. Ahora podría ir a los tribunales, reclamar que inicié los trámites hace mucho y que aplicaran el carácter retroactivo pero ante tal posibilidad, la revisora de hoy ya me advierte que solo voy a perder más salud, tiempo y el dinero que no tengo”.
Más del 70% de los mayores de 65 años no hace ejercicio de forma habitual
La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) anima a las personas mayores de 65 años a hacer ejercicio para mejorar los síntomas de muchas de sus enfermedades, ya que actualmente menos del 30 por ciento lo practica de forma habitual.
Con motivo del Día Mundial de la Actividad Física, que se celebra este sábado 6 de abril, esta entidad asegura que enfermedades como la EPOC, la osteoporosis, la hipertensión arterial, la incontinencia urinaria, la artrosis, la discapacidad o la demencia, «podrían tener una solución o una gran mejora de sus síntomas con la práctica de ejercicio físico de forma habitual».
Sin embargo, y a pesar de los beneficios que reporta el ejercicio físico a las personas mayores, los médicos «parecen no estar muy concienciados en prescribirlo» a sus pacientes, según la SEGG, como prueba que más del 60 por ciento de las personas mayores de 65 años afirman que sus médicos jamás les ha recomendado realizar ejercicio físico para curar sus dolencias o como una práctica recomendada dentro de sus rutinas diarias.
En cambio suelen optar por otro tipo de medidas, normalmente basadas en el consumo indiscriminado de fármacos, para paliar el problema en cuestión de la persona mayor. «Ahora se tiende a medicalizar todo cuando lo más recomendable siempre ha sido la mejora de los hábitos nocivos, el cuidado de la alimentación y la práctica de ejercicio físico», según ha explicado José Antonio Serra Rexach, jefe del servicio de geriatra del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y miembro de la SEGG.
Realizar unos 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico sería suficiente para cuidar la salud de las personas mayores de 65 años, pero, según recuerda el doctor Serra Rexach, el ejercicio debe ser prescrito por un geriatra basándose en las características de cada paciente, sus preferencias, sus enfermedades asociadas y su situación clínica, prescribiendo a cada uno los ejercicios adaptados a sus necesidades e incluyendo el tiempo, la intensidad y la progresión.
Según reconoce este doctor, ejercicios como correr, nadar, montar en bici o caminar a una intensidad elevada podrían ser suficientes para la salud de las personas mayores de 65 años y mejorarían aspectos como su equilibrio, la potencia muscular y la flexibilidad.
Por eso, el doctor Serra Rexach recuerda que es sumamente importante explicar desde las consultas médicas a los mayores las ventajas del ejercicio físico y recordarles que «cualquier ejercicio es mejor que no hacer nada» y que «hacer ejercicio físico no es difícil, ya que se pueden realizar desde casa, como por ejemplo los ejercicios para fortalecer la musculatura de los ancianos frágiles».
De hecho, un estudio publicado por el propio Serra Rexach junto con otros especialistas españoles demostró que las personas mayores de 90 años que realizan ejercicios para potenciar la musculatura de las piernas consigue ganar fuerza y, por tanto reducir el riesgo de caídas.
PUEDE PREVENIR EL ALZHEIMER
El ejercicio físico es tan recomendable que se ha demostrado que las personas que lo han realizado de forma habitual y a un buen nivel tienen un 38 por ciento menos de posibilidades de sufrir deterioro cognitivo a lo largo de su vida.
Por ejemplo, destaca la SEGG, es conocido que los pacientes aquejados de la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia con la práctica de ejercicio físico mejoran notablemente en aspectos como la movilidad, las actividades diarias, la nutrición, las caídas y el estado de ánimo, entre otros aspectos como la relación con sus cuidadores.
Sanidad cantabra incluye al colectivo de enfermería en los equipos de valoración de la dependencia
La Consejería de Sanidad modificará la normativa actual de la comunidad autónoma para incluir al colectivo de Enfermería en los equipo de valoración de la dependencia, de los que hasta ahora únicamente forman parte fisioterapeutas y trabajadores sociales de atención primaria.
La decisión la ha anunciado este lunes la consejera de Sanidad, María José Saénz de Buruaga, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria, Rocío Cardeñoso, y la secretaria autonómica del sindicato de Enfermería SATSE.
