Impagos

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Aerte advierte a la Generalitat que sus impagos han puesto a la dependencia en situación crítica

AERTE VALENCIA La continua situación de impagos ha conducido al sector de la Dependencia en la Comunitat Valenciana a una situación crítica, según un comunicado de Aerte. Los más de 100 millones que la Generalitat adeuda a las empresas representadas por la patronal de las residencias para mayores «ofrecen un reflejo de su insostenible situación desde hace más de 8 meses», indica la entidad.
El anuncio de nuevos recortes para atender a los grandes dependientes provocará, no sólo la falta de atención a ese colectivo, sino nuevos despidos, añaden las mismas fuentes. Este es el mapa que ofrece la realidad de la Dependencia en la Comunitat Valenciana, según los portavoces de Aerte.
Una realidad de extrema gravedad, con características comunes. Las empresas del sector de la Dependencia representadas por Aerte no han cobrado ni un solo euro del año 2012, subrayan. La mayor parte de los trabajadores de estos centros no cobran sus nóminas. Existen grandes retrasos en el pago a proveedores, en los casos en los que cobran. Pese a que en reiteradas declaraciones en medios públicos, a principios de año, se ha dicho que tenían preferencia en el cobro los dependientes y especialmente los tutelados de la Generalitat, la realidad es que ningún centro que atiende a este colectivo ha cobrado ninguna factura del 2012, llevando a estos a una situación límite.
Esta situación puede provocar importante desabastecimiento de productos de primera necesidad en los centros de atención a la Dependencia en la Comunitat Valenciana, muchos de los cuales comienzan a tener problemas para la adquisición de alimentos.
Los retrasos en los pagos a la seguridad social están suponiendo unos cargos de demora del 20 % desde el primer día. Hay amenazas de cortes de suministros por impagos. Los trabajadores de estos centros se encuentran en una situación de lógica desmotivación e incertidumbre. El Gobierno Central y el Gobierno Autonómico anuncian más recortes, en un contexto de incremento del desempleo que pone en serio peligro la supervivencia de un sector estratégico, por el servicio que proporciona a la sociedad y el empleo que genera.
Los ahorros provocados por la reducción del cuidador informal sólo pueden ser ética y profesionalmente aceptables si se destinan a la atención de los más de 17.000 dependientes que hoy por hoy no reciben atención alguna. Durante los últimos 8 meses, Aerte está poniendo encima de la mesa soluciones y alternativas sin que hasta la fecha, se hayan recogido ni una mínima parte de sus pretensiones. Ha solicitado diversas reuniones con el Gobierno Valenciano mas allá de las Consellerías de Sanidad y Bienestar  Social, al tratarse de una cuestión transversal que afecta a la política económica. Conviene no olvidar que además de la atención a dependientes, se trata de un sector estratégico que genera no sólo salud, sino empleo intensivo, inversión, tecnología y, con formulas innovadoras, reducción del déficit.
Sin embargo, resaltan los directivos de Aerte, «hace tiempo que la realidad de la Dependencia en la Comunitat Valenciana ha sobrepasado todos los límites, en un contexto adverso en el que las empresas llevan más de ocho meses financiando servicios de asistencia a los ciudadanos valencianos sin que la Administración realmente escuche la realidad que vivimos y sufrimos los que estamos al pie del cañón». «Existe tanto ruido en la calle „remarcan„ que parece que nuestros gobernantes ya no escuchen. El futuro existe, pero si las cosas continúan así, si no se toman decisiones valientes y necesarias, pintan bastos», finalizan.

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La Generalitat no garantiza los pagos a las entidades sociales concertadas

