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El País Vasco esquivará el copago compensando a las rentas más bajas
Euskadi fue el pasado 1 de julio la última comunidad autónoma en aplicar el copago farmacéutico decretado en 2012 por el Ministerio de Sanidad y será la primera en poner en marcha un mecanismo de compensación. El Gobierno vasco aprobó este martes, en su reunión semanal, el decreto por el que, a partir de diciembre, los colectivos más vulnerables podrán solicitar la ayuda.
Según la estimación del Departamento de Salud, las compensaciones llegarán a 400.000 personas —la comunidad autónoma tiene 2,1 millones de habitantes—. En un principio, el Gobierno habló de 546.374 personas compensadas. Es la cifra de pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros anuales, parados sin prestación e inmigrantes con más de un año de empadronamiento y escasos recursos, los tres grupos que recibirán compensaciones. Los colectivos afectados —deben contar con una tarjeta sanitaria expedida en Euskadi— podrán solicitar la ayuda a partir de diciembre con efectos retroactivos a 1 de julio y los pagos comenzarán en 2014, año para el que el Ejecutivo autónomo ha reservado 18 millones de euros ampliables. La solicitud la deberán realizar los propios pacientes una vez al año en su centro de salud y el departamento abonará las cuantías al menos una vez cada seis meses.
Ante la posibilidad de un recurso contra la medida por parte del Gobierno central, el vasco ha tomado la decisión de no hablar de compensación del copago. Tampoco lo hizo al presentar el decreto. El consejero de Salud, Jon Darpón, explicó que la compensación es una “ayuda social” para “asegurar la adherencia a los tratamientos” de personas en situación “objetiva de enfermedad y necesidad”. Darpón lo enmarcó en el plan de salud vasco, que exige eliminar las desigualdades en el acceso a la sanidad, y añadió que no están “cuestionando” la legislación española, sino habilitando instrumentos propios dentro del marco competencial autonómico.
El Ministerio de Sanidad afirmó este martes que estudiará el decreto del Gobierno vasco antes de decidir si lo recurre. Una portavoz recordó que los parados de larga duración están exentos del pago desde que se puso en marcha la medida. El Ministerio sí recurrió a la justicia cuando Euskadi se declaró insumisa al copago farmacéutico y se negó a aplicarlo en su territorio. En diciembre pasado, el Tribunal Constitucional emitió una resolución que obligaba a poner en marcha el copago, que finalmente llegó a las farmacias en julio, es decir, justo un año después de que se iniciara en el resto del Estado. “Estamos en desacuerdo pero lo aplicaremos”, aseguró entonces el consejero Darpón.
A diferencia de otras comunidades, como Madrid, el País Vasco puso en marcha desde el principio un sistema que permite alertar a las farmacias de que se ha llegado al tope de aportación de cada usuario (en el caso de un pensionista, 8, 18 o 60 euros, en función de la renta), lo que evita los complejos trámites de devolución. Madrid, por ejemplo, cobró en los dos primeros meses de implantación 2,3 millones de euros de más a los pensionistas, que luego tuvo que devolver.
Castilla y León, comunidad gobernada por el PP, es una de las que lidera ahora la insumisión al copago de fármacos hospitalarios, la última medida impuesta por el Ministerio de Sanidad, en vigor desde el 10 de septiembre, pero que ninguna región ha puesto aún en marcha. El País Vasco y Andalucía, entre otras, también han criticado el copago de los medicamentos que los enfermos recogen en los hospitales.
La Generalitat reclamará deudas a 600 ancianos con recursos que se niegan a copagar la residencia
La Generalitat reclamará facturas impagadas a los 600 ancianos catalanes que, pese a contar con suficientes recursos, se niegan a abonar el copago correspondiente a su situación en las residencias públicas en las que viven, a riesgo, en última instancia, de ser expulsados del geriátrico.
Así lo ha anunciado la directora del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), Carmela Fortuny, a la salida de una reunión entre el departamento, las patronales sociales y el sector de las residencias catalanas, donde han aprobado un protocolo para que sea la administración la que reclame a estas personas mayores las deudas pendientes por una cuestión de «justicia social».
El importe impagado asciende a 2 millones de euros, lo que significa el 0,68% de la facturación del Icass, y esta persecución pondrá fin a una «gran reivindicación» del sector de las residencias a la administración, ha indicado Fortuny, que ha admitido que hasta ahora no se había actuado.
El protocolo constata una «tendencia al alza» de las negativas a pagar, por lo que ahora la administración se propone hacer frente a las deudas acumuladas y exigir la obligatoriedad de la aportación.
Sobre la posibilidad de expulsar de la residencia a un anciano que se niegue a pagar, la directora del Icass ha dicho que esta opción «es posible, pero no es la voluntad» tener que llegar a este extremo, por lo que la administración emitirá varios advertimientos, como ha venido haciendo en una prueba piloto que ha demostrado que las personas empiezan a pagar.
A partir del protocolo firmado, la Generalitat empezará a actuar con todas las vías legalmente establecidas, aunque Fortuny ha reiterado: «Iremos más por la vía de la pedagogía, de la insistencia y en colaboración con las residencias».
«Nos podemos encontrar casos en que la persona no paga porque es la familia la que le quita el dinero, y esto tenemos que ir con mucho cuidado y mirar los casos de forma singular», ha advertido la directora del Icass, que ha recordado que generalmente el copago de la plaza pública es del 33%, aunque depende de la situación económica de cada uno.
Se trata de un «procedimiento largo y con muchos mecanismos jurídicos», ha insistido Fortuny, que ha remarcado que los casos son complejos y no se reducen a una mera negativa de pagar, por lo que se someterá a estudio cada situación.
Por otro lado, el sector ha aprobado reducir el número de horas de atención a los ancianos que llevan a cabo los psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales con el fin de «adaptar los requerimientos profesionales a la situación actual de las residencias», en que una media del 73% de los usuarios son grandes dependientes –de grado II o III–, ha defendido Fortuny.
Según Fortuny, el objetivo de la medida es doble, ya que por un lado se propone adaptar la ratio de los profesionales al perfil de los atendidos y, por el otro, trata de dar un balón de «oxígeno» a las residencias, que cargan con una deuda millonaria por parte de la administración.
La directora del Icass ha explicado que los profesionales afectados mantendrán su categoría profesional, y, de entrada, solo deberán ir menos horas al centro en función de las directrices de las residencias que sí mantendrán la figura del médico, gerontólogo y enfermera.
