Impagos
El CERMI alerta a Montoro sobre el riesgo de que se excluya a la discapacidad de los Fondos Estructurales
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha manifestado su «máxima alerta» al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, sobre el riesgo de que se excluya a la discapacidad de los Fondos Estructurales.
A través de una carta, Cayo manifiesta el temor ante una posible desaparición de cuestiones que considera «clave» para la consecución de los objetivos de la Política de Cohesión. «Venimos trabajando en el proceso de reforma de la normativa reguladora de los Fondos Estructurales desde su inicio, habiendo logrado que determinados aspectos esenciales para el sector de la discapacidad estén incluidos en dicho proceso», ha apostillado.
De esta forma, Pérez Bueno ha trasladado la demanda del sector de la discapacidad, representado en España por el CERMI, y en la Unión Europea por el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), en el marco de la estrategia del movimiento de la discapacidad en relación con los Fondos Estructurales.
Para el Comité y para el EDF, los Fondos Estructurales y de Inversión deberán, además de fomentar la cohesión social, económica y territorial, «contribuir a los objetivos de la Estrategia Europea por un crecimiento sostenible, inteligente e integrador».
Sin embargo, el CERMI advierte de que «los objetivos de la Estrategia Europa 2020 no se alcanzarán si los Fondos excluyen a las mujeres, a las personas con discapacidad o a las personas en situación de pobreza».
En este sentido, Bueno subraya que la prevención de las desigualdades o discriminación por motivo de sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual está «claramente establecida» en el Tratado de la Unión Europea, y en la Carta de Derechos Fundamentales.
Asimismo, agrega que la Unión Europea como tal, así como los Estados miembro han firmado la Convención de la ONU, y, de esta manera, si se retirase la condicionalidad ex-ante, «se violaría estas disposiciones de los Tratados fundamentales», y «pondría en riesgo la consecución de la cohesión económica, territorial y social de Europa».
Casi 60.000 catalanes mueren esperando acceder al cobro de la dependencia desde 2007
Un total de 59.750 catalanes han muerto desde 2007 durante el proceso de acceso al cobro de la prestación por dependencia, que arranca con la presentación de la solicitud y culmina con la percepción de la ayuda, el 15,5% de ellos durante 2012.
Lo ha explicado este miércoles en respuesta parlamentaria la consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, que especifica el conjunto de personas fallecidas durante todo el proceso, aunque la pregunta del diputado del PP Pere Calbó solicitaba exclusivamente el número de fallecidos que no habían cobrado pese a que tenían el derecho reconocido en vida a través de un plan de atención individualizada (PIA) –que establece el grado de dependencia y la cuantía a percibir–.
Fuentes de la Conselleria han explicado a Europa Press que la cifra de fallecidos facilitada por Munté tiene en cuenta a todas las personas que han hecho una solicitud, aunque quizás después no cumplieran los requisitos para el cobro, por lo que la han desvinculado de retrasos o errores en los pagos.
El periodo comprendido entre 2008 y 2010 fue el que registró más fallecidos esperando a entrar en el circuito se cobro de la dependencia, con 39.063, el 65,3% del total de los últimos seis años –14.232 en 2008, 13.849 en 2009 y 10.982 en 2010–.
Aunque en 2011 hubo una importante disminución, con 6.862 fallecidos, en 2012 se produjo un repunte de las muertes hasta las 9.301 personas, lo que supone un incremento de un 35,5% en un año.
Todas las cifras desde 2008 quedan muy lejos de las registradas en 2007, cuando murieron 4.521 personas que habían solicitado ser valoradas de su grado de dependencia.
La consejera valenciana de bienestar social recuerda que se han pagado 32 millones a asociaciones en las últimas semanas
La consejera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Asunción Sánchez Zaplana, recordó hoy en el Fórum Europa. Tribuna Mediterránea que durante esta semana y la pasada el Gobierno autonómico ha realizado pagos por valor de casi 32 millones de euros que tenía pendientes de abonar a asociaciones y empresas dedicadas a la discapacidad, un sector con el que el Consell mantiene una importante deuda a pesar de que dichos gastos forman parte de los capítulos de gastos corrientes de la Generalitat.
