Dependencia
Los servicios se tienen que ajustar a las personas
Psicóloga y experta en gerontología social, Teresa Martínez Rodríguez viene desarrollando una amplia trayectoria profesional con el objetivo de fomentar capacidades esenciales en el día de día de las personas mayores, promoviendo los elementos clave para la mejora de la calidad asistencial.
Dejamos enlace con su última entrevista publicada en Nosotros Mayores, Los servicios se tienen que ajustar a las personas.
Un estudio revela que la aplicación de la Ley de Dependencia costó el triple de lo previsto
Los recursos movilizados para la aplicación de la Ley de Dependencia triplicaron las previsiones que contemplaba el Libro Blanco de la Dependencia en su memoria económica, según un estudio que se ha comunicado durante las XXXIII Jornadas de Economía de la Salud, que se celebraron en Santander.
En total, la cifra ascendió a 6.420 millones de euros, lo que supone un 0,60% del PIB de España, tal y como constata un estudio de evaluación realizado por la Universidad de Castilla-La Mancha.
El estudio se ha presentado en la cita anual que organiza la Asociación de Economía de la Salud (AES), que este año congrega a más de 400 expertos nacionales e internacionales, con el lema ‘Crisis y horizonte de reforma de los sistemas sanitarios’. Dentro de él, una mesa específica ha analizado las políticas de discapacidad y dependencia, dentro del objetivo de AES de evaluar con datos científicos y académicos las políticas sanitarias.
En concreto, se trata del estudio ‘¿Cuánto cuesta la Ley de Dependencia en España? Una aproximación al coste agregado y promedio individual en 2011’, elaborado por investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca.
En este trabajo, se aprecian diferencias significativas entre comunidades autónomas, siendo Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid las que mayores recursos emplearon en políticas de dependencia, según se ha informado en las Jornadas de Economía de la Salud.
Además, desde el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada han constatado la existencia de un ‘efecto llamada’ ligado a la efectividad en la tramitación de los expedientes. Así, las comunidades autónomas con más rapidez en la tramitación de expedientes de la Ley de Dependencia reciben un efecto llamada que se traduce en un aumento en el número de solicitudes que, a su vez, acaba por provocar un retraso en el tiempo de respuesta.
El estudio, difundido también en las Jornadas de AES, establece que las comunidades con una mayor eficiencia técnica en la aplicación de esta ley son Andalucía, Murcia y La Rioja; y las que menos, Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana y Canarias, sin que se vea una relación con factores como el envejecimiento de la población.
COSTES Y PROBLEMAS DE LOS CUIDADORES
Los estudios también se centran en la figura de los cuidadores informales (aquellos que no son profesionales de la atención): sus costes oscilan entre los 21.717 y los 52.004 euros anuales, en función del grado de dependencia de los afectados. El número de horas medias anuales de cuidados informales fue de 4.349.
La situación de los cuidadores también se ha analizado desde la perspectiva de su salud, ya que, por ejemplo, casi la mitad de los cuidadores informales de pacientes con ictus sufrieron también problemas de salud. En concreto, un 45,7%, a los que se suman otros problemas, ya que un 22,3% tiene problemas económicos y un 78,4%, familiares.
Además, la probabilidad de que un cuidador de una persona que ha padecido un ictus presente problemas de salud es de entre un 22 y un 41 por ciento mayor si la persona cuidada padece dependencia severa o gran dependencia, respectivamente, frente a una persona no dependiente. La probabilidad de presentar problemas económicos es de entre un 14 y un 20 por ciento mayor si las personas cuidadas padecían dependencia grave o gran dependencia, respectivamente.
Y, finalmente, la probabilidad de que aparezcan problemas familiares fue de entre un 11 y un 24 por ciento más**en los grados de mayor dependencia.
EMPLEO Y DISCAPACIDAD
Otros estudios se refieren a la situación laboral de las personas con discapacidad, poniendo de manifiesto aspectos relacionados con su discriminación salarial o con la adaptación a su situación de los puestos de trabajo que se les ofertan.
Así, de un lado, se establece que los trabajadores con incapacidades permanentes tienen un 9% menos de posibilidades de encontrar trabajo que los que no padecen esta situación, según un estudio de la Universidad de Barcelona, que añade que estas diferencias afectan más a los hombres.
Uno de los motivos que se apunta es la existencia de diferencias salariales que no están relacionadas con la productividad en su puesto de trabajo, y que contribuyen, entre sus consecuencias, a desincentivar la participación de este colectivo en el mercado laboral.
Por tanto, el citado estudio concluye que las políticas orientadas a favorecer la participación laboral de las personas con incapacidad permanente deberían considerar como un elemento prioritario estas diferencias salariales no justificadas, bien compensándolo con otras medidas o regulándolo.
Nuevas soluciones a los servicios para personas en situación de dependencia
La Fundación Caser para la Dependencia y la Fundación Pilares para la Autonomía personal promueven y organizan las II Jornadas internacionales Sobre Atención a la Dependencia.
El encuentro tendrá lugar los días 25 y 26 de Junio, en el Salón Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en el participarán expertos de alto nivel tanto europeos como nacionales.
Según las últimas estadísticas del IMSERSO, en España hay casi un millón de personas que tienen reconocido el derecho a recibir prestaciones por encontrarse en situación de dependencia. De ellas, el 85% viven en su domicilio y están atendidas fundamentalmente por su familia. Solo un 14% reciben un servicio de atención profesional en el domicilio y un 7% acuden a un centro diurno de atención.
Estos datos se verán rápidamente superados como consecuencia de la tendencia incuestionable a un rápido envejecimiento de la población.
Sin embargo, los servicios profesionales domiciliarios que hoy se ofrecen no parecen suficiente y esto pone en relieve otra cuestión fundamental: ¿hasta cuándo las familias, mujeres en su mayoría, van a poder seguir asumiendo el peso de los cuidados que hoy afrontan?
Es necesario reorientar la propuesta de servicios profesionales y valorar también si las prestaciones de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y atención a las situaciones de Dependencia son las adecuadas tal como hoy se prestan.
Lograr que la casa y el propio entorno se conviertan en escenarios preferentes de suministro de apoyos y servicios profesionales no es una tarea sencilla. Por eso, en el seno de los países avanzados en políticas sociales se realizan análisis críticos y se buscan alternativas viables que hagan posible vivir en casa mediante una oferta y suministro de servicios de calidad que se adapten a las necesidades de atención de las personas que tienen una situación de fragilidad o dependencia, que sean sostenibles económicamente y que, además, se ajusten realmente a lo que ellas y sus familias desean.
En las II Jornadas Internacionales Sobre Atención a la Dependencia, será posible escuchar las recomendaciones de los expertos y de los organismos internacionales que proponen ofrecer un conjunto de soluciones en diferentes ámbitos y no un único servicio: propiciar entornos amigables que incluyan a todas las personas; disponer de viviendas que puedan adaptarse a la situación concreta de la discapacidad y poder reunir, así, condiciones de accesibilidad y confort; favorecer la disponibilidad de productos de apoyo, elementos domóticos, teleasistencia y otras TIC que sean usables y accesibles a las personas con necesidades funcionales para desenvolverse en su vida diaria.
