Recortes
Indemnizan a la familia de una invidente con Alzheimer que murió antes de percibir las ayudas reconocidas
Ana Pérez Viudes, una mujer ciega con alzheimer, murió en enero de 2012, sin recibir ayudas, después de que en diciembre de 2010 se le reconociese su situación de gran dependencia con carácter permanente. La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a la Conselleria de Salud, Familia y Bienestar a pagar un total de 6.324,75 euros a la familia de Ana.
Cospedal mantiene una veintena de residencias para personas mayores cerradas y deteriorándose
Castilla-La Mancha mantiene cerradas una veintena de residencias de personas mayores, ya construidas, e iniciando un inexorable proceso de deterior. Mientras estás residencias están cerradas, Castilla-La Mancha es la comunidad con una mayor lista de espera para una plaza de residencia.
Los retrasos en la tramitación y el copago hacen que las familias dejen de solicitar las ayudas a la Dependencia
Un claro ejemplo es Asturias, en el 2007 se registraban 54 solicitudes diarias, actualmente se registran solo 10 solicitudes al día. El exceso de burocracia, los retrasos administrativos y el copago son las principales causas que hacen desistir a las familias de ejercer sus derechos.
Los mayores que abandonen la residencia para volver con su familia perderán las prestaciones de dependencia
Milagros Marcos ha avisado a los mayores sobre la perdida de la prestación de la dependencia. La Junta promociona los servicios profesionales, así que si el mayor abandona la residencia para ser cuidado por sus familiares, perderá la prestación. El 19% de las plazas en residencias privadas están libres.
Cantabria tarda en reconocer la prestación por dependencia casi un año, seis meses más de lo establecido en la Ley
Cantabria tarda en reconocer la prestación por dependencia casi un año, según el último informe de fiscalización del Sistema para la Autonomía personal y Atención a la Dependencia (SAAD) que ha elaborado el Tribunal de Cuentas con datos del primer cuatrimestre de 2013,
El Tribunal de Cuentas pone de manifiesto las graves deficiencias existentes en la aplicación de la ley de dependencia
El Tribunal de Cuentas en su informe ‘Informe de fiscalización sobre las medidas de gestión y control adoptadas por las Comunidades Autónomas para la adecuada aplicación de la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia’ denuncia incoherencia normativa, demoras, diversidad de criterios de clasificación,…
Ya hay menos beneficiarios de la ley de Dependencia que cuando Rajoy llegó al gobierno
Se van cumpliendo los planes de desmantelamiento de la Dependencia, ya se ha reducido el número de beneficiarios a niveles inferiores a Diciembre de 2011, cuando Rajoy llegó al gobierno.
Los ciudadanos vascos conservarán sus derechos de dependencia
El consejero vasco de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, desmiente que el gobierno vaya a aplicar recortes a la ley de dependencia. Acusa a la Diputación foral de Guipuzkoa de haber creado alarma social manipulando información.
El desmantelamiento de la ley de dependencia sigue imparable
Los balances trimestrales de los diferentes territorio nos muestras una realidad indiscutible, la ley de dependencia sigue siendo desmantelada y vaciada de contenido. En Catalunya ha disminuido un 3,8% los beneficiarios de ley de dependencia.
Con la crisis, los efectos del Alzheimer son más crueles en las familias con pocos recursos
La Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias (CEAFA) estima que el coste anual de una persona con Alzheimer es de 31.000€, la mayoría asumido por las propias familias.
Los impagos hacen peligrar 500 plazas de residencia en Castellón
A la Conselleria de Bienestar Social se le acumulan los problemas. Mientras sigue negociando una rebaja del controvertido copago con los discapacitados, el sector de la dependencia ha dicho basta y reclama el pago urgente de la deuda a centros y residencias de la dependencia, algunas de las cuales llevan casi un año sin cobrar por los servicios que prestan y que están subvencionados en gran parte por la Generalitat.
La patronal de centros de atención a la dependencia, Aerte, calcula que la deuda en la provincia de Castellón afecta a 28 centros y la cuantía asciende a unos 12 millones de euros. A pesar de que los impagos perjudican a todo el sector la situación es más crítica para las siete residencias de la provincia que cuentan con 491 plazas concertadas de los llamados contratos de accesibilidad social. Estos centros llevan sin cobrar ninguna cantidad de Bienestar Social, que cubre gran parte de estas plazas, desde el mes de mayo del año pasado.
