Bienestar Social
El Gobierno de Aragón elabora una ley para la protección social, económica y jurídica de las familias
El Gobierno de Aragón ha elaborado el proyecto de ley de Apoyo a las Familias con el objetivo de asegurar su protección social, económica y jurídica y para reconocerla «como unidad esencial de la sociedad e instrumento de vertebración y cohesión social».
El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Ejecutivo aragonés, Ricardo Oliván, ha subrayado que el motivo de su realización «radica en que hay una realidad que es necesario reflejar en una normativa, como es la importancia de la familia como sistema protección y ayuda sus miembros».
Además, ha añadido, «se consolida como la institución social mejor valorada y en permanente evolución sujeta a los cambios sociales», a lo que «se une que hay que reflejar los múltiples modelos de familias que existen».
La elaboración de esta norma es uno de los compromisos del Ejecutivo con las familias y para su redacción se ha contado con ellas, así como con otras Administraciones públicas, agentes sociales y económicos, ha informado el Gobierno aragonés en una nota de prensa.
Al respecto, la directora general de Familia, Ana de Salas, ha explicado que para la elaboración del anteproyecto de ley se diseñó un proceso de participación, en coordinación con la dirección general de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación, con una fase de cáracter interno y otra externa.
En total, ha habido una veintena de talleres y más de 400 participantes. Además, en la página web de Aragón Participa se ha contado con un espacio para esta normativa y se ha dado información continua, mostrando los diversos documentos generados a lo largo del proceso.
HOJA DE RUTA
El Gobierno de Aragón ha precisado que la futura ley pretende reforzar y coordinar las políticas familiares del Ejecutivo bajo la premisa de transversalidad e introducir la perspectiva de familia en las diferentes medidas sectoriales. Además, servirá como «hoja de ruta» estable en el tiempo y, a la vez, adaptable a las condiciones socioeconómicas de cada momento.
Los objetivos específicos de la ley son reconocer a la familia como unidad social básica y como instrumento de cohesión social, potenciando su empoderamiento; favorecer el desarrollo familiar, y garantizar una política coordinada e integrada de apoyo a la familia en el Gobierno de Aragón.
Igualmente, persigue promover la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; potenciar la igualdad de participación y oportunidades a las familias de especial consideración; promover la solidaridad intergeneracional e intrageneracional, y fomentar el ejercicio positivo de la parentalidad positiva.
PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y APOYO
Las medidas de protección, atención y apoyo a las familias cuenta con acciones para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, concretamente, con actuaciones de sensibilización social y la coordinación de las diversas instituciones públicas y privadas de la Comunidad autónoma.
Además, se recogen medidas materiales, fiscales y económicas y se define las familias que van a recibir la calificación de especial consideración por sus particulares circunstancias derivadas de su configuración, número o situación social personal o familiar precisando todo ello de políticas familiares específicas de apoyo y protección.
Entre ellas, se incluyen las numerosas, monoparentales y con dependientes o discapacitados, así como en situación de exclusión social o en riesgo de dificultad o exclusión.
También aparecen medidas administrativas de participación y sensibilización, en el que se recogen recursos dirigidos a garantizar la participación social y la transversalidad en el desarrollo de las políticas de apoyo a las familias.
Igualmente, se concede protagonismo al Observatorio Aragonés de Familia y la Comisión Interdepartamental de Familia, este último de nueva creación, han precisado desde el Ejecutivo autonómico.
APOYO A LA MATERNIDAD
La nueva norma incluye políticas públicas de apoyo a la maternidad, que pasan por la información y el asesoramiento, así como por la asistencia especializada, transversal e integral, con atención específica a mujeres embarazadas sin apoyo sociofamiliar, así como a las menores gestantes.
Finalmente, la futura ley posee cuatro disposiciones adicionales sobre referencia de género, asimilación a descendientes, evaluación de su aplicación y bonificaciones fiscales, y tres finales para la habilitación al Gobierno de Aragón, habilitación al consejero y sobre la entrada en vigor.
Un encuentro aborda el rol de los mayores y la «necesidad» de convergencia «adecuada» entre sistema social y sanitario
El primer ‘Encuentro regional sobre envejecimiento y dependencia: Enfoque y actuaciones para el paradigma actual’ ha sido inaugurado este martes en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) en una acto al que han asistido el director el director general de Personas Mayores, Infancia y Familia de la Junta de Andalucía, Ángel Acuña; el alcalde de la localidad, Manuel Benítez; y el director gerente de Macrosad, Andrés Rodríguez González.
Durante tres días agentes del sector socionanitario, profesionales del ámbito público y privado y usuarios y familias de los servicios de atención a la dependencia y promoción de la vida autónoma de toda la comunidad debatirán sobre el presente y el futuro del envejecimiento, ya que «es necesario que el sistema social y sanitario converjan de manera adecuada para afrontar la situaciones de cronicidad».
Así, durante la presentación, Acuña ha calificado de «acierto» este encuentro por la relación entre envejecimiento y dependencia, toda vez que ha señalado que en la actualidad los mayores de 65 años en Andalucía son 1.200.000 y para 2025 habrá un 1.800.000, lo que «nos da una idea de la importancia que va a tener ese sector de la población». «Nuestros mayores cada vez van teniendo una edad más avanzada, todo lo que hace que necesiten mayores cuidados porque además son más dependientes».
Al respecto, se ha referido a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la que Andalucía «recibe en estos momentos 314 millones menos que se recibían cuando se pensó que la ley iba a ser financiada al 50 por ciento por el Estado y la Junta». Así, continúa, la comunidad «está haciendo frente en la actualidad al 75 por ciento de lo que se gasta, y el Estado aproximadamente a un 25 por ciento», lo que «lógicamente tiene unas consecuencias que estamos viendo todos los días», consecuencias que afectan a una gran cantidad de población porque «el 25 por ciento de los dependientes de toda España están aquí».
