Archivo mensual: octubre 2013
La terapia asistida con caballos mejora la calidad de vida de pacientes con discapacidad
La terapia asistida con caballos, conocida como hipoterapia o también equinoterapia, mejora la calidad de vida de los pacientes con discapacidad, debido a que el movimiento de los equinos potencia las habilidades, el equilibrio y la motricidad de los pacientes.
Concretamente, los caballos ofrecen mejoras a personas con trastornos del movimiento asociados con afecciones neurológicas y neuromusculares, como la parálisis cerebral, los accidentes vasculares, esclerosis múltiple y traumatismos cerebrales, ha informado este miércoles en un comunicado la Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat (EUIFG) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), pionera en impartir hipoterapia en el Estado.
A través del contacto con el caballo y la motivación que genera, también se solucionan los problemas de aprendizaje y de adaptación que acostumbran a presentar las personas afectadas por algún tipo de discapacidad.
Además, la hipoterapia estimula la afectividad y la sensibilidad de los sentidos, mejora la atención y la concentración, y aumenta la capacidad de independencia.
La jefa de Estudios de la EUIFG, Teresa Xipell, ha explicado que «la incondicional entrega y lealtad del caballo» hace que el tratamiento se convierta en una gran ayuda para niños autistas o con síndrome de Down.
La consejera de Bienestar Social de Avilés inaugura la nueva residencia de mayores de El Nodo
La consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, inaugurará hoy, a partir de las 17 horas, la nueva residencia de mayores de El Nodo que gestionará el Principado a través de Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA). La puesta en marcha del equipamiento, tres años después del inicio de sus obras, ha implicado la superación de numerosos obstáculos provocados por las limitaciones presupuestarias provocadas por la crisis. Con este equipamiento se cierra el mapa de residencias del ERA, toda vez que las limitaciones para contratar personal hacen prácticamente imposible incrementar la red.
El nuevo edificio cuenta con una capacidad para 148 residentes, además de 30 plazas en un centro de día. Cincuenta y siete de sus internos vienen del cierre de la residencia Avilés, situada en la calle de Jovellanos, y cuya estructura en altura implicaba grandes limitaciones para su actividad diaria. Desde finales de septiembre, se inició el proceso de traslado.
Una de las incógnitas que se abre es la utilización que se dará ahora al edificio de la calle de Jovellanos, donde la Asamblea Comarcal de Cruz Roja mantiene su sede. Se ha planteado la posibilidad de albergar apartamentos para mayores, aunque aún no se ha tomado ninguna decisión desde el Gobierno asturiano. Las dificultades presupuestarias son el principal inconveniente.
La construcción del edificio de El Nodo comenzó en el verano de 2010 después de que la constructora FCC lograse la adjudicación del contrato con un presupuesto de 4,9 millones de euros. Los trabajos concluyeron después de 18 meses, en el último trimestre de 2012.
Posteriormente, este año la empresa El Corte Inglés se encargó del mobiliario de la instalación con un gasto para el Principado de 206.780 euros, sin contar el pago del IVA.
Maestre: «Cospedal está derogando la Ley de Dependencia por la puerta atrás»
La Ley de Dependencia, la considerada como el “cuarto pilar” del Estado del Bienestar es las más afectada por la política de continuos recortes de los gobiernos de Mariano Rajoy en España y María Dolores Cospedal en Castilla-La Mancha.
Esta es la conclusión que ponía sobre la mesa la portavoz del PSOE castellano-manchego, Cristina Maestre, tras analizar los datos que da mes a mes el propio Gobierno de la Nación sobre la situación de esta norma.
En Castilla-La Mancha, es más, indicaba Maestre, la Ley de Dependencia en los dos últimos años y pico, desde que gobierna el PP, “está siendo derogada en la practica por la puerta de atrás”. Desde mayo de 2012, 17 meses, explicaba, no se ha resulelto ni una sola prestación.
Los datos oficiales avalan este planteamiento, señaló Maestre en una rueda de prensa celebrada en Ciudad Real. Con las cifras oficiales a 30 de septiembre último, en la comunidad autónoma, en lo que va de legislatura, se ha retirado la prestación económica a más de 5.800 personas dependientes
Además, 11.500 beneficiarios de la ley han dejado de serlo y, en lo que va de año se han dejado de atender a más de 2.000 familias. En estos momentos existen casi 4.700 personas esperando para ser valoradas en su nivel de dependencia.
En la provincia de Ciudad Real, se ha retirado la prestación de ayuda a cuidador a casi 1.500 familias, casi 1.200 personas están esperando que se les dé una respuesta a su petición valoración y, en lo que va de año, ha descendido en 437 el número de personas atendidas.
Son datos que confirman la postura del PP ante la Ley de Dependencia desde que fue tramitada en el Congreso de los Diputados en la anterior legislatura. El PP, remarcaba Maestre, nunca quiso la Ley de Dependencia, votó a favor de la misma para no quedar mal políticamente, pero, ahora que está en el Gobierno la está dejando en nada por vía de los hechos consumados.
Otro aspectos, dijo, es el de la aplicación de nuevas tasas a la hora de que los afectados puedan iniciar la tramitación de una ayuda.
Con estas decisiones, Maestre no tiene dudas de que el PP “está retorciendo el brazo a los dependientes para que ellos mismos renuncien a las ayudas a las que tienen derechos”.