Los impagos de estos servicios para dependientes se han convertido ya en un problema casi crónico, porque los planes de pago prometidos por el Consell se han incumplido. “En febrero del año pasado Císcar nos prometió un calendario de pagos que no cumplió y ahora llevamos semanas pidiendo reuniones y nadie nos recibe. Hemos pedido hasta dos veces un encuentro con el presidente Alberto Fabra y nos deriva a Bienestar Social y esta a su vez nos remite a la Conselleria de Hacienda y así estamos sin saber cuándo vamos a cobrar lo que se nos debe”, denunció la presidenta de Aerte, María José Mira.
Concretamente, este sector exige a la Generalitat “el mismo trato de financiación que se da a otros sectores como el sanitario y educativo, además de un compromiso fiable para establecer un plan de pagos real y urgente”.
COPAGO
El nuevo copago fijado por la Conselleria de Bienestar Social no solo afecta a los discapacitados también a las personas mayores que están en residencias públicas o concertadas, porque pasan de abonar 12 mensualidades a 14. Estos centros ya han empezado a aplicar el copago que entró en vigor en enero, a pesar de que aún se está negociando. El tira y afloja para conseguir una rebaja se está dando entre los discapacitados y la Conselleria, mientras que ninguna voz experta defiende a las personas mayores en estas negociaciones. La única vía de protesta a la que se han podido acoger es a la del recurso de alzada contra la resolución del copago, pero aún están a la espera de una respuesta.
Fallece Jomián Leonel, un niño dependiente al que el Gobierno de Cospedal negó la ayuda económica
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha informado del fallecimiento de Jomián Leonel, el niño gran dependiente de 13 años, con un grado de minusvalía del 100%, a cuya familia la Junta no le reconoció el derecho a la prestación económica por cuidarle en su domicilio.
En una emotiva carta, el presidente Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, José Luis Gómez-Ocaña Pérez, asegura que “en estos momentos difíciles, muy difíciles, por respeto a Jomián, a su madre y a sus hermanos, nos quedaremos aquí. Tiempo habrá de analizar e ir poniendo sobre la mesa las consecuencias de muchas actitudes y formas de actuar, tiempo habrá de poner nombres y caras a todo los responsables de lo que está ocurriendo”.
Yulisa Ramírez, la madre del niño fallecido hizo una ronda por los medios de comunicación para denunciar que la Junta de Castilla-La Mancha le había negado la prestación económica y debe pagar por adelantado los cuidados de su hijo, de la mano de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia que criticó públicamente el caso de este niño con parálisis cerebral severa.
La situación de esta familia fue denunciada por el l presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha y portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español, en un artículo enviado a elboletin.com en el acusaba al Gobierno de María Dolores de Cospedal trata a las personas como “ciudadanos de segunda” que deben ser cuidados por “caridad” y por sus familiares.
Precisamente, la gota que colmó el vaso de la paciencia de esta plataforma fueron las “cálidas” palabras con las que dicen fue recibida “por parte de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha la madre de Jomián”. La respuesta que según esta plataforma le dieron a esta madre fue: “Si has criado a tu hijo a tus espaldas durante trece años bien puedes seguir haciéndolo». “Si tu hijo no puede seguir estudiando pues que no estudie, en la vida no se puede tener todo”.
Gómez-Ocaña dice que ahora “Yulisa, su madre, rota de dolor podrá levantar la cabeza y seguir caminando por la vida con el recuerdo de su hijo en el alma y la cabeza bien alta. ¿Podrá decir lo mismo el o la responsable de dar a este niño una prestación de prevención de dependencia?, ¿A qué precio estamos pagando la “contención del déficit”? ¿Quién es el o la responsable de que su madre no haya podido estar con su hijo en la hora de su muerte? ¿Consideran nuestros gobernantes que esto ya si es una línea roja intraspasable?
Más del 90% de las entidades del Tercer Sector podrían desaparecer con la reforma de la Ley de Subvenciones que prepara el Gobierno
La Plataforma del Tercer Sector (PTS) organiza el próximo lunes 31 de marzo un Seminario dirigido a directivos y técnicos de las entidades del sector para analizar la reforma de la Ley de Subvenciones que prepara el Gobierno y sus consecuencias para el Tercer Sector que pasan porque más del 90% de sus entidades podrían desaparecer si el anteproyecto sigue adelante, poniendo en peligro los servicios que prestan a los colectivos más vulnerables.
