Dependencia
Música y teatro para reivindicar la Ley de Dependencia
La plataforma en defensa de las personas en situación de dependencia organizó ayer un acto para reivindicar la aplicación de la Ley de Dependencia. La cita tuvo lugar en el Centro Cultural de Muro donde actuaron los miembros del grupo de dolçainers i tabaleters La Xafigà quienes interpretaron la obra «Dependents» del compositor José Rafael Pascual Vilaplana. El cantautor contestano, Andreu Valor, también pisó el escenario para ofrecer un pequeño concierto y los actores y actrices de Faula Teatre protagonizaron una representación.
La plataforma organizó este acto para «denunciar delante de la sociedad la falta de aplicación y eficacia de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia que todavía estamos sufriendo en la sociedad valenciana», para «sensibilizar y visualizar la existencia de las personas dependientes y el mundo que nos rodea» además de «informar a toda la sociedad, y en especial a las personas con situación de dependencia de nuestras comarcas, el ataque permanente que estamos sufriendo por una mala gestión del Gobierno central vulnerando el derecho subjetivo adquirido mediante la LAPAD», según señaló este colectivo a través de un comunicado.
En noviembre se han dado de baja 85.233 cuidadores de dependientes
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha reconocido que no se podían mantener las cotizaciones a la Seguridad Socialde las personas que atienden a sus familiares dependientes, después de conocerse que en noviembre se han dado de baja 85.233 cuidadores.
Así lo ha indicado Moreno durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Senado, donde ha explicado que la Ley para la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia no obliga a dar de alta a este colectivo, sino que «da la posibilidad», pero «sin asignación presupuestaria».
En este sentido, ha señalado que para las cotizaciones el Gobierno socialista destinó 33 millones de euros, cuando se necesitaban más de 300. Esto, según el ‘número dos’ del departamento de Ana Mato, ha generado al IMSERSO una deuda de 1.034 millones de euros con la Seguridad Social.
«La relación entre el cuidador y el dependiente se recoge más en el ámbito familiar y no laboral», ha defendido el secretario de Estado, para añadir que la figura del cuidador no se recoge en el Estatuto de los Trabajadores.
Asimismo, ha señalado que hace un año el Gobierno reconoció esta deuda con la Seguridad Social que «había que pagar» y que, para ello, se han buscado «formulas muy flexibles» para que las cuidadoras hagan una aportación propia, si querían continuar cotizando.
Directores de Servicios Sociales dicen que los 117 millones para el Sistema de Dependencia eran de obligado cumplimiento
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios advierte de que los 117 millones aprobados por el pasado Consejo de Ministros para garantizar el nivel mínimo de protección de las personas en situación de dependencia no es fruto de una «sensibilidad especial», sino que obedece al obligado cumplimiento de la financiación de las comunidades autónomas en función de las personas dependientes reconocidas y atendidas.
«Lamentamos profundamente que ante un asunto tan serio y delicado como es éste, lejos de tener la prudencia de callar, se intente hacer una venta política tan desatinada y manipuladora de la realidad. Exigimos pleno respeto a la inteligencia de la ciudadanía, especialmente, de las personas dependientes y de sus familias», indica esta organización.
Por ello, critica la «triste demagogia» del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por decir que ha puesto en marcha esta medida a favor de las personas con discapacidad y señala que la lectura técnica de esta ampliación de crédito es la de la «falta de rigor en la previsión, provocando un desfase entre presupuesto y gasto de un 8,3 por ciento en dicha partida».
Los directores y gerentes de Servicios Sociales recuerdan que el «demoledor» Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio, que supuso la reforma de la Ley de Dependencia, redujo este nivel mínimo de financiación en un 14 por ciento y advierten de que, de no haber sido así, para las 21.252 personas incorporadas al sistema, el Estado tendría que haber ampliado su aportación no en 117 millones de euros sino en algo más de 136 millones.
Además, indican que si la reforma de julio hubiese ido en el sentido de «cumplir lealmente con una financiación paritaria (50%)», entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, el ministerio debería aportar 3.000 millones de euros, una cifra «muy lejana» de los 1.405 que se dice abonará en 2012.
Esta asociación pone de relieve que en la actualidad hay en espera 231.854 personas con derecho reconocido y que el dato de 21.252 incorporados en todo 2012 supone, a ese ritmo, «una espera de casi once años para atender la totalidad de expedientes acumulados». «La presunta nueva agilidad (74.000 personas menos en espera) es sobre todo fruto de restringir el derecho a atención a las personas con dependencia moderada», aseguran.
La dependencia sube al escenario
La Sala de la Llotja de Altabix de Elche acogerá el próximo viernes 7 de diciembre a las 19:00 horas la representación de la obra ‘Qué fem de la mare?’, en un acto organizado por la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de Elche.
La obra, dirigida por Pep Cortés y escrita por Ximo Llorens es una producción de La Dependent, con la que se pretende sensibilizar a la población sobre la situación de las familias en las que existe una persona dependiente.
