Derechos Sociales
La norma que modifica las pensiones abre la puerta al copago de medicamentos dispensados en farmacias de hospitales
El Real Decreto-Ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros para modificar las pensiones también ha introducido un cambio en la Ley del Medicamento por la que se establece que los medicamentos que se administran en las farmacias de los hospitales mediante orden de dispensación hospitalaria se equiparan a los que se administran a través de receta médica y, por tanto, podrían estar sujetos al copago farmacéutico.
El pasado sábado, 1 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, que introducía una modificación del artículo 94 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, relativo a las aportaciones de los usuarios.
En el primer punto de dicho artículo se amplía el concepto de la prestación farmacéutica ambulatoria para incluir en él, además de a los medicamentos dispensados mediante receta médica, a los que «se dispensan al paciente mediante orden de dispensación hospitalaria a través de oficinas o servicios de farmacia».
En concreto, las órdenes de dispensación hospitalaria son el documento que se utiliza para prescribir a pacientes no ingresados «medicamentos que exijan una particular vigilancia, supervisión y control, que deban ser dispensados por los servicios de farmacia hospitalaria a dichos pacientes».
De este modo, al ampliar el concepto de prestación farmacéutica ambulatoria se estaría también ampliando el abanico de medicamentos «sujetos a aportación del usuario», el llamado copago farmacéutico, como establece el segundo punto del citado artículo 94.
«La prestación farmacéutica ambulatoria estará sujeta a aportación del usuario», reza el articulado tras su última modificación, para luego detallar los porcentajes de copago según renta del ciudadano estipulados tras la reforma sanitaria impulsada por el Ministerio de Sanidad.
FÁRMACOS CONTRA EL CÁNCER O LA ARTRITIS PRECISAN ORDEN HOSPITALARIA
Según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press, entre los medicamentos que requieren orden de dispensación hospitalaria están algunos tratamientos contra el cáncer, la hepatitis C, la artritis reumatoide, la psoriasis, la esclerosis múltiple o numerosas enfermedades raras.
Su precio varía en función de la duración de los mismos y el número de dosis requerida. Por ejemplo, el fármaco para la artritis reumatoide y la enfermedad de Crohn adalimumab cuesta unos 1.127 euros por envase (que incluye dos jeringas de 40 miligramos), pero si se tiene en cuenta que el tratamiento requiere al menos 6 envases el coste ascendería a unos 6.762 euros.
Asimismo, algunos tratamientos para la esclerosis múltiple como el interferón beta 1a o 1b, el natalizumab o el fingolimod también requieren orden de dispensación hospitalaria, y el coste medio anual del tratamiento suele ascender a unos 14.500 euros por paciente.
Fuentes del departamento de Ana Mato consultadas por Europa Press aseguran esta modificación «no cambia nada» el sistema de copago que entró en vigor el pasado mes de junio, y que los medicamentos que son de uso hospitalario, como los antirretrovirales, «están exentos de pago».
De igual modo, precisan que los medicamentos para enfermedades graves o invalidantes tienen una aportación reducida por lo que, en caso de estar sujetos a copago, los ciudadanos sólo pagarían un 10 por ciento de su valor con un máximo de 4,13 euros.
Por su parte, en la exposición de motivos del RD-Ley, el Gobierno explicó que el objetivo de esta modificación era «precisar la equivalencia» existente entre la dispensación mediante receta médica y la dispensación mediante orden de dispensación hospitalaria ante las «desigualdades» que, según dicen, estaba provocando la existencia de una diferente nomenclatura para el mismo acto de dispensación, «unido al proceso acelerado de cierre de la implantación de la receta electrónica en el Sistema Nacional de Salud (SNS)».
Los centros de Aerte pedirán a los usuarios el adelanto de las facturas que no abona la administración
Aerte, la patronal representante del sector de la Dependencia en la Comunitat Valenciana, ha asegurado este miércoles que sus centros exigirán a los usuarios el adelanto de las facturas que no está pagando la administración ya que ha afirmado que, de otra manera, «resulta imposible que las empresas continúen financiando los servicios sociales que Bienestar Social no realiza».
La patronal ha advertido en un comunicado de que muchos usuarios que no tienen familia y que se encuentran atendidos en sus centros se verán en la calle en breve por no poder asumir el pago de facturas. La entidad ha explicado que resulta «inevitable» en esta situación, en la que no han cobrado nada en todo 2012, se produzcan cortes de suministros, desabastecimiento de productos de primera necesidad o absentismo de personal debido a impagos de nóminas acumuladas.
Aerte ha recalcado que la situación es «inaguantable» y, además, «inminente que muchos usuarios sin familia se verán en la calle dentro de poco ante la imposibilidad de poder asumir el pago de estas facturas». En esta línea, ha puntualizado que esto «se agrava con la situación precaria en la que están inmersos los más de 10.000 dependientes que tienen reconocidos sus derechos por la Ley de Dependencia y no están recibiendo el servicio».