El Anteproyecto que modifica la Ley General de Subvenciones hasta ahora vigente conduciría a un verdadero calvario administrativo y a un altísimo riesgo financiero para las organizaciones del Tercer Sector dado el enorme empeoramiento que este Anteproyecto de Ley implica en cuanto al acceso a las subvenciones, el cobro de anticipos, los porcentajes de cofinanciación, los procesos de justificación, y el régimen sancionador exorbitante.
En lo referente a aspectos relativos a cofinanciación, la Plataforma recuerda que el Anteproyecto establece un sistema de cofinanciación para todas las entidades objeto de subvención con independencia de los programas que se desarrollan, lo que implica que los servicios que se prestan a las personas en riesgo de exclusión social a través del Tercer Sector, tendrán que ser cofinanciados con otro tipo de fondos privados.
La Plataforma recuerda que el sistema de servicios sociales y de mantenimiento de los derechos sociales básicos “no es una responsabilidad de la cual la administración pública pueda liberarse, dejándola en manos privadas, ya que resulta básico para el correcto funcionamiento democrático de una sociedad inclusiva”.
Además, insiste en que el sistema de cofinanciación lleva a la situación paradójica de que sean las propias entidades sociales las que están financiando a la administración pública para el cumplimiento de sus obligaciones con la ciudadanía más desprotegida.
De mantenerse la redacción propuesta, tal y como está redactada la cofinanciación, abocaría a muchas entidades receptoras de subvenciones del sector social a su material desaparición o bien a permitir la entrada de capital privado y lucrativo.
Sobre los aspectos relativos a la finalidad y posibles entidades receptoras, la PTS alerta de que la indefinición en algunos artículos puede abrir la percepción de subvenciones a entidades privadas que persiguen fines lucrativos. Es por ello que se pretende traer al artículo el concepto de “interés general” que figura en el texto de la Ley vigente.
En cuanto a los aspectos relativos a regulación de anticipos, la PTS lamenta que en la propuesta no se plantee modificar el artículo que establece que el pago de la subvención no se realizará hasta su justificación y recuerda que para las entidades del Tercer Sector de Acción Social tiene una especial incidencia la necesidad de liquidez para hacer frente a sus objetivos, por los que se ejecutan proyectos sociales de atención directa a colectivos vulnerables, que como norma general deberían comprender el pago anticipado de la subvención.
En caso contrario se obliga a las entidades a actuar sometidas a condiciones de crédito. De mantenerse la redacción propuesta, la regulación hará que sea casi imposible que entidades sin grandes recursos patrimoniales puedan abordar actividades subvencionadas.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha tenido varios encuentros en el marco de la Comisión de Diálogo Civil con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad para abordar esta reforma.
Seminario Ley de Subvenciones
El Seminario organizado por la Plataforma, abordará, entre otras cuestiones, la experiencia del Tercer Sector en la tramitación de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y su impacto en el Tercer Sector, el anteproyecto de la nueva Ley General de Subvenciones y las principales novedades respecto a la legislación vigente, y previsible impacto en el sector.
Se trata de un coloquio abierto para debate y propuestas de las entidades del Tercer Sector sobre el anteproyecto de Ley. Posteriormente, se redactará un documento de conclusiones con los aspectos más relevantes abordados durante la jornada.
Directores de Servicios Sociales denuncian que los dependientes fallecidos sin atender financian el déficit del Estado
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que «los fallecimientos» de personas con derecho a recibir un servicio o prestación por dependencia «financian el déficit del Estado y marcan el ritmo del desmantelamiento» del Sistema de Autonomía personal y Atención a la Dependencia (SAAD).
La organización llega a esta conclusión tras analizar los datos del SAAD al cierre del mes de febrero publicados por el IMSERSO, que arrojan 6.748 beneficiarios menos, es decir, que cada día se dejó de atender a 241 personas, un beneficiario de la ley menos cada cinco minutos y un trabajador del sistema despedido cada hora.
