Derechos Sociales
Miles de personas se manifiestan en toda España para exigir unas pensiones dignas
Con las manos en alto y hacia la fachada del Congreso de los Diputados, alrededor de 3.000 manifestantes han gritado «manos arriba, esto es un atraco». Este jueves, miles de pensionistas han tomado las calles de las principales ciudades de España para protestar contra la subida de las prestaciones de un 0,25% acordada por el Gobierno de Mariano Rajoy para 2018. Madrid, Bilbao, Barcelona, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria, entre otros lugares, han sido testigos de las protestas de miles de personas mayores que clamaban contra las reformas del Ejecutivo de 2013 que llevan a unas «pensiones de miseria».
Al grito de «robo», «ladrones», «dimisión» y «Rajoy y Cospedal, a Soto del Real», los pensionistas han rodeado esta mañana el Congreso de los Diputados. La escena ha sorprendido a muchos de los congregados ya que, ni siquiera en las manifestaciones del movimiento 15M se consiguió cortar el acceso al Parlamento por la Carrera de San Jerónimo, algo que han logrado hoy la ‘marea’ de jubilados, llamados a salir a la calle en toda España por la Coordinadora en Defensa de las Pensiones Públicas. La concentración de los pensionistas ha llegado hasta la misma puerta del Congreso, después de traspasar el cordón policial.
Tras la lectura del manifiesto, a los pies de uno de los leones de la escalinata del Congreso, los organizadores de la manifestación han llamado a los asistentes a romper y lanzar «al cielo de Madrid» la carta de la ministra Báñez anunciando la revalorización del 0,25% de las pensiones para este 2018.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, la diputada del PP Celia Villalobos y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han sido los principales protagonistas de las críticas de los pensionistas. «Que salga, Villalobos y nos diga esas cosas a la cara», clamaba un señor a unos metros de una de las vallas de entrada al Congreso, custodiada por la Policía. Las palabras de la diputada, que aseguró sin datos que «hay un número importante de personas que están más años cobrando la pensión que trabajando», han recibido la indignación de muchos manifestantes en forma de insultos y críticas.
Los Yayoflautas, con sus famosos chalecos reflectantes, llegaban a la manifestación de la capital al grito de «somos mayores, pero no sumisos». María Dulce, miembro del colectivo, destacaba la necesidad de unir luchas sociales y mantener el pulso de las reivindicaciones sociales en la calle. Otra ‘yaya’, Pilar, recuerda que muchos manifestantes no están solo protestando por sus pensiones, «sino por las vuestras, de la gente joven».
«No podemos ceder en esta batalla»
Jesús está a las puertas de la jubilación y ha acudido a la concentración directo desde los juzgados, «por un despido, para ver cuándo nos dan el finiquito», cuenta junto a un excompañero de trabajo en la misma situación, José Luis. Ambos, lamentan que su pensión ha quedado tocada por perder en el empleo al final de su carrera laboral, en medio de la crisis económica, y ahora miran al futuro con temor a más recortes.
«Hay muchísima gente, más que nunca» ha sido una de las frases más escuchadas en los corrillos, también entre los ‘yayos’, presentes en muchas marchas y concentraciones. Jesús y José Luis creen que la gente, especialmente las personas mayores, están «nerviosas, más involucradas», opinan, «esto peligra». La sensación de no poder «ceder en esta batalla», de tener que defender «llueva y caigan chuzos de punta» las prestaciones públicas de jubilación tras una vida de trabajo es otra de las reivindicaciones más recurrentes entre los asistentes.
Los cánticos de «a la hora de votar, nos tenemos que acordar» y «Mariano Corleone nos roba las pensiones» envolvían a Rocío y su amiga. Rocío, apoyada en su andador y sin soltar la famosa carta del 0,25%, llamaba a «acabar con las pensiones vitalicias de los políticos», los más atacados en la protesta. La mujer a su lado asiente: «Nos están engañando. Mi pensión es de 600 y poco euros y soy viuda. Me ha subido la pensión 90 céntimos».
Tanto UGT como CCOO hicieron un llamamiento para que la ciudadanía se implicara masivamente en todas las concentraciones por el sostenimiento del sistema público de pensiones. También hay previstas más movilizaciones para los próximos 1 y 15 de marzo.
Desborde de plazas en todo el Estado
Los pensionistas también han tomado las calles de Barcelona, Bilbao, Sevilla y Palma de Gran Canaria reclamando unas «pensiones dignas» y exigiendo la dimisión del presidente del Gobierno. En Barcelona, los manifestantes han entrado en la Plaza de Catalunya al grito de «Rajoy dimisión».
Especialmente numerosa en Bilbao, miles de pensionistas han rodeado el ayuntamiento y han llenado las calles a ambos lados de la Ría del Nervión de Bilbao. Los cánticos, de nuevo, «manos arriba, esto es un atraco», entre las diferentes consignas que denunciaban el futuro de las pensiones en España con la hoja de ruta del Gobierno. En la ciudad vasca convocaba la plataforma de asociaciones de jubilados, viudas y pensionistas de Bizkaia, que ha hecho especial hincapié en subrayar la desigualdad de género en las pensiones, y la precariedad de las prestaciones de muchas viudas.
En la Plaza Nueva de Sevilla, la imagen se repetía: multitud de pensionistas han abarrotado la plaza en defensa del sistema público.
Miles de personas han salido en Andalucía en las capitales de todas las provincias y otros puntos de la Comunidad Autónoma para reivindicar la protección de las pensiones. De hecho, en números aproximados, en Huelva se han concentrado 3000 personas; en Córdoba, unas 2000 en la Plaza de las Tendillas; en Málaga, la Plaza de la Constitución ha sumado más de 1000 personas, como en Cádiz (en la Plaza de San Juan de Dios), Sevilla (en Plaza Nueva) y Granada, donde han elegido la plaza del Carmen para la concentración.
En Almería, los organizadores lo han calificado como de éxito sumando centenares en la capital frente a la sede de la Seguridad Social, y con concentraciones en Roquetas de Mar, Vera o Níjar. En Jaén, no ha tenido tanto éxito la convocatoria que ha sumado decenas de pensionistas y sindicalistas llegados desde distintos puntos de la provincia de Jaén, como Linares, Bailén o Andújar.
En Murcia, alrededor de mil personas se manifestaron frente a la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En su caso, las cartas de Empleo con la subida de las pensiones han acabado en una hoguera. También ha habido concentración en la plaza del Pilar de Zaragoza.
