Recortes

Centros concertados de Cataluña denuncian que la Generalitat no ha abonado aún los pagos de octubre

residencia-de-ancianos_1Acad·Cat, patronal del sector de la dependencia en Cataluña, ha denunciado públicamente que «a fecha de hoy», algunas empresas proveedoras de servicios del sector de la dependencia de Cataluña en régimen de concierto «todavía no han cobrado las facturas correspondientes a servicios prestados en el mes de octubre de 2013».
Al respecto, han calificado de «deplorable» la situación que vive el sector y «más en las fechas en que se produce, a causa de que las empresas durante este mes tienen que hacer frente a gastos muy importantes como sueño las nóminas extras de sus trabajadores».
Además, portavoces de Acad·Cat critican que la Generalitat no se haya puesto en contacto con las entidades para advertirles de los atrasos en el pago de la deuda. «Creemos que no es de recibo la carencia de información a las empresas por parte de la Administración, puesto que en anteriores atrasos, esta siempre había comunicado a final de mes la fecha posible de cobro, cosa que en esta ocasión no se ha producido», manifestaron.
La asociación ha denunciado, asimismo, que «la falta de explicaciones en este tema deja indefensos a los centros y con un sentimiento de desprecio que, sinceramente, ni empresarios, ni profesionales, creemos merecer».
Por su parte, la patronal defiende su «lucha» por la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia en Cataluña y por que «las empresas de este sector mantengan el máximo posible los puestos de trabajo».

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Inician una recogida de firmas para pedir anulación acuerdo ICASS y patronal

fisioLa asociación Drets de la Gent Gran de Barcelona ha iniciado hoy una campaña para recoger firmas para pedir la abolición del acuerdo que firmó la consellería de Bienestar Social y la patronal de los geriátricos que redujo las horas de atención especializada de determinados profesionales a los ancianos.

La campaña de recogida de firmas, iniciada en la plataforma Change.org, quiere solicitar que se anule el acuerdo firmado por el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) del departamento de Bienestar Social con las principales patronales del sector de las residencias, en el que se redujo la ratio de algunos profesionales, como psicólogos o terapeutas, en los centros residenciales.

Según los impulsores de la campaña, el ICASS «quiere aplicar un nuevo modelo asistencial en los centros de personas mayores, a través del cual se quiere reducir de manera drástica los tiempos de atención directa de los profesionales técnicos, responsables directos de todas estas necesidades, provocando una mayor dependencia y una peor calidad asistencial».

Pese a que el acuerdo del ICASS y las patronales asegura que la reducción de horas de dedicación no afectará a la calidad asistencial, la asociación considera que sí tendrá una afectación directa en el fomento del «ejercicio físico, la autonomía personal, la funcionalidad, el acompañamiento emocional, las relaciones sociales, la cultura y la diversión, la escucha, la movilidad, la atención centrada en la persona».

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La Asociación de Esclerosis Múltiple anuncia que dejará sin tratamientos a los enfermos en 2014

esclerosis getafeLa Asociación de Esclerosis Múltiple de Getafe (AGEDEM) ha anunciado esta semana que dejará sin tratamientos a los enfermos a partir del próximo año por falta de recursos económicos, un servicio que se venían prestando en su sede de la calle Álvaro de Bazán desde 1996.

   La asociación ha explicado que la causa de esta falta de recursos es debida al recorte sufrido de la Comunidad de Madrid, «que desde que modificó los requisitos para acceder a las subvenciones se ha rebajado año tras años la cantidad», pasando desde el año 2010 de recibir 23.559 euros hasta los 4.514 euros en 2013, «lo que supone una pérdida de subvención cercana al 80%, dejando inviable los proyectos relacionados con tratamientos que hasta el momento se venían realizando».

Asimismo, han señalado que solicitaron al Ayuntamiento de Getafe la ayuda económica necesaria para garantizar la continuidad de las terapias a enfermos sin que hasta la fecha les haya aportado ninguna solución, a pesar de haber sido aprobada por unanimidad una moción en el pasado Pleno municipal de noviembre a este respecto.

En concreto, se instaba al Gobierno municipal a realizar las gestiones necesarias para otorgar de manera urgente, y antes de acabar el año en curso, la ayuda económica necesaria para evitar el cierre de AGEDEM y poder seguir prestando los servicios a los enfermos de esclerosis múltiple.

«Dicha moción ha sido obviada por el gobierno de Getafe, dejándonos al borde de la desaparición al no poder garantizar la continuidad de los pagos a los trabajadores encargados de realizar las terapias necesarias, por lo que nos vamos a ver tristemente obligados a prescindir de parte de la plantilla necesaria para aplicar los tratamientos de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y psicología que resultan imprescindibles para el estado de salud de los enfermos de esclerosis presentes y futuros en el pueblo de Getafe», han agregado.

Desde la asociación han responsabilizado de esta situación, «por un lado a la Comunidad de Madrid, y por otro lado al Gobierno municipal, que han mostrado su insensibilidad para los afectados de tan terrible enfermedad, dejándolos en el más absoluto abandono».

COMUNIDAD DE MADRID NIEGA RESPONSABILIDAD

Sin embargo, la directora general de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Carmen Pérez Anchuela, ha manifestado a Europa Press que la cuantía de la subvención se otorga en función del número de personas para las que se solicita y cumpliendo unos requisitos, «que no se han endurecido, sino que con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia las personas que tienen grado dos ya reciben una ayuda complementaria».

«Esta convocatoria es para ayudar a aquellas personas que, por no tener grado o un grado uno, nosotros, que somos de las pocas comunidades autónomas que ayudamos a las personas que están fuera de la Ley de Dependencia, les financiamos», ha agregado.

