Bienestar Social
Bauzá destaca el nivel de asistencia «realmente alto» que hay en Baleares para personas discapacitadas
El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha destacado en su discurso de inauguración del X Congreso Balear de Familias de Personas con Discapacidad organizado por Amadiba, que «en general» Baleares tiene un nivel de asistencia a personas discapacitadas «realmente alto» y es «en su mayor parte», por el trabajo que hacen las entidades del sector.
«Desde el Govern, ha asegurado el líder del Ejecutivo, sabemos que lo mejor que podemos hacer por las personas que tienen algún tipo de discapacidad es estar a vuestro lado y ofreceros todo el apoyo que esté en nuestra mano» ya que, según ha dicho, lo «verdaderamente importante» es «asegurar el mejor bienestar posible».
En este sentido, Bauzá ha celebrado la modificación realizada en la Ley de Servicios Sociales, que fue anunciada hace unas semanas y mediante la cual los usuarios de determinados servicios sociales con un componente de arraigo «no tendrán que estar cambiando de entidad concesionaria periódicamente» debido a la creación de un concierto diferenciado».
Además, Bauzá ha mencionado «el incremento» presupuestario de la Conselleria de Familia y Servicios Sociales para 2014, que es de un 7,16%, y que incluye un aumento para la partida destinada a discapacidad.
«Esto significa, ha incidido, que en 2014 habrá 3,8 millones de euros, es decir un 24% más que el año pasado, lo que permitirá incrementar el concierto de plazas para personas con discapacidad, ya sea en centros de día, viviendas tuteladas, residencias o centros ocupacionales».
Cabe destacar que a la inauguración del Congreso también han asistido la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, y el alcalde de Palma, Mateo Isern, autoridades que también han estado presentes –junto a Bauzá y la delegada del Gobierno, Teresa Palmer–, en la apertura del rastrillo solidario que la Asociación Nuevo Futuro.
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Comunidad de Madrid invertirá 3,5 millones de euros al día en servicios sociales
El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel, ha señalado este martes en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea, donde ha dado cuenta del presupuesto de su cartera para 2014, que el Gobierno regional invertirá 3,5 millones de euros al día en servicios sociales.
El consejero ha dicho que las cuentas de la Comunidad de Madrid para 2014 garantizan «el mantenimiento de unos servicios sociales altamente especializados, de máxima calidad y territorializados».
«Son unos presupuestos sociales, ya que 9 de cada 10 euros van destinados a gasto social: sanidad, educación y servicios sociales», ha afirmado para señalar a reglón seguido que no hace muchos años esa proporción era de 7,5 sobre 10 .
De los 17.060 millones del presupuesto global de la Comunidad de Madrid para 2014, 1.303 millones de euros corresponden a la Consejería de Asuntos Sociales, un 4,3 por ciento más que el año anterior, lo que se traduce en un aumento de 53 millones.
Eso quiere decir, ha constatado, que 8,4 de cada cien euros del presupuesto total de la Comunidad de Madrid se destinan a Asuntos Sociales, así como que esta consejería invertirá 3,5 millones de euros al día en servicios sociales.
Además, el consejero ha recalcado que el 94 por ciento del presupuesto va destinado a la «prestación directa de servicios a las personas» y solo un seis por ciento a «costes de gestión».
Las líneas de actuación de la Consejería para 2014 son, según ha enumerado, el mantenimiento de la atención gratuita a las personas con discapacidad, a las personas con enfermedad mental y a los niños de 0 a 6 años que reciben atención temprana «a pesar del escenario económico», siendo Madrid la única comunidad que presta esta atención de manera gratuita, para lo que se va a destinar un total de 338 millones de euros, 23 millones de euros más que en 2013.
También se incrementa el presupuesto para dependencia, pasando de 941 millones en 2013 a 990 millones de euros en 2014, casi 50 millones más que en 2013, «garantizando el mantenimiento de una de las redes asistenciales más extensas de toda España compuesta por 50.000 plazas y 500 centros».
Este presupuesto permitirá, entre otras actuaciones, destinar 2,2 millones de euros más a los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, pasando de 23,6 millones en 2013 a 25,8 millones en 2014.
Asimismo, se aumentará en un 3 por ciento la partida destinada a las prestaciones económicas, hasta alcanzar los 84,5 millones de euros y se incrementará en un 6,5 por ciento el presupuesto de los convenios de atención social primaria con los ayuntamientos, que contarán el próximo año con más de 97,4 millones de euros.
Otra de las prioridades del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de la Consejería de Asuntos Sociales es la atención a mayores, a las que en 2014 se destinará un total de 442 millones de euros, 22 más que en 2013, según el consejero, que también ha destacado el incremento de la partida de la Renta Mínima de Inserción (RMI) en un 3,5 por ciento, hasta superar los 84 millones de euros, «con el objetivo de que 20.000 familias reciban esta prestación».
También se ha incrementado el presupuesto para familia y menores, que en 2014 ascenderá a 109 millones de euros, 4,1 millones más que en 2013, con el objetivo de promover el acogimiento familiar, mantener la extensa red de servicios y programas dirigidos a menores, con una red asistencial de 1.600 plazas. En este marco también se contempla la atención a mujeres con hijos y embarazadas en riesgo de exclusión.
«Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género a través de los distintos recursos con los que contamos y en los que ofrecemos una atención integral a las mujeres víctimas de la violencia de género», ha agregado Fermosel. En este sentido, ha indicado que se van a destinar más de 21,5 millones a las acciones contra violencia de género y promoción de la igualdad entre mujeres y hombre.
También ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con la población extranjera que reside en la Comunidad, a la que se destinarán más de 5,4 millones de euros para diversas iniciativas que incluyen línea de subvenciones de integración sociolaboral, lucha contra el racismo, los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes y el programa Conoce tus leyes, entre otros.
En lo referente a voluntariado y cooperación, el presupuesto asciende a 1,8 millones de euros para la ayuda de emergencia, ayuda humanitaria y supervisión de proyectos de cooperación, así como el servicio de información al voluntariado. Fermosel ha recordado que Madrid cuenta con 150.000 voluntarios «que realizan una labora asistencial esencial y totalmente desinteresada en un millar de organizaciones de voluntarios».
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN BAJAN
Precisamente estas dos últimas partidas, inmigración y cooperación, son las únicas que bajan. Concretamente, según el anteproyecto de Presupuestos para 2014, la primera partida pasará de 10,69 millones destinados este año a los 5,41 millones previstos para el que viene. Voluntariado y Cooperación pasa de 7,8 millones de euros destinados este año y a los 1,8 millones fijados para 2014.
