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Mato admite que no se va a garantizar la incorporación inmediata de todos los dependientes en el sistema
Las responsables en materia de Dependencia de las Comunidades Autónomas se han reunido este martes en Madrid con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, quien les ha presentado una serie de propuestas para la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que aprobó el Gobierno socialista, presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero.
De todas las propuestas del Ministerio la que mayor aceptación ha tenido entre las autonomías es la que tiene que ver con primar los servicios profesionales a la dependencia frente a las prestaciones económicas, celebrada por la conselleira de Traballo e Benestar de la Xunta, Beatriz Mato.
«La reforma va a fomentar, algo que no sólo defendemos y reclamamos sino que además estamos llevando a la práctica, la prestación de servicios frente a las pagas del cuidado familiar. Esto se va a destinar a la formación del cuidador que garantice la calidad de la atención», ha destacado Mato, en declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.
Asimismo, Mato ha calificado la reforma de la Ley de Dependencia como «necesaria» y ha dicho que las medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad están dirigidas «al cumplimiento de la Ley», son propuestas acordes «a las circunstancias económicas» y «van a garantizar la posibilidad de, desde las comunidades autónomas, incorporar más gente en el sistema», lo que ha valorado de «manera positiva». «Son medidas que se toman que pueden entenderse de una manera difícil pero es una medida positiva», ha enfatizado.
«Dicho esto, lo que sí es verdad es que no se va a garantizar la incorporación inmediata de todos los dependientes en el sistema y que por lo tanto tenemos que continuar en esta senda iniciada que yo reclamé en el seno del Consejo: fomentar los servicios, ponderar más económicamente la aportación del Gobierno a las CCAA que den esos servicios, que esa ponderación se haga ya y garantizar que la aportación de las administraciones para la atención al dependiente vaya buscando la senda del 50-50», ha argumentado.
También, la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Nieves Rojas de León, se ha mostrado satisfecha con que se prioricen los servicios y la atención profesional en el domicilio, tal como, según ha indicado, hace Canarias, «porque genera mucho más empleo», da «una atención de calidad» y «libera a las mujeres, que son las eternas cuidadoras de las personas dependientes».
Además, ha señalado que se bajará un 15 por ciento la prestación económica para desincentivar que las personas apuesten más por el cuidado de la persona en el entorno familiar ya que «no es precisamente lo más acertado», al tiempo que ha explicado que en Canarias «se ha hecho compatible la ayuda a domicilio con el centro de día, aunque se daría con distinta intensidad». «La suma de las horas que se da por estos servicios cumple la intensidad de todos los servicios», ha recalcado Rojas de León.
EL DEPENDIENTE TENÍA QUE SER EL «CENTRO»
La consejera de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia, María Ángeles Palacios, ha manifestado que la Ley nació con la pretensión de que el dependiente tenía que ser el «centro» y estar lo «mejor atendido posible», pero «también para algo muy importante que es crear empleo». «Los dependientes tienen que estar cuidados, a ser posible, por profesionales. Eso no significa que estemos en desacuerdo con que si una persona puede y tiene algún profesional que lo pueda atender siga estando con su familia. Es una muy buena idea», ha recalcado.
«Nosotros tenemos que intentar por todos los medios cumplir la Ley. No tenemos ningún inconveniente en tomar todas las medidas que sean necesarias para que el sistema sea lo más sostenible posible», ha dicho.
Según Palacios, «hay un 50 por ciento más» de dependientes en Murcia respecto a las previsiones que había hecho el Gobierno autonómico para el año 2012, lo que ha generado una situación «difícil desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de que entren más personas en el sistema».
Por su parte, el consejero de Justicia y Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Jorge Cabré, ha destacado que una de las medidas «más importantes» para la Valencia es la que se refiere a «primar los servicios profesionales». Además, ha señalado que se tiene que tener en cuenta que hay muchos ciudadanos que tienen que ser atendidos en sus domicilios y «ha de respetarse su decisión».
Para Cabré, la reforma intentará, al menos, que la Ley sea «lo suficientemente sostenible», y si no fuera así, ha anunciado que «se seguirían tomando medidas». Sobre la modificación del copago de sus usuarios tal y como ahora está establecido, el consejero ha indicado que se trata de que «todos los beneficiarios participen del copago».
«UNA LEY SIN EL MARCO FINANCIERO ADECUADO»
El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia de Aragón, Ricardo Oliván, ha indicado que «se creó una ley sin el marco financiero adecuado y lo que se busca es crear una ley adaptándola a diferentes medidas de financiación». En cuanto a los servicios sociales el consejero aragonés estableció que «con un poquito de imaginación y mucha coordinación» se pueden seguir manteniendo los mismos servicios.
«Hay que analizar como impacta en la comunidad de Aragón. En nuestra comunidad priman desde siempre las ayudas económicas a las familias, pero hay que orientarlas a lo que la ley marcaba en un principio que era un servicio personal. Tanto la financiación de la ley que se promueve ahora como la filosofía de la ley que se mantiene marcan ese camino», ha detallado.
Para la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, la reforma supone un «retroceso» en el desarrollo de la misma porque «cambia la orientación del modelo». Así, ha lamentado que la propuesta prime las prestaciones residenciales sobre las que se dan en el entorno familiar, a la vista de que según la documentación que ha sido entregada por la ministra Ana Mato la distribución de fondos se cambia para reconocer no sólo los dependientes atendidos sino también para preponderar el tipo de servicio.
Además, para Montero es «paradógico» que se tienda a darle más importancia a los recursos residenciales sin aportarse estudios técnicos que así lo avalen. Al respecto, ha señalado que ha habido discrepancias con algunas comunidades en este sentido y ha apuntado a que ese cambio de modelo puede ser aceptable en las grandes ciudades, en las que no hay tantas redes familiares que se encarguen de los dependientes, pero no en una comunidad rural como Andalucía, «donde la preferencia de las personas es seguir en su domicilio».
«FLEXIBILIDAD» PARA REFORMAR LA LEY
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha reclamado «flexibilidad» a la hora de reformar la Ley porque, a su juicio, deben «primar los servicios profesionales frente a las prestaciones económicas» en los cuidados del entorno familiar porque dan «garantía de calidad» en la atención. También, ha defendido la necesidad de mantener un modelo «que viene funcionando en Castilla y León y que garantice la viabilidad del sistema».
