Impagos
AERTE solicitará una reunión de urgencia con Manuel Escolano para solventar la crítica situación del sector de la dependencia
Medidas de urgencia: plan de pagos serio, liquidar la deuda acumulada y resolver los más de 13.000 expedientes paralizados de personas con dependencia.
Copago: Aerte encuentra necesario tratar a todos los dependientes por igual. Propone una reevaluación de la situación de las personas con discapacidad, pero también de los mayores que ya vienen abonando desde hace un año el aumento del copago al 90%, incluso hay alrededor de 3.000 personas mayores que asumen más que ese porcentaje en residencias.
Ante el nombramiento del secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano, Aerte desea comunicar:
La Junta Directiva de Aerte quiere agradecer el interés y esfuerzo demostrado por Manuela García como secretaria autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, en un contexto extremadamente complejo, tanto en lo económico como en lo social. Quiere subrayar especialmente su disponibilidad y atención en todo momento para intentar encontrar soluciones a los múltiples frentes que afectan al sector de la dependencia, lamentando a su vez el escaso éxito conseguido y carecer del tiempo necesario para poder avanzar y llevar a cabo las reformas que necesita el sector.
La Junta Directiva de Aerte felicita a Manuel Escolano por su nombramiento como secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, poniéndose a su disposición para agilizar los trabajos y temas propuestos al departamento, dirigidos a dar una solución rápida a los diferentes problemas que afectan desde hace tiempo al sector y a colaborar de forma conjunta para impulsar soluciones sostenibles y de futuro que permitan mejorar de forma sustancial la asistencia a personas dependientes de una forma eficiente, alcanzando logros con una utilización óptima del presupuesto.
Para ello, solicitará esta semana una reunión de cara a retomar aquellos puntos más críticos para la supervivencia de la dependencia, como son:
– Elaborar un plan de pagos estable, equilibrado y equitativo con las empresas y centros de atención a personas dependientes para evitar más cierres a corto plazo. Cada mes de impago supone 15 millones de deuda.
– Agilizar el segundo tramo del FLA, de cara a solventar la deuda acumulada, situación insólita en otras comunidades autónomas.
– Agilizar de forma prioritaria los más de 13.000 expedientes paralizados durante años de cara a que personas dependientes perciban las prestaciones que por Ley les corresponde.
Copago.
Con referencia al Copago. Aerte encuentra necesario tratar a todos los dependientes por igual. Propone una reevaluación de la situación de las personas con discapacidad, pero también de los mayores que ya vienen abonando desde hace un año el aumento del copago al 90%, incluso hay alrededor de 3.000 personas mayores que asumen más que ese porcentaje en residencias. Una situación, que hace que a la mayoría de ellos les supere con creces lo que tienen que pagar con respecto a sus ingresos mensuales, problema que ya ha sido denunciado por Aerte en varias ocasiones.
La Asociación tiene la esperanza de que el nuevo secretario autonómico entre con la energía y la capacidad de decisión necesarias para asumir cambios imprescindibles, y aplicar medidas que, sin embargo en otras CCAA ya se han aplicado, ante la insostenibilidad del formato actual que provoca desde hace años una situación caótica.
La Generalitat valenciana abona 13 de los 25 millones de deuda acumulada que Bienestar Social se comprometió a pagar en Navidad
La deuda acumulada de la Administración valenciana con el sector asciende a 80 millones de euros.
La Administración autonómica ha abonado, a través del mecanismo del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), 13 de los 25 millones de euros de deuda acumulada que la Conselleria de Bienestar Social se había comprometido con AERTE a pagar entre el 30 de diciembre de 2013 y el 2 de enero de 2014.
Según las primeras estimaciones realizadas por la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, estos trece millones contabilizados hasta el momento corresponden a:
– Del programa Bono-residencias, 4 millones de euros aproximadamente.
– De Gestiones Integrales, servicios públicos de gestión privada, se ha abonado 1,5 millones aproximadamente, sólo de atención a personas con discapacidad.
– Respecto a las Prestaciones Vinculadas al Servicio, se ha abonado algo más de 3 millones de euros.
– De plazas concertadas unos 4,5 millones de euros.
María José Mira, directora general de AERTE “aunque es puntual e insuficiente, valoramos positivamente esta inyección extraordinaria del FLA que supone un pequeño respiro para algunos centros, no para todos, ante la asfixiante situación por la que atraviesan fruto de la deuda acumulada que mantiene la Administración valenciana desde hace años”. Aunque se ha abonado esta cantidad, a día de hoy la deuda acumulada que mantiene el Gobierno valenciano con el sector se eleva a más de 80 millones de euros.
Mira ha puntualizado, “la mayoría de los centros soportan una tremenda carga de deuda por parte del Gobierno valenciano y total falta de liquidez desde hace demasiado tiempo. Hay centros y servicios que todavía no han percibido nada desde octubre de 2012. La consecuencia directa es la imposibilidad de hacer frente a gastos diarios y al pago a trabajadores profesionales, lo que hace peligrar su continuidad a corto plazo”.
Por ello, AERTE insiste de forma reiterada en pedir a la Generalitat Valencianaun plan de pagos para este año, que huya de la asimetría y el incumplimiento, así como agilizar cuanto antes el abono del segundo tramo del FLA, que solucionaría la deuda anterior a mayo de 2013.
De este modo, desde la asociación se quiere evitar a toda costa cierres, impagos a los trabajadores y despidos, que perjudique al conjunto del sistema de atención sociosanitaria a la dependencia de la Comunidad Valenciana. Cada mes de impago por parte de la Administración genera más de 15 millones de deuda al sector.
El Consell renueva las 2.000 plazas a geriátricos impulsados por Cotino
La historia se repite. Los beneficios que otorga la Conselleria de Bienestar Social a los geriátricos impulsados por el presidente de las Cortes, Juan Cotino, siguen año tras año. Los motivos no están claros, no se sabe si se debe al continuismo de la política del Consell o la ‘alargada sombra’ o poder del presidente de las Cortes.
Sea por un motivo o por otro, y a pesar de las quejas del sector, las 2.000 plazas que el pasado año concertó la Conselleria de Bienestar Social a las residencias del modelo Cotino serán renovadas en los próximos días para darles continuidad en 2014.
La Conselleria ubicada en el complejo 9 d’Octubre ya tiene preparada una orden para mantener el concierto al grupo de geriátricos que disponen de plazas de accesibilidad, entre las que se hallan las quehan pertenecido al sobrino del político valenciano, Vicente Cotino Escribá: Gerocentros y Savia. En concreto, este grupo de residencias consolida el segundo tercio de las plazas de que ya disfrutaba y amplía su concierto con 2.000 plazas que se suman a las 2.000 que ya tenía desde 2001.