47 HORAS MENOS DE ATENCIÓN
En concreto, un anciano dependiente de grado III dejará de recibir 47 horas de atención anuales de las especialidades citadas, mientras que uno de grado II verá reducida este seguimiento en 34 horas.
«Sabemos que con estas medidas la atención no será mermada», ha asegurado la directora del Icass, que se ha reunido con la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (Acra), La Unió, el Consorci de la Salut i Social de Catalunya (CSC), Centros Sociosanitarios Católicos, la Unió de Petites i Mitjanes Residències (Upimir) y la Associació de Centres d’Atenció a la Dependència de Catalunya.
Aragón no aplicará copago en fármacos de dispensación ambulatoria en hospitales el 1 de octubre y plantea compensaciones
El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha indicado que es «materialmente imposible» aplicar el nuevo copago en fármacos de dispensación ambulatoria en hospitales el próximo 1 de octubre y ha anunciado que su Departamento estudia «medidas compensatorias para reducir o eliminar la aportación del paciente».
En declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en el Consejo Aragonés de Servicios Sociales, ha expresado su «total acatamiento de las normas» y su voluntad de poner en marcha esta medida «lo antes posible», si bien «más prisa me corre tener claro cuál es el límite de aportación que desde un punto de vista social sería admisible y es ahí donde queremos incidir en primer lugar».
En este sentido, por un lado, ha aclarado que la lista de los 157 medicamentos incluidos en este copago «se conoció el viernes» y hacen falta «unos mecanismos administrativos para poder cobrarlos» que no se arbitran «de un día para otro».
Por otro lado, ha precisado que están analizando «uno por uno» los medicamentos para conocer «cuál sería la repercusión en la aportación del usuario porque, normalmente, son muy caros», y aunque «en muchos casos, puede ser una cantidad simbólica», «en otros no» y «es ahí donde queremos incidir».
Oliván ha dicho que el objetivo es que, «teniendo en cuenta la renta» del paciente, la aportación que haga «sea la mínima posible o incluso en algunos casos ninguna», diferencia que «asumiría» la Comunidad autónoma, de forma que, «la aplicación de la norma perjudique lo menos posible a los ciudadanos».
Gasto significativo
El consejero de Sanidad ha relatado que el impacto de cada medicamento en la aportación de cada paciente depende, por ejemplo, de las dosis que se tomen a lo largo del año, para comentar que hay casos en que el gasto para el paciente sería «significativo» y, entonces, se aplicarán medidas compensatorias.
Así, ha glosado que hay medicamentos cuyo coste es de 3.000 euros la dosis y la aportación final sería de 30 euros, mientras que otros con el mismo precio por dosis pueden suponer para el paciente el pago de 500 euros o más.
Por otra parte, ha argumentado que este copago es «coherente» con el que ya existe con los medicamentos que se compran en las farmacias y ha aclarado que se aplicará a los fármacos «que recogemos en el hospital y nos llevamos a casa, no a los que nos suministran en el propio hospital, cuando estamos ingresados o cuando tenemos que pasar por algún tratamiento».
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Cocemfe dice que el copago en fármacos dispensados en farmacia hospitalaria ambulatoria es otra barrera de acceso al SNS
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) afirma que al copago que se establecerá a partir del 1 de octubre en fármacos dispensados en farmacia hospitalaria pero sin hospitalización, supone «imponer nuevas barreras de entrada al Sistema Nacional de Salud (SNS)».
En concreto, exponen que esta medida publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) afectará «a las personas que más necesitan los servicios sanitarios», motivo por el que muestran su rechazo a la misma.
A juicio del presidente de la confederación, Mario García, con este copago «se continúa penalizando a las personas con discapacidad y enfermedades crónicas» y, todo ello, «por el simple hecho de seguir el tratamiento indicado por el personal sanitario».
Por ello, Cocemfe solicita al Ministerio de Sanidad «que rectifique esta injusta medida para que las personas con enfermedades graves y diferentes discapacidades no vean mermada su atención y protección sanitaria». En concreto, con el objetivo de que sigan recibiendo «gratuitamente» los medicamentos en el entorno hospitalario», indica García.
«Se trata de una medida disuasoria y recaudatoria sin sentido», continúa el máximo representante de la confederación al tiempo que señala que, en la dispensación de estos medicamentos, «no se produce ningún tipo de exceso ni derroche al ir dirigidos a personas que necesitan de por vida seguir un tratamiento».
Por contra, apuesta por retomar el diálogo entre el sector social de la discapacidad y el Ministerio de Sanidad, algo que considera que debe realizarse a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
Los beneficiarios asturianos de la ayuda a domicilio deberán pagar hasta 10 euros a la hora
Los beneficiarios asturianos de las prestaciones de la Ley de Dependencia deberán abonar, con carácter retroactivo al pasado 1 de julio, una parte del coste de los servicios que reciben y, además, verán recortado el volumen de horas semanales de ayuda a domicilio que tenían asignado por parte la Administración regional. Así se lo está comunicando a los afectados, por medio de una carta, la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado, cuyos responsables aseguran que han pospuesto hasta el límite legal una medida que -subrayan- se deriva de los recortes aplicados al sistema de dependencia por iniciativa del Gobierno central.
El recorte fue denunciado ayer por Julio Carretero, secretario general de UGT en Siero, quien ha recogido las quejas formuladas por las trabajadoras de ayuda a domicilio de la comarca sierense. «Los usuarios les están comentando que han recibido una carta y que, como consecuencia de su contenido, muchos de ellos se ven obligados a reducir o anular la demanda de ayuda porque, sencillamente, no pueden pagarla», señaló Carretero.
El dirigente ugetista agregó que el coste de las prestaciones para los usuarios puede alcanzar los diez euros a la hora. A juicio de Julio Carretero, la implantación de un copago -pago compartido entre las administraciones públicas y los ciudadanos- tiene una doble repercusión negativa. Por un lado, para los beneficiarios, en su mayoría pensionistas con recursos económicos limitados, que no pueden afrontar el coste y se ven obligados a restringir las horas de ayuda que reciben. Por otro, para el colectivo de trabajadores -mujeres en su práctica totalidad- dedicados a la prestación de estos servicios, que inevitablemente serán víctimas de «una pérdida de empleo en un momento muy crítico para todos».
La misiva enviada a los usuarios de la dependencia lleva la firma de la jefa de servicio de atención a la dependencia. El documento explica los cambios en la regulación de la dependencia promovidos por el Gobierno de Mariano Rajoy.
En el epígrafe de la ayuda a domicilio, señala que «la nueva intensidad de horas» del servicio -esto es, el recorte de tiempo- entrará en vigor «a partir del primer día del mes siguiente al que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de revisión». En el capítulo de copago, indica que sus efectos tienen carácter retroactivo con fecha 1 de julio de 2013.