Finalmente, el consejero de Bienestar Social y Familia de Cataluña, Josep Lluís Cleries, ha destacado que algunas de las medidas afectan «a las competencias de Cataluña y del resto de comunidades». En concreto, ha destacado que el decreto muestra que el precio máximo para las residencias se ha fijado en 1.600 euros, y en Cataluña el precio máximo está fijado en 1.869 euros por lo que hay una diferencia que «irá a cuenta de los beneficiarios».
Las familias quieren asumir el cuidado de sus dependientes pero reclaman el apoyo de la Administración
Las familias españolas quieren asumir el cuidado de sus mayores dependientes, pero reclaman el apoyo de las administraciones, según ha señalado la profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) María Ángeles Durán, quien ha realizado un estudio para la Fundación BBVA sobre ‘El trabajo no remunerado en la economía española’.
Así, Durán ha indicado que en el país la esperanza de vida está en torno a los 80 años y la mayoría de los ancianos están ligados en sus últimos años de vida a las enfermedades y la dependencia. Con este escenario, las encuestas señalan que la demanda de cuidados en España crecería en un 50 por ciento para 2050.
Además, el estudio destaca que el 55 por ciento de los entrevistados afirma que le gustaría acoger a sus padres dependientes en su casa, mientras que casi el 30 por ciento prefiere la opción de cuidarles sin que los padres dejen su hogar. «Esta última opción es habitual en las familias con un poder socioeconómico más alto», ha precisado la investigadora.
Pero, según ha apuntado Durán, asumir el cuidado de los familiares dependientes incluye distintos modelos posibles que la investigación ha planteado y que se pueden concentrar en dos opciones: que la familia asuma el cuidado en exclusiva o que se cuente en mayor o menor grado con cuidadores externos y remunerados.
En este caso, la edad de los encuestados marca «claramente» la diferencia en cuanto a la opción elegida, ha apuntado Durán. Así, frente al 43,7 por ciento de entrevistados mayores de 65 años que optan asumir el cuidado de los dependientes, sólo el 18 por ciento de los menores de 30 años selecciona esta opción. Las alternativas que implican la externacionalización parcial o total del cuidado ganan terreno y son mayoritarias salvo, precisamente, en el sector de los mayores de 65 años (34,1 por ciento).
La investigadora ha ligado estos resultados a la opinión recogida en el estudio y que destaca que el 80 por ciento de los españoles asume que el cuidado de un dependiente repercutirá en la economía familiar y muy pocos (un 1,7 por ciento) confían en que este impacto vaya a ser compensado por las administraciones, por otros miembros de la familia (2,8%) o por el propio dependiente (4%).
MÁS DE 1.000 EUROS AL MES
Los encuestados estiman que el coste mensual de la atención al dependiente está por encima de los 1.000 euros, una cantidad que supera los 1.500 con la opción del ingreso en una residencia no subvencionada. El rango de precios medios de las residencias que hacen públicas sus tarifas en Internet va de los 1.450 euros, las de titularidad pública, hasta los 2.250 de las privadas, sin considerar servicios que se consideran extras, como, por ejemplo, el cambio de postura de un enfermo.
En la situación en que un familiar decide abandonar su empleo para dedicarse al cuidado de un dependiente, los autores del estudio calculan que la pérdida media para el hogar es de unos 20.000 euros anuales.
Para Durán, una vía para hacer frente al impacto económico de esta situación es el seguro de la dependencia, «poco implantado en España», aunque, según ha indicado «el 11,2 por ciento de los entrevistados afirmaba tener un caso de adulto dependiente grave en su familia y el 14,4 por ciento un caso de dependencia moderada». «Entre los mayores de 65 años sólo el 0,9 por ciento disponía de esta cobertura», ha apuntado.
EMPLEADOS DEL HOGAR
Otra de las vías que ha tomado la sociedad para solucionar la situación es «el traspaso del trabajo no remunerado que antes asumía la familia en el hogar, al mercado laboral» con la contratación de cuidadores. Durán ha indicado que esta actividad se «solapa» con la de los empleados del hogar «ya que en muchos casos es el mismo empleado el que asume el cuidado de la casa y del dependiente».
Las cifras sobre el trabajo doméstico remunerado son desconcertantes porque, según Durán, «ni están todos los que son, ni son todos los que están». En este sentido, ha explicado que entra las estimaciones de la Encuesta de Población Activa (EPA) y los registros de altas en la Seguridad Social, el sector adelgaza casi la mitad, «algo que viene sucediendo desde hace años», ha indicado.
Durán ha señalado que en el plazo de cinco años está previsto que los trabajadores de este sector se equiparen plenamente en derechos y obligaciones al resto de los trabajadores. «Para el Gobierno la equiparación obliga a decidir cómo financiará la cobertura de los nuevos derechos conseguidos por los trabajadores: tiene que optar entre que lo financien los propios trabajadores (autónomos); que lo hagan los empleadores; o que lo haga el resto de ciudadanos a través de impuestos generales», ha señalado la investigadora.
Pero, según ha señalado, «sólo los hogares españoles que ingresan mensualmente más de 5.000 euros (un 3,8%) son los que podrían destinar una cuarta parte de sus ingresos, si así lo priorizan, a pagar el sueldo y los gastos derivados de un empleado de hogar.
Orange colabora con la Unión Democrática de Pensionistas para reducir la brecha digital de los más mayores
Orange, en colaboración con la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) ha impulsado la accesibilidad de las TIC para los más mayores con el objetivo de reducir la brecha digital. Mediante esta iniciativa, la compañía , como operador de telecomunicaciones, quiere contribuir a mejorar la integración, la accesibilidad y la calidad de vida de este segmento de la población.
Así, Orange cooperará con la UDP en diversos ámbitos con el objetivo principal de promover productos adaptados a las necesidades y requerimientos de los mayores en materia de telecomunicaciones, según ha informado la entidad.
Este acuerdo se suma a otras iniciativas dirigidas al segmento senior de la población, recogidas en el apartado ‘Accesibilidad: diseño para todos’ de su ‘Plan Conquistas 2015’. En este sentido, destaca el lanzamiento de la gama de terminales Esencial, unos teléfonos adaptados a este tipo de usuarios, fáciles de usar, con teclado y pantalla grandes, volumen ajustable, y botón de emergencia, que contribuyen a ofrecer seguridad y tranquilidad a las personas mayores y sus familiares.