Las cifras de la delegación del Gobierno en Canarias apuntan que en la manifestación en santa Cruz de Tenerife se concentraron unas 600 personas y más del doble, unas 1.800, lo hicieron en Las Palmas de Gran Canaria.
Fuente: eldiario.es
Caldera dice que dependencia es el sector que más empleo puede generar en España
El exministro de Trabajo y Asuntos Sociales Jesús Caldera ha sostenido hoy en Salamanca que el sector que más empleo puede generar en España por la inversión realizada es el de la dependencia, cuya regulación está recogida en una Ley, que él impulsó -ha recordado- y que ahora cumple su primera década.
En declaraciones a Efe, Caldera, que ha intervenido en el seminario titulado «Una mirada. 10 años con la Ley de Dependencia» organizado por la Universidad de Salamanca (USAL), ha elogiado la Ley de la Dependencia promovida por el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en el que el salmantino estaba al frente de la cartera de Trabajo y Asuntos Sociales.
«Es una norma de última generación que favorece la cohesión social del país y mejora también su actividad económica», ha sostenido el exministro por lo que, en su opinión, conviene que se haga una evaluación desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2007.
Desde su punto de vista, ha permitido que en la actualidad casi un millón de personas en España estén siendo atendidas, lo cual, según sus palabras, es una ley esencial sin la que la democracia española «no se podría entender».
No obstante, ha reconocido que la aplicación haya sufrido «algunos retrocesos» que el actual Gobierno de Mariano Rajoy atribuye a la crisis económica.
Una justificación que Caldera no comparte y que ha tildado de «error» por considerar que es una ley de la sociedad española.
A modo de análisis económico, el exministro ha subrayado que para salir mejor y más rápidamente de la crisis «conviene invertir en sectores que tienen un efecto multiplicador en materia de empleo y una tasa de retorno muy elevada».
Entre ellos ha incluido el de la atención a la dependencia por considerar que es el que «más empleo puede generar por la inversión realizada en España y además no se puede deslocalizar».
Ha calificado de «insuficiente» el incremento de 80 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para este año en el ámbito de la dependencia y ha confesado que él hubiera realizado un esfuerzo mayor traducido en 300 ó 400 millones de euros más.
Un aumento que ha acreditado en el sentido de que desde 2011 se han perdido casi 1.000 millones de euros al año de inversión, lo cual ha derivado en una pérdida de 60.000 empleos en el sector.
Ha insistido en «la gran capacidad de dinamización económica» y se ha referido a las 450.000 personas que actualmente trabajan en el ámbito de la dependencia y que una mejor organización se traduciría en que se podría duplicar el número de puestos de trabajo en la próxima década.
En clave autonómica, Caldera ha reconocido que hay una serie de comunidades, entre ellas, Castilla y León que son las que mejor funcionan, aunque desde su punto de vista la clave está en ver «entre todos» cómo se pueden «mejorar los derechos de los españoles y además si se genera empleo, excelente».
Finalmente, ha recordado que leyes de dependencia las tienen muy pocos países en Europa, que en el caso de España permite cooperar al Estado y a las comunidades autónomas, que es una norma «contra la soledad», ya que los servicios que presta «permiten tener un control de las personas ante situaciones de riesgo, y que eleva la calidad de vida de los ciudadanos».
Fuente: La Vanguardia
El Parlamento de Navarra muestra su «compromiso» con los derechos de las personas mayores
Representantes de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología (SNGG) han presentado este viernes a la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, y a los representantes de los grupos parlamentarios la Declaración de Pamplona sobre los derechos de las personas mayores.
Esta declaración, que ha surgido con motivo de la celebración en 2016 del XXV aniversario de la fundación de la SNGG, recoge los derechos de las personas mayores, «conscientes del aumento de la esperanza de vida de las personas y de los consiguientes retos, oportunidades y dificultades que el fenómeno del envejecimiento comporta».
El documento está basado en declaraciones de distintos organismos internacionales como la ONU o la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como en conclusiones de congresos específicos y en la experiencia profesional de los miembros de la SNGG.
Con la Declaración de Pamplona se ha pretendido «dar un toque de atención que estimule el conocimiento, el debate público, la toma de conciencia y la adopción de medidas que contribuyan a mejorar la situación de las personas en su proceso de envejecimiento». En este sentido, el Parlamento foral ha expresado su «compromiso» con los derechos de las personas mayores.
Especializada en atención a personas mayores, la SNGG ha cumplido 25 años de existencia, y se ha convertido en una referencia a nivel estatal en cuanto a trabajos en el mundo de geriatría y gerontología, ha destacado el Parlamento navarro en un comunicado.
Al encuentro, presidido por Ainhoa Aznárez, han asistido Begoña Ganuza (UPN), Isabel Aranburu, Koldo Martínez (Geroa Bai), Asun Fernández de Garaialde, Bakartxo Ruiz (EH Bildu), Tere Sáez, Fanny Carrillo (Podemos) y Nuria Medina (PSN).
Por su parte, la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología ha estado representada por Francisco Úriz, presidente, Camino Oslé, vicepresidenta, Juan Francisco Jerez, secretario, y Álvaro Casas, presidente de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG).
Fuente: La Vanguardia
Acompañantes de personas invidentes o en silla de ruedas viajarán gratis en Bilbobus
Los acompañantes de personas invidentes o en silla de ruedas viajarán gratis desde el próximo lunes en Bilbobus, iniciativa que servirá para «reforzar la apuesta municipal por ofrecer un transporte público para todas las personas», según ha informado el Consistorio en un comunicado.
En la actualidad, el 100% de la flota de autobuses de Bilbobus es accesible y está equipado con las «últimas tecnologías» para facilitar el viaje a las personas con discapacidad.
En este sentido, todos los autobuses cuentan con piso bajo o piso bajo más rampa, asientos reservados para personas con discapacidad y un sistema de información oral. Asimismo, la totalidad de las rampas -unas 130 del total de la flota- se revisan todas las semanas para procurar un buen funcionamiento de las mismas.
El piso bajo para acceder al autobús permite descender sin dificultades y las rampas son adecuadas para las personas en silla de ruedas. En cuanto a los asientos reservados, estos son exclusivos para personas de movilidad reducida, donde se incluyen las personas mayores, personas con dificultades permanentes o transitorias de movilidad por lesiones físicas, y mujeres embarazadas.
Además, hay una zona en cada autobús reservada para personas en silla de ruedas o para sillas de bebé. Esta plataforma está equipada con cinturones de seguridad para viajar de manera cómoda.