La directora general de Servicios Generales ha señalado que a AGEDEM «no se le ha bajado la cantidad, es que en el año 2010 pidieron subvención para 50 personas y en el año 2013 solicitaron subvención para siete porque esas otras personas recibían la prestación económica vinculada a la dependencia».

Asimismo, ha apuntado que además de esta subvención sobre las personas que ellos piden, «se les da una subvención desde hace muchísimos años para el servicio que gestionan de atención y orientación a personas con discapacidad, que no solo no se ha tocado sino que reciben la misma». «Madrid es la única comunidad en España que presta atención gratuita a personas con discapacidad», ha apostillado.

Pérez Anchuela ha subrayado que en las convocatorias de este año 2013 se han invertido más de 3,2 millones de euros para 120 proyectos y «ninguna entidad, tampoco AGEDEM, lo ha recurrido porque estaba en consonancia con lo que habían pedido».

Según la directora general de Servicios Sociales, no solo no se están haciendo recortes sino que existe un compromiso en la atención a las personas con discapacidad, ya que en el año 2014, el presupuesto aumentará en 33 millones de euros hasta un total de 338 millones.

Por último, ha afirmado que la situación de la asociación puede venir motivada, «no por el dinero que recibe de la Comunidad de Madrid, sino porque las personas a las que atienden han recibido otras prestaciones y  tendrán menos personas que se dirijan a su centro para recibir tratamiento, pero no tiene nada que ver con la subvención que reciben».

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El Ayuntamiento de Granada asumirá en solitario la campaña ‘Ponte en mi lugar si tuvieras una discapacidad’

Fernando EgeaEl concejal de Familia y Bienestar Social, Fernando Egea, ha denunciado esta semana la no concesión por parte de la Junta de Andalucía de una subvención de 9.000 euros, para la puesta en marcha de la campaña de sensibilización ciudadana `Ponte en mi lugar, si tuvieras una discapacidad´, destinada a concienciar a la ciudadanía en general y especialmente a colegios profesionales, de la importancia de crear espacios accesibles que mejoren la calidad de vida del colectivo.

En el marco de la Orden de 5 de julio de 2013, por la que se convocaban subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería de Salud y Bienestar Social, para el ejercicio 2013, el área de Familia y Bienestar Social presentó a esta convocatoria un proyecto de sensibilización para la población general que mostraba las situaciones cotidianas a las que se enfrentan las personas con discapacidad o con movilidad reducida en sus desplazamientos, “un proyecto que perseguía desarrollar actitudes positivas, solidarias y de concienciación basadas en el derecho de las personas y el respeto a la diversidad desde los agentes educativos”.

“Dado que la Junta de Andalucía no concede al Ayuntamiento de Granada el presupuesto para desarrollar en 2014 este proyecto de concienciación tan importante y de gran repercusión para este colectivo, una vez más, el Ayuntamiento de Granada decide acometerlo en solitario, si contar con la administración competente en el ámbito de la discapacidad, que es la Junta de Andalucía”

Para Fernando Egea, esta negativa “resulta un despropósito, ya que la discapacidad es competencia de la Junta de Andalucía, y evidencia además, desinterés y falta de compromiso por parte de la administración autonómica con el colectivo”.

Según ha explicado el edil “la campaña mostraba diferentes actuaciones encaminadas a hacer llegar a la población granadina la realidad social del colectivo a efectos de sensibilización y reconocimiento de sus necesidades, y así, además del material de sensibilización, se proponían actividades de concienciación y sensibilización en centros educativos y de servicios sociales, entre otros”

Además, la campaña incluye la toma de contacto con los colegios profesionales y otros agentes sociales, al objeto de sensibilizarles sobre la importancia de adecuar los espacios de acuerdo a la normativa vigente y facilitar el uso de los mismos con seguridad a las personas con discapacidad.

La cuantía que se solicitó a la Junta de Andalucía para la puesta en marcha del proyecto y en concepto de material de papelería, publicidad exterior, autobuses, folletos, carteles, pegatinas y libros ascendía a 9000 euros.

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Unas 20.000 familias andaluzas con atrasos en retroactividad en Dependencia cobran 2012 a cargo del plan a proveedores

cuidar mayores   Unas 20.000 familias andaluzas de las 24.500 afectadas por los atrasos en los pagos en retroactividad en la Ley de Dependencia han cobrado lo correspondiente al año 2012 con cargo al plan de pago a proveedores aprobado en junio por el Gobierno central, según los datos oficiales aportados por la portavoz del grupo formado por unas 1.266 familias agrupadas a través de Facebook bajo el nombre de ‘Atrasos de la Ley de Dependencia en Andalucía’, Rosa María Guijo Curado.

    En este sentido, y en declaraciones a Europa Press, Guijo Curado ha explicado que «en el descuadre de 4.500 dependientes pueden entrar los fallecidos que tienen que cobrar en concepto de herencia en un solo pago; o puede deberse a problemas con los traslados de expediente en los dependientes que se han mudado a otras localidades; o los niños dependientes por problemas de identificación, un caso que sucede porque al tramitar la dependencia de estos niños, como no era obligatorio el carné de identidad, se les puso un DNI ficticio, de manera que ahora, al meter dicho DNI del menor en el sistema, sale que no existe».

«Esto ha hecho que no hayan podido acogerse al plan de pago de proveedores, y lo único que han podido hacer es una reclamación que parece ser resuelto con un parte de incidencias», añade al respecto de esto último Guijo Curado, que apunta que otro de los problemas tiene que ver con aquellas personas que «no han tenido noticias del acogimiento a ese plan de pago porque no se les ha notificado». «Todos estos casos están pendientes de pago a lo largo de lo que queda de diciembre», añade.

