Derechos Sociales
Solicitantes de la Ley de Dependencia critican la demora y escasez en las ayudas
Numerosas personas que padecen una enfermedad acuden a los organismos necesarios para cumplimentar toda la documentación requerida y poder acogerse a la Ley de Dependencia. Sin embargo la gestión burocrática que las propias administraciones realizan ralentiza de forma considerable el proceso, con la correspondiente gravedad que ello puede ocasionar a una persona que padece una situación delicada de salud.
La demora a la hora de recibir las ayudas, que en algunos casos llegan una vez la persona que las solicita ha fallecido, ha llegado hasta tal punto que los afectados no se ven ni amparados por la legislación así como tampoco por las administraciones.
Ese es el sentir de algunos afectados entre los que se incluye Abrahán Guirao es uno de las personas que ha recurrido a la Ley de Dependencia.
Demora para recibir la ayuda y prolongadas gestiones de demanda
Concretamente Guirao padece una enfermedad degenerativa muscular que afecta a todo el cuerpo. Por esta razón, hace cuatro años decidió solicitar esta ayuda, que todavía a día de hoy no le ha sido concedida. “Mi solicitud me fue denegada mientras a mi padre, que estaba bastante peor que yo, se la aprobaron aunque el proceso para que fuera efectivo tardó tanto que de hecho poco pudo disfrutar de la prestación que se le adjudicó hasta que falleciera. Desde entonces y al cambiar radicalmente la situación económica en mi casa y además estando yo mucho peor, retomé la batalla de reclamaciones y solicitud de revisión, que no es que abandonara en ningún momento pero que estaba más en una posición de espera de una respuesta a papeles presentados que no llegaba”.
La negativa de la solicitud así como la demora en las gestiones son las principales causas que, apunta, están provocando la desesperación de muchos usuarios que solicitan esta ayuda por extrema necesidad y aseguran están desamparados. “Tras la espera de muchos meses, con llamadas constantes a las que la respuesta era que ellos no sabían nada, que lo valorarán cuando me toque mi turno y ya me dirán, recibo una carta denegándome cualquier reconocimiento de situación de persona dependiente sin mayor explicación que porque no creen que haya empeorado mi estado. Me pongo en contacto telefónico con ellos diciendo que aparte de que el informe que he presentado dice todo lo contrario, ni siquiera han venido a revisarme a casa tal y como deben hacer para comprobar mi estado y no hacer tal afirmación sin más, en su clara estrategia de responder “no” por sistema hasta que el solicitante se cansa de reclamar o fallece en el proceso”.
Constantes cambios en la legislación
Este caso concreto sirve para reflejar la situación que están viviendo numerosos ciudadanos quienes además critican los cambios constantes que sufre la ley, lo cual supone que el proceso de evaluación y concesión de la ayuda, no llegue a materializarse. “Tras varias llamadas me comentan que ahora el proceso ha vuelto a cambiar y para reclamar su fallo, el informe que vale es uno “oficial” que te hace el médico de cabecera y cumplimentado con más papeles que me dará la asistenta social tras una revisión por su parte”.
En este sentido, otra de las críticas de los afectados es que con tanto cambio las gestiones se eternizan y los propios trabajadores se muestran confusos sobre el procedimiento. “Acudo a un sitio y otro para su elaboración no sin que pase algún que otro mes en el proceso y que fruto de estos “cambios constantes” ni los médicos ni en asistencia social ni en el Prop acaban de tener claro qué deben hacer y actúan sobre la marcha”
La lentitud de las gestiones y el proceso y los constantes cambios incrementan la impaciencia de los solicitantes mientras va mermando su estado de salud. Informes que no llegan, reclamaciones que se inician seguidas de nuevas barreras en el proceso, provocan la desesperación de los afectados. “Avanza 2012 y meses después de la mencionada reclamación me contestan básicamente que debería cumplimentar todo lo aportado con un informe médico del especialista de mi enfermedad actualizado, dado que el que tienen es el de la primera solicitud de hace más de tres años. Adjunto a todos los papeles anteriores y vuelvo a reenviar a Dependencia. Meses después, ya rozando 2013 y tras llamadas en las que me decían no saber nada aún de mis papeles y su recepción me contestan diciendo que me he dejado por marcar una casilla importante y que debo reenviar los papeles en menos de una semana rellenándolos por completo o perderé cualquier derecho. Cansado, indignado, con sensación de ser burlado, lo hago y lo vuelvo a enviar.
La visita de reconocimiento en el domicilio del solicitante y escasa ayuda económica
Una vez la documentación está en regla, parte del proceso es la evaluación personal del paciente. Es uno de los últimos pasos a realizar antes de recibir la ayuda. Sin embargo, nuevos cambios en la Ley provocan el desasosiego de los enfermos. “Por enésima vez llamo preguntando sobre el estado de la reclamación me dicen que lo tienen todo correcto y no creen que tarden en llamarme para decirme qué día vienen”.
Sin embargo una vez se persona quien realiza la evaluación, después de un proceso burocrático complejo, asevera que “hace unos meses han quitado todas las prestaciones económicas”. De esta forma Guirao declaraba que “se cierra así la puerta a una ayuda de máximo unos 300 euros para una situación económica complicada y el bálsamo de que el cuidador/a (en este caso mi madre) pueda cotizar a la Seguridad Social, dado que por tantos años de cuidar a mi padre y ahora a mí no ha podido apenas trabajar y por tanto difícil tiene tener una pensión digna. “Si tengo suerte” (me dicen) igual me aprueban que venga alguien a mi casa unas horas al mes a ayudar o poder ir a un centro, para ir así acostumbrándome al hedor de la muerte y la gratificante experiencia de mirar a los ojos cada día a aquellos que como yo, parece que no servimos en esta sociedad. Ahora podría ir a los tribunales, reclamar que inicié los trámites hace mucho y que aplicaran el carácter retroactivo pero ante tal posibilidad, la revisora de hoy ya me advierte que solo voy a perder más salud, tiempo y el dinero que no tengo”.
Antonina Sánchez: “Asistimos a la demolición de la Ley de Dependencia»
La teniente alcalde de Sanidad y Servicios Sociales de Valdepeñas, Antonina Sánchez, afirmó este martes que los recortes de servicios y el incremento de las tasas a los usuarios de la Ley de Dependencia por parte del gobierno regional, “suponen un brutal retroceso. Asistimos a la demolición de la Ley de Dependencia. Los efectos de las políticas del PP son devastadores. Ha habido cambios en la normativa y recortes que dejan en la calle a los dependientes. Han recortado sus prestaciones”.