Con lo cual los geriátricos AECAS -9 empresas- mejoran su situación al pasar a tener un total de 4.000 plazas concertadas, que son las primeras que se cubren cuando exista demanda de la población y las que primero cobran, para colmo del resto de residencias que no disponen de estos privilegios.
El hecho de que se vuelva a concertar las plazas a los centros del ‘modelo Cotino’ ha generado la consiguiente sorpresa y malestar en el resto de geriátricos porque el equipo actual de Bienestar Social -tanto la consellera Asunción Sánchez Zaplana, como la secretaria autonómica Nela García– habían dado esperanzas de no beneficiar sólo a 9 empresas.
De hecho, el ex conseller Jorge Cabré y el ex secretario autonómicoJoaquín Martínez rechazaron por escrito la ampliación de plazas para las residencias que estuvieron vinculadas a los Cotino ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. De forma oficial, Bienestar Social se negaba a asumir el convenio que les permitía conseguir además del tercio de plazas del que ya disponen, que posteriormente recibieran los otros dos tercios restantes, hasta completar el 100% de las plazas. Desde Bienestar Social se argumentó que estos geriátricos no pueden beneficiar «un derecho de monopolio».
Estos geriátricos privilegiados habían consolidado el primer tercio de las plazas porque lo obtuvieron en 2001 y en repetidas ocasiones han reclamado a la Administración que cumpla con el convenio y les ceda el segundo y el tercer tercios, que les permitirían lograr 6.000 plazas.
No en vano, EL MUNDO denunció en mayo de 2010 que Juan Cotino benefició a las empresas de su familia al crear y poner en marcha varias normativas de gestión de residencias de la Tercera Edad que mejoraban sus condiciones de negocio mientras él era responsable de Bienestar Social, entre el 29 de junio de 2007 y el 28 de agosto de 2009. Con la orden del 5 de diciembre de 2007, Cotino amplió el número de plazas financiadas por la Conselleria que él dirigía. En aquella orden, el político de Xirivella eliminó la limitación contractual de un tercio que había en un principio y la amplió para que el grupo de residencias entre las que su familia había impulsado llegaran al 100% de las plazas existentes.
Esta trayectoria de mejoras para los geriátricos que promocionó Cotino se han venido repitiendo con contratos puntuales, pero desde el 31 de marzo de 2012 el contrato no se había renovado.
Por ello, llama la atención que Bienestar Social haya cambiado radicalmente sus argumentos y siga con condiciones más ventajosas para estas residencias a pesar de que había criticado que el convenio de 2001 se realizó «con reconocimiento expreso de la absoluta preferencia de estos centros para la cobertura de las plazas» y que «resulta inexplicable que se pida [por parte de los centros del modelo Cotino] la contratación de la totalidad de las plazas y se reconozca responsabilidad patrimonial».
Incluso, desde Bienestar Social se llegó a criticar que para aumentar el concierto se había forzado a que los geriátricos redujeran un 9% del precio de las plazas. De esta forma pasaron de cobrar 1.850 euros por paciente a 1.600 euros.
Desde la Administración también se recordó que se había consultado al resto del sector, a las asociaciones Aerte y Lares, para que mostraran su conformidad por carta sobre la ampliación de plazas concertadas a sólo un grupo de empresas. Una cuestión generó grancabreo a la mayoría de empresas porque consideran que han sido agraviadas frente a las impulsadas por la familia Cotino.
Este diario llamó a Bienestar Social para conocer el motivo de la renovación de la concertación de las plazas con las residencias impulsadas por el presidente de las Cortes pero, tras varios días de espera, no ha recibido respuesta.
AERTE reclama que Bienestar Social abone entre el 30 de diciembre y el 2 de enero los 25 millones de euros, tal como se comprometió
. La Conselleria de Bienestar Social continúa acumulando deuda con el sector de la atención a la dependencia, al seguir sin abonar las cantidades establecidas mensualmente, cada mes de impago supone 15 millones de euros. La deuda acumulada al final de este mes será de más de 115 millones.
Como en más de una ocasión ya ha denunciando AERTE, la situación de continuos impagos y promesas incumplidas no puede sostenerse más. Centros de atención a la dependencia no han podido hacer frente a la paga extra de Navidad de sus trabajadores y, en algunos casos, tampoco a las nóminas de noviembre y diciembre.
María José Mira, directora general de AERTE, ha reconocido que “a ningún empresario le gusta dejar de abonar la paga de Navidad y las nóminas, sobre todo, en un sector como este, donde la mayor parte del gasto es en personal especializado. En la mayoría de los casos, incluso, es el único sustento de sus familias”. Mira subraya que en representación de las empresas desea “agradecer a los trabajadores del sector su paciencia y apoyo en momentos como estos, dado su compromiso por seguir atendiendo a las más 30.000 personas dependientes a pesar de la situación”.
Reclama que Bienestar Social abone los 25 millones comprometidos
La Conselleria de Bienestar Social comunicó la semana pasada a la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), que entre el 30 de diciembre de 2013 y el 2 de enero de 2014, abonará unos 25 millones de euros, pertenecientes a la deuda acumulada.
Aunque esta cantidad es insuficiente para solventar la dramática situación, Aerte urge a cumplir con este compromiso en las fechas establecidas, de una forma equilibrada, para dar un puntual respiro al sector. Así mismo, reclama que el pago de la segunda fase del FLA se agilice lo antes posible dada la extrema falta de liquidez de los centros que ahora no recibirán ni un euro.
Plan de pagos
Desde AERTE, su directora general insiste que es “imprescindible que se adquiera un compromiso por parte de la administración para establecer un plan de pagos”, ya que en este sector cada mes que pasa sin cobrar se genera una deuda superior a los 15 millones de euros. La segunda fase del FLA, una vez que se active, únicamente solucionará la deuda anterior a abril de 2013.
Establecer un plan de pagos permitiría, según María José Mira, asegurar un cobro continuo a las empresas y entidades que prestan servicio a la dependencia. Mira aboga por un “plan de pagos equilibrado entre todos los programas que garantice, no sólo la atención a los más de 30.000 dependientes, sino la supervivencia de las empresas del sector y sus trabajadores”.
AERTE solicita reunión con el Presidente Fabra
AERTE ha solicitado una reunión al Presidente Fabra para encontrar una solución consensuada que permita no sólo afrontar el futuro del sector sino establecer un calendario de pagos que se cumpla y también posibilitar la resolución de los expedientes de más de 13.000 personas reconocidas dependientes. En definitiva, para solicitarle que interceda para que la dependencia no siga siendo lo último en el que piense el gobierno valenciano.
La Generalitat comunica a Aerte el pago de 25 millones de los 100 de deuda acumulada con centros y residencias
La Conselleria de Bienestar Social ha comunicado a la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) que entre el 30 de diciembre y el 2 de enero abonará unos 25 millones de euros los centros, correspondientes a la deuda acumulada que mantiene y que alcanza los 100 millones de euros.