Otro punto a analizar es el de la generación de trabajo. La portavoz socialista recordaba que, si uno de los objetivos del PP es la creación de empleo, todos los estudios realizados al efecto confirman que, en torno a la dependencia, hay un nicho importante para la generación de puestos de trabajo que el PP “se está cargando”.
Todas las actuaciones en este campo de Cospedal, puntualizaba Maestre, ha llevado a que, según las estadísticas, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha sea una de las últimas regiones, junto a Aragón, en la aplicación de la Ley de Dependencia.
Maestre apuntó que el PSOE seguirá defendiendo esta ley, en lo más cercano, con enmiendas para mejorar su dotación económica en los presupuestos de la región para el próximo año de 2014.
Dependientes y mujeres, un binomio inseparable
Una breve cronología de hechos en relación con la tan manida y conocida Ley de Dependencia o de Pro moción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (Ley 39/2006 de 14 de diciembre) sentó las bases para construir el futuro Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, que financia los servicios que necesitan las personas dependientes, bien por enfermedad o accidente o suceso incapacitante, o para que al llegar a la vejez se les garantice un sustento mínimo.
No podemos obviar que las personas dependientes están incapacitadas para desarrollar actividades de la vida diaria y requieren ayuda para realizarlas. Nuestra labor como ciudadanos es potenciar al máximo la independencia en el dependiente. A ese espejismo, por realista, conviene que nos apliquemos todos para hacer un país más sano y equilibrado.
De los 46 millones de españoles del año 2008, unos 2 millones eran dependientes y concluyen varios estudios que la dependencia era más evidente con el aumento de la edad de las personas, más frecuente entre las mujeres y entre personas de clase social con menor formación. Los datos hablan por sí solos y configura una silueta reveladora, persona mayor, mujer y sin formación.
Si valoramos el orden de aparición de la dependencia y su prevalencia de las discapacidades que pueden provocar dependencia personal, en primer lugar y con más frecuencia, encontramos los problemas relacionados con la movilidad exterior; siguen las dificultades en las tareas habituales del hogar y, en tercer lugar, los problemas de cuidado personal.
Y vuelven las mujeres. La ayuda familiar es la principal respuesta y, normalmente, viene de la mano de mujeres: la hija que asume el cuidado de sus mayores (y que la actual ley condena a malvivir en el futuro por ausencia de protección en el sistema de Seguridad Social), la esposa que cuida varón, la madre que cuida hijo/a dependiente, mujeres que no ven otro horizonte. De nuevo mujeres perdedoras por cuidadoras.
La ley anterior contó con un amplio debate a lo largo de todo el año 2006 y en noviembre de ese año contó con el apoyo mayoritario de los diputados representativos y el 1 de enero de 2007 empieza a andar. Sin tiempo para grandes conclusiones y reflexiones, con el acceso del Partido Popular al gobierno en 2011, y sin debate alguno en la sociedad, ya en el primer Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011 paraliza la aplicación de la Ley de Dependencia, dejando fuera del sistema, y de un plumazo, a unos 400.000 españoles con dependencia moderada.
Posteriormente, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, se retiran 283 millones de euros para dependientes moderados y, consecuentemente, las comunidades autónomas se ven obligadas a retirar otros 283 millones de euros al anularse la partida que lo sustentaba.
Medio año después modifica el gobierno la Ley de Dependencia del gobierno socialista y paraliza la aplicación de algunos conceptos de la misma, por dos años, haciendo importantes reformas en otros aspectos, para lo que recurre al R.D. Ley 20/2012, de 13 de julio. Pasado un año de aplicación del precitado R.D. Ley, y sólo en el período agosto 2012-agosto 2013, sacamos conclusiones conmovedoras, como que 122.244 personas han sido expulsadas del sistema de dependencia y no reciben prestación o han dejado de tener derecho a la prestación por dependencia. De nuevo el colectivo femenino es el más golpeado y afectado por la medida. De nuevo mujeres sufridoras por mujer-dependiente o por mujer-cuidadora. Mujeres, personas al fin y al cabo. Y eso, sin citar a los varios miles de solicitantes que no se han registrado para demanda de dependencia en todo el país.
A todo esto debemos sumar los miles de dependientes que han visto recortadas sus prestaciones por múltiples motivos y que, incluso, paradojas aparte, ha contribuido a aumentar hasta el número de separaciones matrimoniales, por afectar a las uniones de dependientes, fórmula más habitual de convivencia entre este colectivo. Y es que pensiones entre los 300? y los 350? para quienes necesitan afrontar gastos extraordinarios, por necesarios y no habituales en familias normalizadas, no dan para mantener a quienes quieren vivir la dependencia con la mayor independencia posible.
Si ponemos cara a la realidad en un municipio tinerfeño como Icod de los Vinos, obtenemos que, de una u otra manera, los actuales desmanes del gobierno de Madrid con la Ley de Dependencia afectan a más de 300 familias, a las que condenan a vivir en la intransigencia y el desconcierto.
Los datos no evidencian sino un desplome absoluto del sistema de dependencia, pasando varios cientos de miles de personas, la mayoría mujeres, el calvario de la inmundicia y el abandono, al no poder disponer de unos recursos mínimos que garanticen una vida desde la mayor dignidad posible. Lamentos aparte, tiene rostro de mujer y llevan la peor parte.
Cáritas alerta de que la reforma local aleja a los más vulnerables del acceso a los servicios sociales
Cáritas alerta de que el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del Ministerio de Hacienda aleja a las personas más vulnerables del acceso a los servicios sociales, sobre todo en las zonas rurales, y aboga por consensuar una reforma que ponga a este colectivo «en el centro».
