Archivo mensual: octubre 2013
‘Minusválidos’ en los Presupuestos Generales del Estado
El Informe Económico y Financiero que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, registró en el Congreso de los Diputados junto al proyecto de Presupuestos Generales, utiliza el calificativo «minusválido» para referirse a personas con discapacidad, perpetuando así una terminología que debería estar ya erradicada de los textos legales en cumplimiento de la Ley de Dependencia.
Este texto oficial, recogido en la Serie Amarilla de documentación, se refiere al colectivo con el calificativo «minusválido» hasta en siete ocasiones y habla de «discapacitados» en otras tres, en lugar de utilizar la expresión «persona con discapacidad», establecida por ley al considerarse más respetuosa con la dignidad de estos ciudadanos.
La disposición octava de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia estableció en diciembre de 2006 que «las referencias que en los textos normativos se efectúen a minusválidos y a personas con minusvalía, se entenderán realizadas a personas con discapacidad», prescripción que entraría en vigor en enero de 2007, recogiendo así una demanda tradicional del colectivo.
Tres años más tarde, el Consejo de Ministros que presidía José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el Real Decreto de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, que ordenó la sustitución de la expresión «minusválido» en la norma de 1999 que venía regulando esta materia. Además, la Comisión Estatal para el Seguimiento del Grado de Minusvalía pasó a llamarse «de Discapacidad».
El propio decreto recordaba que la Organización Mundial de la Salud abandonó las expresiones «minusválido» y «minusvalía» en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) del año 2001 «debido a su connotación peyorativa». El organismo reconocía así que las palabras «pueden estigmatizar y etiquetar» a las personas pese a los esfuerzos de las administraciones públicas por evitarlo.
La CIF decidió utilizar el concepto de «discapacidad», en tanto que «se refiere a los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una determinada ‘condición de salud’ y sus factores contextuales (ambientales y personales)», tal y como cita el Real Decreto aprobado en España en el año 2009 por el que debería dejarse de utilizar, además, la expresión «grado de minusvalía» en favor de «grado de discapacidad».
Sin embargo, ni el citado Real Decreto ni la Ley de Dependencia han conseguido que se cambie la normativa de referencia en lo que a prestaciones sociales para el colectivo se refiere: la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI), que a día de hoy mantiene su nomenclatura. Con todo, la fórmula más extendida ya tanto en la administración como en los medios de comunicación es la de «persona con discapacidad».
«EL LENGUAJE REFLEJA LA ACTITUD»
Conforme explica el Decálogo para un uso apropiado de la Imagen Social de las Personas elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), «puede causar cierta perplejidad la variedad de palabras con las que designar la discapacidad y a las personas que la presentan, pero, en el fondo, muestran una evolución en la búsqueda de un lenguaje que no estigmatice ni prejuzgue menor valor».
«Al final, con los términos reflejamos una manera de pensar y una actitud», añade la vicepresidenta del CERMI, Pilar Villarino. En declaraciones a Europa Press, ha incidido en que «las leyes están para cumplirlas» y, en este caso, la Ley de Dependencia impuso la erradicación de una terminología que «tiene un carácter peyorativo y de desprecio». El texto adjunto a los presupuestos generales incurre por tanto, en «un incumplimiento claro», conforme ha señalado.
Villarino explica que la discapacidad hoy sólo se entiende desde la perspectiva de los Derechos Humanos, consagrada en la Convención de Naciones Unidas al respecto, «y el lenguaje no puede permanecer ajeno a este modelo». «Ni siquiera hablamos de discapacitados, porque primero son personas, y luego, personas que tienen una discapacidad. El lenguaje es muy importante», ha añadido.
Con todo, el CERMI no es partidario de otras expresiones tendentes a evitar la palabra «discapacidad», como «diversidad funcional». «Creemos que hay que llamar a las cosas por su nombre, pero hay que tratar a la persona como se merece y como persona, en primerísimo lugar debe figurar como sujeto de derechos», ha añadido.
La Real Academia Española de la Lengua define minusválido, dicho de una persona, como «incapacitada, por lesión congénita o adquirida, para ciertos trabajos, movimientos, deportes, etc.». Discapacitado, por su parte, sería aquella persona «que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas».
El PP pide regular la cualificación profesional de los asistentes de personas dependientes
El PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para pedir al Gobierno que regule la cualificación profesional de los asistentes de personas dependientes pues considera que actualmente hay un vacío legal.
En su iniciativa, recogida por Europa Press, el PP advierte de que la cualificación profesional del personal asistente «carece de perfil profesional con reconocimiento oficial», un «vacío legal» que a su juicio está impidiendo la extensión de esta figura entre personas con discapacidad. «Se está produciendo una situación de inseguridad jurídica y laboral, que influye en las escasas contrataciones realizadas», sostiene.
La Ley de Dependencia determina que el personal asistente «realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia de cara a fomentar su vida independiente» y prevé una retribución para que las personas dependientes puedan contratar un asistente que «facilite al beneficiario el acceso a la educación y el trabajo».
Sin embargo, según datos de abril de este año sólo un 0,13% de las personas dependientes con prestación la utilizaban para contratar asistencia personal, casi todas en el País Vasco.
UN VACÍO LEGAL QUE FRENA LA CONTRATACIÓN
Para el PP, ese vacío legal hace que las personas que se dedican profesionalmente a las tareas de asistencia se encuentran en un régimen de trabajo «que no es acorde con su desarrollo laboral diario, ya que tienen que acogerse a convenios profesionales dentro del sector que no se ajustan a su perfil de trabajo».