La entidad ha apuntado en un comunicado que, ante este anuncio, las empresas del sector «encontrarán un respiro puntual a la extrema complejidad en la que se encuentran muchos centros y residencias debido a la deuda acumulada que mantiene la administración valenciana, a día de hoy más de 100 millones, y que en algunos casos se mantiene durante más de doce meses seguidos».
Aerte espera que el pago se realice «en los plazos previstos y de una manera equilibrada» entre todas las empresas, de manera que se evite «la asimetría continuamente practicada por Conselleria de Bienestar Social que supone un agravio comparativo continuo entre centros, pero también entre personas dependientes».
En este sentido, ha subrayado que una «gran parte de la deuda no ha sido abonada desde la Conselleria al no haber contabilizado las facturas, y reconocido así la deuda en tiempo y forma». Entre otros, cita como ejemplo las correspondientes a la gestión de centros de titularidad pública o el sistema Bono.
«CONTINUA ESPIRAL DE DEUDA»
La entidad ha recalcado que el abono de los 25 millones «corresponde a deuda acumulada desde hace demasiado tiempo» y ha reclamado la necesidad de que se realice «el pago mensual correspondiente al sector». «Cada mes de impago supone más de 15 millones de euros, lo que conlleva una continua espiral de deuda que no da solución definitiva a la gravísima situación actual del sistema la dependencia en la Comunitat».
Por ello, reclama un plan de pagos para 2014 «que se cumpla, tanto de las cantidades pendientes de deuda acumulada como de las mensuales, de modo que permita a las empresas tomar las medidas oportunas para evitar cierres de centros o el impago a los trabajadores».
13.000 EXPEDIENTES PENDIENTES
Así mismo, ha instado «una vez más a colaborar con la Administración para encontrar aquellos mecanismos que permitan garantizar el abono». Por último, ha reclamado «con urgencia» al Gobierno valenciano «que resuelva los más de 13.000 expedientes que tiene pendientes –2.000 más que hace un año– de personas que han sido reconocidas dependientes y que esperan las prestaciones que por ley les corresponde, en algunos casos desde hace mas de tres años».
La Asociación de Esclerosis Múltiple anuncia que dejará sin tratamientos a los enfermos en 2014
La Asociación de Esclerosis Múltiple de Getafe (AGEDEM) ha anunciado esta semana que dejará sin tratamientos a los enfermos a partir del próximo año por falta de recursos económicos, un servicio que se venían prestando en su sede de la calle Álvaro de Bazán desde 1996.
La asociación ha explicado que la causa de esta falta de recursos es debida al recorte sufrido de la Comunidad de Madrid, «que desde que modificó los requisitos para acceder a las subvenciones se ha rebajado año tras años la cantidad», pasando desde el año 2010 de recibir 23.559 euros hasta los 4.514 euros en 2013, «lo que supone una pérdida de subvención cercana al 80%, dejando inviable los proyectos relacionados con tratamientos que hasta el momento se venían realizando».
Asimismo, han señalado que solicitaron al Ayuntamiento de Getafe la ayuda económica necesaria para garantizar la continuidad de las terapias a enfermos sin que hasta la fecha les haya aportado ninguna solución, a pesar de haber sido aprobada por unanimidad una moción en el pasado Pleno municipal de noviembre a este respecto.
En concreto, se instaba al Gobierno municipal a realizar las gestiones necesarias para otorgar de manera urgente, y antes de acabar el año en curso, la ayuda económica necesaria para evitar el cierre de AGEDEM y poder seguir prestando los servicios a los enfermos de esclerosis múltiple.
«Dicha moción ha sido obviada por el gobierno de Getafe, dejándonos al borde de la desaparición al no poder garantizar la continuidad de los pagos a los trabajadores encargados de realizar las terapias necesarias, por lo que nos vamos a ver tristemente obligados a prescindir de parte de la plantilla necesaria para aplicar los tratamientos de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y psicología que resultan imprescindibles para el estado de salud de los enfermos de esclerosis presentes y futuros en el pueblo de Getafe», han agregado.
Desde la asociación han responsabilizado de esta situación, «por un lado a la Comunidad de Madrid, y por otro lado al Gobierno municipal, que han mostrado su insensibilidad para los afectados de tan terrible enfermedad, dejándolos en el más absoluto abandono».
COMUNIDAD DE MADRID NIEGA RESPONSABILIDAD
Sin embargo, la directora general de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Carmen Pérez Anchuela, ha manifestado a Europa Press que la cuantía de la subvención se otorga en función del número de personas para las que se solicita y cumpliendo unos requisitos, «que no se han endurecido, sino que con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia las personas que tienen grado dos ya reciben una ayuda complementaria».
«Esta convocatoria es para ayudar a aquellas personas que, por no tener grado o un grado uno, nosotros, que somos de las pocas comunidades autónomas que ayudamos a las personas que están fuera de la Ley de Dependencia, les financiamos», ha agregado.
La directora general de Servicios Generales ha señalado que a AGEDEM «no se le ha bajado la cantidad, es que en el año 2010 pidieron subvención para 50 personas y en el año 2013 solicitaron subvención para siete porque esas otras personas recibían la prestación económica vinculada a la dependencia».
Asimismo, ha apuntado que además de esta subvención sobre las personas que ellos piden, «se les da una subvención desde hace muchísimos años para el servicio que gestionan de atención y orientación a personas con discapacidad, que no solo no se ha tocado sino que reciben la misma». «Madrid es la única comunidad en España que presta atención gratuita a personas con discapacidad», ha apostillado.
Pérez Anchuela ha subrayado que en las convocatorias de este año 2013 se han invertido más de 3,2 millones de euros para 120 proyectos y «ninguna entidad, tampoco AGEDEM, lo ha recurrido porque estaba en consonancia con lo que habían pedido».
Según la directora general de Servicios Sociales, no solo no se están haciendo recortes sino que existe un compromiso en la atención a las personas con discapacidad, ya que en el año 2014, el presupuesto aumentará en 33 millones de euros hasta un total de 338 millones.
Por último, ha afirmado que la situación de la asociación puede venir motivada, «no por el dinero que recibe de la Comunidad de Madrid, sino porque las personas a las que atienden han recibido otras prestaciones y tendrán menos personas que se dirijan a su centro para recibir tratamiento, pero no tiene nada que ver con la subvención que reciben».
El Ayuntamiento de Granada asumirá en solitario la campaña ‘Ponte en mi lugar si tuvieras una discapacidad’
El concejal de Familia y Bienestar Social, Fernando Egea, ha denunciado esta semana la no concesión por parte de la Junta de Andalucía de una subvención de 9.000 euros, para la puesta en marcha de la campaña de sensibilización ciudadana `Ponte en mi lugar, si tuvieras una discapacidad´, destinada a concienciar a la ciudadanía en general y especialmente a colegios profesionales, de la importancia de crear espacios accesibles que mejoren la calidad de vida del colectivo.