La tensa situación que vivieron las entidades sociales concertadas a finales de julio debido al impago de la Generalitat podría repetirse este mes. La conselleria de Bienestar Social y Familia reconoció ayer que «no puede asegurar al cien por cien» la normalidad en el pago de los conciertos correspondiente al mes de septiembre. Así lo alertó ayer la directora general del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), Carmela Fortuny, que ligó la solución definitiva a la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómica por parte del Gobierno.
A pesar de que los pagos relativos al mes de agosto se produjeron con normalidad, la conselleria que dirige Josep Lluís Cleries tiene aún pendiente saldar la deuda de julio, que en el caso de las entidades sociales asciende a unos 70 millones de euros. Según la conselleria, esta cantidad estaría vinculada al cobro del rescate que la Generalitat ha solicitado.
«La Generalitat trabaja con la idea de que el Fondo de Liquidez que ponga en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy permitiría liberar el presupuesto para hacer frente a los pagos pendientes», dijo Fortuny, que declinó fijar ninguna fecha para ello al finalizar una reunión con la Mesa del Tercer Sector y entidades sociales.
Estas temen que se repita la situación de julio, pero confían en que se encontrará una solución. «De momento se han producido todos los pagos relativos al mes de agosto y confiamos en que el mes de septiembre suceda lo mismo», dijo optimista el director general de la Mesa del Tercer Sector, Toni Codina, satisfecho después del encuentro con el conseller. «El conseller Josep Lluís Cleries ha dicho que pondrá todo de su parte para pagar los retrasos lo antes posible así como para realizar con normalidad los pagos de septiembre y se ha comprometido a mantenernos informados con la máxima transparencia para que podamos anticiparnos a lo que pueda suceder», apuntó Codina, tras la reunión en la que se abordaron los problemas económicos que sufren algunas entidades. Sin embargo si la situación de julio se repite «sería muy difícil tirar hacia delante y por ello debemos trabajar para que no se repita», reconoció el director general de la Mesa.
Después de la crítica situación que sufrió el sector hace un mes, las entidades han vivido este verano en una incertidumbre constante con temor a que se repitieran los impagos y provocaran el cierre de muchos de los centros que salieron adelante gracias a sus ahorros y a las pólizas de crédito. Un segundo impago podría poner fin a la labor de muchas de ellas y pondría en riesgo el conjunto de un sector vulnerable, así como la atención de casi 34.000 usuarios y la continuidad de más de 30.000 empleos.
En el próximo encuentro, que está previsto para finales de este mes, las entidades esperan poder abordar el mecanismo para recuperar el pago pendiente.

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Cleries garantiza que el tercer sector cobrará agosto

El conseller de Benestar Social i Família de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, ha explicado este jueves que espera que la concesión del Fondo de Liquidez Autonómico(FLA) permita afrontar los pagos de septiembre con normalidad. «Con la actual situación competencial tenemos que utilizar todos los instrumentos para refinanciar la deuda, como ir al Fondo de Liquidez, que servirá para afrontar la parte financiera, y permitirá afrontar otros pagos, como conciertos y proveedores», ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio.

Cleries ha explicado que las entidades del tercer sector cobrarán agosto «con normalidad», y que trabaja en la devolución de los 70 millones de euros que quedaron pendientes de pagar en julio, algo que abordará en septiembre con las entidades sociales; respecto a los pagos de septiembre, espera cubrirlos con el Fondo de Liquidez.

Aunque ha remarcado que el fondo servirá para pagar la deuda financiera de la Generalitat, ha puntualizado que el Govern podrá disponer así de los impuestos y dinero propio para efectuar estos pagos. «Es cierto que si todo (el Fondo de Liquidez) quedara en nada, no podríamos pagar, pero estamos buscando todos los fondos posibles», ha explicado Cleries, que ha calificado de imprescindible este préstamo.

Crítica a Feijóo

El conseller ha acusado al presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, de estar «en campaña electoral», después de sus declaraciones este miércoles en las que afirmaba que Catalunya pide mientras Galicia paga. Cleries le ha invitado a consultar las balanzas fiscales y comprobar que «cada día hay 45 millones de euros de Catalunya que se van al Estado y no vuelven», ha asegurado.

«Que no nos quieran dar lecciones, que Catalunya tiene una gran solidaridad y siempre ha estado aportando más de lo que recibe», ha añadido Cleries, que además ha apuntado que esta actitud por parte catalana ahora le da tranquilidad para acudir al Fondo de Liquidez. Por ello, ha pedido a Feijoo «el mismo respeto y estima con el que Catalunya trata a Galicia».

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Cleries ha garantizado el pago de las facturas al sector social concertado a finales de este mes de agosto

El consejero de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, ha lanzado este martes un mensaje de tranquilidad a los funcionarios respecto al cobro de la nómina completa del mes de septiembre y ha reiterado que, pese a los problemas de liquidez del Govern, antes de que acabe agosto abonará los conciertos que adeuda.

En declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press, Cleries ha señalado «que los funcionarios estén tranquilos, las cosas que se hagan se hablarán, pero no hay nada previsto» en este sentido.

De esta forma, ha respondido a la información que avanza ‘La Razón‘ sobre que el Govern no descarta un posible recorte del 25% de la nómina de septiembre de los funcionarios, que les sería abonada posteriormente, con el fin de ganar liquidez el mes de septiembre.

Además, Cleries ha garantizado el pago de las facturas al sector social concertado a finales de este mes de agosto, «si no hay ningún contratiempo de última hora», después de la suspensión del pago de 70 millones de euros de julio debido a las dificultades de tesorería del Govern.

Ha lanzado un mensaje de tranquilidad al sector porque, pese a la delicada situación financiera de la Generalitat, en este año y medio han crecido a 150.000 los beneficiarios por la ley de dependencia y se trabaja en una ley propia de autonomía personal, de voluntariado y de accesibilidad.

«Sufrimos una asfixia fiscal de 45 millones de euros que cada día se van al Estado y no vuelven, y por ello reclamamos el pacto fiscal», ha insistido Cleries.

DIADA

Sobre la manifestación de la Diada, Cleries ha señalado: «Por mucho que vayamos a una manifestación a título personal, no nos podemos quitar la etiqueta de nuestra responsabilidad política«.

Acerca del mismo tema, ha señalado que la próxima semana el Govern tomará una decisión colegiada, y en función de lo que suceda los consejeros irán de forma unitaria, y si no a título individual en función de sus ideales.

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Retrasos en el pago del Plan Prepara deja a miles de personas sin recibir la ayuda

Sola y sin ayudas. Verónica Estevan, valenciana de 37 años, no ha recibido en julio los 400 euros del Plan Prepara y tampoco la ayuda a la dependencia que le reconocieron a su madre el pasado diciembre. “Ni un solo mes”, asegura. Pese a que no tiene que pagar vivienda, las facturas de la luz, el agua o el gas siguen llegando a su buzón. La última, la que tendría que abonar al administrador, la ha devuelto acompañada de la promesa de que la pagará más adelante. Ahora no puede.

Estevan es una de los miles de afectados por los retrasos en los pagos del Plan Prepara que el Ministerio de Empleo dijo que se debían a un «problema contable». En julio tendría que haber cobrado el último plazo de la ayuda que le corresponde, pero sus cuentas bancarias siguen en números rojos. “En el banco me dicen que no puede ser que no sepa cuándo voy a cobrar”, dice. Lo cierto es que no lo sabe. Tampoco sabe en qué momento le ingresarán los 300 euros que le han reconocido como cuidadora familiar de su madre (con una dependencia severa de Grado 2, Nivel 1). “¿Qué voy a hacer cuando no cobre los 400 euros? Pasar hambre”, responde.

“La Administración y yo no nos llevamos bien”, admite. Estevan es una de las 275.000 personas que esperan la ayuda a la dependencia que tienen reconocida, pero que no reciben. El Gobierno ha paralizado la entrada al sistema de los dependientes leves para dedicar sus esfuerzos a los más graves, pero eso tampoco está ocurriendo. Y nadie da una respuesta al otro lado del teléfono: “Me dicen que falta no sé qué firma”. Pero esta valenciana sospecha que tales explicaciones son “excusas para retrasar el pago”. Tampoco en la oficina de empleo le dicen cuándo cobrará el Prepara.

Su madre, de 85 años, es su única familia. Hace tres años le pusieron un marcapasos, hace uno le detectaron un tumor en la columna, cuya operación la ha dejado postrada en una cama. Y hace apenas unos meses sufrió una isquemia intestinal. Entre el pago de medicamentos, una silla de ruedas y un colchón articulado —algunos de ellos gastos reembolsables que tampoco ha cobrado— Estevan se ha gastado sus ahorros. No tiene ni para los pañales, por eso en la farmacia de su barrio — “saben mi situación y me echan una manilla”, explica— le dan los paquetes que reciben de muestra y así no tiene que pagarlos. Otros comercios le fían la compra a la espera de que la ayuda a la dependencia de un respiro a su cuenta bancaría.

