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Detenido el trabajador de un banco de Barcelona por robar en cuentas de ancianas
Los Mossos d’Esquadra han detenido al trabajador de una sucursal bancaria en Barcelona por robar presuntamente hasta 53.500 euros de cuentas corrientes de clientes, en su mayoría mujeres mayores, algunas con enfermedades degenerativas o terminales.
Manuel R.A., de 54 años, nacionalidad española y vecino de Barcelona, hizo valer presuntamente su situación profesional para obtener la confianza de las diferentes víctimas y defraudarlas, según ha informado este jueves la policía catalana en un comunicado.
El fraude consistía en extraer cantidades de entre 10.000 y 15.000 euros, que no quedaban justificados nunca, de diversas cuentas bancarias y, en algunos de los casos, falsificar la firma de las víctimas.
Los hechos coinciden en el momento en que Manuel R.A. cambió de cargo dentro de la entidad para pasar a cobrar una nómina inferior que afectó a su alto nivel de vida, según los Mossos.
Se le imputan ocho delitos de apropiación indebida y uno de falsificación de documento público, oficial o mercantil al presunto autor, por los que obtuvo 53.500 euros.
La entidad bancaria inició una investigación interna a través de una auditoría ante la reiteración de irregularidades denunciadas por los clientes, que concluyó con un amplio informe que la policía acabó de cerrar.
Pudieron comprobar cómo el presunto autor no anotaba las operaciones en las libretas de los clientes pero sí lo hacía en otros soportes, y también que se habían hecho reiteradas consultas, en muchos casos excesivas o injustificadas, sobre cuentas de los afectados.
Por todo ello, los agentes localizaron y detuvieron a Manuel R.A. que, después de declarar en sede policial, pasará a disposición judicial.
Extean Ondo en euskera significa ‘en casa, bien’
Desde Dependencia Social Media queremos seguir dando difusión al proyecto que el Gobierno vasco y la Fundación Matía desarrollan conjuntamente, el innovador modelo de atención centrada en la persona que están implementando en tres residencias. Adjuntamos para su conocimiento un excelente reportaje sobre su desarrollo publicado por la Revista especializada NOSOTROS.
Entrevista a Pilar Ramos, Directora General de AMADE
Por su interés, os dejamos el enlace con una entrevista reciente a Pilar Ramos, Directora General de AMADE.
La Federación de Mujeres Rurales avisa de que recortes en dependencia y educación llevan a modelos «preconstitucionales»
La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) y Unións Agrarias (UU.AA) han advertido este martes de los efectos que tendrán los recortes en dependencia entre las gallegas de este ámbito, a las que «afectarán directamente», y de la reducción de unidades escolares en las zonas no urbanas, que llevan a modelos «preconstitucionales y de los años 60».
El cuidado de las personas en situación de dependencia recae «en su mayoría, en el 90% de los casos, sobre las mujeres», en especial en el rural o los núcleos semirrurales, destaca un informe de Fademur, que apunta que las modificaciones en el sistema de atención a la dependencia afectarán a la conciliación y a la posibilidad de las mujeres del rural de generar derechos derivados de los cuidados familiares o de acceder a una ocupación de cuidadora reconocida a efectos de cotización.
La presidenta de Fademur en Galicia, Rosa Arcos, ha explicado que se cierran en torno a 40 y 50 centros y unidades escolares al año en el ámbito rural, lo que devuelve al modelo de la escuela unitaria, que reúne en una misma clase a niños de hasta 12 años de edad. En el caso de la dependencia, las modificaciones provocan el abandono de «un modelo de derechos y reparto equilibrado» por otro «asistencialista y voluntarista».
El sistema, explica Arcos, hace incompatibles las ayudas para el cuidado por parte de un familiar con el resto de apoyos, por lo que considera que un dependiente que necesita, por ejemplo, rehabilitación, deberá optar por ir a un centro a recibir esta asistencia y perder la ayuda para el hogar. La incidencia de la dependencia es mayor en los municipios rurales, agrega, y recuerda que en el 90% de los casos es una mujer quien se hace cargo del cuidado de un familiar dependiente.
«Están condenando a las mujeres a volver al trabajo sumergido, invisible y sin derechos», ha protestado Arcos, que destaca que en el rural se unen el envejecimiento de la población y la falta de servicios. «En el rural no hay alternativas», ha indicado y ha concluido que el «dibujo de Galicia es muy diferente al que hace el PP».
A su juicio, se están aprovechando los recortes para «cambiar el modelo de país» y se ha preguntado cómo se frenará la despoblación en este ámbito si no se fomenta el vínculo de los pequeños con el lugar de nacimiento ni se atiende a quien vive en el campo.