En el marco de la Orden de 5 de julio de 2013, por la que se convocaban subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería de Salud y Bienestar Social, para el ejercicio 2013, el área de Familia y Bienestar Social presentó a esta convocatoria un proyecto de sensibilización para la población general que mostraba las situaciones cotidianas a las que se enfrentan las personas con discapacidad o con movilidad reducida en sus desplazamientos, “un proyecto que perseguía desarrollar actitudes positivas, solidarias y de concienciación basadas en el derecho de las personas y el respeto a la diversidad desde los agentes educativos”.
“Dado que la Junta de Andalucía no concede al Ayuntamiento de Granada el presupuesto para desarrollar en 2014 este proyecto de concienciación tan importante y de gran repercusión para este colectivo, una vez más, el Ayuntamiento de Granada decide acometerlo en solitario, si contar con la administración competente en el ámbito de la discapacidad, que es la Junta de Andalucía”
Para Fernando Egea, esta negativa “resulta un despropósito, ya que la discapacidad es competencia de la Junta de Andalucía, y evidencia además, desinterés y falta de compromiso por parte de la administración autonómica con el colectivo”.
Según ha explicado el edil “la campaña mostraba diferentes actuaciones encaminadas a hacer llegar a la población granadina la realidad social del colectivo a efectos de sensibilización y reconocimiento de sus necesidades, y así, además del material de sensibilización, se proponían actividades de concienciación y sensibilización en centros educativos y de servicios sociales, entre otros”
Además, la campaña incluye la toma de contacto con los colegios profesionales y otros agentes sociales, al objeto de sensibilizarles sobre la importancia de adecuar los espacios de acuerdo a la normativa vigente y facilitar el uso de los mismos con seguridad a las personas con discapacidad.
La cuantía que se solicitó a la Junta de Andalucía para la puesta en marcha del proyecto y en concepto de material de papelería, publicidad exterior, autobuses, folletos, carteles, pegatinas y libros ascendía a 9000 euros.
Unas 20.000 familias andaluzas con atrasos en retroactividad en Dependencia cobran 2012 a cargo del plan a proveedores
Unas 20.000 familias andaluzas de las 24.500 afectadas por los atrasos en los pagos en retroactividad en la Ley de Dependencia han cobrado lo correspondiente al año 2012 con cargo al plan de pago a proveedores aprobado en junio por el Gobierno central, según los datos oficiales aportados por la portavoz del grupo formado por unas 1.266 familias agrupadas a través de Facebook bajo el nombre de ‘Atrasos de la Ley de Dependencia en Andalucía’, Rosa María Guijo Curado.
En este sentido, y en declaraciones a Europa Press, Guijo Curado ha explicado que «en el descuadre de 4.500 dependientes pueden entrar los fallecidos que tienen que cobrar en concepto de herencia en un solo pago; o puede deberse a problemas con los traslados de expediente en los dependientes que se han mudado a otras localidades; o los niños dependientes por problemas de identificación, un caso que sucede porque al tramitar la dependencia de estos niños, como no era obligatorio el carné de identidad, se les puso un DNI ficticio, de manera que ahora, al meter dicho DNI del menor en el sistema, sale que no existe».
«Esto ha hecho que no hayan podido acogerse al plan de pago de proveedores, y lo único que han podido hacer es una reclamación que parece ser resuelto con un parte de incidencias», añade al respecto de esto último Guijo Curado, que apunta que otro de los problemas tiene que ver con aquellas personas que «no han tenido noticias del acogimiento a ese plan de pago porque no se les ha notificado». «Todos estos casos están pendientes de pago a lo largo de lo que queda de diciembre», añade.
Por último, la portavoz ha asegurado que se sienten «esperanzados» tras empezar a cobrar los atrasos de las retroactividad correspondiente al año 2012, al tiempo que afirma que «seguirán luchando por cobrar el 2013», que «se debió de haber pagado en marzo y todavía no se ha pagado». En este sentido, hay que recordar que el plan de pagos establecido por la propia Administración se prolongaba por un periodo de cinco años desde 2012 a 2016.
La administración valenciana, una vez más, da la espalda al sector de la dependencia, no recoge el manifiesto leído hoy ante el Palau de la Generalitat valenciana
MÁS DE 250 CENTROS DE AERTE Y LARES PARTICIPAN EN LA MARCHA SOCIAL QUE HA REUNIDO A MÁS DE 3000 PERSONAS, ENTRE USUARIOS, FAMILIARES, TRABAJADORES Y CENTROS PARA RECLAMAR EL FIN DE LA MARGINALIDAD DEL GOBIERNO VALENCIANO A LA DEPENDENCIA
La deuda acumulada pendiente se cifra en torno a 110 millones. 13.000 personas reconocidas por la Ley de Dependencia no reciben su prestación (algunas a la espera desde hace tres años).
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) y la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del sector solidario (LARES), han participado en la masiva marcha social que ha congregado a más de 3.000 personas entre usuarios, familiares, trabajadores y centros para solicitar, una vez más, el fin de la marginalidad que el Gobierno valenciano y central están practicando desde hace años al sector de la dependencia y atención a mayores de la Comunidad Valenciana.
La manifestación, que ha contado con el apoyo de las principales asociaciones del sector, de los sindicatos mayoritarios, usuarios familiares, y otras entidades afectadas por esta situación se ha iniciado desde distintos puntos de la ciudad de Valencia, finalizando con la lectura de un manifiesto conjunto ante el Palau de la Generalitat. La Administración valenciana ha vuelto a dar la espalda al sector de la dependencia al no atender ni recoger el mencionado manifiesto.
La participación de AERTE y LARES, ha estado representada por los más de sus 250 centros de las tres provincias. Por parte de AERTE se ha solicitado, entre otros aspectos, la actuación urgente de la Generalitat Valenciana para el desbloqueo, por igual y a todos los centros, de la deuda pendiente, cifrada en torno a 110 millones, y el compromiso de no seguir aumentándola: cada mes de impago, supone alrededor de 10 millones de deuda. Se ha insistido además en la resolución urgente de los expedientes de más de 13.000 personas reconocidas por la Ley de Dependencia y que, sin embargo, no reciben su prestación (algunas a la espera desde hace tres años).
María José Mira, directora general de AERTE, ha manifestado: “consideramos muy grave y decepcionante la falta continuada de palabra y compromiso del Gobierno valenciano hacia la dependencia, y en particular con los más de 30.000 dependientes que reciben atención y cuidados cada día en los más de 300 centros y entidades”. Y señaló que “el sector, que atiende al segmento más débil y vulnerable de la sociedad, no tiene por qué asumir por más tiempo las obligaciones que incumple la Administración. El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) no ha resuelto la asfixiante situación. Existen residencias que no cobran nada desde hace más trece meses y todo apunta a que seguirán así: esto es insostenible”.
