Recortes
La fórmula del ahorro en Dependencia: revisar los casos para recortar prestaciones
Algunas comunidades autónomas como Valencia, Castilla-La Mancha o Madrid presionan a los trabajadores sociales.
Hace una semana, el 6 de febrero, se conoció el caso de Daniela, una niña castellano-manchega que padece una rara enfermedad (el síndrome de Ondine) cuyos cuidados reclaman atención las 24 horas. A Daniela, la Consejería de Asuntos Sociales le había rebajado el grado de dependencia por una revisión de oficio iniciada por la Administración. Su caso se unía al del niño de siete años con parálisis cerebral al que se le retiró una prestación económica para ofrecerle a cambio la escolarización en un centro especial… al que ya estaba acudiendo desde hacía un año.
Aunque el Gobierno de María Dolores de Cospedal dio marcha atrás en el caso del niño (adujeron un «error»), estos ejemplos ilustran la dinámica que se está desarrollando en algunas comunidades autónomas: la revisión de oficio de expedientes de dependencia antiguos que resultan en valoraciones menos graves.
La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales hace referencia a estas actuaciones en su XXII Informe sobre el desarrollo de esta ley: «Se viene produciendo una bajada paulatina de las personas con grado III (el más alto) de dependencia», y entre las causas el dossier recoge que «en algunos territorios se están produciendo revisiones de grado de oficio que tienen como resultado dictámenes que reducen el mismo».
El marco para que se pueda producir esto nació con el Real Decreto, de julio de 2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Ahí se hizo desaparecer la clasificación de cada grado en dos niveles, se rebajaron las cuantías económicas de las ayudas y se convirtieron en «incompatibles» las aportaciones de dinero con otros recursos como centros especiales, residencias de mayores, etcétera.
El cambio a la baja en el catálogo de prestaciones está en el corazón de estas reevaluaciones de dependientes para adecuarlos a la nueva situación normativa.
La Plataforma para la Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha está recopilando estos casos. Según los expedientes con los que cuentan, se han producido al menos 45 revisiones de grado con rebaja de grado III (gran dependiente) a grado II (severo), 12 de grado III a grado I y 69 de grado II a grado I. También, 389 revisiones de Planes Individuales de Asistencia (PIA) en los que se ha suprimido la ayuda económica dejando –ahora la ley las hace incompatibles– la ayuda a domicilio. La plataforma asegura que «en algunos casos son 26 horas al mes para grandes dependientes, menos de una hora al día».
El consejero de Asuntos Sociales castellano-manchego, José Ignacio Echániz, considera que su gestión «nos permite atender primero a quien más lo necesita y reducir la lista de espera en 4.233 personas con derecho reconocido pendientes de recibir un servicio o prestación económica» .
La orden con la que adaptó el real decreto, aseguran, «establece la cobertura a las personas con dependencia moderada, que la legislación nacional todavía no incluye». La norma está recurrida por la plataforma castellano-manchega, que este viernes presenta sus argumentos jurídicos al juez que admitió la querella. Asuntos Sociales ha calificado de «irresponsabilidad que se relacionen estas reevaluaciones a una intencionalidad política».
Un cambio «ideológico»
«Desde luego que se está reevaluando». Así de rotunda se expresa una trabajadora social en activo en la Comunidad de Madrid que prefiere no dar su nombre. Ana Lima, la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, confirma a eldiario.es que han «recibido consultas por parte de trabajadores de Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha acerca de la insistencia por parte de los servicios regionales en revisar expedientes».
Lima entiende que «se está rebajando la importancia de lo social a la hora de evaluar la situación de los dependientes y que se está focalizando en lo sanitario». En este sentido, analiza que «los trabajadores tienen temor a hacer públicos estos casos porque temen por su puesto de trabajo».
La trabajadora social madrileña explica que «en realidad es más costoso para la consejería cambiar una ayuda de 500 euros por una plaza en una residencia de mayores». José Luis Gómez Ocaña, portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, y Ana Lima lo corroboran: «Una plaza cuesta más». ¿Entonces?
Ambos coinciden en apuntar a motivos ideológicos. «Deshacerse de la dependencia y dejarla en manos privadas». Los aseguramientos con empresas privadas han visto crecer su negocio, «el que pueda, que se lo pague», dice Lima. Y aunque sea aún un nicho de negocio pequeño, está creciendo. Gómez Ocaña opina que «no hay nada más que mirar cómo está montado el sistema de atención y ayudas: empresas privadas concertadas por cada persona que atienden».
Mirando el modelo en la Comunidad de Madrid, se observa que hay una veintena de residencias públicas de mayores gestionadas directamente por la Administración. Otras tantas son de titularidad pública y gestión privatizada. Hay 125 concertadas con parte de sus plazas sostenidas con fondos públicos. En Castilla-La Mancha, según un recuento de la Dirección General de Atención a Personas Mayores, con discapacidad o en situación de dependencia de 2010, de las más de 11.000 plazas pagadas con dinero público, el 39% son concertadas.
El Ayuntamiento de Jaén consignará en el juzgado los pagos de la Junta por Dependencia posteriores al 3 de diciembre
El Ayuntamiento de Jaén ha anunciado que consignará en el juzgado los pagos que reciba de la Junta de Andalucía por la aplicación de la Ley de Dependencia en la ciudad después del pasado 3 de diciembre, fecha en la que se desvinculó de esta prestación. Además, espera que la Administración autonómica concrete una reunión para esta semana con el objetivo de firmar un nuevo convenio en tanto mantiene que no hay ninguno en vigor, ya que denunció el anterior «en tiempo y forma».
Así lo han indicado este martes en rueda de prensa los concejales de Hacienda y Comunicación, Miguel Contreras, y de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, para los que el auto del juzgado Contencioso Administrativo número 3 de la capital conocido este lunes «no retrotrae a ningún momento», sino que «sólo toma una medida cautelar» «pensado en los dependientes» y sin «entrar en el fondo» de la cuestión, que es determinar a qué administración compete el servicio.
De esta manera, han insistido en los argumentos que tanto la propia edil en una nota como el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, apuntaron a conocer esa decisión judicial. Han reiterado que «da la razón» al Consistorio por cuanto reconoce que los impagos de la Junta le causaban «quebranto económico», que denunció el convenio «en tiempo y forma» y que el Ayuntamiento «en ningún momento ha hecho dejación de funciones de su labor administrativa» en esta prestación.
«Se sigue trabajando con estas personas que tienen reconocida ayuda a domicilio a través de la Ley de Dependencia; tramitando expedientes, PIA… Y nosotros no podemos dar ni altas ni bajas porque no tenemos competencia para ello. es la Junta la única responsable», ha asegurado Chamorro, quien ha instado al Gobierno andaluz a que «como mínimo» cubra las bajas que se producen porque «no es de recibo» que existan personas «esperando más de un año» para percibir el servicio que les corresponda.
Contreras, además, ha dicho entender que la Administración autonómica «debe valorar el auto» y, desde su punto de vista, lo está haciendo «en su justa medida», dado que «ya ha llamado al Ayuntamiento para sentarse a negociar a raíz de su propuesta» de convenio. En este punto, ha dicho esperar que se concrete el encuentro que planteó para «esta semana» con el objetivo de «poder llegar a la firma» de uno nuevo.