«Tienen derecho de percibir una prestación pública desde hace años en la mayoría de los casos, y llegan a fallecer en la mayoría de las ocasiones antes de verlo realizado, de nuevo, por incumplimientos», ha criticado. La patronal ha calificado como «muy grave» la «falta continuada de palabra» del Consell hacia la población dependiente que representa Aerte –integrada por los más de 20.000 dependientes y más de 200 empresas– y ha lamentado su «falta de sensibilidad y compromiso en el ejercicio de sus funciones».
Aerte ha recalcado que el colectivo de la dependencia valenciano, que precisamente está «integrado por el segmento más débil y vulnerable de la sociedad», es el «único sector» que no ha cobrado nada en todo el año 2012. Asimismo, la patronal ha alertado de habrá cierre de empresas de atención a la dependencia, «lo que supondrá dejar de prestar sus servicios en la Comunidad Valenciana«.
En su opinión, «este hecho pone en tela de juicio la aplicación queBienestar Social está llevando a cabo de la Ley de Dependencia, una ley que ha sido recientemente reformulada y validada por el Gobierno central pero que no está siendo aplicada por el Gobierno autonómico», una realidad que califica como «muy grave».
Según la patronal, «son ya once meses los transcurridos desde que la Conselleria de Bienestar Social no paga ni un euro a los centros responsables de la atención y los cuidados de los dependientes y discapacitados, muchos de ellos tutelados por la misma administración, incumpliendo de forma grave y notoria con su compromiso de pago a la población dependiente así como con la palabra dada a la principal patronal de la dependencia valenciana y las empresas que la integran».
CON PRÉSTAMOS Y PÓLIZAS DE CRÉDITO
Aerte destaca que ya ha manifestado «en muchas ocasiones» las «dificultades» por las que atraviesan los centros de atención a la dependencia, que llevan «casi un año sufragando de su propio bolsillo los gastos que no paga Bienestar Social, sobrellevando la situación con préstamos y pólizas de crédito cuyos intereses están asumiendo e incluso, en ocasiones, comprometiendo su propio patrimonio personal».
La esperanza de vida en España aumentará entre seis y ocho años las próximas cuatro décadas, ¿cómo gestionaremos el incremento de mayores y las políticas restrictivas?
El INE publicó un informe basado en las proyecciones demográficas de 2012 refleja también el continuo proceso de envejecimiento de la población española, cuya tasa de mayores de 64 años alcanzará el 37% en 2052.
Si se mantuvieran en un futuro las actuales tendencias demográficas, la propia estructura de la población de España llevaría al país a un escenario de pérdida progresiva de habitantes en las próximas décadas. Es la principal conclusión a la que ha llegado el Instituto Nacional de Estadística tras analizar las proyecciones de población 2012. Así, en el año 2022 España contaría con 45 millones de habitantes, un 2,5% menos que en 2012. Y en 2052, la población de España se cifraría en 41,5 millones, un 10,2% menos que en la actualidad.
De mantenerse los ritmos actuales de reducción de la incidencia de la mortalidad por edad sobre la población de España, la esperanza de vida al nacimiento alcanzaría los 86,9 años en los varones y los 90,7 años en las mujeres en 2051 (con un incremento de casi ocho años y de seis años, respectivamente). Eso significa, además, que la diferencia entre la esperanza de vida femenina y masculina se reduciría en dos años hasta entonces.
Por su parte, la esperanza de vida a los 65 años aumentaría a 24 en los varones y a 27,3 en las mujeres, casi seis y cinco años más que en la actualidad, respectivamente.
En cualquier caso, una estructura demográfica cada vez más envejecida produciría un continuo crecimiento del número anual de defunciones. Así, en los próximos 40 años morirían en España unos 17,9 millones de personas, un 34% más que en los últimos 40.
Con todo ello, el saldo entre nacimientos y defunciones entraría en una dinámica continuamente decreciente, explican desde el INE. De hecho, aseguran, «estos resultados nos ofrecen una perspectiva de crecimiento natural negativo desde 2018, lo cual aceleraría el declive poblacional».
La simulación realizada por el Instituto Nacional de Estadística muestra también el continuo proceso de envejecimiento al que se enfrenta la estructura demográfica en España, que se ve acelerado por el descenso de la natalidad y los saldos migratorios negativos.
Así, los mayores crecimientos de población se concentrarían en las edades avanzadas. Concretamente, en 2052 el grupo de edad de mayores de 64 años se incrementaría en 7,2 millones de personas (un 89%) y pasaría a constituir el 37% de la población total de España.
¿Cómo va a asumir nuestra sociedad el reto del gran crecimiento de las clases pasivas?