Enumeró recortes como el reflejado en el Decreto 174/2011 que modifica el baremo a través del cual una persona se considera dependiente. “Dependientes de grado 3 ahora son de grado 1 y los de grado 2 y 1, la Junta ha dejando de considerarlos dependientes. Supone una pérdida de derechos. También se ha disminuido el número de horas al mes de ayuda a domicilio que recibían los dependientes y se ha establecido la incompatibilidad entre servicios que recibe una persona dependiente, excepto en la tele-asistencia, lo que hace que el dependiente deba elegir entre ir al centro de día o el servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo. Esto supone una situación de desprotección”.
Sánchez apuntó que “otra medida sangrante” es que las personas que tienen reconocido el grado 1-nivel 2 y que tenían derecho a todas las prestaciones y servicios a partir del 1 de enero del presente año, han visto retrasada la atención hasta julio de 2015. Es igual que si una persona que sufre cáncer y necesita quimioterapia le retrasan el tratamiento dos años, es probable que no llegue a recibirlo porque muera. Miles de personas morirán esperando recibir ese servicio que necesitan, porque la esperanza de vida de estas personas dependientes es muy corta”.
Otro recorte es dejar de financiar la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales en el ámbito familiar y otro, reducir las prestaciones económicas para dependientes en un 15%.
En cuanto al incremento de las tasas, Antonina Sánchez recordó que las prestaciones dependen ahora de las rentas y el patrimonio. También indicó que el servicio de Ayuda a Domicilio que antes era gratuito, ahora oscilará entre 56 y 186 euros en Valdepeñas.
Asimismo se ha incrementado la tasa del Centro de Estancias Diurnas del Lucero más de un 80%, no se concede el Transporte Adaptado, el gobierno central ha disminuido un 30% desde 2012 el presupuesto para dependencia y la Junta lo ha reducido un 11,17% (93 millones de euros), se ha modificado la Relación de Puestos de Trabajo suprimiendo 178 puestos (93 dentro del ámbito de la dependencia) y se ha aprobado la Ley de Tasas, con lo que el dependiente debe pagar por la gestiones de la administración, como 40 euros por revisar el grado de dependencia o 30 por la revisión del grado de discapacidad.
El CERMI alerta a Montoro sobre el riesgo de que se excluya a la discapacidad de los Fondos Estructurales
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha manifestado su «máxima alerta» al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, sobre el riesgo de que se excluya a la discapacidad de los Fondos Estructurales.
A través de una carta, Cayo manifiesta el temor ante una posible desaparición de cuestiones que considera «clave» para la consecución de los objetivos de la Política de Cohesión. «Venimos trabajando en el proceso de reforma de la normativa reguladora de los Fondos Estructurales desde su inicio, habiendo logrado que determinados aspectos esenciales para el sector de la discapacidad estén incluidos en dicho proceso», ha apostillado.
De esta forma, Pérez Bueno ha trasladado la demanda del sector de la discapacidad, representado en España por el CERMI, y en la Unión Europea por el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), en el marco de la estrategia del movimiento de la discapacidad en relación con los Fondos Estructurales.
Para el Comité y para el EDF, los Fondos Estructurales y de Inversión deberán, además de fomentar la cohesión social, económica y territorial, «contribuir a los objetivos de la Estrategia Europea por un crecimiento sostenible, inteligente e integrador».
Sin embargo, el CERMI advierte de que «los objetivos de la Estrategia Europa 2020 no se alcanzarán si los Fondos excluyen a las mujeres, a las personas con discapacidad o a las personas en situación de pobreza».
En este sentido, Bueno subraya que la prevención de las desigualdades o discriminación por motivo de sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual está «claramente establecida» en el Tratado de la Unión Europea, y en la Carta de Derechos Fundamentales.
Asimismo, agrega que la Unión Europea como tal, así como los Estados miembro han firmado la Convención de la ONU, y, de esta manera, si se retirase la condicionalidad ex-ante, «se violaría estas disposiciones de los Tratados fundamentales», y «pondría en riesgo la consecución de la cohesión económica, territorial y social de Europa».
El Gobierno prepara un decreto para enterrar la dependencia
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales acusa al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales de «estrangular» la gestión de la Ley de Dependencia.
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales acusa al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales afirman que el Gobierno incumple el acuerdo alcanzado en el último Consejo Interterritorial de Dependencia celebrado el pasado 16 de enero y acusan al Ejecutivo de “estrangular” la gestión de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia a través de un Real Decreto en el que está trabajando a espaldas de las Comunidades Autónomas. Afirman que el Gobierno incumple el acuerdo alcanzado en el último Consejo Interterritorial de Dependencia celebrado el pasado 16 de enero.
En 2012, el Ministerio suprimió la aportación estatal para el nivel acordado, lo que supuso en el conjunto del país una reducción de 283 millones. A ello se unió en julio del pasado año la modificación de la Ley, que incluía otro hachazo en la aportación ministerial para el nivel mínimo de 87,7 millones de euros, es decir, un 13,24% menos de lo que aportaba en 2011.
Para 2013, el presupuesto que maneja el Ministerio según la Memoria del análisis de impacto normativo del Proyecto de Real Decreto por el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, contempla un recorte para el conjunto de las Comunidades Autónomas de un 22,6% con respecto al presupuesto final de 2012, es decir, 317,3 millones, a los que hay que añadir los 283 que aportaba por el nivel acordado suprimido ya el pasado año. Y es que mientras en 2012 el Imserso destino 1.404.493.590 €, para el nivel mínimo, este año el presupuesto previsto es de 1.087.179.320 euros.
Desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales aseguran que en 2012 y 2013 el Estado dejará de aportar a las Comunidades Autónomas más de 600 millones de euros, lo que representa un porcentaje muy importante de lo que recibían las Comunidades Autónomas.