Por tanto, cuando «se está actuando contra la ley de dependencia se está actuando contra una gran parte de la población que esta en Andalucía». Pero además, prosigue, la ley de dependencia «también es ley de promoción de la autonomía personal, y es muy importante destacar aquí el envejecimiento activo, en cuanto a un conjunto de actuaciones que permiten al mayor alcanzar esas edades en perfecto estado físico y mental».
Al hilo de lo anterior, recuerda que en la comunidad existe el Libro Blanco del Envejecimiento Activo, con 130 propuestas y consideraciones que afectan a los mayores desde punto de vista de su salud, la autonomía personal, la formación o la seguridad, un extremo este último que «está directamente relacionado con la pensión que recibe el mayor, y que le da estabilidad». En este sentido, recuerda que la pensión no contributiva «está incrementándose sobre un dos por ciento, con 20 millones de euros destinados por la comunidad, mientras que el Estado ha incrementado las pensiones un 0,25 por ciento anual».
Por último, Acuña ha destacado también otras medidas puesta en marcha en beneficio de los mayores, como el examen de salud a mayores de 65; la Tarjeta Junta 65, que beneficia a más de 1.000.000 de andaluces; el servicio de Teleasistencia, del que se benefician 177.000 mayores; el servicio de orientación jurídica gratuita, que en llega a 17.000 mayores; la importancia de las aulas universitarias, que acogen a más de 8.000 mayores; o el combate contra la brecha digital, con más de 1.800 equipos en los centros de participación activa de toda Andalucía.
Por su parte, el alcalde de Castilleja ha indicado que de los 17.474 habitantes de la localidad, 2.768 tienen más de 65 años, lo que supone un 15,8 por ciento del total de vecinos, según datos de 2013, toda vez que ha destacado que Castilleja está por debajo de la media andaluza y nacional, con un 14,7 y 17,7 por ciento, si bien su cercanía a la capital ha provocado que la población se cuadruplique desde 1970 y «el perfil de familias jóvenes que tienen hijos maquillen unos datos a los que hay que prestarle atención».
Para ello, continúa, se celebra este encuentro de tres días, en el que se hablará sobre envejecimiento y la atención que deben recibir los mayores, porque «independientemente de las dificultades económicas, la apuesta de las corporaciones locales debe ser por las políticas sociales, paliando los desequilibrios a los que la coyuntura económica está abocando a cientos de familias». Por este motivo, «hemos creído en la oportunidad que este encuentro supone para contribuir a mejorar las condiciones de atención e integración de nuestros mayores», convirtiéndose «en un valiente punto de partida».
Por su parte, el director general de Macrosad ha afirmado que «el envejecimiento de la pirámide poblacional debe hacer reflexionar sobre el papel que juegan nuestros mayores, el papel que merecen y el que están reivindicando», con una población mayor «con un peso específico no solo a nivel social sino también económico». En este sentido, señala que más del 15 por ciento de la población andaluza tiene más de 65 años y que «167.000 personas son beneficiarias en Andalucía del sistema, un 22 por ciento del sistema nacional».
Así, afirma que desde Macrosad, con 20 años de experiencia, «se pretende aportar soluciones a las personas que envejecen a lo largo y ancho de toda Andalucía», para lo que «los sistemas sanitarios tienen que dar respuesta eficiente a lo que se conoce como ‘CURE’ y el reto ahora es la cura y atención (CARE), por eso ese necesario que converjan el sistema social y sanitario y que se coordinen adecuadamente».
«Hay mucho mayores en número absoluto, pero también lo que se denomina la cuarta edad, mayores muy mayores que necesitarán una alta intensidad de cuidados»; los sistemas públicos «no llegan a todo e iremos a un modelo híbrido que permita que además no entremos en un sistema dual, y eso habrá que construirlo». De este modo, desde la iniciativa privada «tenemos que ir aportando soluciones, con el objeto de ayudar a sentar una buena base de una sistema sociosanitario, porque lo social y lo sanitario tienen que converger de manera adecuada para afrontar la situaciones de cronicidad».
En este sentido, afirma que habrá que preguntarse si las ciudades y pueblos y los sistemas «están adaptados para los mayores, si son ciudades amigables e intuitivas», y en pro de este objetivo «les toca no solo a las instituciones y personas que tienen responsabilidad de Gobierno sino también a los proveedores que dan apoyo y servicios».
«Es la intención de este encuentro inédito y singular», que está organizado por Macrosad y el Ayuntamiento de Castilleja, con la colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla, ayuntamientos del Aljarafe, organizaciones sectoriales y profesionales del ámbito público y privado», afirma Andrés Rodríguez, quien añade que durante tres días expertos andaluces, profesionales usuarios y familiares «van a valorar la situación actual y los retos de futuro mediante conferencias, talleres y mesas redondas».
«En Macrosad buscamos crear desde nuestra humilde experiencia herramientas que aporten soluciones y valor, que faciliten a los agentes que trabajan con las personas mayores mecanismos que permitan un proceso de envejecimiento digno y positivo, orientando nuestras actividades a la satisfacción global», afirma el director general, quien resalta que «esta apuesta por los valores y compromiso a través de la formación e investigación nos hace trabajar con mayor inquietud por más de 6.700 usuarios a cierre de 2013 con una encuesta de satisfacción de 8,15 y 8 sobre diez», concluye.
El programa de prevención del aislamiento inicia una nueva edición
El área de Bienestar social ha organizado una nueva edición del programa de prevención del aislamiento, dirigido a personas mayores residentes en Irun. La delegada del área, Maite Cruzado, presentó la iniciativa acompañada del director de Bienestar social, Juan de Dios Sanz; la técnico Rosa Valle y la psicóloga Mercedes Acera.
Este programa se lleva a cabo «desde el año 2009. Es una de las líneas de trabajo con el colectivo de la tercera edad», concretó Maite Cruzado. Los destinatarios de la iniciativa son las personas mayores de 75 años que viven solas en el municipio. «Nos parece muy importante la detección de casos en los que estas personas puedan encontrarse solas, sin un apoyo social o un respaldo familiar. Tratamos de prevenir situaciones de aislamiento, y que los destinatarios de este programa tengan información sobre todos los recursos que tenemos a nivel institucional y social», afirmó Maite Cruzado.