El impago de los atrasos de la ley de la dependencia ahoga a los afectados
El caso de Juan Manuel Escobar ejemplifica el drama personal que están viviendo muchísimas familias de nuestro país, castigadas de una manera profunda por la crisis económica y que se encuentran especialmente ahogadas al no haber cobrado los atrasos que les deben de la Ley de la Dependencia. Este ciudadano de Reus -en el paro, con siete personas a su cargo, y que tiene que pasar cada mes con poco más de 1.300 euros- exige que le paguen los más de 3.000 euros de atrasos que le deben a su mujer, la cual cobra cada mes 250 euros a través de la Ley de la Dependencia.
«En 2009 nos concedieron una paga por la Ley de la Dependencia, pero hasta 2010 no empezamos a cobrarla. Entonces nos dijeron que nos pagarían los 4.000 euros que nos debían de atrasos. Desde entonces, sólo nos han ingresado 700 euros», se lamenta este vecino de Reus. Todo ello ha coincidido en el tiempo con una serie de calamidades, a nivel laboral, tanto para él como para su familia.
Después de quedarse en el paro, y de que su hijo también se quedase sin empleo, Juan Manuel lleva dos años haciendo auténticas filigranas para pasar el mes con poco más de 1.300 euros. «La hipoteca la voy pagando, pero de aquella manera, a medias, por lo que debo unos 500 euros. De la comunidad de vecinos debo dos años y de impuestos del Ayuntamiento más de 1.000 euros», explica desolado este ciudadano, quien añade que «para más inri, mi mujer es diabética y sufre depresión, por lo que toma unas 14 pastillas al día que, con el copago de los medicamentos, me suponen un gasto de unos 40 euros al mes».
Pero, por si fuera poco, Juan Manuel Escobar se encuentra desde hace unas semanas con el problema añadido de que su hija, yerno y dos nietas están a la espera de que el juez ejecute una orden de desahucio, por lo que antes de que se queden en la calle las acogerá en su casa. «Seremos ocho bocas que alimentar, entre ellas dos niñas de nueve años, sin que nadie trabaje», comenta este ciudadano, quien reconoce que «los más de 3.000 euros que nos deben de la Ley de la Dependencia los necesitamos para poder acondicionar el piso ante la inminente llegada de mi hija y su familia». Juan Manuel, quien asegura que lleva tres meses sin dormir por culpa de la preocupación, se queja especialmente por «el trato que nos dan a los ciudadanos en las administraciones. Fui a exponer mi caso a Tarragona y me trataron como a un número. Además, los políticos son todos unos insensibles que lo único que saben hacer es engañar a la ciudadanía».
Juan Manuel quiere que «mi caso, como el que deben estar pasando muchas familias, se sepa para que la gente conozca quienes nos están gobernando. Lo único que reclamo es un dinero que es mío y que me permitiría vivir un poco más tranquilo».
Uno de cada cinco españoles vive por debajo del umbral de la pobreza
El 21,1% de la población española se encuentra este año por debajo del umbral de pobreza, frente al 21,8 % de 2011, un descenso de siete décimas que se explica por el efecto de la estabilidad de los ingresos de los mayores de 65 años, pese a la reducción de los percibidos por el resto de la población.
Estos datos forman parte de la encuesta de Condiciones de Vida difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), según la cual el porcentaje de hogares españoles que llega a fin de mes con «mucha dificultad» alcanza el 12,7%, frente al 9,8 % de 2011.
La grave situación de crisis que atraviesa España desde 2008 también hace que el 40% de lo hogares no tenga capacidad para afrontar gastos imprevistos, frente al 35,9% de 2011.
Esta situación también hace que el 7,4% de los hogares se retrase en el pago de los gastos relacionados con la vivienda como la hipoteca, el alquiler o los recibos de gas y electricidad.
Hipotecas
El 12,7% de los hogares españoles tiene muchas dificultades para llegar a fin de mes, porcentaje superior en 2,9 puntos al registrado en 2011 (9,8%), según la encuesta de condiciones de vida que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Aunque ha empeorado la cifra de hogares con problemas para llegar a fin de mes en comparación con 2011, el porcentaje de este año es inferior al de 2009 y 2010, cuando más del 13% de las familias españolas aseguraba encontrarse en esa situación.
Asimismo, la estadística revela que cuatro de cada diez hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, proporción que también ha aumentado respecto a 2011, cuando los hogares en esta situación alcanzaban el 35,9%, y que es la más elevada en todos los años de la crisis económica actual.
Además, el INE apunta que el número de hogares que no se ha podido permitir ir de vacaciones al menos una semana al año se ha situado este año en el 44,5%, también cifra récord en la crisis, y bastante superior a la de 2011 (38,9%).
También llama la atención que el 7,4% de los hogares admite que se retrasa en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal en los 12 meses anteriores a la encuesta.