En esta línea, Orange organizó recientemente en algunas de sus tiendas sesiones formativas para usuarios senior, con el fin de formarles en el uso del móvil enseñándoles a enviar mensajes, escuchar el buzón de voz, consultar la agenda o seleccionar una foto para fondo de pantalla.
Actualmente, Orange muestra algunas de las soluciones y servicios adaptados a las necesidades específicas de las personas mayores, como también de las personas con algún tipo de discapacidad, en la exposición permanente del CEAPAT (Centro Estatal de Referencia de la Promoción de la Autonomía Personal y Ayudas Técnicas a las personas con discapacidad), dependiente del IMSERSO, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Ana Mato ofrecerá a las comunidades su reforma de la Ley de Dependencia, incluída la revisión del copago
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ofrecerá a los consejeros autonómicos del ramo su propuesta de mejora de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y del Real Decreto que modificará el copago de sus usuarios tal y como ahora está establecido.
Será en el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia que se desarrollará este martes por la tarde en el Ministerio de Sanidad, horas después de que en esta misma sede tenga lugar la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.
En el Consejo Territorial Mato presentará también «la evaluación definitiva de los resultados de la aplicación de la Ley» en la que el Ejecutivo reseña deficiencias en distintos ámbitos de su aplicación, especialmente en lo que a financiación se refiere, que a su juicio motivan la reforma.
En cuanto a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, que tendrá lugar por la mañana, el orden del día está protagonizado por la presentación a las autonomías de un borrador de propuesta de Catálogo de Referencia de Servicios Sociales, y por la distribución de los créditos destinados a subvenciones para que las autonomías desarrollen servicios sociales de atención básica, entre otros temas.
La SEGG responde a las 101 dudas más frecuentes sobre la Ley de Dependencia
¿Tiene algún derecho la familia del solicitante que fallece antes de que le sea abonada la prestación económica? ¿Es obligatorio declarar el importe de la prestación en la declaración de la renta? ¿Cuáles son los olvidos y/o errores más frecuentes en la tramitación de una solicitud?… Son algunas de las cuestiones que se formulan los usuarios y familiares que solicitan la Ley de Dependencia y que, a partir de ahora, quedan resueltas en el manual práctico «Las 101 dudas más frecuentes sobre la Ley de Dependencia», elaborado por el Grupo de trabajo para el estudio y seguimiento de la Ley de Dependencia de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). Las personas interesadas pueden acceder a esta guía en http://www.segg.es/download.asp?file=media/descargas/ManualPractico101dudasLeyDependencia.pdf
Hace más de cinco años que se publicó la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y a medida que se ha ido avanzando en la implantación y en el desarrollo de la Ley de Dependencia, han ido surgiendo una serie de preguntas que van más allá de las grandes cuestiones que aborda la misma, aspectos que suscitaban interpretación y que, a menudo, siembran de dudas e inquietud a los usuarios y familiares y para los que no se encuentra respuesta en ningún manual o guía, ni si quiera en la propia norma.
«A lo largo de estos años hemos vivido una situación con tendencia descendente. Cuando pensábamos que esta Ley estaba teniendo un desarrollo inadecuado, las circunstancias nos indicaban que era susceptible de empeorar y así fue», explica el doctor Pedro Gil, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
Bajo esas circunstancias, la SEGG decidió constituir un grupo de trabajo multidisciplinar que sirviera como verdadero observatorio de vigilancia del desarrollo de esta Ley y que se encargara de realizar materiales divulgativos que permitan colaborar en la difusión y clarificación de lo que representa esta Ley.
Mayores localizados por GPS
Tras veinte años prestando el servicio de teleasistencia a domicilio, Cruz Roja ha estrenado en España un sistema de asistencia móvil que da mayor autonomía, independencia y seguridad a las personas mayores, ya que pueden salir de casa con la tranquilidad de que están permanentemente localizados por GPS. El dispositivo ya se ha ensayado con éxito en las últimas dos semanas con unas setenta personas. El sistema pretende que los mayores no queden recluidos en su casa por miedo y puedan seguir con una vida social activa y desarrollando su proyecto vital con autonomía, independencia y seguridad.
A los mayores que contraten este servicio se les facilitará un aparato de teléfono móvil de la compañía Vodafone, que no funcionará como teléfono sino que únicamente tendrá activo un botón que conectará directamente con la central de asistencia de la Cruz Roja. Cuando los usuarios aprieten el botón, el operador de la central de asistencia podrá localizar al instante al interlocutor, mediante el sistema GPS o por la triangulación de telefonía móvil LBS, y al momento dispondrá de su historial médico y personal.
En función del requerimiento, la Cruz Roja activará a los servicios públicos de atención —ambulancias, policías o bomberos, por ejemplo— y también avisará de la emergencia a los familiares que consten como contacto en el fichero de la persona mayor. El sistema ofrece cobertura en cualquier parte de España, las 24 horas del día los 365 días del año.
Para contratar este servicio, se tiene que pagar una cuota de acceso de 18 euros, depositar una fianza de 67,5 euros por el teléfono y abonar una cuota mensual que va desde los 15 euros —si se compatibiliza con la teleasistencia a domicilio— o 27,4 euros —si no se tiene la asistencia domiciliaria—. No obstante, a las personas que acrediten falta de recursos, la Cruz Roja les ahorrará el pago de la cuota de entrada y la fianza para recibir el teléfono, pero sí les cobrará la cuota mensual.
Redes Sociales para un sector social
Os dejamos la presentación que Dependencia Social Media hizo en el Seminario de AMADE «Redes Sociales para un sector social».
¿Qué pueden aportar las redes sociales a las Residencias, Centros de Día
y otros servicios de Atención a la Dependencia?
¿Hemos de estar presentes en las redes sociales? ¿Cómo y de que forma? ¿Qué pasa si decidimos prescindir de tener presencia en redes sociales? ¿Te son familiares estas herramientas: Twiter; Facebook….? ¿es fácil
utilizarlo? ¿es útil para nuestro sector?