También será analizada la actual prestación de servicios de atención, revisar de manera crítica los más tradicionales, como es el de Ayuda a Domicilio (SAD), que hasta hace poco había sido visto como piedra angular para la permanencia en casa y evitar institucionalizaciones no necesarias.
En definitiva, la Fundación Caser para la Dependencia y la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, en colaboración con el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, la Fundación Vodafone España y la Federación Española de Municipios y Provincias han creado con las II Jornadas para la dependencia un marco ideal para abrir el debate de una de las cuestiones que deben ser abordadas y resueltas sin más dilación.
Programa: www.vivirencasabien.org
La Red pública concertada de atención a la dependencia integra ya más del 40% del total de mayores que viven en centros socio-sanitarios en la Comunidad Valenciana
PENADÉS ABOGA POR EQUILIBRAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ENTRE LAS PROVINCIAS Y RECUERDA QUE UN TERCIO DE LA RED PÚBLICA CONCERTADA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA OPERA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
Aecas cuenta ya en Alicante con más de 2.000 plazas asistenciales, 28 centros socio-sanitarios y más de 40 viviendas tuteladas para atender a las personas con menos recursos
El presidente de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas, Marcos Penadés, ha abogado hoy por equilibrar la disponibilidad de recursos socio-sanitarios en las tres provincias como único camino para garantizar la igualdad y la calidad asistencial que demanda la sociedad valenciana, durante una visita a los centros que gestiona la entidad en la provincia de Alicante, y que supone un tercio de los recursos de la patronal de centros concertados en la Comunidad.
Penadés ha destacado que, desde todos los ámbitos públicos y empresariales, se ha realizado un gran esfuerzo por sostener la atención profesional en tiempos de crisis, pero que especialmente han sido los centros públicos y los vinculados a la red pública concertada los que han dado un paso al frente, con una política de precios ajustada a la realidad, ofreciendo servicios por debajo del margen de rentabilidad, y trabajando para que los ciudadanos de las tres provincias dispongan de una oferta de recursos socio-sanitarios que garantice la atención en todo el territorio.
Y, como ejemplo, ha recordado que desde la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas se han impulsado programas que complementan a la red de Hospitales de enfermos crónicos y larga estancia (Hacles) y se ha fomentado la erradicación de las sujeciones físicas y químicas en los centros, entre otras iniciativas. Asimismo, Penadés ha incidido en que la configuración de esta oferta de recursos ha supuesto una inversión de más de 300 millones de euros en instalaciones de última generación, lo que ha permitido estructurar una red pública que garantice la atención a las personas en situación de dependencia.
Sólo en la provincia de Alicante, la patronal de centros concertados dispone ya de más de 2.000 plazas asistenciales, 28 centros socio-sanitarios y más de 40 viviendas tuteladas para atender a las personas con menos recursos, tuteladas o con un grado de dependencia severo, grupos sociales que generalmente no entran en el objetivo del resto de operadores del sector.
Del mismo modo, Penadés ha defendido la apuesta por los recursos públicos y concertados, que representan el 90% de los asociados de la patronal Aecas, con una amplia distribución geográfica, incluyendo las zonas del interior de la Comunidad Valenciana, con menor densidad de población, pero con las mismas necesidades de atención a las personas dependientes.
Disponibilidad presupuestaria
Por otra parte, Marcos Penadés ha señalado que evidentemente existe la necesidad de reorientar y ajustar la disponibilidad presupuestaria del Estado y las Comunidades Autónomas para garantizar la financiación de los servicios públicos orientados a las personas en situación de dependencia, pero esta reforma pasa por reforzar la red pública actual, garantizar la seguridad de los contratos públicos y dar seguridad a los operadores que cumplen con los requerimientos de la Administración.
Penadés ha apostillado que, si se reequilibra el sistema, el nuevo marco de actuación permitirá que la oferta y la demanda garanticen que un ciudadano pueda elegir la oferta que desee –pública o privada-, si bien, desde la garantía de que esta elección sea libre, y mediante una oferta que se articule como lo hacen el resto de sectores con la Administración; contratos públicos de libre acceso.
Penadés, que ha realizado estas declaraciones en su visita periódica a los recursos de Aecas en la provincia de Alicante, ha incidido en que las medidas adoptadas hasta la fecha, como la simplificación normativa y de niveles de aplicación -de seis niveles a tres- o la apuesta por la atención en recursos profesionales, permiten vislumbrar un futuro para el actual sistema de la dependencia.
No obstante, el portavoz de la Red pública concertada ha manifestado que es necesario que los indicios –nuevos beneficiarios en el sistema y reducción de la lista de espera- se concreten para autonomías como la valenciana, en la que la tasa de reposición y la deuda mantenida con el sector han generado una situación difícilmente sostenible, que sólo puede sobreponerse recuperando la confianza de los ciudadanos mediante la garantía de una red pública sustentada en concursos públicos abiertos y con un férreo control de la Administración Pública.
En este sentido, Marcos Penadés ha explicado que todavía queda mucho que hacer para que la atención de la dependencia llegue a todas las personas que tienen reconocido el derecho a ser atendidas.
Y, como ejemplo, ha citado el Informe sobre el desarrollo y evaluación territorial de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, realizado por la Asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales, que indica que en la Comunidad Valenciana todavía hay un 33,4% de potenciales usuarios de estos servicios con derecho reconocido que no han podido acceder a un recurso adecuado, 10 puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en el 23%, lo que supone más de 230.000 ciudadanos en toda España.
Dpto. de Prensa: José Antonio Giménez • comunicacion@centrosaecas.com • t.627760487
En Navarra el nuevo sistema de concierto económico para residencias de mayores comenzará a aplicarse en seis centros desde julio
El nuevo programa de concierto económico ‘resideN’ para residencias de personas mayores comenzará a aplicarse en Navarra, a partir de julio, en seis centros, después de que el Gobierno de Navarra haya autorizado la contratación en su sesión de este miércoles.
Los contratos, de carácter cuatrienal, comprenden 301 plazas concertadas. La aplicación del nuevo programa ha comenzado por los centros cuyo concierto ya había caducado. Se trata de las siguientes residencias: Virgen del Camino de Miranda de Arga (23 plazas), Centro de Grandes Dependientes de San Adrián (110 plazas), Centro Nuestra Señora del Rosario de Carcastillo (8 plazas), Residencia Real Casa Misericordia de Tudela (90 plazas), Residencia Amma Ibañeta de Erro (20 plazas) y Residencia La Vaguada de Pamplona (50 plazas). Los centros cuentan con una plantilla global de 237 trabajadores.
Las nuevas condiciones económicas, establecidas de forma consensuada con los centros, irán extendiéndose al conjunto de residencias navarras conforme vayan finalizando los contratos en vigor.
El presupuesto del Gobierno de Navarra para la atención residencial de personas mayores durante 2013 asciende a 41,8 millones de euros.
El consejero de Políticas Sociales del Ejecutivo, Íñigo Alli, ha explicado que se busca el «mejor modelo de gestión» para la atención a las personas mayores que ocupan plazas en residencias, «un modelo que garantice que su dotación presupuestaria para 2013 sea 400.000 euros más que el año pasado».