La portavoz del Grupo Socialista, Matilde Fernández, ha valorado el crecimiento del presupuesto y el hecho que se destine a gestionar centros y «por lo tanto las plazas de las personas».
No obstante, ha criticado que es un presupuesto que no alcanza los presupuestos que había la legislatura pasada, que crece para gestión de centros de economía social pero también de mercado y que «no dedica ni un euro a inversión para tener futuras plazas para atender a más personas».
La portavoz de IU, Josefa Amat, ha indicado que con las modificaciones de presupuesto de 2013 la Consejería alcanzó un presupuesto de 1.355 millones, lo que significa que baja un 3,9 por ciento respecto del consolidado del año pasado, que se ha ejecutado en torno a un 60 o 50 por ciento en algunos casos, lo cual quiere decir que se pone en números pero «no resulta efectivo».
Por su parte, el portavoz de UPyD, Alberto Rellero, ha criticado que «los presupuestos son una cosa y la ejecución de los presupuestos son otra». «Tenemos la experiencia de años anteriores que la ejecución no se corresponde en absoluto», ha afirmado.
«Lo que es cierto es que sobre el papel hay un pequeño crecimiento que en cualquier caso consideramos insuficiente», ha apuntado, para referirse en concreto a la falta de recursos para afrontar «la pobreza» y la dependencia.
La Junta reitera que «de una forma u otra» la ayuda a domicilio se mantendrá en Jaén
La consejera de Igualdad, Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha reiterado que «de una forma u otra» la ayuda a domicilio se mantendrá en Jaén, aunque no ha precisado cómo a la espera de la reunión que este mismo lunes va a tener con el alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), «con la idea de buscar alguna solución» para que se preste «como se había venido haciendo hasta ahora», por el Ayuntamiento mediante concesión a una empresa.
Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas antes de participar en la celebración del décimo aniversario de Salud Responde, donde ha confirmado el posterior encuentro con el regidor, después de que denunciara el convenio, «fuera de plazo», a juicio del Gobiernoautonómico.
«Pero lo más importante no es si está o no fuera de plazo, sino que ellos manifiestan la voluntad de no prestar el servicio y lo que nosotros queremos es llevarle a su ánimo que lo siga haciendo», ha matizado la consejera, para la que tanto los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes como las diputaciones son «instrumento fundamental» para la gestión de los servicios vinculados a la Dependencia «desde el ámbito público».
En este sentido y a la espera de lo que Fernández de Moya le transmita, ha dicho que «en primer lugar la propuesta» que le hará es que «siga manteniéndose el servicio» como hasta el momento, aunque no ha entrado en si planteará un calendario de pago sobre la deuda que la Junta mantiene con el Consistorio. «De ese tema hablaré después con él», ha declarado la consejera, quien ha recordado que ha recibido ya en torno a 630.000 euros y «en estos días» recibirá unos 800.000 euros con cargo al plan de proveedores, de modo que «será 1,4 millones de euros a finales de año» y el objetivo «es liquidar lo más posible».
«Queremos que sea a través del Ayuntamiento. Esperemos que no le vaya a pasar con las personas como le ha pasado con el metro (en alusión al tranvía). No es lo mismo», ha apostillado. En cualquier caso, la titular de Igualdad, Salud y Bienestar Social ha querido lanzar un mensaje para «quitarles esa ansiedad que se genera» entre los beneficiarios de la ayuda a domicilio, así como a sus familias y quienes la prestan, «porque al final, de una u otra forma, ellos van a seguir recibiendo la prestación», si bien no ha precisado cómo sería. «Vamos a esperar a esa reunión y espero que lo sigan haciendo desde el Ayuntamiento y, si no, buscaremos una fórmula», ha recalcado.
COLABORACIÓN
Además y preguntada por si le preocupa que el planteamiento del Ayuntamiento jiennense pueda extenderse por la comunidad, ha dicho confiar en que «no», puesto que se ha venido trabajando «en colaboración muy estrecha con las corporaciones locales» y «existe una red de profesionales que se financian precisamente para que se pueda prestar» a través de esta administración.
«Sí que es cierto que vamos a ir manteniendo una serie de reuniones a lo largo del martes y miércoles con todos los ayuntamientos y diputaciones para ver las preocupaciones y los problemas que plantean, con el tema de los pagos, fundamentalmente», ha señalado Sánchez Rubio, para la que «el mejor sistema de trabajar» es el actual y se va «a buscar la mayor celeridad al tema de los pagos».
Discapacidad. Todos los cermis autonómicos se movilizarán el 1 de diciembre
Los 19 Cermis Autonómicos llevarán en próximo 1 de diciembre la estrategia de contestación activa ‘SOS Discapacidad’ a todo el país, para reclamar los derechos, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias y en protesta contra los recortes sociales.
Según informó en una nota el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), de este modo las plataformas territoriales de la discapacidad continuarán en diciembre de 2013 la estrategia de contestación activa ‘SOS Discapacidad’, que tuvo su inicio el 2 de diciembre de 2012, encabezada por el Cermi Estatal y que se tradujo en una marcha cívica que reunió a más de 90.000 personas en Madrid.
La estrategia de contestación activa ‘SOS Discapacidad’ puesta en práctica por el Cermi consiste en una campaña permanente de presión política para contrarrestar los retrocesos de derechos, de inclusión y de bienestar social de las personas con discapacidad y sus familias, como consecuencia de la crisis y las decisiones políticas de recortes económicos y sociales.
«‘SOS Discapacidad’ tiene pues su continuidad en 2013 en los territorios, culminando el día 1 de diciembre, antevíspera del día internacional de la discapacidad, en sendos actos cívicos en todas y cada una de las comunidades y ciudades autónomas, como expresión de la movilización de la discapacidad organizada por sus derechos, inclusión y bienestar», indica el comité.
El IMAS estima que los médicos de residencias son «claves» en el desarrollo de servicios sociosanitarios
El director general de Personas Mayores del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), Enrique Pérez Abellán, dijo este sábado en Cartagena que los médicos de residencias son «claves» para el desarrollo y consolidación de los servicios sociosanitarios.
Pérez, que clausuró el XIII Congreso nacional de la Sociedad Española de Médicos de Residencias (SEMER), aseguró que este tipo de servicios «hace unos años se manifestaban como necesarios, pero ahora, con la mayor esperanza de vida y la cronificación de la enfermedad en las personas de edad, se han convertido en imprescindibles».
En este sentido, subrayó que los médicos de residencias disponen de grandes conocimientos y práctica en la atención y seguimiento de la evolución de la enfermedad de personas mayores, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
«Es indiscutible que la función del médico de residencia es fundamental para el control permanente del estado de salud de los residentes, pues prestan una atención permanente en el mismo lugar donde el mayor se desenvuelve y desarrolla sus actividades cotidianas, lo que, por otra parte, permite al facultativo disponer de una información más fidedigna de cómo evoluciona el propio paciente, casi al minuto», aseveró Pérez.