Protagonizada por Neus Agulló, Maribel Casany y Marcos Cantó, ‘Qué fem de la mare?’ profundiza en las relaciones de pareja y familiares, en la necesidad de asumir responsabilidades y afrontar con sinceridad las pruebas a las que nos enfrenta la vida cotidiana. Entre el drama y la comedia, Cortés vuelve a emplear el toque cálido y cercano con la que triunfó ‘Sopar de Dimecres’, espectáculo que hizo merecedores de sendos premios de la Generalitat Valenciana a Neus Agulló como mejor actriz y a Ximo Llorens por mejor texto en 1997.
La representación se hará coincidir con el VI aniversario de la aprobación de la Ley de la Dependencia y servirá también para reivindicar, «en momentos de recortes tan dramáticos en los asuntos sociales», apuntan desde la asociación ilicitana, el desarrollo de la misma, «porque consideramos que es precisamente de los servicios que se prestan al amparo de esta importante Ley donde no deben de producirse recortes, si no más bien al contrario se ha de apoyar por el bienestar de las familias, de los dependientes y por la creación de empleo».
Cleries critica que el Gobierno haya «dimitido de sus responsabilidades» con los discapacitados
El conseller en funciones de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, ha deplorado que el Gobierno español haya «dimitido de sus responsabilidades» con los discapacitados al incumplir los pagos mínimos comprometidos con este colectivo, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este lunes.
A través de un comunicado, Cleries ha reclamado al Gobierno central que respete las competencias exclusivas de la Generalitat en el ámbito de la discapacidad, asegurando que la actual Ley de Dependencia está «muy ahogada económicamente y a día de hoy se ha demostrado ineficaz e ineficiente».
Además, ha explicado que el Govern ha hecho grandes esfuerzos para dar respuesta a la falta de compromiso del Ejecutivo español, y ha afirmado que desde Catalunya se ha trabajado por «poner las personas en el centro de las políticas, especialmente las más vulnerables».
Ha insistido en la necesidad de impulsar un cambio de paradigma en el ámbito de la discapacidad: «Dejar de hablar de dependencia para centrarnos en la promoción de la autonomía personal y en potenciar y poner en valor las capacidades de cada uno».
En este sentido, ha recordado que el Govern ha impulsado el anteproyecto de Ley de Accesibilidad durante esta legislatura y se ha comprometido a elaborar una Ley de Autonomía Personal antes de cuatro años.
La residencia Amma Haría, anfitriona del XI Encuentro de Mayores Institucionalizados de Lanzarote
Más de 150 personas de los cinco centros de mayores de la isla de Lanzarote participaron ayer de una jornada muy especial y emotiva en la que pudieron compartir actividades, una comida y música de la tierra en el transcurso del XI Encuentro de Mayores Institucionalizados de Lanzarote.
El acto, que se celebró en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría, fue organizado este año por la residencia Amma Haría, en colaboración con la Consejería de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote que coordina Marciano Acuña.
El consejero, que estuvo acompañado en el acto por el concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Haría, Jacobo Betancort, y por la directora de la residencia Amma Haría, Elisabeht Artiles, destacó la importancia de este tipo de actos que «fomentan el envejecimiento saludable y la concienciación de que se puede vivir de manera activa en todas las etapas de la vida». Además, Acuña quiso recordar que este año 2012 ha sido designado el «Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional».
Los 150 mayores institucionalizados que participaron en el acto forman parte de los cinco centros de mayores que se encuentran en la isla de Lanzarote: la residencia anexa del Hospital Insular, la residencia Amma Tías, la residencia Amma Haría, la residencia San Roque de Tinajo y el centro de día Las Cabreras.
AGRADECIMIENTOS AL GRUPO AMMA Y RESTO DE COLABORADORES
Marciano Acuña también quiso agradecer la colaboración de la Agrupación Musical El Pavón de Tías, que amenizó dicho encuentro con una pequeña obra teatral y varias canciones, así como a las radios municipales de Teguise, Tías, Tinajo y Radio Insular del Cabildo de Lanzarote, que trasladaron sus respectivos equipos hasta el municipio de Haría para compartir también este acto de mayores y hacerles partícipes de su actividad.
De igual forma, el consejero agradeció la especial colaboración de la Comunidad Terapéutica Zonzamas «por la preparación y reparto de la comida que se pudo disfrutar durante este X Encuentro de Mayores» y también al Grupo Amma, por haber contribuido a la organización de este importante evento.
Aerte se siente «marginada» por el Consell en el abono de la deuda frente a otros colectivos y anuncia nuevas acciones
El sector de la dependencia representado por Aerte ha asegurado este viernes que se siente «marginado» por la administración valenciana tras la intención manifestada por el Consellde pagar 10 millones de euros a discapacitados, «cuando el Ministerio de Sanidad ha confirmado haber abonado ya más de 339 millones de euros destinados a deuda de servicios sociales de cinco autonomías». En este sentido, ha anunciado que emprenderá nuevas acciones para dar a conocer su «discriminación».