El copago de los medicamentos anunciado por el Gobierno en abril, también para los jubilados (que deben abonar un 10% de la factura hasta un máximo de ocho euros mensuales), es otro de los dolores de cabeza de Estevan. Ocho euros al mes no es un gasto elevado en la mayoría de hogares, pero adelantar el coste de los medicamentos —que algunos meses supera los 3.000 euros— en casa de Estevan es misión imposible.

No siempre fue así. Licenciada en Relaciones Laborales y con varios másteres, recalca que para ella el trabajo es “sagrado” y siempre se ha esforzado por hacerlo bien. “Pero la vida me dio un revés”, dice en referencia al fallecimiento de su padre en 2008 y al deterioro de la salud de su madre desde 2009. Antes, tenía un buen sueldo (36.000 euros anuales en su mejor época) y sueños por delante. Ahora, después de reducir su jornada (y su retribución) y después abandonar su empleo, su día se centra en cuidar de su progenitora y llamar insistentemente preguntando cuándo llegará el dinero. “No puedo buscar un empleo si no me ayudan. No puedo dejar a mi madre sola”, explica. “Intenté montar una empresa en casa, para hacer nóminas, pero era imposible”. Tampoco sale y para ir a la farmacia le pide a una vecina que se quede en su casa “por si pasa algo”. Estevan dice sentirse “atrapada” en su barrio.

Desesperada, se tragó su orgullo —“es terrible suplicar y pedir limosna a tus dirigentes”, dice— y escribió un correo electrónico al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidiendo ayuda. “Yo le voté, no me decepcione por favor. Haga algo”, decía la carta. También ha escrito a cargos políticos valencianos relacionados con el bienestar social. Ninguna de sus misivas ha obtenido respuesta. Estevan empieza a pensar que se le agotan las opciones. Sin colchón familiar y sin dinero, los vecinos son su única red de salvación. “Pero los supermercados no dan comida gratis”, dice.

“Yo sé que las cosas están mal, sé lo que es la prima de riesgo y conozco la situación de España”, esgrime. Pero Estevan insiste en que no pide ayuda por capricho, sino por necesidad. “Si recibiera la dependencia podría contratar a alguien y trabajar a media jornada”, afirma con esperanza. Cuenta con orgullo que cuando acudía a su cita con la orientadora laboral del Plan Prepara, ésta le decía que estaba hiper cualificada.

Pero rápido sus palabras vuelven a la realidad: “Estoy desesperada. El daño y las deudas las llevo dentro”.

Carta a Mariano Rajoy

Estimado Sr. Rajoy:

Mi nombre es Verónica Estevan, tengo 37 años y le escribo desde Valencia, sé que no será usted quien lea este mensaje, o simplemente no será leído, pero formo parte del pueblo español y me veo en la obligación de comunicarle mi situación como ciudadana.

Verá usted, yo trabajaba como responsable de RRHH después de pasarme media vida estudiando carreras y másteres y ser muy valorada por mi trabajo; la vida me dio un revés y mi madre enfermó bastante, de manera que primero me reduje la jornada y luego me vi en la obligación de dejar de trabajar para cuidarla, ya que no tengo hermanos ni familia directa; mi madre está encamada y me necesita. Ha sido la decisión más dura de mi vida, me encantaba trabajar, mis nóminas, mi prevención de riesgos, mi selección, mi trabajo… he tenido que rechazar 3 empleos en los últimos 3 años porque mi madre va de mal en peor (lo último ha sido un infarto en el intestino el mes pasado); solicito ayuda en base a la ley de dependencia y no es porque quiera aprovecharme del estado, sino porque la necesito.

Estoy agotada, mido 1,50 (o metro y medio) y físicamente levantar, asear y darle una vida medio digna a mi madre ha hecho que pierda 15 kilogramos en un año, no duermo por la preocupación y sigo esperando una pequeña ayuda de la dependencia, que me dé un alivio económico, físico y emocional. Yo soy una persona, tengo sentimientos, tenía sueños y una carrera profesional por delante, ahora me estoy dejando la piel y la vida por mi madre, lo hago porque la quiero más que a nada en el mundo, porque ella lo merece, porque lo necesita y porque me hace feliz ayudar a quien lo necesita; pero me faltan fuerzas y recursos. No puedo irme a mas de 5 minutos de mi casa por si mi madre necesita orinar, llorar, levantarse o cualquier cosa, de manera que me encuentro presa en mi barrio.