Asimismo, remarcó la tarea investigadora que desarrollan al amparo de la SEMER, así como la «demostrada capacidad» de estos facultativos para coordinarse con el resto de profesionales que trabajan en las residencias, «lo que hace que la atención a nuestros mayores mejore cada día».
XIII CONGRESO SEMER
La Sociedad Española de Médicos de Residencias celebra desde el pasado jueves su XIII Congreso nacional en Cartagena, en el que se han abordado, entre otras cuestiones, la neurogeriatría, la diabetes en las personas mayores, las terapias interdisciplinares en la demencia o el estreñimiento crónico en el paciente anciano.
La SEMER es una sociedad científica integrada por médicos que desarrollan su labor profesional en residencias de ancianos públicas y privadas que nació para aglutinar los intereses de un amplio colectivo, disperso y heterogéneo, pero con necesidades comunes que precisan de soluciones específicas.
Diputación de Jaén organiza en 86 poblaciones cursos para mejorar el bienestar físico y mental y el ocio de los mayores
La Diputación de Jaén está llevando a cabo en 86 poblaciones –entre núcleos principales de municipios y pedanías– cursos dirigidos a mejorar la memoria, así como el bienestar físico y mental y el ocio de las personas mayores.
«Nuestro objetivo como entidad provincial es que en todos los municipios los hombres y mujeres de una determinada edad sigan mejorando su bienestar», ha destacado este jueves en una nota la diputada de Igualdad y Bienestar Social, Adoración Quesada.
Los talleres, que se enmarcan en el programa de envejecimiento activo que desarrolla la Administración provincial, se están realizando a través de la red de 14 centros de Servicios Sociales Comunitarios desde la que se presta atención social a los 91 municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia.
Su contenido se centra en ámbitos que abarcan desde la estimulación de la memoria hasta la promoción de la salud, la mejora del bienestar psíquico y emocional de los mayores, la realización de actividad física, el aprendizaje de nuevas tecnologías o el desarrollo personal del mayor a través del ocio.
De esta forma, entre las modalidades de cursos se incluye uno dedicado al fomento de la salud mental y el control de la depresión y la tristeza, que este mismo jueves termina en Higuera de Calatrava. «Muchas veces a determinadas personas le supone un trauma y tenemos que demostrarles que no, es que otra etapa de la vida y que se puede estar tan activo como cuando estaban trabajando», ha explicado Quesada sobre la organización de esta actividad.
A este taller se suman también los relacionados con la mejora física de los mayores mediante la gimnasia de mantenimiento, la natación, el yoga o el pilates. Asimismo, en el marco del plan de envejecimiento activo, se enseña también a mejorar el uso del teléfono móvil, así como el manejo y el acceso a Internet. Por último, el fomento de la mejora del ocio de este colectivo se promueve a través de talleres de manualidades, bailes de salón o musicoterapia, entre otras temáticas. La inversión de la Diputación en este programa a lo largo de 2013 supera los 216.000 euros.
El Govern suprime el ente que gestiona los servicios sociales para integrarlo en Bienestar
El Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (Icass), organismo que gestiona los servicios sociales en Catalunya, desaparecerá como ente autónomo y se integrará en la Conselleria de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, según se recoge en el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y financieras que el Govern ha entregado este martes en el Parlement.
La medida, avanzada por Europa Press en marzo, persigue la «eficiencia organizativa», teniendo en cuenta que el Icass funcionaba hasta ahora como un organismo diferenciado de la Conselleria, con plantilla y presupuestos propios.
El Ejecutivo catalán acordó en agosto de 2011 un paquete de medidas de racionalización y simplificación de la estructura del sector público, entre ellas el «análisis de la naturaleza jurídica del Icass», que ahora se ha materializado con su supresión.
Hasta que no se apruebe «la relación de puestos de trabajo adaptada a la nueva estructura orgánica», la Generalitat seguirá pagando los mismos sueldos a los empleados del Icass, que quedarán adscritos a la Conselleria; el patrimonio del instituto de servicios sociales también pasará a ser del departamento que lidera Neus Munté.
CUATRO SUBDIRECCIONES
Actualmente, el Icass es un instituto adscrito a la Conselleria que funciona de forma autónoma –como el Institut Català d’Adopció i Acollida (ICAA) y el Institut Català de la Dona (ICD)– y de él dependen cuatro subdirecciones generales, con sus respectivas estructuras directivas.
Tras la reestructuración, la directora general del Icass, Carmela Fortuny, dejará de tener la categoría laboral que ostenta desde enero de 2011 y posará a ser secretaria general del nuevo organismo resultante.
Socios de centros de mayores y usuarios de residencias podrán ver las 14 obras de la nueva edición de ‘Mayores a escena’
El programa ‘Mayores a escena’, organizado por la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, ha dado comienzo este año 2013 introduciendo como novedad y en paralelo, un ciclo de 14 representaciones teatrales, todas diferentes, a las que podrán asistir tanto los socios de los 32 Centros de Mayores así como usuarios de residencias de la región.
El gerente del Servicio Regional de Bienestar Social, Américo Puente Berenguer, ha dado la bienvenida a los asistentes al acto de inauguración y ha recordado que este programa, que se extiende a lo largo del mes de noviembre, es un compromiso más del Gobierno regional para fomentar el envejecimiento activo y saludable, y promover el talento de los mayores «facilitando un espacio para compartir con los madrileños su música, bailes y teatro, entre otras actuaciones artísticas».
La Residencia Doctor González Bueno, con un aforo teatral de 700 butacas, ha sido el escenario de las actuaciones de apertura. En primer lugar ha actuado la Rondalla del Centro de Mayores Aranjuez (segundo premio del Concurso de Rondallas de la Comunidad de Madrid) y en segundo lugar el Coro Mayor del Servicio Regional de Bienestar Social que reúne las más preclaras voces del bel -canto de los centros.
En este año, más de 1.700 participantes con una edad media de 67 años y más de 2.500 espectadores disfrutarán de cerca de un centenar de grupos que exhiben su talento en varias ámbitos de la expresión artística.
Desde 2004, la Comunidad de Madrid ha promovido la participación de cerca de 16.000 personas en este programa de Mayores a Escena y, más de 24.000 asistentes a presentaciones realizadas en centros y residencias.
La Consejería de Asuntos Sociales, a través del Servicio Regional de Bienestar Social, organiza este programa que reúne a estos grupos artísticos, todos ellos incluidos en la Guía de Artistas Mayores de la Comunidad de Madrid, que este organismo autónomo publica cada cuatro años.