El documento destaca que, de acuerdo con los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), el año 2011 se cerró en la comunidad con un total de 94.251 dependientes. Según el Imserso, las prestaciones económicas por cuidados familiares eran 14.913, lo que duplica el número de personas beneficiarias de atención residencial (7.346).
MÁS ASISTENCIA Y MENOS AYUDAS ECONÓMICAS
Pese a los esfuerzos por cambiar la tendencia y lograr que aumente la prestación de servicios en lugar de las ayudas económicas, «la realidad es que el nuevo criterio» para el reparto del nivel mínimo garantizado «deja a Galicia en clara desventaja de partida».
Además, critica que la ley no especifica si en el reparto se seguirán teniendo en cuenta criterios como la dispersión geográfica, pese a que esto afecta «de manera muy directa» a Galicia y puede provocar que se hagan más profundas «las diferencias ya existentes entre comunidades en la aplicación de la ley».
Al hilo de ello, Fademur se remite a los datos de 2011 del IGE para destacar que la incidencia de la dependencia es mayor en los municipios con menos de 10.000 habitantes, en los que se concentra «casi la mitad del total» de dependientes de Galicia (el 46,36%) y, en consecuencia, también la mayor parte de personas que cuidan a dependientes.
Asimismo, destaca que en casos como las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar que estén reconocidas pero no percibidas, el real decreto establece una disposición adicional sobre la posibilidad de aplicaciones retroactivas. En la práctica, indica Fademur, «esta medida significa que la mayoría de las administraciones tendrán dos años para hacer efectiva esta prestación».
SEGURIDAD SOCIAL
En cuanto el régimen de los convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, una vez entre en vigor este real decreto, el convenio tendrá carácter voluntario y las cotizaciones serán a cargo de la persona que lo suscriba, indica la federación, que concluye que esto «rompe de nuevo con uno de los valores añadidos que aportaba la ley, que era la generación de derechos laborales para las cuidadoras».
«Con este convenio se producía una generación de derechos que ahora se eliminan, ya que el pago mensual de 165 euros es algo que pocas familias podrán permitirse», censura el informe.
Justicia y Bienestar Social cede la gestión del Centro de Día de Cox a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Orihuela
El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha firmado la cesión temporal de la gestión del Centro de Día de Cox por parte de la Conselleria a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias ‘Miguel Hernández’ de Orihuela.
Jorge Cabré ha explicado que la cesión temporal de la gestión del Centro de Día a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias ‘Miguel Hernández’ de Orihuela “responde al objeto de optimizar los recursos existentes”, y ha asegurado que desde la Generalitat “trabajamos para dar respuesta a la realidad de miles de familias afectadas, y ofrecer una atención especializada y de calidad a las personas enfermas de Alzheimer”.
El Centro de Día de Cox tiene una capacidad para 40 personas, y para su construcción y equipamiento la Conselleria de Justicia y Bienestar Social ha destinado más de 2 millones de euros. Asimismo, para la Conselleria ha concedido a la Asociación de Alzheimer de Orihuela una subvención de 80.000 euros para el desarrollo de programas y actuaciones destinadas a los usuarios del centro.
Por su parte, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer ‘Miguel Hernández de Orihuela atiende a 67 personas enfermas de Alzheimer y otras demencias, y a más de 250 familiares y cuidadores principales.
Entre otras actuaciones, desarrollan talleres de psicoestimulación, apoyo psicológico para familiares, estimulación física y cognitiva en domicilio, formación y campañas de sensibilización.
2’5 millones de euros
El conseller de Justicia y Bienestar Social ha felicitado a las asociaciones de familiares de Alzheimer “por su incansable labor en la búsqueda de una mayor calidad de vida para todos los afectados”, y ha reiterado el compromiso de la Generalitat “de seguir ofreciendo una adecuada oferta asistencial a todas las personas afectadas y a sus familias, capaz de garantizarles la atención que todos ellos merecen”.
“Estamos comprometidos con las familias y asociaciones –ha añadido Cabré- y vamos a seguir apoyándoles en la labor y el esfuerzo que dedican cada día a combatir esta enfermedad, desde el cariño y la comprensión”.
La Conselleria de Justicia y Bienestar Social destina este año más de 2’5 millones de euros en ayudas a 45 entidades relacionadas con el Alzheimer, de las que se benefician más de 1.600 personas. El conseller ha señalado que esta cantidad “supone un incremento superior a un 3% respecto al año anterior”, y ha recordado que la Generalitat “mantiene en 2012 un presupuesto de 206’7 millones de euros a políticas relacionadas con las personas mayores”.