Una portavoz de la Consejería de Bienestar Social precisó ayer que las cuantías que deberán abonar los usuarios no han sido estipuladas por el Gobierno asturiano, sino por el Ejecutivo central con arreglo a una fórmula matemática que combina los ingresos y otros datos de cada beneficiario.
Galicia abre servicios de residencias a dependientes que no vivan en ellas
Galicia modificará en 2013 su cartera de atención a la dependencia e introducirá cambios «pioneros», puesto que incluirá recursos específicos para cada tipo de discapacidad y «romperá la barrera» de los 65 años –o 60 en algunos casos– para acceder a determinados servicios. La puesta en marcha de este nuevo modelo se concretará en el último trimestre de este año.
«Galicia se convertirá en la primera comunidad que abandona el modelo tradicional de los servicios sociales que era acreditar centros y lo cambia por un nuevo paradigma, que consiste en acreditar servicios de cada centro», ha explicado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras analizar el decreto en el Consejo de la Xunta.
A modo de ejemplo, ha señalado que este cambio supondrá, entre otras cuestiones, que en una residencia o centro de día se podrá acreditar no sólo su papel como residencia asistencial, sino que se podrán acreditar por separado servicios como el de fisioterapia, al que se abrirá el acceso para personas que no residan en el centro.
Para poder convertirse en usuario del servicio acreditado, Feijóo ha explicado que habrá que contar con la condición de dependiente y tener una propuesta de su programa individual de atención.
También se «romperá la barrera de la edad». Así, por ejemplo, una persona de menos de 60 años con una enfermedad degenerativa podrá acceder a una residencia. Según la Xunta, los usuarios podrán acceder a un menú de servicios flexible, una especie de traje a la medida donde se podrán combinar los diferentes recursos existentes para la atención a la dependencia».
MODELO DE COPAGO
En cuanto a la financiación de los servicios, preguntado al respecto, Feijóo ha respondido que el decreto se va a desarrollar para que esté «en el último trimestre» plenamente cerrado y que, por el momento, «no hay previsión» de cambios determinantes, aunque si ha avanzado bonificaciones para determinados colectivos.
Así, ha incidido en que el Gobierno gallego intentará «reducir el pago» para casi el 50 por ciento de usuarios que pernocten en residencias y para «prácticamente el cien por cien» de las personas con discapacidad.
«También haremos reglas de participación en el coste de servicios atendiendo a la renta», ha admitido Feijóo, si bien ha insistido en que el objetivo «fundamental» no es «una enmienda» al sistema de cofinanciación vigente, sino «poder ofrecer más servicios con los precios actuales».
Feijóo también ha anunciado que la Xunta invertirá casi 2 millones de euros en la construcción y equipamiento de cinco centros de día en Leiro, Muiños, Montederramo y Cualedro –en Orense– y en Palas de Rei (Lugo). Estas instalaciones sumarán 247 plazas, 198 en Orense y 49 en Lugo.
NUEVOS COLEGIOS
Por otra parte, Cultura e Educación invertirá casi 8 millones de euros para la construcción de un nuevo CEIP en Oleiros y una nueva escuela de Educación Infantil en Betanzos.
Asimismo, el presidente gallego ha remarcado que el Gobierno gallego «refuerza» las enseñanzas de FP en la comunidad a través de la renovación del convenio de colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción para que los estudiantes del ciclo medio de carpintería y mueble que se imparte en el CIFP Politécnico de Lugo puedan usar las instalaciones y los equipamientos de esta Fundación.
También se renovará el acuerdo con la Fundación de Exposiciones y Congresos de A Estrada para la formación práctica en el ciclo de grado medio en carpintería y mueble, que se imparte en el IES Antón Losada Diéguez.
En tercer lugar, los estudiantes que cursen en el CIFP Ánxel Casal Monte-Alto (A Coruña) el ciclo de grado superior de FP en radioterapia podrán emplear las instalaciones especiales de la Fundación Centro Oncolóxico Rexional de Galicia.
CENTRALIZACIÓN DE CONTRATOS
El Consejo de la Xunta también ha analizado la decisión del Servicio Gallego de Salud de contratar para todos sus centros asistenciales de un servicio de mantenimiento integral de equipamientos de alta tecnología con el objetivo de unificar y garantizar la seguridad y la profesionalización en este ámbito.
Entre los equipamientos incluidos se incluyen los de tomografía axial computarizada (TAC), los de tomogafía por emisión de positrones (PET); los de radiología y mamografía digital; y los equipos de resonancia magnética. La contratación de un servicio de mantenimiento integral permitirá un ahorro del 4 por ciento, según la Xunta.
La Comunidad de Madrid paga el 80% de los servicios de dependencia y el Estado el 10%
La Comunidad de Madrid costea actualmente al 80 % de los servicios vinculados a la ley de dependencia a pesar de que la legislación recoge que las autonomías tienen que aportar un montante igual al del Estado en la financiación, explica en una entrevista concedida a Efe el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel.
Mientras que en las prestaciones económicas en el entorno familiar la regla del 50 % de aportación de las dos administraciones sí se cumple, admite Fermosel, en las prestaciones por servicios el Gobierno aporta solo «entre un 8 y un 10 %», un porcentaje similar al de los ciudadanos -la ley establece un copago en función de la renta-.
El consejero de Asuntos Sociales aguarda que esta situación cambie, y el que Consejo Inteterritorial acepte una reivindicación antigua como la de que el mínimo garantizado se eleve en el caso de estos recursos «de coste elevado».
Fermosel, que recuerda que Madrid destina más de 900 millones de euros a la dependencia, se queja de que el Estado, que aporta ese mínimo garantizado en función del grado del dependiente, financie «en torno a 250 euros» de una plaza de residencia que cuesta 1.800.
«La inmensa mayoría de las comunidades interpretaron el espíritu de la ley un poco por las hojas», prosigue el consejero, que dice que no atendieron al criterio de que los servicios son prioritarios, y no las pagas.
«El 44 % de los dependientes tienen prestación económica en el entorno familiar en España y en algunas comunidades este porcentaje supera el 60 %. Madrid está entorno al 20 %», añade Fermosel, que remarca que las prestaciones deben ser una «excepcionalidad».
Para ejemplificar el grado de insatisfacción de las comunidades, el consejero remarca que hasta el propio PSOE, cuando gobernaba tanto en Cataluña como en Castilla-La Mancha, pensó en «suspender» la ley por falta de financiación.