Esta patronal del sector de la dependencia valenciana, que atiende a mas de 20.000 usuarios, ha calificado el anuncio de pago del Consell a discapacitados como un «parche inservible e infructuoso», ya que, según ha apuntado, «solo a los centros que representa –cifra que en su conjunto supera los 200– adeuda más de 100 millones de euros, equivalentes a las facturas impagadas de todo el año 2012». de esta cantidad, la patronal afirma «no haber cobrado aún ni un euro».
En esta línea, ha recalcado que la «decepción» del sector de la dependencia valenciano agrupado en Aerte «se evidencia aún más al conocer que el Gobierno central ha destinado 339,6 millones de euros al pago de conciertos de servicios sociales a través del Fondo de Liquidación Autonómico (FLA), abonando con ello facturas pendientes de las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunitat Valenciana, hasta el 21 de noviembre».
Frente a este dato, Aerte ha exigido «explicaciones» al Consell «por la situación en que se encuentra la dependencia valenciana y en particular, las empresas, trabajadores y pacientes de los centros que representa».
La patronal ha anunciado la adopción de nuevas medidas en su Asamblea Extraordinaria –que celebrará el 18 de diciembre– para acordar «las acciones oportunas a desarrollar para dar a conocer a la sociedad española en general y valenciana en particular, la situación de discriminación que existe sobre el sector de la dependencia en la Comunitat Valenciana».
El Gobierno inyecta 117 millones de euros más a la Dependencia
El Gobierno se afana por dotar suficientemente la Ley de Dependencia a pesar de las restricciones que impone la crisis económica. Con este objetivo y a la vista del aumento de los beneficiarios con prestación reconocida, el Consejo de Ministros aprobará hoy elevar en 117 millones de euros el nivel mínimo de financiación de la Ley de Dependencia estipulado para este año, según un documento al que ha tenido acceso ABC.
La cifra supone un incremento del 15% sobre el presupuesto inicial que estaba cifrado en 1.287 millones de euros. Así el crédito definitivo para el presente ejercicio ascenderá a 1.405 millones de euros, 119 más que el de 2011. Con esta cifra, que se repartirá a las comunidades autónomas, el Gobierno garantiza en todo el territorio nacional el nivel mínimo de protección a todas las personas que tienen reconocido algún grado de dependencia. El aumento de la dotación económica se debe a que desde enero de este año ha aumentado en 21.252 el número de beneficiarios con prestación reconocida. A octubre de este año, había un total de 1.005.000 personas dependientes con derecho a algún tipo de prestación.
Aumento de la protección
La medida garantiza, en medio de una situación de grave recesión, un nivel mínimo de protección, sobre todo después de que el Consejo Interterritorial, en el que están representadas todas las comunidades autónomas, acordara una reforma del sistema, que ha propiciado un descenso en el gasto de 835 millones de euros.
Dicho ahorro afectó sobre todo a las prestaciones económicas de los cuidadores familiares que, pese a ser considerado por el catálogo de servicios como de carácter excepcional, llegó a absorver el 46% del prespuesto de la Ley de Dependencia. Entonces se decidió reducir un 15% esas ayudas para poder mantener el resto de servicios. El efecto conjunto de ambas medidas es el aumento del nivel mínimo de protección, según el Ministerio.
Cabré entiende la «desesperación» de los discapacitados pero desautoriza el acto reivindicativo en las Corts
El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha asegurado que entiende la «desesperación» de las personas discapacitadas pero ha desautorizado el acto reivindicativo que ha tenido lugar este jueves en las Corts, en el que varios integrantes de la Marcha por la Discapacidad han interrumpido la sesión mientras él estaba interviniendo.
Cabré se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras presidir la comisión mixta TSJCV-Conselleria de Justicia, al ser preguntado por su opinión sobre la actuación de los miembros de esta Marcha, que finalmente han sido desalojados del parlamento valenciano.
Al respecto, el conseller ha indicado que esta actuación ha sido «desagradable» porque él ha ido a cumplir con su obligación como conseller y a dar cuentas: «yo me tomo muy en serio mi trabajo en las Corts», ha subrayado.
Así, Cabré ha afirmado que entiende la «desesperación» de este colectivo, pero ha remarcado que las Corts es una institución «muy importante» para los valencianos y «no está destinada precisamente a este tipo de actos».
En esta línea, ha reiterado que lamenta «mucho» la situación de los discapacitados, en relación con los impagos, pero ha repetido que «no era el momento ni el lugar» para hacer las reivindicaciones.
Preguntado por si se va a establecer un calendario de pagos para este colectivo, el conseller ha dicho: «ya estamos pagando», y ha puntualizado que este año el Gobierno valenciano ha abogado casi 500 millones de euros a este sector de la discapacidad –entre mayores, enfermos mentales, familias, mujeres, etc–, con lo que «se está haciendo un esfuerzo muy importante».
Asimismo, ha asegurado que «inmediatamente que podamos, haremos un plan de pagos y pagaremos». El objetivo es éste –ha dicho–, «cumplir con ellos –los dependientes– porque es nuestra obligación».