Según ha dicho, «se trata de simplificar con un único modelo de concierto, que sólo separe a personas dependientes de no dependientes», así como de «flexibilizar mucho más la gestión de las residencias».
OBJETIVOS
El denominado programa ‘ResideN’, que sustituye al hasta ahora vigente Concerdep (2009), presenta un doble objetivo. Por una parte, disponer de una adecuada red de servicios de atención residencial en condiciones óptimas para asegurar la autonomía, dignidad y calidad de vida. De otra parte, disponer de un modelo económico más equitativo para los centros, que contribuya a su estabilidad y al mantenimiento de los puestos de trabajo.
Para ello, se incluyen nuevos perfiles de usuarios, se reorganizan y simplifican los tipos de módulos y se flexibiliza la contratación de determinados perfiles profesionales.
En la actualidad, existen en Navarra 45 centros de mayores y 2 de psicogeriatría con plazas concertadas. El número de plazas concertadas en centros públicos y privados asciende a 1.645, a las que hay que añadir otras 275 plazas en centros propios del Gobierno de Navarra y 110 de atención psicogeriátrica.
Este sector proporciona más de 2.000 puestos de trabajo en la Comunidad Foral, en su mayoría empleos femeninos.
LAS PRINCIPALES NOVEDADES
El nuevo modelo amplía la posibilidad de atención en residencias para mayores de 65 años a nuevos colectivos. Concretamente, ofrece cobertura para los denominados dependientes sociales; esto es, personas mayores de 65 años que, sin tener un grado de dependencia, presentan una problemática familiar o personal que les conduce al riesgo de exclusión social. El número de plazas destinadas a estas personas en cada centro no superará el 5 por ciento del total.
También se dará cabida de forma voluntaria a los discapacitados mayores de 65 años, cuyas necesidades de atención sean asimilables a los de un mayor con dependencia.
En lo que se refiere al régimen económico, se homogeneizan las condiciones, con el fin de ofrecer un sistema más equitativo y eliminar las diferencias de precios existentes ahora entre residencias. Con este fin, los tipos de módulos se han reducido a dos: dependientes y no dependientes.
Para plazas del primer caso, se han establecido cuatro tramos de tarifas: de 1.700 a 1.800 euros, de 1.800 a 1.900 euros, de 1.900 a 2.000 euros y de 2.000 a 2.100 euros. La elección de uno u otro tramo se establece en función de tres criterios: la ubicación de la residencia, su tamaño y los perfiles de los trabajadores, primándose aquéllas que estén situadas en zonas rurales y sean de tamaño pequeño.
En el caso de plazas para no dependientes existe un único tramo con precios entre 1.200 y 1.300 euros.
Por su parte, para los usuarios se establecen tres tipos de precio en función de la renta: hasta un máximo de 1.502 euros para dependientes, hasta 1.391,71 euros para severos y moderados y hasta 758,83 euros para los no dependientes.
Además, el nuevo modelo flexibiliza la contratación de determinados trabajadores (cocina, lavandería y limpieza), eliminando las ratios que se exigían hasta ahora en función del número de residentes.
La atención centrada en la persona. Algunas claves para avanzar en los servicios gerontológicos
Teresa Martínez
Este es el título del último artículo que se recomienda de la gerontóloga Teresa Martínez Rodríguez publicado en la revista Actas de la dependencia (nº 8, junio 2013) Fundación Caser donde la autora ofrece una revisión del enfoque y modelos de atención centrada en la persona en los servicios gerontológicos. Realiza un repaso a su origen, al recorrido que ha tenido en el ámbito internacional y a la situación actual en España. También se señalan algunas claves para avanzar en la aplicación de estos modelos o los retos y riesgos que existen en este momento de desarrollo en nuestro país.
La atención centrada en la persona. Algunas claves para avanzar en los servicios gerontológicos
Patronal y sindicatos firman por tres años el convenio del sector de la dependencia
Aerte, principal patronal de la dependencia en Comunitat Valenciana ha suscrito junto a Lares y los sindicatos CC.OO. y UGT el VI convenio regional para el sector dependencia, un acuerdo que garantiza la estabilidad durante tres años.
Se trata de un convenio resultado del esfuerzo realizado tanto por las patronales de dependencia -Aerte y Lares- como por los sindicatos -CC.OO. y UGT- para alcanzar un acuerdo necesario. Este acuerdo regulará las relaciones laborales de los trabajadores que prestan sus servicios a una población dependiente que, tan solo en Aerte, está integrada por más 20.000 dependientes.
Durante la firma de este acuerdo, José María Moreno -presidente de Aerte- ha destacado el esfuerzo realizado por las patronales, y en particular por Aerte, para la firma de un convenio que garantiza estabilidad y recoge un ligero incremento salarial, en un contexto económico complejo, caracterizado por los recortes constantes que está experimentando el sector, la ausencia de cobro, la falta de resolución de expedientes y otros factores que vienen a sumarse a la actual crisis.
En este sentido y aludiendo al ejemplo que representa el convenio, José María Moreno ha hecho mención a la voluntad de acuerdo manifestada por el sector, una voluntad que podría hacerse extensible a la Administración valenciana, en aspectos tan importantes para la población dependiente como la resolución de expedientes o la activación de servicios profesionales necesarios, paralizados desde hace años que, además, son generadores de empleo neto, una característica necesaria hoy día.
Como ejemplo, el presidente de Aerte ha destacado algunos de los datos del informe recientemente presentado por Aerte, la FED y ECHO -patronal de la dependencia en Europa- en Bruselas en virtud del cual, se contempla la creación de más de 765.000 nuevos puestos de trabajo en los países que integran la UE sustentados en el sector dependencia, gracias a la creación de 500.000 plazas socio sanitarias.
Por último, José María Moreno ha aludido a la capacidad del sector dependencia para la generación de inversión y empleo, sin olvidar la respuesta a demanda que afronta y el impulso que su actividad genera en la economía, en áreas como la construcción o la gestión de infraestructuras sociosanitarias cuya consecución viene a garantizar derechos básicos para la población dependiente en Comunidad Valenciana.
Los cuidadores no profesionales de dependientes descienden un 88,3 por ciento en ocho meses
El número de cuidadores no profesionales de personas dependientes dados de alta en la Seguridad Social pasó de ser de 179.829 en julio de 2012 a 20.993 en marzo de 2013, un 88,3 por ciento menos en ocho meses, según se desprende de una respuesta parlamentaria dirigida al socialista Miguel Ángel Heredia.
Así lo ha denunciado en declaraciones a los periodistas en el Congreso el también coordinador de la Interparlamentaria del PSOE-A, Miguel Ángel Heredia, quien ha denunciado la «demolición» que el Gobierno del PP practica a las políticas de la Ley de Dependencia y ha criticado el «brutal recorte» de las ayudas en el entorno más cercano al dependiente y el «intento soterrado de privatización».