Este porcentaje ha ido en aumento en los últimos seis años, pasando del 4,9% en 2006 al 7,4% en 2012. Por comunidades, Murcia encabeza la lista donde más hogares han tenido que renunciar a cogerse vacaciones al menos una semana, con el 60,2% de respuestas, seguido de cerca por Andalucía (57,2%).
Los porcentajes más bajos se dan en País Vasco (22,6%) y Navarra (28,8%). En cuanto a la capacidad para afrontar gastos imprevistos, los hogares de Canarias y Murcia son los que presentan mayores dificultades, con porcentajes del 60,8% y del 57,3%, respectivamente.
Por el contrario, también País Vasco y Navarro son las comunidades con mejores resultados (18,2% y 20%, respectivamente). En el caso de los hogares que se retrasan en los pagos relacionados con la vivienda, Baleares (13,7%) y Andalucía (10,6%) presentan los valores más altos y Cantabria (2,6%) y País Vasco (2,7%), los más bajos.
Los datos de la encuesta de 2012 también ofrecen datos relativos a 2011 en algunas materias. Según el INE, los ingresos medios de los hogares se situaron el año pasado en 24.609 euros, un 1,9% menos respecto a 2010, la cifra más baja desde 2006.
El ingreso medio por persona se contrajo un 1,3%, hasta situarse en 9.321 euros. La encuesta revela además que el 82,2% los hogares españoles tenía una vivienda en propiedad en 2011.
De ellos, el 52,3% no pagaba hipoteca, mientras el 29,9% poseía vivienda en propiedad pero con una hipoteca pendiente. Otro 9,3% de los hogares estaba pagando un alquiler a precio de mercado.
Analizando los datos por regiones, el 87,9% de las familias asturianas y el 87,4% de las navarras disponía de una vivienda propia, siendo éstos los porcentajes más elevados, mientras que los más bajos correspondían a Canarias (72,8%) y Baleares (74,2%).
Alberto Giménez, “Ahorrar en salud y dependencia es un gravísimo error”
Alberto Giménez (Alicante, 1954) es el presidente de la patronal del sector sociosanitario Aerte, miembro de la CEOE y ahora presidente de la recién nacida Fundación Economía y Salud, desde donde pretende llevar a la opinión pública un sector, el de servicios sociales, que considera ninguneado en diferentes ámbitos. Las reclamaciones de estos empresarios de las residencias geriátricas y para discapacitados, a las que Giménez pone voz en esta entrevista, se han entregado en La Moncloa hace unos días. Piden la colaboración de las Administraciones públicas para ocupar 50.000 camas vacías en sus centros y ofrecen al presidente un plan para construir más, a la espera de que sean concertadas, es decir, subvencionadas con dinero público y de gestión privada. No es el mejor momento: las comunidades arrastran una gran deuda con estas empresas precisamente por esos conciertos. Giménez insiste en que es el camino para desatascar el sector y crear riqueza.
Pregunta. Han entregado este informe sobre las posibilidades económicas del sector sociosanitario en Moncloa. ¿Qué receptividad han encontrado?
Respuesta. El Gobierno está inquieto y busca soluciones, pero mi impresión es que este sector no está entre las prioridades. Se habla de sanidad, de educación, de déficit, pero a los servicios sociales no se les escucha como debieran. Pero le hemos entregado datos que confirman que este sector no solo contribuye a la mejora de la salud, también del empleo y de la situación económica. Tendremos una reunión para discutir las cifras.
P. Pide que se subvencione con 700 millones de dinero público la ocupación de 50.000 camas vacías en geriátricos y a cambio, explica, el Gobierno recibiría retornos económicos por valor de 792 millones. Pero quien paga son las comunidades autónomas y quien recibe los retornos es el Gobierno…
R. Es cierto, pero las comunidades deben apoyar este plan, debe haber un gran acuerdo entre el Gobierno central y las autonomías para que todo se desarrolle con la financiación adecuada.
P. Dicen que ustedes podrían ofrecer a los pacientes crónicos o convalecientes de larga duración un servicio casi tres veces más barato que el que reciben en los hospitales. ¿Con qué calidad?
R. España es líder en asistencia hospitalaria para pacientes agudos, pero no lo somos en crónicos y estamos dedicando magníficos hospitales a ese fin, eso es carísimo. Se trata de ajustar recursos y modelos. Cuando ya es más importante cuidar que curar hay que usar otro modelo y para ello se necesitan menos recursos que los que emplea un hospital, con los que se calcula finalmente el coste de una cama. Quizá esos cuidados pueden prestarlos hospitales de media y larga estancia, o quizá centros sociosanitarios, pero hay que cambiar el modelo actual. La idea es unir la salud, que no es algo administrativo en compartimentos estancos: aquí agudos, aquí crónicos. Se empieza por agudos, luego se pasa a crónicos, hay rehabilitación, se recupera o se acaba en dependiente, hay que saber unir la atención de todo eso. Hay que unificar la política dedicada a la salud: salud y calidad de vida y dependencia, porque la salud ya no es como en siglos pasado, la ausencia de enfermedad, es calidad de vida.