«PARÁLISIS»
Al respecto, ha hablado de «parálisis» en la Junta, ya que aunque afirmó en numerosas ocasiones que garantizaría la dependencia, «no ha hecho nada» ni se ha sabido «nada del plan B» que decía tener. «Hasta ahora la empresa que está desarrollando el servicio es la que tenía contratado el Ayuntamiento (Multiservicios Jabalcuz) y lo ha seguido prestando», ha apostillado.
Ante esta situación, el responsable de Hacienda ha informado de que «mientras no haya convenio» entienden que la relación entre ambas instituciones «está pendiente de la resolución del contencioso planteado por la Junta», de modo que aquellos ingresos que se produzcan los consignará en el juzgado.
La primera cuantía que le trasladará será una parte de los 318.500 euros que el Gobierno regional transfirió por los servicios prestados en noviembre y diciembre. En concreto, será la correspondiente a partir del 4 de diciembre, cuando se desvinculó de la Dependencia al vencer, según reitera, el convenio. «Ese dinero lo vamos a poner a disposición del juzgado y que tome las medidas que tenga que tomar o que se quede consignado hasta en tanto haya una sentencia», ha declarado el concejal, quien ha añadido que la otra parte de esa transferencia se va a «transferir inmediatamente a la empresa».
El TSJ abre la vía para que los herederos de 36.000 dependientes fallecidos reclamen la prestación
La sentencia de la Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que reconoce a los herederos el cobro de la prestación de una dependiente que falleció sin cobrar la ayuda sienta un precedente demoledor para la Conselleria de Bienestar Social, según explicó Sandra Casas, la letrada de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia. Más de 36.000 familias de usuarios que murieron sin haber cobrado la prestación por la demora de la Generalitat podrían exigir con altísimas garantías de éxito la retribución de este derecho generado presentando un recurso contencioso administrativo en el TSJCV.
Como contó ayer en exclusiva Levante-EMV, el alto tribunal valenciano ha obligado a la Generalitat a abonar la prestación a los herederos de una dependiente que falleció mientras la conselleria tramitaba su expediente porque fue «prolongada, defectuosa y morosa» por parte de la Conselleria de Bienestar Social. En este caso, el departamento que ahora dirige Asunción Sánchez Zaplana tardó dos años en resolver la solicitud de dependencia.
De esta manera, el TSJ valenciano se suma a la jurisprudencia sentada por otros altos tribunales como el de Andalucía que dan la razón a los dependientes fallecidos y sus herederos ante la administración autonómica. Pero los recurrentes valencianos se pueden encontrar con otra sentencia de la Sección Quinta del mismo TSJCV que avaló a la Conselleria de Bienestar Social que defiende que la muerte del dependiente era motivo de archivo del expediente, según explicó la letrada Sandra Casas, que está pendiente de que el tribunal resuelva numerosos casos similares que presentó ella y otros abogados.
La letrada se mostró optimista, aunque muy cauta en la sentencia y explicó que será complicado que el TSJ aplique la «extensión de efectos». Es decir, que los herederos exijan un procedimiento abreviado sin ir a juicio con la sentencia hecha pública ayer por este periódico. La abogada considera que los familiares de los dependientes posiblemente tengan que acudir al contencioso-administrativo, aunque con posibilidades de ganar en casi el 100 por 100 de los casos.
Sea cual sea la estrategia que elijan los herederos de los dependientes, lo que queda claro en esta sentencia de la Sección Cuarta del TSJ es que se reconoce el derecho de cobrar la prestación retroactiva pese a que el dependiente haya fallecido en el proceso, puesto que asume que los familiares han asumido el coste del cuidado del solicitante de su bolsillo. Y es más, el tribunal censura duramente a la Conselleria de Bienestar Social por su demora en la resolución de expedientes. Llega a decir de la administración valenciana «abandona a su suerte al dependiente durante el proceso de tramitación».
La clave: Sin el PIA aprobado
Otra de las claves importantes en la sentencia es que el TSJ tumba el argumento de la conselleria de que el fallecido no tenía reconocido el derecho al no estar aprobado el PIA (Plan Individual de Atención). En este caso, los jueces estiman que la «inacción» de la administración invalida la versión de la conselleria porque estaría actuando de manera perversa prolongando la tramitación para que fuera lo más larga posible. En román paladino, demoras en la resolución de los expedientes más allá de los dos años para que la persona que solicita el derecho acabe falleciendo.
Esta no es la única sentencia que cuestiona las resoluciones que está emitiendo la consellera de Bienestar Social. Cabe recordar que la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) ha cifrado en un 95 por ciento el porcentaje de casos judiciales ganados por personas dependientes y los profesionales y centros del sector que las asisten frente a la Administración.
Algunos ejemplos de situaciones que afectan a estas personas son la falta de resolución de las prestaciones de atención a la dependencia –en la Comunitat Valenciana existen más de 13.000 expedientes sin resolver–, los problemas en su ejecución e impagos de ayudas, y la desinformación y las dificultades en la libre elección de centro y servicio, situaciones provocadas por la «ineficacia» de la Administración valenciana.
La patronal de residencias AERTE ve la solución jurídica como la única vía para salvaguardar sus derechos y los de los dependientes
En el último año el 95% de denuncias presentadas por dependientes o profesionales contra la administración los han ganado los demandantes
AERTE sospecha que la administración podría haber adoptado esta vía, esperar a que haya sentencia para pagar lo que debe y evitar así la solución administrativa aún teniendo que pagar igual. AERTE lamenta que la Consellería no realice su trabajo y obligue a cada dependiente con deudas pendientes a acudir de forma particular a la justicia.
Tras comprobar que durante el último año el 95% de las denuncias presentadas por dependientes y profesionales del sector contra la Generalitat son a su favor, la patronal AERTE (de residencias) sospecha que el gobierno valenciano ha tomado ese camino: obligar a que cada dependiente a quien le debe dinero acuda a los tribunales (quedan entre 11.000 y 13.000 expedientes sin resolver). El problema radica en que no todos pueden acudir a la justicia. María José Mira lamenta que el Consell no resuelva como debería, por vía administrativa.
AERTE llegó a esa conclusión tras una reunión informativa a la que acudieron afectados y profesionales. Afectados por la falta de resolución de las prestaciones de atención a la dependencia deberían acudir individualmente a los tribunales porque la administración no parece dispuesta a actuar como debiera y resolver esos expedientes por vía administrativa.
La opción elegida por la administración, sospecha AERTE, es esperar a que resuelva la justicia y de esa forma ahorrarse el trámite burocrático y pagar en el plazo de un mes. Algo lamentable, según la asociación, que recuerda seguirá luchando e insta a los afectados a coordinarse y recurrir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Miles de dependientes de Aragón malviven sin ayudas públicas a pesar de tenerlas concedidas
Los recortes del Gobierno de Aragón han hecho retroceder la asistencia a los dependientes un 24% en solo dos años, han quitado el apoyo público a unas 3.000 personas y mantienen a unas 8.000 familias a la espera de ayuda.
