Recortes

Ana Isabel Esteban: «Cada vez hay menos personas con edad de cuidar a los mayores»

Ana Isabel EstebanAna Isabel Esteban, Presidenta de Solidaridad Intergeneracional, «La Junta de Castilla y León está potenciando la figura del asistente personal con la idea de generar empleo».

Ana Isabel Esteban considera que el jaque mate ha llegado a la prestación social principalmente para el cuidado en el entorno familiar «ya que hay familias que no cobran más de 40 euros, aunque el dependiente sea de grado tres».

¿En qué punto está la Ley de Dependencia con las modificaciones?

-Muy rebajada de dotación económica y ha variado bastante. Las mayores reformas se han producido desde 2011, cuando la administración ha priorizado los servicios a través de empresas a la prestación directa a las familias. Los grados siguen siendo 1, 2 y 3, pero han desaparecido los niveles por cada grado y queda establecido como leve, severo y gran dependiente. Para el grado 1, siempre que no se tenga más que la pensión contributiva, la administración le puede llegar a pagar 300 euros, 426 al grado 2 y 715 al gran dependiente, que necesita atención las 24 horas del día. Con lo cual todo el mundo tiene que realizar un copago porque no es suficiente. Desde 2012 no ha habido modificación alguna, antes estas cuantías se iban revalorizando con el coste de la vida, pero ahora el IPC no sube.

-¿En los últimos años, gente que con familiares en residencias ha prescindido de esta atención porque no puede pagarla?

-Hubo muchas personas que valoraron el coste de la residencia y decidieron prestar ellos mismos la atención. Pero ¿qué pasó? Que el Estado dio el jaque mate a la prestación para el cuidado en el entorno familiar. Un cuidado que mayoritariamente corre a cargo de las mujeres de la familia y fuera de ella pues son las que prestan los servicios de atención a domicilio y la dependencia. La gente tiene que saber cómo está el asunto. Porque si estás en una residencia y no estás valorada puede ser que la deuda que se acumula le pase luego factura a la familia porque pagas el importe de la pensión, pero el coste real es mayor, se va acumulando una deuda y al fallecer se mira el patrimonio y se cobra. Hay facturas que llegan a los 25.000 euros. Antes estaba prohibido generar deuda a los familiares y ahora hay gente que no sabe con qué se puede encontrar una vez fallecido el dependiente.

¿Hay alguna alternativa nueva a la residencia para cuidar al dependiente en casa?

-Sí. La Junta está potenciando la figura del asistente personal. Tu te das de alta como autónomo y es el beneficiario de la prestación el que te paga por los servicios prestados. En Castilla y León hay 188 y en Zamora una decena. Sí que es un revulsivo para crear empleo ya que va orientado a la asistencia de todos los grados, tienes que estar registrado en la Junta de Castilla y León y cotizas como autónomo mensualmente. También puede ser que una empresa te contrate o trabajar de autónomo para esa empresa.

Antes de 2007 cuando comienza a desarrollarse la ley de dependencia, ¿qué asistencia había?

-Estaban los servicios sociales, que fueron transferidos a las comunidades autónomas. A partir de que entra en vigor la dependencia es un derecho subjetivo de la ciudadanía que se puede reclamar en el juzgado.

El gran reto es mantenerla con la merma de ingresos por falta de población activa y el coste que supone.

-Hay más de 10.000 centenarios en la actualidad en España, el 5,4% de la población tiene más de 80 años. Y es a partir de esa edad cuando yo creo que en un futuro se va a necesitar asistencia. Porque envejecer es lo mejor que nos puede pasar y yo creo que estamos cada vez más concienciados de que es un reto llegar bien a esa edad. Aprendemos cómo cuidarnos, estar activos y relacionarnos. Lo que está claro es que debe establecerse una coordinación sociosanitaria distinta a la que tenemos. Una plaza de hospital tiene un coste de 500 euros diarios, mientras que una de residencia son 50, con lo cual tiene que haber un servicio intermedio que favorezca el ahorro económico. Y cada vez hay en las familias menos personas con edad de cuidar a la gente mayor. Esto está pasando ya ahora mismo, porque las cuidadoras tienen entre 45 y 64 años. El envejecimiento en los pueblos es alarmante.

Fuente: La Opinión de Zamora.

Aurelia Jerez: «Necesitamos un gran Pacto de Estado por la Dependencia para volver a poner en marcha algo que está casi destruido»

Aurelia JerezAurelia Jerez tiene un hijo de ocho años, uno menos de los que ha cumplido la Ley de Dependencia en enero. Su pequeño Alberto padece el síndrome de Pitt-Hopkins, una mutación del cromosoma 18 de la que sólo hay cuatro casos en España y 150 en todo el mundo. «No anda, no habla, no tiene control de esfínteres y es prácticamente ciego», confiesa su madre. La lucha en casa es diaria, pero también lo es fuera de ella.

Acaba de asumir la presidencia de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha y de la Coordinadora Estatal en sustitución de José Luis Gómez-Ocaña. ¿Qué testigo recoge de su antecesor en el cargo?
Ha dejado el listón muy alto. Fue el creador de la plataforma en Castilla-La Mancha y se ha dejado el alma y la piel en este proyecto. Lo conseguido hasta ahora ha sido, en gran medida, gracias a su esfuerzo. Espero estar a la altura y agradezco al resto de representantes de las plataformas agrupadas en la coordinadora estatal que hayan depositado su confianza en mí para continuar con esta labor.

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia está destinada a ser el cuarto pilar del Estado de bienestar pero, a juzgar de algunas situaciones, la realidad es que ha estado cerca de convertirse en un derecho en vías de extinción. ¿En qué punto nos encontramos?
La Ley de Dependencia surgió en un primer momento como un derecho subjetivo hacia las personas más vulnerables que tiene la misma consideración legal que las pensiones de los jubilados, los subsidios de los desempleados y los sueldos de los funcionarios. Desafortunadamente, el Gobierno de Rajoy no lo entendió así y, a unos meses antes de llegar al poder, en el año 2011, ya decía que no era viable. Efectivamente, la acabó haciendo prácticamente inviable. No la derogó, porque le daba vergüenza hacerlo y porque, ante la opinión pública, hubiera quedado bastante mal. Pero ha ido recortando los presupuestos a la espera de que le ley muriera sola. Esperamos en el futuro un Gobierno central con una sensibilidad social distinta para que vuelva a ocupar el lugar que no debió dejar nunca.

De hecho, la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español presentó en agosto una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra Rajoy por incumplir la norma.
Así fue, pero la Fiscalía General del Estado entendió que no había ningún tipo de delito y la echó atrás. Acatamos su decisión, aunque a veces la Justicia no nos parezca justa.