«De este modo se propician situaciones contradictorias y difíciles de resolver tanto por parte del empleado como del empleador –añaden–. Por ese motivo es necesario regular la figura del asistente personal para que así puedan disponer, tanto los trabajadores como las personas con discapacidad que quieran contratarles, de un marco legal específico tanto en el ámbito jurídico como laboral».
Aerte cifra en más de 100 millones la deuda acumulada con todo el sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte), junto con la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), solicitará este viernes una reunión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de cara a abordar el «desbloqueo necesario y urgente» de las cantidades pendientes de pago, que a día de hoy Aerte cifra en más de 100 millones de euros entre todo el sector de la dependencia de la Comunitat Valenciana.
En concreto, ha indicado en un comunicado, la deuda se divide en 44 millones correspondientes a los servicios públicos de gestión privada, pendientes de cobro desde noviembre de 2012; 40 millones de los servicios de accesibilidad social, pendientes de cobro desde diciembre de 2012; nueve millones correspondientes a los bono-residencias, pendientes de cobro desde enero de 2013; y 9,3 millones correspondientes a servicios que prestan a las residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario (Lares).
La directora de Aerte, María José Mira, ha apuntado que «la situación por la que atraviesan todos los centros y residencias, diez meses seguidos sin cobrar, se hace cada vez más insostenible a medida que la deuda se acumula», por lo que «tienen serias dificultades para pagar no sólo a sus profesionales, sino para poder seguir desarrollando unos servicios de asistencia de calidad a más de 22.000 personas dependientes en la Comunitat Valenciana, en su mayoría mayores y discapacitados».
María José Mira ha subrayado que, además, «muchos centros están pagando altos intereses a las entidades bancarias a las que, por falta de financiación de la administración, han tenido que pedir prestado, haciendo así mas insostenible su situación». «Raro es el día que no contacta algún asociado con nosotros por problemas de embargos o sanciones de hacienda», ha lamentado.
La situación del cobro al sector de la dependencia es «especialmente grave» en la Comunitat Valenciana, donde, según Aerte, el promedio de tiempo sin cobrar es cuatro veces superior a la media.
«SITUACIÓN ASFIXIANTE»
«Esto, unido a que no se ha abonado la deuda integrada en la primera fase del plan de pagos a proveedores, junto al aplazamiento del pago de otra parte de la deuda establecida para la segunda fase de dicho plan, hace que la situación para muchas residencias y sus dependientes sea asfixiante», ha denunciado.
En este sentido, Mira ha añadido que «la administración central no puede dar la espalda a la Comunitat Valenciana, más aún cuando nuestras empresas han sido un referente a seguir por otras comunidades en distintos modelos de colaboración sociosanitaria con la administración».
I Premio Europeo para el Emprendimiento Social y la Discapacidad
La Fundación ONCE, en el marco de la Red Europea RSE+D, co-financiada por el Fondo Social Europeo, ha puesto en marcha el primer ‘Premio europeo para el Emprendimiento Social y la Discapacidad: promoviendo la inversión social’, con el que se busca reconocer públicamente aquellas iniciativas de emprendimiento social cuyo objetivo sea el ámbito de la discapacidad.
El proyecto ganador recibirá un reconocimiento económico de 6.000 euros, importe co-financiado por el Fondo Social Europeo (en un 70%), y por Fundación ONCE y Fundación Triodos (en el 30% restante), además de poder disfrutar de asesoramiento especializado por parte de profesionales vinculados a esta iniciativa.
El premio buscará reconocer proyectos en fase de desarrollo o ya en marcha con menos de un año de vida, que encajen en uno de los dos tipos de perfiles: emprendedores sociales que tengan proyectos en el ámbito de la discapacidad o emprendedores con discapacidad con un proyecto innovador.
«El objetivo de este premio es el de contribuir a que las personas con discapacidad adquieran protagonismo en el nuevo modelo europeo de crecimiento económico sostenible, tal como recoge y promueve la Comisión Europea», ha explicado Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE.
El premio se entregará durante el evento ‘Social Entrepreneurs: Have Your Say! 1’, organizado en Estrasburgo por la Comisión Europea. Las personas con discapacidad representan en la actualidad un 16% de la ciudadanía europea.
Fundación ONCE cuenta con la colaboración de la Comisión Europea y con el apoyo de Telefónica, L’Oréal y el Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (socios fundadores de la Red RSE+D), además de Kanchi, Essl Foundation y Fundación Triodos para llevar a cabo este premio.
Bruselas avisa de la creciente divergencia en bienestar social entre España y Alemania
La Comisión Europea ha alertado este miércoles de la creciente divergencia en materia de bienestar social entre los países del centro y los de la periferia, y en particular entre Alemania y España, desde el inicio de la crisis -en cuestiones como el nivel de paro y pobreza, la tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan, la desigualdad de ingresos o la renta disponible de los hogares- por considerar que pone en riesgo la unión económica y monetaria.
«La UE debe reequilibrar la gobernanza de la unión económica y monetaria para afrontar mejor los problemas de divergencia entre la situación de materia de empleo y social de los países de la eurozona», ha reclamado el comisario de Empleo, László Andor.
Para ello, el Ejecutivo comunitario ha propuesto este miércoles crear un cuadro comparativo de cinco indicadores cuyo objetivo es, según Andor, «detectar problemas graves de empleo y sociales mucho antes para adoptar medidas con el fin de afrontar mejor la crisis actual y prevenir que en el futuro se desarrollen crisis graves».
Los indicadores evidencian, de acuerdo con los datos de la Comisión, que en los años previos a la crisis hubo una convergencia en materia social entre España y Alemania que se quebró a partir de 2007. Desde ese momento y hasta 2012, mientras que Berlín mejora en todos los indicadores, Madrid registra un fuerte empeoramiento.