En la actualidad, la Ley de la dependencia llega en la comunidad aragonesa a 18.511 personas, a pesar de que hay 26.825 que tienen reconocido el derecho a cobrar prestación. Es decir, hay 8.314 que, a pesar de haber sido reconocidos y aceptados por los asistentes sociales, aún no tienen apoyo de la ley.
El número total de beneficiarios se ha reducido además de forma notable. En los últimos dos años y medio, coincidiendo con el cambio de gobierno (del PSOE de Marcelino Iglesias al PP de Luisa Fernanda Rudi) y el recrudecimiento de la crisis, se ha reducido en 5.961 personas (de 24.472 a los 18.511 que hay ahora).
El Ejecutivo autonómico atribuye parte de esta caída a la detección de unos 3.000 beneficiarios que habían estado cobrando la ayuda pese a haber fallecido. Esto quiere decir que otros 3.000 dependientes han dejado de recibir sus ayudas.
Unos 60 millones de euros repartidos en prestaciones
Y el número de solicitudes ha bajado solo un 4,5% (de 47.487 a 45.346). «Cada vez entran menos dependientes al sistema de ayudas. Estamos saturados», explican fuentes de los servicios sociales. La cantidad de dinero que destina el Gobierno de Aragón a las prestaciones económicas para la dependencia se recorta este año en 1,5 millones de euros: habrá algo más de 60 millones, frente a los 61,6 que se presupuestaron para 2013. En 2011 hubo 43 millones y en el ejercicio 2012 la DGA dedicó a estos pagos 55,5 millones de euros.
Los recortes «ponen en riesgo la atención a 560 dependientes de Ronda»
El secretario general del PSOE de Málaga y diputado nacional, Miguel Ángel Heredia, ha advertido hoy de que los recortes del Gobierno del PP en materia de Ley de Dependencia ponen en riesgo la atención a los 560 dependientes del municipio de Ronda. Heredia ha visitado hoy el centro de participación activa para personas mayores de la localidad junto a la portavoz socialista, Teresa Valdenebro.
El responsable socialista ha denunciado que el PP «se ha empeñado en eliminar la atención a la dependencia, un derecho de los ciudadanos que puede ser historia a pesar de los esfuerzos de financiación de la Junta de Andalucía». Así, ha expuesto que en dos años el Gobierno ha recortado a Andalucía el presupuesto en esta materia en 214 millones (89 millones en 2012 y 125 millones en 2013). Además, ha dejado de financiar las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas dependientes (en torno a 10.000 en la provincia de Málaga) y ha reducido en un 15% su prestación económica. Ha retrasado hasta 2015 la entrada en el sistema de personas valoradas con dependencia moderada y ha endurecido las condiciones para acceder a las prestaciones. «Y por si fuera poco este año 2014 el presupuesto para atención a la Dependencia se contrae un 46,6%», ha agregado.
Con estas decisiones, según Heredia, «los 560 beneficiarios de la ley de dependencia en el municipio de Ronda y las 736 prestaciones en la localidad están en riesgo». El responsable socialista ha señalado que aunque la presidenta Susana Díaz «reiteró recientemente que Andalucía no iba a dejar morir la Ley de Dependencia, el Gobierno nos lo pone muy difícil». «Esta ley nació para ser financiada a partes iguales entre el Gobierno Central de España y las comunidades Autónomas. Actualmente el Estado aporta un 30%, mientras que la Junta de Andalucía sufraga el 70%. Andalucía no puede asumir todo lo que el Estado decide unilateralmente dejar de sufragar», ha asegurado.
En su visita, Heredia ha criticado las políticas del Gobierno de Rajoy «que se están cebando con los más vulnerables de nuestra sociedad: los mayores y los enfermos». Así, además de a la dependencia, se ha referido al copago y a la reforma de las pensiones, «que empobrecerá aún más a nuestros mayores». Por el contrario, ha destacado que el Gobierno andaluz ha subido este año 2014 un 2% el complemento a las pensiones mínimas, lo que beneficiará a un total de 6.476 rondeños. «Desde Andalucía los socialistas no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás en la defensa del Estado del Bienestar», ha subrayado.
Al mismo tiempo, ha afirmado que en apenas unos días «hemos conocido dos noticias que sin duda ponen a cada uno en su sitio». Así, ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado, «después de una gran movilización ciudadana», el modelo de privatización sanitaria del PP en la Comunidad de Madrid. Días después, ha dicho, la presidenta Susana Díaz anunció en el Parlamento de Andalucía el refuerzo de profesionales en las urgencias para atender el incremento de la demanda asistencial. «El modelo de privatización sanitaria que defiende el PP, tumbado por la ciudadanía y por la justicia, frente al sistema público, de calidad y universal que tenemos en Andalucía», ha añadido.
En este punto, ha pedido al presidente del PP en Málaga, Elías Bendodo, y a la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, que aclaren si prefieren el modelo de privatización sanitaria del PP en Madrid o el sistema público, de calidad y universal andaluz. «Los dirigentes del PP tienen que decidir si quieren para los malagueños y rondeños medidas como el copago tal y como defiende el Gobierno o, en cambio, están con Andalucía que ha decidido que no se va aplicar este impuesto a la enfermedad», ha concluido.
Cada vez son más los ancianos que son abandonados en los hospitales
La crisis y la falta de recursos han provocado que cada vez sean más los ancianos que son abandonados en los hospitales. Muchas veces llegan a los hospitales por enfermedades leves, pero acaban siendo ingresados por sus avanzadas edades o por ser grupos de riesgo. Una vez superada la enfermedad el médico se dispone a darles el alta pero se encuentra con el problema de que, o sus familiares no vienen a por ellos o que los ancianos no tienen a donde ir.
El presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha denunciado esta semana que en su comunidad hay 400 camas bloqueadas en los hospitales por pacientes que están sanos y con el alta médica pero que aún siguen en los centros porque los familiares no los recogen. Según el Secretario de Acción Sindical SAE, Antonio Díez, esta situación no es exclusiva de las islas Canarias, “viene dándose a nivel nacional desde hace varios años”.
Este profesional de la medicina afirma que a la hora de ingresar a una persona en el hospital hay un trámite legal que se puede seguir, sin embargo para dar un alta los médicos se encuentran desamparados ante la ley. “El profesional puede forzar un ingreso por orden judicial yendo a un juzgado de guardia, pero al contrario es un problema porque si la familia se niega no hay nada que hacer. Si el médico, por ejemplo, lo lleva a una residencia por su cuenta la familia le puede denunciar. Este es un problema muy importante porque al final el gasto sanitario lo estamos pagando todos”, señala Antonio Díez.
¿Pero cómo hemos llegado a esta situación de abandono de nuestros mayores? Díez explica que el abandono de las personas mayores no es algo nuevo aunque matiza que con la crisis ha aumentado. “En estos casos se pueden encontrar varios perfiles. Están las personas que no tienen a nadie, los que aprovechan los ingresos hospitalarios para descansar de los familiares y los que tienen problemas económicos y no pueden hacerse cargo de ellos”, apunta Diez.