Con tres años de retraso sobre lo previsto, los dependientes moderados se incorporaron al sistema el pasado mes de julio. Y eso ha aumentado de manera considerable la lista de espera. Pero, en el llamado «limbo de la dependencia» sigue habiendo personas cuya situación revista mayor gravedad sin su programa de atención individual (PIA). ¿Tiene solución este atasco?
Tenían que haberlo hecho en enero de 2012. Más de 400.000 personas que han sido valoradas con grado I han entrado a formar parte del sistema de Dependencia en el mes de julio de 2015 con una incorporación más o menos dudosa, según la región en la que viven. Están en el limbo, sin saber que hacer con ellas. Hay muchísimos dependientes grado II (severos) y III (grandes dependientes) que aún no han recibido una prestación económica o un servicio pese a tenerlo reconocido. A todos ellos hay que sumar los 127.000 que durante la pasada legislatura fallecieron esperando. No queremos acusar al Gobierno de haber provocado sus muertes, pero sí es cierto que podrían haberse ido de una manera mucho más digna.

La Consejería de Bienestar Social ha contratados a nueve profesionales (dos valoradores, tres auxiliares administrativos y cuatro técnicos PIA) para engordar la plantilla hasta los 34 trabajadores. ¿Son suficientes?
Es el paso para desatascar las lista de espera, porque la verdadera herencia que nos ha dejado el Gobierno de Cospedal son miles de expedientes sin siquiera mecanizar. El ejecutivo actual lo tiene que solucionar, pero con unos presupuestos tan complicados le va a resultar lento y farragoso. A, pesar de ello, la diferencia con los anteriores, en cuanto a Dependencia se refiere, es abismal. Será de 166,2 millones de euros, 70 más que los 96 millones del presupuesto de 2015. Casi se ha duplicado y eso es una grata noticia.

¿Le parece farragoso el protocolo que se sigue desde la presentación de la solicitud a la concesión de la ayuda?
Uno de los planteamientos que hemos hecho a la Consejería de Bienestar Social es que, ante una enfermedad degenerativa o una gran dependencia, lo primero que hay que hacer es valorar un grado de discapacidad que no tiene nada que ver con el de dependencia. En los casos en los que esa discapacidad genera una clara dependencia, el expediente debería de iniciarse en el mismo momento en el centro base, donde hay médicos, trabajadores sociales, psicólogos…

Están trabajando para devolver los derechos a los dependientes cuyas prestaciones o grados han sido rebajados como consecuencia de una legislación que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha declaró nula. ¿Eso le complica aún más al Gobierno de García-Page?
Ese es otro problema. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) declaró nula de pleno derecho la Orden del 29 de julio de 2013 de la Consejería de Sanidad y Asuntos sociales . Y eso le lleva a tener que revisar los miles de expedientes (más de 20.000) que se vieron afectados a la baja.

Los recortes llevaron a un sistema de atenciones low cost, que los dependientes empezaron a denunciar ante una retirada de la prestación económica, que trataban de compensar con un aumento de las horas de asistencia a domicilio. ¿Había informes técnicos que así lo avalaran?
No. Por fortuna, el TSJCM nos dio la razón, porque llevaban años haciendo revisiones de oficio ilegales con el único fin de eliminar derechos al bajarles de grado o reducirles la ayuda, cuando las circunstancias de la mayoría no habían variado ni un ápice.

¿Cuáles son los casos más sangrantes con los que se ha encontrado?
Para mí el más sangrante ha sido el de Jomian Leonel, un niño de 13 años con un grado de minusvalía del cien por ciento para el que el Gobierno de Cospedal no le reconoció el derecho a la prestación económica por ser cuidado en su domicilio. Su madre tenía que justificar el agua que bebía para poder llegar a una ayuda económica de 387 euros. Al final, fue obligada a trabajar a más de cien kilómetros de su hijo, al que no vio ni siquiera morir. A la primera persona a la que llamó fue a mí.

¿Qué recortes ha llegado a sufrir en su caso?
Mi hijo es gran dependiente y tiene una prestación de cuidados en el hogar que, en un primer momento, era de 520 euros. A esa cantidad había que unir mi cotización a la Seguridad Social. Con la llegada al poder del Gobierno del PP, la ayuda se vio reducida en un 15 por ciento, a 442 euros, y dejé de cotizar como tantas otras personas. Ahora la cotización es voluntaria. También se eliminó un acuerdo por el que cotizaban por nosotros 56 euros para darnos derecho a la pensión mínima de jubilación. Ahora si nosotros la queremos pagar son 200. Y el 90 por ciento de los cuidadores pues nos hemos negado (en la provincia había 156 a finales de 2015). Lo que no podemos hacer es coger ese dinero de las prestaciones que recibimos y que van orientadas al pago de pañales, terapias, medicinas…

¿Qué opinión le merece el nuevo Decreto del Catálogo de Prestaciones, Intensidades y Compatibilidad del Sistema de Protección de la Dependencia en Castilla-La Mancha?
Nos hubiera gustado que hubiera profundizado más en la eliminación de incompatibilidades, pero para nosotros es un paso bastante importante porque hasta este momento todas las ayudas eran compatibles entre sí a excepción de la prestación de cuidados en el entorno familiar, con la paradoja de que podías encontrarte un grado un grado III (gran dependiente) que, tras los recortes de Cospedal, tuviera una ayuda económica de 190 euros sin derecho a una prestación vinculada al servicio para poder recibir terapias.

Entonces, ¿hay una buena sintonía con el nuevo Gobierno regional? ¿Cuáles son sus sensaciones?
El primer Consejo de Gobierno que se hizo en Castilla-La Mancha después de las elecciones fue un monográfico de Dependencia al que nos invitaron. Nos hemos sentido arropados desde un primer momento y hemos mantenido varias reuniones con la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, y la directora general de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra. Presentamos 25 adendas y, aunque algunas no han sido aceptados, el simple hecho de poder sentarte en una mesa y dialogar ha sido un gran avance. En la última reunión, el pasado día 4, nos dijeron que nos van a hacer llegar los datos por provincias, porque el Imserso sólo los ofrece por regiones. Y el 22 nos incluyeron en una reunión del grupo de trabajo de Mayores, Discapacidad y Dependencia.

«Nuestra sociedad aún no se ha dado cuenta de que dependientes vamos a ser el cien por cien de la población», aseguraba recientemente en una entrevista. ¿Por qué cree que aún falta sensibilidad?
Por edad, accidente o enfermedad vamos a ser dependientes todos, a excepción del que tenga una muerte instantánea. La sociedad no lo termina de entender. Ve la dependencia como algo que le pasa siempre al otro y no lo vive en carne propia. Pero eso con el tiempo va a ir cambiando. Falta sensibilidad y sensibilización, porque es una ley muy nueva y no está tan arraigada como puede ser la educación y la sanidad pública y universal. Hacerla llegar a la sociedad son años.