AMADE se reune en la CEOE para reclamar medidas que den viabilidad al sector
La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE) ha reunido este miércoles a más de 200 empresarios en la sede de CEOE para «dejar patente» la necesidad de adoptar medidas urgentes que den viabilidad a las empresas y centros en el sector, según ha informado en un comunicado.
«La dilación en los pagos, los recortes en los precios de los contratos establecidos y las bajadas de precios en los concursos públicos están devaluando seriamente la calidad de los servicios en las residencias de mayores y los centros de día de la Comunidad de Madrid», ha señalado AMADE.
Por ello, residencias y centros de día de Madrid han elaborado un manifiesto donde recogen sus demandas a la Administración y sus propuestas para mantener un sector «que genera empleo».
El presidente de la patronal madrileña, Javier Gómez, ha reivindicado a la Administración «hacer efectivas las propuestas que se están trabajando desde hace más de un año para mantener las empresas del sector y prestar un servicio de calidad para los mayores de la Comunidad».
Para AMADE, «las bajadas en los precios de los concursos, priorizando las bajadas de los mismos con 90 puntos no garantiza una calidad mínima en el servicio, sino servicios puramente asistenciales que no garantizan el derecho reconocido en la Ley de Dependencia».
Entre las propuestas realizadas por la asociación están agilizar las listas de adjudicación de plazas evitando la existencia de plazas vacías, optimizar ratios garantizando sistemas de calidad y racionalizando la adjudicación de las mismas a favor del usuario y sus circunstancias personales.
«Además, es clave la existencia de concursos que garanticen el mantenimiento de servicios de calidad a precios dignos. Trabajar por mantener empleo, tratándose de mujeres en su mayoría y de un nivel de formación básico, formadas en la atención a la persona mayor y apostando por la profesionalización del mismo», ha explicado AMADE.
La Asociación ha indicado que la colaboración entre la Administración y el sector privado es «básica», ya que «favorecerá la disminución del gasto sanitario, ofreciendo servicios especializados en el cuidado para aquellas personas hospitalizadas en situaciones de cronicidad que no requieren cuidados específicos para su recuperación, agilizando las listas de espera y disminuyendo el gasto público».
AMADE, ha ofrecido su colaboración a la Administración para la elaboración de estrategias que fomenten el empleo, generen recursos y creen posibilidades de ahorro.
Los centros de Aerte pedirán a los usuarios el adelanto de las facturas que no abona la administración
Aerte, la patronal representante del sector de la Dependencia en la Comunitat Valenciana, ha asegurado este miércoles que sus centros exigirán a los usuarios el adelanto de las facturas que no está pagando la administración ya que ha afirmado que, de otra manera, «resulta imposible que las empresas continúen financiando los servicios sociales que Bienestar Social no realiza».
La patronal ha advertido en un comunicado de que muchos usuarios que no tienen familia y que se encuentran atendidos en sus centros se verán en la calle en breve por no poder asumir el pago de facturas. La entidad ha explicado que resulta «inevitable» en esta situación, en la que no han cobrado nada en todo 2012, se produzcan cortes de suministros, desabastecimiento de productos de primera necesidad o absentismo de personal debido a impagos de nóminas acumuladas.
Aerte ha recalcado que la situación es «inaguantable» y, además, «inminente que muchos usuarios sin familia se verán en la calle dentro de poco ante la imposibilidad de poder asumir el pago de estas facturas». En esta línea, ha puntualizado que esto «se agrava con la situación precaria en la que están inmersos los más de 10.000 dependientes que tienen reconocidos sus derechos por la Ley de Dependencia y no están recibiendo el servicio».
«Tienen derecho de percibir una prestación pública desde hace años en la mayoría de los casos, y llegan a fallecer en la mayoría de las ocasiones antes de verlo realizado, de nuevo, por incumplimientos», ha criticado. La patronal ha calificado como «muy grave» la «falta continuada de palabra» del Consell hacia la población dependiente que representa Aerte –integrada por los más de 20.000 dependientes y más de 200 empresas– y ha lamentado su «falta de sensibilidad y compromiso en el ejercicio de sus funciones».
Aerte ha recalcado que el colectivo de la dependencia valenciano, que precisamente está «integrado por el segmento más débil y vulnerable de la sociedad», es el «único sector» que no ha cobrado nada en todo el año 2012. Asimismo, la patronal ha alertado de habrá cierre de empresas de atención a la dependencia, «lo que supondrá dejar de prestar sus servicios en la Comunidad Valenciana«.
En su opinión, «este hecho pone en tela de juicio la aplicación queBienestar Social está llevando a cabo de la Ley de Dependencia, una ley que ha sido recientemente reformulada y validada por el Gobierno central pero que no está siendo aplicada por el Gobierno autonómico», una realidad que califica como «muy grave».
