CERMI Madrid pide un “cambio de rumbo” en materia de dependencia y autonomía personal en la Asamblea de Madrid

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Madrid, CERMI Comunidad de Madrid, compareció en la denominada Comisión Permanente de Políticas Integrales de Discapacidad de la Asamblea autonómica con el objetivo de analizar el grado de cumplimiento de la Ley 39/2006 para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, y para exponer las reivindicaciones del colectivo con respecto a esta normativa, que, a juicio de CERMI Madrid, “genera más dependencia que autonomía” y “no ofrece soluciones a los problemas que pretendía solventar, dado que los agrava”.

CERMIEl presidente del CERMI Comunidad de Madrid, Javier Font, fue el encargado de intervenir en la citada comisión, que fue convocada en este caso a petición del grupo parlamentario de Izquierda Unida (IU). Font reiteró ante los diputados de la Asamblea que la mencionada Ley «está provocando un efecto contrario al deseado», dado que «alimenta la dependencia de las personas y, por el contrario, no fomenta que puedan valerse por sí mismas, lo que se traduce en un fracaso rotundo del sistema, al contribuir a que se avance hacia un modelo social de personas no integradas en la sociedad de forma plena y activa».

Asimismo, el presidente de CERMI Madrid criticó con dureza que «se pida al colectivo de personas con discapacidad, que no ha tenido nada que ver con la crisis, que asuma enormes sacrificios y recortes presupuestarios que alimentan su exclusión y que dificulta a muchas personas llevar una vida digna y plena». En este sentido, durante su intervención, el comité indicó que este «sobreesfuerzo» lleva a muchas familias a una situación «insostenible» y remarcó que el colectivo está cansado de que la Administración «vea a los Servicios Sociales como los causantes de la crisis y de la deuda de nuestro país».

Por todo ello, el presidente de CERMI Madrid, ante la atenta mirada de los diputados madrileños, sostuvo que «la austeridad en el gasto social no debe recaer siempre en los más débiles». También criticó con vehemencia que la Comunidad de Madrid obligue en la actualidad a muchas personas con discapacidad a ser valoradas como «dependientes» para obtener subvenciones sociales y la supresión de las ayudas individuales que la Comunidad destinaba al fomento de la Autonomía Personal.

«Desde que se aprobó la Ley de Dependencia y Autonomía Personal no hemos avanzado», remachó en varias ocasiones Font, para afirmar que esta normativa es usada como un instrumento por parte de la Comunidad para «obtener más financiación del Estado y reducir el gasto social en servicios primarios con arreglo a la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad». Por otra parte, el presidente de CERMI Madrid también trasladó a los diputados distintas reivindicaciones del tejido asociativo.

Pidió que sean los profesionales de los centros base quienes valoren, de forma exclusiva, a los dependientes, que se analice la situación de las personas con discapacidad en los centros penitenciarios y que se regule de forma adecuada la figura del asistente personal que contempla la Ley 39/2006, que carece de marco normativo que regule esta figura profesional. Además, reclamó que las personas con discapacidad se puedan acoger a un régimen fiscal especial que facilite la contratación de asistencia personal.

Por último, durante la comparecencia ante la Asamblea de Madrid, el presidente de CERMI Madrid reiteró que «ser pionero en tener un mayor número de plazas en residencias, de lo que se jacta la Comunidad, no es más que una constatación del fracaso de las políticas autonómicas en materia de autonomía personal».

Por ello, reclamó «un cambio de rumbo» para fomentar la autonomía personal en detrimento de la dependencia y aseguró que «no habrá avances mientras la Administración siga pensando que los programas de autonomía personal son más caros que abocar a las personas a vivir en centros residenciales».

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