Cataluña está elaborando una ley propia de dependencia
La consejera de Bienestar Social y Familia de Cataluña, Neus Munté, anunció en el Foro Nueva Economía, celebrado recientemente en Barcelona, la elaboración de la Ley Catalana de Dependencia, “una ley propia con una mayor transversalidad entre servicios sociales y sanidad, y con una mayor financiación”. Para ello, se ha constituido un grupo de expertos, con el objetivo de que la ley esté aprobada dentro de la actual legislatura.
En su opinión, la Ley de Dependencia necesita de una reforma desde el punto de vista conceptual, y está amenazada por una financiación insuficiente desde sus inicios.
Para Munté, la financiación es un elemento fundamental en el desarrollo del sistema de atención a la dependencia. Debe ser suficiente para garantizar su sostenibilidad, tanto en las aportaciones provenientes de los Presupuestos Generales del Estado como en el presupuesto autonómico y el copago. Es necesario avanzar una ley marco de protección social, que plantee un equilibrio territorial y una adecuada colaboración entre el sector público y la iniciativa privada.
La reforma de la ley de dependencia del año 2012 definió una importante reducción en la aportación de los Presupuestos Generales del Estado. Según la consejera, en el año 2008 el 66 % del presupuesto de dependencia fue aportado por la Gobierno central y el 34 % por los Presupuestos Generales del Estado. Estas cifras han sido del 80 y del 20 % en 2012.
Se refirió también a la importancia de la participación de las personas mayores en la sociedad y de las relaciones intergeneracionales. Para ello, incidió en la necesidad de promover políticas de envejecimiento activo.