Sánchez Zaplana explicó que desde que su equipo desembarcó en la Consejería de Bienestar Social el pasado mes de diciembre, después de la última reestructuración del Consell de Alberto Fabra, el trabajo que hemos estado haciendo con la Consejería de Hacienda es pagar los servicios y prestaciones de organizaciones y empresas del ámbito de los servicios sociales.
Tenemos que ser capaces de que las empresas que prestan los servicios sociales del ámbito de la discapacidad, las personas mayores, o cualquier familia, mujer, etcétera, puedan cobrar en tiempo y forma, subrayó la consejera durante su participación en el citado encuentro informativo, organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum.
COMPROMISO CON EL SECTOR SOCIAL
Sánchez Zaplana, que estuvo acompañada en el acto por numerosos representantes del ámbito social, además de compañeros de partido, gobierno y otras administraciones públicas, adquirió un compromiso firme con el sector, al borde del colapso ante los impagos del Consell de Alberto Fabra: Voy a trabajar para que tengan garantizado el pago de los servicios. Creo en ello, aseguró la consejera del ramo.
En este punto, y para concluir su intervención al respecto, Asunción Sánchez Zaplana destacó el papel indispensable que juegan las ONG y el Tercer Sector en general.
Las ONG», manifestó la consejera, «son un reflejo de nuestra sociedad, prestan servicios fundamentales y desempeñan una valiosa articulación de la sociedad civil.
Las consecuencias de la crisis: Geriátricos al límite
“La veo mejor del resfriado. Me voy a casa tranquila”, comenta Mercè Gómez al salir del geriátrico Les Palmeres. Esther, su madre de 97 años, vive allí desde hace seis. Otros 26 ancianos, mayoritariamente mujeres, habitan en esta casa en Santa Maria de Martorelles (Barcelona). Les atiende un equipo de 18 trabajadores (médicos, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, enfermeros, auxiliares de geriatría…) dirigido por Quima García y la propietaria, Manolita Catalán. Llevan 22 años gestionando geriátricos. “Es mi vida y mi profesión, pero estoy al borde del colapso. He puesto mis ahorros y los de mi madre en el negocio. Aun así, debo parte de la nómina a los trabajadores y facturas a proveedores. Lo voy aplazando y los intereses me crujen, porque tiro de Visa. No sé cuánto aguantaré”, dice Manolita, que en verano se llevó un disgusto. La directora le informó de que la Generalitat no podía pagar la factura de junio. La deuda de la Generalitat con Les Palmeres a finales de 2012 era de 68.000 euros.
El impago de conciertos y subvenciones a los proveedores de servicios sociales, que asciende a 70 millones de euros, mantienen al límite a los geriátricos catalanes. Sus representantes aseguran que el 80% corresponde a los servicios que prestan. A finales de 2011 había 61.966 plazas para ancianos (34.907 públicas y 27.059 privadas). Las últimas incluyen las 10.728 en régimen de prestación económica vinculada (PEV), la ayuda personal que recibe el dependiente por ocupar una plaza privada. Esta ayuda debe cubrir los gastos de la plaza (entre 1.384 y 1.864 euros). El pago se reparte, en teoría, en tres partes. Un tercio lo abona el dependiente. El resto, la Generalitat y el Estado, mitad cada uno. En realidad, “pagamos el 79% y Madrid solo el 21%”, se queja el departamento de Bienestar y Familia.
No es el único dolor de cabeza de los geriátricos. Hay que añadir el retraso en cobrar las ayudas a los dependientes. En Cataluña están atendidas en geriátricos, bajo la ley de dependencia, 17.639 personas según el Ministerio de Sanidad. Cuando el dependiente entra en el centro, la Administración “tarda hasta siete meses en abonar el primer pago”, explica Cinta Pascual, presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales. ACRA calcula en otros 50 millones de euros más estos retrasos. “Ahora, además, se han puesto de moda los anticipos”, explica Susanna Santías, directora de la residencia Nature de Castellterçol. Por ejemplo, “si una anciana es muy dependiente (grado III), el coste de su plaza es de 1.864 euros. Si paga 600 euros, los 1.200 restantes los abona la Administración. Sin embargo, anticipa 1.000 y sigue debiendo 200, que se van acumulando”. El Gobierno catalán reconoce el retraso, pero dice que es de entre dos y cuatro meses.