Las entidades sociales de Cataluña garantizarán la atención a las personas
La presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña, Àngels Guiteras, ha asegurado hoy que las entidades sociales garantizarán los servicios y la atención a las personas, pese a que el Govern de la Generalitat les ha trasladado el problema de tesorería al no pagarles los conciertos de julio.
En declaraciones a Efe, Guiteras ha asegurado que los trabajadores de las entidades «garantizarán los servicios», aunque los problemas de liquidez de la Generalitat «ponen en peligro la viabilidad de muchas entidades».
En este sentido, la Mesa del Tercer Sector está haciendo un seguimiento de todas las entidades conjuntamente con el departamento de Bienestar Social y Familia para evitar que ninguna entidad quiebre y deje de prestar sus servicios.
Según Guiteras, el impago de los conciertos de las plazas asistenciales repercutirá en las nóminas, el pago de los proveedores y la liquidez de las entidades, pero menos en los servicios y atención a las personas, que, ha insistido, «quedan garantizados».
«Nos consta que el Govern prioriza en políticas sociales, pero hemos de pedir que esta situación de falta de liquidez sobrevenida no suceda más, que se prevenga con más tiempo y mirar de que los impagos vayan hacia otros lugares», ha dicho Guiteras.
La presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social, que agrupa a casi 4.000 entidades sociales catalanas, ha lamentado que la Generalitat haya notificado esta falta de liquidez a pocos días de final de mes, lo que ha dificultado la planificación de pagos y servicios por parte de geriátricos y centros de discapacitados, drogodependientes o menores tutelados.
«No ha habido posibilidad de planificación para dar respuesta a los compromisos inmediatos», ha reconocido Guiteras, que ha reiterado que la Mesa trabajará para garantizar la calidad de la atención y los servicios a las personas.
El nivel socioeconómico determina la percepción de los abuelos al cuidar a sus nietos
Los abuelos de familias con pocos recursos demandan imponer límites en el cuidado de sus nietos mientras los abuelos de las familias acomodadas piden ver más a sus nietos, según revela la investigación ‘Abuelos y abuelas para todo. Percepciones en torno a la educación y el cuidado de los nietos’, que la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) y Obra Social Caja Madrid recuerdan con motivo de la celebración del Día Internacional del Abuelo.
Así, los mayores de las familias obreras piden cuidar a sus nietos solo en las situaciones en que verdaderamente sea necesario, cuando el padre y la madre tienen auténticas responsabilidades –laborales, principalmente– y no para que estos puedan disfrutar de su tiempo libre.
Cuando estos límites no se respetan, según muestra la encuesta, los mayores afirman sentirse «utilizados» y «angustiados» ante la responsabilidad educativa. Incluso llegan a afirmar que cuidaron de sus hijos, ahora cuidan de sus nietos y dudan mucho de que alguien vaya a ocuparse el día de mañana de cuidarles a ellos.
Según el estudio, los abuelos y abuelas españoles se han convertido en «el colchón protector de muchas deficiencias sociales», sobre todo, para familias de clase media y baja que no tienen posibilidad de acceso a recursos de apoyo para el cuidado de los más pequeños –canguros o guarderías–.
«Son conscientes de que pertenecen a una generación de mayores cuya dedicación familiar contribuye de forma decisiva al equilibrio y sostenimiento económico de la sociedad», apunta el estudio en el que los abuelos, que brindan su tiempo y recursos económicos de forma voluntaria, aseguran que el contacto intergeneracional les rejuvenece y que pueden disfrutar de esta relación incluso más que de la relación que tuvieron con sus hijos.
Concretamente, según datos del IMSERSO, más de un 50 por ciento de los abuelos cuidan a sus nietos casi todos los días, y el 45 por ciento casi todas las semanas. Los abuelos comienzan a atender a los nietos con más frecuencia que las abuelas, pero las abuelas los cuidan más tiempo –6,2 horas al día las mujeres por 5,3 horas los hombres–.
Hay 10.000 aragoneses esperando ayuda a la dependencia
La portavoz de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón, Nieves Ibeas, ha asegurado que hay unos 10.000 aragoneses que están esperando a recibir las ayudas a la dependencia.
En una rueda de prensa en las Cortes este miércoles, Ibeas ha explicado que, a fecha de 1 de julio, hay unas 50.000 solicitudes de ayuda a la dependencia.
De estas solicitudes ya se han reconocido 33.000, pero 10.000, aproximadamente, no han recibido dicha ayuda, a lo que se suma, según Ibeas, que se ha alargado el periodo de tramitación de las subvenciones y las evaluaciones. Así, ha apuntado que el Gobierno aragonés lleva en el poder un año en el que «las cosas están empeorando».
Además, Ibeas ha considerado que «cualquier modificación» en el desarrollo de la Ley de la Dependencia «tiene consecuencias importantes», ya que «cientos de aragoneses se quedan sin poder recibir ayudas».