En las próximas semanas «nos vamos a poner en contacto nuevamente con aquellas personas que cumplieron 75 años el año pasado o que viven solas desde entonces, para darles a conocer este programa de prevención del aislamiento», señaló la delegada de Bienestar social. En ese primer contacto, que se realiza de forma telefónica, «se les ofrece información en torno a los recursos de los que disponemos las instituciones» y que puedan resultar de interés para este colectivo: «teleasistencia, comidas a domicilio, el servicio de ayuda a domicilio, centros de día y residencias…» En total, en las próximas semanas desde el área de Bienestar social se contactará con en torno a 300 personas.
Mercedes Acera, psicóloga que coordina el programa, explicó que cuando una persona muestra interés por este servicio «les visito en su domicilio, debidamente identificada para que no haya ningún malentendido. Las personas mayores están dispuestas a escuchar y a querer saber qué les ofrece Irun para mejorar su vida. En general, la acogida suele ser muy buena», afirmó la psicóloga. Si se detecta que la persona en cuestión puede encontrarse en riesgo de aislamiento, «se le ofrece participar en un taller para mejorar sus habilidades cognitivas y sociales. El objetivo es relacionarse con los demás, salir de casa y hacer cosas diferentes…», señaló Mercedes Acera.
Uno de los valores de este programa, según destacó Juan de Dios Sanz, es que «si se detecta alguna situación que requiera de una intervención urgente, se comunica al área de Bienestar social para que despleguemos los recursos que tenemos para situaciones de este tipo». De este modo, «podemos intervenir en el caso de personas que estén viviendo situaciones especialmente difíciles», explicó el director de Bienestar social.
En Iraso y Leka enea
El año pasado, desde el programa de prevención del aislamiento se contactó con 323 personas. El 19% de ellas, alrededor de 60, mostraron interés en saber más sobre la iniciativa y recibir más información. Los recursos más solicitados por estas personas fueron la teleasistencia, las comidas a domicilio y el servicio de ayuda a domicilio.
Respecto al taller específico para quienes efectivamente se hallen en una situación de riesgo de aislamiento, en el mismo participan actualmente un total de 36 personas. El taller se imparte tanto en el Centro Social Iraso como en los apartamentos de Leka enea, bajo el título ‘Fomento de las habilidades cognitivas y sociales’.
Bienestar Social, el gran desconocido
El Ayuntamiento de Avilés tiene un problema para hacer llegar sus políticas de Bienestar Social a los ciudadanos. Así se pone de manifiesto, con toda rotundidad, en la encuesta realizada por Asturbarómetro para LA VOZ DE AVILÉS. El presupuesto de 2014 del Ayuntamiento aprobado el pasado 2 de enero hace una apuesta clara por el área de Bienestar Social y por los numerosos programas que lo integran para atender a las personas más desfavorecidas y a la llamada tercera edad, hasta el punto de que el dinero destinado para estas políticas ascenderá este año a 14,2 millones de euros, el 23,51% de un presupuesto total de 60,7 millones. Con ello se tratan de atender unas necesidades que han ido en aumento, tanto por el número de demandantes como por la menor aportación del Gobierno central, que suprimió la partida destinada a teleasistencia, o decidió endurecer las condiciones para poder beneficiarse de la Ley de Dependencia, dinero que asumió el propio Ayuntamiento de Avilés.
Pues bien, nada menos que un 69,9% de los encuestados afirma no saber ‘nada’ del programa de Bienestar Social municipal, y un 23,8% lo conoce solamente ‘algo’. Sólo un exiguo 6,3% sostiene que conoce dicho programa ‘mucho’ (2,1%) o ‘bastante’ (4,2%).
Directores de Servicios Sociales piden protagonismo en el Congreso a los 13 millones de pobres
Los más de trece millones de españoles en situación de pobreza y en riesgo de exclusión social «deberían protagonizar» el Debate sobre el estado de la nación, que tiene lugar este martes y miércoles en el Congreso de los Diputados, según reclama la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Esta organización señala que desde 2008 la pobreza ha pasado del 20,8 por ciento al 28,1 por ciento, más de siete puntos que representan a 3,5 millones de personas. Asimismo, recuerda que la tasa de pobreza o exclusión social Europa 2020, conocida como Tasa AROPE, apunta que 28,2 por ciento de los ciudadanos españoles están en situación de pobreza o exclusión, que equivale a 13 millones, de los que «decenas de miles pasan hambre, especialmente los niños».
«Las propuestas deben reducir las desigualdades y las mejoras económicas deben repercutir en las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población», apuntan desde esta entidad, que pide una revisión «en profundidad» del modelo de relaciones laborales, una reforma fiscal «justa y progresista», y reforzar el nivel más básico de protección que representan los servicios sociales, que, a su juicio, «son los ejes que articulan un debate donde lo que importa son las personas y familias».
Cataluña suspende la ayuda por partos o adopciones múltiples
El departamento de Bienestar Social y Familia ha decidido suprimir para este año las prestaciones por parto, adopción, acogimiento o tutela múltiple, la ayuda que concedía a las familias que tenían dos o más niños al mismo tiempo. Según han confirmado a Efe fuentes del departamento de Bienestar Social, esta ayuda ha quedado suspendida para el 2014, aunque las familias que hayan tenido un parto múltiple entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2013 pueden presentar la solicitud para obtener la prestación hasta el próximo 31 de marzo.
El departamento de Bienestar Social ha recordado que, desde el inicio de la legislatura, esta ayuda ya se concedía en función de la renta. La Asociación de Familias Numerosas de Cataluña (FANOC) ha mostrado hoy su rechazado a este nuevo recorte social de la Generalitat de una prestación económica, que era de carácter universal para las familias residentes en Cataluña que hubieran tenido un parto múltiple o adoptado, tutelado o acogido a dos o más niños de forma simultánea. Según ha informado la FANOC, la suspensión de estas ayudas no se les había comunicado y fue cuando empezaron a recibir quejas por parte de familias cuando la asociación comprobó que en la Ley de presupuestos de este año esta prestación ha quedado totalmente suspendida.