En lo que va de año, cinco centros asociados a AERTE han cesado su actividad: 300 plazas cerradas y 150 puestos de trabajo perdidos. La situación insostenible hace que 13.000 de los 15.000 puestos de trabajo directos del sector peligren a corto plazo.
Aerte ha manifestado en muchas ocasiones las dificultades por las que atraviesan los centros de atención a la dependencia, la mayoría de los cuales llevan más de un año sufragando de su propio bolsillo los gastos que no paga Bienestar Social, sobrellevando la situación con préstamos y pólizas de crédito cuyos intereses están asumiendo e incluso, en ocasiones, comprometiendo su propio patrimonio personal. Y todo ello en el mejor de los casos, que es cuando las entidades financieras pueden adelantar ese crédito ya que la deuda con la administración valenciana les ha llegado al límite.
No por repetido el discurso, deja de ser menos grave. La situación se agrava cada mes. Con su participación en la marcha social de ayer, Aerte desea trasladar al conjunto de la sociedad valenciana la injusta y desesperada situación por la que atraviesan las empresas responsables de la atención a la población dependiente en la Comunidad Valenciana, cuyos problemas generados por los impagos de la Administración Valencia van a desembocar inevitablemente en más cierres de centros y entidades, si desde la administración no se ponen medidas que de una inmediata solución.
Cataluña apuesta por aumentar el copago de los dependientes ante los recortes
La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, ha apostado este miércoles por aumentar la «corresponsabilidad» de los beneficiarios de la Ley de la dependencia para poder hacer frente a los recortes del Estado en esta materia.
Durante su comparecencia en la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración del Parlament, Munté ha informado de que su Conselleria ha presupuestado 1.630,5 millones para 2014, un 15,5% menos que en 2012, una caída que se debe principalmente a los ajustes que el Ejecutivo español ha aplicado a la dependencia y la discapacidad, ámbitos que concentran más de un 70% del peso total de este departamento, con 1.401,9 millones.
Para poder hacer frente a esta situación y seguir garantizando la protección social de todos los dependientes y discapacitados, Munté ha abogado por aumentar el copago en función de la renta y del patrimonio de los beneficiarios, a través de un sistema que «siempre garantice la equidad».
«Estos no son los presupuestos que quiere presentar el Govern, pero son los que se pueden hacer con el objetivo de déficit impuesto por el Estado», ha afirmado la consellera, que ha cifrado en un 93,4% el recorte del Gobierno español en políticas sociales en cuatro años.
Pese a que caen la mayoría de partidas políticas del departamento respecto al presupuesto de 2012, Munté ha apostado por priorizar la lucha contra la pobreza y la inclusión social con un montante de 192,4 millones de euros, 2,2 más que hace dos años, con especial incidencia en la protección de la infancia más vulnerable.
Las cuentas prevén, entre otras medidas para 2014, la reconversión a concierto de todas las plazas residenciales, el despliegue del Plan integral de apoyo a las familias, el impulso de la Ley del voluntariado, la aprobación del Plan de Ciudadanía y Migraciones, y la elaboración del Plan de atención integral a la infancia y la adolescencia 2014-2017.
ENMIENDAS A LA TOTALIDAD
Ni CiU ni ERC han presentado enmiendas a la totalidad a las cuentas del departamento que lidera Munté para 2014, mientras que sí lo han hecho el resto de grupos del arco parlamentario –PSC, PP, ICV-EUiA, C’s y CUP–.
La portavoz del PSC en la Comisión, Eva Granados, ha alertado de que 2014 será el «año negro» de la dependencia en Catalunya, tras alertar de una reducción de 3.572 plazas de residencia y de 20.832 prestaciones menos para cuidadores familiares, entre otros recortes.
El diputado del PP Rafa López ha criticado que el Govern haya «pactado los recortes en un despacho con ERC», y ha criticado la reducción de las partidas de ayuda a la familia, los jóvenes y los dependientes.
«Con estas cuentas está claro que el Govern comparte las ideas de la Troika», ha sentenciado la diputada de ICV-EUiA Laura Massana, que ha deplorado los recortes sociales y ha criticado la opacidad del departamento que lidera Munté.
EXCUSAS DEL GOVERN
El diputado de C’s José María Espejo ha criticado que la Conselleria «haya construido un relato basado en culpar al Estado para justificar los recortes», aunque ha alertado de que las entidades sociales ya no confían en las excusas del Govern.
La portavoz de la CUP en la Comisión, Isabel Vallet, ha afirmado que el presupuesto global con el que cuenta la Conselleria para 2014 es inferior a los intereses que el Govern paga por la deuda, y ha criticado que el Ejecutivo catalán «no se dé cuenta de lo que pasa de verdad en la calle» e intente justificar los recortes sociales.
Todos los partidos de la oposición, a excepción de ERC, han reprochado a Munté que haya decidido eliminar el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass) sin previo aviso, y han coincidido en alertar de un retroceso de diez años en materia de protección social.
El diputado de ERC Pere Bosch ha destacado el «esfuerzo notable» del Govern para aumentar el gasto en materia de becas comedor y renta mínima de inserción (RMI), y ha destacado la incidencia de las cuentas en la lucha contra la pobreza.
Campaña para pedir a la Generalitat las ayudas de la Dependencia
El colectivo Pendientes de la Ley de la Dependencia ha iniciado este lunes una campaña de recogida de firmas en Internet, a través del portal Change.org, para solicitar al Gobierno catalán el pago de las ayudas reconocidas y todavía no abonadas.
El colectivo asegura que muchas familias catalanas tienen reconocida una prestación por ley pero a pesar de ello no la cobran, con diferentes casuísticas que incluyen personas con mayores a cargo, familias que deben pagar una plaza de residencia y viudos que no han cobrado las ayudas que tenían reconocidas sus parejas, entre otras.
Por ello, la iniciativa pide a la consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, y a los partidos con representación en el Parlamento catalán que resuelvan esta situación y cumplan con sus compromisos.
De este modo, confían en visualizar la situación actual de las familias con personas dependientes a cargo, reunir el apoyo social necesario para presionar a la Generalitat para que haga de esta reivindicación una prioridad y «agrupar a las familias para hacer una queja colectiva» al Portavoz de Greuges.
Pendientes de la Ley de la Dependencia ha animado así a todas las familias afectadas a sumarse a su iniciativa y dar a conocer a través de las redes sociales cada situación concreta.
Trabajadores sociales de Málaga alertan de que los impagos podrían afectar a unos 13.000 usuarios de ayuda a domicilio
El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Málaga ha advertido de que a partir de diciembre se podrían ver afectados en la provincia malagueña casi 13.000 usuarios del servicio de asistencia a domicilio, incluido en la cartera de programas que se financian con cargo a la Ley de Dependencia, así como 3.526 auxiliares, debido a «los recortes del Gobierno central y los impagos de las administraciones públicas».