La portavoz de CHA en las Cortes ha apostillado que «quien paga las consecuencias» de que no se concedan las ayudas a la dependencia son «muchos ciudadanos con un deterioro de su vida muy grave, que cuando ya se toma una decisión y llega el apoyo muchos de ellos ya no lo necesitan porque han muerto».
Ibeas cree que Madrid no va a trasladar partidas económicas suficientes al Gobierno de Aragón para conceder las ayudas a la dependencia, lo que va a «ahogar» a la Comunidad Autónoma.
De esta forma, ha matizado que el hecho de reducir las ayudas a la dependencia «nos deja a la cola del mundo y de Europa» en la atención a personas dependientes.
COMPARECENCIA DEL CONSEJERO
Por todo ello, CHA ha solicitado la comparecencia del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, en las Cortes para que «explique el estado de las ayudas a la dependencia» y aporte los últimos datos que maneje el Ejecutivo en este ámbito.
«Las cosas están evolucionando de una forma muy rápida pero con poca transparencia, se nos están acumulando temas pero el Gobierno tiene la obligación de explicar, vamos hacia un sistema de beneficencia», ha concluido Ibeas.
Directores de residencias catalanas alertan a la Fiscalía de «desatenciones» a ancianos por los impagos
La Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) alerta a la Fiscalía Provincial de Barcelona de la posible «desatención» de los ancianos y discapacitados ingresados en residencias concertadas y colaboradoras de Cataluña por el posible impago de las nóminas de agosto del que informó el pasado viernes la Generalitat.
«Aunque la Generalitat decida abandonar a los más débiles, nosotros les defenderemos a ultranza», ha explicado a Europa Press el vicepresidente de Ascad, Iñaki Antón, recordando que la Fiscalía tiene como principales líneas de actuación a niños, discapacitados y ancianos, colectivos especialmente frágiles.
El texto presentado ante el Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, alerta de situaciones asistenciales «críticas», especialmente para los grandes dependientes debido a las previsibles carencias de equipos humanos y materiales que se producirían de confirmarse los impagos.
Ascad lamenta en el escrito que no se haya informado a los usuarios ni a los centros asistenciales de la situación, y avanza la puesta en marcha de un «plan de choque» de confirmarse los impagos: pedir a los familiares que trasladen temporalmente a los usuarios al domicilio hasta que se normalice la situación o que asuman los costes.
Añade que las residencias son «pequeñas empresas con rotaciones muy ajustadas», asegurando que la ruptura de su círculo económico tiene como resultado una trasgresión y disfunción del plan asistencial.
Envejecimiento activo: promover la autonomía a través del compromiso y la responsabilidad social
Los días 6, 7 y 8 de Agosto en el bello entorno de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en su sede del Palacio de la Magdalena de Santander, se celebra el encuentro sobre «Envejecimiento activo: promover la autonomía a través del compromiso y la responsabilidad social» dirigido por Mayte Sancho de la Fundación MATIA.
Os adjuntamos el programa: uimp y el enlace para la inscripción.
Las relaciones de los abuelos con sus nietos ayudan a mejorar su vitalidad
La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), con motivo de la celebración este jueves del Día de los Abuelos ha recordado que los abuelos pueden aportar a los nietos tiempo, paciencia, experiencia, tolerancia, al tiempo que ellos se sienten más útiles y con mayor vitalidad.
Las relaciones intergeneracionales, señala la SEGG, hace que los niños vivan nuevas experiencias y descubran tradiciones y nuevas aficiones. Además del valor y el respeto derivado del intercambio entre personas de diferentes generaciones unidas por un vínculo afectivo.
A pesar de los beneficios compartidos, la SEGG recuerda que hay que tener presente que cuidar de los nietos debe ser una actividad placentera para abuelo y nieto. Por ello, explican que hay que evitar que este hecho se convierta en una carga para la persona mayor, ya que puede conllevar, a la larga, problemas de estrés, ansiedad o depresión.
Y es que, según reveló la Encuesta de Mayores 2010 elaborada por el Ministerio de Sanidad y Política Social, la mitad de los abuelos españoles dedica más de seis horas diarias al cuidado de sus nietos.
Por este motivo, la psicóloga de Investigación para el Envejecimiento (INGEMA) Pura Díaz Veiga recuerda que los abuelos deben compartir la actividad del cuidado de sus nietos con otras distintas que promuevan su desarrollo personal.
Así, en su opinión, es necesario «dedicar al cuidado de los nietos un tiempo determinado que esté pactado con anterioridad con los padres, poner límites, reservar tiempo para uno mismo, acordar con los progenitores normas básicas que orienten el trato cotidiano con los niños y expresar con claridad a los padres las necesidades y dificultades en relación con el cuidado».