Esta organización considera que es posible introducir algunos cambios en el texto legislativo, que este viernes se abre al trámite de enmiendas. En este sentido, apela tanto al Gobierno y al Grupo Popular en el Congreso, como al resto de grupos parlamentarios, a que valoren las reiteradas peticiones formuladas al respecto por el conjunto de las entidades del tercer sector.
De manera concreta, Cáritas propone que se permita desarrollar una organización técnica y competencial que ponga en el centro de sus objetivos a las personas en situación social más precaria, a través de dos niveles de atención (primario y secundario) y con un criterio de proximidad de los servicios a la vivienda habitual de los ciudadanos.
Por otro lado, plantea la necesidad de que el Estado garantice unos derechos mínimos, determine quién es la población titular de los mismos y qué tipo de atención queda garantizada.
Cáritas muestra también su preocupación por la introducción dentro de esta reforma de una nueva restricción en el acceso al empadronamiento por parte de las persona extranjeras no comunitarias, una medida, que, a su juicio, «debe ser suprimida» del proyecto «por cuanto desvirtúa la naturaleza del empadronamiento y condena todavía más a la invisibilidad a un sector de la población».
Casi un tercio de los ancianos en España tiene diabetes y el 40% están sin diagnosticar
Casi un tercio de los pacientes mayores de 75 años tiene diabetes, especialmente las mujeres, y cerca del 40 por ciento de los casos no están diagnosticados, según ha alertado el coordinador del Grupo de Diabetes y Obesidad de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), Ricardo Gómez Huelgas.
No obstante, a pesar de la elevada prevalencia, los expertos aseguran que el tratamiento de este grupo poblacional ha recibido escasa atención y que existe una carencia de ensayos clínicos específicos sobre el riesgo-beneficio del tratamiento antidiabético intensivo a largo plazo.
Por tanto, mejorar la calidad en el cuidado de este tipo de pacientes es una de las preocupaciones actuales de los especialistas, así como optimizar el uso de los recursos diagnósticos y los tratamientos para los ancianos con diabetes.
Con estos objetivos, cerca de 70 internistas especialistas en diabetes, hipertensión arterial y dislipemias se han reunido en Valencia en el encuentro ‘Choosing Wisely in Management of Cardiometabolic Risk in the Elderly Patient’. Las conclusiones de la reunión, organizada por la Alianza Boehringer Lilly en Diabetes junto con la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), se van a recoger en un documento de consenso en forma de recomendaciones para el tratamiento del anciano con diabetes.
«Dada la alta prevalencia de la diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular y el incremento de costes que representan, un uso coste-eficaz de los recursos disponibles resulta esencial para la sostenibilidad del sistema sanitario», ha comentado el director del encuentro, Ricardo Gómez Huelgas.
En este sentido, el experto ha recordado que la clave para abordar adecuadamente esta enfermedad de carácter pandémico, reside en implementar unas «adecuadas» políticas de prevención y realizar un enfoque integral de los factores de riesgo de la población.
Respecto a los ancianos, Gómez Huelgas ha reconocido que tienen peculiaridades que condicionan su diagnóstico y tratamiento como las comorbilidades, el alto riesgo de hipoglucemia o los problemas nutricionales, entre otros.
«Por todo ello, resulta imprescindible realizar un abordaje individualizado, adaptando el tratamiento antidiabético y los objetivos de control glucémico a las características del paciente», ha remarcado. En concreto, ha proseguido, la terapia deberá evitar las hipoglucemias, que suponen el principal efecto secundario del tratamiento antidiabético en los ancianos, y que pueden tener graves consecuencias como la disminución de la calidad de vida, el deterioro cognitivo, el mayor riesgo de caídas y fracturas o los episodios cardiovasculares.
Aerte forma en fiscalidad de la dependencia
La patronal de centros y servicios de la dependencia de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha organizado el curso “Fiscalidad de la Dependencia”. Con una duración de seis horas, la jornada formativa tendrá lugar en su sede de Valencia el viernes 25 de octubre.
Abordará todas las novedades legislativas de ámbito fiscal que han surgido durante el último año en el sector sociosanitario como: el análisis de la tributación, las novedades fiscales (IVA, IRPF, Impuesto Sociedades) o la fiscalidad local y de las entidades sin ánimo de lucro.
Federico Javier Varona, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, socio-Director de Varona, será el encargado de analizar estos y otros temas de interés.
Esta jornada se enmarca dentro del módulo formativo que AERTE está desarrollando, dirigido especialmente a ampliar el conocimiento de directores de centros de servicios sociales.
Las guarderías públicas de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) niegan plaza a un niño de dos años por su discapacidad
El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) ha cerrado la puerta de acceso a las guarderías públicas de la localidad a un menor de dos años que presenta una discapacidad del 67 por ciento, alegando que este grado «no es compatible con el equipamiento, los recursos y el proyecto educativo» de los centros, algo a considerar conforme dicta una ordenanza municipal. Su hermano mellizo, sin discapacidad, sí obtuvo una plaza.
Según ha denunciado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que llevará el caso a la Fiscalía General del Estado, estos vecinos de San Cristóbal de La Laguna solicitaron el pasado mes de marzo plaza de guardería pública para sus dos hijos mellizos, pero sólo uno de ellos figuraba en la lista provisional de admitidos, ocupando, además, uno de los primeros puestos de la reserva.