El real decreto contempla aspectos que de aprobarse, supondrían, según la asociación, “un estrangulamiento total”, afirman que, “supondría la paralización prácticamente total de la tramitación de expedientes, al tener que trabajar en la incorporación de millones de datos de personas que han estado atendidas desde la entrada en vigor de la Ley, cuyo cumplimiento pretende exigirse para que el Imserso no deje de pagar a las Comunidades Autónomas suspendiendo la liquidación del nivel mínimo. Todo ello teniendo en cuenta que con la eliminación del nivel acordado se ha eliminado también la aportación económica a las Comunidades para la gestión”.
Añaden que las estadísticas oficiales desde hace siete meses se relacionan con los fallecimientos tanto de los beneficiarios, como de las personas en situación de dependencia que se encuentran en la lista de espera, “esto indica que al no mantener la tasa de reposición de beneficiarios, bajar las solicitudes, los dictámenes, el número de grandes dependientes, y reducir el número de personas con derecho nos lleva a pensar que el Sistema de Atención de la Dependencia tiene fecha de cierre, cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido. Si a todo ello le unimos los recortes económicos y las condiciones leoninas como las que se quieren incluir en el real decreto que pretende aprobar el Imserso, parece que esa fecha está marcada y se corresponde con la fecha de publicación en el BOE del citado real decreto”.
La asociación denuncia que sólo en este último mes se han cerrado 319 plazas de residencia, 517 de ayuda a domicilio, 1.083 de teleasistencia, entre otros servicios, lo que supone el despido de casi un millar de trabajadores del sistema de atención a la dependencia –un 90% mujeres-. Además 3.649 cuidadores familiares han dejado de recibir una ya mermada prestación económica.
Jaén registró el mayor porcentaje de solicitudes de Dependencia entre 2008 y 2011
El presidente del Consejo Económico y Social de la Provincia (CES Provincial), Luis Parras Guijosa, ha presentado hoy el dictamen ‘Análisis de la aplicación de la Ley 39/2006 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia de la provincia jienense’, un estudio que ha comprendido el período de 2008 a 2011.
Entre las principales conclusiones, en ese período de tiempo el número de solicitudes de acceso al nuevo sistema de atención a al dependencia en la provincia de Jaén supuso el porcentaje más alto de la población en comparación con el ámbito autonómico y estatal, pasando de un 3,84%, es decir 25.586 solicitudes de la población en 2008; al 9,36% en 2011 con 62.825 solicitudes.
En el mes de junio de 2010, el número de solicitudes en Andalucía estaba cercano a suponer la tercera parte del total de solicitudes del país, “lo que da a entender el nivel de conocimiento de la Ley entre la población y la adecuada respuesta que desde la Red de Servicios Sociales Comunitarios se ha dado desde el inicio de su puesta en marcha”, ha valorado Parras Guijosa. Y es que las solicitudes en Jaén suponen el 13,02% de las solicitudes de Andalucía.
Con relación al porcentaje de dictámenes realizados respecto al número de solicitudes, de nuevo en 2011 el porcentaje en la provincia fue del 97,80%, frente al ámbito autonómico (91,90%) y estatal (93,55%). Fue mayoritario el número de dictámenes de Grado III, pasando a ser mayor el numero de los Grado II en 2011.
En cuanto a los servicios y prestaciones recibidas por las personas usuario del sistema, en el período 2008 a 2011 es mayoritario con gran diferencia el número de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, seguido del servicio de teleasistencia domiciliaria y el servicio de ayuda a domicilio. “Es importante señala cómo se refleja la apuesta realizada por la Junta de Andalucía para ofrecer su propio servicio de Teleasistencia en un elevado número de personas”, recuerda Parras Guijosa.
En cuanto a la diferencia por sexo, el número de solicitudes de mujeres dobla al de hombres, siendo en ambos sexos el mayor número correspondiente a personas mayores de 80 años, tanto a nivel provincial como nacional.
En el mes de junio de 2010, el 75% de las personas con valoración de Grado III o Grado II están recibiendo un servicio o una prestación del catálogo de la ley. El número de auxiliares domiciliarias en el servicio de ayuda a domicilio se había triplicado en el mes de junio de 2010, respecto al período anterior a la Ley.
Con relación a los recursos disponibles en la provincia, el mayor número de plazas corresponde a las residencias para personas mayores, siendo los recursos con el menor número de plazas disponibles los destinados a personas con discapacidad.
Por todo ello, el dictamen concluye que “un sistema publico tan reciente y que tantos ingresos genera a la economía de un país merece su reforma, su mejoramiento, pero nunca su debilitamiento”, emplazando a un próximo informe ante los últimos recortes a la Ley de la Dependencia.
La renta familiar cae a niveles del año 2001, el 6.4% de españoles al borde de la exclusión
La crisis y los recortes están golpeando con tal dureza a la sociedad española que las rentas se han desplomado a niveles de hace diez años. Ya hay tres millones de personas en una situación de pobreza extrema, la antesala de la exclusión. Y la capacidad adquisitiva, 18.500 euros de promedio por español en 2012, es inferior a la del año 2001. Los detalles de este retroceso los presentó ayer Cáritas en un informeque habla de una década perdida.
El escenario que dibuja el estudio Desigualdad y Derechos Sociales. Análisis y Perspectivas 2013, elaborado por la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) a partir de diferentes fuentes oficiales, es de una situación de dureza sin precedentes recientes, según la entidad humanitaria. El descenso en la cantidad de dinero que manejan las familias obedece al efecto combinado de la caída de los ingresos (un 4%) y la subida de los precios (10%). Y se traduce en un empobrecimiento que “avanza a la carrera”, añade Carlos Susías, de la Red Contra la Pobreza y la Exclusión Social España (EAPN). Especialmente entre los más desfavorecidos. “Es una verdadera barbaridad la evolución de los últimos años”.
El retroceso de los ingresos afecta de forma especialmente cruenta a las rentas más bajas, una categoría que no deja de reclutar ciudadanos. El 21,8% de los españoles vive en pobreza relativa —en 2008 la tasa estaba en 19,6%—. Son 10 millones de personas. Este índice (que fija Eurostat) corresponde al 60% de la mediana de la renta nacional. Es decir, una persona es pobre si vive con menos de 7.300 euros anuales. Por cada adulto que se suma a la unidad familiar, habría que incluir la mitad de esta cantidad, y un 30% por hijo. De esta forma, una pareja con dos hijos está por debajo del umbral de la pobreza si cuenta con menos de 15.330 euros para pasar el año.