P. Ese trasvase de pacientes de un modelo a otro ¿tiene que ser necesariamente de la red pública a la privada? ¿No pueden reformarse los propios hospitales para prestar los cuidados de forma más barata?
R. Lo importante es estudiar el modelo y los recursos, quitar carga ideológica al asunto y pensar en la eficiencia. Habrá que ver cada caso, en algunos será más oportuno lo público con una reconversión de hospitales, en otros, lo privado, y en otros una colaboración entre ambos. Es solo una cuestión de gestión. Ni lo público ni lo privado garantizan por sí mismos la calidad ni la eficacia.
P. Pero ustedes piden un traslado de algo más de 7.000 pacientes crónicos o convalecientes, que necesitan rehabilitación, por ejemplo, para sus centros
R. Lo pedimos así porque tenemos 50.000 camas vacías y eso podría ser una solución inmediata.
P. Y los empleos, ¿serán los mismos en lo privado que en lo público?
R. Ofrecemos un compromiso firme de absorción de personal.
P. Sin embargo, en España los geriátricos y ciertas residencias no acaban de tener la mejor imagen. ¿No cree que el sector necesita un lavado de cara?
R. Cuidado, es posible que nuestra autoestima esté baja en ese sentido. He visitado Alemania, Suecia, Noruega, Inglaterra, Países Bajos y puedo asegurar que nuestros centros son de primerísimo nivel. En Alemania no van los médicos a los centros geriátricos, en algunos de los nuestros sí. El problema es que destinamos pocos recursos: ahí están esos casi 240.000 dependientes sin atender en lista de espera.
P. Usted preside la nueva Fundación Economía y Salud. ¿Qué objetivos tiene?
R. Tratamos de poner en valor el sector de la salud desde un punto de vista económico, que no está bien valorado. Se habla de salud y se menciona siempre el gasto no la riqueza que puede generar y más en un país como España. Hay propuestas del Gobierno para relanzar el sector del automóvil. Bien. Pero es que a nosotros no nos toca nunca. La Fundación quiere dar a conocer que este sector es generoso cuando se le atiende. Necesita estímulo, pero mañana mismo podríamos crear 25.000 puestos de trabajo sin perjudicar a nadie. Hay otra idea que se debe saber: el desarrollo económico no trae salud, es al revés, la salud trae desarrollo económico, porque estar saludable incrementa la satisfacción, la proactividad, las ganas de hacer cosas y de crear riqueza. Ahorrar en salud, como hace el Gobierno, es un gravísimo error, producto de no conocer el sector. No se puede ahorrar en salud o dependencia.
P. En ocasiones ustedes plantean la idea de España como territorio de turismo sociosanitario y de servicios sociales, es decir, como un país que podría hacer negocio combinando su experiencia en turismo y su sistema sanitario de calidad con los servicios sociales para mayores, como ha ocurrido en la costa durante años.
R. Sí, nos referimos a unir dos ideas, el potencial español en turismo y su marca bien conocida de calidad de vida con un sector, el sanitario, en el que también tenemos merecida fama mundial. Deben saber en el exterior que aquí se ofrece calidad de servicio, que sabemos cuidarles y atenderles.
Los pensionistas evitan adelantar sólo en julio casi 3 millones para adquirir sus fármacos desde la entrada del copago
La Consejería de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha resaltado que el ‘contador de euros’ que su departamento habilitó dentro de su sistema de dispensación electrónica de receta (Receta XXI) para que los pensionistas andaluces no tuviesen que adelantar el pago de los fármacos tras la entrada en vigor del copago, «les ha evitado ya tener que adelantar solo en el mes de julio casi tres millones de euros».
En respuesta a una pregunta formulada en el Pleno del Parlamento a petición del grupo socialista, Montero ha recordado que la aplicación del copago en farmacia, una medida regulada a nivel nacional a través del RDL 16/2012, obliga a los pensionistas a pagar entre el 10 y el 60 por ciento del coste de sus tratamientos, con un tope máximo mensual que oscila entre los 8 y los 60 euros dependiendo de la renta.
También ha recordado que esta norma establece que el usuario abone el 10 por ciento de cada fármaco y que después solicite un reintegro de los gastos si se superan los límites mensuales fijados para cada caso, «castigando de nuevo el bolsillo de los ciudadanos que peor lo están pasando en estos momentos de recesión económica».
Concretamente, ha detallado que el 85 por ciento de los 1,6 millones de pensionistas andaluces está en el tramo que pagan ocho euros al mes según la norma; 260.895 abonarán hasta 18 euros al mes y 4.033 (el 0,2%) un máximo de 60 euros mensuales.