El objetivo es crear equipos multidisciplinares de valoración de la dependencia en Atención Primaria que empezarán a funcionar a comienzos del próximo año 2014 con «al menos» un enfermero, un trabajador social y un fisioterapeuta.
Según la consejera, ello «permitirá contemplar de manera integral determinadas valoraciones complejas, así como mejorar la resolución de los procesos de valoración de la dependencia y disminuir la variabilidad en la toma de decisiones».
Buruaga ha puntualizado que el papel y número de fisioterapeutas y trabajadores sociales que realizan a día de hoy las valoraciones (58 y 32, respectivamente), «no se verá alterado», porque la enfermería «no viene a desplazar ni a sustituir a nada, sino todo lo contario, viene a sumar».
FORMACIÓN
Las primeras acciones a desarrollar pasan por la formación de estos equipos y la designación de profesionales de enfermería referentes (uno en las zonas básicas de salud con menos de 10.000 usuarios; dos en las que tienen entre 10.000 y 20.000 tarjetas; y tres en las de más de 20.000).
La consejera explicó que la designación de profesionales de referencia «no será antes del mes de junio» dado que está condicionada a la resolución de la oferta de empleo público de enfermería, OPE que Sanidad se ha comprometido a resolver en el mes de mayo. En principio, la Consejería «espera voluntarios, y si hubiera más profesionales interesados que plazas disponibles se procederá a su selección en función de sus competencias profesionales».
En materia de formación se realizará en primer lugar un curso teórico on line abierto a los 389 enfermeros que actualmente trabajan en atención primaria; y posteriormente, los profesionales designados de referencia para integrar los equipos de valoración deberán superar un curso de formación teórico-práctica más específica y de 60 horas.
Por su parte, los fisioterapeutas y trabajadores sociales deberán participar en acciones de actualización formativa periódicas, la primera antes de la puesta en marcha de los equipos multidisciplinares de valoración de la dependencia, prevista para enero de 2014.
CAMBIOS NORMATIVOS
La consejera explicó que en el ámbito normativo, el primer paso se dio ya el año pasado con la modificación de la Ley de Derechos y Servicios Sociales de 2007, y el siguiente será la modificación de la orden de 7 de mayo de 2007 por la que se regulan los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia, que se hará «tan pronto» como el Gobierno culmine la tramitación del Real Decreto que determine las prestaciones en materia de dependencia, «previsiblemente a inicios del verano».
Buruaga destacó que este proyecto «va más allá» de la mera determinación del grado de dependencia; «forma parte de un nuevo modelo biopsicosocial» y multidisciplinar de atención a la dependencia, y «no sólo salda un debe con los enfermeros, que son los profesionales líderes en la gestión de cuidados, sino también con los usuarios y con el propio sistema de atención a la dependencia».
En la misma línea se manifestaron las responsables del Colegio de Enfermería y de SATSE, quienes han mostrado su satisfacción por este cambio que va a permitir revertir una situación que, según han dicho, sólo se da en Cantabria.
En este sentido, Cardeñoso ha explicado que entre comunidades autónomas ha habido «mucha disparidad» en el desarrollo de la Ley de Dependencia pero el hecho de que el colectivo de enfermería no interviniese «en ninguna fase» sólo se ha dado en Cantabria, algo que «no entendemos -ha dicho- cuando tenemos mucho que aportar en la mejora de la normativa».
Menús a domicilio para mayores por cuatro euros
Para muchos mayores prepararse un menú cada día supone un gran esfuerzo no exento de dificultades: desplazarse para realizar la compra, saber qué productos adquirir en los grandes supermercados, el simple hecho de preparar los alimentos, cocinar… Y los que pueden hacerlo muchas veces simplemente no desean dedicar tiempo a estos quehaceres domésticos y prefieren dedicarse a otras actividades. Para unos y otros existe un servicio de comida a domicilio por unos precios muy ventajosos, gracias a un convenio que ha firmado la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA y la empresa Unión Castellana de Alimentación Ucalsa.