La situación de pobreza severa (30% de la renta mediana, 3.650 euros anuales) también crece, y ya alcanza al 6,4% de la población —4% en 2008—. En total, unos tres millones. Para José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, este último dato es especialmente preocupante. La pobreza extrema es el peldaño anterior a la exclusión social. “Recuperar a estas personas exige una media de 10 años de una intensa intervención social, y esto supone un enorme coste humano y de recursos”, añade este especialista en servicios sociales.
Hay datos sobre los que el informe presta especial atención. Por ejemplo, el que indica que un 38% de los hogares monoparentales con un hijo o más vive por debajo del umbral de pobreza y el 11,7% de pobreza extrema, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2011. O que el porcentaje sea similar (48% bajo el umbral de pobreza) en el caso de familias con dos adultos y tres hijos a su cargo. “No hay que olvidar que la pobreza es el acelerante que lleva a la exclusión”, insiste Susías, “y que esta es mucho más compleja de combatir”.
Hasta hace un año, los informes Foessa, destinados a diseccionar la realidad social del país, no tenían una periodicidad fija. Tras el de 2008 se elaboró el de 2011. Sin embargo, dada “la velocidad de la evolución” de la crisis, sus responsables decidieron no dejar pasar más de 12 meses antes de volver a tomar el pulso de la situación, explicó ayer el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, durante su presentación. “Si el anterior informe revelaba que la pobreza en España era más intensa, más extensa y más crónica, hoy se puede decir que ese proceso de empobrecimiento se ha profundizado en extensión”, añadió Mora.
Una de las consecuencias de la crisis y el desempleo es el intenso incremento de la miseria. Otra, “el aumento sin precedentes de la desigualdad de su distribución” en la sociedad. Desde 2006, los ingresos de las personas con menos recursos han caído año tras año un 5% mientras en los hogares más acomodados la tendencia ha sido la inversa. El resultado de ello es que desde el inicio del hundimiento económico, en 2007, la diferencia entre los más ricos (el 20% de personas con mayores rentas) y los más pobres (el 20% con menos ingresos) ha aumentado un 30%.
Esta es la sombría fotografía de la crisis hoy en día. Pero el futuro, una vez vayan desapareciendo los nubarrones y repunte la actividad económica, podría ser igual de malo o incluso peor para los ciudadanos más desprotegidos. Cáritas advirtió que la contundencia y la multiplicación de los recortes sociales están sentando las bases para que el impacto de la crisis se cronifique entre los más desfavorecidos. Y que los “ajustes en bienes básicos, la reducción de prestaciones sociales y la exclusión de grupos de ciudadanos de servicios elementales” pueden convertirse en un obstáculo insalvable a la hora de sacar de la pobreza a la legión de ciudadanos que han quedado atrapados en ella. “Los recortes en los servicios públicos de bienestar pueden suponer una ruptura definitiva para los más pobres”, insiste el informe. “Corremos el riesgo de abandonar a su suerte a las personas más desprotegidas”, concluyó Sebastián Mora.
Los colegios vascos de trabajo social piden dar prioridad el bienestar social
Los colegios oficiales de Trabajo Social del País Vasco han reclamado hoy «a todas las personas con cargos de responsabilidad» en esta materia que den prioridad «el bienestar social y los derechos de las personas, familias y ciudadanía en general».
Los colegios de trabajo Social de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava hacen este emplazamiento en una nota que han hecho pública con motivo de la celebración mañana del Día Internacional del Trabajo Social.
En su comunicado, estas entidades recuerdan que la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) «en la mayoría de las oficinas de Lanbide» está siendo «muy lenta en su resolución», ya que «en muchos casos» es preciso «esperar hasta más de seis meses», «sin tiempo para realizar un acompañamiento personalizado de cara a hacer un diagnóstico para su inserción más adecuada».
Denuncian asimismo que el Anteproyecto de Ley sobre «racionalización y sostenibilidad de la Administración local», que «está actualmente en la agenda política», «elimina de lleno el derecho a la cobertura de servicios sociales básicos» y no garantizará «servicios que se vienen ofreciendo a la población» como la ayuda a domicilio, la prevención e intervención familiar en casos de riesgo de maltrato, el acompañamiento en procesos de inclusión, y la atención a personas con discapacidad y dependencia, entre otros.
En cuanto a los profesionales de Trabajo Social, los colegios vascos consideran «de gran importancia» su preparación de forma integral para un ejercicio de calidad ya que «se trata de una disciplina que requiere la adquisición de conocimientos teórico-prácticos, así como de la investigación científica en todos sus ámbitos, garantizando así una atención a la ciudadanía acorde con las transformaciones sociales, el bienestar y la igualdad económica y social».
Premio Derechos Humanos 100 Aniversario para el Padre Angel, concedido por la Liga Española Pro-Derechos Humanos en el Centenario de su constitución
Viernes 15 de marzo, 10,30 h.
Circulo de Bellas Artes de Madrid (Sala de Juntas)
Alcalá, 42- 28014 Madrid
La Liga Española Pro-Derechos Humanos ha distinguido al Padre Angel, Presidente y Fundador de Mensajeros de la Paz con el Premio Derechos Humanos 100 Aniversario “por su entrega personal en aminorar las penurias de las grupos sociales más vulnerables”. Dicho galardón le será entregado el próximo viernes, 15 de marzo, a las 10’30 h., en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
En el mismo acto también serán premiados Don Demetrio Madrid López, Primer Presidente de la Junta de Castilla y León, por su coherencia y dignidad en sus responsabilidades públicas; Don Bucharaya Beyun, Ex Primer Ministro de la Republica Árabe Saharaui Democrática (RASD), y actual Delegado en España, por su aportación y dedicación a la recuperación de los Derechos de Autodeterminación del Pueblo Saharaui; Don Emilio Gines Santidrian, Miembro del Subcomité de Prevención contra la Tortura de Naciones Unidas (SPT) y Relator de la Comisión, por su dedicación y compromiso en la erradicación de la Tortura); yDon Mikel Mancisidor de la Fuente Miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, Por su dedicación desde la Sociedad Civil a la promoción de los Derechos Humanos.