Como presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español, ¿qué le pide al nuevo Gobierno central?
Hace unos días hicimos público un comunicado en el que se pedía a los partidos políticos altura de miras para empezar a revertir todos los recortes sociales efectuados en una legislatura que todos tenemos ganas de olvidar. Ha sido un verdadero desastre para las personas en situación de dependencia. Esperamos una mayor equidad entre el Gobierno central, que aporta en estos momentos aporta el 17 por ciento del presupuestos, y las distintas autonomías, que están asfixiadas. Necesitamos un gran Pacto de Estado por la dependencia para acabar con las desigualdades existentes entre regiones. Queremos una cartera de servicios unificada, los mismos criterios para las valoraciones en todas las autonomías y la recuperación de la cotización de los cuidadores familiares, a los que hay que formar. En definitiva, que se vuelva a poner en marcha algo que está casi destruido.

¿Cómo está Castilla-La Mancha con respecto al resto de autonomías de España?
El Gobierno de Cospedal inició la legislatura con un 9,5, mérito del equipo de Barreda. Según el Observatorio de la Dependencia estábamos a la cabeza del país, pero la última nota concedida fue un suspenso. No llegamos ni al cinco. El recorte presupuestario y la aplicación de la Orden del 29 de julio de 2013, que sólo ha traído sufrimiento, la ha dejado por los suelos.

¿Qué metas se ha fijado al frente de las plataformas de la región y del país?
En la región espero que se vayan ampliando progresivamente los presupuestos destinados a servicios sociales, porque hay zonas rurales con muchísimos dependientes. En el conjunto del país mi meta es conseguir un gran Pacto de Estado por la dependencia, en la que todos los partidos y las autonomías se vean implicados para que la dependencia cale en la sociedad como un derecho social y no como una ayuda que cuando hay dinero, se da, y cuando no lo hay, se quita.

Fuente: LaTribunadeCiudadReal.es

El Sistema de Atención a las personas en Situación de Dependencia se encuentra en un estado «preocupante» y de «incertidumbre»

DependienteEl Sistema de Atención a las personas en Situación de Dependencia se encuentra en un estado «preocupante» y de «incertidumbre» debido a la falta de recursos y los recortes por la crisis económica, las largas listas de espera o la desigual aplicación de la ley en las distintas comunidades autónomas, entre otras causas, según el primer informe del Observatorio anual del Sistema de Atención a la Dependencia, publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

El trabajo de Sergi Jiménez-Martín y Cristina Vilaplana de la Universidad Pompeu Fabra y la de Murcia, respectivamente, señala que el Sistema de Dependencia fue «una buena idea» pero «pésimamente implantada», en especial tras los decretos de recortes aprobados por el Gobierno en 2012 y 2013. Asimismo, asevera que aunque el sistema haya crecido en un periodo corto, España sigue por debajo de la media de los países de la OCDE en el porcentaje de personas mayores de 65 años atendidas.

Los autores del documento ven «debilidades» más destacadas la brecha desigual entre personas con derecho a prestación y las que sí la reciben entre las comunidades autónomas; la composición de las prestaciones y el mayor peso otorgado al cuidado en el entorno familiar; el creciente copago de los beneficiariso; o la incertidumbre los gestores directos del sistema que no saben con qué recursos cuentan y que condiciona la oferta de servicios.

También alertan del «estancamiento» del empleo y la caída de los salarios en el sector desde 2010; el incremento «alarmante» del ‘limbo de la dependencia’ tras la incorporación de los dependientes moderados en julio de 2015; y las carencias del sistema de evaluación y de valoración del SAAD por parte de los ciudadanos.

Uno de los aspectos «más preocupantes» de la dependencia en España es, según el estudio, la «gran disparidad» regional en todos los indicadores de cobertura del sistema. Así, en términos de personas con derecho a prestación como de personas con prestación, a finales de 2014, en Murcia, Andalucía y Cantabria la cobertura teórica se situaba entre el 14 y 18 por ciento, el doble que la Comunidad Valenciana, Asturias y Navarra, entre el 6 y 7,8 por cient.

Además, indica que la probabilidad de acceder al SAAD es de más del doble en unas regiones que en otras, algo que para los responsables del informe es «inaceptable» y evidencia que el sistema de financiación y valoración de la dependencia «no está bien resuelto».

EL LIMBO DE LA DEPENDENCIA

En cuanto a la lista de espera para recibir la prestación quienes tienen derecho a ella, el estudio apunta que a finales de 2015, a nivel nacional, un 1,7% de las personas de 65 años o más se encontraba a la espera de recibir las prestaciones y a nivel autonómico hay «importantes diferencias» de cobertura.

En Murcia este dato se eleva al 5,5%, seguida de Andalucía (3,7%), Aragón (2,5%), Galicia (2,3%), Cantabria (2,1%) y Castilla La Mancha (2%), que superan la media nacional. Otras como Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura, País Vasco y La Rioja la proporción de personas de 65 años o más que están a la espera de recibir prestaciones se sitúa cerca de la media nacional, entre el 1,5% y el 1%; Canarias, Navarra, Madrid, Ceuta y Melilla y Asturias, dicha proporción se sitúa entre 0,5% y 0,8%; y Castilla y León no llega al 0,1%.

Sobre la financiación el sistema y cómo se materializan los copagos, los autores apuntan a que éste se determinaba en algunas comunidades en función de la capacidad económica del beneficiario mientras en otras se opta por combinar información sobre renta y patrimonio, «lo que ha dado lugar, ante la ausencia de un marco legal común, a una pléyade de regímenes de copago».

Por otra parte, advierten de que las reducciones del importe mínimo acordado introducidas a partir de 2012 han impactado sobre la cuantía de las prestaciones y la contribución de los individuos al pago de los servicios, «haciéndolos prácticamente insostenibles».

De cara al futuro, y con el objetivo de que se sostenga el Sistema de Dependencia, Jiménez-Martín y Vilaplana apuntan que será necesario inyectar más recursos al sistema para poder ofrecer una cobertura razonable, así como diversificar las fuentes de financiación –pública vía impuestos y contribuciones que garanticen un mínimo de atención para todos los ciudadanos y fórmulas de aseguramiento privado complementario–.

Fuente: Europapress.

Los Presupuestos para el 2016 «abandonan» a 455.000 dependientes en lista de espera

José Manuel RamirezEl presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha alertado de que los Presupuestos Generales del Estado para 2016 «abandonan» a 445.000 personas dependientes que están en la lista de espera pues considera que para atenderles no es suficiente el incremento de 75 millones que recoge el proyecto de PGE.