Por último, la portavoz ha asegurado que se sienten «esperanzados» tras empezar a cobrar los atrasos de las retroactividad correspondiente al año 2012, al tiempo que afirma que «seguirán luchando por cobrar el 2013», que «se debió de haber pagado en marzo y todavía no se ha pagado». En este sentido, hay que recordar que el plan de pagos establecido por la propia Administración se prolongaba por un periodo de cinco años desde 2012 a 2016.

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La administración valenciana, una vez más, da la espalda al sector de la dependencia, no recoge el manifiesto leído hoy ante el Palau de la Generalitat valenciana

MÁS DE 250 CENTROS DE AERTE Y LARES PARTICIPAN EN LA MARCHA SOCIAL QUE HA REUNIDO A MÁS DE 3000 PERSONAS, ENTRE USUARIOS, FAMILIARES,  TRABAJADORES Y CENTROS  PARA RECLAMAR EL FIN DE LA MARGINALIDAD DEL GOBIERNO VALENCIANO A LA DEPENDENCIA

La deuda acumulada pendiente se cifra en torno a 110 millones. 13.000 personas reconocidas por la Ley de Dependencia  no reciben su prestación (algunas a la espera desde hace tres años).

3La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) y la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del sector solidario (LARES), han participado en la masiva marcha social que ha congregado a más de 3.000 personas entre usuarios, familiares, trabajadores y centros para solicitar, una vez más, el fin de la marginalidad que el Gobierno valenciano y central están practicando desde hace años al sector de la dependencia y atención a mayores de la Comunidad Valenciana.

La manifestación, que ha contado con el apoyo de las principales asociaciones del sector, de los sindicatos mayoritarios, usuarios  familiares, y otras entidades afectadas por esta situación se ha iniciado desde distintos puntos de la ciudad de Valencia, finalizando con la lectura de un manifiesto conjunto ante el Palau de la Generalitat. La Administración valenciana ha vuelto a dar la espalda al sector de la dependencia al no atender ni recoger el mencionado manifiesto.

La participación de AERTE y LARES, ha estado representada por los más de sus 250 centros de las tres provincias. Por parte de AERTE se ha solicitado, entre otros aspectos, la actuación urgente de la Generalitat Valenciana para el desbloqueo, por igual y a todos los centros, de la deuda pendiente, cifrada en torno a 110 millones, y el compromiso de no seguir aumentándola: cada mes de impago, supone alrededor de 10 millones de deuda. Se ha insistido además en la resolución urgente de los expedientes de más de 13.000 personas reconocidas por la Ley de Dependencia y que, sin embargo, no reciben su prestación (algunas a la espera desde hace tres años).

María José Mira, directora general de AERTE, ha manifestado: “consideramos muy grave y decepcionante la falta continuada de palabra y compromiso del Gobierno valenciano hacia la dependencia, y en particular con los más de 30.000 dependientes que reciben atención y cuidados cada día en los más de 300 centros y entidades”. Y señaló que  “el sector, que atiende al segmento más débil y vulnerable de la sociedad, no tiene por qué asumir por más tiempo las obligaciones que incumple la Administración. El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) no ha resuelto la asfixiante situación. Existen residencias que no cobran nada desde hace más trece meses y todo apunta a que seguirán así: esto es insostenible”.

En lo que va de año, cinco centros asociados a AERTE han cesado su actividad: 300 plazas cerradas  y 150 puestos de trabajo perdidos. La situación insostenible hace que 13.000 de los 15.000 puestos de trabajo directos del sector peligren a corto plazo.

Aerte ha manifestado en muchas ocasiones las dificultades por las que atraviesan los centros de atención a la dependencia, la mayoría de los cuales llevan más de un año sufragando de su propio bolsillo los gastos que no paga Bienestar Social, sobrellevando la situación con préstamos y pólizas de crédito cuyos intereses están asumiendo e incluso, en ocasiones, comprometiendo su propio patrimonio personal. Y todo ello en el mejor de los casos, que es cuando las entidades financieras pueden adelantar ese crédito ya que la deuda con la administración valenciana les ha llegado al límite.

No por repetido el discurso, deja de ser menos grave. La situación se agrava cada mes. Con su participación en la marcha social de ayer, Aerte desea trasladar al conjunto de la sociedad valenciana la injusta y desesperada situación por la que atraviesan las empresas responsables de la atención a la población dependiente en la Comunidad Valenciana, cuyos problemas generados por los impagos de la Administración Valencia van a desembocar inevitablemente en más cierres de centros y entidades, si desde la administración no se ponen medidas que de una inmediata solución.

Psicólogos, fisioterapeutas y trabajadores sociales claman contra los recortes en residencias de Cataluña

cuidar mayores   Los colegios profesionales de psicólogos, fisioterapuetas, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y educadores sociales catalanes han clamado contra los recortes en horas que sufrirán sus especialidades en las residencias catalanas, tras un acuerdo entre las patronales y la Generalitat en el que critican que no han sido consultados.

   En un comunicado conjunto, han deplorado el citado pacto porque, a su juicio, favorecerá el aumento de la dependencia de los usuarios de centros residenciales y disminuirá la atención y calidad de vida de los ancianos.

Esta medida provocará la existencia de «dos modelos diferenciados de atención», entre los de titularidad pública del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), donde no se aplicarán estas medidas, y los centros concertados y colaboradores, donde sí se podrán aplicar.

Han manifestado comprender la situación económica del sector, pero han criticado que esta política perjudicará la atención de los usuarios y los programas de autonomía.

También han alertado de que este pacto no se puede aplicar hasta que no se modifique la cartera de servicios, lo que se puede hacer con una orden del Govern o bien con un decreto ley debatido en el Parlament.

Han apoyado la segunda opción por entender que deben ser los representantes de los ciudadanos quienes decidan si el pacto alcanzado entre Generalitat y patronal es bueno.