«Esta decisión contrasta con las declaraciones del Govern de que se mantenían las prestaciones sociales en los nuevos presupuestos», ha denunciado la asociación. La FANOC ha afirmado que con este recorte «el colectivo de familias con hijos es castigado con la supresión ahora de la única prestación económica de carácter universal que seguía vigente en Cataluña», después de la supresión en 2011 de las prestaciones universales para todos los hijos de 0 a 3 años (0-6 años en el caso de familias numerosas o monoparentales). Según ha lamentado el director ejecutivo de FANOC, Raúl Sánchez, «no puede ser que en momentos de dificultades y de una grave crisis demográfica, el Govern suprima las escasas prestaciones que tienen las familias».
«Lo peor para el futuro de un país es jugar con las políticas de apoyo a las familias. Ni un sólo país europeo ha disminuido las ayudas universales a las familias durante esta fuerte crisis, es más, algunos las han aumentado: todos son conscientes de que la familia se ha convertido en la primera ONG del país», ha asegurado Sánchez. La asociación ha recordado que una gran parte de las familias que tienen un parto, adopción, tutela o acogida múltiple entran a formar parte del colectivo de familias numerosas, que es, según los expertos, uno de los más afectados por la crisis. La asociación FANOC ha asegurado que es «consciente de que la grave situación financiera del país exige tomar medidas para hacer frente al déficit de la deuda», pero pide «medidas que no castiguen y debiliten más los hogares con más hijos y personas dependientes, ya que éstos soportan muchas cargas económicas, y están dando un servicio social (cuidado de parados, enfermos, personas mayores, etc.) que ahorra mucho dinero a cualquier Gobierno».
Munté deplora el impacto social de la reforma local del Estado y ve «imposible» cumplirla
La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, ha deplorado este lunes el impacto social que tendrá la ley de racionalización de la administración local del Estado porque contraviene el principio de proximidad, y ha afirmado que es «imposible» cumplirla en los términos y plazos que se ha planteado.
Durante su intervención en el Consejo General de Servicios Sociales, Munté ha afirmado que la normativa «no respeta el principio de proximidad, clave en el modelo catalán de políticas sociales», ha informado al Conselleria en un comunicado.
La propuesta del Estado «tampoco tiene en cuenta la realidad territorial y al experiencia acumulada por los entes locales», ha dicho la consellera, que ha añadido que su aplicación devolverá a Catalunya a un sistema público de servicios sociales ya superado.
Ha advertido que el Estado «pretende alejar a los ciudadanos de la competencia de la atención, lo que dificulta una respuesta ágil y eficaz a sus necesidades y a la intervención comunitaria en beneficio de la cohesión social».
Además, ha recordado que el texto prevé que la Generalitat asuma las competencias de los entes locales antes de diciembre de 2015: «Este plazo resulta claramente corto y desproporcionado y es imposible de cumplir para Catalunya».
Lorenzo presenta la nueva web de Servicios Sociales y la herramienta Socyal
El concejal de Servicios Sociales, Miguel Lorenzo, presentó hace unos días la nueva web de su área, así como Socyal, una nueva herramienta de gestión de la atención social. “Se trata de dos nuevos instrumentos, que tienen conexión entre sí, y que facilitarán el día a día, tanto de los profesionales municipales como de los ciudadanos”, aseguró Lorenzo.
La nueva página, disponible a través de las webs (www.serviciossociales.coruna.es), se puede consultar tanto en gallego como en castellano e incorpora, mejora y amplia los contenidos del antiguo portal dedicado a este área. Las principales novedades son la oferta de un mayor número de contenidos, de funcionalidades y de servicios digitales cuyo objetivo, según Lorenzo, «es llegar a todos los ciudadanos de una forma sencilla, clara y accesible para que incluso puedan resolver trámites desde su propia casa». Así, en este espacio se dará una mayor cobertura a las noticias y actividades relacionadas con los servicios sociales, además de ofrecer información sobre las distintas actividades llevadas a cabo en los centros cívicos municipales. La web cuenta también con la descripción de contenidos, trámites y documentación necesaria de las prestaciones y servicios sociales. Por otro lado, también dispone de acceso a sitios web de redes sociales como Facebook y Twitter y de un espacio de suscripción a un boletín digital de noticias.
Atención social a través de Socyal
Miguel Lorenzo explicó que, tras más de dos años de intenso trabajo en colaboración con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través del proyecto Avanza 2, el Ayuntamiento de A Coruña pone en marcha la herramienta Socyal, que permitirá la gestión integrada de la atención social. «Se trata de un instrumento que presenta grandes ventajas para los trabajadores municipales con respecto a la tecnología que utilizábamos y que además acercará la administración al ciudadano», subrayó el concejal. En este sentido, Lorenzo informó de que Socyal permitirá la integración con otras bases de datos corporativas como el padrón municipal, el callejero o el registro, lo que facilitará la gestión y permitirá disponer de expedientes sociales por unidad familiar y a nivel individual más completos y ordenados.
«Para los profesionales supone un paso fundamental que incidirá en su trabajo diario ya que permitirá un ahorro de tiempo considerable al disponer de todos los datos en una única herramienta y se evitarán duplicidades”, aseguró el conejal. Además, Socyal también permitirá una gestión individualizada de su agenda de citas e incluso la gestión e información de los centros y espacios físicos dependientes de la Concejalía lo que permitirá, entre otras cuestiones, consultar su disponibilidad y hacer reservas.