Se ha abierto un nuevo canal para nuestro sector qué, más allá de aportarnos la oportunidad de abrir nuevas formas para comunicarnos con nuestros grupos de interés (familias, trabajadores, prescriptores, proveedores, clientes, Administraciones Públicas, profesionales del sector etc.), nos permite algo muy significativo, abrir nuestro buen hacer en la gestión de los centros a toda la sociedad, una asignatura pendiente hasta la fecha.
Nuestra sociedad está viviendo un cambio sin precedentes en la manera de comunicarnos y de decidir cómo y con quién hacerlo. Sin duda las “redes sociales” son el máximo exponente de este cambio, irrumpiendo con fuerza en la vida de las personas y en la forma de informarnos, expresarnos, compartir experiencias y opiniones, en definitiva de relacionarnos.
Los cambios tecnológicos que se han producido en la última década nos han traído profundos cambios sociales. El modelo clásico de comunicación ya no es válido. El consumidor ha dejado de ser un rol pasivo para convertirse en un actor activo, que debemos tener en cuenta en la gestión de los servicios a la dependencia.
Las redes sociales hacen que la comunicación deje de ser unidireccional y pase a ser
multidireccional.
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Todo el equipo de Dependencia Social Media está a vuestra disposición para ayudaros en cualquier cuestión sobre vuestras comunicaciones y estrategia de presencia on-line.
El copago nos trae quejas, colas y saturación de los sistemas informáticos
Quejas, colas, saturación de los sistemas informáticos. Y paciencia, mucha paciencia en el primer día laborable del nuevo sistema de copago farmacéutico por renta. De los pacientes y de los boticarios. El temido caos generalizado no se produjo, pero sí muchas complicaciones técnicas que dificultaron y ralentizaron la dispensación de fármacos en toda España. Bases de datos caídas, problemas con los códigos de las recetas que contienen el nivel de aportación del usuario o errores del sistema al trazar el porcentaje que debía cobrar. Tampoco ayudó la poca información que, según los farmacéuticos, tienen los ciudadanos —sobre todo los jubilados— de un cambio histórico que marca que, por primera vez, los pensionistas pagan un porcentaje (del 10%) de sus medicamentos con un tope mensual de 8, 16 o 60 euros.
En Andalucía la implantación del nuevo sistema de copago colapsó ayer por la mañana el sistema informático que sustenta la tarjeta electrónica; lo que causó problemas en farmacias de toda la comunidad. Los boticarios intentaron descargarse a primera hora la nueva versión de la llamada Receta XXI, que recoge los ficheros creados para los nuevos tramos del copago y el contador de euros diseñado por el Sistema Andaluz de Salud para que los pensionistas no tengan que adelantar el coste de sus medicinas. Y, ante la avalancha simultánea de peticiones, el sistema se cayó.
El fallo informático supuso que muchos pacientes no pudieran comprar sus medicinas. La tarjeta electrónica computa los fármacos que cada usuario tiene recetados y aún no ha comprado, por lo que al no poder leer la información, los boticarios no pudieron dispensarlos. Algo que pudo solventarse para aquellos que llevaban la orden de dispensación también en papel. “Incidencias lógicas”, para el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, Antonio Mingorance, que aseguró que no se había producido un caos generalizado.
5000 peticiones diarias colapsan los Servicios Sociales madrileños
La Red Básica de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid está «al borde del colapso», con dificultades para atender a las más de 5.000 peticiones de citas que recibe a diario, con listas de espera de hasta dos meses y con ratios de un trabajador social para cada 14.500 habitantes, cuando debería ser de «uno por cada 3.000». Así lo revela un estudio del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid sobre la situación de los Servicios Sociales a consecuencia de la crisis, que alerta del aumento de la demanda de intervenciones sociales, en especial de ayudas económicas de emergencia, en coincidencia con un recorte presupuestario en esta partida.
El 18,1% de la población de la Comunidad de Madrid vivía a finales de 2010 en riesgo de pobreza y exclusión social, un porcentaje ocho décimas superior al de 2009 y que habrá aumentado «en cuanto se publiquen los indicadores de 2011», ha pronosticado la vicedecana del colegio, Mar Ureña, que ha recordado que se ha duplicado el número de familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (RMI) desde 2008. A juicio del organismo, a pesar de estos datos «la Administración continúa sin aplicar medidas urgentes que palíen el drama de las familias con unos mínimos de transparencia, agilidad y equidad».
El estudio, presentado esta mañana, considera «totalmente inadaptada a la crisis y a la situación de emergencia familiar» la normativa sobre las Ayudas Económicas Puntuales que conceden los Ayuntamientos. Aunque la Ley recoge estas ayudas, que son «una herramienta muy útil», su marco legal «está poco desarrollado», según Ureña. «No existen criterios homogéneos la concesión. Una persona por el mero hecho de residir en un municipio u otro de la Comunidad tiene diferentes formas de acceso, tiempo de espera y procedimientos», según Ureña. A ello se suma el desconocimiento de la Red Básica de Servicios Sociales en los municipios.
A juicio del colegio, es necesario ampliar las partidas presupuestarias dedicadas a las ayudas económicas directas a familias, ya que «aunque en cifras globales las Administraciones no han reducido los presupuestos sociales», los municipios «sí han reducido las partidas de ayudas directas». Se puede dar el caso de «imposibilidad de tramitar una ayuda porque la persona no está al corriente de pago de algún impuesto municipal o que la propia ayuda sea embargada».
‘Por una atención del Alzheimer centrada en la persona’ estudio de Sanitas Residencial
El 78 por ciento de las personas con Alzheimer conocen dos años antes que van a sufrir esta enfermedad, según se desprende del estudio ‘Por una atención del Alzheimer centrada en la persona’ realizado en el año 2011 por Sanitas Residencial.
Además, la investigación refleja la importancia que dan los familiares a la actitud del personal en los centros, ya que el 90 por ciento reconoce que es un factor fundamental en la labor de conseguir los mejores cuidados en las personas con demencia.
Y es que, la emoción más fuerte que perciben los familiares al conocer el diagnóstico es el «miedo a los cambios futuros» y, los síntomas más problemáticos que pueden tener estos pacientes son los que afectan al comportamiento y a la dificultad de seguir llevando las actividades diarias.