Así, en materia de tasa de paro, España tiene una tasa del 26,2% (la segunda más alta de la UE, sólo superada por Grecia), mientras que Alemania registra la segunda tasa más baja (5,2%). En 2007, los dos países tenían un nivel de desempleo similar de alrededor del 8%.
El porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan (ni-ni) ha aumentado en España desde el 12% en 2007 hasta el 18,8%, el segundo más alto de la UE de nuevo por detrás de Grecia. En cambio, en Alemania cae del 9% al 7,7%. Por su parte, la tasa de población en riesgo de pobreza en España ha subido del 19,6% al 25,7%. También en Alemania se registra un incremento, pero mucho más suave, del 15,2% al 15,9%.
La renta disponible de los hogares en 2010 cayó 5 puntos en España, mientras que progresó dos puntos en Alemania. Desde ese año se está produciendo la evolución inversa. Finalmente, los indicadores de Bruselas detectan un aumento de la desigualdad en España, mientras que en Alemania se mantiene estable.
Así, si el nivel de ingresos de la población española más rica era al principio de la crisis de media cinco veces más alto que el del sector más pobre, en 2011 es casi siete veces más alto. En Alemania, el valor se ha mantenido estable en cinco.
FRAGILIDAD DE LA RECUPERACIÓN
En su último informe trimestral sobre el empleo y la situación económica publicado este lunes, la Comisión avisa de que la recuperación es «frágil» y que las condiciones sociales y del mercado de trabajo siguen siendo «muy difíciles».
Las tasas de desempleo juvenil han alcanzado niveles sin precedentes, con un promedio del 23 % para la UE en su conjunto y hasta un 63 % en Grecia y un 56% en España. El desempleo de larga duración ha aumentado en la mayoría de los Estados miembros, alcanzando un máximo histórico en el conjunto de la UE.
Además, la destrucción neta de puestos de trabajo ha coincidido con empleos más precarios: ha aumentado el empleo a tiempo parcial, especialmente el involuntario, aunque haya disminuido la proporción de contratos temporales en la UE, más afectados por la contracción.
La pobreza ha aumentado en la UE desde 2007. Los ingresos de las familias disminuyen y un 24,2 % de la población de la UE se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión. Esto afecta especialmente a los niños, puesto que ha aumentado el desempleo y el número de hogares sin ingresos laborales, así como la pobreza de las personas con empleo.
La contratación de empleados con discapacidad crece en 2013 un 10,4% hasta los 45.135 contratos
La contratación de empleados con discapacidad crece en lo que va de 2013 un 10,4% más que en el mismo periodo de 2012, hasta los 45.135 contratos, según los datos del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), difundidos por FEACEM, entidad miembro de CERMI.
Sin embargo, esta entidad señala que la contratación de este colectivo trabajadores «aumentaría más intensamente» si España dispusiera de un mejor marco normativo de promoción de la inclusión laboral, «global, amplio y actualizado», para este sector social, que trascienda y supere el vigente, que data de hace más de 30 años.
«La evolución positiva de la contratación, a pesar de la aguda crisis que atraviesa la economía española, ha de ser aprovechada con la renovación del marco normativo y de las políticas activas de empleo, que por su antigüedad e inadecuación a la realidad actual no acompañan suficientemente esta tendencia favorable a la inclusión laboral», señalan desde el CERMI.
El número de contratos acumulados a agosto de 2013 es también superior al número de contratos acumulados a agosto de 2011 (un 7% superior). La contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo, muestra un incremento respecto al año anterior; la contratación en empresas que no son centros especiales de empleo mejora y presenta también un resultado ligeramente superior al año anterior.
La evolución mensual de la contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo presenta, en el acumulado a agosto de 2013, un resultado superior al mismo período de 2012. Así en el acumulado a agosto de 2013 se ha realizado un total de 32.049 contratos para personas con discapacidad en este tipo de empresas, lo que supone un incremento del 14,83% respecto a las contrataciones realizadas en el acumulado a agosto de 2012 (27.908 contratos).
Esta realidad global del país tiene una distribución territorial homogénea entre las comunidades autónomas, excepto Asturias, Canarias y Murcia que tienen un saldo negativo. El CERMI destaca también que la contratación acumulada en agosto de 2013 supere la realizada en el acumulado a agosto de 2011 (es superior en un 15,4%).
Ana Mato, Cospedal, Rudi y Rafael Hernando, nominados al Premio ‘Corazón de Piedra’ 2013
La ministra de Sanidad, Ana Mato; la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal; la de Aragón, Luisa Fernanda Rudi y el diputado nacional del PP Rafael Hernando, han sido nominados para el premio ‘Corazón de Piedra’ 2013, galardón que entrega la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en reconocimiento por la «falta de sensibilidad en materia social y el desprecio hacia las personas más necesitadas».
Según informa la organización en un comunicado, el «ganador» será elegido por votación popular a través de la página web de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales y en las redes sociales. La votación se prolongará durante las próximas semanas y el resultado se dará a conocer el 25 de octubre durante el XX Congreso anual de la Asociación, al que serán invitados a asistir todos los candidatos.
El premio, que será entregado en ese mismo acto, consistirá en un diploma y trofeo al ganador, así como diploma a los candidatos que no resulten ganadores. «En caso de que alguno de ellos no asista personalmente a recoger su trofeo, les será entregado en el lugar que ellos mismos determinen y si tampoco fuera posible, se les enviará por mensajería», según explica la organización.
‘Corazón de Piedra’ nace como alternativa al premio que la asociación viene entregando en sus congresos anuales para reconocer la labor positiva de personas, entidades, empresas y medios de comunicación en materia social.