Además, ha señalado que desde que en 2007 entró en vigor la Ley, el Gobierno se hacía cargo de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores, en su mayoría mujeres, con el objetivo de que tuvieran una pensión de jubilación, pero el Gobierno del PP «impide que sea así y ahora es el propio trabajador el que tiene que pagar la seguridad social si quiere».
De este modo, ha lamentado que, además de haber reducido en un 15 por ciento el sueldo a los cuidadores no profesionales, que pasaron de percibir en torno a 520 euros a 440, no se les paga la cotización. «Calculen el gasto que supondrá contratar a cuidadores profesionales o ingresar a sus seres queridos en una residencia y las cifras de negocio que se manejan con compañías privadas y en las que se convertirá la cuarta pata del Estado del Bienestar».
Esta situación ha llevado al diputado a denunciar que el Gobierno actual «hace todo lo que está en sus manos para enterrar la Ley de Dependencia». Heredia también ha afeado que «lo primero que hizo» el Ejecutivo en esta materia fue retrasar en dos años la incorporación al sistema de los dependientes moderados. «Todas las decisiones sobre ley de dependencia no han hecho más que poner en riesgo su continuidad», ha añadido.
El coordinador de la interparlamentaria considera que el PP «se está retirando paulatinamente de la Ley de Dependencia» y, con respecto a los porcentajes de financiación que debe asumir cada administración, ha dicho que la ley nació para ser financiada al 50 por ciento por el Estado y al otro 50 por las comunidades autónomas, pero en el caso de Andalucía, el Estado solo paga el 30 por ciento y la Junta andaluza, el restante 70 por ciento.
Se trata, a su juicio, de un «desequilibrio» que «pone en riesgo el futuro de la Ley» ya que la administración regional «no puede sufragar todo los que el Estado deja de pagar». Así las cosas, cree que con medidas como estas el Estado «castiga una vez más» a Andalucía, que ha sido «líder» en la implantación y aplicación de la ley, como demuestra que una cuarta parte de los dependientes esté en la región, y que ha «perdido»204 millones desde que Rajoy llegó al Gobierno.
«ESFUERZO TITÁNICO» DE LA JUNTA
El parlamentario ha expuesto que, frente a la actuación del Estado, la Junta hace «enormes esfuerzos» para el mantenimiento de la ley, que «continúa siendo su apuesta» y, en este sentido, ha recordado que en el marco del plan contra la exclusión social ha habilitado 20 millones de euros para desarrollar la ley. «Existe un camino alternativo», ha demostrado.
Heredia ha indicado que Andalucía hace ese «esfuerzo titánico» pero se ha preguntado «¿Qué pasa en Castilla-La Mancha, Madrid o la Comunidad Valenciana?».
Por último, ha reflexionado sobre el empleo que genera la ley y, tras defender que es el sector que más trabajo crea en relación a la inversión pública, 30 puestos por cada millón de euros invertido, además de un 43 por ciento de retorno económico en IVA, IRPF y Seguridad Social, ha advertido de que con los recortes, solo en Andalucía se perderán unos 4.000 empleos en Ley de Dependencia.
CERMI Madrid pide un “cambio de rumbo” en materia de dependencia y autonomía personal en la Asamblea de Madrid
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Madrid, CERMI Comunidad de Madrid, compareció en la denominada Comisión Permanente de Políticas Integrales de Discapacidad de la Asamblea autonómica con el objetivo de analizar el grado de cumplimiento de la Ley 39/2006 para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, y para exponer las reivindicaciones del colectivo con respecto a esta normativa, que, a juicio de CERMI Madrid, “genera más dependencia que autonomía” y “no ofrece soluciones a los problemas que pretendía solventar, dado que los agrava”.
El presidente del CERMI Comunidad de Madrid, Javier Font, fue el encargado de intervenir en la citada comisión, que fue convocada en este caso a petición del grupo parlamentario de Izquierda Unida (IU). Font reiteró ante los diputados de la Asamblea que la mencionada Ley «está provocando un efecto contrario al deseado», dado que «alimenta la dependencia de las personas y, por el contrario, no fomenta que puedan valerse por sí mismas, lo que se traduce en un fracaso rotundo del sistema, al contribuir a que se avance hacia un modelo social de personas no integradas en la sociedad de forma plena y activa».
Asimismo, el presidente de CERMI Madrid criticó con dureza que «se pida al colectivo de personas con discapacidad, que no ha tenido nada que ver con la crisis, que asuma enormes sacrificios y recortes presupuestarios que alimentan su exclusión y que dificulta a muchas personas llevar una vida digna y plena». En este sentido, durante su intervención, el comité indicó que este «sobreesfuerzo» lleva a muchas familias a una situación «insostenible» y remarcó que el colectivo está cansado de que la Administración «vea a los Servicios Sociales como los causantes de la crisis y de la deuda de nuestro país».
Por todo ello, el presidente de CERMI Madrid, ante la atenta mirada de los diputados madrileños, sostuvo que «la austeridad en el gasto social no debe recaer siempre en los más débiles». También criticó con vehemencia que la Comunidad de Madrid obligue en la actualidad a muchas personas con discapacidad a ser valoradas como «dependientes» para obtener subvenciones sociales y la supresión de las ayudas individuales que la Comunidad destinaba al fomento de la Autonomía Personal.
«Desde que se aprobó la Ley de Dependencia y Autonomía Personal no hemos avanzado», remachó en varias ocasiones Font, para afirmar que esta normativa es usada como un instrumento por parte de la Comunidad para «obtener más financiación del Estado y reducir el gasto social en servicios primarios con arreglo a la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad». Por otra parte, el presidente de CERMI Madrid también trasladó a los diputados distintas reivindicaciones del tejido asociativo.
Pidió que sean los profesionales de los centros base quienes valoren, de forma exclusiva, a los dependientes, que se analice la situación de las personas con discapacidad en los centros penitenciarios y que se regule de forma adecuada la figura del asistente personal que contempla la Ley 39/2006, que carece de marco normativo que regule esta figura profesional. Además, reclamó que las personas con discapacidad se puedan acoger a un régimen fiscal especial que facilite la contratación de asistencia personal.
Por último, durante la comparecencia ante la Asamblea de Madrid, el presidente de CERMI Madrid reiteró que «ser pionero en tener un mayor número de plazas en residencias, de lo que se jacta la Comunidad, no es más que una constatación del fracaso de las políticas autonómicas en materia de autonomía personal».
Por ello, reclamó «un cambio de rumbo» para fomentar la autonomía personal en detrimento de la dependencia y aseguró que «no habrá avances mientras la Administración siga pensando que los programas de autonomía personal son más caros que abocar a las personas a vivir en centros residenciales».
Los cuidadores no profesionales de dependientes descienden un 86% en ocho meses en Asturias
El número de cuidadores no profesionales de personas dependientes dados de alta en la Seguridad Social en el Principado de Asturias era de 3.216 en julio del año pasado y de 450 el pasado mes de marzo, lo que supone un descenso del 86 por ciento en ocho meses, según una respuesta parlamentaria del Gobierno central al PSOE.