Esta herramienta, conectada al nuevo portal web de Servicios Sociales, será la que permita a los ciudadanos realizar determinadas gestiones propias de una administración electrónica. De esta forma, un vecino podrá pedir, consultar y anular citas a través de la web, descargar impresos oficiales, realizar trámites o incluso consultar ciertos datos básicos de su expediente social (historia social individual). “En definitiva, nos acercamos a los ciudadanos y les facilitamos el día a día convirtiéndonos en una administración próxima y eficaz”, concluyó Lorenzo.
Esther Díaz: «Asturias quintuplica la inversión del Estado en Dependencia»
«No estamos de acuerdo con la nota. No vamos a decirle al Observatorio de la Dependencia cómo tiene que hacer su trabajo, porque son expertos y respetamos su independencia, pero sí creemos que no han utilizado los parámetros correctos. Por ejemplo, en Asturias, el gasto por habitante en dependencia es muy superior al que dicen».
La consejera de Bienestar Social y Vivienda no comparte el último suspenso que, tal y como adelantó EL COMERCIO, otorgó a su gestión el ente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que se encarga de evaluar la ley. Un suspenso que es el décimo que recibe el Principado de los doce dictámenes realizados ya por el Observatorio.
Ante el último, correspondiente al análisis del desarrollo de la ley durante el último año, Esther Díaz rebate que el gasto asturiano en dependencia sea bajo. Todo lo contrario, afirma que «Asturias quintuplica la inversión del Estado en Dependencia», como lo demuestran, dice, «los presupuestos consolidados y revisados por el Tribunal de Cuentas».
Así, afirma que en 2012, el coste que la dependencia tuvo en Asturias alcanzó «los 178 millones. De ellos, 127,8 fueron portados por el Principado. El resto, 22,6 los aportó el Estado, mientras que los beneficiarios, a través del copago, aportaron 27 millones».
Eso significa, «además de que el Principado quintuplica la inversión del Estado», que de las arcas regionales salieron «119 euros por habitante para la dependencia, mientras que el Observatorio, en su informe, nos adjudica 91,98 euros». Afirma Esther Díaz que la discrepancia se centra «quizás en la fuente que maneja el Observatorio. Nosotros no sólo dedicamos a la dependencia una única partida, sino que está repartido en diferentes capítulos y puede que no los hayan contemplado todos».
De haber recogido los 119 euros que la consejera asegura, «fueron el gasto real en 2012 y, también, en 2013, porque fueron cifras muy parecidas», Asturias habría logrado un punto y no un cero «en el apartado de gasto por habitante». Porque, de acuerdo al último dictamen del Observatorio de la Dependencia, el gasto medio en el país fue de 109,25 euros «con lo que nosotros estaríamos por encima de la media».
«Acabaremos con la espera»
Otros de los parámetros en los que hay discrepancia son los que valoran el número de solicitudes, beneficiarios y dictámenes por población, ya que Esther Díaz asegura que «no están ajustados a la realidad. Quizá eran importantes al principio, cuando la ley arrancaba, pero ahora está consolidada y no va a crecer la cifra de peticiones».
A juicio de Esther Díaz, lo importante es que «ante la posición del Gobierno central, que con su actuación hacía prácticamente inviable la ley, nosotros seguimos dando servicio y eso lo reconoce el Observatorio». Lo dice porque Asturias destaca como la cuarta comunidad española con más tasa de reposición el año pasado, del 9,52%, «cuando, en el resto del país, ha ido a la baja. Se ha paralizado».
Una paralización que, insistió, «no ocurrirá en Asturias». Lo demuestra, dice, también el aprobado por recortar el ‘limbo’ -personas con derecho, pero sin servicio- «será mejorado aún este año: el objetivo es acabar con la espera».
30.000 familias reciben prestación por dependencia en Madrid
En un acto celebrado en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, y con la asistencia del consejero de Asuntos Sociales,Jesús Fermosel, la consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, la directora general de Dependencia, Carmen Balfagón, o el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Antonio López Trigo, el presidente Ignacio González ha dicho que actualmente«la Comunidad de Madrid es la única región en la que la atención a las personas con algún tipo de discapacidad es plenamente gratuita». González además ha afirmado que la región presta los servicios a dependientes en un plazo menor al establecido por ley y que está en uno de los primeros puestos de prestación de servicios.
El presupuesto del Gobierno regional para la atención a la dependencia alcanza los 990 millones de euros, según indica una nota remitida por Asuntos Sociales. «Hace seis años, antes de la crisis, destinábamos el 73 por ciento de todo nuestro presupuesto al gasto social; hoy, destinamos un 90 por ciento», ha declarado González.
El acto institucional ha servido para presentar una guía para cuidadores que se distribuirá de manera gratuita en los centros de salud y que trata de resolver las dudas que le puedan surgir al familiar encargado del cuidado de un dependiente. Por ejemplo, el texto explica qué hacer en caso de caídas o los aspectos que hay que tener en cuenta para el aseo personal.
La Comunidad de Madrid tiene una red asistencial de 50.000 plazas en 500 centros. Los servicios más demandados son la ayuda a domicilio (que puede ser atención directa en el domicilio en tareas de limpieza o compra o acompañamiento a consultas médicas, por ejemplo), la teleasistencia (dispositivo móvil que utiliza el dependiente y que le permite estar en contacto permanente con un centro especializado) o las prestaciones económicas directas. Una beneficiaria de esta prestación ha participado en el evento contando su experiencia: «Mi madre acaba de cumplir 94 años y es beneficiaria de la ley de dependencia desde hace diez, gracias a la ayuda económica que recibimos podemos tener contratada a una persona para que esté con ella mañana, tarde y noche y nunca le falte de nada».
Bienestar Social rebajará impacto del copago a dependientes con discapacidad
La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Esther Díaz, ha anunciado hoy en Avilés que su departamento trabaja en una nueva normativa, que se publicará próximamente, para rebajar el impacto del copago de las personas dependientes con algún tipo de discapacidad.
Esther Díaz ha participado hoy en la inauguración de la jornada «Encuentro de familias», organizada por la Federación de Asociaciones de Integración de Personas con Discapacidad Intelectual de Asturias (FEAPS), en el palacio de Ferrera, de Avilés.