«La vida normalizada de las personas con discapacidad es un reto y Bilbobus sigue sumando y poniendo de su parte para que así sea», ha asegurado el teniente de alcalde y concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil, quien ha destacado que «la iniciativa servirá para reforzar la apuesta municipal y el trabajo continuado que desarrollamos por ofrecer un transporte público para todas las personas».
Fuente: deia
Presentan más de 300 escritos solicitando resolver de forma inmediata expedientes de asistencia a la dependencia
-Reclaman que con carácter de urgencia les sea reconocida la prestación económica Vinculada al Servicio de atención residencial.
-Además solicitan que la Conselleria publique una lista ordenada y baremada de solicitantes de ayudas a la Dependencia
– De los 2.351 expedientes resueltos en los cuatro primeros meses, 2.105 corresponden a cuidadores no profesionales. En la Comunidad Valenciana hay más de 40.000 personas a la espera de resolución.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) y diversos familiares han presentado esta mañana a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas más de 300 escritos de personas solicitando que, de forma urgente, se les resuelva la prestación económica, de carácter personal, vinculada al servicio de atención residencial.
Los escritos presentados reclaman, además, que mientras se verifica la petición asistencial principal que cada persona solicitó en su momento, la Conselleria publique una lista ordenada y baremada de los solicitantes de ayudas a la dependencia y que la misma sea accesible de forma permanente, de modo que se pueda verificar públicamente que se siguen criterios objetivos en la concesión de dichas ayudas.
En estas solicitudes se recuerda además que el usuario tiene derecho, según dictaminan diferentes sentencias (Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2015 y Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 20 de diciembre de 2013) a elegir entre una plaza pública o concertada y una prestación vinculada al servicio, siempre bajo la garantía del criterio profesional de las trabajadoras sociales recogido en el informe correspondiente.
Por tanto, el tiempo de espera debería ser el mismo para las solicitudes de uno u otro servicio. Sin embargo, los datos indican que para la resolución de una plaza pública se requiere aproximadamente un año y medio, sin embargo las de prestación vinculada al servicio se alargan hasta los tres años.
AERTE ha trasladado esta situación a la Conselleria en distintas ocasiones y pensaba que, con el objetivo de acabar con la lista de espera, se podría solucionar esta cuestión. Y más teniendo en cuenta que, al dejar de contar con 2.500 plazas del Plan de Accesibilidad Social, tras las dos sentencias de febrero que las declaraba contrarias a derecho, se está produciendo un cierto colapso en la resolución de estos expedientes. Con la resolución de estas prestaciones se podría ayudar a desbloquear la situación hasta que se apruebe el nuevo modelo de plazas concertadas.
Aunque se ha aumentado el número de expedientes resueltos sobre los del anterior gobierno, aún queda mucho trabajo que llevar a cabo, ya que se ha pasado de priorizar las plazas concertadas a priorizar la prestación de cuidadores no profesionales. Éstas últimas han supuesto el 89.53% de las 2.351 prestaciones resueltas en lo que va de año según los datos disponibles en el portal de la dependencia del SAAD del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
AERTE esperaba que pudiera cambiar la situación estos meses pero sigue habiendo expedientes que llevan tres años para ser resueltos, por lo que ha decidido llevar a cabo esta iniciativa pública para dar visibilidad a esta situación e instar a la Administración para que acelere la resolución de los expedientes pendientes.
A la asociación más representativa del sector de atención a personas dependientes le consta la voluntad de la Conselleria de reducir la lista de espera lo antes posible, para que los expedientes se resuelvan en un plazo razonable de tiempo, pero se debe hacer respetando el criterio cronológico, de igualdad entre las distintas solicitudes, independientemente de las prestación solicitada, y en el menor plazo posible ya que las personas en situación de dependencia deben ser atendidas sin demora.
El Gobierno quiere ocultar información sobre el Sistema de Dependencia, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad quiere ocultar información sobre el Sistema de Atención a la Dependencia con una nueva estadística y pide al nuevo Congreso de los Diputados y a las comunidades autónomas que lo eviten.
Según indica esta organización en un comunicado, el nuevo sistema no incluye información «tan básica» como las altas y bajas que se producen, especificando sus motivos, los tiempos de espera para la resolución de las solicitudes o los datos económicos de financiación del sistema y del copago. «Con ello se oscurece por completo información relevante, impidiendo constatar los efectos de los recortes que se han llevado a cabo en la actual legislatura», alerta.
Para esta asociación, la nueva estructura y contenidos de la Estadísticas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con los datos que presentará el ministerio en este mes de febrero, se basa en un acuerdo del año 2014 que aprobó la Comisión Delegada, en la que participan las comunidades autónomas.
Sin embargo, estos directores y gerentes recuerdan que los representantes autonómicos «han cambiado desde mediados del año pasado», y, desde entonces, «el ministerio no cuenta con mayoría en esta comisión» y «se ha limitado a informar por carta» a las comunidades sobre cómo serán publicados los datos correspondientes a este mes.
El Consejo Territorial de la Dependencia, según recuerda, «rechazó» la Evaluación del Sistema de Atención a la Dependencia en 2014 que presentó el ministerio porque «no ofrecía los datos reales» de gestión económica –aportación de las CCAA a través de certificado de gasto– o los datos de bajas en el sistema –solo se publican las altas–, entre otros.
En la nueva propuesta, esta organización asegura que se presenta «prácticamente la misma información» que ya fue rechazada, con nuevos gráficos y «de forma absolutamente sesgada y tendenciosa para presentar una interpretación positiva del balance del Sistema».
La inversión per capita en dependencia de la Comunidad Foral de Navarra es el doble que en el resto del estado
El gasto público en Navarra para atender la dependencia es de 206 euros por habitante, el doble que la media estatal. Así se desprende del primer estudio elaborado por el Observatorio Permanente de Asuntos Sociales, creado por el Gobierno foral.
La atención a las personas con dependencia alcanza en Navarra una inversión anual de 154,54 millones de euros, de los que la Administración aporta el 85 por ciento, cifra que supone un gasto público de 206 euros por habitante, casi el doble de los 104 euros de media estatal.
Esta inversión total, de la que se benefician 10.679 personas, procede del Gobierno de Navarra, en un 78% (120,17 millones); de la Administración General del Estado, en un 7% (11,58 millones); y de las aportaciones de las personas usuarias de los servicios de dependencia, en un 15% (22,77 millones).
Así se desprende del primer estudio elaborado por el nuevo Observatorio Permanente de Asuntos Sociales, presentado este lunes en rueda de prensa por el director general de Política Social y Consumo del Ejecutivo navarro, Mariano Oto.