Tras la entrega de premios tendrá lugar la Conferencia-Coloquio que bajo el título “Los Derechos Humanos como fundamento de la Democracia y la Justicia”, en la que participará, entre otras personalidades, Don Eduardo Fungairiño, Fiscal de Sala del Tribunal Supremo.
La Liga Española Pro-Derechos Humanos es una asociación española no gubernamental, apolítica, aconfesional y sin ánimo de lucro, cuyo fin primordial es la defensa y vigilancia de los derechos y las libertades fundamentales. La Liga Española Pro-Derechos Humanos promueve la defensa de los derechos humanos ante organismos internacionales.
Es continuadora de la LIGA Española para la Defensa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fundada en 1913 con el objetivo de extender y afirmar los derechos individuales inherentes a la personalidad humana, y que tuvo entre sus miembros fundadores a destacados intelectuales, políticos y artistas de la época: Azorín, Dalí, Falla, Azaña, Ortega y Gasset, Miró, Unamuno, Besteiro, Simarro, García Lorca, Américo Castro y Sánchez Albornoz entre otros.
La Asociación Mensajeros de la Paz es una ONG declarada de Utilidad Pública, que fue fundada en 1963 por el Padre Ángel García, quien desde entonces la preside. Trabaja en España y en otros 49 países del mundo, desarrollando actividades sociales centradas en la protección de la infancia, la atención a ancianos y a otros sectores sociales vulnerables tales como discapacitados físicos y psíquicos, mujeres víctimas de violencia doméstica, así como el apoyo al desarrollo de las comunidades. Además, lleva a cabo programas de cooperación estables y enfocados a logros a medio y largo plazo, y atiende también demandas de ayuda humanitaria urgente de países que han sufrido desastres naturales o atraviesan momentos de dificultad especial. Esta ONG ha recibido numerosos reconocimientos a su labor, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, la Gran Cruz de Oro la Orden Civil de la Solidaridad Social, o el Premio de la Alleanza Mondiale per la Pace. Mensajeros de la Paz posee el Estatus Consultivo Especial ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas.
Becerril reconoce que le «agobia» la situación de los mayores, dependientes y menores y espera que no se recorte más
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, reconoce que le «agobia» y «preocupa» las personas mayores, con discapacidad, dependientes, los menores o inmigrantes, entre otros colectivos, que en los últimos años sufren las consecuencias de los ajustes por la crisis. «Espero que no sean necesarios más recortes», afirma en una entrevista con Europa Press.
«La (partida) más sensible es la de la asistencia socio-sanitaria porque es básica y fundamental para nuestras vidas, sobre todo para la de un determinado grupo social: mayores, dependientes, familias con niños, enfermos crónicos… Esto es lo que más nos agobia y preocupa. Eso es lo que esperemos que no haya de tocar y tratar de superar esta situación lo antes posible para volver a tener la situación que años atrás pudimos tener», asevera.
Si bien indica que no hay «más remedio» que reducir gastos y partidas que «no han sido necesarias en los últimos años», como las obras «muy ambiciosas que no eran imprescindibles», como «palacios de congresos, ciudades de la cultura, de la música, de la justicia» y que, a su juicio «ahora hay problemas para mantenerlas y sostenerlas».
El número de beneficiarios de la Ley de Dependencia baja por sexta vez, con 5.070 personas menos que el mes pasado
El número de beneficiarios de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia baja por sexta vez, con 5.070 personas menos en el sistema respecto al mes anterior, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad correspondientes a febrero.
«El Gobierno acelera en desmantelar el Sistema de la Dependencia y marca una velocidad record de siete beneficiarios menos cada hora», alertan desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, al tiempo que señalan que «los recortes se relacionan con el fallecimiento de los dependientes».
Asimismo, apuntan que la tasa de reposición solo la mantienen de manera significativa Asturias, Cataluña, Extremadura, y País Vasco, mientras acusan al departamento de Ana Mato de «destruir el sistema por inanición», pues hay 4.264 grandes dependientes menos, 2.389 dictámenes menos que el mes anterior y más de 100.000 pendientes de valoración.
Esta organización señala también que una de cada cuatro personas que tienen derecho a una prestación continúan a la espera de recibirla, una situación que denomina «limbo de la dependencia» y que afecta exactamente a 227.780 personas.
«Esto indica que, al no mantener la tasa de reposición de beneficiarios, bajar las solicitudes, los dictámenes, el número de grandes dependientes, y reducir el número de personas con derecho nos lleva a pensar que el Sistema de Atención de la Dependencia tiene fecha de cierre, cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido», advierte.
Directores y Gerentes de Servicios Sociales recuerda, además, que en este último mes se han cerrado 319 plazas de residencia, 517 de ayuda a domicilio, 1.083 de teleasistencia, lo que supone «el despido de casi un millar de trabajadores del Sistema de Atención a la Dependencia», de los cuales, el 90 por ciento son mujeres.
El parón en la Ley de Dependencia afecta ya a 700 vecinos de Cádiz
Cerca de 700 vecinos de la capital, 689, están pendientes de que la Junta de Andalucía apruebe los expedientes para obtener las ayudas previstas por la Ley de Dependencia. De este grupo, que no para de crecer desde que se aprobó esta norma en 2007, hay 522 a los que todavía no se les ha asignado el grado de dependencia, medida esencial para optar al Plan Individual de Atención. El resto, aunque ya cuenta con este Plan, que lo elaboran las trabajadores sociales del Ayuntamiento, todavía están a la espera de la propia administración regional pues de ella depende la valoración técnica que les permita optar a la ayuda procedente de la misma Junta.
«Todo el sistema está colapsado ya que desde hace meses la Junta de Andalucía no aprueba ninguna ayuda nueva. Ya no resuelve casos. Ahora la Delegación Provincial de Servicios Sociales se limita a realizar una primera criba para trasladar la documentación en Sevilla. Allí se realiza otra criba pero con todas las solicitudes de la región y para al final aprobar una o dos peticiones para todo el conjunto. Por si fuera poco, además de no ampliar los beneficiarios de la Ley de Dependencia, no cubre tampoco las vacantes que quedan por el fallecimiento del implicado, lo que le permite un ahorro para sus presupuestos pero toca de lleno a la economía de las residencias donde se encuentran alguna de estas plazas.