Los mayores, sin límite de edad, podrán disfrutar de menús preparados que les llevarán a su domicilio. El menú tiene un coste de cuatro euros (4 euros) IVA incluido y, si en el mismo domicilio hay dos personas interesadas en este servicio, el precio de ambos menús será deseis euros (6 euros) IVA incluido. Esta empresa de catering cuenta además con diferentes dietas especiales, adaptadas a las patologías más frecuentes que se producen dentro de este colectivo: menús para diabéticos, hipertensos, sintron, triturada…
Por ahora, este servicio está en funcionamiento en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha (Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara), Castilla y León (Ávila y Segovia), Andalucía (Córdoba, Sevilla y Cádiz), Comunidad Valenciana (Valencia y Alicante) y la Región de Murcia.
No cabe duda de que con este servicio muchos mayores lograrán mayor calidad de vida y disfrutarán de una dieta equilibrada.Hay más beneficios: mantendrán unos hábitos alimentarios adecuados a sus necesidades, evitarán el riesgo de accidentes en personas vulnerables; potenciarán su autonomía personal y apoyará la organización familiar.
Ayuntamiento de Madrid asume la ayuda a domicilio de los dependientes
El Ayuntamiento de Madrid asume la totalidad de la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de los dependientes de la ciudad de la mano del primer acuerdo en materia de duplicidades alcanzado con la Comunidad de Madrid, que entrará en vigor el 1 de mayo.
Para ello, la Junta de Gobierno, presidida por la alcaldesa, Ana Botella, ha aprobado este jueves una modificación del contrato de gestión de este servicio, en la modalidad de Auxiliar Domiciliario. En total el número de personas dependientes derivadas por la Comunidad de Madrid se eleva a 4.348, de las cuales 3.778 son mayores, y 570 tienen alguna discapacidad.
La modificación implica un suplemento de crédito de 36 millones de euros para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013. La atención a las personas dependientes se está realizando desde el día 1 de enero, sin interrupción, con cargo a los 18 millones ya previstos para el plazo enero-abril de 2013.
El portavoz del Gobierno municipal, Enrique Núñez, ha subrayado en rueda de prensa que es la primera vez, desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, que el Ayuntamiento asume la totalidad de la gestión del SAD en el municipio de Madrid.
El hecho de que una única Administración se ocupe de la gestión redundará en la «eficiencia de la prestación y garantizará la homogeneidad en los servicios públicos ofrecidos a los madrileños, tanto en cuanto al acceso y el contenido del mismo, como en cuanto a sus estándares de calidad», en palabras de Núñez.
El Ayuntamiento de la capital y la Comunidad suscribieron el 31 de diciembre de 2012 el convenio de colaboración para la atención a las personas en situación de dependencia y el desarrollo de otros programas de atención social para este 2013, en el que se establece que el Gobierno regional aportaba la cantidad de 54,5 millones de euros para la financiación del SAD para las personas declaradas dependientes. Con esta aportación, se dispone de 122.625.000 euros para todo el periodo de vigencia del contrato.
PERFIL DEL USUARIO
El Servicio de Ayuda a Domicilio se dirigirá a personas que han cumplido 65 años, menores de esta edad con discapacidad, menores de 18 años pertenecientes a familias con necesidades especiales y dificultades para su atención. Como novedad, a partir de la modificación que ha aprobado la Junta de Gobierno, también atenderá a personas con grado de dependencia reconocido y en cuyo programa individualizado de atención (PIA) figura el SAD como servicio a recibir.
Con el incremento de presupuesto, el área de Familia y Servicios Sociales, capitaneado por Dolores Navarro, estima que se podrán prestar un máximo de 3.179.423 horas en cada uno de los años 2013 y 2014, y 794.856 horas durante los meses de enero a marzo del año 2015.
El Ayuntamiento de Madrid realiza evaluaciones periódicas de sus servicios y ha registrado que la nota de satisfacción por parte de los usuarios del servicio es de 8,7 puntos sobre 10 en la última evaluación de 2012. Algunos de los aspectos mejor valorados por los usuarios son trato y actitud por parte de los profesionales que lo atienden, la ejecución y los tipos de prestación y la puntualidad en el servicio.
Una residencia para personas mayores de Tenerife implanta la terapia asistida con caballos
La residencia Amma Santa Cruz acaba de implantar dentro de su cartera de servicios la Terapia Asistida con Caballos (TAC), que tiene como objetivo mejorar el bienestar, la sociabilidad y la calidad de vida de las personas mayores.