«Zapatero mintió en una sola frase dos veces cuando dijo que la ley iba a estar dotada de inicio con 1.000 millones de euros; pues ni inicio, ni 1.000 millones», se queja el consejero, que añade que por ley se atiende a menores de 0 a 3 años gracias a una enmienda del PP.
La Comunidad de Madrid exige el 25% de su pensión a ancianos que cobran 360 euros al mes para que puedan conservar su plaza en pisos tutelados
En el acogedor apartamento de Ildefonso Gallardo, una docena de pensionistas se reúne una tarde. “Me llamo Ada Romo, pero sin hache, porque si fuera un hada cogería mi varita y me pondría a arreglar todo lo que está mal”, se presenta una de las asistentes. Ada, Gisela, Reina, Héctor, Magdalena, Isabel e Ildefonso son algunos de los 135 ancianos que viven en los pisos tutelados que la Comunidad de Madrid tiene en Leganés, destinados al alojamiento y supervisión de las personas mayores que carecen de una casa adecuada donde vivir.
Ninguno de los presentes es menor de 65 años y todos viven entre el temor y la indignación desde que supieron que a partir de abril tendrán que pagar el 25% de su renta para continuar viviendo en este centro. Ellos y el resto de los 595 usuarios de los seis edificios que mantiene el Gobierno regional pagaban, hasta ahora, solo lo que gastasen de luz, agua y gas: unos 100 euros al mes.
La mayoría cobra pensiones de entre 300 y 400 euros, pero tras aplicarles una nueva tasa aprobada por la Comunidad de Madrid en noviembre de 2012, les quedará unos 200 para pagar sus gastos de comida, higiene, limpieza, ropa, transporte o medicamentos. “Ya no podré ni darme el gusto de comprar un jersey porque no me va a quedar nada”, lamenta Ada, que tendrá que pagar 80 euros de una pensión de 370 con la que se mantienen ella y a su marido.
La Consejería de Asuntos Sociales asegura que los gastos del suministro (luz, agua, calefacción…) irán a partir de abril incluidos en la nueva tasa, pero estos ancianos afirman no haber sido informados de ello. “Al contrario, yo le he preguntado a la directora del centro y me ha dicho que le extraña mucho”, precisa Ildefonso. Tiene 77 años y vive en un apartamento individual. Antes de jubilarse fue guía turístico, habla cinco idiomas y ha trabajado en España, Suiza y Alemania. “En Canarias ganaba bien, pero en 1979 mi madre se puso enferma y me tuve que volver a Madrid”, recuerda.
Desde entonces, solo pudo ganarse la vida haciendo trabajillos de traducción que cobraba en negro. Ahora dispone de una pensión no contributiva de 364 euros. Al restar los gastos y desde el 1 de abril, 106,94 euros más por el piso, de 40 metros cuadrados, le quedarán algo más de 150 euros para comer.
La horquilla de la tasa se sitúa entre un 15 y un 25% en función de los ingresos de cada usuario y de si ocupan un piso con otra persona o en solitario. A Ildefonso le toca el porcentaje máximo porque vive solo y cobra más de 320,19 euros. Este pensionista denuncia la falta de transparencia de la Comunidad porque, calculadora en mano, demuestra cómo le cuentan las 14 pagas anuales para luego dividir el total entre 12 meses, con lo que al final abonará un 29% de su sueldo. “Me salen 91,24 euros pero me han dicho que tengo que pagar 106”. El resto de sus compañeros también abonarán el 25%.
“Lo único que hacemos es equiparar este servicio con el que da el Ayuntamiento, que cobra un precio público desde que lo puso en marcha”, indica una portavoz de la consejería. También recuerda que estas personas no son dependientes y que pueden buscar “otras opciones para vivir” si no están conformes.
Las más combativas son Reina Fernández y Gisela Nodarce, dos cubanas que no pueden ser más distintas y más iguales. La primera, de 73 años, es rubia y de piel rosada —“es que soy hija de asturianos”, dice— y la segunda es mulata y tiene 76. Cobran los poco más de 300 euros de la Renta Mínima de Inserción, y con su inconfundible acento insisten en que no podrán afrontar otro gasto. “Tengo hepatitis C y la glucosa alta, solo puedo tomar una alimentación especial en la que me gasto unos 200 euros al mes, por no hablar de los medicamentos”, relata Gisela. “No nos negamos a pagar una tasa, pero el 25% es demasiado”, completa Reina. “Si fuera un 10% podríamos asumirlo, o si nos incluyeran los suministros”. Ahora esperan que la Comunidad les diga cuándo tienen que dejar su piso.
Los mayores también denuncian con unanimidad presiones de la dirección para firmar los impresos y un procedimiento que consideran una intromisión en su intimidad. Aseveran no haber recibido ninguna información oficial de la consejería. “Podrían enviar una carta como hacen cada año para saber si seguimos vivos”, reprocha Ada. En vez de eso, se enteraron por la directora de los pisos, que no forma parte del personal de la Comunidad de Madrid sino de Eulen, la subcontrata que gestiona el centro. “Nos ha llamado uno a uno a su despacho y nos ha pedido las cartillas para ver nuestro número de cuenta”, advierte Ildefonso. Sus 11 compañeros le dan la razón y se preguntan por qué deben mostrar sus datos bancarios a la empleada de una empresa privada cuando ya aportaron información sobre su renta a la Comunidad al solicitar su plaza.
Según explican estos mayores, una vez en el despacho, la directora les entrega un impreso que informa de los baremos y que avisa de que “la negativa dará lugar a la perdida de condición de usuario”. “La directora nos dice cuánto tendremos que pagar una vez que firmamos, y eso es todo, yo tengo copia del documento porque lo pedí”, dice Ildefonso, al tiempo que señala su fotocopia con el importe que le toca abonar apuntado a bolígrafo en una esquina del folio. Preguntada por este procedimiento, la consejería detalla que Eulen hace la gestión y que ellos supervisarán los datos que reciban, y recomiendan a los mayores pedir copia de todo y resolver sus dudas en la Dirección General del Mayor.
Al día siguiente de la reunión, Ildefonso está apesadumbrado. La directora le ha llamado a capítulo por haber realizado el encuentro en su piso con tanta gente y con una periodista, pese a que el reglamento permite las visitas de amigos y familiares de 10 de la mañana a 10 de la noche. “Dice que he cometido una falta grave y que espera que la Comunidad no tome represalias”. La directora se niega a hablar con EL PAÍS. “Los residentes de los pisos y yo no podemos hablar con la prensa sin permiso de la Comunidad”, espeta antes de colgar. Asuntos Sociales aclara que solamente la directora del centro es quien no está autorizada a hablar.