«De la misma manera que se debe conocer estas buenas prácticas en materia social, es necesario que se reconozca a las personas que muestren mayor insensibilidad y cuyas opiniones o actuaciones produzcan más desamparo y sufrimiento a las personas y familias, especialmente en situaciones tan graves como las que estamos viviendo», explica la asociación.
En este sentido, Mato ha sido propuesta como candidata «por su personal insensibilidad y porque su único cometido al frente del Ministerio ha sido recortar, destruir y demoler políticas sociales», mientras que Cospedal se nombra «por su obsesión por desmontar políticas sociales, con especial dedicación a aquellas dirigidas a las personas más vulnerables».
En cuanto a Rudi, la asociación ofrece su candidatura «por la aplicación del gobierno que preside en desmontar el Sistema de Atención a la Dependencia, y añadir un destacable punto de crueldad al culpar de sus malos resultados a los fallecidos», mientras que a Rafael Hernando se le ha propuesto por «su descaro y crueldad al decir que son los padres los responsables de la situación de los niños que padecen dificultades de alimentación».
Madrid potenciará la imagen positiva de los mayores con carteles en Metro, EMT y mobiliario urbano
Una campaña municipal, en colaboración con la Fundación Especial Caja Madrid, potenciará la imagen positiva de los mayores con carteles en el Metro, en los autobuses de la EMT, en el mobiliario urbano y en los centros municipales, como ha avanzado este martes la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
Se desarrollará del 14 al 27 de octubre, como ha explicado la primera edil en el transcurso de un acto de celebración con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, al que también ha asistido la delegada de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana, Lola Navarro.
En el acto se han entregado 21 placas conmemorativas, una por cada distrito, a mayores voluntarios con reconocimiento a su entrega y altruismo. «Es un homenaje bien merecido para mayores entusiastas, como vosotros, que nos enseñáis día a día a superarnos y a tratar de ofrecer en todo momento lo mejor de nosotros mismos a los demás», les ha dicho la alcaldesa. Una de las homenajeadas ha sido Elisa, que en pocos días cumplirá cien años, a quien se le ha cantado el ‘Cumpleaños feliz’.
Botella se ha mostrado convencida de que los mayores ayudan a los jóvenes «a tener una imagen más positiva de las personas de más edad» y les permite «aprovechar sus conocimientos y estrechar vínculos». Ella misma se ha puesto como ejemplo al ser abuela de cinco nietos.
En este sentido ha recordado que en 2008 se constituyó el Consejo Sectorial de Personas Mayores de Madrid, que se reúne periódicamente para recoger las opiniones de los representantes de las asociaciones, de los centros municipales de mayores, de los técnicos municipales y de la Comunidad de Madrid. Además, los mayores participan activamente en los Consejos Territoriales de los distritos para aportar soluciones y alternativas a las cuestiones de sus barrios.
Ana Botella ha señalado que en los últimos quince años se ha incrementado la participación social de los mayores, que se ha traducido en un importante aumento de voluntarios. Y es que el cuerpo de voluntarios del Ayuntamiento cuenta en estos momentos con más de 8.350 personas, de las cuales 1.800 son mayores de 65 años, estos es, un 22 por ciento.
La alcaldesa ha destacado especialmente la labor de los más de 1.500 mayores que prestan sus servicios como voluntarios activos en los 89 centros municipales de la Tercera Edad, donde ejercen como monitores de diversas actividades socioculturales y cuya labor ha permitido que más de 15.000 mayores de la ciudad hayan disfrutado de diferentes talleres.
Por último, la primera edil ha anunciado que en los próximos días solicitará la adhesión de Madrid a la Red Mundial de Ciudades Amigables con las personas mayores como un paso más en el compromiso del Gobierno municipal de potenciar la participación de esta parte de la población. «Queremos aprender, valorar y escuchar todo lo que tienen que decirnos», ha concluido.
El Programa Inserta logra la inserción laboral de más de 6.000 personas con discapacidad en 13 años
Un total de 60 empresas se han adherido al Programa Inserta para la inserción laboral de personas con discapacidad, una iniciativa que desarrolla Fundación ONCE a través de FSC Inserta, su entidad para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, y que ha permitido crear y consolidar más de 6.000 puestos de trabajo desde que comenzó el Programa hace 13 años.
El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, ha ofrecido estos datos en declaraciones a Europa Press, tras firmar este miércoles en Murcia la adhesión de la empresa ElPozo Alimentación al programa, y que permitirá que 40 personas con discapacidad entren a formar parte de la compañía en un plazo de dos años.
Durán, quien ha suscrito el acuerdo con el presidente de ElPozo Alimentación, Tomás Fuertes, ha recordado que Fundación ONCE, a través de FSC Inserta, modula estos convenios de un modo «singular y adaptado a las condiciones de cada empresa».
Además, ha indicado que Fundación ONCE trata de trabajar con empresas «líderes en su sector», porque el objetivo es que estas experiencias de inserción laboral «se visibilicen». Además, ha apostillado que las empresas salen reforzadas como «compañías exitosas en el campo en el que trabajan».
El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE ha recordado que el programa Inserta comenzó en el año 2000 y, ahora mismo, ya suma más de 6.000 empleos de personas con discapacidad gracias a la colaboración de 60 grandes compañías. Los trabajadores no son exclusivamente personas con discapacidad visual, sino que pueden tener cualquier tipo de discapacidad, ha puntualizado.
No obstante, ha explicado que el Programa Inserta es un proyecto específico en el que participan grandes empresas, pero la Fundación ONCE lleva a cabo más planes de inserción y procura más de 5.000 empleos cada año a personas con discapacidad en empresas locales de menor tamaño. En total, ya ha ayudado a encontrar trabajo a más de 80.000 personas con discapacidad desde su creación, hace 25 años.