Han firmado el documento el Colegio Oficial de Psicólogos de Catalunya, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Catalunya, el Colegio de Fisioterapeutas de Catalunya, el Colegio de Educadores Sociales de Catalunya y el Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Catalunya.

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Campaña para pedir a la Generalitat las ayudas de la Dependencia

Pendents   El colectivo Pendientes de la Ley de la Dependencia ha iniciado este lunes una campaña de recogida de firmas en Internet, a través del portal Change.org, para solicitar al Gobierno catalán el pago de las ayudas reconocidas y todavía no abonadas.

   El colectivo asegura que muchas familias catalanas tienen reconocida una prestación por ley pero a pesar de ello no la cobran, con diferentes casuísticas que incluyen personas con mayores a cargo, familias que deben pagar una plaza de residencia y viudos que no han cobrado las ayudas que tenían reconocidas sus parejas, entre otras.

Por ello, la iniciativa pide a la consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, y a los partidos con representación en el Parlamento catalán que resuelvan esta situación y cumplan con sus compromisos.

De este modo, confían en visualizar la situación actual de las familias con personas dependientes a cargo, reunir el apoyo social necesario para presionar a la Generalitat para que haga de esta reivindicación una prioridad y «agrupar a las familias para hacer una queja colectiva» al Portavoz de Greuges.

Pendientes de la Ley de la Dependencia ha animado así a todas las familias afectadas a sumarse a su iniciativa y dar a conocer a través de las redes sociales cada situación concreta.

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Trabajadores sociales de Málaga alertan de que los impagos podrían afectar a unos 13.000 usuarios de ayuda a domicilio

protestas MalagaEl Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Málaga ha advertido de que a partir de diciembre se podrían ver afectados en la provincia malagueña casi 13.000 usuarios del servicio de asistencia a domicilio, incluido en la cartera de programas que se financian con cargo a la Ley de Dependencia, así como 3.526 auxiliares, debido a «los recortes del Gobierno central y los impagos de las administraciones públicas».

En el caso de la capital malagueña, esas cifras serían de 7.042 usuarios afectados y 1.173 trabajadores, según ha señalado el presidente del Colegio de Trabajo Social de Málaga, Rafael Arredondo. Así, ha lamentado «profundamente» esta situación, que se está viviendo ya en puntos de Andalucía como Jaén, donde a partir del 4 de diciembre la Junta se hará cargo directamente de la prestación por la renuncia municipal debido a los impagos de la Administración autonómica.

«Si continúa la estrategia del Gobierno de desmantelar el sistema público de la prestación del servicio de ayuda a domicilio y esta situación se generaliza por toda Andalucía, a partir del 4 de diciembre pueden verse afectados unos 135.000 usuarios y unos 42.000 auxiliares en la Comunidad», ha manifestado a Europa Press Arredondo.

Igualmente, ha alertado el representante de los trabajadores sociales malagueños, «padecerán esta situación las familias de las personas que necesitan este servicio para compatibilizar su vida personal y laboral», lo que, por tanto, «podría tener consecuencias en sus empleos».

Arredondo ha rechazado la reforma local que impulsa el Gobierno central, denunciada reiteradamente por el Consejo General del Trabajo Social y por el Consejo Andaluz, así como por los colegios que los integran, por considerarla «una estrategia para desmantelar el sistema del bienestar social público».

Según ha indicado, «para que existan unos servicios sociales fuertes es imprescindible que se presten desde las corporaciones locales, por ser las administraciones que están más cerca de los ciudadanos y de sus necesidades», de modo que «se garanticen los principios de justicia social, igualdad de oportunidades y equidad». Para ello, ha resaltado, «deben contar con la financiación correspondiente».

En este sentido, Arredondo ha dejado claro que «el servicio de ayuda a domicilio es una prestación básica de los servicios sociales comunitarios», por lo que, en nombre del Colegio de Trabajo Social de Málaga, ha confiado en que «pronto se llegue a un acuerdo en beneficio de los ciudadanos de la provincia y del conjunto de la Comunidad andaluza».

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Ayuntamientos y diputaciones andaluzas del PP se plantean no renovar los convenios de dependencia hasta que Junta les pague

Rosario Soto   Los ayuntamientos y diputaciones del PP se están planteando la posibibilidad de no renovar los convenios con la Junta para la prestación de los servicios de dependencia hasta que la Administración autonómica liquide «por completo» la deuda en esta materia, aunque se tratará de una decisión que tomarán «en función de cada caso» y de la situación económica en que se encuentre cada corporación.

    Así lo ha anunciado la portavoz de Bienestar Social del PP-A en el Parlamento, Rosario Soto, quien ha acusado al Gobierno andaluz de «herir de muerte» los servicios de dependencia en la Comunidad «por la vía de los impagos», cifrando en unos 100 millones de euros la deuda que la Junta mantiene en esta materia con las corporaciones locales gobernadas por el PP.

Soto ha subrayado que los ayuntamientos se están viendo obligados a actuar como «financieras» de la Junta al tener que adelantar el dinero de la dependencia sin haberlo cobrado. «Pero todo tiene sus límites y cualquiera puede entender que si hay ayuntamientos que no tienen dinero para pagar a sus trabajadores y para financiar sus servicios públicos, no puedan financiar competencias de la Junta», ha añadido.

La dirigente ‘popular’ ha negado que la decisión del Ayuntamiento de Jaén de dejar de prestar el servicio de dependencia suponga un incumplimiento de la normativa en esta materia. Y es que, según ha explicado, la ley obliga a prestar colaboración institucional en la elaboración del Plan Individualizado de Atención (PIA). «A partir de ahí es competencia de la Junta», ha precisado.