Aerte analiza con sus asociados la implantación de los nuevos sistemas de autocontrol en seguridad alimentaria
Aerte celebró el viernes una jornada con sus asociados para analizar la implantación del sistema APPCC cuyas medidas certifican el autocontrol -desde los centros- de las condiciones necesarias que garanticen el máximo nivel de seguridad alimentaria en sus centros asociados y evitar, con ello, riesgos de intoxicaciones por contaminación alimentaria.
El autocontrol en materia alimentaria se basa en un conjunto de métodos y procedimientos que afianzan medidas de seguridad en la industria agroalimentaria, a partir de un conjunto de documentos que exponen los principios generales de la higiene alimentaria, así como las medidas y actividades programadas para garantizar la seguridad de los alimentos y la salubridad de los productos que se elaboran.
Se trata de una serie de exigencias que han sido recogidas en la normativa alimentaria, y que se han visto consolidadas además de la obligatoriedad por parte de la Consellería de Sanidad a través de la Dirección de Salud Pública de tener implantado el sistema antes de final de año.
Los contenidos de esta jornada han analizado aspectos como los planes de control de calidad del agua, formación en manipulación de alimentos, gestión de residuos, control de trazabilidad, mantenimiento preventivo de instalaciones y equipos, etc.
Asimismo, y en un sentido preventivo, se han analizado los principales riesgos derivados de procesos tales como el cocinado, mantenimiento en frío, almacenamiento y control de productos refrigerados, etc.
Aerte ha calificado estas jornadas de gran interés, pues además de garantizar el cumplimiento de la normativa, incrementan la confianza del usuario, mejoran la calidad de los alimentos y con ello, del servicio, aportan mayor seguridad alimentaria y mejoran la imagen y competitividad de los centros, uno de los objetivos de Aerte.
El aumento del IVA podría multiplicar la tendencia a sacar a los mayores de las residencias
El aumento del IVA decretado por el Gobierno, que pasará del 8% al 10% en el sector residencial, podría multiplicar la tendencia actual de muchas familias que optan por desinternar a los mayores de los centros y cuidarlos en el domicilio para poder contar con los ingresos de la pensión. Según ha explicado a Europa Press el vicepresidente de la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad), Iñaki Antón, si la subida del IVA acaba recayendo en el usuario residencial, implicará un encarecimiento de entre 24 y 30 euros mensuales en los centros privados, un gasto que se sumará al euro por receta y el aumento del copago farmacéutico.
«Esto puede provocar que se incrementen los casos de familias que sacan a los mayores de las residencias para cobrar la ayuda de cuidador no profesional y a la vez tener también la pensión del abuelo», ha concretado Antón, recordando que este fenómeno se ha ido incrementando desde el inicio de la crisis.
En el caso de los centros públicos —concertados y colaboradores—, la subida del IVA puede ser «muy contraproducente» si la Generalitat no asume parte del coste, ya que la subida caería en el usuario y en las propias residencias. Antón ha recordado que los centros públicos llevan dos años con los precios congelados «aunque el coste de las cosas ha ido subiendo cada vez más», por lo que el incremento del IVA agravaría la situación. Todo ello podría «generar una situación de estrés» entre los profesionales del sector que podría repercutir en la calidad asistencial.
Más de un centenar de familias recurrirán la reforma de la Ley de dependencia
Un total de 110 familias españolas recurrirán ante la Audiencia de Madrid el decreto de reforma de la Ley de dependencia aprobado por el Gobierno que, entre otros recortes, prevé una reducción del 15 por ciento en las ayudas a cuidadores no profesionales y un aplazamiento hasta 2015 de los pagos a dependientes moderados.
Según han explicado a Europa Press fuentes de la Asociación por los Derechos Civiles de los Discapacidades y sus Familias (ADCD), promotora de la iniciativa, las mayoría de las personas que se han adherido al recurso cuentan con familiares dependientes y consideran que el decreto «vulnera los derechos básicos».
«Es hora de que los padres tomemos la palabra para defender los derechos de nuestros hijos», han asegurado las mismas fuentes, recordando que serán las familias quienes asuman el coste del proceso, de unos 2.200 euros.
El recurso se presentará en la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia de Madrid en los próximos días y las familias están «dispuestas a llegar hasta el final, incluso a ir a Estrasburgo».
El consejero de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, anunció el pasado viernes su intención de recurrir el mismo decreto ante el Tribunal Constitucional (TC) al considerar que invade las competencias de las autonomías.