No entiendo por qué no me pagan la silla de ruedas que compré en septiembre del 2011 y me dijeron que me pagarían; no entiendo porque no puede tener un collar o pulsera de tele asistencia por si yo estoy comprando, en el médico o en la farmacia y le pasa algo (la explicación es que no vive sola…); no entiendo que gran mal he hecho al mundo o a este país o a quien sea para que no me ayude nadie en nada.

Estudié mucho, creía en las leyes, creía en la economía, creía en la política, creía en un mañana prospero. Ahora solo creo en el dolor que veo cada día y en que Dios si existe es para ahogar.

Yo sé en qué estado se encuentra España y que debemos apretarnos el cinturón, pero estoy a punto de apretarme el cinturón en el cuello, por favor se lo ruego ayúdeme, haga algo por favor.

Yo siempre he defendido una política económica de derechas porque creo que es así como se genera empleo y consumo, ahora me da dolor de estomago ver las noticias y me vuelve loca no poder trabajar, ver sufrir a mi madre y ver números rojos en mi cuenta. Yo le voté a usted. no me decepcione por favor, mi madre es una excelente persona (yo no tanto).

Gracias por leerme (no creo que lo haya hecho, pero bueno…)

En espera de sus noticias, se despide atentamente,

Verónica Estevan Huerta

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Los consejeros de Economía y Bienestar Social piden perdón por los impagos a entidades sociales

El conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, y el de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, han pedido disculpas por el impago del Govern de la mensualidad de julio de todos los convenios de la Generalitat con las entidades sociales dedicadas a la atención de personas mayores, menores, o discapacitados entre otros. En el inicio de su comparecencia en el Parlament, forzada por todos los grupos de la oposición, Mas-Colell ha pedido disculpas «a las entidades y personas que se han visto perjudicadas” y ha añadido: “Quiero agradecer su esfuerzo y trabajo valioso que hacen cada día, esencial para que la nuestra sea una sociedad cohesionada y ejemplar». Cleries también ha iniciado su intervención elogiando al Tercer Sector social y disculpándose por lo que, ha matizado, es un «atraso» y no «un impago».

“No es un impago sino un aplazamiento”, ha asegurado Cleries, que este viernes ha comparecido en la Diputación Permanente del Parlament para dar explicaciones sobre esta situación, atribuyéndola al Gobierno central que preside Mariano Rajoy. El consejero ha indicado que, a las entidades sociales, el Govern les ha dejado de pagar en total 70 millones, pero matizando que están al día el pago de prestaciones y ayudas como la Red Mínima de Inserción (RMI), el fondo de garantías para el impago de pensiones alimenticias, la dependencia, entre otras.

“Hay una asfixia económica –del Gobierno– que deriva en asfixia social”, ha dicho, recalcando en varias ocasiones que no se puede asegurar que el Govern esté ejecutando políticas antisociales. “No volvemos a la era de la caridad”, ha insistido Cleries, que ha remarcado que desde el tercer sector, pese al aplazamiento de los pagos a las entidades de julio, se ha dado garantías de que todos los usuarios van a seguir recibiendo servicios y que ninguna plaza concertada va a peligrar.

Ha anunciado, además, que su Conselleria ha habilitado un dispositivo para hacer seguimiento y dar apoyo a las entidades, ha indicado que se reunirá con el sector en septiembre y ha sostenido que su departamento ha estado “a la altura”. El conseller ha pedido a los grupos hacer lo posible para que esta situación no se vuelva a producir y ha lamentado que durante los últimos días haya habido informaciones sobre este tema que innecesariamente han creado “alarma social”.

Por su parte, Mas-Colell, ha explicado que el Govern “confía en que la situación se normalice” en el mes de agosto y pueda a volver a pagar al sector concertado tras los impagos del mes de julio y ha vinculado las posibilidades de pago a que “los mecanismos de liquidez del Gobierno tendrían que estar implantados”, lo que permitiría a la Generalitat aliviar su situación de tesorería.

Mas-Colell ha argumentado que la mejora de la situación económica de la UE también repercutiría positivamente sobre la situación catalana, aunque ha lamentado que las “noticias de ayer no son alentadoras”, en alusión a la comparecencia del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi.