«La Junta se basa en excusas efímeras e incluso en la falta de dotación presupuestaria para intentar justificar este silencio», se lamenta la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Carmen Sánchez, que destaca que si en 2012 existían 503 personas que disfrutaban el servicio de ayuda a domicilio por dependencias, en la actualidad se ha rebajado a 427 gaditanos, debido al fallecimiento de los restantes quedando sus puestos sin cubrir.
El Ayuntamiento de Cádiz puso en marcha hace unos años, como forma de complementar lo previsto por la Ley de Dependencia y asumiendo que la burocracia podía restar efectividad a la misma, el Servicio de Ayuda a Domicilio.
En la actualidad este programa atiende a 230 personas que le supone a las arcas municipales una inversión de 1,3 millones de euros. Por lo tanto «ese es dinero que la Junta se ahorra y que nosotros pagamos. Pero no solo eso, además tenemos convenios con entidades como la Cruz Roja, que ofrece a través del Programa Urbana un ‘kit’ para personas dependientes, como pueden ser la colocación de agarradores de duchas, barras para escaleras o la dotación de cucharas ergonómicas, así como otros servicios como cursos para las personas que se encargan de los cuidadoras del dependiente. Este servicio de ayuda a domicilio posibilita que haya personal que ayude al dependiente a ir al baño o les haga las comidas o las labores domésticas de las viviendas», destaca la concejala Carmen Sánchez.
Menciona a técnicos en esta materia que «consideran que la mejor opción tanto para mayores como para personas con movilidad reducida es acudir a centros asistenciales, donde la atención al mayor es continuada las 24 horas del día y siempre por personal cualificado. Por lo tanto, es indignante que la Junta no acepte ni una nueva alta ni realice la revisión de los planes individuales de atención.
Trabajadores de 36 centros del Servicio Regional madrileño de Bienestar social se encierran para protestar por su situación
Trabajadores de 36 centros dependientes del Servicio Regional de Bienestar Social están realizando encierros desde las 8 horas de este miércoles en protesta por la aplicación de la jornada de 37,5 horas y la situación en la que se encuentra este servicio público a causa de las medidas de ajuste que aplica el Gobierno regional.
Según han indicado desde CSIT-UP, trabajadores de los centros de toda la red del Servicio Regional de Bienestar Social, tanto centros de mayores como los centros de atención para personas con discapacidad, por estos motivos.
Por otro lado, UGT en un comunicado ha criticado la «nula negociación» de la administración para tratar de recoger las reivindicaciones de los trabajadores y que, después de un mes de protestas «diarias», parece que la administración «no se da por enterada».
Los centros en los que se realizan encierros son el Reina Sofía en las Rozas, en Colmenar Viejo, Nuestra Señora del Carmen y Doctor González Bueno en la Carretera de Colmenar, Santiago Rusiñol en Aranjuez, Arganda del Rey, San Martín de Valdeiglesias, Villaviciosa de Odón, Navalcarnero, Alcorcón, Getafe, Parla, San Fernando, Gastón Baquero, Torrelaguna, Cisneros y Francisco de Vitoria en Alcalá de Henares.
También destacan el San José, La Paz, Goya, Manoteras, Vallecas, La Gran Residencia y Vista Alegre, junto con los Centros Ocupacionales Ciudad Lineal, Barajas, Carabanchel, Juan de Austria, Nazaret, Angel de la Guarda y Juan Ramón Jimenez, junto a los centros de atención a personas con discapacidad (grandes dependientes) Dos de Mayo, Mirasierra, Arganda, Getafe y Reina Sofía en San Martín de Valdeiglesias.
Aerte reclama a la Generalitat Valenciana un plan de creación de empleo y atención a dependientes
La Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte) va a mantener un encuentro este miércoles con el vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, para transmitirle una batería de propuestas que palien la situación que atraviesa el sector y que cuenta con el aval de la propia Consejería de Bienestar Social.
Según ha explicado a Redacción Médica la gerente de Aerte, María José Mira, el punto principal sobre el que gira su propuesta es el desbloqueo de los expedientes que están pendientes desde 2009 y que afectan a personas en situación de dependencia que cuentan con valoración positiva pero a los que, “según la Generalitat, no se les adjudica la prestación por falta de presupuesto”. La propuesta de Aerte pasa por resolver estos expedientes y poner en marcha de un plan de empleo y de creación de plazas, “porque los retornos que supondrían para la administración la creación de esas plazas son más elevados que lo que gastaría”. En este sentido, Mira recuerda que según un informe elaborado por la propia patronal “cada euro que invierte la administración en dependencia, el retorno es de 1,3 euros, además de la generación de empleo”.
Así, Aerte propone “equilibrar las plazas existentes entre las concertadas, con un mismo número de plazas con prestaciones que reciben los usuarios”. Esta medida supondría el establecimiento de alrededor de 1.000 nuevas plazas en un tiempo prudencial, así como la cobertura de las bajas producidas en los últimos meses, medida que para Aerte generaría un mínimo de 500 puestos de trabajo estables, evitaría la destrucción de empleo actual en los centros, así como unos retornos económicos vía tributaciones que revierten en la administración.
“Hay 11.000 personas en la Comunidad Valenciana con prestación vinculada al servicio profesional reconocida, pero que no la reciben”, explica Mira. De ellas, “solo 2.000 o 2.500 tendrían acceso a una prestación residencial, el resto son prestaciones vinculadas a centros de día o ayuda a domicilio”. Pero además, “hay otras 8.000 que tienen reconocida una prestación de cuidador no profesional y que también están sin resolver”. “Creemos que esta propuesta, además de solventar la situación de unas personas a las que están obligados a atender porque tienen el grado de dependencia reconocido, supondría no asfixiar a las empresas más de lo que están”, explica Mira.
Y es que la deuda de la Generalitat con las empresas de Aerte es muy elevada, hasta 50 millones, y viene, en algunos casos, desde 2011. “La deuda no es solo de 2012, sino también de 2011 y todo 2013”, recalca Mira, que asegura que cuando llegó a Valencia el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico se produjo un agravio con ciertas empresas, porque lo que se pagó “fue las plazas de accesibilidad social” que ofrecen “solo 10 empresas”. Es decir, la administración regularizó la deuda que mantenía con esas empresas hasta octubre, mientras que “el resto de empresas no cobró”. En este sentido, Mira considera que “no fue un problema de Bienestar Social”, que de hecho, les ha asegurado que tiene intención de “regularizar toda la deuda hasta diciembre de aquí a junio, y a partir de entonces comenzar a pagar la deuda de 2013”. El problema es que la resolución del problema no corresponde a la Consejería que dirige Asunción Sánchez, sino que depende de Hacienda.