«Todo indica que decenas de miles de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo mueran sin ser atendidas», denuncia, y pone el acento en que «todas las comunidades autónomas presentan datos negativos» en febrero: 6.748 beneficiarios menos que el mes anterior, 6.838 dictámenes menos, 9.303 solicitudes menos, 4.326 grandes dependientes menos y 2.872 dependientes severos menos que en enero.
«¿Se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste, o se está dejando de atender a quienes más lo necesitan?», plantean los directores y gerentes.
En cuanto a prestaciones y servicios, destacan que también los datos son «todos negativos», con una caída de 1.371 servicios de teleasistencia, 1.290 en Ayuda a domicilio, 140 plazas residenciales, 1.001 prestaciones vinculadas al Servicio y 4.162 prestaciones de cuidadores familiares menos. Esto, concluyen, «supone que en este mes se han producido 1.000 despidos de trabajadores».
En paralelo, la lista de espera para recibir la prestación se ha reducido «de la manera más cruel, eliminando personas acreedoras al derecho a ser atendidos». A su juicio, «la reducción de beneficiarios en espera se ha conseguido cercenando el acceso al sistema y abandonando a los que ya son titulares del derecho», por lo que concluyen que «los recortes se relacionan con el fallecimiento de los dependientes».
«La estrategia ha sido doble: por un lado impedir que nuevos dependientes accedan al sistema y por otro lado, abandonando a su suerte a los cientos de miles de personas que tenían dependencia severa o gran dependencia y que están falleciendo sin ser atendidos o a los que se les revisa el grado para bajarlos al Grado I. Durante este último mes 8.935 personas con derecho menos figuran en el Sistema», explican los directores y gerentes.
La Plataforma de la Ley de Dependencia acusa a Cospedal de lanzar sospechas de fraude sobre las familias
El presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha y portavoz de laCoordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español, José Luis Gómez-Ocaña Pérez, denuncia en un artículo enviado a elboletin.com que el Gobierno de María Dolores de Cospedal trata a las personas como “ciudadanos de segunda” que deben ser cuidados por “caridad” y por sus familiares.
La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de esta plataforma han sido las “cálidas”palabras con las que dicen fue recibida “por parte de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha Yulissa, madre de un niño de trece años, gran dependiente, con un solo pulmón y el otro seriamente afectado por una escoliosis galopante, parálisis cerebral severa, botón gástrico para alimentación, cuando se desplazó a poner sobre la mesa la dramática situación en la que se encuentra su hijo”.
La respuesta que según esta plataforma le dieron a esta madre fue: “Si has criado a tu hijo a tus espaldas durante trece años bien puedes seguir haciéndolo». “Si tu hijo no puede seguir estudiando pues que no estudie, en la vida no se puede tener todo”.
Para José Luis Gómez-Ocaña “considerar a las personas en situación de dependencia ciudadanos de segunda, improductivos, entendiendo que debe dejarse su cuidado de forma exclusiva a sus familiares y a la caridad de los que la utilizan para ‘lavar conciencias’ puede entenderse como una ideología y un ADN intrínseco a un Gobierno”.
Añade que “parece que en el Gobierno de María Dolores de Cospedal se entienden las necesidades de las personas en situación de dependencia como un acto graciable de generosidad, obviando y pasándose por el ‘forro de sus caprichos’ el carácter subjetivo que ampara a todas estas personas, carácter subjetivo que equipara por ley todas estas prestaciones con las de desempleo, pensiones y nominas de funcionarios”.
En el escrito muy duro contra el Gobierno autonómico se recalca que “no es admisible y linda con lo delictivo” lanzar «el manto de la duda y del fraude sobre un colectivo como es el de las personas dependientes y más concretamente sobre una madre que tiene que sacar adelante ella sola a cuatro hijos con uno de ellos en una situación dramática, poniendo en duda el destino de unas prestaciones económicas que la ley les reconoce”.
Y asegura que “decir que lo que se pretende obligando a esta madre a adelantar los gastos en el cuidado del niño, y más cuando el Gobierno de la número dos del Partido Popular conoce perfectamente y de primera mano su situación, que se quiere ‘asegurar’ que la prestación llegue al niño demuestra la catadura, tanto moral como política, de la señora De Cospedal, del señor Echániz, y de todos los trotones de la política que conforman su ‘equipo político’ y que nos están metiendo la mano en nuestros bolsillos mes a mes y lo que es peor pretenden arrebatarnos lo único, que en muchas ocasiones nos queda, como es la dignidad personal”.