Ese día, Ildefonso acude al Defensor del Pueblo a pedir ayuda. “Sabemos que no vamos a sacar nada, pero vamos a luchar por nuestros derechos y supervivencia. Quieren ponernos un bozal, pero no lo van a conseguir”.
Las autonomías avisan al Gobierno de nuevos errores en el copago
El sistema que gestiona el porcentaje de aportación de los ciudadanos sobre los medicamentos sigue generando errores. Seis meses después de la entrada en vigor de la norma que incrementó el copago farmacéutico, hay cientos de usuarios mal clasificados: algunos pagan más y otros menos de lo que les correspondería por su nivel de renta. Las comunidades alertan al Gobierno para que subsane los fallos. Algunas temen, además, que la implantación de nuevos tramos —como el Ministerio de Sanidad plantea hacer ahora para quienes ganen entre 18.000 y 100.000 euros (ahora pagan el 50%)— desajuste aún más una estructura informática compleja y se repitan las numerosas incidencias registradas durante las primeras semanas de aplicación. Sanidad asegura que los errores son puntuales y que su resolución es rápida.
Con su reforma sanitaria, el Gobierno de Mariano Rajoy decretó el pasado abril un cambio histórico: los pensionistas deberían pagar por primera vez por los fármacos. Desde julio, cubren un 10% de estos productos, con un tope mensual de 8, 16 o 60 euros, según sus ingresos. Juan Francisco González, madrileño de 63 años, está jubilado desde hace casi cuatro meses. Pero cuando el médico le recetó varios fármacos hace apenas dos semanas para tratar una infección de orina, descubrió que figuraba en el sistema como un trabajador en activo con una renta de entre 18.000 y 100.000 euros. Debía, por tanto, abonar el 50% de las medicinas. “Me extrañó, pero lo pagué”, relata. González ha puesto una reclamación en el Servicio Madrileño de Salud; está a la espera de que le contesten.
El Ministerio de Sanidad, que dirige Ana Mato, reconoce que puede haber “casos de discrepancias” con la clasificación que se les ha asignado a los ciudadanos, por su renta; una catalogación por códigos que se recoge en una base de datos, que cruza información del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Hacienda y los servicios de salud regionales. Sanidad explica que ha establecido un circuito para que las Administraciones autónomas puedan comunicar los errores, se comprueben y, en su caso, se subsanen.
A Asturias le preocupa que, seis meses después de que el Gobierno pusiera en marcha el sistema, se sigan produciendo errores. Esta autonomía —que ha recurrido al Constitucional la reforma sanitaria de Rajoy en varios puntos, entre ellos, el aumento del copago— ha advertido a Sanidad de los fallos. También Andalucía —otra de las seis que ha recurrido la ley—, que además de informar al ministerio a través del circuito específico, alertó del desorden a la Delegación del Gobierno. Pero, los errores, precisa una portavoz de la consejería, se siguen dando. En Murcia, los errores son menores que durante los primeros días de aplicación de la ley. Esta región, ha desarrollado un sistema propio para recoger incidencias.
En Navarra no se ha detectado una avalancha de casos, pero su Administración ha hallado un sistema para resolverlos hasta que la base de datos estatal los subsane. “Cuando detectamos un fallo clasificamos a ese usuario en el nivel más bajo de aportación para que no se vea perjudicado por ese error”, explica una portavoz de la Consejería de Salud.
A Lorenzo M., el código que le da el sistema no le desfavorece, pero sí le irrita. La empresa de este toledano hizo hace varios meses un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) por el que suspendía el contrato con sus trabajadores durante un plazo. Desde entonces, Lorenzo y otros compañeros son, para el sistema que gestiona el copago, parados de larga duración. Por tanto, no pagan los fármacos. “Me indigna. Mis padres, jubilados, pagan y yo no. No sé cómo han hecho la norma, pero está plagada de agujeros”, critica, teniendo en cuenta, además, que en la actual situación de crisis se producen dramáticos cambios en la renta familiar —para bien y para mal— en espacios muy cortos de tiempo.
Sanidad y Seguridad Social —que incide en que se limita solo a gestionar la base de datos— no aclara si la clasificación de Lorenzo es un error. El caso es similar al de los prejubilados: un concepto que no refleja el sistema. Muchos de ellos —independientemente del acuerdo económico al que llegaran con su empresa— constan en la base de datos como activos pasan a ser parados. Por tanto, cuando se les agota la prestación por desempleo, dice una portavoz de Sanidad, tienen la gratuidad para los fármacos.
“Nos estamos encontrando con casos muy chocantes”, critica Alejandro Toledo, presidente de la Alianza General de Pacientes, que exige al Gobierno que, ya que no dan marcha atrás en esta medida “injusta que grava a los más vulnerables”, resuelvan los fallos. Toledo añade que la medida ahonda las desigualdades entre autonomías. Cada una ha adoptado un sistema y un plazo para devolver a los pensionistas el dinero que pagan de más por sus fármacos, cuando superan el tope que determina la ley. En Andalucía, por ejemplo, dejan de pagar cuando han llegado a esa cifra. En Valencia o Extremadura se lo devuelven cada seis meses. Muchos pensionistas, de hecho, todavía no lo han cobrado. El copago y la devolución de los topes están provocando, según Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, que algunos pensionistas dejen de comprar fármacos que necesitan. El 17% de ellos no ha retirado algunas medicinas que el médico les ha recetado porque no podía pagarlo, según un estudio de esta entidad.
Plataformas de Ley de Dependencia plantean vías para evitar el ‘copago’ farmacéutico
Las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana remitirán a la Generalitat un escrito con las diferentes «vías» que existen para evitar aplicar en la Comunidad la normativa estatal que establece «copago» farmacéutico para las personas con discapacidad.
Representantes de estos colectivos se han reunido este martes con los consellers de Sanidad, Manuel Llombart, y de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, para pedir la derogación del artículo 160 de la Ley 10/2012 de 21 de diciembre que suprime la gratuidad de los productos farmacéuticos y ortoprotésicos a los discapacitados.
El encuentro, que se ha celebrado en la sede de la Conselleria de Sanidad, también ha contado con la presencia de miembros del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Concemfe).
La portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Valencia, Palmira Castellano, ha explicado tras la reunión que la Conselleria de Sanidad «se enroca» en que el «copago» está establecido en una normativa estatal y, por tanto, aunque la Generalitat «no quiere» aplicarlo, «no tiene más remedio».