El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha asegurado que la organización está estudiando presentar un contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional (AN) para forzar al Gobierno a aportar los recursos necesarios para «cumplir la Ley de Dependencia«, particularmente en lo referente a la atención a los dependientes moderados.

Según ha explicado, en el marco de la presentación del XV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, la organización está en proceso de «buscar sinergias y alianzas» con otras entidades y con abogados con el fin de «plantear una acción colectiva» para reclamar el cumplimiento de la ley según los plazos de implantación del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), según los cual, a partir del 1 de enero de 2016 deberían estar atendidos tanto los dependientes graves como los moderados con derecho reconocido.

Ramírez ha indicado que «por benevolencia» no se planteará la demanda hasta enero del año que viene, pero ha asegurado que, con los actuales presupuestos y con los Presupuestos Generales del Estado que el Ejecutivo ha presentado este martes para 2016, los recursos «no dan» para atender a los dependientes que tienen derecho a ello.

Así, ha criticado particularmente las aportaciones del Estado al SAAD debido a que, a su juicio, suponen el «incumplimiento» por parte del Gobierno de la obligación legal de cofinanciar el sistema en igual proporción a las administraciones autonómicas.

En este sentido, ha recordado que desde el pasado 1 de julio ha entrado en vigor el derecho de las personas en situación reconocida de dependencia moderada a recibir prestaciones y cifra el número de dependientes de este tipo que se han incorporado al sistema en 314.570.

En total, sumando las 130.694 personas dependientes con derecho pero desatendidas a las que se han incorporado desde el pasado mes de julio, el número de personas en esta situación se sitúa en una cifra cercana a las 445.000 personas.

Para la asociación, cumplir con el derecho de todas estas personas a recibir prestación exigiría una aportación total (entre el Estado y las comunidades autónomas) de 3.100 millones de euros. Sin embargo, denuncia que la cantidad destinada por el Estado para estas prestaciones es de370 millones de euros, un 12% del total necesario.

Según ha explicado Ramírez, el actual nivel de financiación supone una «asfixia financiera» para las comunidades autónomas que «se ven obligadas» a compensar la falta de aportaciones por parte del Estado, lo que a su vez da lugar a «desigualdades» en el desarrollo del SAAD según la comunidad autónoma. De hecho, ha asegurado que en algunas regiones la aportación de los usuarios (debido al copago) al sistema «prácticamente iguala» a la del Estado.

LOS NUEVOS GOBIERNOS NO PODRÁN MEJORARLO

En la actualidad, la media de aportación se sitúa en un 78% por parte de las administraciones autonómicas y en un 22% por parte del Estado, según ha explicado.

«Si al ataque económico que se produce a las arcas de las comunidades autónomas se le añade la obligación de cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, podemos entender que las comunidades autónomas no pueden soplar y sorber a la vez«. ha manifestado.

De este modo, ha subrayado que la aportación de las administraciones regionales al sistema supone ya «un quebramiento económico» al que ahora se añade la obligatoriedad de atender a los dependientes moderados, por lo que se ha mostrado convencido de que, para los nuevos gobiernos autonómicos, «por mucho que busquen la eficiencia, el presupuesto para el año que viene no da» lo necesario para responder a las obligaciones legales.

En este sentido, ha calificado de «fraude» el incremento presupuestario anunciado por el Gobierno este martes para 2016 y que finalmente se quedará en 70 millones de euros, según consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

Ramírez ha asegurado que, a ese ritmo de incremento, «se tardaría 25 años en llegar a atender a todas las personas con derecho a prestaciones» y ha acusado al Ejecutivo de «haber hecho una canallada al levantar expectativas».

De hecho, asegura que, incluso Castilla y León, que hasta ahora tenía una lista de espera del 0.8%, con el actual marco presupuestario y la incorporación de los dependientes moderados al sistema (que añade al sistema en torno a 20.000 personas con derecho a recibir prestaciones en esta comunidad) no va a poder hacer frente a la obligación de cumplir la ley.

37% DE DEPENDIENTES SIN ATENDER

En cuanto al informe presentado hoy, señala que en España hay un total de 1.191.406 personas dependientes con derecho reconocido a recibir prestaciones, de las cuales en torno a 750.000 reciben prestaciones, y, a fecha del pasado 30 de junio, 75.646 personas están a la espera de valoración. Así, cifra en un 37% el porcentaje de personas que, pese a tener reconocido su derecho, no reciben prestación de ningún tipo.

Además, señala que, pese a que se ha reducido la lista de espera para recibir prestaciones en un total de 175.000 personas, ello «no se debe a un incremento en el número de personas atendidas» sino al fallecimiento tanto de personas en lista de espera como personas que estaban recibiendo prestaciones.

Según ha asegurado Ramírez, la media de edad de las personas con derecho a prestaciones por dependencia supera los ochenta años y la lista de espera para comenzar a recibir prestaciones es de en torno a dos años.

Asimismo, ha indicado que, de acuerdo con los datos que aporta el informe, se ha reducido en 68.424 el número de expedientes de tramitación de valoraciones de personas que solicitan el reconocimiento de un nivel de dependencia de grado III (gran dependencia) y en 27.400 el número de personas que solicitan un nivel II, respecto a junio de 2012.

«El procedimiento (solicitud, valoración, resolución PIA y acceso real a servicios o prestaciones) sigue siendo lento, farragoso, ineficaz y una auténtica tortura para las familias», denuncia la organización.

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Soraya Sáenz de Santamaría, ha adelantado que se incrementará «notablemente» la partida destinada a la atención a la dependencia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016

Soraya-Saenz-de-SantamariaLa vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha adelantado que se incrementará «notablemente» la partida destinada a la atención a la dependencia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, que serán presentados este martes por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

En rueda de prensa en Moncloa, Sáenz de Santamaría ha indicado que uno de los pilares sobre los que se fundamentan los Presupuestos que se presentarán este martes es el afianzamiento del Estado del Bienestar, de forma que «más del 53 por ciento del gasto de los presupuestos es gasto social».

Concretamente, ha precisado que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, «a diferencia de otros, verá incrementado el volumen de sus cuentas en un 5,3 por ciento» lo que le permitirá «incrementar alguna de sus partidas notablemente como la de la dependencia».

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya anunció el pasado viernes que habría un aumento «significativo» de fondos para la atención a las personas en situación de dependencia.

«Sí que habrá una subida importante en I+D y una subida significativa en los temas de atención a la dependencia», indicó el líder del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, que comienzan ahora su tramitación parlamentaria.