La construcción de la primera residencia pública de Langreo avanza al ritmo previsto
El Centro Polivalente de Recursos (CPR) de Riaño coge forma. La construcción del primer geriátrico público de Langreo, impulsado por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, avanza con las últimas obras en el armazón del edificio. La actuación se inició el pasado mes de febrero y ya se han levantado las cuatro plantas de la construcción, donde se trabaja en los cerramientos.
El plazo para la ejecución de la obra concluye en julio del próximo año. La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, aseguró el pasado verano en una visita al equipamiento, que los trabajos marchaban al ritmo previsto. La actuación, que tiene un presupuesto de 6,9 millones de euros, fue adjudicada a la empresa Constructora Los Álamos. El equipamiento ya tiene sus usos definidos. Dispondrá de un espacio de 1.300 metros cuadrados de los 9.700 totales que será destinado a residencia de personas mayores de 55 años con discapacidad intelectual. El centro albergará también una residencia de mayores, con 118 plazas, un centro social, que fue demandado por la asociación de vecinos y el colectivo de mayores de Riaño, y un centro de día con 30 plazas.
La Consejería de Bienestar Social considera que existe demanda para el Centro Polivalente de Recursos dado que Langreo carece actualmente de residencias públicas. El Principado retomó el pasado año, en verano, los trámites para adjudicar la construcción del geriátrico público, que permanecía bloqueada desde un año antes. Al concurso se presentaron 45 empresas pero la Consejería descartó inicialmente tres propuestas al no cumplir los requisitos y posteriormente hizo lo mismo con otras tres al no justificar las ofertas. Otras dos empresas retiraron su propuesta y dos más fueron descartadas más tarde al considerar que sus ofertas eran desproporcionadas. Al final fueron 35 las que optaron a ejecutar la obra.
Mato recuerda a las comunidades autónomas que lo más importante es atender a las personas
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha pedido este martes a las comunidades autónomas «que sean conscientes de que lo más importante es atender a las personas que lo necesitan», en un acto en Barcelona en el que ha asistido a la inauguración del IV Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida junto con el conseller de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz.
En una atención a los medios, y preguntada por las quejas de La Generalitat acerca de la reducción de las aportaciones del Estado para hacer frente a la atención de la dependencia, Mato se ha limitado a comentar que son las comunidades autónomas las que deben «priorizar» qué cuidados se dan a sus ciudadanos, y ha recordado la importancia de atender a las personas.
«Todas las administraciones están haciendo esfuerzos para garantizar la sostenibilidad de los sistemas», ha apuntado, tras una inauguración en la que ha avanzado que su Ministerio elaborará un plan crear un sistema de atención sociosanitaria de pacientes crónicos con criterios comunes para todo el Estado.
La ministra ha precisado que el Gobierno central es «absolutamente consciente» de que el centro de dicho sistema debe ser el paciente, sin dos vías separadas -la de servicios sociales y sanitarios–, sino una única que englobe los dos aspectos.
Mato ha asegurado también que su intención es avanzar en la construcción de un sistema nacional de salud que, si bien cuente con 17 sistemas gestionados por cada autonomía, estén «perfectamente coordinados» y cuenten con una tarjeta sanitaria única en toda España.
Contra el abuso económicos de los ancianos
Los departamentos de Interior y Bienestar Social quieren que bancos y notarios sean los vigilantes de posibles situaciones de abuso económico a ancianos. Por eso, pretenden que estos profesionales informen si detectan cualquier cambio de conducta sospechosa.
Los síntomas que deberían hacerles sospechar son ancianos que iban siempre solos al banco a sacar dinero, y ahora van siempre acompañados por otra persona; o bien abuelos que entablaban conversación con el empleado de la caja, y de golpe han dejado de hacerlo, y otros cambios de comportamiento que puedan hacer pensar que el anciano se siente cohibido o controlado.
Los abusos económicos a mayores suelen proceder de familiares y cuidadores, que les amenazan para tenerlos aterrorizados y callados.
Las denuncias por malos tratos físicos y psíquicos a las personas mayores han crecido un 6% respecto al año anterior según Interior, pero insisten en que es una problemática muy escondida todavía.
Por ello, quieren implicar también la propia gente mayor para en la partida de cartas en el hogar del jubilado, por ejemplo, sepan detectar si un compañero le pasa algo raro. Los mossos introducen cada vez más de forma sutil estos temas en las charlas que los hacen para prevenir estafas o robos.
Interior ha atendido durante el primer semestre de este año 349 víctimas mayores de 65 años (200 mujeres y 149 hombres) por violencia doméstica. En 6 de los casos, tenían más de 90 años, según datos de la Generalitat.
“Transferir lo social a las autonomías duplica el gasto”
Desde la “lealtad”, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, del PP, se muestra contundente a la hora de valorar las consecuencias que tendrá la reforma de la Administración local en el sistema de servicios sociales de su territorio, entre las que destaca la duplicidad de funciones y de gasto; precisamente lo que pretende combatir la ley. Esta comunidad ha elaborado distintas enmiendas al proyecto del Gobierno para que “dentro del margen que ofrece la ley se respeten los modelos que han mostrado ser eficientes”.
Pregunta. La ley plantea que los municipios solo puedan ocuparse de labores de evaluación, información y atención inmediata, por lo que los Ayuntamientos dejarían de tener el peso de los servicios sociales de base, que pasarían a ser competencia autonómica. ¿Qué supone este cambio?
Respuesta. Nosotros tenemos un sistema de integración total entre municipios y autonomía en el que los trabajadores sociales de proximidad tienen la capacidad suficiente para atender las necesidades de forma integral. Es el modelo más eficiente del país porque la coordinación evita esfuerzos duplicados. Hay que tener en cuenta que los servicios sociales necesitan personal de cercanía. Si se transfiere la competencia a las autonomías y asumen estas actuaciones, con su correspondiente personal e instalaciones, se duplicará el gasto, lo que no tiene ningún sentido. Lo que ahora nos cuesta 51 millones de euros —los 1.500 empleos de Diputaciones y Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes— pasará a costar el doble.
Milagros Marcos explica esta duplicidad de empleos y gasto: no se trata solo de cambiar de sitio las competencias, hay empleos que mantener en el ámbito local: “Un trabajador social de un municipio ahora gestiona las cuestiones de emergencia y las que no son urgentes, en un trabajo integrado; con la reforma solo podrá encargarse de las urgentes, por tanto, habrá que poner a otro para lo demás”. Y eso lo tendrá que asumir la comunidad autónoma.