En este sentido, FSC Inserta, en el marco del Programa ‘Por Talento’ (Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación 2007-2013, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y por Fundación ONCE) tiene una bolsa de empleo con más de 180.000 personas con discapacidad demandantes, censadas y entrevistadas. El archivo incluye un perfil detallado de cada trabajador, con información de los estudios y habilidades que posee.
La entidad de Fundación ONCE, experta en intermediación laboral, ofrece a sus beneficiarios itinerarios para la mejora de la empleabilidad mediante la realización de cursos y talleres formativos y posteriormente presenta a los candidatos a las ofertas de perfiles demandados por las empresas.
Disponer de trabajadores con discapacidad en la plantilla, añade Durán, aporta un «valor añadido» a las empresas, ya que gracias a ello cuentan con empleados «con un grado de motivación excelente», y pueden conocer a un sector de la población «con el que a veces no se tiene contacto directo».
Así pues, las empresas pueden conocer a las personas con discapacidad «como clientes y como destinatarios finales de productos y servicios». Asimismo, ha remarcado, supone un valor añadido desde el punto de vista emocional, puesto que se trata de gente que «tiene menos oportunidades y se relativizan problemas que, realmente, no lo son». Las personas con discapacidad en el ámbito laboral «es gente que va al grano y que trata de resolver su trabajo de la mejor manera posible, trabajando con muchas ganas», ha subrayado.
Durán ha alabado a ElPozo Alimentación como una empresa «líder» que ya cumple el requisito del cupo legal del dos por ciento mínimo de trabajadores con discapacidad, y ahora busca «la excelencia». A su juicio, es una empresa «con voluntad de realizar estos programas de mejora».
FSC Inserta, que trabaja con muchas otras empresas del sector industrial, puede aportar «buenos perfiles adecuados» a los puestos que se oferten. Además, Durán cree que existe una posibilidad de establecer una relación comercial con ElPozo Alimentación a través de empresas de la ONCE y su Fundación (Corporación CEOSA y Grupo Fundosa) que trabajan en el sector de lavandería, de la seguridad, la limpieza o el tratamiento documental, entre otras cosas.
ETAPA DE CRISIS
Durán ha indicado que la Fundación ONCE no ha acusado de manera tan adversa el efecto de la crisis porque ha aprendido a trabajar «con más eficiencia, si cabe», y el sector de la discapacidad «ha aguantado bastante bien el empleo, porque tenemos una gran convicción detrás de los empleos que generamos». «No estamos para ganar dinero en el corto espacio de tiempo, sino para generar empleo», ha subrayado.
No obstante, ha admitido que el mercado laboral del ámbito de la discapacidad «ha ido funcionando bien, aunque en los últimos meses ha caído un poco». Por eso, Fundación ONCE y FSC Inserta «tienen que hacer un doble esfuerzo para poder mantener las cifras de creación de más de 5.000 empleos para personas con discapacidad cada año».
El objetivo de Fundación ONCE es, a su juicio, mantener esa creación de empleo «llueva o haga sol, de forma independiente a la crisis o el contexto».
Gobierno catalán dice que intensificará el diálogo con las entidades tras los nuevos recortes en dependencia
La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, ha asegurado este miércoles que intensificará el diálogo con las entidades sociales, tras anunciar que mantendrá la suspensión de nuevas ayudas a dependientes para pagar una residencia –el departamento anunció en un principio que la suspensión sería solo en julio y agosto– y el recorte del 4,6% en los pagos a centros sociosanitarios con carácter retroactivo –un 0,25% del total de dinero público que reciben–.
«Tenemos un importante problema de financiación de todo lo que tiene que ver con la dependencia», ha admitido Munté en una atención a los medios, en la que ha reiterado que la ley de dependencia está infradotada por parte del Estado y la Generalitat realiza un sobreesfuerzo desde hace años para atender a todas las personas.
Preguntada sobre por qué anunció en un principio que la suspensión era solo de dos meses, cuando finalmente se ha prorrogada ‘sine die’, la consellera ha asegurado que se debe a que en julio no se conocía el techo de déficit que, a pesar de ser superior en el caso de Catalunya que el de otras comunidades autónomas, ha considerado «totalmente insuficiente e injusto».
Munté, que ha recordado que cada décima adicional de déficit suponía disponer de 200 millones de euros, ha precisado también que los Presupuestos Generales del Estado para 2014 no prevén partidas adicionales para el sector de la dependencia, y la aportación del Gobierno «no ha hecho más que descender», lo que hace imprescindible buscar soluciones para construir un modelo sostenible de atención, algo que se ha comprometido a hacer desde el diálogo constante con las entidades.
En todo caso, y en relación a las 17.000 personas que están en lista de espera en Catalunya para acceder a una residencia –según cifras de las entidades–, la consellera ha asegurado que ello no quiere decir que no reciban otro tipo de ayuda, y se ha comprometido a buscar soluciones y ofrecer otro servicio: «Nadie quedará desatendido», ha prometido.
Asimismo, ha evidenciado que las 11.000 plazas que ya existían en el sistema de prestación económica vinculada (PEV) –como se llama el programa ahora definitivamente suspendido y que permitía a dependientes sin plaza pública acceder a una residencia privada–, Munté ha precisado que se seguirán pagando.
La consellera, que ha señalado que el sobreesfuerzo de la Generalitat en el ámbito de la dependencia no puede ser ilimitado, ha desvinculado los nuevos recortes de una decisión tomada por motivos de ahorro económico, sino para «evitar problemas de sobreesfuerzo mayores», por lo que ha evitado cuantificar el coste para el Govern del mantenimiento de este programa.