En concreto fue el coordinador de la Interparlamentaria del PSOE de Andalucía, Miguel Ángel Heredia, quien preguntó al Ejecutivo sobre los datos de los cuidadores no profesionales a dependientes. En Andalucía, la reducción fue del 92%.
En declaraciones a los periodistas en el Congreso, el coordinador de la Interparlamentaria del PSOE-A, Miguel Ángel Heredia, ha denunciado la «demolición» que el Gobierno del PP practica a las políticas de la Ley de Dependencia en Andalucía y en el conjunto del país y ha criticado el «brutal recorte» de las ayudas en el entorno más cercano al dependiente y el «intento soterrado de privatización».
Además, ha señalado que desde que en 2007 entró en vigor la Ley, el Gobierno se hacía cargo de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores, en su mayoría mujeres, con el objetivo de que tuvieran una pensión de jubilación, pero el Gobierno del PP «impide que sea así y ahora es el propio trabajador el que tiene que pagar la seguridad social si quiere».
De este modo, ha lamentado que, además de haber reducido en un 15 por ciento el sueldo a los cuidadores no profesionales, que pasaron de percibir en torno a 520 euros a 440, no se les paga la cotización. «Calculen el gasto que supondrá contratar a cuidadores profesionales o ingresar a sus seres queridos en una residencia y las cifras de negocio que se manejan con compañías privadas y en las que se convertirá la cuarta pata del Estado del Bienestar».
Esta situación ha llevado al diputado a denunciar que el Gobierno actual «hace todo lo que está en sus manos para enterrar la Ley de Dependencia». Heredia también ha afeado que «lo primero que hizo» el Ejecutivo en esta materia fue retrasar en dos años la incorporación al sistema de los dependientes moderados. «Todas las decisiones sobre ley de dependencia no han hecho más que poner en riesgo su continuidad», ha añadido.
El coordinador de la interparlamentaria considera que el PP «se está retirando paulatinamente de la Ley de Dependencia» y, con respecto a los porcentajes de financiación que debe asumir cada administración, ha dicho que la ley nació para ser financiada al 50 por ciento por el Estado y al otro 50 por las comunidades autónomas, pero en el caso de Andalucía, el Estado solo paga el 30 por ciento y la Junta, el restante 70 por ciento.
Se trata, a su juicio, de un «desequilibrio» que «pone en riesgo el futuro de la Ley» ya que la administración regional «no puede sufragar todo los que el Estado deja de pagar». Así las cosas, cree que con medidas como estas el Estado «castiga una vez más» a Andalucía, que ha sido «líder» en la implantación y aplicación de la ley, como demuestra que una cuarta parte de los dependientes esté en la región, y que ha «perdido»204 millones desde que Rajoy llegó al Gobierno.
Castellón concentra el 20% de la red pública concertada de la dependencia, que integra ya más del 40% de mayores de la CV que viven en centros
Es necesario consolidar la red pública de atención para garantizar que en 2 años el sistema de la dependencia llegue a todos los castellonenses, según Penadés
Una de cada cinco personas en situación de dependencia de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas es atendida en la provincia de Castellón, según ha señalado hoy el presidente de la patronal, Marcos Penadés, que ha destacado que esta entidad integra ya a más del 40% de los mayores que viven en centros socio-sanitarios en la Comunidad Valenciana.
Penadés ha explicado que la red de centros públicos y concertados que preside aboga por extender la presencia de recursos a todo el territorio y evitar así la concentración de recursos en zonas concretas, situación que obliga en casos de dependencia severa al desarraigo o la elección de recursos no adecuados para la necesidad del ciudadano.
En este sentido, el portavoz de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas ha recordado que, desde su constitución, se ha incrementado progresivamente la presencia de recursos en la provincia de Castellón, cubriendo en la actualidad el 35% del territorio, con un total de 18 recursos y más de 1.200 plazas asistenciales, así como centros de día, servicios de ayuda a domicilio, etc. De esta forma, más del 80% de la población de la provincia tiene una residencia de la red pública concertada en su población o poblaciones cercanas.
Para Marcos Penadés, la sociedad demanda a los gestores de la dependencia que articulen las medidas oportunas para consolidar una red pública de atención que garantice que, en menos de 2 años, el sistema de la dependencia llegue a todos los castellonenses que lo necesiten. Y, como ejemplo, ha recordado que actualmente casi una de cada cuatro personas con derecho a recibir ayudas aún no la recibe, si bien, el nuevo modelo que está perfilando el Ministerio de Sanidad puede reconducir esta situación.
Penadés, que ha realizado estas declaraciones en su visita periódica a los recursos de Aecas en la provincia de Castellón, ha incidido en que las medidas adoptadas hasta la fecha, como la simplificación normativa y de niveles de aplicación -de seis niveles a tres- o la apuesta por la atención en recursos profesionales, permiten vislumbrar un futuro para el actual sistema de la dependencia.
Control de la Administración
No obstante, el portavoz de la Red pública concertada ha manifestado que es necesario que los indicios –nuevos beneficiarios en el sistema y reducción de la lista de espera- se concreten para autonomías como la valenciana, en la que la tasa de reposición y la deuda mantenida con el sector han generado una situación difícilmente sostenible, que sólo puede sobreponerse recuperando la confianza de los ciudadanos mediante la garantía de una red pública sustentada en concursos públicos abiertos y con un férreo control de la Administración Pública.
Así Penadés, ha defendido una apuesta por los recursos públicos y concertados, que representan el 90% de los asociados de AECAS, con una amplia distribución geográfica, incluyendo las zonas del interior de la Comunidad Valenciana, con menor densidad de población, pero con las mismas necesidades de atención a las personas dependientes.
El nuevo servicio de la Junta de ayuda a domicilio será “más justo”
En su habitual repaso de las medidas aprobadas en el Consejo de Gobierno de Regional, el delegado de la Junta en Ciudad Real , Antonio Lucas-Torres, ha destacado el cambio en el modelo de gestión del servicio de ayuda a domicilio que a partir de ahora dará cobertura a todos los municipios de la región,cubriendo así a las 200 poblaciones que no tenían convenio hasta el momento para poder prestar este servicio que, a partir de ahora “va a ser más justo que nunca”, según el delegado.
Lucas-Torres ha explicado que las ayudas se articularán a través de cheques de ayuda que serán entregados directamente a los usuarios y de los que podrán hacer uso directamente. En este sentido, ha destacado que las personas con ingresos inferiores a los 530 euros mensuales podrán disfrutar del servicio de teleasistencia de forma gratuita, teniendo solo que pagar menos de un euro al día, en el caso de requieran la asistencia presencial de algún cuidador. Aunque no ha podido determinar cuál será la cuantía para las rentas superiores, ha asegurado que “no se incrementarán en ningún caso”.
En cuanto a los encargados de prestar dicha asistencia, el delegado ha puesto en valor que serán los usuarios quienes decidan quién les atenderá, algo que repercutirá positivamente en el empleo de las zonas rurales, especialmente en el sector femenino más dedicado a este tipo de labores. La Junta dedicará 11,5 euros por hora de ayuda a domicilio entre lunes y sábado, un 5% mas de lo que financiaba el anterior Gobierno, según el delegado.