Sin embargo, la abogada del colectivo ha asegurado a los consellers que existen «vías» para no aplicar la norma en la Comunidad Valenciana, por lo que los miembros del Gobierno valenciano le han pedido que se las explique por escrito. Así, las plataformas enviarán al Consell las «alternativas» que hay y la Generalitat las estudiará y contestará en un plazo de 15 días, ha asegurado Palmira Castellano.
Asimismo, la portavoz de la plataforma ha hecho hincapié en la actitud «conciliadora» de la consellera de Bienestar Social, que busca «integrar las diversas problemáticas de Bienestar Social con las distintas consellerias», ha subrayado.
El 16,8% de los pensionistas renuncia a alguno de sus medicamentos tras el nuevo copago
El nuevo sistema de copago farmacéutico que entró en vigor el pasado mes de julio obliga a los pensionistas a pagar por sus medicinas cuando antes las adquirían gratis, lo que ha hecho que hasta un 16,8 por ciento hayan renunciado a alguno de los medicamentos prescritos por su médico.
Así se desprende de los resultados de un estudio elaborado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que también ha mostrado como hasta un 58,29 por ciento de quienes consumían alguno de los más de 400 medicamentos que el Ministerio de Sanidad desfinanció en septiembre ya no los consumen.
El estudio, que se ha basado en 992 encuestas a pensionistas realizadas en diferentes centros de salud de la Comunidad de Madrid, ha analizado durante noviembre y diciembre el impacto del copago del 10 por ciento del precio de los medicamentos que ahora tiene que abonar este colectivo en las farmacias.
Esto ha hecho que de no pagar nada hayan pasado a gastarse una media de 11,18 euros mensuales, teniendo en cuenta los topes de 8 o 18 euros mensuales establecidos en función de la renta (8 euros para pensionistas con rentas inferiores a los 18.000 euros anuales y 18 para rentas superiores).
Esto ha propiciado que hasta un 16,87 por ciento de los pensionistas hayan dejado de utilizar alguno de los medicamentos prescritos, algo «más habitual en las personas con menos recursos», según ha explicado Marciano Sánchez Bayle, portavoz de FADSP.
De hecho, entre los pensionistas cuya renta por persona de la unidad familiar era inferior a 400 euros uno de cada cuatro (27,29%) renuncia a sus medicinas para no tener que pagarlas.
Asimismo, el estudio también revela como hasta el 60 por ciento de los pensionistas consumía uno o varios de los medicamentos excluidos de la financiación pública, de los que sólo un 41,6 por ciento los siguen utilizando, lo que les cuesta una media de 7,06 euros al mes.
Entre el 58,29 por ciento que ha dejado de usarlos, no obstante, no se especifica si estos pacientes han sustituido estos fármacos por otros sí financiados.
HAY CIUDADANOS QUE PAGAN UNOS FÁRMACOS Y OTROS NO
El estudio muestra además que hay un pequeño porcentaje de los pacientes que han dejado de tomar medicamentos «considerados de mayor utilidad terapéutica» por el copago que, en cambio, sí consumen medicamentos desfinanciados para síntomas menores.
Sánchez Bayle ha defendido que estos datos eran «esperables» y critica que el Ministerio de Sanidad hable de una reducción del gasto farmacéutico. «No se ha reducido realmente el gasto, sino que este se ha trasladado a los bolsillos de los pensionistas», ha censurado.
Además, el portavoz de la FADSP teme que el porcentaje de pacientes que renuncian a sus medicinas puede aumentar en los próximos meses a medida que se vayan implantando otros copagos, como los del transporte sanitario no urgente, las prótesis o los productos dietoterápicos, que «harán que muchos ciudadanos tengan que elegir pagar una cosa u otra».
«Esto tendrá efectos en su salud a largo plazo, ya que la suspensión de los tratamientos prescritos producirá un empeoramiento de las enfermedades de base, una descompensación de las mismas e incluso un aumento de la mortalidad», ha concluido.
Bienestar Social señala que las ayudas a domicilio «han bajado en toda Gipuzkoa»
La delegada de Bienestar Social en el Ayuntamiento, Maite Cruzado, se ha pronunciado sobre las protestas de los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio, que denuncian «que las horas solicitadas por los mayores se han reducido a la mitad porque tras una revisión, después de mucho tiempo, hay mayores a los que el precio por hora les ha subido de 6 euros a 18».Bienestar Social de Valencia dice que «ha duplicado» en diez años la inversión para atender a personas con discapacidad
La consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha subrayado este lunes que el Consejo «ha duplicado» en diez años la inversión destinada a atender a las personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana, al haber pasado de 88 millones de euros en 2003 a 150,9 en 2013, según ha informado en un comunicado la Generalitat.
Sánchez Zaplana ha realizado estas declaraciones durante su visita al Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica Camp Santa Faz, en Alicante, donde ha afirmado que «una de las prioridades» del Gobierno valenciano es «ofrecer la mejor atención» a este colectivo, «garantizando su bienestar y su integración social».
A lo largo de su intervención, ha explicado que la provincia alicantina dispone de 84 centros para atender a personas con discapacidad –de los cuales 76 son recursos específicos en la asistencia de carácter psíquico–, con un total de 3.577 plazas, de las que la Generalitat financian 2.897.
En cuanto a las instalaciones de titularidad pública que ha visitado en la ciudad, ha explicado que disponen de 90 plazas residenciales y 69 de centro de día, en las que se atiende a personas con discapacidad psíquica profunda y severa.
La consejera ha indicado que su departamento destinó el pasado año cerca de 5,8 millones de euros a este centro, que cuenta entre sus servicios con una sala de estimulación multisensorial que favorece la asistencia a los usuarios que presentan patologías físicas y altos niveles de dependencia. Por su parte, en el centro de día se realizan talleres de alambre, cerámica, madera, carpintería, avalorios y batuca.
«PROFESIONALIDAD» Y «VOCACIÓN»
En este sentido, ha trasladado su felicitación al personal de Camp Santa Faz por el «magnífico» trabajo que llevan a cabo «en beneficio de las personas que necesitan de cuidados especiales», y ha agregado que en los citados empleados «no solamente prima su profesionalidad, sino también su vocación».
«Disponemos de una amplia oferta de servicios para cubrir las necesidades específicas de cada usuario y de sus familias, ya que la red de recursos para personas con discapacidad psíquica está formada por centros de Atención Temprana, centros de Día, centros ocupacionales, residencias y viviendas tuteladas», ha manifestado Sánchez Zaplana.