La residencia ha explicado en una nota que se trata de un programa terapéutico que persigue la relajación y estimulación muscular de los residentes mediante la transmisión del calor corporal del caballo, la mejora en el equilibrio y postura de los usuarios al montar mediante la transmisión de los impulsos rítmicos del animal y una contribución a la rehabilitación neumotora, pues el patrón de movimiento de los caballos es muy similar al de la marcha humana y ayuda a mejorar el control de cabeza y tronco durante el movimiento.
La TAC presenta, además, un beneficio psicoterapéutico para muchas disfunciones de los adultos mayores que presentan preocupación por el futuro o capacidad de tomar decisiones, ya que la acción de caminar hacia delante sin obstáculos ejerce una influencia positiva en pacientes depresivos o angustiados.
Tras la satisfactoria experiencia de los residentes del centro Amma Santa Cruz, la terapia asistida con caballos se realizará una vez por mes y tendrá lugar en el Centro Hípico La Cordillera, en el municipio de Tacoronte.
La Terapia Asistida con Caballos se nutre de diferentes modalidades de intervención, como la equitación terapéutica, el horse coaching, la equitación social, la psicoterapia asistida por caballos y la hipoterapia.
Diversas investigaciones han comprobado los beneficios terapéuticos que tienen los animales en las personas mayores. Entre sus beneficios destacan el fomento de la sociabilidad, la superación de episodios de aislamiento y depresión y el estimulo psicomotor en los pacientes al interactuar con los animales sacándoles a pasear o cepillándoles.
Es por esto que las terapias con animales son cada vez más frecuentes en las residencias para mayores. Precisamente el Grupo Amma fue pionero en este ámbito, implantando desde 2007 programas de terapias con animales en muchas de sus residencias, ya sea de carácter permanente o temporal, con el apoyo de fundaciones y entidades especializadas en este tipo de actividades y terapias.
El Govern rechaza una ILP para blindar pagos a ancianos con dependencia severa
El Govern catalán ha emitido un informe desfavorable para la tramitación de una iniciativa legislativa popular (ILP) para que la Generalitat priorice por ley los pagos a ancianos con gran dependencia institucionalizados en sus presupuestos y no pueda repetir impagos de conciertos como los de julio, de 70 millones de euros, que aún no han sido sufragados.
El informe negativo que ha transmitido el Govern a la Mesa del Parlament, al que ha tenido acceso Europa Press, destaca que la aprobación de esta ILP «comportaría un aumento de gastos en el presupuesto vigente», por lo que no se muestra conforme a su tramitación. Esta iniciativa social fue presentada en el Parlament por la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) el pasado 5 de marzo, y ahora la Mesa de la cámara debe admitirla o no a trámite en base a criterios jurídicos.
Los directores de residencias pretenden blindar por ley los pagos a los ancianos que cuentan con el mayor grado de dependencia -grado 3, niveles 1 y 2-, entendiendo que representan «uno de los eslabones más débiles de la sociedad, por lo que debería ser una prioridad proteger sus derechos básicos», según ha explicado a Europa Press el vicepresidente de Ascad, Iñaki Anton. Pero el Govern alega en su informe que «en caso de falta de crédito en el presupuesto, sería necesario un suplemento de crédito o un crédito extraordinario», lo que, según el Ejecutivo catalán, podría tener efecto en las cuentas de este año.
Uno de los requisitos para que una ILP sea admitida a trámite por la Mesa del Parlament es que la iniciativa no tenga un impacto directo en los presupuestos de la Generalitat del año vigente, algo que, según el Govern, no ocurre en el caso de la propuesta de los directores de residencias.
El informe subraya que el Estado ha reducido su aportación a ley de dependencia en Cataluña hasta los 206 millones en 2013, mientras que el año anterior aportó 243, aunque inicialmente se había comprometido a abonar 275, lo que supone «un gran esfuerzo» para la Generalitat, que debe compensar esta tendencia con recursos propios.