Las personas mayores, en «grave riesgo» de «pobreza y marginalidad» por la crisis
La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) ha advertido del «grave riesgo» que sufren las personas mayores de caer en situaciones de «pobreza y marginalidad» por los efectos de la crisis económica, agravados por los recortes y medidas como el copago farmacéutico y sanitario, la reducción de ayudas a la dependencia y la pérdida de poder adquisitivo que, a juicio de la organización, «previsiblemente» se producirá como consecuencia de la reforma de las pensiones.
Con motivo del ‘Día Internacional de las Personas Mayores’, que se conmemora este martes, la unión de asociaciones ha recordado que el colectivo de personas mayores representan el 17,4 por ciento de la población total española –según los datos del INE publicados en 2012–, lo que supone que son más de 8 millones de personas.
«Un día como hoy, no hay muchos motivos para la celebración», según ha indicado la presidenta de UNAF, Teresa Blat, que ha subrayado que «los derechos más básicos de las personas mayores no están siendo garantizados» y ha reclamado que el colectivo «sea un grupo prioritario de atención por parte de los poderes públicos».
En este sentido, ha pedido además que, para ello, se tomen medidas para «continuar avanzando hacia su reconocimiento social, su derecho a la participación y, en definitiva, su plena ciudadanía».
Por otra parte, Blat ha alertado de la posibilidad de que, debido a las situaciones de vulnerabilidad a que se ve expuesto el colectivo y al «progresivo» envejecimiento de la población y de su situación de dependencia tanto funcional como emocional, las personas mayores corren el riesgo de «convertirse en uno de los grupos sociales más susceptibles de sufrir situaciones de abuso y malos tratos».
Por todo ello, ha reiterado su petición a las administraciones públicas para que destinen recursos y desarrollen medidas para proteger a las personas que forman parte de este colectivo y, por lo tanto, son susceptibles de sufrir situaciones de pobreza, violencia o marginalidad.
Las residencias de mayores del sector social denuncian impagos por parte de siete comunidades autónomas
La Federación Lares, que representa a las residencias para mayores y dependientes gestionadas por entidades sociales –fundaciones, Cáritas y ONG–, denuncia en su último informe que hasta siete comunidades autónomas acumulan «grandes bolsas de deuda» con los centros residenciales por el impago de las plazas residenciales que tienen concertadas y que mantienen reservadas, se ocupen o no.
El nivel más «crítico» se da en Andalucía, donde la deuda supera los 14 millones de euros sólo para los centros de Lares y el pago de plazas, que debería abonarse a los treinta días, se está ejecutando con retrasos de hasta 4 meses. Para poder seguir funcionando, los centros han tenido que solicitar a los bancos anticipos de las facturas emitidas a la Junta, con un interés del 4%, así como pólizas de crédito.
En esta región, casi el 14 por ciento de las plazas concertadas con los centros Lares están vacantes y desde julio de 2012 «sólo se reponen las plazas para atender urgencias sociales y sólo en casos extremos», mientras las valoraciones están «prácticamente paralizadas y cuando se realizan reflejan índices a la baja». «El sistema está prácticamente paralizado, siendo los más afectados los usuarios sin acceso a los recursos que necesitan», explica el informe.
En Baleares, el nivel también se considera «crítico» en el informe. «Hay una importante deuda acumulada de 340.000 euros del impago de las 30 plazas concertadas en la Residencia Reina Sofía- Ibiza (única de Lares con plazas concertadas) desde el 2011 y hasta mayo de 2013», explica la organización, para incidir en que ha sido necesario contratar una póliza de crédito de 500.000 euros. El peso de esta deuda puede «hundir» el centro.
RIESGO DE DESAPARICIÓN EN CANARIAS
En la misma línea, las Islas Canarias, con un nivel igual de «crítico» por el adeudo de hasta siete meses de plazas concertadas a los centros residenciales más pequeños. «Es este un volumen muy importante para su dimensión empresarial», explica el informe, para incidir en que, también en este caso, la deuda se soporta con la suscripción de pólizas de crédito «que conllevan intereses importantes».
«Así las cosas las plazas concertadas corren el riesgo de desaparecer: En la actualidad los mayores atendidos en ellas no llegan a las 100 personas y mientras, el diálogo con las Administraciones es absolutamente deficiente», dice el informe sobre Canarias, donde, según afirma, «la Ley de Dependencia está totalmente paralizada».
Mientras, en la Comunidad Valenciana, los centros aún no se han recibido los importes correspondientes al 2013, es decir, el 60% del importe de las plazas concertadas, y se acumula una deuda «importante». Por un lado, los centros asociados a Lares de titularidad municipal tienen pendiente desde 2012 recibir 270.000 euros. Por otro, se adeuda a todos los centros 5,5 millones de euros por las plazas concertadas desde enero del 201) y 527.000 euros de subvenciones para equipamiento desde 2010.
Asimismo, en Castilla La Mancha se deben entre 3 y 4 meses tanto en los conciertos como en las residencias que funcionan por convenio, aunque está previsto que se salden con los mecanismos de pago a proveedores que están en marcha. En Extremadura, por su parte, las plazas se pagan en un plazo de dos a tres meses y se acumula una deuda actualmente de 12.000 euros, y en La Rioja, donde los pagos son a 90 días, se acumulan 3 meses de retraso, según el informe.
PLAZAS VACANTES, DEPENDIENTES INFRAVALORADOS
«La crisis económica ha provocado que las Administraciones retraigan el gasto en dependencia y esta postura se ha materializado de muy diversas formas, generando una cascada de desajustes», señala Lares, Lares, que agrupa a más de 950 entidades en las 17 comunidades autónomas.
En este sentido, denuncia que la reforma de la Ley de Dependencia por la que se suprimieron los niveles intermedios que se utilizaban para clasificar la situación de la persona necesitada de atenciones, ha desembocado en «una extendida tendencia a la baremación a la baja» por lo que un beneficiario con gran dependencia es catalogado, por ejemplo, con un grado medio y quien estaba en esta situación, a su vez, puede ser considerado moderado.