La iniciativa anunciada por la consejera se suma a las ya puestas en marcha para minimizar el incremento del copago de las personas dependientes como consecuencia de las reformas del Gobierno de España.
La consejera de Bienestar Social ha insistido en que las medidas puestas en marcha por el Gobierno central iban encaminadas a la paralización de la Ley de la Dependencia, «y han significado un importante recorte en derechos y prestaciones a sus beneficiarios».
Esther Díaz también ha reivindicado la necesidad de que la futura Ley General del Tercer Sector de Acción Social incorpore las directrices europeas de contratación pública y concesiones.
Díaz ha explicado que esta medida favorecería un mayor margen a las administraciones en las adjudicaciones de obras, bienes o servicios, atendiendo a criterios sociales que facilitarían el posicionamiento de estas entidades en los procesos de contratación de las administraciones.
La titular de Bienestar ha trasladado a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, este posicionamiento del Gobierno de Asturias porque significaría reconocer el papel que las administraciones desarrollan en defensa de los derechos sociales de los ciudadanos.
La consejera de Bienestar Social y Vivienda ha realizado, posteriormente, una visita de obra a la reforma de la Casa del Mar de Cudillero, que está siendo rehabilitada para su adecuación como residencia de mayores.
Diputación valenciana prorroga programa de viajes sociales para atender las peticiones
La Diputación de Valencia y la Unión Hotelera han suscrito hoy la prórroga del programa por el empleo hotelero y el turismo social para poder atender todas las peticiones recibidas, unas 30.000, de las que 13.000 ya han realizado el recorrido turístico de costa e interior por la provincia.
La diputada provincial de Bienestar Social, Amparo Mora, y el presidente de la Unión Hotelera, Luis Martí, han firmado hoy la prórroga para este año, que dará continuidad al programa a partir de abril, dirigido a la tercera edad.
En 2013 se formalizaron más de 25.000 solicitudes a través de los ayuntamientos, muchas de las cuales se pidieron con posterioridad al mes de agosto, por lo que se llevarán a cabo durante este año.
El programa, dotado con tres millones de euros, persigue generar y mantener el empleo en las zonas turísticas durante la temporada baja, lo que supone desestacionalizar el turismo, «uno de los principales problemas» en la Comunitat Valenciana, ha manifestado Martí.
El plan ha permitido en 2013 el mantenimiento de entre 1.500 y 2.000 empleos en la provincia de Valencia tanto en alojamientos como en establecimientos hosteleros.
La ocupación en enero es «bajísima», del 30 % frente al 80 % en temporada alta, a excepción de la ciudad de Valencia, y el programa ayuda a que los hoteles no tengan que cerrar durante algunos periodos, y por tanto, no despedir a sus empleados.
Un total de 18 hoteles de costa e interior, con una media de un centenar de empleos cada uno, ha participado en el programa durante 2013.
La diputada provincial ha avanzado que la Diputación de Castellón ha mostrado su interés en el programa y en estudiar las fórmulas para aplicarlo en la provincia.
Esta extensión del programa en Castellón beneficiaría a Valencia al permitir el intercambio de viajeros entre ambas provincias.
Amparo Mora ha explicado que aun «quedan muchas personas» que han solicitado participar en el programa en sus ayuntamientos y que todavía no han podido realizar las rutas por la provincia.
Bienestar Social reduce su deuda hasta los 60 millones de euros
Asunción Sánchez Zaplana
La Conselleria de Bienestar Social ha equilibrado sus cuentas de manera significativa en el último año, reduciendo su deuda en más de 500 millones de euros. Así, según fuentes del Área que lidera Asunción Sánchez Zaplana, solo quedan pendientes de abonar unos 60 millones de euros a las residencias de mayores. El resto de las partidas están al día.
Precisamente, el pasado mes de noviembre, los centros para discapacitados cobraron 65 millones de euros. El resto de la deuda con el sector se saldó en diciembre, cuando llegó el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Y es que desde que Sánchez Zaplana aterrizó en Bienestar Social su objetivo fue pagar las facturas pendientes, para lo que se reunió con cada uno de los representantes del sector. Además, estrechó las relaciones con la Conselleria de Hacienda, para priorizar los pagos a los colectivos afectados.
Cabe recordar que durante el mandato de su antecesor en el cargo, Jorge Cabré, los dependientes, discapacitados y demás asociaciones se manifestaban casi semanalmente. Algunos centros incluso se vieron obligados a cerrar por los impagos. Las sucesivas ayudas económicas del Gobierno central han ayudado en gran medida a solventar esta situación, aunque todavía están pendiente de pago algunas facturas de los centros subvencionados de atención a personas mayores.
Más de 21.000 personas disfrutan ya de las ventajas de la Tarjeta del Mayor
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez, ha afirmado hoy que un total de 21.056 personas mayores de la Comunitat Valenciana disfrutan ya de las ventajas que ofrece la Tarjeta del Mayor de la Generalitat.
En este sentido, ha manifestado su satisfacción «ante la buena acogida de esta iniciativa entre las personas mayores de la Comunitat Valenciana, que pueden acceder así a una serie de ventajas y descuentos en establecimientos y servicios sociosanitarios como ópticas, clínicas dentales, centros auditivos, casas rurales, agencias de viajes, etc». Los beneficiarios pueden consultar el catálogo de servicios y establecimientos adheridos en la página web de la conselleria de Bienestar Social.
Por provincias, la de Alicante cuenta con un total de 4.084 tarjetas emitidas, la de Castellón cuenta con 2.100 tarjetas y en la provincia de Valencia 14.872 personas mayores ya disponen del documento acreditativo.
La consellera ha señalado que la Tarjeta del Mayor es una iniciativa de la Generalitat que pone de manifiesto «el constante esfuerzo del Consell por mejorar la calidad de vida de las personas mayores, ofreciéndoles una amplia variedad de recursos y servicios para dar respuesta a sus necesidades e inquietudes».