Los recortes en dependencia han dejado a las familias sin recursos
En el último año, el número de personas que han dejado de recibir las ayudas de dependencia se ha reducido en 11.127 personas. Este hecho unido a la crisis ha provocado que cada vez más familias tengan más dificultades para cuidar de sus mayores. Este es el caso de Canarias, según el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle.
Canarias se encuentran a la cola del ranking de ayudas a la dependencia de España. Solo 11.414 personas reciben algún tipo de ayuda, lo que supone el 0,54% de su población. Marciano Sánchez Bayle explica que los recortes en dependencia han afectado considerablemente a la población canaria, ya que es una de las más envejecidas de España.
Según las proyecciones 2011-2021 del Instituto Nacional de Estadística, en Canarias el segmento de población superior a 65 años crecerá en torno al 39,9% en diez años. El grupo de mayores de 85 años crecerá un 78,6%. Además, la tasa de riesgo de pobreza en Canarias se situó en el 33,2% en 2012, lo que convierte al archipiélago en la segunda Comunidad Autónoma con mayor tasa de riesgo, sólo por detrás de Extremadura (34,1%), según se desprende de los resultados provisionales de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2013 elaborada por el INE.
“El problema no está en las familias. Sabemos que hay personas que viven en situación de extrema miseria ya que no tienen dinero ni para pagar la luz ni para comer. Estas son algunas de las personas que deciden dejar a sus mayores en el hospital para que por lo menos puedan estar calientes y puedan comer. Estos son el 99% de los casos y no se les puede culpar por ello”, señala Sánchez Bayle.
Para este médico el problema está en que los recortes han afectado a diferentes estratos de la sociedad del bienestar. “No hay un sistema de hospitalización a domicilio que pueda atender a estas personas. Se ha recortado en todas las administraciones por lo que muchas familias se encuentran en una situación desesperada. Hay una gran incapacidad por parte de las familias para hacerse cargo de una manera razonable de estas personas y cualquier responsable debe saberlo. En este caso, en Canarias, se han unido varios factores: hay pocas camas porque desde 2009 no se han aumentado, se ha recortado en dependencia y luego ha habido el pico de gripe que ha provocado que se necesiten más camas en los hospitales”, afirma el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
Otros de los casos que también se están dando en los hospitales son los de los ancianos que no tienen familia y por lo tanto, no tienen quien les cuide. Según el INE, en España hay 18 millones de hogares, de ellos, 4,2 millones los compone una sola persona, un colectivo que se ha incrementado un 45%, y que ya aglutina al 9% de la población.
“Algunas de las personas que están ingresadas tienen algún grado de discapacidad por lo que no pueden valerse por sí mismas. Ellas necesitan que alguien les cuide, pero con los recortes se han quedado solos. El problema está en que se ha recortado en muchos ámbitos de los servicios púbicos y los servicios sociales no dan abasto. No pueden inventar una cama que no existen o inventarse una financiación que no hay. Las comunidades son las que tienen que arreglar este asunto”, concluye este experto.
Las prestaciones por la ley de la dependencia en Catalunya bajan un 5%
El número de beneficiarios catalanes de la Ley de la dependencia se ha reducido un 1,4% en un año, al pasar de 158.589 en diciembre de 2012 a 156.333 en diciembre de 2013, y la cifra de prestaciones ha caído un 5,5% –han pasado de 122.011 a 115.656 en un año.
La directora del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials(Icass), Carmela Fortuny, ha atribuido el descenso de beneficiarios y prestaciones a dos factores: a la muerte de una media de 2.200 usuarios al mes –más de la mitad superan los 80 años– y a las reformas del Estado, que ha obligado a aplazar hasta 2015 los pagos a los dependientes moderados.
La reducción de prestaciones se contrapone al aumento de los servicios, teniendo en cuenta que «el Estado paga menos a las comunidades si no priorizan ofrecer servicios antes que pagar ayudas», ha recordado Fortuny. Ha recordado que, al margen de los dependientes moderados que no pueden entrar en el sistema, en Catalunya «ya están resueltos el 96,4% de los casos», y ha recordado que la mayor afluencia de solicitudes para cobrar la dependencia se produjo en los primeros años de la ley.
«Ahora lo que más hay son revisiones porque el estado de la gente con dependencia empeora con los años», ha dicho, y ha recordado que el Estado también ha endurecido los criterios de concesión de los grados, por lo que muchos evitan solicitar revisiones por miedo a perder su nivel.
Derecho reconocido
Los datos también revelan que 66.887 catalanes no recibirán ninguna ayuda hasta julio de 2015 porque su grado de discapacidad es moderado, una catalogación a la que el Estado pospuso del cobro por la falta de recursos económicos.
La cifra supone un 15% más que hace un año, cuando el Gobierno central decretó que los dependientes moderados deberían esperar al menos 36 meses para recibir alguna ayuda económica y eliminó la retroactividad, por lo que los afectados nunca recuperarán el dinero que no han percibido durante el tiempo de espera. Entre los dependientes moderados hay personas que necesitan ayuda para algunas actividades básicas –comer, ir al baño o vestirse– y tienen necesidades de apoyo intermitente.
Fortuny ha recordado que estos usuarios «están atendidos a través de otros sistemas de ayudas de la Generalitat», como el apoyo a la acogida residencial, las prestaciones a discapacitados y las subvenciones a programas de autonomía en la propia vivienda. Al aplazamiento hasta julio de 2015 del pago a los dependientes moderados, se suma el recorte del 15% en la prestación de los cuidadores familiares que el Estado decretó en paralelo.
Cuidador familiar
En Catalunya hay ahora 161.436 dependientes que se benefician de algún tipo de prestación o servicio, de los que 109.600 tienen un cuidador familiar, figura que desempeñan principalmente mujeres, por las cuales el Estado ha dejado de cotizar.
«Si una familia quiere cuidar a un dependiente no vamos a negarle esta opción, pero la figura está mutilada por los recortes estatales», ha lamentado Fortuny, que ha recordado que la Generalitat cuenta con programas propios de formación y apoyo a los cuidadores no profesionales.
Amade alerta de que el plus de transporte incluido en la base de cotización generará desempleo
La Asociación Madrileña de Asistencia a la Dependencia (Amade) alertó este jueves de que la cotización de las empresas a la Seguridad Social por el llamado plus de transporte generará desempleo en el sector de la dependencia, para el que la aplicación de la medida supondrá, solo en la comunidad madrileña, un gasto de más de siete millones de euros al año.
La aplicación del decreto que regula la cotización a la Seguridad Social por conceptos por los que hasta ahora no cotizaban las empresas conllevará para Amade un gasto de más de siete millones de euros al año, «teniendo en cuenta los ajustes que ya se han venido haciendo en los precios de plazas concertadas con la Administración y considerando que el 70% del gasto del sector es en personal», afirmó la entidad en un comunicado.
Según dijo, esta decisión del Gobierno «generará desempleo y podría suponer el cierre de muchas empresas ya agotadas financieramente tras largos años de crisis». Por todo esto, las patronales madrileñas han solicitado que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe) «se oponga rotundamente a esta medida», dadas las «graves consecuencias» que podría suponer su puesta en práctica.