Como ya hizo el martes el portavoz del Govern, Francesc Homs, ha responsabilizado al Estado de la dificultades de liquidez catalanas, y ha lamentado esta situación, sobretodo porque “los catalanes son contribuyentes generosos” a las arcas públicas españolas. Mas-Colell también ha insistido en que el impago al sector concertado es fruto de que la ley marca que primero el Govern debe cumplir con sus obligaciones financieras ante vencimientos crediticios, y segundo, debe afrontar las nóminas públicas. En concreto, ha hablado de la necesidad de dar la “confianza absoluta” a los compradores de los bonos que ha emitido la Generalitat en el pasado.

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Las entidades sociales de Cataluña garantizarán la atención a las personas

La presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña, Àngels Guiteras, ha asegurado hoy que las entidades sociales garantizarán los servicios y la atención a las personas, pese a que el Govern de la Generalitat les ha trasladado el problema de tesorería al no pagarles los conciertos de julio.

En declaraciones a Efe, Guiteras ha asegurado que los trabajadores de las entidades «garantizarán los servicios», aunque los problemas de liquidez de la Generalitat «ponen en peligro la viabilidad de muchas entidades».

En este sentido, la Mesa del Tercer Sector está haciendo un seguimiento de todas las entidades conjuntamente con el departamento de Bienestar Social y Familia para evitar que ninguna entidad quiebre y deje de prestar sus servicios.

Según Guiteras, el impago de los conciertos de las plazas asistenciales repercutirá en las nóminas, el pago de los proveedores y la liquidez de las entidades, pero menos en los servicios y atención a las personas, que, ha insistido, «quedan garantizados».

«Nos consta que el Govern prioriza en políticas sociales, pero hemos de pedir que esta situación de falta de liquidez sobrevenida no suceda más, que se prevenga con más tiempo y mirar de que los impagos vayan hacia otros lugares», ha dicho Guiteras.

La presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social, que agrupa a casi 4.000 entidades sociales catalanas, ha lamentado que la Generalitat haya notificado esta falta de liquidez a pocos días de final de mes, lo que ha dificultado la planificación de pagos y servicios por parte de geriátricos y centros de discapacitados, drogodependientes o menores tutelados.

«No ha habido posibilidad de planificación para dar respuesta a los compromisos inmediatos», ha reconocido Guiteras, que ha reiterado que la Mesa trabajará para garantizar la calidad de la atención y los servicios a las personas.

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Los impagos del Gobierno catalán a entidades sociales ascienden a 37 millones

  El Gobierno catalán ha acumulado impagos de 37,3 millones de euros a las entidades sociales de atención a personas mayores, discapacitados, enfermos de VIH y drogodependientes, aunque la mayoría de ellos ya han sido subsanados, según ha explicado este martes la directora del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), Carmela Fortuny, en comisión parlamentaria.

La Consejería de Bienestar Social y Familia de la Generalitat anunció en septiembre que no podía asumir el cose de las entidades sociales y las residencias catalanas por «tensiones de liquidez», aplazando dos meses los pagos, aunque finalmente pudo hacer frente al 65% del coste de los centros colaboradores y el 50% de los concertados.

Fortuny ha reconocido que algunos aplazamientos se han dilatado hasta seis meses, en vez de los dos comprometidos, asegurando que los impagos se han dado en entidades «que se sabía que lo podían soportar», en beneficio de las más pequeñas, y remarcando que los retrasos no han tenido consecuencia alguna para ningún centro ni trabajador.

Las deudas adquiridas por la Generalitat con 421 entidades concertadas en septiembre, ascendió a 14,2 millones de euros y se pagó finalmente en marzo, y los 7,1 millones de euros que se debían a 773 colaboradoras se liquidaron en octubre.

Además, el Gobierno catalán anunció en diciembre nuevos impagos de hasta el 20%, afectando a un total de 148 centros por valor de 16 millones de euros, una deuda que se subsanó en abril, según ha concretado Fortuny, asegurando que actualmente queda «muy poca cosa» por pagar.

Para la diputada del PSC Eva Granados, las cifras que ha aportado Fortuny son «muy disonantes» con las ofrecidas por las entidades afectadas, que han cifrado el impacto de los impagos de la Generalitat en 100 millones de euros, y ha exigido que, además de los impagos del Icass, el Gobierno catalán publique las deudas del resto de Consellerias con las entidades sociales.