La familia presentó dos reclamaciones formales al concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida y Mercado, Miguel Ángel González Rojas, de cuyo área dependen estas escuelas infantiles, así como al alcalde del municipio, Fernando Clavijo, quien manifestó en un correo electrónico estar enterado de este asunto.
Pese a ello, las listas definitivas de admisión publicadas por decreto en el mes de agosto dictaron la exclusión definitiva de su hijo porque su grado de discapacidad no era compatible con los recursos del centro: los certificados médicos que los padres adjuntaron a la solicitud de plaza prescribían que el niño habría de necesitar el apoyo de un auxiliar en la escuela infantil en la que ingresase.
Aunque la familia volvió a reclamar al alcalde y llegó incluso a mantener un encuentro con él, con el concejal de Bienestar Social y con el jefe de Servicio y la familia del menor, las autoridades públicas se reafirmaron en su postura y la queja fue desestimada.
El Consistorio alegó la existencia de una ordenanza municipal según la cual, las escuelas infantiles de la localidad tienen que «valorar todas las solicitudes de menores que presenten un porcentaje de discapacidad que sea compatible con el equipamiento, los recursos y el proyecto educativo», según explica el CERMI.
Para la familia, esta ordenanza «fomenta la discriminación del colectivo de menores con discapacidad y debe ser modificada». «Supone una clara barrera que permite a la Corporación excluir del sistema público a la mayoría de niñas y niños de 0 a 3 años que presenten limitaciones a su actividad, ya que no tendrán recursos para atenderles», denunciaron.
Tampoco dieron frutos sus reclamaciones ante la Dirección General de la Dependencia, Infancia y Familia, quien dijo no tener competencias, la Viceconsejería de Educación o la Dirección General de Políticas Sociales, aunque en la Oficina Permanente Especializada de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad y el diputado del Común del Gobierno de Canarias «mostraron preocupación por el caso».
El padre del menor también ha recurrido al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal) y al CERMI Canarias para solicitar su intermediación en este caso que a juicio de ambas entidades es de «discriminación». «No puede ser que exista una ordenanza que, de antemano, discrimina a las personas con discapacidad», señalan.
«El CERMI Estatal pondrá el caso en conocimiento de la Fiscalía para que examine esta conducta del Ayuntamiento por si pudiera constituir un comportamiento antijurídico con reproche penal, al discriminar flagrantemente a niño con discapacidad, protegido por el artículo 7 de la Convención de la Naciones Unidas de Discapacidad», avanza la organización.
El Gobierno asegura que si las partidas de los PGE de dependencia no son suficientes aportará los créditos necesarios
El Gobierno asegura que si las partidas destinadas a sufragar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no son suficientes el Ejecutivo se encargará de aportar los créditos necesarios para su funcionamiento.
Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Ejecutivo al diputado del PSOE, Miguel Ángel Heredia, recogida por Europa Press, en la que asegura que, por parte del Gobierno, se han establecido toda una serie de medidas encaminadas a lograr una mejora en el sistema, racionalizando el gasto público en relación con esta materia, y asegurando la sostenibilidad presente y futura del mismo.
Eso sí, señala que, por parte de la Administración General del Estado (AGE) se consignan anualmente en los Presupuestos las cantidades necesarias para hacer frente a las obligaciones de financiación recogidas en la propia ley de dependencia.
«En todo caso, si las cantidades inicialmente presupuestadas resultasen insuficientes, se procedería a tramitar las ampliaciones de crédito suficientes para contar en todo momento con los créditos necesarios», confirma el Gobierno.
De esta manera, tanto para el presente ejercicio como para los ejercicios futuros, por parte de la AGE confirma que se consignarán las cantidades suficientes para poder cumplir con los compromisos asumidos en relación con la financiación de la Ley. «Por lo tanto, no existe ninguna previsión de recortes en esta materia», sentencia el Ejecutivo ‘popular’.
Las empresas asociadas a AERTE confirman su presagio: no podrán pagar sus nóminas en octubre
Aerte recuerda al Ministerio de Hacienda que el sector lleva más de un año sin cobrar en la Comunidad Valenciana y que el gobierno valenciano le ha comunicado que no abonará en el tiempo establecido la deuda comprometida.
La falta de efectividad de las acciones de la Conselleria de Bienestar Social genera al mes más de 10 millones de deuda al sector empresarial de atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana.
AERTE volverá a solicitar al Ministerio de Hacienda que actúe de forma urgente para poner fin al continuo bloqueo de pago de deuda acumulada que mantiene la administración valenciana y que asciende a más de 100 millones. Planteará que abone directamente al sector el pago de la deuda comprometida.
El promedio de tiempo sin cobrar la deuda en la Comunidad Valenciana es cuatro veces superior a la media. Las empresas asociadas a aerte confirman su presagio: no podrán pagar sus nóminas en octubre.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, aerte, insistirá hoy al Ministerio de Hacienda para que actúe con el objeto de resolver el bloqueo del pago de deuda acumulada que, desde la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, viene manteniendo de forma continua con el sector de centros de atención a dependientes de la Comunidad Valenciana.
Para ello, la patronal de la dependencia de la Comunidad Valenciana, ya solicitó el pasado 4 de octubre una reunión con el Ministerio de Hacienda. Hoy en Madrid, volverá a reclamarla por vía de urgencia para denunciar la escandalosa y continua situación que se da en la Comunidad Valenciana, fruto de la escasa efectividad de las acciones de la Consellería de Bienestar Social encaminadas a resolver el problema, en un asunto que afecta a más de 14.000 puestos de trabajo y más de 22.0000 personas dependientes sólo en la Comunidad Valenciana.