Ayudas al comercio
Otro de los temas destacados por Antonio Lucas-Torres en su comparecencia ha sido las ayudas aprobadas por el Consejo de Gobierno con un montante de 2 millones de euros destinadas al fomento, la competitividad y la modernización del comercio minorista. En concreto el delegado ha detallado que estas ayudas se enmarcan dentro de cinco líneas de actuación: el uso de nuevas tecnologías, promoción de calidad en comercio, potenciar el diseño de los productos, promoción de las zonas comerciales y establecimiento de fórmulas cooperativas entre los empresarios.
Una medida que se completará con la subvención del 100% del salario de los trabajadores que incorporen los pequeños comercios para la apertura de sus establecimientos los domingos y festivos, “se trata de apoyar a un sector que da trabajo a más del 14% en la provincia y genera 7.500 millones de euros cada años en la región”.
Los beneficiarios de ayudas a la dependencia caen por primera vez
Los recortes de prestaciones en la Ley de Dependencia, con motivo de un Real Decreto que en julio pasado modificó el sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, tuvieron sus primeras consecuencias en los beneficiarios en el mes de agosto. La decisión del Gobierno central suponía rebajar un 30% las prestaciones económicas a los cuidadores familiares y revisaba al alza los criterios de evaluación de la capacidad económica de los usuarios (incluido el patrimonio), para que las rentas más altas percibieran menos ayudas que las bajas. Pero, la revisión de cada uno de los expedientes trajo consigo que algunos dependientes vieran reducida su ayuda hasta el 90%.
La justificación de los responsables de la Junta de Castilla y León, que es la encargada de prestar este tipo de servicios, era que estos «sacrificios» debían servir para «garantizar la viabilidad» de los servicios sociales «ahora y en el futuro». Explicaciones que no fueron aceptadas por muchas familias afectadas que consideraban que los criterios utilizados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades eran abusivos. Además, a finales de año, la administración regional revisa la situación de cada beneficiario con la última declaración de la renta para comprobar si ha cambiado su situación financiera, ya sea por venta de inmuebles o la generación de intereses en las cuentas de ahorro.
El Real Decreto no se limitó a las personas que recibían prestaciones de la Ley de la Dependencia sino que hubo más cambios. Uno de ellos es que los grados de reconocimiento de la dependencia pasaron de 6 niveles a 3: gran dependencia, dependencia severa y dependencia moderada. Lo más relevante era que los dependientes moderados no tendrán derecho a las ayudas hasta 2015. Y eso tiene una consecuencia clara porque cada vez hay menos personas que entran al sistema, especialmente las personas con menos síntomas, según señalan fuentes del sector y asociaciones que atienden a personas dependientes.
La Consejería de Familia tiene valoradas la situación de dependencia a más personas con derecho a recibir la Ley de la Dependencia en la provincia de Burgos pero es inferior el número de beneficiarios. Frente a las 8.535 personas de septiembre del año pasado se ha pasado a los 8.147 individuos a mayo pasado que les corresponde recibir ayudas. En cambio, los beneficiarios han caído de los 8.039 a los 7.909. También ha bajado el número de prestaciones porque es posible que una persona cuente con varios servicios. En ese mismo periodo, de menos de un año, la cifra ha descendido en 212 (de 10.538 a 10.344).
En lo que va de 2013, Burgos cuenta con 173 beneficiarios menos. Se trata de una pequeña bajada pero lo más importante es el cambio de tendencia porque, hasta ahora, el número de personas que percibía ayudas con la Ley de la Dependencia no había dejado de crecer desde su puesta en marcha en 2007.
Más esfuerzos
No es un fenómeno que se circunscribe a la provincia burgalesa ni a la Comunidad Autónoma sino que es una situación generalizada a nivel nacional. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales recuerda en su último informe del Observatorio de la Dependencia que el ritmo de solicitudes durante los cuatro primeros años de la Ley alcanzaba un promedio mensual de más de 30.000 en el conjunto del país; en el año 2011 «apenas» superó las 9.000 solicitudes y en el pasado 2012 «ni siquiera el promedio mensual llegó a las 2.500». A juicio de esta entidad, «lejos de dejar morir por inanición el sistema de atención a la dependencia, este es el momento de rentabilizar todo el esfuerzo pasado».
En la actualidad y según los últimos datos hechos públicos por la Junta, la provincia cuenta con casi 13.000 personas que tienen valorada su situación de dependencia, a través del correspondiente expediente. Cerca de la mitad (5.900) tiene su domicilio en la capital burgalesa, 1.300 en Miranda de Ebro, 1.100 en Aranda y 4.600 en el resto de los municipios de la provincia. De este número total, solo 7.909 tienen reconocidas sus prestaciones en la Ley de la Dependencia, que suman unas 10.300 ayudas. Los cálculos de la Consejería es que el 97% de la población dependiente en Burgos con derecho a prestación ya la recibe. Supone, cerca de 20 puntos por encima de la media regional.
La Asociación de Directores y y Gerentes de Servicios Sociales lamenta que en España haya cada vez más personas a la espera de ser valoradas, «haciendo que uno de los apartados que hasta ahora habría funcionado con cierta agilidad, en la actualidad, presente unos plazos medios de espera aún muy elevados». Creen que es una situación relacionada con la actual crisis económica, con presupuestos públicos restrictivos y que fuerza a las Comunidades Autónomas a «ralentizar artificialmente» el sistema. No en vano, advierte que uno de los fallos es el inadecuado, insuficiente y tramposo sistema de financiación, además de las diferencias de gestión entre unas regiones y otras.
Sistema estabiilizado
La consejera de Familia, Milagros Marcos, explicó hace unos meses que el sistema en Castilla y León se encontraba «estabilizado», con entre 100 y 150 usuarios cada mes y que «no se esperaban grandes incrementos».
La asociación de profesionales del sector alerta de que en los últimos meses se ha producido una «revisión brutal» con la adjudicación de grado por debajo del obtenido a dependientes en su día con grados superiores. Esto provoca, según ellos, la «cronificación de ese limbo de la dependencia», que cuantifican en 230.000 personas en España. Precisa que esa cifra ha bajado en el último año pero motivada, sobre todo, por el retraso en la atención de los dependientes moderados hasta el 2015 y a los fallecimientos que se producen mientras esperan la atención.
Cataluña está elaborando una ley propia de dependencia
La consejera de Bienestar Social y Familia de Cataluña, Neus Munté, anunció en el Foro Nueva Economía, celebrado recientemente en Barcelona, la elaboración de la Ley Catalana de Dependencia, “una ley propia con una mayor transversalidad entre servicios sociales y sanidad, y con una mayor financiación”. Para ello, se ha constituido un grupo de expertos, con el objetivo de que la ley esté aprobada dentro de la actual legislatura.
En su opinión, la Ley de Dependencia necesita de una reforma desde el punto de vista conceptual, y está amenazada por una financiación insuficiente desde sus inicios.
Para Munté, la financiación es un elemento fundamental en el desarrollo del sistema de atención a la dependencia. Debe ser suficiente para garantizar su sostenibilidad, tanto en las aportaciones provenientes de los Presupuestos Generales del Estado como en el presupuesto autonómico y el copago. Es necesario avanzar una ley marco de protección social, que plantee un equilibrio territorial y una adecuada colaboración entre el sector público y la iniciativa privada.
