Recortes
La dependencia acelera su caída
Ya hay menos beneficiarios que cuando Rajoy asumió la presidencia en diciembre de 2011- Las personas atendidas se reducen en 15.000 a lo largo de este año
- El dinero para dependencia se congela
El sistema de dependencia echó a andar en enero de 2007. Creció, se estancó y, ahora, lastrado por la sucesión de recortes, está acelerando su caída, hasta el punto de que el nivel de cobertura del que estaba llamado a convertirse en el cuarto pilar del Estado de bienestar ha retrocedido en el tiempo para situarse por debajo de los niveles de hace casi dos años, según muestran los datos oficiales. Las comunidades autónomas —con excepciones— no son ni siquiera capaces de mantener el ritmo de reposición de los usuarios que fallecen y causan baja en el sistema con nuevas altas, como demuestra la tendencia consolidada de los últimos nueve meses. A lo largo del año 2013, el número de personas atendidas se ha reducido en 15.302.
Existen 736.249 beneficiarios de alguna de las ayudas que contempla la ley, según los últimos datos oficiales publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), con fecha de 31 de septiembre. Son 2.338 usuarios menos de los 738.587 que se encontró Mariano Rajoy en los registros del Imserso —entidad dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad— hace 21 meses, en diciembre de 2011, cuando tomó posesión como presidente del Gobierno.
Y no es que ya se haya alcanzado el punto en el que se atiende a todo aquel que necesita ayudas. Hay decenas de miles de personas atascadas en el arcén del sistema, esperando que les llegue el turno. La lista de espera de potenciales beneficiarios a los que las comunidades autónomas han reconocido la condición de dependientes con derecho a ayudas y aún no atienden representa una bolsa de 198.041 personas.
Estas cifras corresponden a datos oficiales regularizados de los informes que mensualmente publica el Imserso. Es decir, están limpios, después de que se depuraran los registros debido a las duplicidades o errores (en torno a un total de 13.000) que detectó el Tribunal de Cuentas en los expedientes enviados por las comunidades autónomas.
Fuentes del Imserso comentan que, pese a ello, los datos que reflejan sus informes, aunque son los oficiales, no son definitivos. Fruto del estudio del Tribunal de Cuentas se ha puesto en marcha un nuevo sistema de información y las autonomías “están en pleno trasvase de uno a otro [sistema]”, añaden. Por ello, “habrá que esperar a final de año” para conocer los datos finales.
Desde el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales subrayan que a lo largo de este año ha habido 60.879 altas en el sistema. Pero esta cifra es engañosa ya que los datos oficiales muestran una caída en los beneficiarios de la dependencia (personas con ayudas) a lo largo de este año. A pesar de las más de 60.000, el saldo final de 2013 hasta septiembre es de 15.302 usuarios menos. Ello implica que el número de bajas en el sistema (beneficiarios fallecidos) en este periodo ha sido de 76.181, muy superior a las nuevas incorporaciones que destaca el ministerio, y que son insuficientes para mantener el nivel de cobertura del sistema.
¿A qué se debe la caída del número de ayudas? José Manuel Ramírez, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales lo tiene claro: a los recortes del Gobierno del Partido Popular.
Por ejemplo, la eliminación de la inyección económica que el Estado transfería a las comunidades autónomas —las encargadas de ejecutar la ley—, una aportación de 283 millones de euros a la que se puso fin en 2012. El golpe más importante a la ley se produjo, sin embargo, con el Real Decreto de julio de 2012, añade Ramírez. Las “reformas para la racionalización del sistema”, según la terminología del ministerio, incluyó una batería de medidas con un impacto que el propio Ejecutivo valoró para 2013 en 1.108 millones de euros de ahorro (solo en dependencia) en las distintas Administraciones, según el Programa Nacional de Reformas remitido a Bruselas el pasado mayo.
En el real decreto se acordó la reducción del nivel mínimo (el dinero que destina el Estado a las regiones correspondiente a la cuota que paga por los dependientes) en un 13%, la minoración del 15% de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras o la reducción de la compatibilidad entre servicios, entre otros aspectos.
La puesta en marcha de estas medidas no tuvo un efecto inmediato, según apunta Ramírez. Provocó, primero, la congelación del sistema y, posteriormente, una caída de usuarios que se está haciendo especialmente evidente en estos momentos con las últimas cifras oficiales.