Bienestar Social reduce su deuda hasta los 60 millones de euros
Asunción Sánchez Zaplana
La Conselleria de Bienestar Social ha equilibrado sus cuentas de manera significativa en el último año, reduciendo su deuda en más de 500 millones de euros. Así, según fuentes del Área que lidera Asunción Sánchez Zaplana, solo quedan pendientes de abonar unos 60 millones de euros a las residencias de mayores. El resto de las partidas están al día.
Precisamente, el pasado mes de noviembre, los centros para discapacitados cobraron 65 millones de euros. El resto de la deuda con el sector se saldó en diciembre, cuando llegó el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Y es que desde que Sánchez Zaplana aterrizó en Bienestar Social su objetivo fue pagar las facturas pendientes, para lo que se reunió con cada uno de los representantes del sector. Además, estrechó las relaciones con la Conselleria de Hacienda, para priorizar los pagos a los colectivos afectados.
Cabe recordar que durante el mandato de su antecesor en el cargo, Jorge Cabré, los dependientes, discapacitados y demás asociaciones se manifestaban casi semanalmente. Algunos centros incluso se vieron obligados a cerrar por los impagos. Las sucesivas ayudas económicas del Gobierno central han ayudado en gran medida a solventar esta situación, aunque todavía están pendiente de pago algunas facturas de los centros subvencionados de atención a personas mayores.
Más de 9.300 cuidadores dejan de cotizar por los recortes en dependencia
Los recortes en materia de dependencia se han llevado por delante las cotizaciones de más de 9.300 cuidadores no profesionales en la provincia. La decisión del Gobierno hace poco más de un año de dejar de financiar las cuotas de estas personas, en su mayoría mujeres, ha provocado que vuelvan a engrosar las listas del paro. Así, las últimas estadísticas disponibles del Ministerio de Empleo y Seguridad Social muestran que a fecha de 30 de noviembre de 2013 sólo había 732 cuidadores afiliados en Málaga, frente a los 10.131 que estaban dados de alta en octubre del año anterior, justo antes de que entrara en vigor la medida del Ejecutivo.
Esto supone que apenas el 7% siguen cotizando para poder cobrar una pensión en un futuro, haciéndolo de su propio bolsillo. Al suprimirse el régimen especial de cuidadores no profesionales en la Seguridad Social, la Administración del Estado ‘invitó’ a los afectados a costearse sus cotizaciones extinguiéndose así el convenio especial suscrito en 2007 para que los cuidadores no profesionales pudieran regularizar su actividad. Durante los primeros meses, hasta final de 2012, se bonificaron las cuotas de quienes decidieran seguir afiliados, con un descuento del 15%.
Pero son pocos los que pueden hacer frente al pago de las cotizaciones, que ascienden a 163,04 euros al mes, máxime cuando la reforma de la Ley de Dependencia de 2012 -Real Decreto 20/2012, de 13 de julio- estipuló además un recorte del 15% en las prestaciones que venían recibiendo. El hecho de que una persona deje de cotizar a la Seguridad Social no significa que no pueda continuar como cuidadora no profesional a efectos de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar. Esta cantidad, que reciben más de 20.000 personas y que rondaba los 370 euros al mes, se vio reducida en unos 55.
Cobrar una pensión
La figura del cuidador no profesional es una de los recursos que la ley reconoce a los dependientes y su valor reside en que se trata de una persona cercana al enfermo o anciano que posibilita que su vida diaria se desarrolle en casa. Aunque hay más de 20.000 en la provincia, solo han llegado a estar afiliados en el régimen especial aproximadamente la mitad porque el resto ya cotiza por otros trabajos o bien están jubilados, como explica el presidente de la Asociación Española de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, que señala que los 732 cuidadores que continúan afiliados -654 mujeres y 78 hombres- lo hacen en su mayoría «porque necesitan cotizar para garantizarse una pensión al estar cercana su jubilación».
Para este especialista, la expulsión de la Seguridad Social de la mayor parte de los cuidadores al no costear el Gobierno sus cotizaciones supone «la pérdida de un derecho subjetivo». Además, a su entender, «desde la perspectiva feminista se trunca un estatus reconocido a las mujeres en 2007». «Las políticas sociales no son políticas de género, pero las mejores políticas de género son las políticas sociales», señala. «Para el Gobierno supone un ahorro, pero es un recorte de mil millones de euros al dejar de pagar las cotizaciones y fastidiar a las mujeres», denuncia Ramírez.
A nivel nacional se han perdido más de 154.000 cotizantes desde la entrada en vigor de la medida que suprime el pago de las cuotas por parte de la Administración. Tras Madrid (881) y Barcelona (2.038), Málaga es la provincia con más personas afiliadas como cuidadores en el ámbito familiar, aunque esta cantidad cae mes a mes desde noviembre de 2012.
Madrid, asuntos sociales asegura que está al día con la ley de dependencia
El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel, aseguró este lunes que la región está al día con la Ley de Dependencia y dijo que Madrid cree en la ley y en el espíritu de la ley.
La Comunidad de Madrid emitió un total de 4.260 nuevos dictámenes sobre personas en solicitud de situación de dependencia entre mayo y diciembre de 2013, pasando de 167.854 expedientes en mayo a 172.114 a 1 de diciembre del año pasado, según datos del Sistema Nacional de Dependencia publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En un acto que se celebró hoy en la residencia de mayores Goya, el consejero valoró los datos publicados y subrayó que Madrid está a la cabeza de la prestación de servicios de la cartera de servicios de la Ley de Dependencia.
En este sentido, manifestó que siempre hemos dicho y seguiremos diciendo que la Comunidad de Madrid cree en la ley y en el espíritu de la ley y aseguró que la región está totalmente al día con la dependencia.
Asimismo, explicó que hemos hecho un gran esfuerzo y hemos simplificado el procedimiento administrativo de tal manera que con un solo acto valoramos y damos el PIA (programa individual de atención) y destacó que hemos hecho una encomienda de gestión a los ayuntamientos para que sean ellos mismos quienes realicen el informe social y el baremo de la dependencia de cada usuario para facilitar el proceso.
El Consell renueva las 2.000 plazas a geriátricos impulsados por Cotino
La historia se repite. Los beneficios que otorga la Conselleria de Bienestar Social a los geriátricos impulsados por el presidente de las Cortes, Juan Cotino, siguen año tras año. Los motivos no están claros, no se sabe si se debe al continuismo de la política del Consell o la ‘alargada sombra’ o poder del presidente de las Cortes.
Sea por un motivo o por otro, y a pesar de las quejas del sector, las 2.000 plazas que el pasado año concertó la Conselleria de Bienestar Social a las residencias del modelo Cotino serán renovadas en los próximos días para darles continuidad en 2014.
La Conselleria ubicada en el complejo 9 d’Octubre ya tiene preparada una orden para mantener el concierto al grupo de geriátricos que disponen de plazas de accesibilidad, entre las que se hallan las quehan pertenecido al sobrino del político valenciano, Vicente Cotino Escribá: Gerocentros y Savia. En concreto, este grupo de residencias consolida el segundo tercio de las plazas de que ya disfrutaba y amplía su concierto con 2.000 plazas que se suman a las 2.000 que ya tenía desde 2001.