Asimismo, la mayor parte de los encuestados destacan la importancia de disponer de ayudas de identificación y seguimiento GPS mientras la persona siga viviendo en su domicilio. No obstante, califican de «insuficiente» el esfuerzo que se está realizando en la enfermedad y consideran que los cuidados deberían ser pagados proporcionalmente por el Estado y por los ciudadanos que puedan por renta o patrimonio.
En este sentido, el estudio refleja la importancia de aumentar la información acerca de derechos legales, tratamiento vital, servicios asistenciales y de soporte disponible, así como de asociaciones de familiares. Y es que, estas asociaciones son más conocidas entre los profesionales sanitarios y los cuidadores que entre los familiares de las personas con Alzheimer.
PUESTA EN MARCHA LA SEGUNDA CONSULTA
Por otra parte, Sanitas Residencial acaba de poner en marcha una segunda consulta que permitirá actualizar y ampliar este estudio, pionero en España, basado en la experiencia de cuidadores, familiares y personas con Alzheimer que quieran contribuir a mejorar el tratamiento de la demencia, ofreciendo su opinión a través de una encuesta a la que pueden acceder en la web ‘www.eligesanitas.es/residencial/consulta-demencia/index.html‘.
De esta forma, todo el que acceda podrá completar un cuestionario cuyos resultados permitirán mejorar el servicio de atención a las personas con demencia y servirá para completar el trabajo de los profesionales. La consulta estará abierta hasta septiembre de 2012.
En esta segunda edición, la compañía de atención a mayores cuenta con el apoyo de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias, CEAFA, que aglutina un total de 13 federaciones autonómicas y media docena de asociaciones uniprovinciales, lo que representa a más de 200.000 familias de toda España.
Andalucía paraliza los desahucios en viviendas públicas por causas de sobreendeudamiento y en familias con dependientes
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha destacado en el Pleno del Parlamento de Andalucía que ha dado orden de paralizar todos los lanzamientos de desahucio previstos sobre el parque público de vivienda titularidad de la Junta de Andalucía en los casos de sobreendeudamiento de las familias y en aquellos supuestos en los que existan personas dependientes –menores y ancianos– dentro de la unidad familiar.
Durante su intervención, Elena Cortés ha subrayado que «no se va a utilizar esta práctica contra quienes se encuentran en una situación desesperada y no puedan hacer frente por causas justificadas a la renta de alquiler establecida».
En ese sentido, ha matizado que en la Consejería ofrecerá cuantas alternativas sean posibles a las personas objeto de los expedientes de desahucio con el objetivo de evitar que familias en dificultades «sean desposeídas de su vivienda». «Esta Consejería no va a contribuir a agravar ningún problema social», ha manifestado.
Elena Cortés ha continuado su exposición poniendo de manifiesto que su departamento «va a luchar para que las víctimas de la crisis no pierdan su casa», a lo que ha añadido: «La Consejería no participará en una política que cierra los ojos a las necesidades de colectivos a los que estamos obligados a proteger desde las administraciones públicas».
Por otro lado, la titular de Fomento y Vivienda ha incidido en que «la Consejería será muy exigente a la hora de velar por que las viviendas del parque público cumplan con el destino de habitación para las que fueron creadas y no se queden, por tanto, vacías». «Estas promociones tienen un fin social y esta Consejería va a velar por su cumplimiento», ha puntualizado Elena Cortés.
La Consejería de Fomento y Vivienda gestiona en la actualidad, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), más de 46.000 viviendas públicas en régimen de alquiler, con una población residente de unas 250.000 personas, aproximadamente.
Según precisa la Consejería, la labor de la Junta en estas viviendas no se limita a una mera gestión administrativa, sino que engloba actuaciones de reparación y mantenimiento de las zonas comunes de edificios y del interior de las viviendas; así como un trabajo de integración social y ciudadana de los vecinos que residen en estas promociones, con el fin de lograr la normalización de estas barriadas en el resto de la ciudades en las que se ubican.
DESAHUCIOS EN LAS VIVIENDAS LIBRES
Por otro lado, la consejera de Fomento y Vivienda se ha referido a los desahucios que se están produciendo en el parque residencial de renta libre, asegurando que uno de los objetivos prioritarios de esta Consejería es trabajar para «paliar el problema del desahucio que sufren miles de familias en Andalucía».
Al respecto, ha explicado que «los ciudadanos que han sido despojados de su vivienda lo han sido por el endeudamiento sobrevenido tras el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria, como consecuencia de la pérdida de empleo, que en nuestra comunidad alcanza cerca del 40 por ciento de la población activa».
Durante su discurso, Elena Cortés ha advertido que «mientras se articulan medidas para el rescate de las entidades de crédito con aval público, no se ha puesto en marcha, desde el Gobierno central, una sola iniciativa que vaya dirigida al rescate efectivo de las personas y las familias sobreendeudadas». «En Andalucía queremos terminar con esta injusta y dramática situación», ha afirmado.
La Comisión Europea incluye el programa ‘Adhiérete’ dentro de la iniciativa ‘Envejecimiento saludable’
La Comisión Europea ha seleccionado el programa ‘Adhiérete’, una iniciativa del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, para formar parte del Partenariado para el Envejecimiento Activo y Saludable, con el objetivo de mejorar la adherencia al tratamiento de los pacientes mayores de 65 años, crónicos, polimedicados y con algún grado de dependencia.
De esta manera, se garantiza la accesibilidad de la población a determinados servicios asistenciales con el fin de conseguir una mayor seguridad y efectividad de la medicación. También, aumenta la calidad de vida del paciente y contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario.
El programa ‘Adhiérete’, impulsado también por los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Badajoz, Murcia y Vizcaya, cuenta con la colaboración del Laboratorio Esteve. Asimismo, a nivel europeo, la iniciativa esta respaldada por la Agrupación Farmacéutica Europea (PGEU).
La puesta en marcha del programa está basada en los resultados obtenidos en el pilotaje realizado en Azuaga (Extremadura) en 2010 y que evidenciaron que, tras la intervención del farmacéutico, el grado de cumplimiento terapéutico de pacientes aumentó del 41,2 al 70,6 por ciento.
ASISTENCIA A DOMICILIO
La iniciativa contempla el desarrollo de protocolos para los Servicios de Atención Farmacéutica, un servicio de asistencia domiciliaria así como una evaluación personalizada de la calidad de vida del paciente.