Según la patronal, «son ya once meses los transcurridos desde que la Conselleria de Bienestar Social no paga ni un euro a los centros responsables de la atención y los cuidados de los dependientes y discapacitados, muchos de ellos tutelados por la misma administración, incumpliendo de forma grave y notoria con su compromiso de pago a la población dependiente así como con la palabra dada a la principal patronal de la dependencia valenciana y las empresas que la integran».
CON PRÉSTAMOS Y PÓLIZAS DE CRÉDITO
Aerte destaca que ya ha manifestado «en muchas ocasiones» las «dificultades» por las que atraviesan los centros de atención a la dependencia, que llevan «casi un año sufragando de su propio bolsillo los gastos que no paga Bienestar Social, sobrellevando la situación con préstamos y pólizas de crédito cuyos intereses están asumiendo e incluso, en ocasiones, comprometiendo su propio patrimonio personal».
La Diputación de Álava mantendrá las ayudas a los dependientes moderados de grado 1
El diputado general de Álava, Javier de Andrés (PP), ha anunciado que la institución foral mantendrá las ayudas para las personas dependientes moderadas de grado 1 a partir de 40 puntos de valoración, equivalente a un nivel de dependencia moderado.
De Andrés ha anunciado esta decisión durante el pleno de las Juntas Generales alavesas que se ha celebrado este lunes, según ha informado la Diputación en un comunicado.
En la Cámara foral, el diputado general ha asegurado que la Diputación mantendrá «niveles de protección adicional» en todas las prestaciones de la Ley de Dependencia para los alaveses que lleven tres años empadronados en el territorio.
En este sentido, ha informado de que, con las medidas aprobadas por el Consejo de Diputados, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar supondrá que los dependientes alaveses de grado 3 (gran dependencia) que cuenten con el requisito del padrón cobrarán 468,83 euros.
Por su parte, los de grado 2 (dependencia severa) recibirán 319,07 euros, y los dependientes de grado 1 a partir de 40 puntos de valoración de la dependencia (antiguo grado 1,2 correspondiente a la dependencia moderada) cobrarán 180 euros.
Según las cifras aportadas por la Diputación, estas cantidades contrastan con las del resto del Estado, donde los dependientes de grado 3 cobrarán 387,64 euros, los de grado 2 recibirán 268,79 euros y los de grado 3 percibirán 153 euros.
RESIDENCIAS Y ASISTENCIA PERSONAL
A su vez, la Diputación ha decidido mantener «niveles de protección adicional» en la prestación económica vinculada al servicio para los alaveses que cuenten con tres años de padrón, destinado al pago de residencias.
En este caso, según los datos de la institución foral alavesa, las personas dependientes de grado 3 recibirán 1.000 euros frente a los 715 que se abonan como regla general en el resto de España, y las de grado 2 percibirán 805 euros, mientras que en el resto del Estado reciben 426,12 euros. Por su parte, los de grado 1, también a partir de 40 puntos de valoración, cobrarán 508 euros, frente a los más de 200 que se les concede en los demás territorios.
Asimismo, De Andrés ha destacado como novedad la introducción de «niveles de protección adicional» en la prestación económica de asistencia personal, siempre que se cumplan los tres años de empadronamiento en Álava.
También ha decidido ampliar este tipo de prestación a los dependientes de los grados 2 y 1, pues los de grado 3 eran los únicos que lo percibían hasta la fecha. Con esta nueva medida, las personas dependientes de grado 3 cobrarán 775 euros, las de grado 2 recibirán 475 euros y las de grado 3, 325 euros.
GRADO 1
Por otra parte, dentro del nivel de protección adicional, y a pesar de que en el grado 1 se ha pospuesto su incorporación al sistema hasta el 2015, la Diputación mantendrá la atención al grado 1 a partir de los 40 puntos de valoración de dependencia. En el caso de los menores de tres años, la mantendrá en todo el grado.
Asimismo, el acuerdo del Consejo de Diputados adapta su normativa para acomodarla a la supresión de los niveles de cada grado. No obstante, los valorados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto del 13 de julio «de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad» conservarán su valoración y las cuantías de sus prestaciones por grado y niveles mientras no se revise su valoración de dependencia.
En su discurso, De Andrés ha señalado que, con estas decisiones, Álava «seguirá siendo un referente en la aplicación de esta ley a nivel estatal y autonómico».
La FED participará este domingo en la marcha por los derechos de las personas con discapacidad
La Plataforma del Tercer Sector participará convocada por CERMI, en el marco del ‘Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad’.
De esta forma, según ha asegurado la propia organización, muestra «su pleno apoyo y respaldo al CERMI» porque es una organización miembro de la plataforma y, «principalmente», porque comparte «plenamente» sus motivos y su alarma ante «los graves retrocesos que se están produciendo en materia de protección social para las personas con discapacidad en diversidad de planos y de políticas sociales».
En este sentido, la Plataforma del Tercer Sector ha destacado que uno de sus fines es la defensa de los derechos sociales reales y efectivos a través de los sistemas y mecanismos de protección social de los diferentes tipos de políticas a favor de los colectivos más vulnerables, como es el de la discapacidad o cualquier otro sector que representa.