Margen de maniobra
El Ejecutivo catalán también alega en su informe que la ILP propuesta por los directores «comportaría el establecimiento de una nueva restricción en el margen de maniobra con el que se puede actuar en la gestión de la tesorería», lo que podría suponer tener que pagar antes los conciertos sociales que las nóminas de los funcionarios. «El Govern debe valorar cada mes las prioridades de pago en base a las obligaciones legales y a los compromisos existentes», añade el documento, que afirma que el hecho de que el pago de las prestaciones a grandes dependientes sea muy importantes no significa que se deba imponer por ley. El texto concluye que «las prioridades que se siguen en los pagos priorizan, en primer lugar, las obligaciones financieras», que van seguidos de las nóminas y, en tercer lugar, de los compromisos con el sector social con carácter finalista. «DELITO TÁCITO» Para Antón, los argumentos que utiliza el Govern para rechazar la ILP suponen «un delito tácito», pues el Ejecutivo admite que las partidas presupuestadas para atender a grandes dependientes podrán destinarse a pagar otras cosas si hay tensiones de tesorería. «Es inconcebible que el Govern rechace blindar estos pagos esenciales y priorice las nóminas y los créditos», ha criticado Antón, que ha confiado en que finalmente la Mesa del Parlament admita a trámite la propuesta la próxima semana.
Los trabajadores sociales asturianos arremeten contra la política de la Consejería de Bienestar
Peligro de desigualdad en el acceso a las prestaciones sociales, riesgo de «discrecionalidad política» a la hora de otorgar las ayudas, falta de líneas claras de actuación, colapso administrativo e, incluso, un «estilo de liderazgo» poco adecuado. Los trabajadores de los Servicios Sociales públicos del Principado han arremetido con dureza contra la política de la Consejería de Bienestar Social, en una carta dirigida al presidente regional, Javier Fernández, que también ha sido enviada a los grupos políticos con representación parlamentaria, a la Procuradora General del Principado, a los sindicatos y a la Federación Asturiana de Concejos, que precisamente hoy celebrará una reunión para analizar el problema de implantación del plan concertado de servicios sociales de este año.
La carta sale a la luz en plena polémica entre la Consejería de Bienestar Social y varios municipios dirigidos por los conservadores (PP y Foro) por los cambios introducidos en el plan que debe financiar las prestaciones sociales básicas, tras los recortes aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Los empleados públicos -avalados por otros asistentes sociales asturianos- acusan a la Consejería de implantar una política que «sigue fielmente» las directrices marcadas por Madrid, en contra del programa electoral de los socialistas y que puede acabar «con el desmantelamiento progresivo del actual sistema público de Servicios Sociales». Los trabajadores expresan en la carta «preocupación por el contenido, la trascendencia y las formas de las decisiones» que se adoptan en la Consejería. Unas decisiones, añaden, que se deben «a la inexistencia de un marco conceptual que defina y concrete de forma clara las principales líneas de la política social».
Una de las inquietudes que expresan los trabajadores se centra en el plan concertado de 2013. «Los riesgos de la desigualdad para el acceso y distribución de los recursos a los ciudadanos(…) preocupan a los profesionales responsables de su gestión, pues ante la carencia de directrices técnicas e incertidumbre del escenario económico, pudiera interponerse la discrecionalidad política» para otorgar las prestaciones sociales básicas. También afirman que el nuevo plan concertado «pone en juego la pervivencia de los equipos de profesionales de los Servicios Sociales municipales».
Los asistentes sociales también muestran su inquietud por el recorte a un máximo de 20 horas mensuales del servicio de ayuda a domicilio, ya que consideran que desvirtúa el objetivo del plan, que es «mantener a las personas en su medio habitual de vida y convivencia».
Respecto a la implantación de la ley de Dependencia, critican que desde su aprobación, hace 6 años, se ha desarrollado de forma ajena al sistema público de Servicios Sociales, con el que compite por los recursos económicas. «No sólo no se ha planteado la integración de ambos sistemas, sino que se continúa avanzando» en su implantación «a costa del desmantelamiento del sistema público de Servicios Sociales», afirman.
El colectivo de trabajadores concluye su escrito asegurando que, a su juicio, los responsables de la Consejería, de la que es titular Esther Díaz, ex alcaldesa de Langreo, «no han demostrado tener capacidad ni estar a la altura de momentos tan difíciles. Prueba de ello es el colapso de la gestión administrativa en las prestaciones de dependencia y salario social; la maraña jurídico-administrativa existente, la proliferación de instrucciones contradictorias y el menosprecio a la labor de los técnicos y sus propuestas.