En el caso de la capital malagueña, esas cifras serían de 7.042 usuarios afectados y 1.173 trabajadores, según ha señalado el presidente del Colegio de Trabajo Social de Málaga, Rafael Arredondo. Así, ha lamentado «profundamente» esta situación, que se está viviendo ya en puntos de Andalucía como Jaén, donde a partir del 4 de diciembre la Junta se hará cargo directamente de la prestación por la renuncia municipal debido a los impagos de la Administración autonómica.
«Si continúa la estrategia del Gobierno de desmantelar el sistema público de la prestación del servicio de ayuda a domicilio y esta situación se generaliza por toda Andalucía, a partir del 4 de diciembre pueden verse afectados unos 135.000 usuarios y unos 42.000 auxiliares en la Comunidad», ha manifestado a Europa Press Arredondo.
Igualmente, ha alertado el representante de los trabajadores sociales malagueños, «padecerán esta situación las familias de las personas que necesitan este servicio para compatibilizar su vida personal y laboral», lo que, por tanto, «podría tener consecuencias en sus empleos».
Arredondo ha rechazado la reforma local que impulsa el Gobierno central, denunciada reiteradamente por el Consejo General del Trabajo Social y por el Consejo Andaluz, así como por los colegios que los integran, por considerarla «una estrategia para desmantelar el sistema del bienestar social público».
Según ha indicado, «para que existan unos servicios sociales fuertes es imprescindible que se presten desde las corporaciones locales, por ser las administraciones que están más cerca de los ciudadanos y de sus necesidades», de modo que «se garanticen los principios de justicia social, igualdad de oportunidades y equidad». Para ello, ha resaltado, «deben contar con la financiación correspondiente».
En este sentido, Arredondo ha dejado claro que «el servicio de ayuda a domicilio es una prestación básica de los servicios sociales comunitarios», por lo que, en nombre del Colegio de Trabajo Social de Málaga, ha confiado en que «pronto se llegue a un acuerdo en beneficio de los ciudadanos de la provincia y del conjunto de la Comunidad andaluza».
Ayuntamientos y diputaciones andaluzas del PP se plantean no renovar los convenios de dependencia hasta que Junta les pague
Los ayuntamientos y diputaciones del PP se están planteando la posibibilidad de no renovar los convenios con la Junta para la prestación de los servicios de dependencia hasta que la Administración autonómica liquide «por completo» la deuda en esta materia, aunque se tratará de una decisión que tomarán «en función de cada caso» y de la situación económica en que se encuentre cada corporación.
Así lo ha anunciado la portavoz de Bienestar Social del PP-A en el Parlamento, Rosario Soto, quien ha acusado al Gobierno andaluz de «herir de muerte» los servicios de dependencia en la Comunidad «por la vía de los impagos», cifrando en unos 100 millones de euros la deuda que la Junta mantiene en esta materia con las corporaciones locales gobernadas por el PP.
Soto ha subrayado que los ayuntamientos se están viendo obligados a actuar como «financieras» de la Junta al tener que adelantar el dinero de la dependencia sin haberlo cobrado. «Pero todo tiene sus límites y cualquiera puede entender que si hay ayuntamientos que no tienen dinero para pagar a sus trabajadores y para financiar sus servicios públicos, no puedan financiar competencias de la Junta», ha añadido.
La dirigente ‘popular’ ha negado que la decisión del Ayuntamiento de Jaén de dejar de prestar el servicio de dependencia suponga un incumplimiento de la normativa en esta materia. Y es que, según ha explicado, la ley obliga a prestar colaboración institucional en la elaboración del Plan Individualizado de Atención (PIA). «A partir de ahí es competencia de la Junta», ha precisado.
En esta línea, se ha preguntado qué hace la Junta con el dinero que tiene presupuestado la Agencia de Dependencia y que no está llegando para ese fin. Además, según ha apuntado, el Gobierno central transfiere mensualmente a la Comunidad 33 millones para la prestación de los servicios de dependencia, lo que supone unos 360 millones anuales.
Soto ha afirmado que las únicas políticas sociales que al Gobierno andaluz le interesan son las que «generan titulares». Así, se ha referido a la propuesta del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, sobre el decreto-ley de mínimo vital de agua y luz para los perceptores del Salario Social, asegurando que hace más de nueve meses que la Junta no paga esta cuantía.
RECORTE DE 3.400 MILLONES EN POLÍTICAS SOCIALES
La dirigente ‘popular’ ha afirmado que el Gobierno andaluz ha reducido «drásticamente» las políticas sociales y que está instalado en una política de impagos en materia social y de dependencia que están poniendo «en riesgo» la prestación de estos servicios. «La presidenta dice que no va a tocar ni un euro en dependencia, pero hace todo lo contrario», ha enfatizado.
Según los datos aportados por Soto, el Gobierno andaluz ha reducido en los dos últimos años el presupuesto para las políticas sociales en más 3.400 millones, fruto de las decisiones de un «gobierno retrógrada», que no tiene «ni un atisbo de progresismo» y al que no le importan las familias ni las personas que lo están pasando mal.
En este contexto, ha indicado que el recorte en bienestar social ha superado los 260 millones en los dos últimos años, junto con los 13 millones en el Plan de Drogodependencia. A ellos se unen más de 37 millones en el Plan de Atención a la Infancia, más de 80 millones en el Servicio de Apoyo a las familias, y más de 93 millones en la Atención a la Dependencia.
La Junta reitera que «de una forma u otra» la ayuda a domicilio se mantendrá en Jaén
La consejera de Igualdad, Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha reiterado que «de una forma u otra» la ayuda a domicilio se mantendrá en Jaén, aunque no ha precisado cómo a la espera de la reunión que este mismo lunes va a tener con el alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), «con la idea de buscar alguna solución» para que se preste «como se había venido haciendo hasta ahora», por el Ayuntamiento mediante concesión a una empresa.
Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas antes de participar en la celebración del décimo aniversario de Salud Responde, donde ha confirmado el posterior encuentro con el regidor, después de que denunciara el convenio, «fuera de plazo», a juicio del Gobiernoautonómico.
«Pero lo más importante no es si está o no fuera de plazo, sino que ellos manifiestan la voluntad de no prestar el servicio y lo que nosotros queremos es llevarle a su ánimo que lo siga haciendo», ha matizado la consejera, para la que tanto los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes como las diputaciones son «instrumento fundamental» para la gestión de los servicios vinculados a la Dependencia «desde el ámbito público».