Durante su intervención, Mariano Oto ha recordado que la Ley de Dependencia establecía, en su exposición de motivos, que la atención a las personas dependientes sería financiada por el Estado, las comunidades autónomas y las personas usuarias, aportando cada parte un 33%. No obstante, según Oto, la aportación del Estado, desde el cambio legislativo introducido en 2012, «ha sido decreciente en el tiempo» hasta alcanzar el 7%, teniendo que aumentar el Gobierno de Navarra su contribución mediante un aumento presupuestario, «especialmente en el tema residencial».
COSTE DE LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
Con este estudio sobre la inversión realizada en la atención a la dependencia en Navarra, el Gobierno foral da respuesta a la recomendación realizada por la Cámara de Comptos en 2012, ha informado el Ejecutivo en una nota.
Para realizar el cálculo se han tenido en cuenta el coste de los centros residenciales y de día (tanto propios del Gobierno de Navarra como concertados), las prestaciones económicas relacionadas con esta materia, los servicios a personas dependientes como el de asistencia telefónica o de transporte adaptado, los contratos con los centros ocupacionales, y las subvenciones para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia.
Asimismo, se han contemplado todos los niveles de dependencia, incluyendo también el ‘adicional’ (dependencia social, enfermedad mental, etc.), que es atendido en Navarra aunque no esté garantizado por la Ley de Dependencia.
De este modo, las mayores partidas son las destinadas a los centros residenciales y de día (tanto para personas con discapacidad, con enfermedad mental o mayores), que alcanza los 73,5 millones; la atención temprana de niños de 0 a 6 años, con 27,9 millones; las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar, con 19,5 millones; las prestaciones vinculadas al servicio (ayudas para residencias y centros de día), con 12,5 millones; y los servicios prestados por la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas, como el de valoración de la dependencia, con 7,8 millones.
En resumen, el 79% del coste de atención a la dependencia se corresponde con la prestación de servicios a estas personas y el 21% con las ayudas económicas que se conceden. El 95% del total se destina a cubrir el nivel mínimo exigido por la Ley de Dependencia y el 5% se dirige al llamado nivel ‘adicional’, que no está garantizado por la legislación pero que, como se ha indicado, se atiende también en Navarra.
OBSERVATORIO PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES
El director general de Política Social y Consumo, Mariano Oto, también ha presentado el nuevo Observatorio Permanente de Asuntos Sociales de Navarra (OPASNA), que pretende dar respuesta a la necesidad de contar con datos y análisis continuados sobre la realidad social de la Comunidad. Asimismo, este observatorio permitirá conocer y evaluar el impacto de las actuaciones llevadas a cabo en Navarra por los diferentes agentes en materia de servicios sociales.
Desde este observatorio se pondrá en marcha una página web de acceso público con datos estadísticos, se elaborarán informes periódicos sobre determinadas materias de servicios sociales y otros específicos sobre aspectos que se consideren de relevancia, y se ofrecerán referencias documentales.
El observatorio cuenta con un presupuesto de 102.801 euros y trabajarán en él cinco personas. De ellas, tres técnicos del Servicio de Planificación, Calidad e Inspección del Departamento de Políticas Sociales, y otros dos técnicos con dedicación parcial y procedentes de otros servicios.
Asimismo, una comisión formada por el conjunto de directores de Servicio y subdirectores de la estructura orgánica del Departamento de Políticas Sociales orientará, mediante reuniones bimestrales, el trabajo que desarrolle el observatorio.
Castilla y León anuncia la aprobación del Catálogo de servicios sociales
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, anunció este miércoles en Madrid que el Catálogo de Servicios Sociales estará listo antes de que acabe el año. Se trata, dijo de un «catálogo que va a consolidar el modelo de atención absolutamente a la carta para las personas mayores en Castilla y León, para las personas dependientes y para todas aquellas personas que necesite servicios sociales».
En este sentido explicó que para lograr ese servicio «a la carta» será el profesional de los servicios sociales, en concreto el trabajador del CEAS, «junto con el ciudadano y con la familia» el que determine «qué es lo que precisa y qué es lo que demanda cada persona».
De forma más gráfica indicó que el profesional podrá establecer «un paquete» de prestaciones para cubrir las necesidades de una persona, de tal manera que podrá disfrutar, por ejemplo, de «una combinación de unas horas de ayuda a domicilio, unas horas en un centro de día para recibir fisioterapia, la comida en el domicilio, la comida en un centro…»
Según Ortega, están trabajando «para que los servicios sociales sean los que se adapten y den respuesta a las diferentes necesidades que tienen las personas a través del modelo de atención en el domicilio con servicios profesionales prácticamente a la carta», explorando -ha añadido- «nuevas alternativas a los cuidados tradicionales, siempre apostando por la profesionalización de los servicios».
El catálogo estará aprobado «a finales de este año» y será el primero «de estas características a nivel nacional». Con él, añadió, se «consolidará este nuevo modelo de atención en el que se viene trabajando de forma consensuada con todo le sector en Castilla y León».
Según sostuvo, con el catálogo de servicios sociales se dará cumplimiento a la Ley de Servicios Sociales aprobada durante la pasada legislatura y que encomendaba a las Comunidades a poner negro sobre blanco los servicios que ofrece a los ciudadanos. Asimismo, informó de que Castilla y León cuenta con casi 4.000 profesionales más en el ámbito de la dependencia que en 2011, lo que supone un aumento del 28 por ciento hasta alcanzar las 16.000 personas que prestan servicios en este sector.
La consejera destacó que en estos años de dificultades económicas el Gobierno regional ha sido capaz de aumentar el empleo en dependencia y la calidad de la atención de tal manera que «en este momento el 70 por ciento de los dependientes están recibiendo cuidados profesionales bien en su domicilio o bien en centros de día y centros alternativos». Según Marcos, que ha participado en la Fundación ONCE en unas jornadas del Ateneo Gerontológico organizadas por ‘Entremayores’, su departamento ha logrado prestar «atención de calidad, atención centrada en la persona, con un incremento del empleo en el sector que es algo muy importante en estos momentos».
Asistente personal, una figura infrautilizada en Castilla y León
La figura del asistente personal para dependientes está prevista en la ley de dependencia desde el 2007. En Castilla y León no llega al 0,2% de dependientes que disponen de un asistente personal para el desarrollo de sus actividades diarias. La Junta de Castilla y León impulsará la utilización de esta figura y les dotará de una formación específica. Así lo señaló la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, durante la inauguración e la jornada »Asistencia personal: una prestación para la autonomía de las personas con discapacidad», que se celebró en Valladolid.