Asimismo, ha indicado que la conselleria de Bienestar Social destinará en 2014 más de 200 millones de euros para la atención asistencial y programas destinados a las personas mayores de la Comunitat Valenciana».
Empresas adheridas y tipología
Sánchez Zaplana ha explicado que un total de 413 empresas de la Comunitat Valenciana se han adherido ya a la tarjeta del Mayor, y ha añadido que «desde la conselleria de Bienestar Social continuamos trabajando para ampliar los beneficios para los usuarios de esta tarjeta».
Dentro de los comercios y empresas adheridos a la Tarjeta del Mayor figuran ópticas, clínicas dentales, centros auditivos, casas rurales, agencias de viajes, cafeterías, tintorerías, fisioterapeutas, gimnasios, centros de estética, decoración y mobiliario para el hogar, podólogos, tiendas de moda, talleres de reparación de vehículos, zapaterías, panaderías, pastelerías, perfumerías, ferreterías, farmacias, funerarias, floristerías, herbolarios, empresas de reparación de electrodomésticos, residencias, centros de día, despachos de abogados, estudios de fotografía, entre otros.
La consellera ha agradecido la colaboración de «todas estas empresas que han decidido participar en esta iniciativa tan beneficiosa para las personas mayores», y se ha dirigido al resto de empresas y comercios de nuestra Comunitat para que se sumen a esta iniciativa.
Requisitos para acceder a este servicio
Pueden ser beneficiarias de la Tarjeta del Mayor todas aquellas personas de la Comunitat Valenciana que tengan 65 años cumplidos o 60 años y que sean pensionistas.
Para obtener la Tarjeta del Mayor, las personas mayores pueden dirigirse a las Oficinas Prop de la Comunitat Valenciana, a los Servicios Centrales y Direcciones Territoriales de la Conselleria de Bienestar Social, en las tres provincias de la Comunitat, así como a los Centros Especializados de Atención a Mayores (CEAM) y a los Servicios Sociales de los distintos municipios.
El Catálogo de Servicios de la Tarjeta de Mayor puede ser consultado en la página web de la Conselleria de Bienestar Social http://www.bsocial.gva.es. , que se actualiza mensualmente.
Por último, la consellera ha destacado la importante colaboración para la difusión de la Tarjeta del Mayor de las distintas asociaciones de jubilados y pensionistas de nuestra Comunitat, como las UDP de Alicante, Castellón y Valencia y la Federación CIMA de personas mayores.
250.000 firmas para exigir que el cumplimiento la Ley de Dependencia
La Coordinadora Estatal de las Plataforma defensa de LAPAD y la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales entregan este jueves en el Congreso de los Diputados más de 250.000 firmas recogidas para exigir el cumplimiento de la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia en su séptimo aniversario.
Se trata de una iniciativa ciudadana ante la «demolición controlada» del Sistema de Atención a la Dependencia y las tres reformas que ha sufrido la ley por el Gobierno actual, que según alertan estas entidades, «ha impactado de manera cruel» en las personas en situación de dependencia, «impidiendo su acceso al sistema o expulsándolas del mismo».
Por ello, piden a los grupos en la Cámara baja la adopción de la resolución parlamentaria procedente que obligue al Gobierno a dotar al sistema de la partida presupuestaria suficiente –al menos del 50%– para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que corresponden en los términos fijados en los artículos 9 y 32 de la misma ley.
Estas dos entidades alertan de que más de 200.000 personas se encuentran en el ‘limbo de la dependencia’ –con el grado reconocido, que esperan a ser atendidos– y del «recorte de más de 1.000 millones de euros» –supresión del nivel acordado y reducción 13% nivel mínimo– y el «abandono» de los cuidadores familiares.
Las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia piden más presupuestos
Con motivo de cumplirse el séptimo aniversario de la promulgación de la Ley de Dependencia, distintas asociaciones, entre ellas la de Castilla-La Mancha, pidieron a los Gobiernos central y autonómicos más presupuestos.
Con motivo de cumplirse hoy el séptimo aniversario de la promulgación de la Ley de Dependencia, distintas asociaciones, entre ellas la de Castilla-La Mancha, pidieron a los Gobiernos central y autonómicos más presupuestos.
En un comunicado, la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia (Lapad), cuyo portavoz es el toledano José Luis Gómez-Ocaña, exigió a los gobernantes que doten a las distintas administraciones de los presupuestos y las herramientas adecuadas para su desarrollo completo.
«Un Gobierno que deja desprotegido a sus ciudadanos más débiles, es un Gobierno injusto y desalmado», según esta Plataforma, que explicó que se ha pasado de «la esperanza» surgida en 2006 con la aprobación de la ley hasta el momento actual, en que los derechos reconocidos «retroceden a pasos agigantados».
La Lapad consideró que los distintos Gobiernos «al amparo de la crisis económica están llevando a cabo toda una batería de recortes presupuestarios en materia de dependencia» con «distintos repagos y copagos» que llevan a en muchas personas dependientes a tener que abandonar tratamientos y terapias que afectan a su salud y su calidad de vida.
Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) señaló en una nota que la Ley de Dependencia «ha traído más decepciones que soluciones a los centenares de miles de personas con discapacidad y mayores que necesitan apoyos intensos para su autonomía personal».
«Los crecientes recortes» han llevado a un fracaso colectivo que ha defraudado las enormes expectativas de mejora de la atención que habían depositado en este texto legal las personas mayores y con discapacidad», según el CERMI, que hace un balance «negativo» de la legislación promulgada hace siete años.
El CERMI reclamó por ello «un auténtico pacto de Estado que revitalice la ley y su aplicación, corrigiendo los errores cometidos, orientando el sistema hacia la autonomía personal y garantizando una financiación adecuada».
Bienestar Social obliga a los dependientes a pagar por ir a centros ocupacionales y de día
Familiares de afectados han recibido una carta de la Conselleria en la que les comunican que a partir de enero de 2014 tendrán que abonar hasta 700 euros mensuales.