LA FED PARTICIPARÁ «ANTE LA GRAVE SITUACIÓN EXISTENTE»
Por su parte, la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) participará en la marcha «ante la grave situación existente». En concreto, la organización ha denunciado que muchas personas en situación de dependencia se encuentran en lista de espera y «continúan en sus casas sin poder recibir los servicios que por ley tienen derecho»; así como los impagos que colocan a empresas e instituciones en «una situación límite de desabastecimiento de productos de primera necesidad, falta de pago de nómina de los trabajadores y cierres».
Asimismo, ha advertido de que la situación se agrava «de una manera extraordinaria» cuando se compara con otros sectores de la economía española. Como ejemplo, ha incidido en que hay sectores, como el del automóvil, que están recibiendo «apoyos y subvenciones» y en que, a su parecer, con esos mismos importes «podría solucionarse el problema existente y con mejores retornos». «La FED entiende que apoyar esta gran marcha es estar junto al sector de la dependencia tan dañado en estos momentos», ha concluido.
Las acusadas por la intoxicación de cuatro ancianos en un geriátrico almeriense aceptan seis meses de cárcel
Las dos acusadas por la intoxicación con salfumán de cuatro ancianos en el geriátrico ‘Nicolás Salmerón‘ de Alhama de Almería, por la que fallecieron dos de las víctimas, han aceptado penas que suman seis meses de prisión por dos delitos de homicidio imprudente y sendas multas de un mes con cuota diaria de tres euros por dos faltas de lesiones por imprudencia.
Durante la vista oral celebrada este viernes ante el Juzgado de lo Penal número 3, la directora del centro, M.P.M.G., y la empleada de la limpieza que dejó olvidada la botella con sosa cáustica en la estancia de uno de los residentes afectados, C.A.A., han admitido los hechos, por lo que el fiscal ha modificado el escrito de conclusiones por el que, de forma provisional, se interesaba una condena de tres años y seis meses de cárcel.
El Ministerio Público ha estimado que concurren las atenuantes de dilaciones indebidas, ya que los hechos se remontan a 2007, y la de reparación de daño al haberse satisfecho vía subsidiaria la responsabilidad civil e indemnizado solidiariamente a los familiares de las victima que oscilan entre los 76.600 y los 420 euros. Ha cambiado la calificación de delito de lesiones imprudentes por la de falta.
La sentencia, dictada ‘in vocce’ por conformidad, recoge, no obstante, la sustitución de las penas privativas de libertad por dos multas de 540 euros –seis meses a razón de tres euros al día– después de que lo solicitará la defensa y no se opusieran ni el fiscal ni las acusaciones particulares. Cabe recordar que la vista oral se aplazó el pasado lunes después de que se personara un nuevo heredero de una de las víctimas.
El Ministerio Público estimaba en su escrito de calificación provisional que tanto la responsable del centro como la trabajadora obviaron «las más elementales y mínimas normas de precaución y cuidado» con enfermos que «requieren una atención especial» al dejar «olvidada» en un aseo una botella de una marca comercial de agua mineral en cuyo interior habían «rebajado» sosa cáustica.
Según su relato, ambas, de 60 y 48 años, coincidieron en la mañana del día 14 de junio de 2007 en las labores de limpieza del cuarto de baño de una de las habitaciones de la tercera planta, destinada «a aquellos residentes con Alzheimer o demencia senil en estado avanzado». En ese momento, y debido a los problemas respiratorios que padece C.A.A., decidieron mezclar con agua el salfumán para «no usar este producto de forma directa.»
La botella de agua mineral quedaba minutos después «olvidada» en el aseo al acudir las acusadas a un «aviso en otra zona de la residencia» y era usada seis días después por otra empleada del geriátrico, quien la encontró sobre una de las estanterías de aseo, «como era habitual», para dar de beber a los pacientes que, en esos momentos, estaban en la estancia.
De inmediato, según recoge el fiscal, las cuatro víctimas comenzaron a encontrarse mal, por lo que tuvieron que ser evacuados de urgencia hasta el complejo hospitalario de Torrecárdenas, en la capital almeriense, donde fallecía apenas 24 horas después de su ingreso de una mujer de 75 años identificada como M.M.L.
Otros dos residentes recibían el alta médica en la UCI y eran trasladados al hospital de Cruz Roja, en el que fallecía un mes después la segunda víctima, un hombre identificado como J.L.Q. y de 91 años.
Aerte denuncia la falta de sensibilidad del Consell
Aerte ha criticado este viernes la «falta de sensibilidad y compromiso» del Consell hacia la población dependiente y ha denunciado que «no se muestra receptivo con la problemática que vive hoy día la población de enfermos dependientes», según ha informado la patronal mayoritaria del sector de la Dependencia en la Comunidad Valenciana.