Además, entre los aspectos innovadores de índole tecnológica incluidos está el uso de una aplicación informática, la Base de datos de Medicamentos del Consejo General de Farmacéuticos (Bot PLUS) para permitir el registro de los historiales farmacoterapéuticos.
También, el análisis de los datos de la revisión de la medicación, el seguimiento farmacoterapéutico así como el desarrollo de herramientas para facilitar la elaboración de los sistemas personalizados.
Botella destaca que «la voz amiga» de la teleasistencia ofrece servicio a más de 130.000 personas mayores de Madrid
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha destacado este lunes la importante labor de acompañamiento y seguimiento personalizado que ofrece el servicio de teleasistencia a las personas mayores, una prestación ala que tienen acceso más de 130.000 personas en la ciudad.
«Es la presencia de 24 horas al día durante 365 días al año de una voz amiga para las personas mayores que viven solas en nuestra ciudad», ha enfatizado la primera edil para remarcar que este servicio se ha convertido en un referente «nacional e internacional» en índice de cobertura.
La alcaldesa se manifestó en estos términos durante una visita a uno de los centros que presta este servicio a los distritos de Salamanca, Retiro, Moratalaz, Vallecas, Vicálvaro, Usera y Villaverde. Durante el acto ha estado acompañada por la delegada de Familia y Servicios Sociales, Dolores Navarro, y la directora general del Mayor, Carmen González.
Por otro lado, ha comentado que desde su creación, en 1990, este servicio «no ha parado de crecer» y opera actualmente en 108.009 domicilios de Madrid. También ha recalcado que es una de las prestaciones más valoradas por los usuarios con una valoración de 9.5 puntos sobre 10.
Según los datos del Consistorio, el alcance del servicio de teleasistencia da cobertura al 21 por ciento de la población mayor de 65 años de la ciudad y del 42 por ciento en el caso de los mayores de 80 años o más de edad.
Botella ha comentado que la teleasistencia permite una conexión telefónica inmediata con el usuario con una atención personalizada mediante el acompañamiento y seguimiento telefónico. Además, permite desplegar atención domiciliaria si fuera necesario y movilizar –gracias a la instalación de un terminal– recursos de emergencia –personales y materiales–.
APOYO DEL AYUNTAMIENTO A LA TELEASISTENCIA
La alcaldesa ha recodado que en 2003 el equipo de Gobierno municipal decidió extender este servicio a todas las personas mayores de 80 años que lo solicitaran. De hecho para este colectivo la prestación es gratuita mientras que para los de más de 65 años solo abonan el coste total de servicio aquellos con ingresos iguales o superiores a la pensión máxima contributiva.
La primera edil madrileña ha explicado que la teleasistencia promueve también la autonomía personal de los mayores y ofrece asesoramiento jurídico, económico, psicológico y social, junto a actividades culturales a los usuarios. Como ejemplo de ello, ha apuntado a los numerosos contactos telefónicos para recordar los consejos básicos que deben aplicar los mayores ante las altas temperaturas.
Durante el año 2011 se desplegaron 8,7 millones de comunicaciones por medio de la teleasistencia. También se han establecido casi un millón de contactos, un 12 por ciento de ellos por motivos de emergencia.
El Ayuntamiento de Madrid ha destinado casi 28 millones de euros a la teleasistencia para el periodo comprendido entre julio de este año y marzo de 2013, lo que permitirá aumentar en 2.758 domicilios más cada mes los ya atendidos.
Palencia y la Diputación pondrán en marcha una sala multisensorial para trabajar las capacidades cognitivas
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA-Palencia) va a poner en marcha una sala multisensorial ‘Snolezen’ para trabajar en las capacidades cognitivas residuales de los enfermos mediante la utilización de estrategias y situaciones que controlen todos los sentidos, para lo que contará con una ayuda de 11.000 euros de la Diputación de Palencia.
Se trata de una sala multisensorial destinada al bienestar de los enfermos y a su atención en cuanto a la realización de distintas terapias que mejoren su calidad de vida y el de su entorno, y en especial a las que se refieren, según los grupos y actividades posibles las que sean capaces de motivar su mente, su cuerpo y sus sentidos.
El objetivo de la Asociación es crear este espacio para dar servicio también a los enfermos de los pueblos del alfoz de la provincia, quienes a través de un vehículo se trasladarán a la capital palentina para recibir esta atención.
Esta nueva sala ha sido posible gracias a la firma de un convenio que este lunes ha firmado el presidente de la Institución provincial, José María Hernández, quien ha estado acompañado del diputado de Servicios Sociales, Carlos Morchón.
Este es uno de los tres convenios de colaboración rubricados con entidades sociales sin ánimo de lucro, entre las que están la Confederación española de personas con discapacidad física y orgánica (Cocemfe); la asociación de familiares de enfermos de Alzheimer (AFA-Palencia) y la Asociación de ayuda al drogodependiente (Aclad).
Gracias al mismo, estas tres asociaciones recibirán 17.181 euros con el objetivo de apoyar las actividades que desarrollen y colaborar en el mantenimiento de las respectivas sedes.
En el caso de Cocemfe recibirá 3.121 euros que irán destinados al mantenimiento de su nueva sede (local cedido por el Ayuntamiento de Palencia, ubicado en la Calle Gaspar Arroyo) y al desarrollo de proyectos y actividades destinados a ayudar a personas con discapacidad, como son los itinerarios personalizados en la provincia, así como con los programas de empleo, información y asesoría, formación y apoyo psicosocial que actualmente lleva a cabo.
La brecha digital sitúa a muchas personas en el «analfabetismo digital o funcional»
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha mostrado este jueves su confianza en que con la crisis actual que se está viviendo el trabajo que se lleva desarrollando desde hace tiempo para combatir la brecha digital en el colectivo de personas mayores «no venga a menos».
Así lo ha manifestado el Defensor del Pueblo Andaluz en declaraciones a los periodistas antes de inaugurar en Sevilla Jornada ‘Personas mayores y TIC en Andalucía’, donde ha estado acompañado por la directora general de Personas Mayores, Infancia y Familias de la Consejería de Salud y Bienestar Social, María José Rico. Chamizo ha explicado que hablar de brecha digital hace referencia a la brecha entre hijos y padres y mayores y menores.