CEOMA y SARquavitae fomentarán el bienestar y la salud de las personas mayores
La plataforma especializada en centros y servicios sanitarios y sociales de atención a las personas en España SARquavitae y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) han firmado un acuerdo de colaboración para facilitar el acceso a los servicios
sanitarios y sociales y el fomento del bienestar y la salud de las personas mayores.
En concreto, el acuerdo, que tiene validez de un año y posibilidad de prórroga, proporciona a los asociados a las organizaciones pertenecientes a CEOMA y a sus familiares condiciones especiales en el acceso a toda la plataforma de servicios de SARquavitae como centros residenciales, centros de día, viviendas con servicios ADOREA, teleasistencia o atención sanitaria y personal.
Este convenio, fruto del compromiso social de ambas entidades, pretende además sensibilizar a la sociedad de las necesidades específicas del segmento de la población de mayor edad.
Por último, con la firma de este acuerdo, ambas entidades confían en establecer un marco estable de cooperación que permitirá el desarrollo de diferentes líneas de colaboración con el objetivo de ofrecer soluciones de salud y bienestar y promover hábitos saludables, que faciliten un envejecimiento activo.
El Gobierno canario regulará los trámites de apertura e inspección de centros de dependientes privados
El Gobierno de Canarias ha aprobado este viernes, en consejo de gobierno, el decreto que regula el Reglamento de Autorización, Acreditación, Registro e Inspección de Centros y Servicios, de ámbito privado, que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en el archipiélago.
De esta forma, explicó el portavoz del Ejecutivo autonómico, Martín Marrero, en rueda de prensa, se agilizará la regularización de los centros de carácter privado que trabajen en este ámbito. Y es que dicho reglamento pretende incidir en los requisitos y condiciones que los centros han de cumplir según la actividad que desarrollen, su entrada en funcionamiento, la acreditación de los mismos, así como su registro y normativa relativa a su inspección.
Este replanteamiento de ordenación de centros y servicios viene dado tras la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia a fin de determinar el sometimiento de los centros a un régimen de autorización administrativa y de acreditación para garantizar unos estándares de calidad adecuados en la prestación de servicios específicos a personas dependientes.
Marrero señaló también que persigue adaptarse al nuevo marco de relaciones introducido por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, simplificando y racionalizando los procedimientos con el objeto de facilitar la libertad de establecimiento de las empresas.
Así su ámbito de aplicación será en los centros y servicios que desarrollen como actividad principal la prestación de servicios, según la legislación, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, con o sin ánimo de lucro, en Canarias, y hacia las personas físicas o jurídicas titulares o gestoras de los centros, así como los prestadores o gestores de los servicios.
Entre los acciones que regula, se encuentra el régimen de autorización y comunicación (declaración), el funcionamiento de los centros y servicios, la acreditación de los centros y servicios, los regímenes especiales de autorización y acreditación, el registro de centros y servicios que actúen en el ámbito de la dependencia y la inspección de los mismos.
En relación a los centros sobre los que se regula están los residenciales o de atención residencial que son los que de forma organizada y profesional, ofrecen alojamiento y manutención a las personas garantizándoles una atención integral desde servicios de atención personal a los de carácter social o sociosanitario, en función de los requerimientos de los usuarios.
Esta prestación puede tener carácter permanente, cuando el centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuando se atiendan estancias temporales de convalecencia o durante las vacaciones, fines de semana y enfermedades o períodos de descanso de las personas cuidadoras no profesionales.
Por otra parte, los centros de día son los que durante horario diurno prestan atención a las personas dependientes para mantener o mejorar su nivel de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores facilitando el respiro familiar y la permanencia de la persona usuaria en el entorno habitual de vida, entre otras, y prestarán servicio de manutención cuando ofrezcan horarios de estancia de las personas superior a cuatro horas.
En cuanto a los centros de noche, son los que tienen servicio en horario nocturno con alojamiento, manutención y atención integral a las personas dependientes con el mismo objetivo previsto para los centros de día.
Respecto a los servicios tienen que ofrecer prevención de las situaciones de dependencia en cuanto a las intensidades de protección de los mismos y los criterios para determinar las compatibilidades y las incompatibilidades entre las prestaciones de atención a la dependencia del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito de Canarias, servicio de promoción de la autonomía personal, servicio de teleasistencia y Servicio de ayuda a domicilio.
Finalmente, informó de que el reglamento recoge la creación de un registro de centros y servicios que actúen en el ámbito de la dependencia donde figurarán inscritos los centros y servicios, públicos o privados. Este registro se adscribe a la Consejería de Políticas Sociales y se integrará en el de entidades colaboradoras en la prestación de servicios sociales.