María José Mira, directora general de aerte, ha subrayado hoy desde Madrid que “el promedio de tiempo sin abonar las cantidades pendientes en la Comunidad Valenciana es cuatro veces superior a la media. Esta actitud es inaceptable y está provocando que se generen aproximadamente unos 10 millones de euros al mes de deuda, que se acumulan a los 100 millones de euros que se adeuda a día de hoy”.
Ante este constante incumplimiento del compromiso de pago, Mira advierte: “el sector no puede esperar más: la situación para las empresas y trabajadores del sector es inaguantable socialmente, sanitariamente, económicamente y moralmente. Sólo en la patronal de empresas de la dependencia en la Comunidad Valenciana, aerte, hay adheridos más de 200 centros, en octubre algunos de ellos ya no podrán pagar las nóminas. Necesitamos una solución ya, de una vez por todas, con un compromiso firme y fiable que verdaderamente se cumpla, porque la situación de agrava cada día, dado que las empresas han superado el límite de resistencia”.
AERTE solicitará al Ministerio que abone directamente al sector el pago de la deuda comprometida
Ante la falta de efectividad de la Conselleria de Bienestar Social y la urgencia que requiere solucionar este grave problema, explica María José Mira, “plantearemos al Ministerio como solución más rápida y eficaz el pago directo por vía de urgencia de los fondos estatales de dependencia desde el estado a las empresas y beneficiarios. Entendemos que dada la falta de liquidez del Gobierno valenciano, y la falta de soluciones, ésta sería una de las únicas que permitieran “respirar” al sector”.
Mira señala que, “se trata de deudas avaladas por contratos y compromisos firmados, con línea presupuestarias fijadas para ese fin y que, obviamente, no se están destinando al mismo. Lo cual es totalmente incomprensible. ¿A dónde se ha destinado ese dinero?”.
Por otro lado, Mira recalca que “existe una latente asimetría de la deuda de nuestro sector con respecto a otros, cuyos calendarios de pago son menos dramáticos, ya que, prácticamente no hay ninguno que esté en alrededor de un año de impagos, como es el caso. Y, a su vez, una asimetría incluso dentro de la misma Conselleria con entidades y recurso que llevan más de un año sin cobrar, como es nuestro caso, y otros que están casi al día. Y si además, le añadimos que estamos hablando de un sector que trabaja con personas dependientes la situación se agrava más si cabe”.
Deuda acumulada de la Administración valenciana en el mes de octubre al sector de los centros y residencias de atención a los dependientes de la Comunidad Valenciana (Fuente: AERTE).
– 44 millones de euros correspondientes a los servicios públicos de gestión privada. Pendientes de cobro desde noviembre de 2012, es decir once meses sin cobrar.
– 40 millones de euros correspondientes a los servicios de accesibilidad social. Pendientes de cobro desde diciembre de 2012, es decir, diez meses sin cobrar.
– 9 millones de euros correspondientes a los Bono-residencias. Pendientes de cobro desde enero de 2013, es decir, nueve meses sin cobrar.
– 9,3 millones de euros correspondientes a servicios que prestan a las residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario (Lares).
Botella propone una reforma de la Ley de Capitalidad para mantener servicios
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha propuesto al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, una reforma de la Ley de Capitalidad para mantener en el ámbito de las competencias de la ciudad el Samur y los servicios sociales no afectados por la Ley de Dependencia.La ‘marea naranja’ informará a los dependientes sobre sus derechos a prestación
‘Marea Naranja’, una organización integrada por trabajadores sociales y personas dependientes, ha organizado una campaña informativa para dar a conocer cómo afectan en cada caso los recortes presupuestarios en la aplicación de la Ley de Dependencia.
El portavoz de esta organización, Carlos Santamaría, detalló ayer que se desarrollará en diferentes puntos de Logroño hasta el próximo 14 de noviembre con el lema ‘Reclama tus derechos, nosotros te ayudamos’. Durante las tardes de los días laborables, excepto viernes, los dependientes y sus familiares podrán acercarse a las sedes del Colegio Riojano de Trabajo Social (lunes y miércoles), UGT (martes) y CC OO (jueves) para conocer de forma detallada si tienen derecho a alguna prestación que ha sufrido un «recorte».
Santamaría aseguró que, si es necesario, se presentarán solicitudes individualizadas para acceder a prestaciones que no se reciben y se ha comprometido a realizar un seguimiento de estas peticiones y quejas, que se enviarán al Gobierno regional.
Aunque no precisó el número de riojanos que se han visto afectados por los recortes, según los datos de ‘Marea Naranja’, el cambio en el baremo de reconocimiento del grado de dependencia y el retraso de la aplicación de algunos grados hasta 2015 afecta a unas 2.765 personas.
Santamaría recordó que, en marzo pasado, el Gobierno regional modificó por un decreto la cartera de servicios a la Dependencia y explicó que, para 2014, no se ha precisado todavía qué rebaja en las prestaciones se producirá, aunque los Presupuestos Generales del Estado recogen una reducción a la Dependencia del 46 %, unos 1.700 millones de euros.
C-LM ultima la Ley de Garantías de Derechos de Personas con Discapacidad
La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha avanzado este jueves que «dentro de muy poco» el Gobierno que preside podrá presentar la Ley de Garantías de los Derechos de las Personas con Discapacidad, norma en la que se encuentra «trabajando» el Ejecutivo regional.