P. Dos trabajadores de Administraciones distintas para un mismo problema puede romper ese tratamiento integral.
R. Pero, además, ¿dónde está la línea entre lo urgente y lo no urgente? Nosotros contamos con un sistema integral. En una familia con dificultades puede haber un problema de drogas, de violencia familiar, de mayores en situación de dependencia… Nuestros profesionales atienden estos casos en conjunto, sin segmentar, y desde la atención cercana. Esta gente necesita a una persona de referencia próxima. Son los servicios sociales de barrio quienes conocen las necesidades de esta gente. Si se nos fuerza a duplicar servicios, duplicamos estructuras y gasto y perjudicamos a los usuarios. [La reforma] penaliza a las Administraciones que no tenemos duplicidades
P. ¿Qué va a pasar con las residencias de ancianos? También tendrán las comunidades que asumir esta gestión.
R. Este es otro tema. Se puede transferir el control de las residencias municipales a las autonomías. Pero en un año [el plazo previsto en el anteproyecto] y sin presupuesto no se puede hacer. ¿Cómo voy a asumir 10.000 plazas de golpe? Cuestión distinta es afrontar este proceso con tiempo; en cinco años se podría hacer con tranquilidad. Entre esta cuestión y los servicios de proximidad que mencionaba antes, el incremento de gasto en Castilla y León sería de 200 millones de euros.
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La consejera de Bienestar Social de Avilés inaugura la nueva residencia de mayores de El Nodo
La consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, inaugurará hoy, a partir de las 17 horas, la nueva residencia de mayores de El Nodo que gestionará el Principado a través de Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA). La puesta en marcha del equipamiento, tres años después del inicio de sus obras, ha implicado la superación de numerosos obstáculos provocados por las limitaciones presupuestarias provocadas por la crisis. Con este equipamiento se cierra el mapa de residencias del ERA, toda vez que las limitaciones para contratar personal hacen prácticamente imposible incrementar la red.
El nuevo edificio cuenta con una capacidad para 148 residentes, además de 30 plazas en un centro de día. Cincuenta y siete de sus internos vienen del cierre de la residencia Avilés, situada en la calle de Jovellanos, y cuya estructura en altura implicaba grandes limitaciones para su actividad diaria. Desde finales de septiembre, se inició el proceso de traslado.
Una de las incógnitas que se abre es la utilización que se dará ahora al edificio de la calle de Jovellanos, donde la Asamblea Comarcal de Cruz Roja mantiene su sede. Se ha planteado la posibilidad de albergar apartamentos para mayores, aunque aún no se ha tomado ninguna decisión desde el Gobierno asturiano. Las dificultades presupuestarias son el principal inconveniente.
La construcción del edificio de El Nodo comenzó en el verano de 2010 después de que la constructora FCC lograse la adjudicación del contrato con un presupuesto de 4,9 millones de euros. Los trabajos concluyeron después de 18 meses, en el último trimestre de 2012.
Posteriormente, este año la empresa El Corte Inglés se encargó del mobiliario de la instalación con un gasto para el Principado de 206.780 euros, sin contar el pago del IVA.
Los alcaldes se rebelan contra el desguace de sus servicios sociales
La alarma por el incierto futuro que se cierne sobre los servicios sociales municipales —unas prestaciones especialmente exigidas en tiempos de crisis económica como los actuales— ha cundido entre los alcaldes que temen la desaparición de la red asistencial de proximidad desarrollada a lo largo de tres décadas y fuertemente arraigada y que en la actualidad da servicio a siete millones de personas. Regidores de todo signo político —hasta la Federación Gallega de Municipios y Provincias, presidida por un alcalde del PP— están elevando el tono de sus quejas a medida que se acerca el debate sobre el proyecto de ley de reforma local que tendrá lugar el jueves en el Congreso, una norma que forma parte del programa de ajustes del Gobierno y que pretende llevar a la práctica el principio: una administración, una competencia.
De acuerdo con su actual redacción, el proyecto de ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local limita a los Ayuntamientos las competencias en servicios sociales. Solo los que tengan más de 20.000 habitantes están obligados a hacer frente a una reducida labor de “evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. En los municipios más pequeños, el 87% del total, esta competencia se reconoce pero no será de obligatoria aplicación. El resto de los servicios sociales recaen en la Administración autonómica.
Fernando Clavijo, alcalde de Coalición Canaria de San Cristóbal de la Laguna (150.000 habitantes, Tenerife) es uno de los 2.000 regidores que el domingo se reunieron en Madrid para protestar por esta reforma y anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional si el Ejecutivo no consensúa la ley con ellos. “La norma obedece a un criterio economicista, es decir, pretende ahorrar”, apunta Clavijo a este diario. “Y no conozco otra forma de ahorro en el gasto público que no suponga recortes y quitar prestaciones a los ciudadanos”. El alcalde de La Laguna teme que si retiran a los municipios la posibilidad de ofrecer los servicios que prestan —“nosotros, por ejemplo, ayudamos a miles de personas mayores a limpiar la casa, les compramos la medicación, la comida…”— las autonomías no se hagan cargo de ellos.
“La gama de servicios sociales que prestamos es enorme”, añade Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo (300.000 habitantes). “Contamos con un albergue para personas sin hogar, tenemos programas de lucha contra el maltrato, atención a la infancia, a personas con discapacidad… todo esto desaparece. ¿Quién lo va a prestar y cómo? Las autonomías no son capaces. La ley puede abrir una senda de falta de asistencia”.
José Masa, alcalde de Rivas-Vaciamadrid (75.000 habitantes), de IU insiste en cómo la transferencia de competencias a las comunidades autónomas supondrá “un retroceso en la atención social en una época de grave crisis”. “Todo lo que tiene que ver con la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los mayores, la igualdad, la integración de inmigrantes, juventud, infancia, pasará a depender de una administración más lejana”, apunta. “Y no está claro que las autonomías asumirán y podrán pagar estas competencias, hoy mismo el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha quejado de que tiene un problema de financiación”. David Pérez, alcalde del PP de Alcorcón (170.000 habitantes), es más prudente. Destaca que la ley está aún en proceso de tramitación. “Es prematuro y aventurado pronunciarse sobre los efectos que puede tener”, traslada. Y aunque manifiesta que no teme que desaparezcan servicios, admite que, tal y como la ley está planteada, existen incertidumbres relativas a cómo se van a sufragar los servicios si pasan a depender de unas autonomías exhaustas de fondos. “Hay que clarificar la financiación, que no está definida, el Estado debería arbitrar una fórmula para que las autonomías puedan asumir el coste [de las nuevas prestaciones que deberán asumir]”.