Juana Tubío, presidenta del Colexio de Traballo Social de Galicia, «se está promocionando un modelo de servicio social basado en la beneficencia»
Asociaciones de familiares de dependientes advierten de que los recortes aprobados por el Gobierno en la Ley de Dependencia aumentarán los costes «a medio y largo plazo» y «empeorarán» la calidad de vida de estas personas. Asimismo, argumentan que «lucharán» para que sus allegados «no se queden sin los cuidadores que necesitan».
Frente a sus críticas, la Consellería de Traballo e Benestar insiste en que en la reforma era «algo inaplazable» por falta de financiación y rechaza que peligre la atención de los dependientes que ya están dentro del sistema. El departamento autonómico reconoce, no obstante, que el ritmo de atención a nuevos dependientes se verá ralentizado en todo el Estado.
En Galicia hay en la actualidad en torno a 37.000 dependientes asistidos, el 60 por ciento del total. No obstante, unos 20.000 personas con dependencia severa (grado III) y moderada (grado II) permanecen en lista de espera pendientes de recibir atención, según datos del departamento autonómico a los que ha tenido acceso Europa Press.
Ante esta situación, las distintas asociaciones y entidades, como el Colexio de Traballo Social de Galicia, consultadas por Europa Press se cuestionan los recortes y medidas como la rebaja en un 15% de la cuantía que reciben los cuidadores familiares, su exclusión de la Seguridad Social o el copago que deberán abonar los dependientes por determinados servicios.
Para el presidente de la Federación de Asociación Gallegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer (Fagal), Juan Carlos Rodríguez, se trata de unas medidas «preocupantes» que no valoran «adecuadamente» el apoyo de las familias, que «empeorarán» la calidad de vida de los dependientes y que supondrán «a medio y largo plazo un incremento de los costes».
Así, ha advertido del riesgo de «eliminar la atención a los dependientes en las fases iniciales que es donde más se puede hacer» y del riesgo de desarrollar un sector profesional sin contemplar, de forma paralela, medidas de apoyo a las familias.
LAS FAMILIAS NO PODRÁN CON LOS COSTES
«Si se quiere potenciar la profesionalización del sector, que nos parece bien, hay que dar apoyo a las familias», ha reivindicado. De lo contrario, el presidente de Fagal insiste en que tendrá «un efecto perverso» y que, al no poder afrontar los gastos que conlleva, una parte de los dependientes «abandonarán los recursos sociales».
En este sentido, recuerda que así lo han alertado ya directores de centros de día «que hablan de que se va a perder usuarios porque las familias no podrán sostener los costes», apostilla Juan Carlos Rodríguez.
Con todo, admite que en la reforma hay «cosas interesantes» en alusión a la formación o la revisión de la propia ley. «Hay problemas que hay que revisar como disminuir los costes de burocratización», ha señalado. También apoya que la ley desarrolle «todas las posibilidades en el ámbito profesional».
«BARRA LIBRE» A LAS AUTONOMÍAS
Por su parte, Carmen Vilaboa, miembro de la Asociación Gallega contra Enfermedades Neuromusculares (Asem) y de la plataforma «PasoVigo», que aglutina a distintas asociaciones, señala que «de un plumazo» se han recortado en Dependencia en todo el Estado «485 millones de euros» lo que para Galicia supone, según datos de la Consellería, la reducción de 21,5 millones este año.
La portavoz de Asem cree que las reformas dan «barra libre» a las autonomías al ampliar a dos años los plazos para realizar una valoración y otorgar las prestaciones a un dependiente y cuestiona que, sin aportación económica, vayan a entrar más dependientes con las modificaciones realizadas, como sostiene la Xunta.
«Si quisieran financiación para atender a los dependientes y sus familias que hubiesen aprobado el IBI a la Iglesia», argumenta Carmen Vilaboa, quien advierte también del «empobrecimiento de los dependientes por el repago de medicamentos, prótesis o transporte sanitario».
«¿Dónde queda la autonomía personal y el derecho del usuario a decidir donde quiere estar?», se pregunta también la representante de Asem, que coincide con el presidente de Fagal en que los dependientes carecerán de recursos para acudir a «servicios institucionalizados que son siempre más caros», añade.
Carmen Vilaboa afirma, no obstante, que este colectivo ha aprendido «a luchar» por sus derechos. «Lucharemos para que nuestros hijos o padres no se queden sin los cuidadores que necesitan y a los que tienen derecho», añade al asegurar que con esta reforma «se retrocede 20 años».
UN MODELO DE «BENEFICENCIA»
El Colexio de Traballo Social de Galicia, que cifra en 94.251 el número de dependientes en Galicia, su presidenta, Juana Tubío, admite que la Xunta tiene «poco margen de maniobra», pero recalca que «si se retrasa continuamente» las resoluciones sobre los dependientes con derecho a recibir una prestación «la persona puede morir en el camino», indica en referencia al envejecimiento de la población gallega.