La figura del asistente personal ha estado prevista en la Ley de Dependencia desde el inicio, aunque nunca se ha desarrollado. En las actuales circunstancias socio-económicas el asistente personal cobra una nueva importancia, y según declaraciones en la jornada «Asistencia personal: una prestación para la autonomía de las personas con discapacidad», se va a dotar de contenido y formación a la figura de asistente personal.
Las principales organizaciones estatales representantes de personas con discapacidad han reclamado la figura del asistente personal. Tanto Predif (Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos), representada por su presidente Francisco Sardón, como Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), representada por Luis Cayo, coinciden en resaltar la importancia de la figura del asistente personal para fomentar la autonomía personal de las personas con discapacidad, siendo este uno de los objetivos fundamentales marcados en la Ley de Dependencia.
En el ámbito internacional, la figura del asistente personal tampoco está ampliamente desarrollada, salvo en países como Alemania y Suecia. Las organizaciones internacionales de personas discapacitadas y dependientes reclaman el fomento del asistente personal como figura clave en el fomento de la autonomía de discapacitados tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional.
Desmond Tutu junto con 300 mil personas de todo el mundo piden a la ONU una Convención que proteja los derechos de los mayores
«Una convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas Mayores es esencial para asegurar que se respetan sus derechos en una sociedad cada vez más envejecida», dijo Tutu, que ha escrito una carta abierta a los líderes mundiales pidiéndoles que apoyen la Convención.
El Observatorio de la Dependencia alerta de un grave riesgo para la viabilidad del sector y el derecho de las personas dependientes
Las organizaciones firmantes del VI Convenio de la Dependencia, tanto sindicales (FSS y CCOO de Construcción y Servicios y FSP-UGT) como empresariales (FED, LARES y AESTE), han presentado en rueda de prensa el primer informe del Observatorio de la Dependencia de España, un instrumento creado para analizar por parte de los agentes sociales de forma rigurosa y sistemática el desarrollo e implantación de la Ley de Dependencia en nuestro país, con el objetivo de dar respuestas a los problemas de viabilidad con los que se encuentra en la actualidad.
El informe, a los largo de sus 130 páginas, presenta una detallada radiografía del estado actual del sistema de atención a la dependencia, atendiendo a cuestiones como el número de solicitudes, valoraciones y beneficiarios, el desarrollo normativo de la ley tanto a nivel estatal como autonómico, los problemas de financiación con los que se encuentra actualmente el sistema y la delicada situación por la que atraviesa el sector.
Estas son algunas de las claves:
La aplicación de la LAPAD se realiza con importantes retrasos en la valoración y concesión de prestaciones, constatándose que algunas CC.AA no efectúan el reconocimiento de la prestación hasta que disponen de crédito presupuestario suficiente para hacerla efectiva (Informe Tribunal Cuentas 2.014), lo que perjudica que no resulte satisfecho en el momento oportuno el derecho subjetivo de las personas dependientes.
Se observa que en España (2,64% PD sb PT) la proporción de personas valoradas GIII alcanza en nuestro país 30,03%, mientras que el GII es 36,18%, ambos muy superiores a los de otros países europeos con similar población dependiente. Esta disfunción del Baremo puede tener relación con la financiación por grados de Dependencia reconocido, pudiendo existir un sesgo en la valoración hacia los grados mejor financiados.
A pesar de que RD1050/2013 tenía como objetivo priorizar servicios frente a prestaciones económicas, la Ley continua 7años más tarde de su entrada en vigor con una proporción de un 42,81% de servicios por cuidadores no profesionales, frente al 13,95 de servicios de atención residencial, 12,71%, SAD y 12,53% de teleasistencia. Lo que es más grave, si se tiene en cuenta que el 66,21% de los beneficiarios con prestación corresponden al Grado III (30,03%) y Grado II (36,18%) respectivamente y que además invirtiendo ese porcentaje de cuidadores no profesionales en servicios de residencia, se crearían 125.000 nuevos empleos (ratio 0, 5).
La revisión del SISAAD -nueva aplicación prevista para finales de 2014- ha arrojado duplicidad de expedientes e irregularidades que un vez depuradas alcanzan 39 millones de € y denotan la falta de controles eficaces, y el incumplimiento de la obligatoriedad de certificar por parte de las CC.AA la veracidad de datos.
La financiación de la AGE ha sufrido importantes disminuciones (regularización de expedientes, reducción cuantías máximas prestación económica y suspensión de cuotas SS de cuidadores no profesionales que arrastraba deuda de 1.034 millones de €, suspensión del nivel acordado), lo que unido al hecho de que las CC.AA no han dispuesto de contabilidad analítica aplicable en exclusiva a los gastos de dependencia, imposibilita certificar con exactitud el importe de los recursos destinados a la dependencia. Tampoco el desarrollo del copago -a pesar de sus incrementos- ha alcanzado la media del 33% prevista en la memoria económica de la Ley.
El crecimiento de empleo generado en el sector se ralentiza y comienza a disminuir en 2.012, incrementándose desde esa fecha los contratos no fijos y el empleo a tiempo parcial, lo que unido a la disminución de servicios e intensidades nos aleja de las estimaciones de creación de empleo previstas.
La normativa relativa a la LAPAD es enorme: incluye más de 671 normas de CC.AA y 134 normas estatales. Sin embargo adolece de la falta de una normativa estatal en materia de acreditación por grado de dependencia, que garantice una atención de calidad.
INTERVENCIONES
El Presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia José Alberto Echevarría indica que » estamos ante un sector que aporta retornos importantes traducidos en empleo y riqueza pero la realidad es que la falta de financiación es una evidencia que debe afrontarse. Tenemos que buscar una solución. Por otro lado es grave que al mismo tiempo los precios de los concursos siguen bajando mientras que permanecen vacías más de 50.000 plazas y tenemos casi 200.000 dependientes sin prestación»
Por su parte, Pilar Navarro Secretaria de Salud, Sociosanitario y Dependencia de FSP-UGT ha señalado que, el informe ha constatado que, tal como UGT ha señalado en varias ocasiones, “los puestos de trabajo generados por el sector están muy por debajo de las expectativas. La falta de inversión y la apuesta por los cuidadores informales de las CC.AA explican, en parte,
este desequilibrio”. Navarro “se ha mostrado preocupada por el retraso de algunas Autonomías para dar las certificaciones a los trabajadores del sector, lo que está dificultando la renovación de contratos”.