Al hilo de ello, ha recordado que la distribución por tramos está establecida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en función de renta, si bien ha reprochado que «se están registrando fallos de procedimiento, ante los que el INSS no está respondiendo y quedando así los ciudadanos desprotegidos».
No obstante, ha defendido que gracias a la extensión de la receta electrónica, los pensionistas andaluces no tienen que solicitar dicho reintegro, ya que el sistema de Receta XXI «permite cobrar sólo hasta los umbrales máximos establecidos por el Ministerio», evitando así que los ciudadanos tengan que adelantar dinero por la compra de sus fármacos.
COMPUTO DE JULIO
Así, un total de 321.661 personas se han beneficiado de este procedimiento en el mes de julio, con lo que han evitado tener que adelantar dinero en el momento de la retirada de sus medicamentos. De ellas, el 53 por ciento corresponde al tramo de renta que tiene el tope máximo mensual establecido en ocho euros, y un 39 por ciento a quienes tienen como máximo 18 euros al mes.
La estrategia digital Diraya, sobre la que se desarrolla la receta electrónica, permite cruzar directamente los datos clínicos de los pacientes andaluces con la información económica y laboral ofrecida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Esta medida, puesta en marcha por la Junta de Andalucía «evita que el paciente tenga que reclamar el dinero que cada mes haya excedido del tope que le corresponda y esperar seis meses la devolución», ha recordado Montero, quien ha matizado que, además, se minimiza «el coste de los trámites burocráticos necesarios para ejecutar los abonos». En Andalucía, cerca de medio millón de pensionistas mayores de 65 años consume más de cinco recetas al mes.
Presentación del Banco Solidario en Castilla-La Mancha
· Tiene como lema “Pide lo que necesitas. Deja lo que puedas”, y se trata de un nuevo instrumento de cooperación ciudadana para aliviar los efectos de la crisis en la sociedad española.
· Intervendrán Dña. Maria Dolores de Cospedal, Dña. Nieves Herrero y el Padre Ángel.
· Padre Ángel: “En estos tiempos de crisis social y financiera, Mensajeros de la Paz ha creado un banco distinto, un banco bueno de verdad, cuyo capital social es la solidaridad. Y aunque sus acciones no cotizan en bolsa porque son acciones de cariño y generosidad, sí que reparte beneficios: el 100%, y a los que más lo necesitan. Con www.bancosolidariomensajerosdelapaz.com , la Web se hace solidaria, y la banca, humana. Estoy convencido que este banco va a crecer mucho, porque a la solidaridad no hay quien la pare, ni siquiera la crisis.”
Presentación del Banco Solidario en Toledo
Lugar Universidad de Castilla La Mancha
Aula Magna de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Calle Cobertizo de San Pedro Mártir, s/n – Toledo
Día y hora: Miércoles, 12 de septiembre de 2012 a las 10’00 h.
Con el objeto de dar a conocer al público y a los medios de la Comunidad la reciente iniciativa del Banco Solidario de Mensajeros de la Paz, se realizará una presentación de este proyecto social en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla La Mancha (Calle Cobertizo de San Pedro Mártir, s/n – Toledo ) de Toledo, el próximo 12 de septiembre a las 10’00 h.
La presentación correrá a cargo de la periodista Nieves Herrero, y se contará con la presencia del Padre Ángel García, presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, y con la intervención de la Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Sra. Dña. María Dolores de Cospedal.
Durante el desarrollo del acto se proyectará un video informativo y Dña. Elena Alonso, Directora del Banco Solidario, realizará una demostración práctica del funcionamiento de la Web www.
El Banco Solidario de Mensajeros de la Paz (www.
Las peticiones siempre concretas (por ejemplo, una ayuda para arreglar el calentador de agua de una familia, o la petición de una cuna para un bebé que va a nacer) se muestran en la Web y el público puede adherirse a ellas aportando bienes o donaciones económicas.
El Banco Solidario no es un espacio de trueque, ni de intercambio. Las ayudas solicitadas no tienen porqué implicar una donación a cambio de otro bien o servicio por quien las recibe.
El funcionamiento del Banco Solidario es claro y absolutamente transparente. El papel de la ONG Mensajeros de la Paz es de mero intermediario, ofreciendo el soporte técnico necesario para el funcionamiento del proyecto, que tanto para donantes como para perceptores es totalmente gratuito.
Se distribuyen el 100% de los bienes y cantidades económicas que se reciban, que siempre tienen como destinatario a un solicitante de ayudas del banco solidario.
El banco solidario esta en Internet, en www.mensajerosdelapaz.com, y también en: Facebook BancoSolidarioMensajerosDeLaPa
El Banco Solidario se forma parte de la nueva Red de Recursos Sociales para aliviar los efectos de la crisis en familias españolas, que Mensajeros de la Paz esta potenciando en los últimos tiempos, reforzando centros y proyectos ya existentes o creando otros nuevos, como comedores sociales infantiles, centros de apoyo social, aulas de refuerzo escolar, bolsas de ayuda, y cursos de formación y capacitación profesional.