La reforma de la ley de dependencia del año 2012 definió una importante reducción en la aportación de los Presupuestos Generales del Estado. Según la consejera, en el año 2008 el 66 % del presupuesto de dependencia fue aportado por la Gobierno central y el 34 % por los Presupuestos Generales del Estado. Estas cifras han sido del 80 y del 20 % en 2012.
Se refirió también a la importancia de la participación de las personas mayores en la sociedad y de las relaciones intergeneracionales. Para ello, incidió en la necesidad de promover políticas de envejecimiento activo.
Gipuzkoa se declara insumisa de los “recortes” en la ley de dependencia
La Diputación de Gipuzkoa ha aprobado el decreto que mantiene en esta provincia la cuantía de las prestaciones económicas por dependencia en 2013, con lo que «no se verán perjudicadas por los recortes aplicados por el Gobierno español», según ha informado la portavoz foral, Larraitz Ugarte.
El Consejo de Diputados ha acordado «blindar» las cuantías máximas para quienes vienen percibiendo la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, la de asistencia personal, que se ha ampliado a nuevos grados, y la vinculada al servicio domiciliario. Serán más de 11.600 las personas beneficiadas en el territorio, ha explicado Ugarte.
Ugarte ha recordado que el Gobierno de Rajoy aprobó el pasado mes de julio lo que ha calificado de “contrarreforma” de la Ley de Dependencia, que supone, entre otros recortes, la reducción de un 15% en la cuantía de las actuales prestaciones y de un 30%, en las nuevas altas. En concreto, las medidas del Ejecutivo central suponen que Gipuzkoa perderá este año alrededor de 10 millones de euros de ingresos para sufragar prestaciones y servicios.
«Ante semejante vulneración de los derechos económicos de las personas con dependencia, el Gobierno foral ha dejado claro desde un primer momento su rechazo absoluto y su negativa a aplicar restricción alguna en Gipuzkoa, a pesar de que supondrá un enorme esfuerzo para las arcas forales», ha afirmado la portavoz, quien ha calificado de «estratégico» para la Diputación el mantenimiento de estas ayudas sociales.
El decreto foral supone que se mantiene en 520,69 euros la prestación económica para cuidados en el entorno, que perciben casi 10.300 personas en Gipuzkoa; 833,96 euros, tanto para la prestación vinculada al servicio como para la de asistencia personal, que perciben 150 y 1.190 guipuzcoanos, respectivamente.
El impulso de la ley de la dependencia y el espacio socio sanitario se encuentra en una vía muerta
– La FED ha reiterado que “es una incongruencia reducir presupuesto en dependencia” al tratarse de un sector con oferta y demanda
– El presidente de FES Y FED insisten en que el impulso de la Ley de Dependencia se encuentra en una vía muerta
– La mesa de debate itinerante recorrerá toda España en los próximos meses organizada por FED en colaboración con la Fundación Economía y Salud
El miercoles 5 se celebró en Valencia la II edición de las MESAS DE DEBATE, organizadas por la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), en colaboración con la Fundación Economía y Salud para reflexionar en torno al sector socio sanitario en España y en particular, mejorar la realidad de la dependencia en España desde una plataforma que recorrerá España de forma itinerante.
En su segunda edición,la Mesa de Debate ha contado con la asistencia de los presidentes de las entidades responsables de la organización de esta Mesa – Alberto Echevarria, presidente de la FED y Alberto Giménez, presidente dela Fundación Economía y Salud- José María Moreno, presidente de Aerte y los representantes de Sanidad y Bienestar Social, Manuela García Reboll –Secretaria Autonómica de Discapacidad y Dependencia, Bienestar Social- y José Luis Trillo, Director General de Farmacia dela Conselleria de Sanidad.
Durante la apertura de esta mesa de debate, el representante dela FED ha manifestado que la Dependencia se encuentra en una vía muerta, con los consiguientes perjuicios que representa para las empresas que integran el sector y en particular, para los 300.000 trabajadores y el millón de usuarios que diariamente reciben ayuda desde el sector.
El presidente dela Fundación EyS-Alberto Giménez- ha destacado el carácter estratégico del sector dependencia así como el potencial que le aportaría una mayor coordinación en su contexto socio sanitario, por las oportunidades que ofrecería una gestión compartida entre las áreas de Sanidad y Bienestar Social.
En la misma línea, Giménez, que considera que el espacio de la dependencia se encuentra en una vía muerta, ha calificado como error recortar en salud, máxime para un sector clave para el desarrollo económico, como el socio sanitario. Jiménez también ha apostado por alcanzar una coordinación socio sanitaria.
Por su parte el presidente de Aerte -José María Moreno- ha apelado a la necesidad de activar la concesión de PEVs (plazas vinculadas al servicio) para garantizar los derechos y la calidad de vida de los usuarios, destacando a su vez las diferencias existentes en los costes de una residencia pública frente a la privada, más económica y rentable. En este sentido, el presidente de Aerte ha destacado el ejemplo que representala ComunidadValencianafrente al resto de España, en cuanto a dependencia se refiere, por su carácter innovador.
Federación Empresarial de la Dependencia (FED)
El presidente dela FederaciónEmpresarialdela Dependencia, José Alberto Echevarría, ha incidido en la necesidad de apostar por la ley de dependencia, así como en los múltiples beneficios tanto sociales como para el ciudadano en particular, que garantizar el sector dependencia, un sector que en el ejercicio de su actividad y según ha manifestado Echevarría, tiene oferta, demanda, genera riqueza y empleo estable, de calidad y no deslocalizable.
El presidente dela FED ha mostrado su contrariedad frente al hecho de que el sector cumpla un servicio social esencial, garantice los derechos de los ciudadanos y a la vez, genere importantes retornos en el ejercicio de su actividad, tanto para el ciudadano como para la Administración, en la forma de fiscalidad, empleo, seguridad social y otras partidas rentables.
Por ello, el presidente dela FED ha calificado como contradictorio que con esta perspectiva, la Administración continúe recortando en dependencia, pues no solo recorta un servicio esencial, sino la posibilidad de crecer desde el sector.
Durante su intervención, José Alberto Echevarría ha destacado la necesidad de incrementar el presupuesto para dependencia, así como la importancia de las plazas vinculadas al servicio (PEVS) tanto por la asistencia que ofrecen como porque garantizan la libertad del ciudadano para elegir, algo que enla Comunidadn Valencianano se está cumpliendo, pues no se están concediendo PEVS.
Sanidad y Bienestar Social
La mesa de debate promovida porla FEDyla Fundación EyS también ha contado con la asistencia de José Luis Trillo, Director General de Farmacia, y de Manuela García Reboll, Secretaria Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, quien ha defendido continuar impulsando la Ley de Dependencia, aún en el momento de colapso en el que nos encontramos, por el servicio que cumple.