Asimismo, subraya las consecuencias en ámbitos como el rural gallego «con un montón de núcleos dispersos» y afirma que, tras los recortes en financiación de los servicios municipales de los ayuntamientos, «no hay personal para atender a las personas».
«Se está promocionando un modelo de servicio social basado en la beneficencia», señala Juana Tubío quien replica a Traballo que para ampliar la ayuda a más dependientes «hay que dotar al sistema de recursos económicos», sentencia.
El copago también afecta a las enfermedades raras
El representante madrileño de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), Justo Herranz, ha denunciado este viernes que la aprobación del copago farmacéutico ha supuesto para los afectados de dolencias poco prevalentes y para sus familiares un incremento aproximado de 200 euros mensuales y, que esta situación, hará que muchos de ellos, en situación de desempleo, tendrán que elegir entre comer o destinar el dinero a medicinas.
En declaraciones a Europa Press, Herranz explica que los gastos de una familia con una enfermedad rara oscilaban, antes de la aprobación de estas medidas, «en torno al 20 por ciento de los ingresos familiares». «Hoy con el repago no sabemos dónde va a terminar», señala.
En sus palabras, la situación actual es «muy delicada» y, «lógicamente, cualquier familia con una enfermedad rara puede quedarse en paro con el agravante de que tiene que medicarse». Puesto que se trata de una enfermedad crónica, prosigue, los afectados antes desembolsaba un 10 por ciento, «ahora entre el 40 ó 50, depende de la situación de cada familia».
En este sentido, el representante madrileño de FEDER manifiesta su miedo en que estas medidas desemboquen en «situaciones extremas» en las que las familias tengan que elegir «entre comprar fármacos o comer». «Lo estamos viviendo con mucha preocupación», insiste, a la par que pide a la Administración que no ponga a estas personas en esa disyuntiva y que dé una «respuesta equitativa».
En relación sobre el aumento del desembolso económico que va a tener que realizar las familias reconoce que, aunque hacer ahora estimaciones «es muy arriesgado», pues cada viernes aprueban nuevas restricciones, se está pasando de unos 300 ó 400 euros mensuales en costes de fármacos u otros desembolsos que no cubre la seguridad social a unos 500 ó 600.
Por otro lado, los recortes en subvenciones pueden tener «repercusiones graves», advierte. «Van a tener que cerrar despachos, reducir personal y tiempo», precisa. Por todas estas razones, Herranz explica que están buscando el apoyo europeo. A nuestro colectivo «le «define la lucha. Nos acostamos por la mañana muy tristes y nos levantamos con ganas de luchar», declara.
Sobre la situación de los españoles con enfermedades raras con respecto a la que vienen sus homólogos europeos, reconoce que «es muy diferente» y explica que, pese a que se había realizado «muchos esfuerzos» para igualarse, «ahora todos estos pasos se han paralizado».
De la misma opinión es Ana Isabel Ordoñez, madre de un niño de 12 años con el síndrome de Carpenter, quien explica a Europa Press que, pese haber solicitado en marzo de 2011 la ayuda de la Ley de Dependencia, aún no ha recibido ninguna cuantía. «Se está demorando más de lo que se estaba demorando antes. Es una situación frustrante», señala.
«Si era difícil antes, ahora va a ser mucho más. Con el desempleo o los salarios bajos junto con los tratamientos que cada día son más caros, como no seas una persona afortunada, no puedes salir adelante», insiste.
PINGÜINO SOLIDARIO
Estas declaraciones han sido realizas con motivo de la presentación de la campaña del pingüino solidario de FEDER, apoyada por el grupo Fundosa, división empresarial de Fundación ONCE, y enmarcada dentro del proyecto ‘Penguin Madrid’, promovido por Faunia.
El pingüino, diseñado por Kukuxumusu, situado en la Puerta de Madrid del Parque del Retiro, acompaña a una pancarta solidaria en la que las personas que lo deseen pueden dejar sus mensajes de solidaridad con los afectados de enfermedades raras.
El objetivo es que esta primera sábana se convierta en una pancarta solidaria de más de mil metros construida con la aportación de otras provincias españolas en las que el Grupo Fundosa cuenta con un centro de trabajo, y que será presentada durante el próximo mes de febrero con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Además, los ciudadanos también pueden colaborar enviando un mensaje con la palabra FEDER al 28011, cuyo coste es de 1,20 euros, que irá destinado integramente a los afectados por enfermedades raras.
El proyecto ‘Penguin Madrid’, organizado por Faunia, supone la distribución de 20 pingüinos de grandes dimensiones por Madrid, que estarán expuestos hasta su subasta. El dinero se destinará a los 20 colectivos que participan en la iniciativa.