En esta línea, se ha preguntado qué hace la Junta con el dinero que tiene presupuestado la Agencia de Dependencia y que no está llegando para ese fin. Además, según ha apuntado, el Gobierno central transfiere mensualmente a la Comunidad 33 millones para la prestación de los servicios de dependencia, lo que supone unos 360 millones anuales.

Soto ha afirmado que las únicas políticas sociales que al Gobierno andaluz le interesan son las que «generan titulares». Así, se ha referido a la propuesta del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, sobre el decreto-ley de mínimo vital de agua y luz para los perceptores del Salario Social, asegurando que hace más de nueve meses que la Junta no paga esta cuantía.

RECORTE DE 3.400 MILLONES EN POLÍTICAS SOCIALES

La dirigente ‘popular’ ha afirmado que el Gobierno andaluz ha reducido «drásticamente» las políticas sociales y que está instalado en una política de impagos en materia social y de dependencia que están poniendo «en riesgo» la prestación de estos servicios. «La presidenta dice que no va a tocar ni un euro en dependencia, pero hace todo lo contrario», ha enfatizado.

Según los datos aportados por Soto, el Gobierno andaluz ha reducido en los dos últimos años el presupuesto para las políticas sociales en más 3.400 millones, fruto de las decisiones de un «gobierno retrógrada», que no tiene «ni un atisbo de progresismo» y al que no le importan las familias ni las personas que lo están pasando mal.

En este contexto, ha indicado que el recorte en bienestar social ha superado los 260 millones en los dos últimos años, junto con los 13 millones en el Plan de Drogodependencia. A ellos se unen más de 37 millones en el Plan de Atención a la Infancia, más de 80 millones en el Servicio de Apoyo a las familias, y más de 93 millones en la Atención a la Dependencia.

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Madrid se queda sin taxis para discapacitados

EurotaxiLos titulares de Eurotaxi (vehículos adaptados para personas con discapacidad física) han decidido en asamblea dejar de prestar servicio a partir de este martes en Madrid como protesta por las tarifas que regirán al sector a partir para el año que viene, puesto que a su juicio no se pueden garantizar con ellas el coste de explotación que soportan los profesionales.

El servicio, que realiza aproximadamente un centenar de vehículos en Madrid, se dejará de prestar a partir de las 6 de la madrugada y hasta que no se autoricen unas tarifas que contemplen la situación real del servicio, abogando por el criterio de la subvención para el usuario con diversidad funcional.

Así lo ha indicado el secretario de la Asociación Eurotaxi por la Movilidad y Accesibilidad (AEMA), Julián Fernández, quien ha indicado que en esa asamblea abierta a todos los titulares de licencias de Eurotaxi la práctica totalidad del sector ha decidido no prestar el servicio -realizan 55.000 servicios al año, según datos del sector-.

Al respecto, ha comentado a Europa Press que el 70% de los titulares de licencia de Eurotaxi acudió de forma presencial y el resto delegó su voto en otros compañeros.

Fernández ha manifestado que, como todos los servicios, se deben abonar o bien mediante subvenciones públicas o por parte de los usuarios, frente al caso del Eurotaxi, donde se «pretende no subvencionar el servicio con dinero público y no permitir que el usuario lo pague».

«Sólo pedimos un tope que garantice el coste de explotación para los profesionales», ha remarcado el secretario de AEMA para criticar también «el jarro de agua fría» que ha supuesto el resultado de la Comisión de Precios del pasado 15 de noviembre que establece las tarifas del servicio para 2014.

En un comunicado, AEMA ha manifestado que «por segundo año consecutivo no se ha tenido en cuenta» la «excepcionalidad» del servicio de Eurotaxi, por lo tanto se mantiene un importe máximo de recogida para servicio solicitado por medio telemático de 5 euros.

«Es inviable económicamente prestar este servicio en estas condiciones y es esto lo que nos ha llevado a los profesionales que actualmente realizamos este trabajo a tomar la decisión de, a partir del próximo día 19 de Noviembre, no prestar este servicio», relata el colectivo a continuación.

AEMA critica en su comunicado el «poco interés» de las administraciones a la hora de solucionar esta problemática y ha criticado que no se desplieguen subvenciones para un servicio de transporte público, tal y como se hace en el caso de Metro o la EMT.

No obstante, Fernández ha relatado que se mantienen aún negociaciones con administración y diversas asociaciones de personas con discapacidad para tratar de encontrar una solución. Al respecto, ha comentado que los profesionales también han presentado un plan de viabilidad para renovar la flota y abaratar el coste del servicio.

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Munté abonará la mayor parte de su deuda a las entidades sociales esta semana

Munte  La consellera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, ha anunciado este viernes que su departamento pagará la semana que viene –el 20 y 21 de noviembre– cerca del 70% de los 70 millones de euros que la Generalitat debía a las entidades sociales y mercantiles en julio de 2012.

   Como ya ha dicho en anteriores ocasiones, Munté ha remarcado que la segunda fase del pago está prevista para 2014, según ha reiterado en la inauguración en Lleida de las nuevas instalaciones de la Asociación Antisida

«Nos felicitamos de que finalmente lleguen estos pagos aunque consideramos que desgraciadamente hemos perdido mucho tiempo por el camino», ha afirmado la consellera, en un acto en el que han participado el alcalde, Àngel Ros y el presidente de la Diputación, Joan Reñé.

PEDERASTA DE CASTELLDANS

Munté ha evitado concretar la evolución del expediente abierto por su Conselleria a la Fundació Concepció Juvanteny, encargada de hacer el seguimiento de los niños tutelados por la Generalitat del presunto pederasta de Castelldans detenido en junio.

«Sobre eso no contestaré, no hay ninguna novedad», ha señalado la consellera a los periodistas que le han preguntado sobre el caso, precisando que este viernes se había desplazado a Lleida para otras cuestiones.