No todas las autonomías retroceden en ayudas. Extremadura, Castilla y León o Cataluña aumentan ligeramente el número de beneficiarios, a pesar de tener tasas de cobertura superiores a la media estatal. En otras, como Aragón, el retroceso ha sido del 15% de usuarios en 21 meses.
Pero más allá de estas diferencias, las tensiones presupuestarias para mantener el sistema son generalizadas. La Comunidad Valenciana, que desde la puesta en marcha de la ley siempre ha ocupado los lugares de cola en cuanto al desarrollo del sistema, cuenta con 2.000 expedientes de prestaciones económicas para atención residencial congelados, indican desde la patronal de residencias privadas Aerte. También respecto a estas mismas ayudas, Cataluña anunció en septiembre que la medida de suspender provisionalmente la concesión de nuevas prestaciones, dictada en agosto, se convertía en indefinida.
Las estadísticas del Imserso reflejan la caída sostenida de las personas registradas en la lista de espera de la dependencia. De los 305.941 beneficiarios pendientes de recibir una prestación en enero de 2012 se ha pasado a 198.041 en septiembre de este año. El ministerio presume de que esta es la cifra más baja desde el inicio de la dependencia. Pero, según Ramírez, este comportamiento no obedece a una gestión exitosa del sistema de dependencia. Lo lógico sería que a la reducción de la lista de espera (sobre todo, dado el volumen de la caída) correspondiera un incremento en el número de beneficiarios por el trasvase de personas de uno a otro grupo. Pero los datos no solo niegan esta relación, sino que indican lo contrario: se ha producido una caída tanto en la bolsa de personas en espera como en el número de usuarios.
Ramírez apunta a varias razones para explicar esta aparente contradicción. La lista ha caído en parte por el aplazamiento de la cobertura a los dependientes moderados hasta julio de 2015 —una medida tomada a finales de 2011—. Pero también por las miles de personas que mueren aguardando una ayuda que nunca llega. Jaime Esteban, coordinador de las plataformas españolas en defensa de la Ley de Dependencia estima que solo en la Comunidad Valenciana, el número de fallecidos en estas condiciones sería de 30.000 desde el inicio de la norma.
Becerril: se están produciendo muchos retrasos en la aplicación de la ley de dependencia
La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, aseguró hoy que se están produciendo muchos retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia.
En declaraciones a RNE, recogidas por Servimedia, Becerril dijo que la crisis económica no ha traído en España recorte de derechos, pero sí recortes en la prestación de servicios, de cosas a las que nos hemos acostumbrado porque hemos vivido momentos de bonanza y alto grado de bienestar.
Es el caso, dijo, de la Ley de Dependencia se están produciendo muchos retrasos a la hora de evaluar y hacer efectivo el pago para un cuidador, y es que ha habido un momento en que todo eso se conseguía pronto, pero ahora los ayuntamientos y las comunidades no tienen fondos suficientes.
Son retrasos de los que espero que podamos irnos recuperando. Entiendo perfectamente el lamento y también el de las comunidades y los ayuntamientos que prestan los servicios sociales, agregó Becerril.
Maestre: «Cospedal está derogando la Ley de Dependencia por la puerta atrás»
La Ley de Dependencia, la considerada como el “cuarto pilar” del Estado del Bienestar es las más afectada por la política de continuos recortes de los gobiernos de Mariano Rajoy en España y María Dolores Cospedal en Castilla-La Mancha.
Esta es la conclusión que ponía sobre la mesa la portavoz del PSOE castellano-manchego, Cristina Maestre, tras analizar los datos que da mes a mes el propio Gobierno de la Nación sobre la situación de esta norma.
En Castilla-La Mancha, es más, indicaba Maestre, la Ley de Dependencia en los dos últimos años y pico, desde que gobierna el PP, “está siendo derogada en la practica por la puerta de atrás”. Desde mayo de 2012, 17 meses, explicaba, no se ha resulelto ni una sola prestación.