Con lo cual los geriátricos AECAS -9 empresas- mejoran su situación al pasar a tener un total de 4.000 plazas concertadas, que son las primeras que se cubren cuando exista demanda de la población y las que primero cobran, para colmo del resto de residencias que no disponen de estos privilegios.
El hecho de que se vuelva a concertar las plazas a los centros del ‘modelo Cotino’ ha generado la consiguiente sorpresa y malestar en el resto de geriátricos porque el equipo actual de Bienestar Social -tanto la consellera Asunción Sánchez Zaplana, como la secretaria autonómica Nela García– habían dado esperanzas de no beneficiar sólo a 9 empresas.
De hecho, el ex conseller Jorge Cabré y el ex secretario autonómicoJoaquín Martínez rechazaron por escrito la ampliación de plazas para las residencias que estuvieron vinculadas a los Cotino ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. De forma oficial, Bienestar Social se negaba a asumir el convenio que les permitía conseguir además del tercio de plazas del que ya disponen, que posteriormente recibieran los otros dos tercios restantes, hasta completar el 100% de las plazas. Desde Bienestar Social se argumentó que estos geriátricos no pueden beneficiar «un derecho de monopolio».
Estos geriátricos privilegiados habían consolidado el primer tercio de las plazas porque lo obtuvieron en 2001 y en repetidas ocasiones han reclamado a la Administración que cumpla con el convenio y les ceda el segundo y el tercer tercios, que les permitirían lograr 6.000 plazas.
No en vano, EL MUNDO denunció en mayo de 2010 que Juan Cotino benefició a las empresas de su familia al crear y poner en marcha varias normativas de gestión de residencias de la Tercera Edad que mejoraban sus condiciones de negocio mientras él era responsable de Bienestar Social, entre el 29 de junio de 2007 y el 28 de agosto de 2009. Con la orden del 5 de diciembre de 2007, Cotino amplió el número de plazas financiadas por la Conselleria que él dirigía. En aquella orden, el político de Xirivella eliminó la limitación contractual de un tercio que había en un principio y la amplió para que el grupo de residencias entre las que su familia había impulsado llegaran al 100% de las plazas existentes.
Esta trayectoria de mejoras para los geriátricos que promocionó Cotino se han venido repitiendo con contratos puntuales, pero desde el 31 de marzo de 2012 el contrato no se había renovado.
Por ello, llama la atención que Bienestar Social haya cambiado radicalmente sus argumentos y siga con condiciones más ventajosas para estas residencias a pesar de que había criticado que el convenio de 2001 se realizó «con reconocimiento expreso de la absoluta preferencia de estos centros para la cobertura de las plazas» y que «resulta inexplicable que se pida [por parte de los centros del modelo Cotino] la contratación de la totalidad de las plazas y se reconozca responsabilidad patrimonial».
Incluso, desde Bienestar Social se llegó a criticar que para aumentar el concierto se había forzado a que los geriátricos redujeran un 9% del precio de las plazas. De esta forma pasaron de cobrar 1.850 euros por paciente a 1.600 euros.
Desde la Administración también se recordó que se había consultado al resto del sector, a las asociaciones Aerte y Lares, para que mostraran su conformidad por carta sobre la ampliación de plazas concertadas a sólo un grupo de empresas. Una cuestión generó grancabreo a la mayoría de empresas porque consideran que han sido agraviadas frente a las impulsadas por la familia Cotino.
Este diario llamó a Bienestar Social para conocer el motivo de la renovación de la concertación de las plazas con las residencias impulsadas por el presidente de las Cortes pero, tras varios días de espera, no ha recibido respuesta.
La atención a la dependencia seguirá en picado en 2014: 31.000 grandes dependientes menos
El pasado año ha sido probablemente el más duro para los dependientes y sus familias desde que la Ley de Dependencia se pusiera en marcha en el 2006. El Estado ha reducido el nivel mínimo un 13% (aporte a las CCAA), ha suprimido el nivel acordado (se perdieron 283 millones para atención a la dependencia), se ha reducido un 15% las prestaciones económicas a los cuidadores familiares, se ha incrementado el copago de los enfermos, se ha eliminado la cotización a los cuidadores y se ha aplazado la entrada de nuevos usuarios hasta 2015. Con este panorama, desde que Rajoy llegó a La Moncloa se han contabilizado 62.690 grandes dependientes menos en el sistema.
El año que acaba de comenzar no presenta mejores expectativas para aquellos que están pendientes de una valoración o que ya están dentro del sistema. En octubre de 2011, las personas dictaminadas con un grado III de dependencia (el mayor de todos, llamado ‘Gran Dependencia’, que supone que necesitan ayuda para realizar diversas actividades básicas de la vida diaria varias veces al día con el apoyo continuo de otra persona para lograr autonomía) eran 433.290. En octubre de 2013 han bajado a 332.627 con 37.973 incorporaciones (antes de que se paralizaran), de manera que el total de grandes dependientes suma 370.600.
Estas cifras oficiales del Ministerio de Sanidad muestran que se han perdido 2.588 grandes dependientes cada mes. De seguir la tendencia actual, en 2014 habrá 31.000 grandes dependientes menos, hasta quedar reducido su número a 340.000, según los cálculos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. «Esta reducción se explica básicamente por tres motivos: hay bajas por fallecimientos de las personas, estas bajas no se están reponiendo con nuevos usuarios atendidos y además en algunas comunidades se están realizando revisiones de grado a la baja«, comentaba José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación.
Las mencionadas revisiones de los dependientes han dado lugar enalgunos casos a una reducción de grado, algo que tiene su explicación en la necesidad de recortar las prestaciones económicas principalmente. Según los límites establecidos, un dependiente valorado con un grado III nivel 2 (existen tres grados de dependencia y cada grado se divide a su vez en dos niveles) podía llegar a percibir por cuidados familiares en enero de 2013 un máximo de 520 euros, que quedaban en 387 tras el Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio. Rebajando un grado la valoración, el máximo a percibir sería de 337 euros al mes (268 tras la medida de julio), lo que supone un ahorro neto de 183 euros mensuales. Lo mismo ocurre con la prestación vinculada o con la ayuda a domicilio, en cuyo caso se reduciría el número de horas de ayuda.
«Es cierto que la rebaja de grado supone también una merma en la entrada de recursos estatales, pero les compensa. Por el dependiente de grado III nivel 2 con cuidados familiares la Comunidad Autónoma recibiría 231 euros al mes y una rebaja de grado supondría percibir únicamente 89 siendo grado II nivel 2. Esto con una merma de ingresos de 141 euros pero con cierta ‘ganancia’ neta mínima de 41 euros al mes que se acrecentaría en función del copago por parte del usuario en la prestación económica», explican desde la Asociación Estatal.