En este sentido y a la espera de lo que Fernández de Moya le transmita, ha dicho que «en primer lugar la propuesta» que le hará es que «siga manteniéndose el servicio» como hasta el momento, aunque no ha entrado en si planteará un calendario de pago sobre la deuda que la Junta mantiene con el Consistorio. «De ese tema hablaré después con él», ha declarado la consejera, quien ha recordado que ha recibido ya en torno a 630.000 euros y «en estos días» recibirá unos 800.000 euros con cargo al plan de proveedores, de modo que «será 1,4 millones de euros a finales de año» y el objetivo «es liquidar lo más posible».
«Queremos que sea a través del Ayuntamiento. Esperemos que no le vaya a pasar con las personas como le ha pasado con el metro (en alusión al tranvía). No es lo mismo», ha apostillado. En cualquier caso, la titular de Igualdad, Salud y Bienestar Social ha querido lanzar un mensaje para «quitarles esa ansiedad que se genera» entre los beneficiarios de la ayuda a domicilio, así como a sus familias y quienes la prestan, «porque al final, de una u otra forma, ellos van a seguir recibiendo la prestación», si bien no ha precisado cómo sería. «Vamos a esperar a esa reunión y espero que lo sigan haciendo desde el Ayuntamiento y, si no, buscaremos una fórmula», ha recalcado.
COLABORACIÓN
Además y preguntada por si le preocupa que el planteamiento del Ayuntamiento jiennense pueda extenderse por la comunidad, ha dicho confiar en que «no», puesto que se ha venido trabajando «en colaboración muy estrecha con las corporaciones locales» y «existe una red de profesionales que se financian precisamente para que se pueda prestar» a través de esta administración.
«Sí que es cierto que vamos a ir manteniendo una serie de reuniones a lo largo del martes y miércoles con todos los ayuntamientos y diputaciones para ver las preocupaciones y los problemas que plantean, con el tema de los pagos, fundamentalmente», ha señalado Sánchez Rubio, para la que «el mejor sistema de trabajar» es el actual y se va «a buscar la mayor celeridad al tema de los pagos».
Madrid se queda sin taxis para discapacitados
Los titulares de Eurotaxi (vehículos adaptados para personas con discapacidad física) han decidido en asamblea dejar de prestar servicio a partir de este martes en Madrid como protesta por las tarifas que regirán al sector a partir para el año que viene, puesto que a su juicio no se pueden garantizar con ellas el coste de explotación que soportan los profesionales.
El servicio, que realiza aproximadamente un centenar de vehículos en Madrid, se dejará de prestar a partir de las 6 de la madrugada y hasta que no se autoricen unas tarifas que contemplen la situación real del servicio, abogando por el criterio de la subvención para el usuario con diversidad funcional.
Así lo ha indicado el secretario de la Asociación Eurotaxi por la Movilidad y Accesibilidad (AEMA), Julián Fernández, quien ha indicado que en esa asamblea abierta a todos los titulares de licencias de Eurotaxi la práctica totalidad del sector ha decidido no prestar el servicio -realizan 55.000 servicios al año, según datos del sector-.
Al respecto, ha comentado a Europa Press que el 70% de los titulares de licencia de Eurotaxi acudió de forma presencial y el resto delegó su voto en otros compañeros.
Fernández ha manifestado que, como todos los servicios, se deben abonar o bien mediante subvenciones públicas o por parte de los usuarios, frente al caso del Eurotaxi, donde se «pretende no subvencionar el servicio con dinero público y no permitir que el usuario lo pague».
«Sólo pedimos un tope que garantice el coste de explotación para los profesionales», ha remarcado el secretario de AEMA para criticar también «el jarro de agua fría» que ha supuesto el resultado de la Comisión de Precios del pasado 15 de noviembre que establece las tarifas del servicio para 2014.
En un comunicado, AEMA ha manifestado que «por segundo año consecutivo no se ha tenido en cuenta» la «excepcionalidad» del servicio de Eurotaxi, por lo tanto se mantiene un importe máximo de recogida para servicio solicitado por medio telemático de 5 euros.
«Es inviable económicamente prestar este servicio en estas condiciones y es esto lo que nos ha llevado a los profesionales que actualmente realizamos este trabajo a tomar la decisión de, a partir del próximo día 19 de Noviembre, no prestar este servicio», relata el colectivo a continuación.
AEMA critica en su comunicado el «poco interés» de las administraciones a la hora de solucionar esta problemática y ha criticado que no se desplieguen subvenciones para un servicio de transporte público, tal y como se hace en el caso de Metro o la EMT.
No obstante, Fernández ha relatado que se mantienen aún negociaciones con administración y diversas asociaciones de personas con discapacidad para tratar de encontrar una solución. Al respecto, ha comentado que los profesionales también han presentado un plan de viabilidad para renovar la flota y abaratar el coste del servicio.
Sanidad retira la ayuda a la medicación a un niño con una enfermedad rara
Cuando Carmelo Alventosa Calatayud cumplió cuatro años, un especialista setabense descubrió que el niño no sufría una parálisis cerebral, tal como los médicos le habían dicho a sus padres al nacer, sino que, padecía el Síndrome de Lesch-Nyhan, una enfermedad rara que solo sufren dieciocho personas en España. Hoy Carmelo tiene doce años de edad y ha dejado de recibir las escasas ayudas que el Gobierno central y la Generalitat Valenciana le ofrecían. «No es justo que gasten dinero con la visita del Papa y en la Fórmula 1 y no tengan ayudas para hacer frente a la enfermedad de mi hijo», protesta el padre del niño, Carmelo Alventosa.
El síndrome que padece el adolescente de Canals solo puede ser tratado en el Hospital de La Paz, en Madrid, y la familia se ve obligada a desplazarse unas tres o cuatro veces al año hasta la capital, lo que su pone un gran gasto. además de asistir a chequeos mensuales en el hospital de La Fe.
En un principio, la Conselleria de Sanidad pagaba parte de esta movilidad y la totalidad de la medicación del niño. Pero hace tres años paralizó las ayudas y les ha dejado de pagar la totalidad de los gastos en medicación (ahora los padres tienen que abonar el 40%). También Sanidad le debe a la familia dos meses de dependencia, que percibe la madre como cuidadora. «Mi hijo necesita alguien a su lado siempre porque tiene dependencia de Nivel 3», afirma Alventosa.
Carmelo precisa de una silla de ruedas muy concreta, ya que los niños con el síndrome se autolesionan y requieren estar amarrados. De este modo, familias como la de Carmelo han de hacer frente, además de los gastos normales, a los pagos extra que conlleva una persona dependiente. Con el Plan Nacional de Reformas 2013, que prevé ahorrar 1.108 millones de euros en el sistema de ayuda a las personas dependientes, los recursos quedan paralizados salvo si es «urgencia social». Por ello, su madre abandonó su trabajo para dedicarse exclusivamente al cuidado de su hijo.