Rajoy, que no quiso concretar ninguna partida alegando que las presentará este martes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en el Congreso de los Diputados, indicó que el aumento de los fondos para dependencia «ayudan a los temas de familia».

El año pasado, el 60% del dinero destinado a acción social, 1.177 millones, fueron para Dependencia. De ellos, 1.087 millones, la misma cuantía que el año anterior, constituían el nivel mínimo de financiación (la aportación del Estado al sistema); y 5 millones eran para apoyar el desarrollo de infraestructuras. El nivel acordado (cantidad que se transfiere a las comunidades), eliminado hace dos años, siguió sin dotación en 2015.

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En el 2014 la facturación de las residencias para mayores baja un 0,7% respecto al 2013

melancolia_residenciasEl volumen de negocio agregado de las empresas gestoras de residencias para la tercera edad experimentó de nuevo un leve descenso en 2014, hasta situarse en 4.070 millones de euros. La leve recuperación de la demanda privada ha permitido suavizar la caída del mercado.

Según el último estudio presentado por Dbk sobre el sector, la facturación agregada de las empresas gestoras de residencias para la tercera edad experimentó de nuevo un ligero descenso en 2014, hasta situarse en 4.070 millones de euros, un 0,7% menos que en 2013, año en el que disminuyó un 1,4%.

La leve recuperación de la demanda privada durante la última parte del ejercicio, el aumento del número de plazas concertadas con las administraciones públicas y la estabilización de las tarifas permitieron suavizar la caída del mercado.

En los últimos años la participación del negocio derivado de la explotación de plazas concertadas ha aumentado, de manera que en 2014 alcanzó el 30% de la facturación de las empresas gestoras de residencias privadas. No obstante, la gestión de plazas privadas puras siguió concentrando la mayor parte de los ingresos (58,5%), mientras que la gestión privada de plazas en residencias públicas supuso el 11% restante.

A finales de 2014 el número total de plazas en residencias para la tercera edad (incluyendo públicas y privadas) se situó en 374.900, lo que supuso un crecimiento del 1,4% respecto a 2013. El 75,1% de la dotación total se encontraba en residencias privadas, mientras que el 24,9% restante correspondía a centros de titularidad pública.

Así, el número de plazas en residencias privadas se situó en 281.642, un 1,3% más que en 2013. Las plazas concertadas crecieron un 1,8% hasta situarse en 91.504, mientras que las plazas privadas puras se incrementaron un 1%, totalizando 190.138 plazas.

En 2014 se identificaban 4.108 residencias privadas, mientras que el número de residencias públicas se situó en 1.332.

El grado de concentración del sector se ha incrementado en los últimos años, de forma que los principales operadores han ido ganando cuota de mercado. Así, en 2014 los cinco primeros competidores reunieron una participación conjunta del 15,2% sobre el valor del mercado total, participación que se elevó hasta el 21,7% al considerar a los diez primeros.

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La inversión per capita en dependencia de la Comunidad Foral de Navarra es el doble que en el resto del estado

navarraEl gasto público en Navarra para atender la dependencia es de 206 euros por habitante, el doble que la media estatal. Así se desprende del primer estudio elaborado por el Observatorio Permanente de Asuntos Sociales, creado por el Gobierno foral.

La atención a las personas con dependencia alcanza en Navarra una inversión anual de 154,54 millones de euros, de los que la Administración aporta el 85 por ciento, cifra que supone un gasto público de 206 euros por habitante, casi el doble de los 104 euros de media estatal.

Esta inversión total, de la que se benefician 10.679 personas, procede del Gobierno de Navarra, en un 78% (120,17 millones); de la Administración General del Estado, en un 7% (11,58 millones); y de las aportaciones de las personas usuarias de los servicios de dependencia, en un 15% (22,77 millones).

Así se desprende del primer estudio elaborado por el nuevo Observatorio Permanente de Asuntos Sociales, presentado este lunes en rueda de prensa por el director general de Política Social y Consumo del Ejecutivo navarro, Mariano Oto.

Durante su intervención, Mariano Oto ha recordado que la Ley de Dependencia establecía, en su exposición de motivos, que la atención a las personas dependientes sería financiada por el Estado, las comunidades autónomas y las personas usuarias, aportando cada parte un 33%. No obstante, según Oto, la aportación del Estado, desde el cambio legislativo introducido en 2012, «ha sido decreciente en el tiempo» hasta alcanzar el 7%, teniendo que aumentar el Gobierno de Navarra su contribución mediante un aumento presupuestario, «especialmente en el tema residencial».

COSTE DE LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Con este estudio sobre la inversión realizada en la atención a la dependencia en Navarra, el Gobierno foral da respuesta a la recomendación realizada por la Cámara de Comptos en 2012, ha informado el Ejecutivo en una nota.

Para realizar el cálculo se han tenido en cuenta el coste de los centros residenciales y de día (tanto propios del Gobierno de Navarra como concertados), las prestaciones económicas relacionadas con esta materia, los servicios a personas dependientes como el de asistencia telefónica o de transporte adaptado, los contratos con los centros ocupacionales, y las subvenciones para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia.

Asimismo, se han contemplado todos los niveles de dependencia, incluyendo también el ‘adicional’ (dependencia social, enfermedad mental, etc.), que es atendido en Navarra aunque no esté garantizado por la Ley de Dependencia.

De este modo, las mayores partidas son las destinadas a los centros residenciales y de día (tanto para personas con discapacidad, con enfermedad mental o mayores), que alcanza los 73,5 millones; la atención temprana de niños de 0 a 6 años, con 27,9 millones; las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar, con 19,5 millones; las prestaciones vinculadas al servicio (ayudas para residencias y centros de día), con 12,5 millones; y los servicios prestados por la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas, como el de valoración de la dependencia, con 7,8 millones.

En resumen, el 79% del coste de atención a la dependencia se corresponde con la prestación de servicios a estas personas y el 21% con las ayudas económicas que se conceden. El 95% del total se destina a cubrir el nivel mínimo exigido por la Ley de Dependencia y el 5% se dirige al llamado nivel ‘adicional’, que no está garantizado por la legislación pero que, como se ha indicado, se atiende también en Navarra.

OBSERVATORIO PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES

El director general de Política Social y Consumo, Mariano Oto, también ha presentado el nuevo Observatorio Permanente de Asuntos Sociales de Navarra (OPASNA), que pretende dar respuesta a la necesidad de contar con datos y análisis continuados sobre la realidad social de la Comunidad. Asimismo, este observatorio permitirá conocer y evaluar el impacto de las actuaciones llevadas a cabo en Navarra por los diferentes agentes en materia de servicios sociales.