El cambio que introduce la nueva norma supone un importante cambio de concepto. La ley de Bases actual, de 1985, atribuye a los Ayuntamientos competencias en “servicios sociales, promoción y reinserción social”, aunque las comunidades se hayan ido haciendo cargo de esas competencias, al menos sobre el papel, en sus respectivos estatutos. De ahí que los municipios, especialmente aquellos de más de 20.000 habitantes, fueran desplegando desde la mitad de los años ochenta servicios de ayuda a domicilio, residencias de mayores, prestaciones de ayuda a la familia, de prevención e inserción social, comedores públicos o cualquier otro que el Consistorio considerara necesario para sus ciudadanos.
Con el paso de los años, esta atención próxima se ha convertido en una amplia red asistencial con un elevado volumen de gasto. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una de las entidades que más ha insistido en la amenaza que supone la ley de reforma de la Administración local, ha contabilizado los millones de euros que están en el aire debido a la norma en un intento de dimensionar el coste de los servicios que hay en juego. Y el resultado es superior al que esperaban.
El gasto de las Administraciones locales en materia de servicios sociales es de 5.118 millones de euros, de acuerdo con lo recogido en el presupuesto liquidado de 2012.
En esta suma se encuentran incluidos los fondos destinados por las comunidades autónomas a apoyar estos servicios (1.276 millones de euros). Una vez restada esta cantidad, la suma sigue siendo notablemente elevada: 3.851 millones de euros. Excepto unos pocos cientos de euros —que corresponderían a los salarios del personal que necesitan los municipios para prestar sus disminuidas funciones de información, derivación y atención urgente— los más de 3.500 millones de euros restantes corresponden al coste de prestaciones que deberían asumir las autonomías.
Aunque la ley abre la puerta a que no lo hagan. Una disposición adicional de la nueva ley prevé que, una vez asumidas por las autonomías las competencias relativas a la prestación de servicios sociales, de promoción y reinserción social, les corresponderá “establecer (…) las medidas necesarias para racionalizar el servicio”.
El informe de los gerentes sociales destaca cómo parte del dinero en atención social que gastan los Ayuntamientos acaba en el sector privado. Un 38% del gasto social municipal corresponde a servicios del sector privado (ayuda a domicilio, teleasistencia) y un 21% a transferencias de ayuda directa (a las familias) o indirecta (a través de entidades sin ánimo de lucro).
De ahí que no solo estén en el aire decenas de miles de puestos de trabajo de funcionarios municipales, sino también de otras entidades. “Se van a ver afectadas las empresas de ayudas a domicilio que tienen contratadas a miles de personas. Hay 650.000 usuarios de ayuda a domicilio, 648.000 cuyo servicio lo prestan los Ayuntamientos. Significa que hay 32.240 auxiliares de hogar que serían los más afectados. La reforma local pone en riesgo esos empleos. Pero hay hasta 70.000 empleos sociales en el aire en total”, apunta José Manuel Ramírez, de la asociación de gerentes.
Para Ramírez es imprescindible que la ley reconozca a los servicios sociales municipales las competencias de los servicios de proximidad. Y conceder cinco años para la transferencia de otros servicios (por ejemplo, las residencias) a las autonomías.
La Fundación San Rosendo diseña y gestionará el nuevo centro gerontológico del Obispado de Tui-Vigo y la parroquia Nuestra Señora del Rocío
Las obras, que han comenzado hoy, cuentan con un plazo de ejecución de 14 meses y suponen una inversión de 3 millones de euros.
El Obispado de Tui-Vigo y la parroquia Nuestra Señora del Rocío encargaron a la Fundación San Rosendo el diseño del proyecto y la gestión del centro gerontológico.
El nuevo edificio surge con vocación de servicio a la comunidad parroquial ya que también albergara servicios de Caritas.
Este lunes, 14 de octubre, se han iniciado las obras de construcción de la nueva residencia para mayores dependientes de la parroquia Nuestra Señora del Rocío, en el barrio de Coia (Vigo), cuyo diseño y gestión del proyecto gerontológico ha sido adjudicado por la Diócesis de Tui-Vigo a la Fundación San Rosendo.
La nueva residencia se ubica en una parcela de más de 3.500 m2, cedida por la parroquia Nuestra Señora del Rocío, adosada a la Iglesia. Las obras, que realiza la empresa olívica Civis Global, tienen un plazo de ejecución de 14 meses y supondrán una inversión de 3 millones de euros.
74 plazas para mayores asistidos y Centro Parroquial
La Diócesis de Tui-Vigo trata así de dar respuesta a las necesidades sociales de la comunidad. El nuevo edificio, diseñado por Castro y Alonso Arquitectos, tiene una clara vocación de servicio social, ya que junto con la residencia de personas mayores también albergará las actividades pastorales, como Cáritas, en los locales destinados a Centro Parroquial.
La superficie útil está distribuida entre 2 sótanos y 3 plantas. La zona de uso parroquial se ubicará en la primera y segunda planta con un espacio mayor para la sacristía, comunicado con el templo, un pequeño vestuario y aseo para los oficiantes. En la planta segunda se sitúan los despachos parroquiales, un pequeño almacén-archivo y los aseos. Este espacio se comunica con el resto del complejo mediante un vestíbulo independiente.
Cáritas parroquial contará con dos dependencias de almacenamiento en el sótano y otra para el reparto de alimentos y bienes a los más necesitados. Su funcionamiento es independiente del resto del Centro Parroquial y dispone de acceso propio.
El resto del espacio se destinará a la residencia de mayores Nuestra Señora del Rocío que contará con 74 plazas para personas dependientes, en la que tendrán preferencia los vecinos del barrio de Coia. Las zonas de uso común como sala de convivencia, comedor, sala de rehabilitación y sala de lo social se encuentran en la planta baja, aunque se reserva en la planta primera una sala de uso polivalente.
En la planta baja también estarán ubicados los espacios de uso administrativo, despachos, aseos para residentes y sala de visitas independiente del resto del edificio y salida directa al exterior.
En el momento de plena ocupación, la residencia empleará a 30 profesionales entre gerontólogos, enfermeros y cuidadores. Como en el resto de centros gestionados por la Fundación San Rosendo, la residencia mantendrá la política de contratación de proveedores locales.
20 años de atención a personas mayores
La residencia del Rocío en Vigo se sumará a la red de 66 centros gerontológicos que la Fundación San Rosendo tiene distribuidos en más de 40 localidades de Galicia. El 85% de estos centros asistenciales se encuentran en entornos rurales deprimidos, donde la oferta privada es escasa.
La Fundación San Rosendo y la Diócesis de Tui-Vigo ya tienen una amplia trayectoria en el desarrollo de proyectos asistenciales para atender las demandas sociales a través de los centros para mayores de Valeixe, Covelo, Patos y Stella Maris.