La Presentación del Banco Solidario coincide con el 50 aniversario de la ONG Mensajeros de la Paz que se celebra en este año 2012.
Expertos creen el envejecimiento activo «un derecho y una necesidad pública y social»
Los expertos consideran en la actualidad el envejecimiento activo «un derecho y una necesidad pública y social», tal y como han asegurado esta semana en Santander durante la celebración del primer curso de verano sobre esta materia celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Así, y con motivo de la conmemoración en este 2012 del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha organizado en la capital cántabra las jornadas tituladas ‘Envejecimiento Activo: promover la autonomía personal a través del compromiso y la responsabilidad social’.
En ellas, este organismo ha defendido la responsabilidad personal «en el proceso de envejecimiento y en la prevención de la dependencia». Y es que en la actualidad, el 17 por ciento de la población española tiene más de 64 años, «un porcentaje que se duplicará en 2049», sostienen los expertos aludiendo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Para el secretario general del Imserso, Francisco Ferrándiz, el envejecimiento activo «supone un compromiso y responsabilidad de la sociedad y de los poderes públicos, pero también un potencial generador de riqueza y estímulo económico». Sin embargo, según el Eurobarómetro de 2009, la discriminación por edad ha aumentado.
LAS DEMANDAS ESTÁN REFERIDAS A PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL
Además, existen otros factores que amenazan el envejecimiento activo, como son la imposición de jubilaciones no deseadas en las que se desperdicia capital humano y se generan situaciones de exclusión social, subraya la vicerrectora de Ordenación Académica de la UIMP, María Teresa Sancho. No obstante, considera que «siempre hay que mantener un equilibrio entre los años en retiro y los de trabajo».
Por todo ello, los asistentes han demandado nuevas propuestas de participación y compromiso social en las que los mayores se sientan reconocidos. «Fomentar sus oportunidades de empleo, permitirles contribuir activamente a través del voluntariado y dejarles vivir con independencia», son algunas de las que ellos proponen.
En este sentido, el Imserso ha puesto en marcha varios proyectos «para dar apoyo emocional y seguridad a los mayores», y ha creado un nuevo espacio para transmitir información, compartir experiencias y movilizar a todos los agentes implicados en relación al Año Europeo del Envejecimiento Activo.
Los familiares de personas con Alzheimer consideran «inadmisibles» los recortes a la Ley de dependencia
La Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer de la Comunidad FEVAFA han calificado de «inadmisibles» los recortes y restricciones que se van a adoptar respecto a la «cada vez menos esperanzadora» Ley de la Dependencia.
Este colectivo ha calificado de «grave atentado» a los derechos de los familiares-cuidadores los recortes y han expresado su «máximo desacuerdo con la actuación del Gobierno, que una vez más y de forma incoherente hace pagar a los más necesitados los reajustes que derivan de una crisis (de la que no somos culpables) y de una mala gestión política (que podría haberse evitado)».
Con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de 2006, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, conocida popularmente como la Ley de Dependencia se reconocieron por ley los derechos de los familiares de personas con Alzheimer, ya que a través de su contenido se daba respuesta a las necesidades de los cuidadores.
Ahora, después de 6 años pendientes de la aplicación de la Ley, «vuelve a sufrir recortes», ya que la Ministra Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha informado de que la paga que reciben los dependientes para que les cuide un familiar en casa se va a reducir un 15 por ciento como mínimo, según la federación que ha añadido que «con esta medida que afecta directamente al cuidador pretenden compensar la rebaja en la partida de Dependencia de los Presupuestos Generales del Estado».
Además las cuidadoras familiares, en su mayoría mujeres, pierden las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba por ellas el Gobierno y que les servía para completar periodos cotizados y acceder a una pensión de jubilación. La otra medida que se ha tomado es ampliar a dos años el periodo en que las Comunidades tienen para atender a los dependientes, tendrá consecuencias devastadoras ya que este retraso en la percepción de las ayudas será irreparable.
PROFESIONALIZACIÓN
Sobre las declaraciones del Conseller de Bienestar Social valenciano, Jorge Cabré, que ha señalado lo positivo de las medidas y lo importante de primar la profesionalización, la Federación se posiciona de acuerdo con lo que respecta a procurar la sostenibilidad y la profesionalización del sector pero considera que se están vulnerando los derechos de los familiares que deciden acogerse a la ayuda al cuidador.
FEVAFA ha manifestado que si hasta el momento se han bajado cientos de escalones en la escalera del Estado de Bienestar, con estas medidas se está saltando al vacío.