Desde este observatorio se pondrá en marcha una página web de acceso público con datos estadísticos, se elaborarán informes periódicos sobre determinadas materias de servicios sociales y otros específicos sobre aspectos que se consideren de relevancia, y se ofrecerán referencias documentales.

El observatorio cuenta con un presupuesto de 102.801 euros y trabajarán en él cinco personas. De ellas, tres técnicos del Servicio de Planificación, Calidad e Inspección del Departamento de Políticas Sociales, y otros dos técnicos con dedicación parcial y procedentes de otros servicios.

Asimismo, una comisión formada por el conjunto de directores de Servicio y subdirectores de la estructura orgánica del Departamento de Políticas Sociales orientará, mediante reuniones bimestrales, el trabajo que desarrolle el observatorio.

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Los mayores que viven solos son los más castigados por los recortes y la crisis

Paquita-Miguelez-Monroy-Solidarios-Desarrollo_EDIIMA20150217_0159_13Paquita tiene 86 años y es murciana. Vive sola en una pequeña casa de un popular barrio madrileño «desde hace mucho tiempo». No recuerda exactamente cuánto. A la capital se trasladó para trabajar en un hospital militar junto a otras dos mujeres de la familia. Ella es una de las más de un millón y medio de personas mayores de 65 años que viven solas en España, según calcula la Fundación Amigos de los Mayores, y contra las que la crisis económica y las políticas de austeridad han impactado con mayor dureza.

Los recortes en servicios sociales y en el sistema de atención a la dependencia, la congelación de las pensiones y el copago farmacéutico deterioran el bienestar de los mayores y, en mayor medida, el de aquellos que no cuentan con apoyo familiar. De quienes viven solos y se enfrentan cada día al riesgo de exclusión.

Esa soledad que muchos experimentan de forma más intensa por las noches, o los fines de semana –según los últimos datos del IMSERSO, hasta un 25% de los mayores reconoce sentirse solo en ocasiones especiales– es una situación que no dejará de aumentar en los próximos años, debido al progresivo envejecimiento de la población.

«La crisis me ha afectado, claro que sí», sostiene desalentada Paquita, que se rompió el brazo hace año y medio. Se desenvuelve con cierto grado de autonomía, pero hay cosas que no puede hacer por sí misma. Por ello cuenta con un servicio de ayuda y comida a domicilio y teleasistencia; prestaciones que actualmente, y por la crisis, exigen el copago del beneficiario. «Antes no pagaba nada por la teleasistencia, ahora pago seis euros al mes, más 40 de la ayuda a domicilio y 5,29 diarios de la comida», enumera enfadada. Las cuentas no le cuadran.

Este tipo de servicios permiten que la persona mayor pueda continuar viviendo en su casa habitual y consiguen satisfacer sus necesidades asociadas a la edad sin desvincularse de su entorno. Álvaro Crespo, responsable del programa de Acompañamiento a Mayores de la ONG Solidarios para el Desarrollo, considera que estos recursos evitan su institucionalización, es decir, que tenga que acudir a una residencia.»Si el mayor no tuviera a nadie que le ayudara con las tareas básicas como la comida y la limpieza, o no contase con la seguridad que da la teleasistencia, tendría más posibilidades de tener recurrir a ello», señala.

La importancia de las prestaciones públicas

Sin embargo, estas prestaciones se enmarcan en la cartera de servicios que concede la Ley de Dependencia y la que ofrecen los Ayuntamientos, que se han venido recortando desde el inicio de la crisis. Según los datos que maneja la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el presupuesto para esta partida se redujo entre 2011 y 2013 en 2.200 millones de euros al año. La dependencia, por su parte, sufre una  situación de colapso que ha provocado la pérdida de más de 47.000 dependientes solo en 2014. Las restricciones del gasto se unen ahora a una nueva preocupación: la reforma de la Administración Local, que según los trabajadores sociales puede provocar la desaparición o reducción drástica de los servicios municipales.

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En el XIV Dictamen de la Dependencia solo aprueban 8 Comunidades Autónomas

La reducción de la financiación estatal del sistema de dependencia, además de incrementar el copago de los usuarios en 2012, ha conllevado un quebranto acumulado para las comunidades autónomas de 1.409 millones de euros en los tres últimos años.

Esta desinversión ha provocado que algunas autonomías presenten graves deficiencias en la atención a las personas dependientes. Si tomamos como referencia el número de beneficiarios, personas con derecho o el gasto público por habitante y año, entre otros doce indicadores, las comunidades que peor posición ocupan durante el último año son Aragón, Canarias y la Comunidad Valenciana. Así se desprende del XIV Dictamen de la Dependencia, aplicado por comunidades, que la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha presentado este jueves.

En 2014, la Comunidad Valenciana ha incrementado ligeramente (un 0,3%) el número de personas atendidas, sin embargo, hay 8.339 personas valoradas menos y el número de personas con derecho se ha reducido en 6.281. Además se han perdido casi 1.700 atenciones en plaza residencial. Tras ocho años de implantación de la ley, la comunidad no ha activado ningún servicio de Ayuda a Domicilio.

Canarias ha aumentado el número de atendidos un 10,7% y un 6,3% las personas valoradas, lo que de acuerdo con el informe denota un importante esfuerzo. Aun así, descienden las personas con derecho y el sistema presenta una desatención cercana al 50%. «Canarias muestra un gravísimo retraso en la implantación del sistema», según los autores del estudio.

En Aragón, comunidad que ocupa la tercera peor posición, también caen los principales indicadores: mantiene un grado de desatención superior al 20%. Al igual que la Comunidad Valenciana, tampoco ha puesto en marcha ningún servicio de Ayuda a Domicilio y registra un importante número de bajas sin reposición de personas que cobraban la prestación económica por cuidados familiares: 1.566.

Si atendemos al indicador de gasto público en dependencia por habitante y año, las tres comunidades se sitúan por debajo de la media, que alcanza los 104,49 euros. La Comunidad Valenciana, 57,95 euros; Canarias, 39,20; y Aragón, 83,52. Por el contrario, las autonomías mejor valoradas, Castilla y León, País Vasco y Andalucía, superan con creces la media e invierten 139, 160 y 121 euros anuales por habitante, respectivamente. A nivel nacional, la reducción de la financiación pública ha provocado que las personas dependientes ya aporten más al sistema que el Gobierno.

Según se desprende del informe, estas últimas son comunidades que han resistido relativamente bien el impacto de las reformas y las restricciones presupuestarias. Los autores señalan que Andalucía acumula un deterioro del sistema desde mediados de 2012 pero destaca que se ha frenado e invertido la pauta en 2014.