La Fundación San Rosendo gestiona más de 3.500 plazas asistenciales en Galicia, que atienden más de 1.500 profesionales. Todos los centros de la entidad con más de 100 plazas cuentan con el reconocimiento europeo de calidad ISO 9001:2008.
Comunicación Fundación San Rosendo
Rosa Pontes
686 037 314
www.fundacionsanrosendo.es www.diocesetuivigo.es
@Fsanrosendo
Comunicación Obispado Tui-Vigo
Alberto Cuevas
986 375 153
www.diocesetuivigo.es
Cantabria, «referente» a nivel nacional en la atención a la dependencia
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha ensalzado este viernes, en Santander, que Cantabria es «un referente y un modelo» a nivel nacional en la atención a la dependencia, por lo que ha considerado que debe ser «un espejo» para el resto de CCAA.
Moreno, que ha dado una rueda de prensa antes de reunirse con varios colectivos para explicarles la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género, ha apoyado esta consideración en los últimos datos del IMSERSO sobre atención a la dependencia.
Así, ha afirmado que en Cantabria reciben prestación el 93 por ciento de los cántabros con derecho a ella y el 99 por ciento de las solicitudes para expedientes de dependencia se valoran.
También ha destacado que la lista de espera en este área es del 6,4 por ciento en la región, lo que la sitúa entre «las más bajas del conjunto del país».
El secretario de Estado ha manifestado su «satisfacción» porque «el trabajo coordinado y de cooperación» entre el Estado y el Gobierno regional «está dando sus frutos» en el ámbito de la dependencia.
Asimismo, ha felicitado a la consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, y a la Ejecutivo cántabro en su conjunto «por haber asumido» esta atención «en una situación de enormes dificultades económicas como la que hemos vivido y seguimos viviendo durante estos años».
Finalmente, Moreno ha opinado que los gestores de la administración cántabra han sido «capaces con audacia, con inteligencia y con tesón de haber conseguido que Cantabria sea un referente y un modelo en el conjunto de España«.
Bienestar Social oferta el programa “No estés sólo en navidad”
La concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Nucía oferta un año más el programa “No estés Sólo en Navidad” de la Generalitat Valenciana. El objetivo de este programa es ofrecer compañía a en las fiestas navideñas a personas mayores que estén viviendo en soledad.
El programa va dirigido a personas mayores válidas que viven solas y no tienen posibilidad de pasar los días de navidades en compañía de familiares o amigos por la lejanía de estos o por otras circunstancias Los beneficiarios pasaran unos días alojados en un hotel de la Comunidad Valenciana junto a otras personas mayores, realizando actividades y celebrando los días festivos con comidas especiales. El programa es totalmente gratuito.
El periodo de estancia será del 23 al 27 de Diciembre de 2013. El programa incluye: estancia en hotel de tres estrellas en régimen de pensión completa, desplazamientos de ida y vuelta, excursiones y cena especial de Nochebuena y comida especial de Navidad.
Los requisitos para disfrutar del programa son: residir en la Comunidad Valenciana, ser mayor de 65 años, o ser pensionista de invalidez, jubilación o viudedad con 60 años cumplidos, valerse por si mismo y que vivan solos y les sea imposible reunirse con familiares o amigos por la lejanía de estos o por otras circunstancias.
La persona solicitante deberá adjuntar a la solicitud: fotocopia del DNI, copia de la revalorización de la pensión 2013, informe médico e informe del trabajador social.
El plazo para presentar las solicitudes en el Centro Social El Calvari finalizará el 31 de Octubre. Toda la documentación necesaria para tramitar la solicitud la podrán obtener en el Centro Social El Calvari.
“Un año más desde Bienestar Social queremos dar publicidad a este interesante programa de “No estés Sólo en Navidad” de la Consellería de Bienestar Social. Un programa que intenta que nadie esté sólo en unas fiestas tan entrañables como las navideñas. Para ello se han de cumplir una serie de requisitos. Por ello animo a todas las personas que cumplan con el perfil a que lo soliciten, ya que las personas que han participado de La Nucía los últimos años han vuelto muy contentas de esta experiencia” afirma Esperanza Soria Such, concejala de Bienestar Social.
El Gobierno acelera el paso hacia la política de la beneficencia
Los «presupuestos sociales» que defiende el Gobierno prevén un tijeretazo del 36% a los servicios sociales para 2014. Al recorte se han sumado en los últimos meses otras medidas y cambios legislativos que, según denuncian profesionales, asociaciones, sindicatos y usuarios, socavan los derechos sociales y dejan la caridad como única salida.
1. Tijeretazo presupuestario
Los Presupuestos Generales del Estado en materia de servicios sociales han pasado de los 2.848 millones de euros de 2013 a 1.809. No obstante, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se refiere a «blindaje» en las cuentas. La razón es que para 2013 se incluyeron 1.034 millones con los que se pagaron atrasos de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de personas con dependencia.
Aun olvidando esta cantidad, las cuentas no cuadran si se considera que la demanda se ha disparado. A falta de datos oficiales, los expertos estiman que en los dos últimos años la demanda de algunas prestaciones de emergencia –para hacer la compra, pagar el recibo de la luz o la hipoteca– han aumentado hasta un 200%. Además, un total de 201.729 personas siguen esperando recibir la ayuda que les fue reconocida por la ley de dependencia.
2. Destrucción de la ley de dependencia
«Están dejando vacíos de contenidos reales los servicios, para echar a la gente y para que el que pueda contrate a un seguro privado, pero como la mayoría no podemos permitírnoslo, quedamos en manos de la caridad». Así interpreta José Luis Gómez-Ocaña, presidente de la Plataforma de la Dependencia en Castilla-La Mancha, la marcha atrás de la única ley estatal que reconoce y garantiza un derecho subjetivo en materia de servicios sociales.
Hace poco más de un año el Gobierno retrasó la entrada de los dependientes moderados en el sistema, eliminó la obligación de pagar la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras y amplió hasta dos años el plazo que tienen las autonomías para entregar las ayudas ya reconocidas sin tener que asumir la retroactividad con que nació la ley. Para el año que viene, con una lista de espera crónica, el Gobierno ha presupuestado exactamente la misma cantidad que en 2013: 1.087 millones de euros, que repartirá entre las comunidades autónomas en función del número de dependientes a los que atiendan.
«¿Sabes lo que es estar valorado y no tener la atención que te corresponde por ley?», añade otra miembro de la plataforma. Para Gómez-Ocaña, hay gato encerrado. «No es lógico el hachazo a la dependencia, con lo poco que significa respecto a todo el dinero que se maneja», apunta.