Lo ha dicho en alusión a la sede de la Asociación Antisida y a los actos de Asociación Down Lleida, que este viernes ha entregado los premios anuales a las empresas que facilitan la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual.

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Las cifras de la dependencia tras el tijeretazo de 2012: 100 millones más de gasto, 40.000 ayudas menos

MatoEl BOE recoge las cuentas de 2012 del Instituto de Mayores y Servicios sociales, encargado de gestionar las pensiones no contributivas y las de invalidez, las ayudas a la dependencia y los programas para facilitar la autonomía de las personas con discapacidad, entre otras partidas. En total, el organismo ha gastado más de 5 mil millones (mil más que en 2011) entre el pago de ayudas, subvenciones y pensiones y su funcionamiento ordinario (nóminas, suministros). Detallamos algunas de las cifras más significativas:

1. Las personas que recibieron el nivel mínimo de protección establecido en la ley de dependencia fueron 751.364, 10.000 más que en 2011. Pero en realidad el número de beneficiarios es menor de lo que marcaba la previsión inicial: 790.000 personas. La memoria de las cuentas lo justifica por el «descenso de nuevos reconocimientos» por parte de las comunidades autónomas, es decir, porque aprueban menos nuevas altas de las esperadas.

2. El recorte de estas ayudas para cada grado y nivel, tras el tijeretazo incluido en el Real Decreto Ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, fue de un 13%. Pese al recorte y a que el número de beneficiarios no cumplió las expectativas, el gasto en ayudas del nivel mínimo de protección fue de 1.404 millones, 117 más de lo presupuestado, ya que el Gobierno suponía que el gasto se iba a mantener estable con respecto a 2011 (1.280 millones).

3. Los cuidadores no profesionales (familiares o cercanos sin trabajo que reciben una ayuda por hacerse cargo de una persona dependiente) que firmaron el convenio para que ese trabajo cotizara en la Seguridad Social fueron 23.933, cuando la previsión era muchísimo mayor: de 193.000 personas. ¿A qué se debe ese desajuste entre las previsiones y lo que finalmente ocurrió? Hasta el 1 de agosto de 2012, esos cuidadores cotizaban a la Seguridad Social a cargo del Estado. A partir de entonces, gracias de nuevo al recorte aprobado en julio, si querían cotizar debían pagar el 85% de su bolsillo (a partir del 1 de enero de 2013 pagan el 100%). Además, la paga que recibían por cuidar de sus familiares también sufrió un drástico recorte.

4. Buena parte del presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales se destina a pagar laspensiones no contributivas y las pensiones por invalidez, que sumaron 2.152 millones en 2012, 29 más que en 2011.

5. A cierre de año, en España recibían pensión por invalidez 194.896 personas (casi 200 más que en 2011) y las pensiones no contributivas sumaban un total de 250.382 (3.000 menos que en 2011).

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Más de 9000 trabajadores se concentran a la puertas de los centros socio-sanitarios para exigir el cobro de sus sueldos a la Generalitat Valenciana

Asociaciones valenciaEl Gobierno autonómico debe casi 110 millones de euros al sector de las residencias y centros de atención a personas mayores, tras casi un año sin pagar a los operadores.

Los sindicatos mayoritarios y las principales asociaciones del sector exigen una reunión con el President de la Generalitat para evitar la desaparición de la red de atención socio-sanitaria.

 

 

Más de 9.000 trabajadores se han concentrado hoy a las puertas de 300 residencias y centros de día de Alicante, Castellón y Valencia para exigir a la Generalitat Valenciana el pago de la deuda que mantiene con el sector desde hace casi un año, situación que ha provocado la imposibilidad de cobrar los sueldos a muchos de estos trabajadores.

En cada una de estas concentraciones se ha leído un comunicado en defensa de la red socio-sanitaria y de los salarios de los trabajadores, especialmente de los compañeros de los centros que no están pudiendo cobrar su nómina desde hace ya varios meses. Una situación provocada por la Generalitat Valenciana como consecuencia de los más de 106 millones de euros que adeuda a las Empresas del Sector.

A fecha de hoy, se acumulan ya más de 12 meses de impagos por parte de la Generalitat Valenciana, cifra que se incrementa en 6 millones cada mes que se mantiene esta situación. En total, la deuda que mantiene el Consell con los operadores afecta a casi 200 empresas, más de 15.000 trabajadores y 30.000 personas mayores dependientes.

En este sentido, desde la plataforma que agrupa a los sindicatos mayoritarios – CCOO y UGT- y las principales asociaciones del sector – la red pública concertada de la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS), la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP) y la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario (LARES)- se ha destacado que la situación actual afecta a servicios profesionales y una calidad contrastada, que están siendo discriminados en su trato respecto a otros sectores básicos.

Por ello, las concentraciones de 5 minutos realizadas hoy, primeras de un calendario de actuaciones que prevé manifestaciones y marchas por diferentes puntos de la Comunidad Valenciana, ha sido seguida por el 100% de los centros vinculados a las asociaciones mayoritaria del sector.

 

Reivindicaciones legítimas

Por otra parte, los portavoces de cada centro han destacado en sus intervenciones la necesidad de un compromiso por parte la Generalitat valenciana “totalmente firme” para establecer un plan de pagos que sea “real y de urgente aplicación”, y que salde de “inmediato la deuda acumulada.”

Del mismo modo, han señalado que, después de casi tres años de impagos, “no se puede esperar más” y, por tanto, han afirmado que “no se abandonarán las movilizaciones hasta conseguir que el President de la Generalitat se reúna con nuestros representantes y los de las empresas y dé respuesta a nuestras legítimas reivindicaciones”. En esta línea, en las intervenciones se ha exigido que la Generalitat Valenciana que “de el mismo trato en cuanto a pagos que a otros servicios básicos, como son los conciertos sanitarios y educativos.”