En este sentido, aunque la patronal ha manifestado ser consciente de los múltiples esfuerzos efectuados por la Consejería de Bienestar Social para conseguir el pago, el Gobierno valenciano permanece pasivo ante las constantes súplicas de todos los agentes implicados en el sector de la dependencia, quienes día a día ven cómo la situación de impagos existente deteriora su calidad de vida y dificulta aún más la existencia del sector de la dependencia, las más de 200 empresas representadas por Aerte, sus trabajadores y los miles de dependientes a quienes prestan servicios.
«La dramática situación por la que están atravesando las empresas por los constantes impagos del Consell, teniendo en cuenta que no cobrado prácticamente nada en todo el año 2012, ha sido el detonante que ha conducido a la situación actual de incertidumbre y peligro para la supervivencia de estas empresas, los puestos de trabajo y la atención y la calidad de vida de uno de los colectivos más sensibles de nuestra sociedad: los dependientes», ha señalado.
Los más de 100 millones que la administración autonómica adeuda al sector de la dependencia, no solo dificultan la atención a todas las personas dependientes en un corto plazo, sino que aventuran la desaparición de más de 15.000 puestos de trabajo y la supervivencia de más de 200 empresas que hoy día prestan servicios a unas personas que tienen derecho a ellos por Ley.
Las empresas asociadas a Aerte mantienen un compromiso diario con la prestación de todos los servicios contemplados en el catálogo de la Ley de dependencia entre los que destacan la promoción de la autonomía personal, el servicio de teleasistencia, ayuda a domicilio, atención de las necesidades del hogar, cuidados personales, servicio de Centro de Noche, Centro de Día para mayores, menores de 65 años y de atención especializada, Centro de Noche y servicio de Atención Residencial.
Lista de espera de Ley de Dependencia se ha desbloqueado en 30.000 personas
El secretario de Estado de Sanidad, Política Social e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha asegurado hoy que la lista de espera que acumulaba la Ley de Dependencia se ha desbloqueado en más de 30.000 personas, un sistema que está «más vivo que nunca» y que se ha hecho «sostenible en el tiempo».Trabajadores del sector de la dependencia se concentran en Valencia y Alicante en protesta por el impago de sus nóminas
Trabajadoresdel sector de la dependencia se han concentrado este miércoles en Valencia y Alicante en protesta por el impago de sus nóminas como consecuencia de la deuda de la Generalitat, que cifran en 150 millones de euros, según ha informado en un comunicado CCOO, que ha convocado la protesta junto con UGT.
El sindicato ha cifrado en «centenares» las personas que han secundado la protesta en Valencia y Alicante, con presencia de trabajadores de distintos centros, que advierten de su situación «límite», y representantes de las dos centrales. Los participantes han reclamado que la administración «pague la gran deuda que tiene con el sector de la dependencia que atiende a la tercera edad y centros de mujeres maltratadas».
La concentración en Valencia se ha celebrado, primero, a las puertas de la Conselleria de Hacienda y más tarde frente al Palau de la Generalitat, con cánticos y gritos para exigir el pago «inmediato» de las nóminas a los trabajadores y defender la permanencia en el tiempo de la atención a las personas en situación de dependencia.
Según CCOO, «son más de 500 los centros y servicios afectados por los impagos» mientras que cerca de 20.000 trabajadores tienen dificultades para cobrar sus nóminas. Actualmente, el 10 por ciento del personal ya no los cobra y ven «peligrar» sus puestos de trabajo «por el alto riesgo de que las empresas entren en concurso de acreedores al no poder hacer frente a sus deudas».
Para los trabajadores, es «un sinsentido» que la Generalitat «quiera acallar las demandas de la población abonando solo 30 millones de euros para todo el sector cuando en total debe 150 millones».
QUE DEJEN DE «PONER PARCHES»
Los concentrados han exigido el pago «inmediato» de la deuda que tiene la Generalitat con los centros de Atención a la Dependencia y que dejen de «poner parches a una situación dramática y ya desesperante, porque así solo consiguen prolongar más la agonía de todos los afectados».
Según el manifiesto, «no se puede pretender acallar nuestras quejas haciendo pequeños pagos, como ejemplo los de Accesibilidad Social, que arrastra una deuda de diez mensualidades, y solo le han liquidado una».
Las trabajadoras y trabajadores del sector aseguran estar en «situación límite» por el «incumplimiento reiterado de la Generalitat de su obligación económica con los centros dedicados a la atención a las personas con dependencia», ya que los impagos se arrastran a lo largo del año y la deuda «supera ya los 100 millones de euros para la tercera edad».
«Lo que lleva a que, ante la falta de financiación bancaria, las empresas del sector están cerrando centros; despidiendo a trabajadores y, en la mayoría de los casos, dejando de pagar las nóminas», han denunciado, para lamentar la «incertidumbre que existe en el sector, tanto para empresas como para las plantillas».
Los trabajadores califican de «insoportable» los «continuos impagos del Consell; los recortes en dependencia; y las modificaciones en el concierto de las plazas de la Red de Utilización Pública, que están generando que el sistema que teníamos se venga abajo, y mientras se destruye el empleo, el empleo estable y de calidad e, incluso, a la incertidumbre constante de si se va a cobrar la nómina».