Mª Angeles Sánchez en nombre de LARES afirma que “Debemos trabajar para alcanzar el compromiso responsable y serio de qué asignaciones presupuestarias aporta la Administración Central , las Comunidades Autónomas y qué parte deben aportar los ciudadanos mediante copago. Se trata de saber con qué contamos para dotar de estabilidad a Nuestro Sistema de atención a la dependencia tras una época de afrontar duros recortes”.
Para Vicente Sánchez Secretario de Construcción y Servicios de CC.OO es relevante destacar “la formación específica que han realizado las trabajadoras del sector y el esfuerzo en tiempo, dedicación y económico realizado, que ahora se pierde por la destrucción de empleo”
Antonio Cabrera, Secretario de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO recuerda que “los servicios de atención a la dependencia dan empleo a más de 420.000 personas de las que el 86% son mujeres” de ellos el 22% de los trabajadores de residencias tienen contrato a tiempo parcial, frente al 26% de otros servicios vinculados a la dependencia. Desde 2.012 se destruye empleo, coincidiendo con la reducción de la tasa de cobertura del sistema y la minoración de la intensidad de sus prestaciones”
Desde AESTE su Presidente Jorge Guarner aboga por el cumplimiento de la Ley en base a servicios profesionales, para reducir a cuotas excepcionales el 42,81% de cuidadores no profesionales, que de reducirse al ritmo actual del 2,5% anual, tardaríamos más de 20 años en llegar a las cifras excepcionales, que promulga la Ley. Lo que es especialmente grave, si tenemos en cuenta que alta y media dependencia requieren una atención profesional y de calidad, que pasa por que se regule una acreditación por grados de dependencia, que responda a las necesidades sociales y sanitarias de las personas dependientes. Actualmente no existe a pesar de las casi 800 normas vigentes.
El peor tsunami japones no se produce en el mar
Ya el 5 de mayo, opinamos sobre el problema demográfico japones, ¿Japón nos muestra cual será el futuro de nuestro país?
Y el 15 de mayo, el Presidente Fundación Edad&Vida, Eduardo Rodríguez Rovira, hace pública la siguiente carta:
«Japón está desgraciadamente sometido a periódicas tragedias naturales, terremotos y consiguientes maremotos. Hemos vivido recientemente el de 2011, que provocó los gravísimos problemas en la central de Fukushima y que causó 20.000 muertos o desparecidos.
Pero en Japón existe otra clase de tsunami que ha sido anunciado con tiempo, aunque no se le ha prestado atención con acciones preventivas y como consecuencia está motivando ya anualmente una hecatombe en la población japonesa: su desplome a causa del envejecimiento y de la insuficiente capacidad de sustitución por nuevas generaciones.
Por tercer año consecutivo ha disminuido la población de Japón. Nada menos que 217.000 personas, es decir 0,17% de la población de 127 millones de habitantes.
Las personas mayores de 65 años representan más de un cuarto de la población (en España alrededor de 17%) y es el segmento que aumenta más rápidamente (en el año más de un millón de personas).
En paralelo la población en edad de trabajar descendió también un millón de personas y en Japón no existe prácticamente inmigración, que no es bien vista por la población, por lo que se encuentra en una situación comprometida a corto y medio plazo.
La preocupación de los políticos es grande porque el tsunami ya está encima y se anticipan enormes problemas para el pago de las pensiones, la atención sanitaria y graves repercusiones en la producción y la economía. Está claro que las medidas se debían haber preparado cuando se anticipó con toda claridad hace años el cambio demográfico inminente.
La alarma ya ha llegado a España también. En 2013 descendió la población por primera vez desde que se publican las series históricas (1971), en número de 113.902 personas. Pero el análisis indica que se ha debido principalmente a movimientos de emigración (162.390 salidas), ya que el saldo vegetativo, aunque magro, fue todavía positivo, 48.488 personas.
La previsión, según el INE, es que llegaremos a perder dentro de cuarenta años un 10% de la población, que disminuirá hasta los 41 millones, salvo que se produzcan de nuevo movimientos migratorios masivos. Desde 2018 los fallecimientos superarán a los nacimientos. En 2040, la población mayor de 65 años alcanzará el 37%.
La tasa de natalidad española es una de las más bajas de la UE, y por tanto del mundo, 1,36 hijos por mujer, pero no existe una política familiar enérgica para resolver este importantísimo problema demográfico, de incalculables consecuencias económicas y sociales.
El tsunami poblacional, nos alcanzará, como está ocurriendo en Japón, si no ponemos nuestras barbas a remojar…»
Nuestros políticos no quieren hablar con los dependientes
Para nuestros gobernantes resulta incómodo hablar el pueblo al que gobiernan y que les han votado. Es más fácil colgar el teléfono y acusar de falta de ética profesional al mensajero, Jordi Évole.
Tres de cada diez dependientes en lista de espera vive en Andalucía
El Tribunal de Cuentas vuelve a la carga contra el caos autonómico en el sistema de atención a la Dependencia. Aunque, desde su primer informe, reconoce los progresos que ha logrado el Imserso para acabar con las deficiencias existentes, una fiscalización de la gestión y control de las comunidades pone de relieve que aún queda tarea por hacer y les pone deberes. Si bien es cierto que la situación varía mucho de unas a otras, entre los males que lastran el sistema se encuentran la maraña de normas, las demoras en la información facilitada y en el reconocimiento de las prestaciones, las listas de espera y las diferencias en la valoración de la capacidad económica del afectado.
Más de 800 normas
El informe del Tribunal de Cuentas, pendiente de alegaciones, incide en la «excesiva dispersión normativa» que ha generado el desarrollo de la ley de Dependencia de 2006 por parte de las comunidades, «muchas veces solapada con la normativa de los servicios sociales preexistente», lo que, apunta, «no se compadece con los principios de universalidad, igualdad y transparencia que informan el sistema». De hecho, el «repertorio normativo» abarca 671 normas autonómicas de diverso rango, además de las 134 estatales.
No obstante, admite que «en el ámbito estatal se observa un esfuerzo por refundir el desarrollo reglamentario» de la ley en un menor número de textos, como se hizo en el decreto del pasado 27 de diciembre que regula las prestaciones del sistema y unifica todas las normas relativas a prestaciones y servicios. Además, el Tribunal indica que «se han efectuado o están en trámite otras modificaciones normativas destinadas a homogeneizar el sistema e introducir nuevos elementos de control que permitan disponer de información y estadísticas ajustadas a la realidad».