Lares sostiene que esta medida «provoca que los centros perciban importes inferiores al coste de la atención real que prestan» a los dependientes que están ingresados en ellos. «En Aragón, por ejemplo, apenas hay mayores valorados con el Nivel III (Gran Dependencia)», explica el informe.
Otro de estos «desajustes» que señala la organización es la desocupación de plazas residenciales por la falta de reposición de los dependientes que fallecen. Según explica el informe, en Aragón el 46% de las plazas concertadas en centros Lares está vacante y las plazas por defunción no se cubren desde el 2010. Mientras, las plazas vacías en Andalucía son el 14% y no se producen reposiciones desde julio de 2012.
Asimismo, refiere una «bajada o congelación extendida en los precios de las plazas concertadas», aunque las Administraciones muestran cierta tendencia a flexibilizar parámetros como ratios de personal y de servicios que ayuden a los centros a soportar estas bajadas de precios. En algunas comunidades, en cambio, los precios de las plazas concertadas han subido ligeramente como es el caso de Asturias (1%) y Euskadi con un porcentaje cercano al 5%.
Sanidad asegura que «la peor parte de los ajustes» en política social «ha pasado»
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Miniosterio de Sanidad, Juan Manuel Moreno, ha afirmado que «la peor parte de los ajustes presupuestarios» en política social «ha pasado ya» y se ha entrado «en un tiempo nuevo», de «consolidación del gasto» en el que «ya no hay necesidad de ajuste».
Así lo ha explicado en la rueda de prensa de presentación del presupuesto con que contará el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el próximo curso, cuando dispondrá de 1.912 millones de euros, 3,2 millones más que en 2013, de los que 1.527 millones irán a parar a su departamento, 1,4 más que en 2013.
El grueso de estas partidas se irá al Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), que sobre el papel este año cuenta con un 46% menos de presupuesto por la desaparición de 1.034 millones de euros que el año pasado se consignaron de forma excepcional para sufragar cuotas a la Seguridad Social de cuidadores familiares que se adeudaban desde la legislatura anterior.
Moreno ha concretado que descontando estas obligaciones, el presupuesto para Dependencia este ejercicio ascenderá a 1.175 millones de euros, 4,8 millones más que el año pasado. Esta cantidad, el 61% de los fondos de que dispondrá el ministerio, incluye los 1.087 millones del nivel mínimo de financiación para las comunidades autónomas, que no varía.
A estas partidas hay que sumar otras cantidades que repercuten en la financiación de la dependencia, como 128,6 millones para promoción de la autonomía personal, 4,7 millones en transferencias al IMSERSO para la atención de grandes dependientes, 128,6 millones para termalismo social o 5 que se consignan para fundaciones que trabajan con mayores y discapacidad.
Con todo, en 2014 no habrá nivel acordado de financiación con las comunidades autónomas, por lo que el nivel mínimo será toda la transferencia que reciban del Estado para sufragar la gestión del SAAD y seguirá congelada la incorporación al sistema de dependientes moderados, cuyo ingreso se pospuso hasta julio de 2015.
22,2 MILLONES PARA VIOLENCIA DE GÉNERO
Por otra parte, Moreno ha destacado el «compromiso» del Ejecutivo en lucha contra la violencia de género y ha destacado que el presupuesto de la Delegación del Gobierno para estos fines se mantendrá íntegro respecto de año pasado, con 22,2 millones de euros y «ni una sola política» de protección o asistencia a las víctimas se verá afectada en el nuevo ejercicio. «No hay ni un paso atrás», ha asegurado.
En este sentido, ha destacado que el servicio de tele asistencia ATEMPRO mantiene una partida de 5,5 millones de euros, el servicio telefónico 016 se queda con 1,1 millones y la partida para asistencia social de las víctimas respeta los 4 millones del año pasado. Además, se incrementa la partida para sensibilización en 122.000 euros hasta alcanzar 1,6 millones.
También varía el presupuesto para los brazaletes GPS de localización de maltratadores porque, según ha explicado Moreno, se ha «renegociado» el contrato y se ha conseguido una rebaja del precio «en torno a 200.000 euros». Este dinero va a reinvertirse en una nueva «macroencuesta» sobre violencia de género que ejecutará el Instituto Nacional de Estadística por importe de 300.000 euros, conforme ha señalado.
14 MILLONES PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER
Por otra parte, en materia de Igualdad, Moreno ha destacado que el Instituto de la Mujer contará con 13,6 millones de euros para el próximo año «una vez corregidos los desajustes presupuestarios del gobierno anterior, que habían dejado un agujero de siete millones de euros». En paralelo, se destinarán otros casi seis millones para promoción del emprendimiento y el empleo femeninos, parte de los cuales proceden de fondos europeos.
Otro de los asuntos en los que ha hecho más hincapié el secretario de Estado es en el presupuesto de lucha contra la pobreza, en tanto que su departamento gestiona la recaudación del IRPF correspondiente a la casilla de fines sociales y que el año próximo podría superar los 211 millones de euros, según sus propias estimaciones.
Además, Moreno ha destacado que, por un lado, el Ministerio ha aumentado en 1,8 millones la aportación de las subvenciones sociales con cargo al IRPF y, por otro, se ha incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado la creación de un fondo europeo de ayuda a personas en riesgo de exclusión social dotado con 40 millones de euros procedentes de la Unión Europea.
El informe económico y financiero que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado este lunes en el Congreso junto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado recoge una caída global del 36,4% en las partidas que las distintas administraciones públicas destinarán el próximo año a Servicios Sociales y Promoción Social.