La norma que modifica las pensiones abre la puerta al copago de medicamentos dispensados en farmacias de hospitales
El Real Decreto-Ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros para modificar las pensiones también ha introducido un cambio en la Ley del Medicamento por la que se establece que los medicamentos que se administran en las farmacias de los hospitales mediante orden de dispensación hospitalaria se equiparan a los que se administran a través de receta médica y, por tanto, podrían estar sujetos al copago farmacéutico.
El pasado sábado, 1 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, que introducía una modificación del artículo 94 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, relativo a las aportaciones de los usuarios.
En el primer punto de dicho artículo se amplía el concepto de la prestación farmacéutica ambulatoria para incluir en él, además de a los medicamentos dispensados mediante receta médica, a los que «se dispensan al paciente mediante orden de dispensación hospitalaria a través de oficinas o servicios de farmacia».
En concreto, las órdenes de dispensación hospitalaria son el documento que se utiliza para prescribir a pacientes no ingresados «medicamentos que exijan una particular vigilancia, supervisión y control, que deban ser dispensados por los servicios de farmacia hospitalaria a dichos pacientes».
De este modo, al ampliar el concepto de prestación farmacéutica ambulatoria se estaría también ampliando el abanico de medicamentos «sujetos a aportación del usuario», el llamado copago farmacéutico, como establece el segundo punto del citado artículo 94.
«La prestación farmacéutica ambulatoria estará sujeta a aportación del usuario», reza el articulado tras su última modificación, para luego detallar los porcentajes de copago según renta del ciudadano estipulados tras la reforma sanitaria impulsada por el Ministerio de Sanidad.
FÁRMACOS CONTRA EL CÁNCER O LA ARTRITIS PRECISAN ORDEN HOSPITALARIA
Según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press, entre los medicamentos que requieren orden de dispensación hospitalaria están algunos tratamientos contra el cáncer, la hepatitis C, la artritis reumatoide, la psoriasis, la esclerosis múltiple o numerosas enfermedades raras.
Su precio varía en función de la duración de los mismos y el número de dosis requerida. Por ejemplo, el fármaco para la artritis reumatoide y la enfermedad de Crohn adalimumab cuesta unos 1.127 euros por envase (que incluye dos jeringas de 40 miligramos), pero si se tiene en cuenta que el tratamiento requiere al menos 6 envases el coste ascendería a unos 6.762 euros.
Asimismo, algunos tratamientos para la esclerosis múltiple como el interferón beta 1a o 1b, el natalizumab o el fingolimod también requieren orden de dispensación hospitalaria, y el coste medio anual del tratamiento suele ascender a unos 14.500 euros por paciente.
Fuentes del departamento de Ana Mato consultadas por Europa Press aseguran esta modificación «no cambia nada» el sistema de copago que entró en vigor el pasado mes de junio, y que los medicamentos que son de uso hospitalario, como los antirretrovirales, «están exentos de pago».
De igual modo, precisan que los medicamentos para enfermedades graves o invalidantes tienen una aportación reducida por lo que, en caso de estar sujetos a copago, los ciudadanos sólo pagarían un 10 por ciento de su valor con un máximo de 4,13 euros.
Por su parte, en la exposición de motivos del RD-Ley, el Gobierno explicó que el objetivo de esta modificación era «precisar la equivalencia» existente entre la dispensación mediante receta médica y la dispensación mediante orden de dispensación hospitalaria ante las «desigualdades» que, según dicen, estaba provocando la existencia de una diferente nomenclatura para el mismo acto de dispensación, «unido al proceso acelerado de cierre de la implantación de la receta electrónica en el Sistema Nacional de Salud (SNS)».
Unas 40 personas con problemas mentales han dejado residencias y centros de día de Murcia por no poder atender el copago
El presidente de la Federación Murciana de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes), José García, ha dicho este lunes que hasta «38 personas han dejado distintas residencias y centros de día por no poder hacer frente al copago», y que ante este hecho «la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, pidió la relación, para estudiar caso por caso».
García, que ha comparecido ante la Comisión Especial de Discapacidad en la Asamblea Regional, ha indicado que viene a hablar «de las necesidades de la salud mental en la Región de Murcia», destacando entre otros temas el «del copago».
Para el presidente de Feafes, «la Administración tiene buena disposición, simplemente vamos a recordárselo». También ha indicado que «hay falta de plazas para residencia y plazas tuteladas en la Región de Murcia».
De igual forma, ha señalado que «hay una lista de espera de 190 personas con enfermedad mental para poder optar a una de esas plazas», pero que «existe un compromiso con el IMAS de cara a 2013», para paliar la situación.
PARÁLISIS CEREBRAL
Por lo que respecta a la Asociación para el tratamiento de personas con parálisis cerebral y patologías afines (Astrapace), su presidenta, Rosa García, que también ha comparecido en la misma Comisión, ha dicho que «16 personas con parálisis cerebral esperan plaza actualmente en la Región» y que está previsto «que se sumen 13 más el próximo año»,
Para la presidenta de Astrapace, es importante «la atención temprana a niños con esta dolencia», y en este sentido ha subrayado que «en 2012 se sufrió una bajada presupuestaria del 10%», así como que «bajará un 10 por ciento más en 2013».
También ha dicho que los convenios con los centros escolares para prestar este tipo de atención «se han reducido a la mitad en los último dos años».
Para Rosa García, «las bajadas presupuestarias se suman los recortes en las aportaciones que recibían de obras sociales, entidades y socios».
Respecto al empleo con apoyo, ha indicado que «las partidas se han reducido un 50 por ciento» y que así «es imposible» que estas personas encuentren un trabajo, ya que «sin preparadores laborales se hace difícil».
Astrapace lo componen unas 500 personas, con «85 trabajadores fijos», proporcionando «servicios estables».
Los dependientes abonarán el copago por servicios según su renta y su patrimonio
Los 43.800 dependientes que gozan de ayudas de la Generalitat tendrán que copagar los servicios de manera generalizada, ya se hacia actualmente en parte, según su renta y el patrimonio personal a partir del 1 de enero de 2013. La orden de la Conselleria de Bienestar Social endurece, además, los requisitos necesarios para el acceso de ayudas a personas con cuidadores no profesionales, casi siempre los familiares directos.
La norma, que se adapta a la aprobada por el Gobierno central y deroga la de la Generalitat de 2007, entró en vigor el día 30 de octubre, aunque el cálculo para el copago no se aplicará hasta el 1 de enero del año que viene. Así, la administración autonómica no sólo tendrá en cuenta la renta (mayoritariamente pensiones) para calcular el porcentaje del copago por los servicios que tendrá que abonar el dependiente. Además, la aportación del beneficiario se calculará sobre «los rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario, los rendimientos de las actividades económicas, las ganancias o pérdidas patrimoniales» y el patrimonio personal. Es decir, se tendrán en cuenta todos los ingresos y bienes que posea el dependiente, excepto la vivienda habitual.