También la Administración General del Estado se beneficia de estas medidas, ya que reduce notablemente su aportación a las comunidades para la gestión de la dependencia. Si entre octubre de 2011 y febrero de 2012 debía transferirles 90 millones de euros por el nivel mínimo de las personas con grado III, desde julio de 2013 se ha reducido la cifra a menos de 70 millones, por lo que soncasi 25 millones de ahorro, «unos 23 si tenemos en cuenta ese 10% de grandes dependientes valorados pero sin Programa Individual de Atención (PIA)», comentan.
Lucha incansable
Pese a la pésima situación actual de la dependencialos actores sociales no han dejado de denunciar las medidas adoptadas y la manipulación de datosque dicen que lleva a cabo el Ministerio que ocupa Ana Mato y el IMSERSO, quien el pasado noviembre habría difundido unas estadísticas con un incremento mensual de más de 14.000 personas atendidas. «Este Observatorio ha analizado estos datos y ha recabado información de las Comunidades Autónomas de forma que está en condiciones de afirmar que el “cambio de tendencia” desgraciadamente no es tal sino que se trata de datos no depurados con las bajas de personas fallecidas correspondientes al cruce de los datos de vivencia facilitados por el Ministerio de Justicia en el último mes. Es notorio que tras la supresión de los niveles, las personas dictaminadas con grado y nivel no pueden hacer sino disminuir su número a medida que se producen las bajas por fallecimiento. Por el contrario, los nuevos dictámenes (sólo de grado) son los que deberían mantener una línea ascendente. Si no fuera por lo dramático y serio del asunto,se podría decir que el IMSERSO ha “resucitado” este mes a más de 4.000 personas dependientes», decían desde la Asociación Estatal.
Precisamente para protestar por la suma de todo lo anterior, el pasado 20 de diciembre presentaron en el Congreso, junto con laCoordinadora Estatal de las Plataformas en defensa de las LAPAD,250.000 firmas para pedir al Gobierno que cumpla con la Ley de Dependencia. «Se está produciendo una derogación encubierta y una demolición controlada de la ley. En noviembre de 2011 eran 1.048.424 las personas dependientes con derecho a atención, y en noviembre de 2013 se reduce a 940.642. En sólo dos años son 107.782 personas menos a las que se les reconoce el derecho a las atenciones. Son 148 bajas diarias en el sistema desde que gobierna Rajoy. El sistema tiene cuatro beneficiarios menos cada día en este periodo. Es inadmisible y cruel revertir esto con eufemismos como «mejora» o «sostenibilidad» del sistema o de la ley», concluye Ramírez.
La falta de DNI deja sin cobrar los atrasos a familias de niños con discapacidad
Padres de niños con alguna discapacidad denuncian impagos por parte de la Junta de Andalucía debido a un trámite burocrático. Al parecer, sus hijos no han podido cobrar los pagos correspondientes a los dos últimos años por el concepto de retroactividad en la concesión de sus prestaciones de la Ley de Dependencia -ya desaparecido- porque no contaban con DNI, al no ser obligatorio hasta los 14 años. Una situación que también salpica a las familias de personas dependientes fallecidas, que también tienen derecho a este pago.
En agosto del pasado año, entró en vigor el Real Decreto que modifica la Ley de Dependencia y que incluye una serie de «medidas de racionalización para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad». Uno de los cambios que se incluían es que se eliminaba la retroactividad en los pagos de a las personas dependientes.
Hasta ese momento, la norma garantizaba un periodo máximo de seis meses desde que la persona dependiente solicitaba la valoración hasta que se le concedía la prestación correspondiente con su grado y nivel. Si el Estado, a través de las Comunidades Autónomas -que son las encargadas de la ejecución de la ley-, tardaba más de ese periodo, tenía la obligación de pagar al beneficiario por todos los meses de retraso que se acumulasen hasta que recibiese la ayuda. No es la primera modificación que sufre la retroactividad ya que, en su origen, le Ley de Dependencia preveía abonar la retroactividad desde el mismo día en el que se solicitaba la misma y fue cambiado por el Gobierno de Zapatero en el año 2010.
Pero una cosa era tener el derecho a cobrar el dinero por los atrasos y la otra era cobrarlo. Muchas de estas familias se toparon con la crisis económica y no empezaron a recibir el dinero hasta que el Gobierno del PSOE acordó un plan de pagos que preveía saldar la deuda entre 2011 y 2016 en cinco cuotas cada primer trimestre del año. Sin embargo, las 24.500 familias andaluzas afectadas -según el Defensor del Pueblo Andaluz- solo habían recibido el importe del año 2011.
Plan de pago a proveedores
Al menos hasta hace unas semanas. Del total de afectados, unas 20.000 personas ya han cobrado la cuota del año 2012. El Gobierno central aprobó el pasado junio que la Junta incluyese los pagos de la retroactividad de la Ley de Dependencia dentro del plan de pago a proveedores. El problema es que para incluirlos en esta opción, era necesario aportar el DNI. Y muchos niños no lo tienen o no lo tenían en el momento en el que hicieron la solicitud de la Ley de Dependencia.
Según indican desde la Plataforma de afectados por los atrasos de la Junta de Andalucía por la retroactividad de la Ley de Dependencia creada en Facebook -que cuenta con más de 1.200 familias andaluza-, actualmente hay unos 2.000 menores acogidos a la Ley de Dependencia en la Comunidad, según el último informe del Defensor del Pueblo Andaluz, y un alto porcentaje podrían estar afectados por esta «situación dantesca».
«Dependientes de segunda»
Uno de los casos es el de Carlos González. Su hijo de siete años tiene Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDA-H). Solicitaron la Ley de Dependencia en el año 2008. Se la concedieron en mayo del año 2011. Le deben 3.400 euros en total y solo ha cobrado una quinta parte. «Mi hijo se ha convertido en un dependiente de segunda clase; después de casi dos años sin respuesta, ahora vemos que otras personas beneficiarias están cobrando y nosotros no por un mero trámite burocrático, y el dinero es necesario; mi hijo tiene también fagofobia y cada semana tengo que gastar 100 euros en batidos especiales», señala. Lo peor es que su hijo ya tiene DNI desde hace algunos años. «Cogieron los datos del expediente de 2008 y no nos alertaron de que esto podía pasar; si no, podríamos haberlo tramitado», se queja.
La malagueña Mar Castillo, que tiene un hijo con el 87% de minusvalía visual, tiene una historia parecida. Le deben 1.815 euros de los que solo ha cobrado 397. «En mi caso, el problema no es el DNI, sino que hicimos un cambio de residencia y no han actualizado los datos para avisarnos», dice.
Fuentes de la Delegación de Salud y Bienestar señalan que la Junta está a punto de abonar los pagos a las personas que se han visto afectadas y que en cualquier caso, cobrarán antes del 31 de diciembre. Aunque ya no se les pagará desde el plan de pago a proveedores sino desde la propia Consejería. Aunque no indican ninguna cifra, indican que esta situación ha afectado «a muy pocas familias».
AERTE reclama que Bienestar Social abone entre el 30 de diciembre y el 2 de enero los 25 millones de euros, tal como se comprometió
. La Conselleria de Bienestar Social continúa acumulando deuda con el sector de la atención a la dependencia, al seguir sin abonar las cantidades establecidas mensualmente, cada mes de impago supone 15 millones de euros. La deuda acumulada al final de este mes será de más de 115 millones.