La familia también tuvo que cambiar de casa porque necesita una vivienda hecha a la medida de los problemas que presenta Carmelo. «Intenté conseguir ayudas para poder financiar la construcción de una casa adaptada para mi hijo y en conselleria me dieron largas», declara el padre.
Los cuidadores
Con la reforma de la Ley de Dependencia, los cuidadores familiares no profesionales, como la madre del afectado, han perdido las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba por ellas el Gobierno. A pesar de que todo se dificulta para la familia, Carmelo siempre ha estado «rodeado de grandes profesionales de la medicina», como a investigadora del laboratorio de bioquímica del hospital de La Paz, Rosa Torres, una de las encargadas de mejorar el diagnóstico de la enfermedad junto al doctor Juan garcía Puig. «Hemos notado mucho los recortes. Cada vez las autonomías nos ponen más dificultades administrativas para poder hacer nuestro trabajo», manifiesta la científica.
Durante todos estos años tanto Toñi como Carmelo se han movido para que su hijo viva de la mejor manera posible. Y, por ejemplo, en el antiguo colegio del niño consiguieron que los dependientes contaran con un cuidador personal.
Ahora Carmelo es el primer afectado por el síndrome que lleva una bomba de bacloceno, un tipo de medicación intravenosa que reduce su espasticidad (rigidez de los músculos). Este mecanismo se lo pusieron el pasado mes de junio en el hospital de La Fe después de un par de meses de negociaciones con varios especialistas. Gracias a este avance,« Carmelo puede hablar mejor y ya duerme de un tirón» y ha mejorado un ápice su calidad de vida.
Más de un millar de trabajadores se concentran a las puertas de las sedes del gobierno valenciano en las tres provincias para exigir el cobro de sus sueldos
Después de casi un año sin que el Gobierno Valenciano pague a los operadores y 110 millones de deuda acumulada, la nómina de la mayoría de los trabajadores de las residencias y centros de atención a personas mayores se vera afectada el próximo mes.
Los sindicatos mayoritarios y las principales asociaciones del sector exigen una reunión con el President de la Generalitat para evitar la desaparición de la red de atención socio-sanitaria.
El segundo de los paros y concentraciones de protesta por la deuda que mantiene la Generalitat Valenciana con el sector de las residencias y centros de atención a personas mayores y dependientes desde hace casi un año, ha congregado a más de un millar de trabajadores a las puertas de las sedes principales del Gobierno Valenciano en Alicante, Castellón y Valencia. Concentraciones que se suman a las realizadas la semana pasada en más de 300 residencias y centros de la Comunidad, que sacaron a las calles a más de 9.000 trabajadores y familiares de usuarios.
De las tres concentraciones realizadas hoy, dos de ellas antes las sedes de las delegaciones del Consell de Alicante y Castellón; y una tercera que comenzó en la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, sita en Valencia, y que ha culminado en una marcha hasta el Palau de la Generalitat, ésta última ha sido la más numerosa y en la que se ha leído un comunicado en el que se reclama un compromiso por parte del Consell “totalmente firme” para establecer un plan de pagos que sea “real y de urgente aplicación”, y que salde de “inmediato la deuda acumulada.”
Tras no ser recibidos en la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, que ni siquiera ha abierto las puertas de acceso, una delegación de la plataforma ha sido recibida por una asesora del President de la Generalitat, que ha señalado que realizará un informe de las reivindicaciones a Alberto Fabra y hablará con Hacienda para que reciba a los representantes del sector.
No obstante, sindicatos y empresas han advertido que, de no mediar una solución en los próximos días, se prepara una gran marcha social en Valencia para el 29 de noviembre, con el objetivo de hacer llegar a la sociedad el peligro en que se encuentra la atención de sus mayores, así como diversas concentraciones paralelas para dar a conocer a todo el mundo la indiferencia mostrada por el actual gobierno para con los mayores.
Trabajadores sin sueldos
A fecha de hoy, la Administración Valenciana adeuda cerca de 110 millones de euros a las empresas que operan en el sector, situación que ha provocado la imposibilidad de cobrar los sueldos a muchos de los trabajadores y/o pagar a los proveedores. Esta deuda estructural, que alcanza ya los 12 meses de impagos por parte de la Generalitat Valenciana, se incrementa en 6 millones cada mes que se mantiene esta situación, y pone en grave peligro la red socio-sanitaria de atención a mayores en esta autonomía.
En total, los impagos del Consell con los operadores afectan a casi 200 empresas, más de 15.000 trabajadores y 30.000 personas mayores dependientes, así como a otro centenar de empresas proveedoras, según los datos reunidos por las principales asociaciones del sector y los sindicatos mayoritarios, agrupados en una plataforma en defensa de la atención profesional para los mayores.
En este sentido, desde la citada plataforma que agrupa a los sindicatos mayoritarios – CCOO y UGT- y las principales asociaciones del sector – la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), la red pública concertada de la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS), la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP) y la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario (LARES)- se ha destacado que la situación actual afecta a todos los servicios profesionales socio-sanitarios, que están siendo discriminados en su trato respecto a otros sectores básicos, como son los conciertos sanitarios y educativos.
Denuncian que el Consell no paga a la residencia Virgen del Remedio
EU denunció ayer que la Conselleria de Bienestar Social lleva diez meses sin pagar las plazas de mayores en la residencia Virgen del Remedio, lo que afecta a 47 plazas subvencionadas.
Desde EU acusaron a la consellera Asunción Sánchez Zaplana de permitir que se produzcan estas «situaciones de riesgo en los sectores de población más vulnerables».
La diputada Esther López Barceló ha elevado una pregunta a Les Corts para denunciar la incertidumbre a la que trabajadores y residentes se ven abocados debido a la «insostenible» situación financiera del centro.
Desde EU explican que una de las medidas para paliar las desigualdades sociales consiste en la financiación de plazas en residencias de mayores para personas con graves dificultades. La residencia Virgen del Remedio, antiguamente ubicada en el Asilo de Benalúa, cuenta con 47 plazas subvencionadas de las casi 90 de las que dispone.
«En Alicante existe un déficit notable en recursos para nuestros mayores, y los más perjudicados están resultando ser aquellos que mayor grado de dependencia presentan, en el caso de los residentes de Virgen del Remedio, hablamos de personas a las que la administración tiene el deber de amparar, dadas sus condiciones», señala el concejal de EU Daniel Simón. «No permitiremos que se lesionen derechos fundamentales», añadió.
«Todavía estamos esperando saber qué va a ocurrir con el bloque terminado y reformado que ocupaba la Residencia Aitana en la calle Capitán Segarra y que lleva varios años cerrado a cal y canto. ¿A qué espera Conselleria, a que se caiga por desuso?», se pregunta el edil. Simón explica que «desde que en 2009 cerraron la única residencia céntrica que tenía la ciudad, nos hemos quedado con únicamente dos centros públicos y es inexcusable que no se paguen las plazas».