Pese a la inclusión de estas nuevas variables para calcular el copago, fuentes del sector de los dependientes aseguraron que lo que más les preocupa es la instauración por norma de este «repago» del servicio, porque recordaron que en la actualidad los beneficiarios de las prestaciones ya abonan dinero por el transporte y por «la aportación familiar obligatoria» para el mantenimiento y funcionamiento de los centros de atención, impuesta desde 2007 y que se mantiene en esta norma.
Así, a partir del 1 de enero de 2013 pagarán los servicios todos los dependientes que tengan una renta superior al Iprem, 532,13 euros al mes. Con el copago impuesto por Bienestar Social, una persona que cobre sobre 550 euros al mes pagará unos 60 euros mensuales por los servicios de un centro de día. Por su parte, si los ingresos son de 1.000 euros, el beneficiario deberá abonar alrededor de 250 euros al mes.
Otro ejemplo es el copago para la teleasistencia. Los dependientes que tengan ingresos superiores al Iprem e inferiores al 1,5 de este indicador, tendrán que pagar el 50 % del servicio. Si superan el 1,5 del Iprem, es decir, los 798,78 euros mensuales, tendrán que abonar el 90 % del servicio. Otras fórmulas calculan los abonos para el servicio de Ayuda a Domicilio o Atención Residencial. Además, los cuidadores no profesionales tendrán que pagarse la Seguridad Social íntegramente.
En este sentido, la orden de la Generalitat endurece las condiciones de percepción de la prestación económica «para cuidados en el entorno familiar de personas dependientes» por parte de personas no cualificadas. La intención de la Conselleria de Bienestar Social es no dar nuevas prestaciones de este tipo y derivar a estos dependientes a centros asistenciales, según fuentes conocedoras de la situación.
Los pensionistas evitan adelantar sólo en julio casi 3 millones para adquirir sus fármacos desde la entrada del copago
La Consejería de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha resaltado que el ‘contador de euros’ que su departamento habilitó dentro de su sistema de dispensación electrónica de receta (Receta XXI) para que los pensionistas andaluces no tuviesen que adelantar el pago de los fármacos tras la entrada en vigor del copago, «les ha evitado ya tener que adelantar solo en el mes de julio casi tres millones de euros».
En respuesta a una pregunta formulada en el Pleno del Parlamento a petición del grupo socialista, Montero ha recordado que la aplicación del copago en farmacia, una medida regulada a nivel nacional a través del RDL 16/2012, obliga a los pensionistas a pagar entre el 10 y el 60 por ciento del coste de sus tratamientos, con un tope máximo mensual que oscila entre los 8 y los 60 euros dependiendo de la renta.
También ha recordado que esta norma establece que el usuario abone el 10 por ciento de cada fármaco y que después solicite un reintegro de los gastos si se superan los límites mensuales fijados para cada caso, «castigando de nuevo el bolsillo de los ciudadanos que peor lo están pasando en estos momentos de recesión económica».
Concretamente, ha detallado que el 85 por ciento de los 1,6 millones de pensionistas andaluces está en el tramo que pagan ocho euros al mes según la norma; 260.895 abonarán hasta 18 euros al mes y 4.033 (el 0,2%) un máximo de 60 euros mensuales.
Al hilo de ello, ha recordado que la distribución por tramos está establecida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en función de renta, si bien ha reprochado que «se están registrando fallos de procedimiento, ante los que el INSS no está respondiendo y quedando así los ciudadanos desprotegidos».
No obstante, ha defendido que gracias a la extensión de la receta electrónica, los pensionistas andaluces no tienen que solicitar dicho reintegro, ya que el sistema de Receta XXI «permite cobrar sólo hasta los umbrales máximos establecidos por el Ministerio», evitando así que los ciudadanos tengan que adelantar dinero por la compra de sus fármacos.
COMPUTO DE JULIO
Así, un total de 321.661 personas se han beneficiado de este procedimiento en el mes de julio, con lo que han evitado tener que adelantar dinero en el momento de la retirada de sus medicamentos. De ellas, el 53 por ciento corresponde al tramo de renta que tiene el tope máximo mensual establecido en ocho euros, y un 39 por ciento a quienes tienen como máximo 18 euros al mes.
La estrategia digital Diraya, sobre la que se desarrolla la receta electrónica, permite cruzar directamente los datos clínicos de los pacientes andaluces con la información económica y laboral ofrecida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Esta medida, puesta en marcha por la Junta de Andalucía «evita que el paciente tenga que reclamar el dinero que cada mes haya excedido del tope que le corresponda y esperar seis meses la devolución», ha recordado Montero, quien ha matizado que, además, se minimiza «el coste de los trámites burocráticos necesarios para ejecutar los abonos». En Andalucía, cerca de medio millón de pensionistas mayores de 65 años consume más de cinco recetas al mes.
El ayuntamiento de Castelló solo recauda 19.000 euros por cobrar este servicio
El Ayuntamiento de Castelló solo prevé recaudar 19.000 euros al año a través del nuevo precio público que ha establecido en el transporte adaptado municipal. La concejala de Bienestar Social, Carmen Querol, adujo en el pleno de junio que la ciudadanía de Castelló «no tiene por qué pagar un servicio que utiliza un número determinado de castellonenses» y aseguró que para las personas sin recursos seguiría siendo gratuito.
Los grupos de la oposición (PSPV, Bloc y EU) rechazaron esta medida en una áspera sesión plenaria, mientras una usuario entregó a la regidora 600 firmas en contra de este copago. ¿Es justo que ustedes usen el coche oficial de forma gratuita y se cobre a personas que necesitan este medio», subrayó en el debate la concejala del PSPV Inmaculada Enguídanos. Las tres formaciones recordaron que los usuarios, que son personas con movilidad reducida, no tienen otros medios para poder moverse.
«Sólo tienen este transporte para poder moverse. No es un lujo. ¿Cuántos usuarios utilizan los coches oficiales?. Seguro que este servicio es más prescindible que el transporte adaptado», indicó la portavoz de Esquerra Unida, Carmen Carreras, mientras el edil del Bloc Nacionalista, Enric Nomdedéu, reiteró que los que hacen uso de él es por «necesidad». Este copago es rechazado de forma unánime de las organizaciones de dependientes de Castelló. No obstante, de momento han optado por un tono reivindicativo de baja intensidad y abogan por mantener los puentes de diálogo con la administración local.
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