El Síndic insta a la Generalitat a reanudar las prestaciones para residencias
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha reclamado hoy al gobierno de la Generalitat que reanude las prestaciones vinculadas a los servicios residenciales que el departamento de Bienestar Social suspendió el pasado 1 de agosto temporalmente por falta de presupuesto.
Ribó ha recordado que la consellera de Bienestar Social, Neus Munté, adujo que era una medida transitoria de dos meses, pero que «se ha prorrogado indefinidamente», por lo que ha reclamado al Govern que «garantice el derecho subjetivo ante la suspensión de las prestaciones vinculadas a los servicios residenciales de las personas dependientes».
Además, el defensor del pueblo catalán denuncia que «la medida se ha tomado sin ninguna normativa previa, lo que ha generado inseguridad jurídica y falta de claridad sobre el procedimiento».
Para Ribó, «la situación presupuestaria no puede justificar la desatención de los derechos de las personas, especialmente de las más vulnerables».
El síndic ha afirmado que «son necesarias medidas urgentes en los casos en que el ingreso residencial sea la única alternativa» para la persona dependiente.
Por ello, el Síndic se ha dirigido hoy al departamento de Bienestar Social y Familia para que reanude estas prestaciones (ayudas para ingresar en residencias privadas si no hay plaza en las públicas) y que «adopte medidas para garantizar el derecho de las personas dependientes a recibir las prestaciones derivadas adecuadas a sus necesidades».
La Generalitat argumentó la necesidad de interrumpir estas prestaciones aduciendo razones presupuestarias debido a los incumplimientos por parte del Estado de la financiación de la ley de la dependencia, lo que, según el Síndic, «no puede justificar de ninguna manera la desatención de los derechos de las personas».
Tras la suspensión de estas ayudas, el síndic recibió varias quejas individuales e inició una investigación de oficio, en la que el Departamento de Bienestar justificó las cuentas y alegó que la Generalitat debe asumir el 80% del total del gasto por dependencia frente al 20 % que aporta el Estado.
El Síndic, sin embargo, considera que «la reducción del gasto no depende únicamente de la aplicación de la normativa estatal y que el establecimiento de prioridades en el gasto público también es competencia de la Generalitat».
Ante la insuficiencia de recursos residenciales públicos, el Síndic también ha sugerido a Bienestar que «arbitre medidas paliativas y garantice el acceso en un plazo prudencial» y ha pedido «actuaciones urgentes en los casos en que no sea posible una alternativa a la residencia».
Ribó, que se ha reunido personalmente con la consellera Neus Munté para tratar esta cuestión, ha recordado que «la normativa vigente establece que si por falta de disponibilidad de plazas residenciales no se puede determinar el ingreso de la persona interesada, debe continuarse la tramitación del PIA y proponerse un servicio alternativo o reconocer la prestación económica correspondiente».
Descienden un 11% las ayudas para cuidados a dependientes
Freno y marcha atrás. Las ayudas a la dependencia experimentaban un descenso en 2013. Una vez tocado el techo de 8.475 beneficiarios allá por diciembre de 2012, tal y como indicó en su momento el gerente regional de Servicios Sociales, Jesús Fuertes, la última estadística publicada por la Consejería de Familia arroja una disminución paulatina de usuarios y de prestaciones reconocidas.
En concreto, la provincia de Burgos perdió 536 dependientes con dictamen favorable y 306 ayudas, el 11%, a lo largo del año pasado. A las bajas por fallecimiento se suman los cambios introducidos en la normativa como principales motivos de esta caída.
Así, 2014 comenzó con 13.178 personas con su situación de dependencia valorada, 172 más que las que tenían un dictamen a comienzos de 2013. Con todo, de ese total, 7.939 recibían la buena noticia de que les correspondía percibir servicios o prestaciones. Los 5.239 solicitantes restantes obtenían sin embargo un ‘no’ por respuesta.
Según los datos difundidos por la Consejería de Familia en la web www.jcyl.es, los 7.939 dependientes con derecho a prestación en la provincia de Burgos tenían -a 31 de enero de 2014- identificadas y reconocidas 10.269 prestaciones económicas o en forma de servicios, frente a las 10.605 aprobadas en diciembre de 2012.