Así lo ha asegurado Cospedal durante la inauguración de la cuarta edición del Congreso Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, organizada por CENTAC, quien ha indicado que la Junta de Comunidades está elaborando esta ley con la colaboración del Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la ONCE.
Cospedal ha destacado que desde la Administración, aunque no sea como «una empresa», se puede colaborar con la legislación, a la hora de «modificar leyes obsoletas y garantizando la igualdad de derechos» para estas personas.
182.000 PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Asimismo, ha puesto en valor el papel de la tecnología para las personas que sufren algún tipo de discapacidad y ha señalado que en Castilla-La Mancha existen 182.000 castellano-manchegos que tienen algún tipo de discapacidad, y que son potenciales consumidores de estas tecnologías.
«Vivimos en una sociedad de la información en la que no se puede abrir más la brecha entre las personas sin discapacidad que las que no la tienen. Tiene que servir para que los más vulnerables encuentren una herramienta de integración a los servicios públicos», ha aseverado la jefa del Ejecutivo.
En esta línea, Cospedal ha señalado que todos «podemos sufrir discapacidades» en algún momento de «nuestras vidas» o por motivos de la edad, en el que necesitaremos tecnologías «que van dirigidas a personas que no tiene plena capacidad desde el punto de vista físico, psíquico y sensorial».
ELIMINAR BARRERAS
Aunque ha admitido que en materia de discapacidad se ha avanzado en gran medida, la presidenta ha señalado «que aún queda camino por recorrer» para «eliminar barreras» en el ámbito educativo y social, al tiempo que ha apelado a la colaboración entre administraciones y empresas para trabajar en este ámbito.
Cospedal ha resaltado «la igualdad y la integración como derechos inalienables de la persona y que nos pertenecen a todos», que tienen que ser promovidos desde las entidades sin ánimo de lucro o desde el ámbito empresarial pues «tienen la responsabilidad de trabajar por este objetivo».
COMPROMISO DEL GOBIERNO
Por su parte el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Bonilla, ha trasladado el compromiso del Gobierno de España con la accesibilidad de las personas con discapacidad para reducir las situaciones de dependencia.
«A pesar de que hay un basto camino recorrido nos queda muchísimo por hacer y para seguir trabajando sin descanso porque la tecnología genera una discapacidad invisible, una brecha digital que afecta a las personas con discapacidad», ha aseverado Bonilla.
PRIMER DIABÉTICO EN VISITAR LOS POLOS
Durante esta inauguración, Josu Feijoo, primer diabético en el mundo en subir las Siete Cumbres y en visitar el Polo Sur y Polo Norte, ha trasladado su experiencia a los presentes, y ha relatado que «aunque la vida le puso una zancadilla» cuando le diagnosticaron la diabetes no perdió la ilusión por cumplir su sueño que era ser astronauta y realizar estas expediciones.
Feijoo ha asegurado que los médicos le dijeron que se olvidara de escalar el Everest y de ser astronauta, pero el tuvo que «tener fuerza de voluntad» para superar una situación difícil como esta.
La Generalitat no pagará los fármacos dispensados por farmacias en septiembre
El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha anunciado hoy martes a los farmacéuticos catalanes que el próximo día 31 no podrá pagarles los 107 millones correspondientes a los medicamentos dispensados el mes de septiembre, ha informado el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Catalunya.
La Generalitat ha aducido, según este colectivo, que no podrá hacer frente a este pago porque dispondrá de 1.700 millones menos de los solicitados a través del Fondo de Liquidez Autonómica, con los que se estaba haciendo frente a la factura de los medicamentos en los últimos meses.
El anuncio del CatSalut del nuevo impago ha provocado malestar y preocupación entre los farmacéuticos, que aún tienen pendientes de cobrar a través del Plan ICO Proveedores los 309 millones que les debe la Generalitat por las facturas impagadas de noviembre y diciembre de 2012 y mayo de 2013.
El presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Catalunya, Jordi de Dalmases, ha anunciado que ya ha iniciado «contactos para evitar que los problemas de tesorería afecten nuevamente a las farmacias».
Los farmacéuticos catalanes tuvieron que renunciar a la reclamación de los intereses de demora de los 309 millones que les adeuda la Generalitat porque ello era un requisito imprescindible para poder acceder al plan ICO Proveedores, pero aún no han cobrado estas mensualidades.
A causa de estos atrasos en los pagos, algunas farmacias catalanas han tenido que cerrar y otras han tenido que recurrir a pólizas de crédito bancarias, mientras que la mayoría sólo dispensan los medicamentos más caros por encargo y solicitados con antelación.
La Generalitat recibirá 1.700 millones menos para pagar a proveedores
El Gobierno de la Generalitat percibirá este año 1.700 millones menos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) porque el Gobierno central considera que el cobro de los planes de proveedores y el fondo de rescate no son complementarios. Según fuentes del Ejecutivo central, el Ministerio de Hacienda así lo comunicó a la consejería de Economía y al resto de las comunidades autónomas afectadas en una reunión que mantuvo con ellas el pasado viernes 11 de octubre. Según estas fuentes, Hacienda considera que ambos planes están conectados y que se descontarán de las entregas pendientes del FLA.