En este sentido, ha añadido que la brecha digital sitúa a muchas personas en el «analfabetismo digital o funcional», un problema «importante» que, a su juicio, parece tener una solución porque son «las propias personas mayores quienes quieren participar y estar preparados para el uso de las tecnologías».
Chamizo ha valorado a este respecto la importancia de la red de centros Guadalinfo que la Junta de Andalucía ha desplegado por el territorio andaluz, especialmente por las poblaciones más pequeñas, donde «incluso hay que multiplicar las horas de atención».
El Defensor del Pueblo Andaluz, consciente de la crisis que se está viviendo en estos momentos, ha mostrado su confianza en «todo esto» –en referencia al trabajo en el campo de la brecha digital– «no venga a menos». Así, ha expresado que «estamos preocupados porque el sistema social pueda caerse casi entero, aunque espera que no».
Cabe recordar que abordar esta cuestión está muy presente en la agenda de la Unión Europea, que ha declarado al año 2012 como Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional.
La directora general de Personas Mayores, Infancia y Familias de la Consejería de Salud y Bienestar Social, María José Rico, ha valorado en declaraciones a los periodistas el trabajo que, desde hace muchos años, viene haciendo la Junta de manera «integral» para un envejecimiento activo. Así, ha enumerado diferentes programas e iniciativas del Gobierno andaluz en favor del colectivo de personas mayores además de la red Guadalinfo como ‘Andalucía Digital’, las aulas informáticas en centros de participación activa, Teleasistencia o Salud responde, medidas que «nos diferencia con respecto a otras comunidades autónomas».
Por otro lado y en cuanto a la relación de las personas mayores con las TIC, Rico ha señalado que desde el Gobierno andaluz queremos que «los mayores participen de manera activa de las tecnologías, no sólo apostando por los equipos informáticos, sino también con formación y ayuda».
Con la integración se evita, según Rico, que «no haya brecha digital por conocimiento o generacional, esto es, que los mayores no se sientan solos». Para ello, ha reiterado que la Junta hace un trabajo «integral» del que se benefician más de 600.000 personas mayores.
BRECHA COGNITIVA
Por otro lado, uno de los ponentes de la jornada, que cuenta con la colaboración de la Obra Social Cajasol, el presidente de la Fundación para la E-Salud (FeSalud), Julio Lorca, quien ofrecerá la conferencia ‘La brecha digital en el colectivo de personas mayores; políticas activas para la inserción digital’, ha alertado en declaraciones a los periodistas de que la mayor brecha que existe actualmente en las personas mayores es la cognitiva, por encima de la digital, en la que «vamos mejorando con el tiempo».
La brecha cognitiva, según explica Lorca, refleja la diferente en las posibilidades de acceder al conocimiento por no saber utilizar la tecnología. «Nos debe preocupar más la cognitiva que la de no acceder a los dispositivos», ha añadido.
Por otro lado, ha apuntado que existe «una brecha territorial», si bien, ha valorado la labor por contrarrestar este factor de la Junta y la red Guadalinfo, un trabajo «excelente por el que hay sentirse orgullosos». El informe del Defensor del Pueblo Andaluz sobre las personas mayores y las TIC, según Lorca, refleja que el factor territorial «no es el más influyente, sino el factor edad».
El Gobierno quiere priorizar la atención a los grandes dependientes frente a los leves
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad iniciará esta semana una reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia siguiendo un argumentario según el cual, el sistema es ineficaz y hay que modificarlo para, entre otras medidas «priorizar la atención a los más dependientes». La intención es que el texto de la nueva ley llegue al Consejo de Ministros la segunda semana de julio, tras pasar por la Consejo Territorial del ramo –CC.AA y ministerio–, a primeros de mes.
El documento para la «reforma del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia», al que ha tenido acceso Europa Press, expone seis razones por las que «se proponen mejoras» y que serán trasladadas a los responsables autonómicos en la materia en una serie de reuniones «a distinto nivel» que arrancarán esta semana, según fuentes de este departamento.
No serán los primeros encuentros sobre este asunto, ya que el pasado mes de mayo se produjo una reunión de directores generales del ramo en la que se expuso la necesidad de reformas, especialmente por problemas de financiación. En aquel encuentro, según fuentes consultadas por Europa Press, se llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de reducir la atención a los casos más graves, es decir, los Grandes Dependientes (Grado III) y los Severos (Grado II).
Esta cuestión aparece en el quinto punto del argumentario oficial, donde el departamento que dirige Ana Mato afirma que «debe priorizarse la atención de los más dependientes», ya que «es un principio recogido en la Ley de Dependencia» y «más del 50%» de las personas en lista de espera son de los citados grados II y III. Hasta ahora, la única medida que ha adoptado el Ejecutivo en este sentido ha sido posponer a 2014 la incorporación de nuevos dependientes moderados (Grado I) al sistema.
En cuanto a la atención, Sanidad argumenta que si bien los cuidados en el entorno familiar, es decir, los no profesionales, eran la excepción, estos «se ha convertido en la regla general» y las ayudas para ellos no se utilizan como debieran. «El cambio en las condiciones socioeconómicas y el desempleo en los núcleos familiares ha generado que miembros de la unidad familiar decidan atender a los dependientes en el domicilio, a la vez que reciben una ayuda económica por realizarla. La prestación pasa así a considerarse renta de la unidad familiar, complementando los ingresos o supliendo la falta de estos», asegura el ministerio.
Por otra parte, desde el primer Consejo Territorial de Dependencia del nuevo Gobierno, Sanidad ha venido hablando de la necesidad de simplificar la gestión. En esta línea va otra de las razones del argumentario, donde se expone que «no existen diferencias relevantes en el proceso de valoración» ni «en la forma de atender a los dependientes de diferente nivel dentro del mismo grado de dependencia», así como se da una «falta de adecuación entre las situaciones personales de dependencia y los servicios y prestaciones que reciben».