En este sentido,la SecretariaAutonómica ha justificado la no concesión de nuevas Plazas Vinculadas al Servicio (PEVS) a la ausencia de crédito, destacando que se priorizarán las PEVS frente a la resolución de prestaciones para el entorno familiar.
Mesa Itinerante de Debate
La mesa debate itinerante se ha celebrado hoy en Valencia con la participación de los Presidentes de las distintas asociaciones dela Federación Empresarialde Asistencia ala Dependencia(FED) y patronos y comité de expertos dela Fundación Economia y Salud.
La FED, fundada en el año 2006, está integrada por 17 patronales autonómicas, que representan 150.000 plazas residenciales, 28.000 plazas en centros de día, 230.000 beneficiarios de ayuda a domicilio y 315.000 usuarios de teleasistencia.
ACRA denuncia que la Residencia Can Serra de Sant Esteve Sesrovires está en una situación límite por la deuda del Ayuntamiento con el centro
Además de los casi medio millón de euros de esta deuda generada por retenciones irregulares realizadas por la Sociedad Municipal, la empresa gestora de este centro concertado todavía está esperando cobrar los 110.228,43 euros del impago del ICASS de julio del año pasado
Si no se soluciona el problema, la emprensa Innovación y desarrollo asistencial S.L. (IDEA), que atiende a los 130 usuarios del servicio público de este consistorio del Baix Llobregat, no podrá hacer frente al pago de las nóminas de los 60 trabajadores
ACRA denuncia que el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires está trayendo al límite el equilibrio financiero la Residencia y Centro de día Can Serra en no abonar en el centro el 100% del que recibe del ICASS en concepto de atención a usuarios del sistema público de atención a la dependencia. La entidad Innovación y desarrollo asistencial S.L. (IDEA), ha alertado a *ACRA que a los 465.000€ que los debe de la Sociedad Municipal se tienen que añadir los 110.000€ del impago del ICASS de julio del año pasado.
Si los actores públicos implicados en el centro no reaccionan pronto ante el alerta de la entidad gestora, muy pronto esta no podrá hacer frente a sus responsabilidades con trabajadoras y proveedores, poniendo en una en una situación límite también la atención de los 130 usuarios del servicio. Por estos motivos, ACRA apoya a IDEA a la hora de reclamar en este Ayuntamiento del Baix Llobregat que restablezca el equilibrio económico financiero de la concesión abonando el 100% del que recibe del ICASS y regularizando los saldos pendientes, así como la facturación de las plazas de respiro que factura directamente.
Igualmente, la empresa pide a la ICASS que intervenga el contrato existente para asegurar que el pago correspondiente al servicio asistencial desarrollado lo reciba la entidad que gestiona el equipamiento para el pago de nóminas y proveedores. Además, y ante la gravedad de una posible repercusión en el servicio a los usuarios del centro, IDEA ya ha denunciado el asunto al defensor del pueblo de Cataluña pidiéndolo que intervenga para asegurar el derecho de las
personas que ocupan plazas concertadas a ser atendidas y que restablezca que el perjuicio empresarial que está sufriendo por la falta de respuesta de las Administraciones Públicas.
748.235 dependientes, beneficiarios de la Ley de Dependencia
Un total de 748.235 personas figuran a 30 de abril como beneficiarias de alguna de las prestaciones o servicios que ofrece la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, mientras que 218.345 tienen reconocido el derecho a acceder a estas ayudas pero aún esperan que les sean concedidas, conforme los difundidos por del IMSERSO tras depurar los 25.806 expedientes irregulares denunciados por el Tribunal de Cuentas.
En concreto, el proceso ha supuesto la regularización de 13.110 casos en el primer trimestre del año y otros 12.696 sólo en el mes de abril, cuando se ha completado la ‘limpieza’. No obstante, menos de la mitad de estos han tenido un efecto sobre las estadísticas generales: se trata de 5.929 casos eliminados del cómputo global, bien porque el dependiente que figuraba había fallecido, bien porque su expediente estaba duplicado.
Así las cosas, el número de personas recibiendo un servicio o prestación queda en 748.235, lo que supone un descenso en el número de beneficiarios de la ley de dependencia tanto respecto del mes de marzo (2.259 personas menos con datos ya regularizados) como en comparación con diciembre de 2012 (3.316 personas menos).
En cuanto a la lista de espera, que también se ha visto afectada por la regularización de expedientes duplicados o de personas que ya habían fallecido, a 30 de abril figuran 218.345 personas, 20.281 menos que en marzo y un 28,63 por ciento menos de las que figuraban a 1 de enero de 2012.
Para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales este dato es un «espejismo» que no refleja una mejora en el sistema ya que, de ser así, el número de personas atendidas se habría incrementado en la misma proporción que se reducía la cifra de quienes estaban esperando. Sin embargo, no sólo no se ha incrementado sino que se ha reducido el número de beneficiarios.
Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press, el director de la organización, José Manuel Ramírez, quien asegura que miles de personas en situación de dependencia han fallecido desde enero de 2012 esperando a recibir la prestación o servicio a la que tenían derecho por ley. «Es una inmoralidad decir que se reduce ese limbo de la dependencia por un aumento en la prestación de servicios, porque se debe al recorte de derechos y a los fallecimientos», ha afirmado.
MÁS DE 12.000 FALLECIDOS EN LAS LISTAS
En este sentido, citando datos oficiales indica que cuando Ana Mato llegó al Ministerio de Sanidad, «1.045.000 personas tenían derecho a recibir atención por dependencia y ahora son 966.580», lo que achaca a la reforma que ha dejado fuera del sistema a los dependientes moderados, a la falta de incorporación de nuevos dependientes severos y a los fallecimientos entre quienes estaban atendidos.
En cuanto a las regularizaciones, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales consideran que se trata de un asunto «ridículo» y «residual» que no afecta demasiado a los grandes datos del sistema, ya que se trata de 13.418 expedientes «en un mar de más de un millón de personas» que están de un modo u otro, integradas en el sistema.
El Tribunal de Cuentas denunció posibles irregularidades en un total de 25.806 expedientes. Según los datos difundidos por el IMSERSO, 12.055 resultaron corresponder a personas que habían fallecido y seguían dadas de alta, en 1.363 casos se trataba de duplicidades, y en otros 12.388 había errores que se han subsanado sin generar repercusiones a nivel estadístico. Hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas cobran del Estado para la ley de Dependencia en función del número de beneficiarios que tengan. Tras la depuración, figuran 13.418 menos.
De ellos, el grupo más amplio correspondía al sistema andaluz, donde el Tribunal de Cuentas detectó hasta 5.174 incidencias, de las que 2.248 resultaron ser expedientes de fallecidos (1.359) o casos duplicados (889). En número le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.834 expedientes retirados de las estadísticas oficiales (1.666 de difuntos), Cataluña, que tenía 1.472 irregulares (1.469 de fallecidos) y Castilla y León, con 1.438 casos (1.288 de fallecidos).
En el lado opuesto, las comunidades que ofrecían al Gobierno datos más fiables eran La Rioja, con 15 expedientes irregulares, todos de fallecidos; Baleares, con 24; y Canarias, donde figuraban 93 personas que ya habían muerto y tres duplicidades.