Impulsan una plataforma para proteger a jubilados y pensionistas de los recortes
Sindicatos, entidades sociales y organizaciones vecinales han impulsado la Plataforma Unitaria de la Gent Gran de Catalunya con el objetivo de proteger a jubilados y pensionistas de los recortes, especialmente en sanidad y dependencia, que afectan a más de 1,6 millones de catalanes mayores de 65 años.
Durante la presentación este lunes en rueda de prensa de la nueva plataforma, el secretario general de la Federación de Pensionistas de CC.OO., Jaume Huguet, ha explicado que esta iniciativa pretende ser «un instrumento de coordinación contra la barbarie de los recortes, que se están ensañando especialmente con los ancianos», con nuevos copagos farmacéuticos, mayores listas de espera para acceder a una intervención quirúrgica y tijeretazos en prestaciones para la autonomía personal, entre otros perjuicios.
«A todo esto se suma que los jubilados tienen que ayudar con sus pequeñas pensiones a sus hijos y nietos, castigados por el paro», ha deplorado Huguet, que ha recordado que los ancianos también han sido un colectivo especialmente afectado por los desahucios de sus familias y las participaciones preferentes.
Durante los próximos meses, los impulsores presentarán la plataforma por todo el territorio catalán y, tras lograr el máximo número de adhesiones posible, organizarán una asamblea general para establecer unos estatutos y marcar una hoja de ruta, un acontecimiento para el que aún no hay una fecha establecida.
«Cuando nos hayamos organizado bien, no pararemos. Lucharemos hasta que se nos acaben las fuerzas», ha apelado el vocal del Consell Consultiu de la Gent Gran de Catalunya Josep Guinot, que ha asegurado que la intención de la plataforma es organizar manifestaciones y protestas multitudinarias en coordinación con todos los organismos de defensa de este colectivo.
Guinot ha propuesto «sacar a la calle a un millón y medio de jubilados para que los políticos escuchen», por lo que ha instado a todos los mayores de 65 años a sumarse a esta iniciativa y les ha recordado que los recortes dificultan el acceso a productos básicos como comida, calefacción, prótesis dentales, audífonos y gafas, entre otras cosas.
MALTRATOS Y SOLEDAD
Además de luchar contra los recortes presupuestarios, la plataforma también nace con una vocación de proteger a los ancianos de los maltratos y la soledad, ayudar a superar la brecha digital y fomentar el envejecimiento activo.
La plataforma no pretende ser «una organización más», ha recordado Guinot, sino que quiere coordinar a todas las asociaciones de protección a los mayores, grupos y personas a título individual para acordar acciones de protesta conjuntas.
El exalcalde de Oria, en huelga de hambre por el impago a 31 empleadas de una residencia que lleva su nombre
El exalcalde de Oria (Almería) Bartolomé Sánchez Moreno se ha declarado este martes en huelga de hambre para protestar por la situación que atraviesan 31 trabajadoras de una residencia de mayores que lleva su nombre y a los que la empresa concesionaria del servicio adeuda nueve nóminas, motivo por el que han realizado una serie de protestas y han iniciado una huelga indefinida.
Así lo ha explicado a Europa Press el propio exregidor, quien con algunos trabajadores ocupa el salón de plenos del Ayuntamiento de Oria, gobernado actualmente por el ‘popular’ Marcos Reche, a la espera de que la empresa Geriátricos Urbanos S.L. que gestiona la residencia acceda al pago de las nóminas, ya que en tres días debería producirse el abono de un décimo salario.
La residencia, edificada durante el mandato de Sánchez Moreno, mantiene actualmente a 40 ancianos que siguen asistidos mediante un acuerdo de servicios mínimos por el que el 33 por ciento de los trabajadores dedicados a la atención directa a los usuarios deben garantizar la prestación de los servicios sanitarios, de aseo personal, alimentación y medicación, así como las tareas de cuidados especiales, según el acuerdo publicado en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este martes.
Así, a pesar de los encuentros mantenidos entre la empresa, los trabajadores y la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, en los que se pactó que las empleadas recibirían la pasada semana al menos cuatro de las nueve nóminas adeudadas, la sociedad concesionaria no ha abonado las nóminas. En este sentido, Sánchez Moreno ha afirmado que la Junta se mantiene al día en los pagos a la empresa.
«No hay muchas esperanzas de cobrar porque la empresa dice que no tiene ni un duro», ha dicho el exprimer edil, quien añade que la sociedad gestora «no ha justificado» a qué se debe el impago de las nóminas. En este sentido, los trabajadores se han reunido nuevamente este martes con el delegado de Bienestar Social, Alfredo Valdivia, para tratar de hallar una solución, según Sánchez Moreno.
El exalcalde ha manifestado su intención de permanecer en huelga de hambre hasta que la empresa no abone todas las nóminas a los trabajadores, se atiendan las normas de eficiencia de la residencia y la Junta de Andalucía no retire la concesión de la gestión a la adjudicataria por incumplimiento de contrato y conceda la gestión a otra empresa solvente.
Mato niega que se haya eliminado la teleasistencia y PSOE le dice que hay afectados «con nombre y apellidos»
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha negado en el Pleno del Senado que su departamento haya eliminado el servicio de teleasistencia a personas mayores y con discapacidad y el PSOE le ha reprochado que hay afectados «con nombres y apellidos».
Mato ha indicado al senador socialista Andrés Tovar que éste y otros servicios se estaban prestando «por dos o por tres administraciones a la vez» y que el objetivo del Gobierno ahora es resolver «con claridad» a qué ventanilla tienen que dirigirse los beneficiarios para que no se «vuelvan locos».
Asimismo, ha señalado que la teleasistencia es una prestación que se incluye en el catálogo del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), que, según ha afirmado, «se va a seguir ofreciendo». «Ahora pretendemos que sea una sola administración la que se haga cargo», ha apostillado.
El senador socialista le ha reprochado que el ministerio haya decidido de forma «unilateral» su aportación al convenio con la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por el cual, a través de ayuntamientos y diputaciones, llegaba el servicio de teleasistencia a las personas que viven solas y corren un grave peligro de accidente o enfermedad.