Gómez-Ocaña, maestro de escuela de Toledo, lleva años luchando porque sus dos hijos, de 10 y 17 años, ambos con una enfermedad rara hereditaria, grandes dependientes, sobrevivan. Han ido superando los retrasos en el pago de las ayudas del Gobierno de María Dolores de Cospedal, pero la salud de Nacho, el menor, ha empeorado hace unas semanas. La esperanza de su padre es que aguante lo suficiente para poder beneficiarse de un tratamiento pionero que se empezará a aplicar en Gran Bretaña en 2014.
3. Desmantelamiento de los servicios sociales
A los recortes que se soportan desde 2011 se suma ahora el Proyecto de Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, en trámite parlamentario. El texto prevé eliminar las competencias municipales en «la prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social», cediéndolas a las autonomías. En la práctica, esto representa que los ayuntamientos solo garantizarán unos servicios mínimos de información y orientación y alguna prestación económica de emergencia y de carácter puntual.
La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha elaborado un decálogo donde se denuncia que este traspaso de competencias supondrá la eliminación de los servicios sociales municipales, teniendo en cuenta el estado de las arcas autonómicas. El documento, firmado por asociaciones de personas mayores, profesionales, sindicatos y las principales organizaciones empresariales del sector, alerta de que al menos 200.000 familias se quedarán sin asistencia. Además, calculan la pérdida de 65.000 puestos de trabajo.
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) denuncia que peligra la continuidad de la ayuda a domicilio. Esta organización calcula que unas 600.000 personas se benefician de ella en toda España, en su mayoría a través de los servicios sociales municipales (del total, sólo 121.000 se conceden por la vía alternativa de la ley de dependencia).
Al margen de esta reforma, el pasado enero la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, anunció a los consejeros del ramo que iba a dejar de financiar los servicios sociales municipales mediante el llamado Plan Concertado. En los presupuestos de 2014 aún no se recoge este recorte. El Gobierno ha mantenido su aportación; 32 millones de euros que no se estiran lo suficiente como para ayudar, ni con carácter de urgencia, a los más de ocho millones de familias que acuden a los servicios sociales municipales porque no pueden comprar comida, pagar las medicinas, el recibo de la luz, el agua o el alquiler de su vivienda.
Para la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, «el panorama es absolutamente demoledor». Los servicios sociales son «el último recurso para un número cada vez mayor de personas y familias», recuerda en un comunicado.
4. Vía libre a la privatización
La reforma de la Administración Local también abre la puerta a que los servicios sociales sean de «gestión indirecta». Muchas prestaciones, como la ayuda a domicilio, ya llevan años prestándose a través de empresas subcontratadas. La novedad que implica la reforma es que los ayuntamientos también podrán delegar el servicio mínimo de asesoramiento que quede en sus manos, y que hasta ahora imparte personal propio en una entidad privada.
El Ayuntamiento de Galapagar (PP), en la comunidad de Madrid, ya se ha adelantado a la aprobación del proyecto de ley. El pasado 4 de abril aprobó la externalización de todos sus servicios sociales argumentando que el objetivo es «abaratar los costes» y mejorar la atención. La medida ha sido criticada por vecinos, oposición, profesionales y sindicatos, que han protagonizado varios actos de protesta en los últimos meses. También el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Madrid se ha pronunciado defendiendo los servicios sociales como «imprescindibles» y denunciando que «su privatización busca siempre un beneficio económico».
5. Rentas mínimas inaccesibles
Escudadas por la crisis, muchas autonomías han endurecido las leyes que garantizan las rentas mínimas, las pagas que se dan a aquellas familias sin ningún tipo de recursos, de unos 500 euros, dependiendo de la autonomía. En Madrid la espera ya es de 12 meses, por ejemplo. Estas ayudas se solicitan cuando la familia quizá ya lleva meses sin ningún ingreso.
Según la Alianza Social en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales de Madrid, el año pasado aumentó un 76% el número de solicitudes para obtener esta ayuda, mientras que el número de familias beneficiarias sólo se incrementó en un 22%. Esta plataforma, integrada por sindicatos, educadores y trabajadores sociales, psicólogos, la Confederación de Consumidores y Usuarios CECU, EAPN y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, entre otros, denuncia que las trabas para beneficiarse son cada vez mayores.
«Se trata de vericuetos administrativos, como la solicitud de documentación extra que en principio no era necesaria», explican desde la organización. Ante esta situación, ¿cómo sobrevivir, entonces, a la espera? Quedan las ayudas de emergencia, concretas, que pueden conceder los ayuntamientos. Pero tampoco el dinero llega, y las familias buscan salidas fuera de la red pública. Una muestra es que Cáritas casi ha triplicado el número de personas atendidas en los últimos años.
6. Desvío de responsabilidades
Cuando Ana Mato anunció que los inmigrantes sin papeles dejarían tener tarjeta sanitaria y, por tanto, atención médica (salvo en determinados casos), negó que estas personas fueran a quedar desatendidas. Para ello, aseguró, se firmarían acuerdos con las ONG. Pero las ONG no están conformes con la idea de que ellas deban asumir el papel que el Estado está dejando de ejercer.
«No tenemos que sustituir al Gobierno, somos complementarios», explican desde EAPN-España, una red de ONG que luchan contra la pobreza y la exclusión social, entre las que se encuentran Cáritas, Cruz Roja o CEAR. Su presidente, Carlos Susías, recuerda que «la pobreza y la exclusión no caen del cielo, son consecuencia de decisiones políticas». Por eso exigen que el Gobierno asuma su responsabilidad de crear planes integrales y herramientas para fomentar la inclusión social. EAPN-España rechaza la vuelta a la beneficencia y la caridad. Según explican, estos conceptos muestran la tolerancia: «Como hay pobres, vamos a darles de comer». Para ellos, la clave está en luchar por que no haya pobres, algo que no se combate con el parche de la beneficencia.
7. La solidaridad del vecino
El paso « del Estado del bienestar a una sociedad participativa«, que defendió el rey de Holanda hace unas semanas, muestra la tendencia que también vive España. Las llamadas a la solidaridad para sustituir lo que hasta ahora el Estado paga con las arcas públicas están a la orden del día.
El último debate al respecto, muy visible en las redes sociales, lo ha protagonizado el programa de TVE ‘Entre todos’, que empezó a emitirse el 26 de agosto, en la sobremesa. Este espacio, que la cadena pública define en su web como «una red social de cooperación», muestra a familias necesitadas y abre una línea telefónica para que otras personas les hagan donaciones económicas o les presten otro tipo de ayuda. El formato ha provocado una discusión entre quienes consideran que publicitar la caridad excusa la evasión de la Administración Pública y aquellos que defienden que es la solución más pragmática para quien no tiene nada.