Los datos oficiales avalan este planteamiento, señaló Maestre en una rueda de prensa celebrada en Ciudad Real. Con las cifras oficiales a 30 de septiembre último, en la comunidad autónoma, en lo que va de legislatura, se ha retirado la prestación económica a más de 5.800 personas dependientes
Además, 11.500 beneficiarios de la ley han dejado de serlo y, en lo que va de año se han dejado de atender a más de 2.000 familias. En estos momentos existen casi 4.700 personas esperando para ser valoradas en su nivel de dependencia.
En la provincia de Ciudad Real, se ha retirado la prestación de ayuda a cuidador a casi 1.500 familias, casi 1.200 personas están esperando que se les dé una respuesta a su petición valoración y, en lo que va de año, ha descendido en 437 el número de personas atendidas.
Son datos que confirman la postura del PP ante la Ley de Dependencia desde que fue tramitada en el Congreso de los Diputados en la anterior legislatura. El PP, remarcaba Maestre, nunca quiso la Ley de Dependencia, votó a favor de la misma para no quedar mal políticamente, pero, ahora que está en el Gobierno la está dejando en nada por vía de los hechos consumados.
Otro aspectos, dijo, es el de la aplicación de nuevas tasas a la hora de que los afectados puedan iniciar la tramitación de una ayuda.
Con estas decisiones, Maestre no tiene dudas de que el PP “está retorciendo el brazo a los dependientes para que ellos mismos renuncien a las ayudas a las que tienen derechos”.
Otro punto a analizar es el de la generación de trabajo. La portavoz socialista recordaba que, si uno de los objetivos del PP es la creación de empleo, todos los estudios realizados al efecto confirman que, en torno a la dependencia, hay un nicho importante para la generación de puestos de trabajo que el PP “se está cargando”.
Todas las actuaciones en este campo de Cospedal, puntualizaba Maestre, ha llevado a que, según las estadísticas, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha sea una de las últimas regiones, junto a Aragón, en la aplicación de la Ley de Dependencia.
Maestre apuntó que el PSOE seguirá defendiendo esta ley, en lo más cercano, con enmiendas para mejorar su dotación económica en los presupuestos de la región para el próximo año de 2014.
El Gobierno asegura que si las partidas de los PGE de dependencia no son suficientes aportará los créditos necesarios
El Gobierno asegura que si las partidas destinadas a sufragar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no son suficientes el Ejecutivo se encargará de aportar los créditos necesarios para su funcionamiento.
Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Ejecutivo al diputado del PSOE, Miguel Ángel Heredia, recogida por Europa Press, en la que asegura que, por parte del Gobierno, se han establecido toda una serie de medidas encaminadas a lograr una mejora en el sistema, racionalizando el gasto público en relación con esta materia, y asegurando la sostenibilidad presente y futura del mismo.
Eso sí, señala que, por parte de la Administración General del Estado (AGE) se consignan anualmente en los Presupuestos las cantidades necesarias para hacer frente a las obligaciones de financiación recogidas en la propia ley de dependencia.
«En todo caso, si las cantidades inicialmente presupuestadas resultasen insuficientes, se procedería a tramitar las ampliaciones de crédito suficientes para contar en todo momento con los créditos necesarios», confirma el Gobierno.
De esta manera, tanto para el presente ejercicio como para los ejercicios futuros, por parte de la AGE confirma que se consignarán las cantidades suficientes para poder cumplir con los compromisos asumidos en relación con la financiación de la Ley. «Por lo tanto, no existe ninguna previsión de recortes en esta materia», sentencia el Ejecutivo ‘popular’.
La Generalitat no pagará los fármacos dispensados por farmacias en septiembre
El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha anunciado hoy martes a los farmacéuticos catalanes que el próximo día 31 no podrá pagarles los 107 millones correspondientes a los medicamentos dispensados el mes de septiembre, ha informado el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Catalunya.
La Generalitat ha aducido, según este colectivo, que no podrá hacer frente a este pago porque dispondrá de 1.700 millones menos de los solicitados a través del Fondo de Liquidez Autonómica, con los que se estaba haciendo frente a la factura de los medicamentos en los últimos meses.
El anuncio del CatSalut del nuevo impago ha provocado malestar y preocupación entre los farmacéuticos, que aún tienen pendientes de cobrar a través del Plan ICO Proveedores los 309 millones que les debe la Generalitat por las facturas impagadas de noviembre y diciembre de 2012 y mayo de 2013.
El presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Catalunya, Jordi de Dalmases, ha anunciado que ya ha iniciado «contactos para evitar que los problemas de tesorería afecten nuevamente a las farmacias».
Los farmacéuticos catalanes tuvieron que renunciar a la reclamación de los intereses de demora de los 309 millones que les adeuda la Generalitat porque ello era un requisito imprescindible para poder acceder al plan ICO Proveedores, pero aún no han cobrado estas mensualidades.
A causa de estos atrasos en los pagos, algunas farmacias catalanas han tenido que cerrar y otras han tenido que recurrir a pólizas de crédito bancarias, mientras que la mayoría sólo dispensan los medicamentos más caros por encargo y solicitados con antelación.
El Sistema de Dependencia pierde 116 beneficiarios al día y 800 trabajadores en el último mes
El Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) pierde 116 beneficiarios al día y 800 trabajadores en el último mes, según denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en base a los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En septiembre, se han reducido en 3.475 los dependientes y en 7.163 los que han perdido su derecho a ser atendidos.
Esta organización explica que la reducción de beneficiarios en espera de una prestación se ha conseguido «cercenando» el acceso al sistema y «abandonando» a los que ya son titulares del derecho y advierte de que los recortes se relacionan con el fallecimiento de los dependientes.
Asimismo, señalan que el retroceso en el sistema es «notorio» con respecto al mes anterior, pues todas las cifras son negativas: 3.475 beneficiarios, 3.899 dictámenes menos, 2.910 solicitudes menos, 3.504 grandes dependientes menos, 2.273 dependientes severos menos.
En cuanto a prestaciones y servicios, esta organización señala que hay 1.700 servicios de teleasistencia menos, 1.095 servicios de ayuda a domicilio menos, 158 plazas de centros de día menos, 717 plazas residenciales menos, 2.680 prestaciones de cuidadores familiares menos. La reducción de estos servicios, ha generado, según esta entidad, el despido de 800 trabajadores.
La Asociación de Directores y Gerentes asegura que se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste. También duda de que se estén atendiendo a quienes más lo necesitan y asegura que «decenas de miles» de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo «morirán sin ser atendidas».
La reducción del «limbo» de la dependencia o lista de espera se ha obtenido, según esta organización, impidiendo que nuevos dependientes accedan al sistema, y, por otro lado, abandonando a su suerte a los cientos de miles de personas que tenían dependencia severa o gran dependencia y que están falleciendo sin ser atendidos o a los que se les revisa el grado para bajarlos al Grado I. Durante este último mes 7.163 personas con derecho menos figuran en el Sistema.
Artur Mas se compromete a no recortar más a las residencias
El presidente de la Generalitat Artur Mas se comprometió ayer ante Cinta Pasqual, presidenta de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), a no aplicar ningún otro recorte al sector de la gente mayor. Esta promesa tranquiliza al sector de las residencias, que temía un descenso en las tarifas, pero no responde a las otras demandas planteadas por la patronal.
El President, que estuvo acompañado por la consellera de Benestar Social i Familia Neus Munté, explicó a la presidenta de ACRA que “cuando la economía lo permita” se volverán a activar las Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio, es decir las PEVS, las ayudas a personas que a la espera de poder entrar en residencias de titularidad pública acuden a centros privados. Mas tampoco quiso comprometerse, según una nota difundida por esta patronal mayoritaria del sector, a establecer un calendario para el pago de los 160 millones que la Generalitat les adeuda.
Cinta Pasqual explicó a Mas durante la reunión que se prolongó por espacio de una hora la difícil situación por la que atraviesan unas residencias que dan servicios a 56.000 personas.
La consellera Munté señaló ayer, a través de una respuesta parlamentaria, que los catalanes que solicitan una revisión de su grado de dependencia deben esperar una media de 2,93 meses. Y el tiempo medio para obtener un certificado de discapacidad oscila entre los cinco meses del Baix Llobregat (Barcelona) y 1,5 meses en las Terres de l’Ebre. Además, dijo que la Generalitat estudia distintas alternativas de copago de los usuarios de la ley de dependencia ante los impagos del Estado. En 2012 la Generalitat aportó 929 millones de euros al sostenimiento de las medidas incluidas en la ley de la dependencia y el Estado invirtió sólo 243 millones.