La Federación, compuesta por 32 AFAS, representa a 6.000 afectados, de los que 2.000 reciben asistencia directa de las AFAS, el 60 por ciento en centros de día y de respiro, y el 40 por ciento a través del «Servicio de Ayuda a Domicilio de Estimulación Cognitiva» (SADEC), informa que todos los usuarios de esta gran red asistencial son Dependientes y por lo tanto tienen el derecho a percibir una ayuda, y el derecho a elegir la que más les conviene del catálogo de prestaciones.
La presidenta de FEVAFA, María Olmos, ha criticado que «las personas afectadas por la enfermedad de alzheimer han de sufrir la problemática derivada de la enfermedad y ahora se enfrentan a la impotencia de ver como se vulneran sus derechos y se destruye su esperanza». También ha añadido que «Retrasar las prestaciones dos años, cuando hablamos de una enfermedad de evolución rápida y degenerativa, es cruel».
Administraciones adeudan cerca de 290.000 euros a Cáritas, que padece un saldo negativo de más de 105.000 euros
Las administraciones públicas adeudan a Cáritas Diocesana de Jaén un total de 289.247,06 en subvenciones, si bien, además, la institución religiosa padece un saldo negativo de un total de 105.512,50 euros, toda vez que el pasado año sus gastos en ayudas sociales ascendieron a los 4.324.652,37 euros y los ingresos provenientes de diversos entes públicos fueron de 4.219.139,87 euros.
En declaraciones a Europa Press, el director de Cáritas en Jaén, Rafael López-Sidro, ha señalado que en 2011 la institución que dirige tuvo que aportar un plus debido a la demanda social que ha habido. En concreto, tuvo que aportar 139.000 euros de sus propios fondos para cubrir el cien por cien del gasto del proyecto, habida cuenta de que la totalidad de las ayudas no llegaban.
De esta forma, ha precisado que la organización no percibió unos ingresos de 86.920,63 euros procedentes de subvenciones dirigidas al empleo del fondo social europeo. Tampoco recibió una ayuda para jóvenes inmigrantes de 3.881,83 del Ministerio de Trabajo. Del mismo modo, la Diputación de Jaén adeuda un total de 28.000 euros, 14.000 del pasado año y otros 14.000 del anterior de un programa de ayuda a familias.
Por su parte, el Gobierno andaluz ha dejado de ingresar en 2011 38.136,34 euros, así como la totalidad de los gastos de la apertura del albergue para temporeros de Úbeda (Jaén) de la campaña de recogida de la aceituna, lo que supone un total de 41.108,40 euros. Con todo ello, la Junta de Andalucía ha obviado abonar a la institución religiosa un total de 79.244,74 euros el pasado año.
En este sentido, López-Sidro ha apuntado que también la Administración andaluza firmó con Cáritas un convenio el pasado mes de diciembre por el que la institución percibiría un total de 280.000 euros –140.000 en 2012 y otros 140.000 en 2013–, los cuales están «en suspenso». «Supuestamente el convenio iba a llevarse a Consejo de Gobierno para ser aprobado», pero «sospecha que no se llevó, dado que el pasado marzo la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social anunció, finalmente, que no había dinero».
Según ha explicado López-Sidro, «teníamos proyectos en marcha y ahora esperamos no tener que abandonarlos consiguiendo ayuda por otros caminos», y es que, tal y como ha incidido, Cáritas tratará de evitar «que se perjudiquen personas como los inmigrantes que acuden a la provincia en invierno para trabajar en la aceituna», ya que «no se les puede dejar tirados por el hecho de que la administración pública no quiera ayudar». «Inventaremos alguna cosa, con ese aporte o sin él, buscaremos los dineros de debajo de las piedras».
En esta línea, ha explicado que han sido «exquisitamente prudentes y, a lo largo de toda la campaña electoral de los pasados comicios autonómicos han estado en silencio sin decir nada de esto, pero una vez transcurrido dicho periodo, están en su derecho de decir que ese no es el camino, que parece muy poco serio». No obstante, López-Sidro ha comentado que es «consciente de las dificultades económicas del Gobierno», aunque «los escasos recursos se pueden priorizar de otra forma».
Al respecto, ha indicado que la Junta «debería revisar su actitud, puesto que el problema es my grave y hay recursos para otras cosas menos para atender a personas en situación de exclusión social, las cuales están por encima de otras muchas cosas», ha concluido.
Sanidad de la Comunitat Valenciana enviará a pacientes crónicos de los hospitales a residencias para ahorrar
La Generalitat Valenciana regula los principios, derechos y directrices de su actuación pública
El pleno del Consell ha aprobado este viernes el proyecto de ley por el que se establece la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana, que recogerá el conjunto de principios, derechos y directrices sobre la actuación pública de la Generalitat en el ámbito de la política social.
Así lo ha explicado el vicepresidente y portavoz de la Generalitat, José Císcar, quien ha destacado que se establece un nuevo marco de «garantía y protección» de los ciudadanos de la Comunitat.
El proyecto de ley al que se ha dado luz verde este viernes tiene por objeto la aprobación de la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía.