Además, los portavoces han emplazado a los representantes de los centros, trabajadores y familiares a apoyar las movilizaciones previstas para el día 18 de noviembre, frente a la Consellería de Hacienda, en Valencia; y frente a las delegaciones de gobierno, en Castellón y Alicante. Asimismo, han advertido que, de no mediar una solución, se prepara una gran marcha social en Valencia para el 29 de noviembre, con el objetivo de hacer llegar a la sociedad el peligro en que se encuentra la atención de sus mayores.

 Como muestra de las concentraciones de hoy, una representación de delegados sindicales de las empresas operadoras se ha concentrado esta mañana ante las puertas de la Dirección Territorial de Bienestar Social, en Valencia para reclamar el pago de la citada deuda y presentar un nuevo paquete de quejas de los trabajadores al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, al igual que hicieron la semana pasada cuando entregaron un primer paquete de 4.000 reclamaciones de profesionales del sector.

El Ayuntamiento de Jaén renuncia a la prestación de la dependencia

José Enrique Fernández de MoyaEl secretario de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT-Jaén, Miguel Ángel Cazalilla, ha lamentado que el Ayuntamiento de la capital «abandona a su suerte» a los usuarios de la Dependencia de la capital al haber «presentado la renuncia» a este servicio mediante un escrito presentado ante la Consejería de Igualdad Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

   Con ello, según ha informado el sindicato en una nota, el Consistorio el sindicato demuestra su «total falta de interés y ausencia de compromiso con las personas más necesitadas», llegando incluso a plantear, como es el caso, el «abandono de una prestación a la que por ley están obligados a prestar, como el resto de municipios de más de 20.000 habitantes».

Cazalilla ha criticado que la solución pase por dejar de prestar este servicio y ha pedido al alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), que explique a los usuarios y a sus familiares los motivos que le han llevado a esta decisión y sus posibles consecuencias. Del mismo modo, ha advertido de la «posible irregularidad» de esta medida no sin insistir en la «falta de sensibilidad tanto para los alrededor de 800 usuarios de la capital como para las 200 trabajadoras», al tiempo que ha solicitado a la Junta de Andalucía que se pronuncie al respecto.

Junto a ello, ha recordado que desde UGT se viene denunciando la deuda que la empresa concesionaria (Multiservicios Jabalcuz) mantiene con las trabajadoras, a las que se «deben las nóminas de septiembre y octubre». Asimismo, ha dicho tener «constancia de la utilización de algunas partidas del dinero pagado por la Junta de Andalucía para este servicio y que se han utilizado para otros «menesteres».

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La Sexta columna: «Cuando llegan las elecciones, ¿cómo pueden salir a la calle para abrazarte?»

La Secta columnaPor su indudable interés, reproducimos el reportaje de «La Sexta columna» del viernes 1 de noviembre, «Cuando llegan las elecciones, ¿cómo pueden salir a la calle para abrazarte?»

 

Los recortes en la Ley de Dependencia afecta a personas con nombres y apellidos, personas que están directamente relacionadas con la política y los políticos, pues son ellos quienes más sufren sus descorazonadas medidas.

María tiene Alzheimer desde hace 7 años. Su enfermedad le ha cambiado la vida a toda su familia. Tuvieron que irse de la ciudad a una casa más barata en el campo. Su nuera, Ana María, se tuvo que dedicar exclusivamente a su cuidado.

El marido de Ana María está en paro, ninguno de sus 2 hijos trabajan y ella tampoco, aunque al menos la ley le garantizaba cotizar a la Seguridad Social como cuidadora. Pero tras los últimos recortes, le han quitado la cotización y además le han bajado la ayuda a la dependencia un 16%. Un recorte que para esta familia de 5 miembros, es un drama.

El campo ha aliviado su situación con un pequeño huerto o con los huevos que ponen sus gallinas. Pero lo que de verdad les vendría bien, son los 19.000 euros que el Gobierno les debe de pagos atrasados de ayudas a la dependencia.

El caso de Ariadna también es muy duro. Ha decidido hablar y contar su historia. “Mi madre tiene una enfermedad rara, que se llama Machado-Joseph. No hay cura ni medicación específica. Cuanto más joven se sufre, peor. Su exmarido le dejo. Ella no puede hacer nada. Tengo que hacer yo todo. Es como una cría pequeña”.

Ariadna se encontró con esta situación con 17 años. Ahora tiene 23, pero habla con una seriedad que desgarra.

Ha estudiado para convertirse en enfermera, pero no tiene posibilidad ninguna de trabajar, salvo gratis en su casa cuidando a su madre. Tiene que estar constantemente pendiente de ella. Además de cobrar cada vez menos ayuda a la dependencia, ahora tampoco cotiza por su trabajo.

Andrés es la sombra de su madre. Tiene 26 años y depende de ella totalmente: para vestirse, peinarse, lavarse la cara. Los recortes les han dejado al límite. Los 215 euros al mes que cobran de dependencia se van en pañales y medicinas. Los 500 euros de pensión de invalidez los gasta en el alquiler. Y ella, que no puede trabajar porque tiene que cuidarle, ya no cotiza nada.

Sin embargo, Amparo, que ya no llega fin de mes, no tiene sólo tiempo para sentir pena, últimamente también siente mucha rabia, sobre todo cuando recuerda. «Cuando llegan las elecciones, ¿cómo pueden salir a la calle a abrazarte? Yo he abrazado a María Dolores de Cospedal. Yo la voté porque me dio un voto de confianza».

Gerentes de Servicios Sociales piden impulsar la Ley de Dependencia

Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales   La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales propone revisar «en profundidad» el modelo de relaciones laborales, llevar a cabo una reforma fiscal «justa y progresista» e impulsar la Ley de Dependencia, en el documento con las conclusiones del Debate sobre el Estado social de la nación 2013.