«Ayudar a las personas mayores». Por Catalina Hoffmann, presidenta Fundación Catalina Hoffmann y Grupo Vitalia
Nuestra sociedad, en los tiempos actuales, está sufriendo traumáticos cambios económicos y sociales. Nadie esperábamos pasar por este en pleno siglo XXI. Y han sido justo los mayores, los mismos que con esfuerzo y tesón nos llevaron a la sociedad de bienestar, los que ahora están manteniendo a sus hijos y nietos para poder salir adelante.
Las pensiones de nuestros mayores, su capacidad de ahorro durante años, y su extrema generosidad, están salvando a nuestra sociedad en un momento tan complicado.
Mientras todo esto ocurre, hay un sector de la tercera edad que se ha quedado atrás. Sus pensiones no contributivas, el escaso desarrollo económico de la Ley de Dependencia y la ayuda a cuentagotas de la Administración, les hacen quedar marginados económica y socialmente en una sociedad por la que lo dieron todo.
Por eso surgió la Fundación Catalina Hoffmann que presido y lleva mi nombre. Ayudar a los mayores, devolverles una pequeña parte de lo que ellos han hecho por nosotros, hacer en lo posible algo de justicia social con nuestros mayores con problemas en nuestra sociedad.
Las iniciativas que tiene en marcha la Fundación Catalina Hoffmann van dirigidas a mejorar la vida de las personas mayores más necesitadas. Entre ellas, destacan las siguientes:
– Proyecto Mercados: su objetivo es ayudar a nuestros mayores a transportar su compra diaria desde el mercado hasta su domicilio.
– Proyecto Mejoramos en Casa: para que los mayores sin recursos puedan beneficiarse de tratamientos especializados en su domicilio.
– Proyecto Transición Vital: para acompañar y apoyar a las personas de forma profesional y humana en sus últimos momentos de vida.
– Proyecto Biomarcadores: se trata de una investigación que se desarrolla en colaboración con el Hospital Ruber Internacional y la Universidad Camilo José Cela entre otros, con el objetivo de determinar los biomarcadores que condicionan el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.
En los estudios demográficos nacionales e internacionales, todavía se sigue considerando al mayor a partir de los 65 años. Hoy, en sociedades avanzadas como la nuestra, al pensar en el sector de la tercera edad ni se nos ocurre ver el perfil de alguien que no alcanza ni tan siquiera los 70 años. Es más, hablamos de personas que probablemente tengan por delante 20 ó 30 años de vida.
En los últimos 30 años, la población de la tercera edad ha crecido un 90%, pero la cuarta edad –a partir de los 80– lo ha hecho en un 195%. Según las proyecciones demográficas del INE, España para el 2050 será uno de los países más viejos del mundo, con 12.800.000 personas que tendrán más de 65 años, el equivalente al 31,2% de su población total.
Todos juntos, desde la Administración y desde las iniciativas privadas, desde la sociedad y desde el particular, debemos concienciarnos que hubiera sido impensable avanzar en un momento tan complicado como el actual sin la ayuda de nuestros mayores. Por eso, hoy más que nunca, somos nosotros los que tenemos que apoyarles y no permitir que ninguno se quede atrás.
Catalina Hoffmann es presidenta de la Fundación Catalina Hoffmann y Grupo Vitalia.
España ocupa el puesto 22 de 91 en el ranking de mejores países para las personas mayores, según HelpAge International
España ocupa la posición 22 de los 91 países que componen el ranking donde las personas mayores viven mejor, liderado por Suecia, Noruega y Japón, presentado este martes por la organización HelpAge International, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora este 1 de octubre.
Así, en el ‘Índice Global de Envejecimiento 2013’, países como Israel, Chile o Eslovenia se sitúan en los primeros 20 puestos de este ranking, que también tiene en cuenta aspectos como la participación de los mayores en sociedad y la adecuación de los entornos, que sitúan a España es el decimocuarto mejor país. Además, en otros parámetros como la seguridad de ingresos, España aparece en el puesto 31; mientras que en estado de salud figura en el puesto 39 o en el 50 en cuanto a empleo y educación.
El estudio pretende «comparar las vidas de las personas mayores en los diferentes países» con el fin de «ayudar a los gobiernos a mejorar los datos disponibles» a través de decisiones políticas, según ha explicado la presidenta de HelpAge International, Isabel Martínez.
En este sentido, ha urgido a los países de todo el mundo a «tomar medidas para luchar contra la pobreza en la vejez y enfrentar la discriminación por edad y el abuso de los derechos de las personas mayores» ante el «rápido envejecimiento del mundo». «Es preciso que el envejecimiento sea tenido en las agendas nacionales», ha insistido.
Según el documento, el número de personas mayores de 60 años supera en la actualidad al de los menores de 5 años a nivel mundial y se prevé que, en 2050, será mayor que el de los menores de 15 años. De hecho, señala que, ese mismo año, los mayores de 60 representarán el 22 por ciento de la población mundial.
Entre los países del G20, India, Indonesia, Malasia, México, Rusia y Turquía serán los que experimenten de forma más rápida el envejecimiento de la población, según indica el informe, que señala que en los próximos 40 años se duplicará el número de personas de avanzada edad en esos países.
Por otra parte, la organización ha destacado que, pese a lo que habitualmente se cree, el PIB de un país «no está necesariamente ligado con mejores condiciones de vida para las personas mayores». De hecho, destaca que los países en expansión conocidos como ‘BRICS’ no puntúan de forma parecida en el índice ya que Brasil y China ocupan posiciones elevadas en el índice, mientras que Rusia e India tienen puntuaciones bajas y se sitúan en la segunda mitad de la tabla.