Demoras de más de un año
El Tribunal advierte de las «excesivas demoras» por parte de las comunidades a la hora de introducir los datos mensuales requeridos en el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD). De hecho, solo siete comunidades –Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Extremadura, Galicia y La Rioja– registran los datos en un plazo inferior a un mes desde la fecha de la solicitud. En el caso de la Comunidad Valenciana, se tarda 479 días de media (Murcia llega a 925, pero el Tribunal no lo considera significativo porque esta comunidad acordó con el Imserso un proceso de regularización entre los sistemas de información, por lo que no registró información nueva de enero a octubre de 2013).
La existencia de diversos sistemas de gestión de datos se apunta como una de las razones. Seis de las siete comunidades que no superan el mes de plazo utilizan el SISAAD directamente como sistema de gestión, mientras que la mayor parte de las que exceden ese tiempo emplean sus propios sistemas. También continúan produciéndose «importantes demoras en las resoluciones de reconocimiento de la prestación», con incumplimiento por las comunidades del plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud. El plazo medio entre 2011 y 2013 se eleva a más de ocho meses. Aunque el Tribunal reconoce una «evolución positiva», en la mitad de los 67.468 expedientes registrados en el primer cuatrimestre de 2013 se había sobrepasado el plazo de seis meses.
Listas de espera
Las comunidades han logrado reducir «significativamente» entre 2012 y 2013 el número de solicitudes pendientes de resolución de reconocimiento de la prestación, pero su número sigue siendo «elevado», según el Tribunal de Cuentas. Mientras que a final de 2011 eran 305.901 las personas en lista de espera, al acabar 2012 habían pasado a 231.119; y en diciembre de 2013 a 190.503. Este último dato supone que el 20,17% de los 944.345 dependientes a los que ya se les ha reconocido esta condición, estaban a final del pasado año pendientes de recibir prestación.
Pero la situación no es igual en todas las comunidades. En las ocho que superan la media nacional (el citado 20,17%), se concentra el 75% de los pendientes de prestación, y «resulta particularmente llamativo el excesivo porcentaje de Canarias», con el 52,74%. En términos absolutos, es Andalucía la que concentra el mayor número de beneficiarios en espera, 53.981. Esto supone que más del 28% de las personas con derecho a prestación por dependencia pero que no la reciben, están en la comunidad andaluza. Es decir, tres de cada diez dependientes en lista de espera viven en Andalucía. Por el contrario, el Tribunal destaca favorablemente la gestión de Castilla y León, con solo un 1,66% de beneficiarios pendientes de prestación.
Desigualdad entre españoles
Las diferencias entre comunidades a la hora de hacer efectivas las prestaciones, concluye el órgano fiscalizador, «implican un claro elemento de desigualdad entre los dependientes por razón de la residencia».
El informe también advierte de «gran disparidad» entre comunidades en cuanto a la valoración de la capacidad económica de los beneficiarios. La ley prevé que se calcule teniendo en cuenta la renta y el patrimonio para determinar qué cantidad deben aportar para costear las prestaciones. Aunque algunas han dictado disposiciones que incorporan, al menos parcialmente, los criterios mínimos de cómputo, otras «no han efectuado hasta la fecha esa necesaria adaptación normativa».
Canarias, la comunidad que percibe más recursos del Estado de los que dedica
Salud y Bienestar harán frente común al aumento de la dependencia fruto del envejecimiento
El Consell Executiu ha aprobado este martes la creación de un Plan Interdepartamental de Atención Social y Sanitaria (Piass) para «garantizar» que se puede atender con calidad a todas las personas con dependencia debido al envejecimiento de la población y el aumento de la dependencia, que ya afecta al 6% de los catalanes.
Lo ha explicado el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, en la que ha concretado que la iniciativa pretende «reorientar» servicios públicos en una sociedad que cada vez vive más años.
Ha informado que, para lograrlo, Salud y Bienestar Social reforzarán su colaboración en el ámbito de las residencias de ancianos y discapacitados, en la red pública sanitaria y de salud mental, en los servicios sociales básicos y la red de larga estancia sociosanitaria.
«Se trata de compartir conocimientos, capacidades, instrumentos y datos para configurar, progresivamente, una red interrelacionada e integrada de servicios a los usuarios», ha dicho Homs, que ha asegurado que el Govern apuesta por un modelo de intervención global coordinada.
Ambos departamentos configurarán una historia clínica compartida gracias a la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y «revisarán» el modelo actual para garantizar una atención integral con un uso racional de los recursos.
Con esta iniciativa se diseñará un «nuevo escenario» de asistencia sociosanitaria, con la creación de un gran sector de atención de larga duración que incluya todos los servicios necesarios para los usuarios.
El 74% de los catalanes adultos manifiestan tener una enfermedad crónica, de los que 140.000 también sufren algún tipo de dependencia; además, el 50% de estos pacientes desarrollan enfermedades múltiples de carácter crónico, un fenómeno que se prevé que sea la principal causa de discapacidad en 2050.
Se crea la mesa estatal por los derechos de los mayores
La Mesa Estatal por la Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas Mayores se presentó coincidiendo con el Día Internacional de la Justicia Social.
Isabel Mª Martínez Lozano, Presidenta de la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores y Presidenta de la Fundación HelpAge International España afirmó que “Una Convención por los Derechos de las Personas Mayores garantizará el ejercicio de los derechos de las personas mayores en los países que los tienen regulados, los generará donde no existen y velará porque se cumpla un umbral mínimo en todo el mundo”.
El acto fue presentado por la periodista Rosa María Calaf, que habló de la imagen de las personas mayores en los medios de comunicación.
Paca Tricio, Directora Gerente de la Unión Democrática de Pensionistas, UDP aportó su experiencia en personas mayores y activismo social. «Los derechos de las personas mayores no son una entelequia escrita en un papel. Los ciudadanos debemos luchar por su consecución, y esta mesa de organizaciones civiles es una herramienta para trabajar en esa dirección».
Por su parte, Concepción Mª Díaz Robledo, Vicepresidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Cermi puso el acento en las personas mayores con discapacidad.
Luciano Poyato Roca, Presidente de la Plataforma del Tercer Sector, destacó el apoyo y el compromiso de su organización para reivindicar la creación de una Convención de la ONU que proteja los derechos de las personas mayores. “Es fundamental que la sociedad civil se muestre fuerte en la defensa de los derechos de la ciudadanía y, en este caso, de las personas mayores de España y del resto del mundo”, dijo.
El acto concluyó con la lectura del manifiesto que subscriben las entidades por parte de la periodista especializada en personas mayores Loles Díaz Aledo.