Respecto a Ceuta y Melilla, el estudio informa de que se situarían por detrás de Aragón a causa de la falta de servicios. Sin embargo, debido al tamaño de las ciudades autónomas y considerando que el sistema depende directamente del Imserso, no se han incluido como uno de los tres territorios donde peor se ha desarrollado la ley.

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ACRA pide que el fondo extraordinario de la Generalitat de Cataluña se destine a los dependientes severos

ACRA_25anysACRA pide que el fondo extraordinario de la Generalitat de Cataluña se destine a los dependientes severos.

Los 17 millones de euros previstos de urgencia para los presupuestos del 2015 permitirían dar cobertura a una parte de las 7.000 personas en situación de grado II.

La Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) quiere que el fondo extraordinario de los presupuestos 2015 se destine a la reapertura de las Prestacions Econòmiques Vinculades al Servei (PEVS) de grado II. Esta medida permitiría cubrir la prestación de una parte de las 7.000 personas en situación de dependencia severa que existen en Cataluña y evitar que se queden un año más fuera del sistema de atención a la dependencia. “Desde ACRA celebramos que exista esta aportación y consideramos que los 17 millones de euros tienen que ir a parar a los más necesitados, unos dependientes severos que llevan demasiado tiempo esperando una ayuda que les toca por ley”, ha explicado la presidenta de ACRA, Cinta Pascual.

El presupuesto público destinado a las PEVS se ha reducido un 35% en tan solo dos años o lo que viene a ser lo mismo, de los 120 millones de euros del 2012 a los 73 millones de euros del año pasado, sin contar con los quince meses que esta prestación quedó suspendida por problemas de tesorería de las arcas públicas catalanas. ACRA siempre ha considerado que los presupuestos de 2015 tienen que convertirse en un impulso a las políticas de dependencia, puesto que se ha comprobado reiteradamente que su promoción cohesiona socialmente e impulsa la economía con la creación de nuevos puestos de trabajo.

Tenemos 17.000 personas que esperan una plaza pública y 8.000 plazas vacías en el sector privado. En consecuencia, una reapertura de las PEVS se puede traducir en un aumento en la contratación de personal en las residencias.

ACRA, la Associació Catalana de Recursos Assistencials, es una organización empresarial que agrupa el 70% de las entidades de recursos asistenciales (residencias, centros de día, servicio de ayuda a domicilio, centros socio sanitarios y tele asistencia) para gente mayor en toda Cataluña. En total cuenta con más de 400 entidades asociadas, que representan casi unos mil servicios y 34.000 plazas que dan trabajo a unos 27.000 trabajadores de forma directa y más de 10.000 de forma indirecta.

En Holanda las personas dependientes pasan a ser una obligación moral para familiares, amigos y vecinos

holandaHolanda introduce una polémica medida, la “Sociedad participativa”, para ahorrar 2.300 millones de Euros, el 10% del coste de este tipo de atenciones. Pero la razón es más profunda. Se trata de acostumbrar a la sociedad a otra visión de las relaciones comunitarias y sobre todo familiares. La causa radica en el envejecimiento creciente de la población y la multiplicación que comporta en el número de personas que no poseen una autonomía personal suficiente, que necesitan de una acierta atención. Y esto sucede en un país donde funciona la eutanasia, una vía de reducción de ancianos que perciben que son de “descarte”, y de un generoso aborto, totalmente libre hasta los 24 meses (aunque, eso sí, severamente prohibido y penado después, con rigor calvinista, bajo la acusación de infanticidio). Los Países Bajos además cuentan con una sólida tradición de estado del bienestar, unos ingresos fiscales importantes por parte del Estado, un fraude fiscal mucho menor que el español, y una afectación por la crisis de un nivel escasamente perceptible, con una tasa de paro del 6,5%, y de menos del 10% para los jóvenes menores de 25 años.

La medida holandesa nos permite subrayar unos fundamentos menospreciados por nuestros partidos, instituciones y cultura mediática: (1) Sin sociedad del bienestar no hay estado de tal naturaleza, y Europa se aleja de las condiciones que lo hacen posible. (2) Los efectos de no tener hijos unido al envejecimiento son demoledores y los serán todavía más. (3) La familia sin disfunciones, que no genera costes sociales, formada por un padre y una madre, hijos, capacidad educadora, y red de parentesco estable, es la institución básica del sistema de bienestar, porque es su fundamento y su principal agente realizador; es la única que hace más con menos.

El problema de Holanda, como el de nuestro país, es si después de hacer creer a la gente durante tanto tiempo que el Estado podía suplir a la familia y a la comunidad, ahora el cambio va a ser fácil. Quizás por esto, los holandeses anticipan su reforma, a pesar de que tienen algo que a España le falta, tiempo. Aquí, en una peor situación en todos los parámetros básicos: nacimientos, envejecimiento, ocupación y productividad, solo se plantea el cuento de la lechera o la carta a los Reyes negando la evidencia y prometiendo más y más gasto público.

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La deuda acumulada del Gobierno valenciano con el sector de atención a la dependencia alcanza más de 70 millones

Aerte_logoLos servicios a tutelados y enfermos mentales, un año sin cobrar. Las plazas concertadas 7 meses, centros de mayores y discapacidad de titularidad pública 5 meses de impagos.

Muchos centros no podrán pagar a sus trabajadores la nómina de diciembre. Peligra la atención profesional sociosanitaria a personas dependientes.

AERTE ha solicitado, por cuarta vez en dos años y sin recibir respuesta, una reunión de urgencia al Conseller de Hacienda para resolver la situación crítica y delimitar el esperado plan de pagos equilibrado.

El sector de atención a personas dependientes de la Comunidad Valenciana vuelve a estar en una situación crítica debido a la escalada de continuos impagos por parte del Gobierno valenciano, y vuelve a sufrir agravios comparativos en los pagos al no ejecutarse, otra vez, de forma homogénea.

La deuda acumulada de la Generalitat con los centros y la prestación de servicios supera los 70 millones de euros. Afecta a todo el sector, tanto a grandes centros como a pequeños y residencias familiares. Algunos de los más perjudicados son: las plazas concertadas padecen una deuda acumulada de más de 21 millones con una media de entre seis y siete meses sin cobrar; las plazas de atención a la discapacidad de titularidad pública sufren una deuda de 14,9 millones, mientras que las correspondientes a personas mayores superan los 20 millones, ambos servicios entre cuatro y cinco meses de impagos. La atención residencial a más de 10.000 personas está nuevamente en peligro por las tensiones de liquidez generadas.

La deuda por las prestaciones económicas de atención a personas que sufren algún tipo de trastorno mental o a personas tuteladas por la Generalitat supera los siete millones de deuda. El Gobierno valenciano no abona la mayoría de estas prestaciones desde todo el año, al igual que en el caso del sistema Bono residencia, centro de día o respiro, que alcanzan más de dos millones.