La novedad es un nuevo contratiempo para la Generalitat, que sostiene que la medida se contradice con la filosofía que hasta ahora ha seguido el ministerio de Hacienda, es decir, que no faltará jamás la liquidez para la lucha contra la morosidad. Según ha informado hoy La Vanguardia, el pasado 25 de octubre el consejero Andreu Mas-Colell pidió una reunión al ministro de Economía, Luis de Guindos, para abordar este asunto, sin que haya recibido respuesta.
La principal consecuencia de esa decisión, según la Generalitat, es que deberá implementar esa merma en la tesorería de la Administración este trimestre, por lo que se volverá a la situación de pagos de finales de 2012. Es decir, que no será posible ninguna mejora.
«Esta es una de aquellas decisiones que hace daño a la economía real», ha lamentado el consejero de Presidencia, Francesc Homs, tras la reunión del Gobierno catalán. «Nos devuelve a una situación de alargar los pagos. Nos sentimos engañados».
5ª Jornada de Ética y Servicios Sociales
La Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias y el IAAP «Adolfo Posada» organizan la 5ª Jornada Ética y Servicios Sociales que este año abordará el tema El papel de la ética en los modelos de atención social. Tendrá lugar en Oviedo el 21 de noviembre del 2013.
Esta convocatoria anual se enmarca dentro de las líneas que desde el Servicio de Calidad e Inspección, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda viene impulsando para propiciar la reflexión y mejorar la calidad de las prácticas profesionales en los distintos centros y servicios.
En el variado programa de la Jornada participan diversos expertos, cabe destacar la conferencia magistral que será impartida por Ramón Bayés, Profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, titulada: «Sobre la felicidad y el sufrimiento a lo largo de la vida».
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El geriátrico de Elda lanza un SOS
La residencia y centro de día para mayores dependientes «El Catí» de Elda, cuya titularidad depende de la Conselleria de Bienestar Social, se encuentra asfixiada económicamente porque la Generalitat Valenciana no le ha realizado ni un solo pago en todo el año 2013 y, además, sigue debiéndole el mes de diciembre de 2012. En total a la Fundación, Salud y Comunidad (FSC) que es la empresa que lleva prestando este servicio desde 2005, la Conselleria de Bienestar Social le debe 1,7 millones de euros por diez meses de impago continuado.
La situación es «límite» y la concesionaria ya ha anunciado que, si no recibe ninguna transferencia económica en las próximas semanas, a partir del próximo mes de noviembre ya no podrá hacer frente al pago de las nóminas de los 70 profesionales que trabajan en el geriátrico. Una circunstancia que se mantendría en diciembre –incluyendo la paga extra de Navidad– y que podría repercutir en el cuidado de los 110 mayores a los que se atiende tanto en régimen residencial como en el centro de día. Pero, a partir del próximo mes, la concesionaria también tendrá dificultades en adquirir los alimentos, hacer frente a las facturas de luz, agua y gas así como en pagar a los proveedores y a la Seguridad Social.
Para evitar llegar a este extremo los responsables de FSC han remitido una carta al Ayuntamiento de Elda solicitando al equipo de gobierno popular que medie ante el Consell para acabar con este problema. También han pedido ayuda a los grupos parlamentarios de Compromís, EU y PSPV y están a la espera de mantener otra reunión con Asunción Sánchez Zaplana, que es la titular de la Conselleria de Bienestar Social a quien este diario ha preguntado, en los últimos días, por la problemática que atraviesa «El Catí» sin obtener respuesta alguna a pesar de la insistencia.
La Conselleria no paga y los bancos no financian
El subdirector del área de Atención a la Dependencia de FSC, Ismael Estevan, admitía ayer que su empresa se encuentra en una encrucijada. «La Conselleria no nos paga lo que nos debe, ni siquiera una parte, y los bancos ya no nos dan más crédito porque no se fían. Por lo tanto ya no tenemos capacidad de financiarnos y sin nuevos créditos es imposible seguir pagando a nuestros trabajadores y a quienes nos abastecen de todo lo que necesitamos», explica Estevan recordando que FSC siempre ha pagado en tiempo y forma a sus operarios y a sus proveedores. «Algo que, por desgracia, ya no vamos a poder hacer si la Generalitat no nos abona lo que nos debe», advierte Ismael Estevan mostrándose proclive, no obstante, a acordar un plan de pagos con Bienestar Social para acabar con la «agonía».
Los alcaldes se rebelan contra el desguace de sus servicios sociales
La alarma por el incierto futuro que se cierne sobre los servicios sociales municipales —unas prestaciones especialmente exigidas en tiempos de crisis económica como los actuales— ha cundido entre los alcaldes que temen la desaparición de la red asistencial de proximidad desarrollada a lo largo de tres décadas y fuertemente arraigada y que en la actualidad da servicio a siete millones de personas. Regidores de todo signo político —hasta la Federación Gallega de Municipios y Provincias, presidida por un alcalde del PP— están elevando el tono de sus quejas a medida que se acerca el debate sobre el proyecto de ley de reforma local que tendrá lugar el jueves en el Congreso, una norma que forma parte del programa de ajustes del Gobierno y que pretende llevar a la práctica el principio: una administración, una competencia.
De acuerdo con su actual redacción, el proyecto de ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local limita a los Ayuntamientos las competencias en servicios sociales. Solo los que tengan más de 20.000 habitantes están obligados a hacer frente a una reducida labor de “evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. En los municipios más pequeños, el 87% del total, esta competencia se reconoce pero no será de obligatoria aplicación. El resto de los servicios sociales recaen en la Administración autonómica.