   Estas propuestas, según adelantan, están destinadas a reducir las desigualdades que, a su juicio, «son la causa de que España tenga tantas dificultades para salir de la crisis y para que las mejoras económicas repercutan en las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población».

En primer lugar, ante las «ineficaces» reformas para crear empleo, sugieren modificar «de manera radical» el modelo de relaciones laborales con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas y las familias en España y de «evitar que se siga agudizando la pobreza y la exclusión social».

Concretamente, proponen una mayor regulación y protección de los derechos de los trabajadores y defienden que la estabilidad en el empleo y unas condiciones de trabajo y unos salarios dignos no son incompatibles con el desarrollo económico.

Otra de las conclusiones pone el acento en la necesidad de «corregir los desajustes estructurales que afectan a la fiscalidad en España»; de reducir la brecha de nueve puntos porcentuales que separa al país de la media europea en ingresos fiscales en relación con el PIB; y de avanzar en una fiscalidad «donde cada cual contribuya en función de su capacidad económica».

Asimismo, alertan de «los cantos de sirena» de las bajadas de impuestos generalizadas que, a su juicio, «se han de compensar con el incremento de la fiscalidad a las grandes fortunas, a los beneficios de las sociedades y, sobre todo, al capital financiero y sus actuaciones especulativas».

Por ello, entre sus propuestas para la Reforma Fiscal en España se encuentran: suprimir los regímenes privilegiados en el Impuesto de Sociedades; establecer un sistema de tributación objetiva para grandes empresas; recuperar los impuestos de Patrimonio y Sucesiones; establecer medidas que penalicen la utilización de entidades radicadas en paraísos fiscales; crear un impuesto de transacciones financieras que penalice la especulación; crear ecotasas medioambientales; rebajar los tipos de IVA general y reducido; incrementar las plantillas de inspectores y técnicos de Hacienda; y reforzar los sistemas públicos de participación de los ciudadanos en la lucha contra el fraude.

ENMIENDAS A LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

No obstante, los directores de Servicios Sociales aseguran que la «mayor amenaza» que se cierne sobre ellos es el proyecto de reforma local que se está debatiendo actualmente en el Congreso que «extirpará las competencias en servicios sociales y promoción social de los ayuntamientos españoles».

«Las comunidades autónomas no podrán asumir todos esos servicios, como se plantea», apuntan, para añadir que «cuando en pocos años surjan entornos urbanos tremendamente degradados y llenos de miseria, los ayuntamientos no tendrán ninguna capacidad de respuesta, ni preventiva ni paliativa, más allá de la respuesta policial.

Ante esta situación, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado este jueves en el Congreso de los Diputados dos propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley de Racionalidación y Sostenibilidad de la Administración Local, en las que reclaman «aclarar el nivel competencial de las entidades locales en servicios sociales» y «ampliar a cinco años el plazo para que las entidades locales realicen la transferencia a las Comunidades Autónomas».

Finalmente, consideran necesario un Pacto de Estado para la aplicación y el mantenimiento de la Ley de la Dependencia, cuyos ejes serían: el mantenimiento de la tasa de reposición, es decir, que el Sistema incorpore al menos un nuevo beneficiario por cada beneficiario que cause baja en el mismo, y el impulso de servicios profesionales como la Ayuda a Domicilio, los Centros de Día y las Plazas residenciales.

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Unos 250 ancianos de residencias privadas dejarán de cobrar una ayuda temporal del Gobierno catalán

residenteCerca de 250 ancianos catalanes residentes en geriátricos privados dejarán de cobrar a partir del 30 del noviembre la prestación de cuidador no profesional que el Gobierno catalán conservaba a los mayores hasta la resolución de la prestación económica vinculada (PEV), cuyos trámites iniciales de petición han sido suspendidos ‘sine die’, han señalado a Europa Press fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Familia de la Generalitat.

   Hasta ahora el departamento que lidera Neus Munté había conservado la ayuda que perciben estos ancianos durante los meses que supone el trámite para empezar a cobrar una prestación económica vinculada (PEV), tras su incorporación a una residencia privada.

Se les mantenía esta ayuda, menor a la de la PEV, pero desde verano la Generalitat ha suspendido de forma temporal indefinida las nuevas peticiones para obtener esta prestación.

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña ha sido el encargado de alertar sobre esta medida que, a su juicio, empujará a situaciones de «mayor vulnerabilidad y desamparo», y ha cargado contra un debilitamiento del Estado del Bienestar.

Sobre la reducción de las ratios de trabajadores en las residencias geriátricas ha lamentado que supone una amenaza para la calidad asistencial y una precarización de las condiciones laborales de los empleados.

«DEBILITAMIENTO» DEL BIENESTAR

Las últimas decisiones tomadas por el Gobierno catalán en relación a la Ley de dependencia son «un paso más en el debilitamiento del sistema de protección y la precarización del mercado laboral», han indicado los trabajadores sociales.

El colegio ha advertido de que la suspensión indefinida de las PEV supone un «incumplimiento» de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (Lapad), puesto que esta ayuda continúa vigente como derecho subjetivo reconocido por ley.

Ha criticado el «deterioro del sistema de atención a la dependencia», y ha exigido el cumplimiento de las leyes y la reactiviación de la concesión del PEV lo antes posible y con efectos retroactivos, lo que han trasladado al Consejo Asesor de Políticas Sociales y Familiares para que estudie la medida y emita un dictamen.

«Ante las difíciles situaciones que vivimos y el sufrimiento de las personas y familias que constatamos en nuestro trabajo cotidiano, no podemos restar impasibles», ha sostenido el colegio al agregar que quieren acompañarlas en la reclamación de sus derechos.

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