Tampoco los centros que funcionan bajo el sistema de subvenciones se salvan de la dramática situación: más de cuatro millones de impagos, acumulados durante seis meses, el 60% de la subvención.

Reunión de urgencia con Hacienda

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas en Situación de Dependencia (Aerte) solicitó ayer una reunión de urgencia a Juan Carlos Moragues, conseller de Hacienda, ante la escala de impagos que de nuevo se está produciendo por parte del Gobierno valenciano. Esta es la cuarta vez que la patronal pide al Conseller que no dé la espalda a un sector que atiende a personas de una vulnerabilidad e indefensión extremas.

María José Mira, directora general de AERTE, “esperamos que en esta ocasión nos pueda recibir, llevamos más de un año intentado reunirnos con el conseller Moragues. Más de 12.000 profesionales, más de 200 centros y servicios, y más de 22.000 personas en situación de dependencia necesitan alguna respuesta por parte del Gobierno valenciano. La Comunidad Valenciana es la única que mantiene estos niveles de deuda”.

Mira apunta además que “llevamos más de cuatro años padeciendo continuos impagos. Una situación que desequilibra a todo el sector, generando total y absoluta incertidumbre sobre el futuro del sistema de atención sociosanitaria. A medida que se extiende en el tiempo, crece la dificultad de los centros y profesionales para poder prestar los servicios. Ya hemos solicitado en varias ocasiones una solución al  conseller de Hacienda, y no hemos obtenido respuesta, ni de los plazos de pago, ni de si se abonará la deuda, ni tampoco del plan de pagos equilibrado que desde AERTE llevamos reclamando desde hace más de un año”.

El Gobierno valenciano debe 60 millones al sector de atención a la dependencia

AerteMantiene una media de seis meses de deuda acumulada. Tras años de impagos, Aerte recuerda a la Administración valenciana que todavía no ha establecido un plan de pagos equilibrado, lo que impide que los centros funcionen con normalidad y sigan en una constante incertidumbre sobre su futuro.

 La falta de criterio en la contabilidad de las facturas y los continuos impagos a los centros está minando al sector desde hace años.

La deuda de la Administración valenciana con el sector de atención a la dependencia vuelve a registrar una deuda acumulada de 60 millones de euros, con una media de seis meses de impagos. Una media que de seguir así, sitúa de nuevo a las empresas y profesionales en una situación de fragilidad absoluta sobre su futuro.

Tras más de tres años de impagos continuados, Aerte alerta de nuevo al Gobierno valenciano de que volver a estas cifras de deuda todos los meses hace peligrar la subsistencia del sector. María José Mira, directora general de AERTE, “un año después de solicitarlo, seguimos a la espera de reunirnos con la Conselleria de Hacienda para determinar un necesario plan de pagos equilibrado que resuelva de una vez esta situación que afecta directamente a la viabilidad del sector”. Cada mes de impagos supone 15 millones de euros lo que conlleva una continua espiral de deuda que alimenta la gravísima situación del sistema de atención a la dependencia en la Comunitat, generando una perenne incertidumbre sobre el futuro de los centros, sólo en AERTE más de 200; los más de 14.000 empleos directos que genera y los servicios que ofrecen a los más de 22.000 personas dependientes que necesitan cuidados sociosanitarios diarios y profesionales.

 Además, la asociación ha recordado que los pagos deben de efectuarse de forma equilibrada y sin diferencias por programas, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones.  En este sentido, Mira apunta “la falta de criterio en este sentido tiene como consecuencia que unas partidas se cobren y otras no. Unas facturas estén contabilizadas y otras no; unos tutelados tengan sus expedientes correctamente resueltos y cobrando, y otros no; unos ayuntamientos pueden ir pagando poco a poco los servicios que contratan y otros no. Tenemos una Comunidad que funciona a diferentes velocidades en este sector”.

 A día de hoy, todos los programas de asistencia padecen la deuda de la Administración, por ejemplo: los centros de atención a personas que sufren algún tipo de discapacidad, de titularidad pública pero que gestionan las empresas, 12,4 millones de deuda acumulada, entre tres y cuatro meses sin cobrar; los mismos tipos de centros pero que atienden a personas mayores, 16,9 millones, entre tres y cuatro meses sin cobrar; las plazas concertadas, 20 millones, entre cinco y seis meses sin cobrar; los bonos residencia, centros de día y respiro, donde algunos centros no han cobrado nada en todo el año, alcanzan los 3,5 millones o los centros que atienden a personas con problemas relacionados con la salud mental e incluso a personas tuteladas por la Generalitat, 3,5 millones.

 Por último, Mira ha insistido en la necesidad de que la Conselleria de Bienestar Social contabilice toda la deuda al día, de modo que no vuelva a ocurrir como con el Bono de Alicante, el cual no se ha cobrado todavía porque la dirección territorial parece que no había contabilizado a tiempo las facturas al tener personal de vacaciones.

 

El eurodiputado de Podemos Pablo Echenique ha abogado por financiar cuidadores para todas las personas dependientes

En una rueda de prensa en Toledo, Echenique ha explicado que esta medida «sería una inversión directa en empleo» y el coste para estas contrataciones «sería nulo». «Además sería una buena medida de estímulo económico y se solventaría una violación histórica de derechos humanos, y si echas cuentas sale lo comido por lo servido», ha indicado.

 

podemos

 

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En Castilla-La Mancha más de 45000 pensionistas han dejado sus tratamientos desde que entró en vigor el copago

Desde la llegada de Cospedal a la Junta de Castilla-La Mancha ha habido un ahorro de 900 millones en el gasto sanitario. Esto se ha conseguido despidiendo a casi 4000 profesionales sanitarios y cerrando más de 500 camas permanentemente. Por otra parte, el copago farmacéutico ha hecho que más de 45000 pensionistas hayan abandonado sus tratamientos.

 

CLM

 

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Julio cierra con menos receptores de prestaciones por dependencia

El mes de julio ha cerrado con una caída generalizada en todas las comunidades autónomas del total de personas que reciben alguna de las prestaciones recogidas en la Ley de Dependencia, según la información estadística del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que mensualmente recoge el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

 

dependencia

 

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En Andalucía, los recortes han reducido el 12% los usuarios de la Ley de Dependencia

Los trabajadores sociales aportan datos para denunciar que los recortes están desmantelando la Ley de Dependencia. Y lo hacen con cifras oficiales, las del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. En Andalucía, el número de beneficiarios a junio de 2014 es de 214.582. Es decir, un 11,67% menos que en el mismo mes del año pasado, cuando había 242.925.

 

Recortes

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