2.700 MILLONES MÁS DE LOS PREVISTOS
Además, Sanidad considera que el dinero transferido por el Gobierno a las comunidades autónomas «no ha priorizado el mayor esfuerzo en servicios» ya que las que en estos cinco años, las que han desarrollado una mejor atención «no son las que más fondos han recibido» en relación a la población dependiente, y alega que se ha producido un «desfase» entre las previsiones iniciales de la norma y sus resultados al cabo de un lustro, con 326.000 dependientes más de los previstos, y 2.700 millones más de coste sobre los presupuestados en 2007.
En cuanto al empleo, el Gobierno afirma en este documento que «no se han cumplido las expectativas de empleo que se anunciaron». Así, expone que las afiliaciones al Régimen de la Seguridad Social de profesionales en el sector de los Servicios Sociales han pasado de 70.546 altas en 2007 a 8.034 bajas en 2011. Por otro lado, apunta a que las altas de cuidadores familiares han sido entre 2007 y 2011 de 174.133. «Todas estas cuotas han sido abonadas con cargo a los PGE, habiendo generado un gasto total de 1.047 millones de euros», argumenta.
LA REFORMA «INTEGRAL» QUE ENVÍA A BRUSELAS
El pasado 30 de abril, en el documento que el Ejecutivo envió a Bruselas, donde detallaba reformas en varias áreas, el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) no quedaba exento de futuras modificaciones. Si bien planteaba un nuevo aplazamiento hasta 2014 de los dependientes ‘moderados’ o leves, también anunciaba una reforma «integral» del sistema con el objetivo de «garantizar su sostenibilidad».
Asimismo, planteaba avanzar en la «aplicación efectiva de la contribución económica del usuario del sistema», es decir, el ‘copago’, mediante un desarrollo «coordinado» de la normativa de las distintas comunidades autónomas, que son las encargadas de aplicar la ley.
El Gobierno señalaba su intención de revisar el sistema de altas en la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales –familiares de los dependientes, en su mayoría–, cuyas cuotas son abonadas por la Administración General del Estado (AGE), y avanzaba la posibilidad de examinar las cuantías de las ayudas económicas previstas en el sistema, superiores a la asignación de servicios.
Mato: «Si seguimos como ahora, será absolutamente inviable la Ley de Dependencia»
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha justificado este lunes la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que ha emprendido su departamento al afirmar que, de no hacerlo, será «absolutamente insostenible». «Si seguimos como hasta ahora, sería absolutamente inviable», ha asegurado.
En un desayuno informativo con Europa Press, Mato ha insistido en la necesidad de emprender modificaciones, si bien no ha concretado si los cambios pasarán por dejar fuera del sistema a los dependientes menos graves, es decir, los diagnosticados como moderados o severos, aunque ha avanzado que la norma será sometida a un «plan de racionalización» para «garantizar la atención» que los dependientes «se merecen».
Para la responsable de Sanidad, la norma «se hizo sin prever sus consecuencias, de manera precipitada y un poco demagógica», sin someterla a evaluaciones periódicas para conocer su desarrollo. Esto ha provocado, en su opinión, desviaciones como las diferencias en los servicios que prestan las comunidades autónomas o que los cuidados no profesionales, inicialmente previstos como una excepción, se hayan convertido en norma.
«No está financieramente presupuestada, las comunidades autónomas no llegan, hay criterios distintos en cada una, las prestaciones son diferentes (…). Vamos a trabajar y buscar una fórmula para mantener su viabilidad, que en ningún caso pasa por dejar de prestar una magnifica atención a los dependientes sino por garantizar la sostenibilidad del sistema», ha añadido.
Nace la Fundación Catalina Hoffmann para ayudar a los mayores
La emprendedora Catalina Hoffmann, especializada desde hace casi 10 años en el sector de la tercera edad, ha puesto en marcha la fundación que lleva su nombre con el objetivo de ofrecer apoyo «a cualquier persona mayor que necesite ayuda».
De este modo, la Fundación Catalina Hoffmann nace con el objetivo de dar asistencia a los mayores que lo necesiten y concienciar a la sociedad de la importancia que tiene este colectivo, ya que, según su fundadora, «envejecer no significa estar enfermo». «Aprender a envejecer es un arte», ha reiterado Hoffmann.
Por este motivo, la Fundación pretende invertir la visión que la sociedad en general tiene de las personas mayores y abre la puerta a la colaboración con empresas y ciudadanos «para que todos puedan aportar su granito de arena, pero sin obligar a nadie».
Así, el trabajo de la Fundación Catalina Hoffmann girará en torno a cuatro pilares básicos centrados en el ámbito sanitario, jurídico, social y formativo. En primer lugar, se procederá a la adaptación domiciliaria de los hogares de las personas mayores en función de sus necesidades, seguida de la investigación, con especial hincapié en la relación existente entre demencia y estrés.
Además, tras el reciente fallecimiento de su abuela, Catalina Hoffmann ha relatado cómo percibió el abandono que sufren muchos mayores en los hospitales por lo que otro de los proyectos de la fundación versará sobre el ‘Acompañamiento en Transición Vital’, que permitirá ayudar tanto a pacientes hospitalizados que se encuentran en sus últimos momentos vitales como a sus familiares, con voluntariado formado específicamente para esta labor.
Por último, se pondrán en marcha mercados solidarios que consistirán en ayudar a las personas mayores a llevar la compra a casa «utilizando bolsas ecológicas, porque los mayores también se preocupan por el medio ambiente», ha especificado Hoffmann.
Con todo ello se pretende que la fundación «esté al lado de cualquier persona mayor que lo necesite», por lo que se dotará tanto de un equipo profesional como de voluntarios, para los que no habrá límite de edad, ya que podrán ser gente joven como prejubilados o jubilados «que aún quieren sentirse útiles», según Hoffmann.
El nacimiento de la fundación va acompañado de la creación de la página web ‘http://fundacioncatalinahoffmann.org‘ donde se informará «con nombres y apellidos» sobre los beneficiarios de los proyectos. «La gente tiene que ver las realidades», ha insistido Hoffmann, que ha subrayado la importancia de informar «con transparencia».
Catalina Hoffmann es la creadora de un método que lleva su propio nombre –Método Hoffmann– que consiste en analizar en profundidad la situación global de cada persona y adaptar sus necesidades a un programa de intervención. Este método está obteniendo grandes resultados en el terreno del Alzheimer, Parkinson y hemiplejías, entre otros, y recientemente se ha inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual como obra científica.