Como en más de una ocasión ya ha denunciando AERTE, la situación de continuos impagos y promesas incumplidas no puede sostenerse más. Centros de atención a la dependencia no han podido hacer frente a la paga extra de Navidad de sus trabajadores y, en algunos casos, tampoco a las nóminas de noviembre y diciembre.
María José Mira, directora general de AERTE, ha reconocido que “a ningún empresario le gusta dejar de abonar la paga de Navidad y las nóminas, sobre todo, en un sector como este, donde la mayor parte del gasto es en personal especializado. En la mayoría de los casos, incluso, es el único sustento de sus familias”. Mira subraya que en representación de las empresas desea “agradecer a los trabajadores del sector su paciencia y apoyo en momentos como estos, dado su compromiso por seguir atendiendo a las más 30.000 personas dependientes a pesar de la situación”.
Reclama que Bienestar Social abone los 25 millones comprometidos
La Conselleria de Bienestar Social comunicó la semana pasada a la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), que entre el 30 de diciembre de 2013 y el 2 de enero de 2014, abonará unos 25 millones de euros, pertenecientes a la deuda acumulada.
Aunque esta cantidad es insuficiente para solventar la dramática situación, Aerte urge a cumplir con este compromiso en las fechas establecidas, de una forma equilibrada, para dar un puntual respiro al sector. Así mismo, reclama que el pago de la segunda fase del FLA se agilice lo antes posible dada la extrema falta de liquidez de los centros que ahora no recibirán ni un euro.
Plan de pagos
Desde AERTE, su directora general insiste que es “imprescindible que se adquiera un compromiso por parte de la administración para establecer un plan de pagos”, ya que en este sector cada mes que pasa sin cobrar se genera una deuda superior a los 15 millones de euros. La segunda fase del FLA, una vez que se active, únicamente solucionará la deuda anterior a abril de 2013.
Establecer un plan de pagos permitiría, según María José Mira, asegurar un cobro continuo a las empresas y entidades que prestan servicio a la dependencia. Mira aboga por un “plan de pagos equilibrado entre todos los programas que garantice, no sólo la atención a los más de 30.000 dependientes, sino la supervivencia de las empresas del sector y sus trabajadores”.
AERTE solicita reunión con el Presidente Fabra
AERTE ha solicitado una reunión al Presidente Fabra para encontrar una solución consensuada que permita no sólo afrontar el futuro del sector sino establecer un calendario de pagos que se cumpla y también posibilitar la resolución de los expedientes de más de 13.000 personas reconocidas dependientes. En definitiva, para solicitarle que interceda para que la dependencia no siga siendo lo último en el que piense el gobierno valenciano.
Directoras y gerentes de Servicios Sociales dicen que los datos de la Ley de Dependencia están «manipulados»
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales creen que los últimos datos de gestión de la Ley de Dependencia ofrecidos por el IMSERSO, referidos al mes de noviembre de 2013, no depuran todas las personas fallecidas en lo que, a su juicio, «parece una estrategia desesperada para ofrecer datos ‘positivos’ a final de año».
Según han denunciado, a través de un comunicado, es «enfermiza» la «manipulación» de los datos oficiales que mensualmente ofrece el IMSERSO respecto a la evolución de la Ley de Dependencia, y ha indicado que quieren «dar una apariencia de gestión diligente y mostrar las pretendidamente salvíficas mejoras introducidas por nada menos que tres reformas de la Ley».
«Se retuercen los datos hasta conseguir que ya nada sea fiable, comparable o que pueda ser estadísticamente analizado con un mínimo de rigor», señalan.
Así, critican que los datos de noviembre arrojan un «inaudito pero oportuno» incremento mensual de más de 14.000 personas atendidas que, según han declarado, «ojalá fuera reflejo de la realidad».
«Este Observatorio ha analizado estos datos y ha recabado información de las comunidades autónomas de forma que está en condiciones de afirmar que el cambio de tendencia que anuncia el Gobierno, desgraciadamente, no es tal sino que se trata de datos no depurados con las bajas de personas fallecidas correspondientes al cruce de los datos de vivencia facilitados por el Ministerio de Justicia en el último mes», indica la asociación.
Otro elemento que, en su opinión, denota «una manipulación» es el incremento de personas con dictamen de grado y nivel de dependencia cuando desde agosto de 2012 se eliminaron los niveles. En el mes de noviembre respecto al mes anterior este incremento se dio en 4.103 casos:
En cuanto al mensaje de que las «mejoras» producidas en el sistema han reducido a 112.702 personas de la lista de espera, la asociación ha señalado que la «manipulación de los datos es obvia».
Así, ha explicado que la lista de espera se elevaba a 305.941 en enero de 2012 y que ahora, si se dan como buenos los datos de noviembre, se reduciría hasta 193.239 personas. «En el mismo intervalo de tiempo, el incremento de personas atendidas fue de 2.693 personas. Cuando una lista de espera se reduce en más de 112.000 personas con un incremento de atendidos de solo 2.693, es evidente que muchos de esa lista simplemente perdieron el derecho a ser atendidos (cerca de 30.000 personas que tenían grado I y nivel 2) gracias a la primera reforma de Ana Mato», ha indicado, para añadir que, el resto, «en un número indeterminado, han sufrido revisiones de grado a la baja».
«Vender esto como un ‘éxito en la gestión’, además de ser una ficción estadística y una mentira que exigiría más de una dimisión, es de una crueldad insoportable», han denunciado directoras y gestores de Servicios Sociales, que han señalado que «no se puede desbaratar por la vía de la inanición de recursos el desarrollo de una Ley como esta y luego pretender que se ha hecho más sostenible gracias a la ‘eliminación’ de los derechos de las personas y manipulando los datos hasta lo enfermizo».
250.000 firmas para exigir que el cumplimiento la Ley de Dependencia
La Coordinadora Estatal de las Plataforma defensa de LAPAD y la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales entregan este jueves en el Congreso de los Diputados más de 250.000 firmas recogidas para exigir el cumplimiento de la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia en su séptimo aniversario.
Se trata de una iniciativa ciudadana ante la «demolición controlada» del Sistema de Atención a la Dependencia y las tres reformas que ha sufrido la ley por el Gobierno actual, que según alertan estas entidades, «ha impactado de manera cruel» en las personas en situación de dependencia, «impidiendo su acceso al sistema o expulsándolas del mismo».
Por ello, piden a los grupos en la Cámara baja la adopción de la resolución parlamentaria procedente que obligue al Gobierno a dotar al sistema de la partida presupuestaria suficiente –al menos del 50%– para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que corresponden en los términos fijados en los artículos 9 y 32 de la misma ley.
Estas dos entidades alertan de que más de 200.000 personas se encuentran en el ‘limbo de la dependencia’ –con el grado reconocido, que esperan a ser atendidos– y del «recorte de más de 1.000 millones de euros» –supresión del nivel acordado y reducción 13% nivel mínimo– y el «abandono» de los cuidadores familiares.