Los 25 trabajadores del geriátrico que dirige Santías cuidan a 52 ancianos (44 en plazas públicas y ocho en privadas). Un empleado por cada dos residentes. “Somos un centro colaborador y por ello cumplimos los mismos requisitos de los públicos en ratio de personal, espacios comunes, medidas de las habitaciones, barreras arquitectónicas…”. La Generalitat debe a la residencia Nature casi 90.000 euros. Santías asegura su cajón para imprevistos “está agotado” y negocia con sus proveedores para reducir gastos como el mantenimiento del ascensor o los extintores, porque hay “cuestiones intocables, como la calidad del servicio asistencial y las nóminas, impuestos y suministros”. Desde 2010 los costes laborales han subido un 9% mientras que el precio por plaza está congelado.
El asunto es “preocupante porque está en juego el impago de la ayuda a los dependientes fijado por ley”, sostiene Iñaki Antón, vicepresidente de la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (ASCAD). Añade que “la deuda asciende a 1.850 euros por plaza pública en centro colaborador”. El ICASS lo niega, dice que tras los problemas de tesorería de julio la situación se ha normalizado. Esta semana el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, anunció que pedirá un plan ICO para “eliminar” la deuda pendiente con proveedores.
ASCAD también denuncia el retraso en la gestión, desarrollo y resolución del PIA. La organización presentó el pasado 21 de febrero una Iniciativa Legislativa Popular en el Parlament que pide que se prioricen los pagos a los ancianos dependientes. Los consultados también se quejan de que los recortes han llegado a los medicamentos como laxantes y mucolíticos y pañales. Santías, en cambio, considera lógico que se haya racionalizado.
Sector sin planificación
En 2012 cerraron 22 centros, según datos Bienestar y Familia, que rechaza que sean atribuibles al impago de julio y los retrasos, porque la media en años anteriores es “similar”: entre 18 y 25 al año desde 2008. Los 106 cierres en cinco años “se produjeron por decisión del centro o por orden judicial. Entre otros casos por incumplimientos contractuales”.
Las residencias también han vivido su burbuja. Durante la época de crecimiento económico, surgieron como setas, algunas con servicios de alto nivel que ahora la Administración ni está dispuesta a pagar ni puede hacerlo. Tampoco hubo planificación, se crearon en lugares sin demanda. Santías subraya la necesidad de racionalizar el gasto y que las plazas públicas sean para las familias sin recursos.
“El sector”, en palabras de Pascual, “trabaja con gente mayor y hay mucha, lo que es una ventaja, pero si no alcanza el 90% de ocupación no es rentable”. Antes la ocupación estaba garantizada, pero ahora pocas familias se lo pueden permitir. Los privados tienen un 12% de plazas vacías. Mientras, hay 15.000 esperando, según el sector. ACRA propone que la mitad de las ayudas a cuidadores no profesionales se destinen a las residencias. Se cubrirían todas las plazas públicas en espera y se crearían 10.000 empleos, aseguran.
El tercer sector denuncia que le deben 600 millones y estudia reclamar intereses
La presidenta de la Mesa de entidades del Tercer Sector de Catalunya, Àngels Guiteras, ha dicho que las administraciones les deben 600 millones de euros, de los que 400 millones corresponden a la Generalitat, y ha asegurado que se están planteando reclamar los intereses correspondientes.
En declaraciones al canal 3/24, Guiteras ha señalado que hasta ahora no se han planteado reclamar los intereses correspondiente a la deuda que las administraciones tienen con estas entidades, «y lo tenemos que hacer». El tercer sector atiende actualmente 1,7 millones de usuarios y la falta de apoyo financiero complica su actuación.