CCOO y UGT han pedido «transparencia y claridad» al Consell sobre el «tan anunciado Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que llega con cuentagotas y está produciendo situaciones injustas y denigrantes para las personas en situación de dependencia y para las trabajadoras y trabajadores que atienden a este colectivo tan necesitado».
Sin dinero para residencias, un matrimonio separado por la dependencia
Desde que su mujer, Antonia, ingresó en un geriátrico hace un año, Julio Tomás Ruiz, de 90 años de edad, vive solo en un cuarto piso sin ascensor. Cada día sube y baja las escaleras para ir a verla a la residencia. “Ayer hizo 59 años que nos casamos”, recuerda. Asegura que, con su pensión, no puede costearse otra plaza de residencia y está a la espera de la resolución de la ayuda de la dependencia. “Cada vez es más frecuente que personas que quieren entrar en una residencia no puedan hacerlo porque la Generalitat todavía no ha concedido la ayuda y ellos no pueden pagársela”, explica Mónica Lucena, coordinadora del área social de Amics de la Gent Gran, entidad que acaba de cumplir 25 años y que lucha desde el voluntariado contra la soledad de las personas mayores y su marginación social.
El de Julio no es un caso aislado. Hay personas mayores que todavía no han sido valoradas como grandes dependientes aunque tengan problemas que les reste autonomía personal. “Los criterios de la dependencia son muy restrictivos”, comenta Llum Delas, de la Asociación Solidaritat amb la Gent Gran, una entidad sin ánimo de lucro que gestiona un centro de día con 30 plazas ubicado en Ciutat Vella. Explica que en las valoraciones se tiene en cuenta sobre todo el criterio de la movilidad, la alimentación y la higiene, pero no “el deterioro cognitivo” relativo a la vejez, que según Delas, puede comportar olvidos, «como dejarse el gas encendido», que podrían poner en peligro la seguridad de la persona.
En contra de los impagos a la dependencia
Las fuentes consultadas coinciden en que es poco frecuente que personas mayores que ya están en una residencia la abandonen porque hayan dejado de poder costearla. Sin embargo, cada vez es más habitual que cuando no pueden pagarla, sean trasladadas a una plaza concertada o pública. De hecho, mientras que en muchos centros hay listas de espera para ocupar plazas públicas y concertadas, las vacantes en las privadas van en aumento, tal como se admite desde la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), que denuncia también el impago por parte de la Generalitat de 70 millones de euros correspondientes a los servicios prestados en el mes de mayo.
Por este motivo la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) ha decidido promover una iniciativa legislativa popular para que la administración catalana priorice por ley los pagos a ancianos dependientes y evitar así que puedan repetirse impagos de conciertos como ocurrió el mes de julio pasado. Piden que se bloqueen de los presupuestos las partidas destinadas a este colectivo.
Por otro lado, el Gobierno español ha aprobado medidas para reducir las partidas de servicios sociales, que ha impedido el desarrollo de la ley de la dependencia tal como fue concebida. Entre algunas de estas decisiones está la prórroga de la atención a las personas con dependencia leve hasta 2015, la reducción del 15% como mínimo de las pagas que recibe el cuidador familiar y la supresión de las cuotas que abonaba el Ejecutivo a la seguridad social.
Los profesionales y voluntarios geriátricos también señalan que cada vez es más habitual que las ayudas a la dependencia que concede la administración no lleguen a cumplir su función porque el dinero va a parar a manos de hijos y nietos en apuros económicos. “La crisis está agravando mucho la autonomía financiera de estas personas”, añade Llum Delas, que relata que algunos de los usuarios del centro de día en que trabaja como voluntaria cobran pensiones de entre 350 euros y 600 euros, “pero a veces este dinero sirve para que vivan familiares que han agotado las prestaciones de desempleo y no encuentran trabajo”.
Ayuda que no se paga
Más allá de las prestaciones administrativas, el sector de servicios sociales dedicados a atender las necesidades de la gente mayor también cuenta con varias organizaciones benéficas cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de este colectivo. Un ejemplo es Amics de la Gent Gran que está conformada por un equipo de 700 voluntarios. “Muchos de ellos son personas paradas que quieren ocupar el tiempo que ahora no dedican al trabajo en tareas de voluntariado”, explica la coordinadora del área social de la entidad sin ánimo de lucro, que, como curiosidad, cuenta con una voluntaria de 90 años.
Los voluntarios visitan una vez por semana a la persona mayor, que también tiene la opción de participar en una red de actividades para relacionarse con gente. Por ejemplo, tertulias a domicilio y excursiones. “Pretendemos que se sientan parte de un grupo y que no estén solas”, comenta Mónica Lucena. Y es que, según ella, la soledad tiene “un impacto directo” en las enfermedades. “La persona que se siente sola puede padecer más hipertensión, tiende a entrar en un estado de tristeza, de aislamiento, lo que genera a veces falta de autonomía”.