Fernando Clavijo, alcalde de Coalición Canaria de San Cristóbal de la Laguna (150.000 habitantes, Tenerife) es uno de los 2.000 regidores que el domingo se reunieron en Madrid para protestar por esta reforma y anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional si el Ejecutivo no consensúa la ley con ellos. “La norma obedece a un criterio economicista, es decir, pretende ahorrar”, apunta Clavijo a este diario. “Y no conozco otra forma de ahorro en el gasto público que no suponga recortes y quitar prestaciones a los ciudadanos”. El alcalde de La Laguna teme que si retiran a los municipios la posibilidad de ofrecer los servicios que prestan —“nosotros, por ejemplo, ayudamos a miles de personas mayores a limpiar la casa, les compramos la medicación, la comida…”— las autonomías no se hagan cargo de ellos.
“La gama de servicios sociales que prestamos es enorme”, añade Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo (300.000 habitantes). “Contamos con un albergue para personas sin hogar, tenemos programas de lucha contra el maltrato, atención a la infancia, a personas con discapacidad… todo esto desaparece. ¿Quién lo va a prestar y cómo? Las autonomías no son capaces. La ley puede abrir una senda de falta de asistencia”.
José Masa, alcalde de Rivas-Vaciamadrid (75.000 habitantes), de IU insiste en cómo la transferencia de competencias a las comunidades autónomas supondrá “un retroceso en la atención social en una época de grave crisis”. “Todo lo que tiene que ver con la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los mayores, la igualdad, la integración de inmigrantes, juventud, infancia, pasará a depender de una administración más lejana”, apunta. “Y no está claro que las autonomías asumirán y podrán pagar estas competencias, hoy mismo el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha quejado de que tiene un problema de financiación”. David Pérez, alcalde del PP de Alcorcón (170.000 habitantes), es más prudente. Destaca que la ley está aún en proceso de tramitación. “Es prematuro y aventurado pronunciarse sobre los efectos que puede tener”, traslada. Y aunque manifiesta que no teme que desaparezcan servicios, admite que, tal y como la ley está planteada, existen incertidumbres relativas a cómo se van a sufragar los servicios si pasan a depender de unas autonomías exhaustas de fondos. “Hay que clarificar la financiación, que no está definida, el Estado debería arbitrar una fórmula para que las autonomías puedan asumir el coste [de las nuevas prestaciones que deberán asumir]”.
El cambio que introduce la nueva norma supone un importante cambio de concepto. La ley de Bases actual, de 1985, atribuye a los Ayuntamientos competencias en “servicios sociales, promoción y reinserción social”, aunque las comunidades se hayan ido haciendo cargo de esas competencias, al menos sobre el papel, en sus respectivos estatutos. De ahí que los municipios, especialmente aquellos de más de 20.000 habitantes, fueran desplegando desde la mitad de los años ochenta servicios de ayuda a domicilio, residencias de mayores, prestaciones de ayuda a la familia, de prevención e inserción social, comedores públicos o cualquier otro que el Consistorio considerara necesario para sus ciudadanos.
Con el paso de los años, esta atención próxima se ha convertido en una amplia red asistencial con un elevado volumen de gasto. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una de las entidades que más ha insistido en la amenaza que supone la ley de reforma de la Administración local, ha contabilizado los millones de euros que están en el aire debido a la norma en un intento de dimensionar el coste de los servicios que hay en juego. Y el resultado es superior al que esperaban.
El gasto de las Administraciones locales en materia de servicios sociales es de 5.118 millones de euros, de acuerdo con lo recogido en el presupuesto liquidado de 2012.
En esta suma se encuentran incluidos los fondos destinados por las comunidades autónomas a apoyar estos servicios (1.276 millones de euros). Una vez restada esta cantidad, la suma sigue siendo notablemente elevada: 3.851 millones de euros. Excepto unos pocos cientos de euros —que corresponderían a los salarios del personal que necesitan los municipios para prestar sus disminuidas funciones de información, derivación y atención urgente— los más de 3.500 millones de euros restantes corresponden al coste de prestaciones que deberían asumir las autonomías.
Aunque la ley abre la puerta a que no lo hagan. Una disposición adicional de la nueva ley prevé que, una vez asumidas por las autonomías las competencias relativas a la prestación de servicios sociales, de promoción y reinserción social, les corresponderá “establecer (…) las medidas necesarias para racionalizar el servicio”.
El informe de los gerentes sociales destaca cómo parte del dinero en atención social que gastan los Ayuntamientos acaba en el sector privado. Un 38% del gasto social municipal corresponde a servicios del sector privado (ayuda a domicilio, teleasistencia) y un 21% a transferencias de ayuda directa (a las familias) o indirecta (a través de entidades sin ánimo de lucro).
De ahí que no solo estén en el aire decenas de miles de puestos de trabajo de funcionarios municipales, sino también de otras entidades. “Se van a ver afectadas las empresas de ayudas a domicilio que tienen contratadas a miles de personas. Hay 650.000 usuarios de ayuda a domicilio, 648.000 cuyo servicio lo prestan los Ayuntamientos. Significa que hay 32.240 auxiliares de hogar que serían los más afectados. La reforma local pone en riesgo esos empleos. Pero hay hasta 70.000 empleos sociales en el aire en total”, apunta José Manuel Ramírez, de la asociación de gerentes.
Para Ramírez es imprescindible que la ley reconozca a los servicios sociales municipales las competencias de los servicios de proximidad. Y conceder cinco años para la transferencia de otros servicios (por ejemplo, las residencias) a las autonomías.