SEGUIMIENTO DE PAGOS

Según Fortuny, el Gobierno catalán convocó en septiembre «con carácter de máxima urgencia» una reunión con las principales entidades y patronales para informarles de la situación y creó una comisión de seguimiento de pagos, algo que desconocían el resto de formaciones políticas, según han explicado.

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Unidades de estancia diurna se concentran este lunes por los meses de impago de la Junta

  La Asociación Sevillana de Unidades de Estancia Diurna (Asued), que engloba a una veintena de centros de día de personas mayores concertados, se concentra este lunes en la Avenida de Hytasa de la capital andaluza frente a la sede de la Agencia de Servicios Sociales e Igualdad de la Junta, por el impago de varios meses por parte del Gobierno andaluz.

Así, según han informado a Europa Press fuentes de la Asociación Sevillana, estos centros, los trabajadores y las personas mayores atendidas en los mismos están viviendo «un problema gordo», pues los impagos por parte de la Junta se acumulan desde hace meses, siendo en casi el 70 por ciento de los casos desde el mes de marzo el impago de los conciertos, que son a mes vencidos.

«Es una situación complicado que hay que unir a los problemas derivados del desarrollo de la Ley de Dependencia», han añadido. «El tema de los impagos es la gota que colma el vaso», han lamentado las fuentes de Asued, quienes, de otro lado, han criticado que desde el Gobierno andaluz «no nos ofrecen alternativas y sólo nos dice que no hay dinero».

Por todo esto, desde la Asociación se ha puesto en marcha una serie de iniciativas para dar a conocer la situación y reclamar el pago de los conciertos. Así, a la colocación de pancartas de denuncia en todos los centros de día asociados, se ha acordado cerrar un calendario de protestas que tendrán lugar cada lunes frente a la Agencia de Servicios Sociales e Igualdad, ubicada en la Avenida de Hytasa, o ante la Consejería de Salud y Bienestar Social, en Luis Montoto, en la capital andaluza.

Asimismo, insistirán en su intento de mantener reuniones con responsables de la Junta de Andalucía. Según confirman desde la Asued han mantenido un encuentro con Izquierda Unida, quien se ha comprometido a tener una nueva cita con miembros de su grupo parlamentario en la Cámara andaluza.

Además, aseguran que las unidades asociadas van a comenzar a pedir cita en la Consejería de Hacienda para el pago de los conciertos. Aunque de momento todas las actividades de protesta se van a celebrar en Sevilla, fuentes de la Asociación apuntan a que «el problema es similar en otras provincias andaluzas».

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Ortega dice que el Consell no es responsable de impagos a las trabajadoras del Centro para Mujeres

La directora general de Familia y Mujer, Celia Ortega, ha asegurado este lunes que la Generalitat no es responsable del impago de nóminas a las trabajadoras del Centro para Mujeres en situación de Riesgo de Castellón, según ha informado la Conselleria de Justicia y Bienestar Social en un comunicado.

En este sentido, ha manifestado su solidaridad con las empleadas, y ha explicado que la situación que padecen «deriva de un conflicto laboral con la empresa gestora del centro, para la que ellas trabajan, y que es la única responsable de la deuda». Ortega ha indicado que esta empresa «tiene una deuda a nivel nacional con la Seguridad Social, motivo por el que las mensualidades que abona la Generalitat son retenidas a cuenta de dicha deuda».

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Aerte critica que Consell no sea más sensible a los problemas de Dependencia

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) ha criticado la «insensibilidad» del Consell hacia el sector porque la «deuda de 35 millones que mantiene con los ayuntamientos impide que éstos puedan pagar a los servicios de ayuda a Domicilio».
Aerte ha informado en un comunicado de que la Generalitat «ha pagado a sectores a los que apenas se les adeudaba un par de meses, cuando la deuda con los centros y residente asciende en ocasiones a más de ocho meses».
Por su parte, fuentes de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social han informado a EFE de que, según datos de la Secretaría Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, la deuda que la Consellería mantiene con los ayuntamientos por el Servicio de Ayuda a Domicilio es de 10 millones de euros.
Aerte considera «de muy difícil justificación» que el Gobierno Valenciano «abone sus deudas con las Farmacias y con Educación para evitar cierres y manifestaciones, pero se olvide de las personas en situación de dependencia, que son los más débiles y los que necesitan más apoyo de la sociedad».
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