La Mesa se une al movimiento ADA (Adultos Mayores Demandan Acción) promovido por HelpAge International y existente en 57 países para demandar una Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas Mayores. ADA ya ha conseguido 200.000 firmas a favor de la Convención.
El Manifiesto recoge la necesidad de actuar ante el envejecimiento global.
La transición demográfica global está teniendo lugar a una velocidad sin precedentes. Para el año 2050, el número de personas mayores llegará a los 2.000 millones, lo que representará una quinta parte de la población mundial.
Toby Porter, Director Ejecutivo de HelpAge International, explicaba: “A medida que la población envejece, un número cada vez mayor de personas están sufriendo discriminación por edad en todos los aspectos de sus vidas. A menos que esto esté expresamente prohibido por una ley y sea algo inaceptable por las sociedades, el número de personas que sufran discriminación se incrementará inevitablemente”.
La discriminación por edad se tolera en todo el mundo, las personas mayores se enfrentan a abusos, violencia y negación de sus derechos, y permanecen invisibles en el actual sistema de protección de derechos humanos. Sin embargo, realizan contribuciones muy positivas a sus familias y a la sociedad. En la actualidad, los mecanismos de protección existentes son insuficientes.
Las entidades firmantes apoyan la elaboración de una nueva Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores que proporcionará un marco legal más claro y ayudará a los gobiernos, al sector privado, a la sociedad civil y a otros sectores en la toma de decisiones dirigidas de forma positiva a la población más envejecida, a la eliminación de la discriminación por edad, a una mejor protección de los derechos de las personas mayores, y el respeto de su dignidad.
El TSJ abre la vía para que los herederos de 36.000 dependientes fallecidos reclamen la prestación
La sentencia de la Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que reconoce a los herederos el cobro de la prestación de una dependiente que falleció sin cobrar la ayuda sienta un precedente demoledor para la Conselleria de Bienestar Social, según explicó Sandra Casas, la letrada de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia. Más de 36.000 familias de usuarios que murieron sin haber cobrado la prestación por la demora de la Generalitat podrían exigir con altísimas garantías de éxito la retribución de este derecho generado presentando un recurso contencioso administrativo en el TSJCV.
Como contó ayer en exclusiva Levante-EMV, el alto tribunal valenciano ha obligado a la Generalitat a abonar la prestación a los herederos de una dependiente que falleció mientras la conselleria tramitaba su expediente porque fue «prolongada, defectuosa y morosa» por parte de la Conselleria de Bienestar Social. En este caso, el departamento que ahora dirige Asunción Sánchez Zaplana tardó dos años en resolver la solicitud de dependencia.
De esta manera, el TSJ valenciano se suma a la jurisprudencia sentada por otros altos tribunales como el de Andalucía que dan la razón a los dependientes fallecidos y sus herederos ante la administración autonómica. Pero los recurrentes valencianos se pueden encontrar con otra sentencia de la Sección Quinta del mismo TSJCV que avaló a la Conselleria de Bienestar Social que defiende que la muerte del dependiente era motivo de archivo del expediente, según explicó la letrada Sandra Casas, que está pendiente de que el tribunal resuelva numerosos casos similares que presentó ella y otros abogados.
La letrada se mostró optimista, aunque muy cauta en la sentencia y explicó que será complicado que el TSJ aplique la «extensión de efectos». Es decir, que los herederos exijan un procedimiento abreviado sin ir a juicio con la sentencia hecha pública ayer por este periódico. La abogada considera que los familiares de los dependientes posiblemente tengan que acudir al contencioso-administrativo, aunque con posibilidades de ganar en casi el 100 por 100 de los casos.
Sea cual sea la estrategia que elijan los herederos de los dependientes, lo que queda claro en esta sentencia de la Sección Cuarta del TSJ es que se reconoce el derecho de cobrar la prestación retroactiva pese a que el dependiente haya fallecido en el proceso, puesto que asume que los familiares han asumido el coste del cuidado del solicitante de su bolsillo. Y es más, el tribunal censura duramente a la Conselleria de Bienestar Social por su demora en la resolución de expedientes. Llega a decir de la administración valenciana «abandona a su suerte al dependiente durante el proceso de tramitación».
La clave: Sin el PIA aprobado
Otra de las claves importantes en la sentencia es que el TSJ tumba el argumento de la conselleria de que el fallecido no tenía reconocido el derecho al no estar aprobado el PIA (Plan Individual de Atención). En este caso, los jueces estiman que la «inacción» de la administración invalida la versión de la conselleria porque estaría actuando de manera perversa prolongando la tramitación para que fuera lo más larga posible. En román paladino, demoras en la resolución de los expedientes más allá de los dos años para que la persona que solicita el derecho acabe falleciendo.
Esta no es la única sentencia que cuestiona las resoluciones que está emitiendo la consellera de Bienestar Social. Cabe recordar que la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) ha cifrado en un 95 por ciento el porcentaje de casos judiciales ganados por personas dependientes y los profesionales y centros del sector que las asisten frente a la Administración.
Algunos ejemplos de situaciones que afectan a estas personas son la falta de resolución de las prestaciones de atención a la dependencia –en la Comunitat Valenciana existen más de 13.000 expedientes sin resolver–, los problemas en su ejecución e impagos de ayudas, y la desinformación y las dificultades en la libre elección de centro y servicio, situaciones provocadas por la «ineficacia» de la Administración valenciana.
Munté deplora el impacto social de la reforma local del Estado y ve «imposible» cumplirla
La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, ha deplorado este lunes el impacto social que tendrá la ley de racionalización de la administración local del Estado porque contraviene el principio de proximidad, y ha afirmado que es «imposible» cumplirla en los términos y plazos que se ha planteado.
Durante su intervención en el Consejo General de Servicios Sociales, Munté ha afirmado que la normativa «no respeta el principio de proximidad, clave en el modelo catalán de políticas sociales», ha informado al Conselleria en un comunicado.
La propuesta del Estado «tampoco tiene en cuenta la realidad territorial y al experiencia acumulada por los entes locales», ha dicho la consellera, que ha añadido que su aplicación devolverá a Catalunya a un sistema público de servicios sociales ya superado.
Ha advertido que el Estado «pretende alejar a los ciudadanos de la competencia de la atención, lo que dificulta una respuesta ágil y eficaz a sus necesidades y a la intervención comunitaria en beneficio de la cohesión social».
Además, ha recordado que el texto prevé que la Generalitat asuma las competencias de los entes locales antes de diciembre de 2015: «Este plazo resulta claramente corto y desproporcionado y es imposible de cumplir para Catalunya».