Maite Hernández acudió ayer a las puertas del edificio Prop de la Generalitat de Alicante empapelada con carteles sobre los recortes en la dependencia. Hoy se cumple el séptimo aniversario de la entrada en vigor de la ley y, tal y como manifestaron desde la plataforma, no es momento de celebraciones. Un centenar de personas se concentró para denunciar la paralización de la normativa en la Comunitat. Más que indignados, Maite mostraba la carta que acaba de recibir de Bienestar Social.
Los dependientes que acuden a centros ocupacionales y de día deberán a partir de enero hacer más desembolso. Así ha empezado a comunicarlo esta semana la Conselleria. Entra en vigor un copago por estos recursos, -que se añade al farmacéutico- y que fue aprobado en agosto. En el caso de Maite asciende a 95,53 euros por 14 mensualidades. Es lo que deberá abonar si quiere que su hija Marina, de 28 años, siga acudiendo al centro ocupacional de Terramar en Apsa.
«Ella está llorando porque quiere ir», comentaba Maite, que ve muy difícil poder llevarla el próximo año cuando en su casa son familia numerosa, entra un ingreso de 426 euros y hay una persona mayor dependiente. «Además, nosotros ya estábamos pagando porque para ir al centro costeamos el servicio del autobús que son 135 euros», explicaba esta madre durante la protesta, quien añadía que Bienestar ha hecho el cálculo de la aportación según el nivel de renta de su hija. Un copago que, para la diputada autonómica de EU, Esther López, es un «repago y que ahoga más a este sector que tanto necesita una administración que garantice los derechos sociales básicos».
López afirmó que ha preguntado por los costes reales de los servicios (que no han sido publicados en ninguna parte) y que «el Consell, hoy por hoy, no desvela», según se desprende de una respuesta parlamentaria de la consejera Asunción Sánchez Zaplana, firmada el pasado 26 de noviembre del 2013.
Según los familiares, el copago es muy variable. Hay casos de 65 euros, de 100, de 187, de 375 y hasta de 725 euros al mes. Así se recoge en las cartas mostradas en la concentración que han llegado a usuarios del centro ocupacional Maigmó de San Vicente. Paulino López, trabajador en el sector, insistió en que todas estas familias ya están abonando un cuota mensual a las asociaciones, que puede rondar los 90 euros, para cubrir servicios a los que no se llega como son el transporte y el comedor. Sobre el caso de 700 euros, la explicación que dio es que hay padres que han puesto a nombre de sus hijos propiedades que tienen para «asegurarse en un futuro alguien va a hacer cargo de ellos».
En todas estas misivas, firmadas por la directora general de Personas con Discapacidad y Dependencia, se explica la disposición adicional cuarta del Decreto 113/2012, de 2 de agosto del Consell por el que se establece la aportación en los centros y servicios que reciben financiación pública y que será abonando directamente al centro que lo presta.
Una medida que traerá consecuencias «graves», según manifestó el portavoz de la Plataforma de la Ley de la Dependencia en Alicante, Miquel Martorell, quien recordó también los problemas con el copago farmacéutico que se impuso. «Hay personas que no se están comprando la medicación porque tienen que hacer frente a los gastos de luz, agua, además de la vivienda».
Martorell lamentó que la Comunitat está a la cola del país en la aplicación de la normativa -«está totalmente paralizada», añadió-, y dio cifras. En un año ha habido un recorte de 10.046 derechos en teleasistencia en la Comunitat, de 638 usuarios en residencias, de 425 vinculados a prestación de servicios y 3.675 por prestación económica porque no hay reposición tras los fallecimientos. Además, 21.500 personas están en lista de espera y se adeudan 22 millones por retroactividad. Aun así, «vamos a resistir, tenemos dignidad, fuerza y lucharemos», concluyó el portavoz.
Bienestar Social promueve la formación en el diseño libre de barreras arquitectónicas
La conselleria de Bienestar Social promueve la formación en el diseño libre de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida a través del ‘Curso de Accesibilidad al Medio Físico: espacios urbanos y edificación accesibles’, que va a tener lugar en la Universitat Politècnica de València desde mañana 26 de noviembre y hasta el próximo viernes 29.
La secretaria autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, Nela García, ha asistido a la inauguración del curso, donde ha explicado que la finalidad «es conseguir que todos los profesionales que participan en la edificación y construcción de espacios urbanos, tengan en cuenta las diversidades funcionales de los ciudadanos y sean conscientes de que la eliminación de las barreras arquitectónicas en el diseño contribuye a la creación de ciudades solidarias».
El ‘Curso de Accesibilidad al Medio Físico: espacios urbanos y edificación accesibles’ está organizado con la colaboración de la Universidad Politécnica de Valencia, el Real Patronato sobre Discapacidad y con la Fundación ACS (Actividades de Construcción y Servicios).
Está dirigido a estudiantes de la Universitat Politècnica de València, a profesionales de carreras técnicas en general y responsables administrativos y técnicos. El objetivo es sensibilizar y dar a conocer a los participantes los parámetros de aplicación del concepto de ‘Accesibilidad Universal y Diseño para Todos’, para su aplicación en el diseño de entornos y edificios accesibles, transporte, informática y ayudas técnicas.
En su intervención, Nela García ha señalado que conseguir un entorno accesible y libre de barreras arquitectónicas «es una herramienta que nos beneficia a todos, porque supone ampliar la comodidad y la calidad de vida no sólo de las personas que padecen algún tipo de discapacidad, sino también del resto de la población».
Asimismo, ha asegurado que desde la Generalitat «se trabaja para suprimir las barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y comunicación, ya que con ello contribuimos a la integración normalizada de las personas con problemas de movilidad y la verdadera igualdad entre las personas».
A lo largo del curso se tratará el análisis del entorno urbano, las barreras arquitectónicas y urbanísticas, el Plan de Accesibilidad, domótica y accesibilidad, accesibilidad a la informática, accesibilidad al Patrimonio Histórico y viviendas accesibles.