El descenso se concentra especialmente en las ayudas económicas concedidas para cuidados en el entorno familiar que caían en un año de 3.006 a las 2.695 actuales, un descenso del 11% que se explica en parte por la decisión del Gobierno de reducir la cuantía de esta prestación y obligar a los que ejercen esta labor a asumir el pago de su cotización a la Seguridad Social. Hasta julio de 2012 el Gobierno se hacía cargo de este gasto.
Por el contrario, las prestaciones reconocidas destinadas a servicios prestados por profesionales, bien en el domicilio, bien en centros específicos, residenciales o no. Esta tendencia recibe el aplauso de las voces que defienden las modificaciones de la ley de Dependencia, que sus detractores definen como recortes. Los primeros hablan de generación de empleo y los segundos critican que se beneficie a las empresas privadas del sector.
Así, la prestación económica vinculada al servicio, que copa el grueso de este tipo de ayudas -casi un 21% del total, solo superado por las destinadas a cuidados familiares, un 26%-, llega a 2.153 dependientes. Le siguen las dirigidas a atención residencial, con 1.440 plazas en la provincia, y las concedidas para prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, 1.398 en enero de 2014.
Completan el listado las prestaciones para usuarios de centros de día o noche, 1.136, ayuda a domicilio, 1.093, y teleasistencia, 351. En conjunto estos apoyos en forma de servicio pasaban en un año de suponer el 70% del total de derechos reconocidos al 73%, en detrimento de las ayudas económicas directas.
Por población de residencia, de las 7.939 personas dependientes con derecho a prestación, 3.630 tienen domicilio en la capital burgalesa, 809 en Miranda, 680 en Aranda y las 2.820 restantes en otros municipios de la provincia.
Este reparto da cuenta de la estrecha relación entre dependencia y mundo rural, alimentada por la elevada edad media de los habitantes de estas zonas.
Con todo, a pesar del ‘retroceso’ cuantitativo de la ley y de las críticas que han suscitado las decisiones del Gobierno central en este ámbito, Castilla y León revalida año a año el sobresaliente en la gestión y aplicación de esta normativa. La nota se la otorga la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, responsable del observatorio estatal que evalúa la atención a dependientes en cada una de las comunidades autónomas. Lo cierto es que los datos confirman la eficacia de los mecanismos regionales que, por ejemplo, elevan a un 98,8% la proporción de las personas dependientes con derecho a prestación reconocido que ya la reciben en Burgos. Este dato supera en 18 puntos la media nacional.
Ropa sucia tras la privatización de la lavandería en las Residencias de Mayores
El sindicato Comisiones Obreras denunciairregularidades en la lavandería del Servicio Regional de Bienestar Social (SRBS), en manos de FLISA desde hace dos meses. Esta empresa es además la concesionaria de la Lavandería Central Hospitalaria tras su privatización, una maniobra de la Consejería de Sanidad que provocó un conflicto laboral que se tradujo en 42 días de huelga.
Según CCOO el servicio de lavandería de los centros adscritos al SRBS (Residencias de Personas Mayores, Centros Ocupacionales y Centros de Atención a Personas con Discapacidad) se ha deteriorado tras la privatización. «La ropa llega sucia, rota, deteriorada, no llega planchada, incumplen los horarios previstos, por lo que hay que esperar a que lleguen las ropas para poder a hacer las camas», ha comentado a la Cadena SER Javier Díaz, Secretario General del Sector de la Administración Autonómia de CCOO Madrid. Según Díaz, FLISA, que cobra la ropa lavada al peso, la devolvería húmeda para poder obetener mayores beneficios.
Para el sindicato, la privatización, lejos de suponer un ahorro, ha provocado unaumento en el gasto. «No está solucionando nada. El coste al erario público es mayor porque la Comunidad de Madrid ha invertido en calandras, en máquinas, que ahora están paradas«, ha añadido Díaz. CCOO exige una vuelta al modelo anterior o, en su caso, mayores controles para asegurar la calidad del servicio.
Por su parte, desde FLISA han comunicado que el servicio se presta «cada día mejor»y «sin quejas importantes por parte de Bienestar Social».