«RESUELVA ESTE PROBLEMA ANTES DE QUE LA CESEN»
Tovar ha asegurado a Mato que le puede dar «nombres y apellidas de personas en listas de espera sin estar atendidas por estos servicios de teleasistencia», y ha pedido a la ministra que se entere de «cuál es la situación real» porque, a su juicio, este servicio es «fundamental para la seguridad de las personas y salva vidas humanas».
«Sabemos que tiene serias dificultades para enterarse de los problemas de los ciudadanos, e incluso de algunos que usted tiene cerca», ha indicado el senador, en referencia a las informaciones relativas al ‘caso Gürtel’. «Antes de que la cesen le pido que resuelva este problema porque se lo agradecerán los alcaldes y las familias», ha concluido.
La Diputación aprueba 15 millones para atender el servicio de ayuda a domicilio a más de 2.200 malagueños
La junta de gobierno de la Diputación de Málaga, celebrada este martes, ha aprobado la renovación de los servicios de ayuda a domicilio para 2013 que gestiona el Área de Derechos Sociales, dirigida por la vicepresidenta tercera, Ana Mata, por lo que se liberan unos 15 millones de euros para atender a 2.226 personas.
Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de gobierno provincial, Francisco Salado, quien ha añadido que dentro del primer grupo se realizarán 1.070.520 horas de trabajo a través de la empresa Clece, que tiene como adjudicado el servicio por parte del ente supramunicipal. Se trata, en todos los casos, de personas que ya recibían esta ayuda en 2012 mediante los Programas Individuales de Atención (PIA).
El coste del servicio en el primer semestre del año ascenderá a 6.554.463 euros y para los últimos seis meses la cifra será, «probablemente» superior, «ya que a lo largo del año se incorporarán nuevos beneficiarios».
Por este motivo, el presupuesto general de ayuda a domicilio de la Diputación para 2013 es de 23.250.000 euros, ya que existe una provisión que permitirá atender posibles nuevas altas.
En este sentido, Salado ha puntualizado que las aprobaciones son semestrales y no anuales porque las resoluciones de la Junta de Andalucía, «que es la instancia competente para aprobar las atenciones a dependientes según la ley», se realizan con el mismo plazo. Salado ha remarcado el compromiso del organismo con los derechos sociales «en contraposición a los recortes del gobierno regional».
Servicios sociales comunitarios
En el segundo caso, la Diputación ofrece atención a 573 no dependientes a través de sus Servicios Sociales Comunitarios por un montante total de 2.014.717 euros y una bolsa de horas de 169.932. La empresa Clece es la encargada de la prestación de estas ayudas, «con las que la institución mantiene un apoyo continuo a las personas más necesitadas de los municipios menores de 20.000 habitantes», ha dicho Salado.
Así, el portavoz ha recordado que las cuentas de este año tienen, en relación con las de 2012, dos características principales: aumentan las inversiones y el gasto social.
Conservación de carreteras por valor de 960.000 EUROS
También se ha dado luz verde a los programas de conservación de carreteras en la red viaria provincial, integrada por más de 860 kilómetros entre las cuatro zonas delimitadas —Axarquía, Antequera-Norte, Guadalhorce y Ronda—.
En este sentido, Salado ha informado de que el coste de cada uno de los proyectos asciende a 240.000 euros, por lo que la inversión total para todo el año será de 960.000 euros.
Por otra parte, la junta de gobierno ha dado el visto bueno a la contratación de 92 personas en el marco del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), antiguo PER, por un importe total de 537.664 euros.
Los proyectos adscritos a este programa son la ampliación de los vestuarios en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Cártama; la adecuación de accesos y revestimientos en el Centro de Estudios de Folclore Malagueño de Benagalbón, y la reforma del centro social de Fuente de Piedra.
Sánchez Zaplana considera «necesaria» la colaboración entre Generalitat y las entidades del sector de la discapacidad
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha considerado este lunes «necesaria» la colaboración entre la Generalitat y las entidades representativas del sector de la discapacidad en la Comunitat Valenciana, según ha informado en un comunicado el Gobierno autonómico.
Sánchez Zaplana ha realizado estas declaraciones durante su presencia en Petrer (Alicante), donde ha visitado el Centro de Atención Integral (CAI) para grandes dependientes, «un recurso que es ejemplo de trabajo conjunto entre las administraciones central, autonómica, provincial y local, las obras sociales de Caja Madrid e Ibercaja, y gestionado por la Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría».
En el mismo sentido, ha recordado que el Consell invirtió 2,5 millones de euros para su construcción y puesta en marcha, y destinó otros 400.000 al mantenimiento de sus plazas en 2012. «El CAI de Cocemfe Alicante responde a las demandas trasladadas por la entidad a Conselleria y, además, se ha constituido como un centro de referencia nacional por su accesibilidad y diseño, domótica y control del entorno», ha agregado.
El recinto tiene una capacidad para 40 personas en régimen residencial y para 30 en centro de día. Es un recurso de alojamiento especializado y dirigido a personas con discapacidad física u orgánica de gran dependencia, con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años.
La Generalitat ha indicado que la Comunitat dispone en la actualidad de 10.733 plazas residenciales y diurnas en 295 centros de diferentes tipologías, destinados a personas con discapacidad. De ese total de puestos, el 86,8 por ciento son financiadas por el Ejecutivo valenciano.
AUMENTO DE LOS RECURSOS
Sánchez Zaplana ha subrayado que en los últimos cinco años «han aumentado en un 33 por ciento los recursos dirigidos» a este colectivo, y ha enfatizado que «desde los distintos departamentos del Consell se están volcando todos los esfuerzos para atender las necesidades» de estas personas.
Así, ha recalcado que se preservarán los equipamientos disponibles y se hará «un uso eficiente» de los mismos, «trabajando de forma coordinada y transversal entre los servicios de discapacidad y los de asistencia sanitaria».
Durante su visita a las instalaciones de Petrer, ha expresado su felicitación a Cocemfe por la labor que desarrolla, «haciendo valer los derechos y trasladando las demandas» de este colectivo. Además, ha resaltado la profesionalidad del personal del centro, «por el magnífico trabajo que realizan día a día en la atención que ofrecen a quienes acuden a ellos».