Guiteras ha recordado que en Cataluña hay 300.000 familias con hijos que no tienen ingresos, una cifra que se ha quintuplicado desde el 2007. La presidente de la Mesa del Tercer Sector ha denunciado cambios en los criterios de los concursos públicos de las administraciones para adjudicar servicios sociales y ha insistido en que en la atención a las personas ha de «primar la calidad del servicio».
Catalunya cierra 107 geriátricos en los últimos cinco años
Un total de 107 geriátricos han cerrado desde 2008 en Catalunya, con una media anual de 20 clausuras que se ha mantenido estable pese a los impagos de la Generalitat, que aún adeuda a los centros los conciertos correspondientes a julio de 2012, según datos de la Conselleria de Benestar Social i Família.
Fuentes del departamento que lidera Neus Munté han explicado a Europa Press que se han cerrado algunos centros pero también se han abierto otros, y han desvinculado los cierres de la crisis y de los retrasos en los pagos de la Generalitat, después de que las patronales del sector lo hayan achacado a la deuda de la administración pública catalana. «La cifra de cierres no ha variado de un año a otro, por lo que no es posible vincularla a la crisis o a los retrasos», sostiene la Conselleria, que ha añadido que cuando un geriátrico cierra es por decisión propia, o bien por orden judicial por deudas acumuladas o irregularidades en los pagos.
En 2008 cerraron 19 residencias; en 2009, 20; en 2010, 21; en 2011, 25, y en 2012, 22, lo que supone una reducción de dos respecto al año anterior, aunque la cifra se ha mantenido estable desde el inicio de la crisis.
La presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (Acra), Cinta Pascual, cifró en su última comparecencia en el Parlament en 50 millones los retrasos en los pagos de la Generalitat, aunque la Conselleria asegura que «cuando se aprueba una prestación económica vinculada (PEV) para que un residente ingrese en un centro, hay un margen de dos o tres meses hasta regular el pago, que se acaba haciendo con carácter retroactivo».
Deuda no reconocida
El presidente de la patronal de pequeñas y medianas residencias catalanas Upimir, Vicente Botella, ha alertado a Europa Press de que «la Generalitat no reconoce las residencias los retrasos correspondientes a las PEV», ya que es una modalidad de prestación que se abona directamente a los usuarios, aunque la mayoría de veces se dirige a los centros para agilizar trámites.
Por eso, algunas residencias han empezado a entregar facturas simbólicas a los usuarios en que se les informa de la deuda que acumula la Generalitat por su plaza: «A los residentes les pagan con tres o cuatro meses de retraso, pero a los centros nos pagan hasta un año más tarde», ha afirmado Botella.
Deuda por plaza
Botella también han explicado que la Generalitat adeuda 1.600 euros de media por cada plaza colaboradora y 1.900 por cada una de las concertadas, por lo que ha alertado de la «asfixia» del sector. Además, ha cifrado la deuda acumulada en entre un 12% y un 20% de la facturación anual de los centros: «Es muy difícil sobrevivir así. Tenemos beneficios pero no liquidez, porque la Generalitat no nos paga».
Geriátricos asfixiados por los impagos
Los impagos de la Generalitat no solo afectan a las farmacias catalanas, sino también a los geriátricos con plazas públicas o concertadas. El sector denuncia “la asfixia” financiera que padece y que, según la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (ASCAD), en parte, explicaría el cierre de 25 centros el año pasado, cifra que podría crecer durante el 2013. “Estamos haciendo de avaladores de la administración”, denuncia su presidente, Andrés Rueda. Con el objetivo de sensibilizar a los usuarios de la situación, algunas residencias han optado por repartir circulares a las familias notificando la deuda impagada que acarrea cada plaza. E, incluso, algunas de ellas han hecho aportaciones económicas para evitar que el servicio acabe resintiéndose.
La deuda pendiente de abonar por parte de la Generalitat alcanza los 31, 29 millones de euros, una cantidad que corresponde a la nómina impagada del mes de julio del año pasado. Los representantes del sector, además, se quejan de la lentitud a la hora de recibir las prestaciones económicas del Programa Individual de Atención (PIA) y de la incertidumbre del día en que cobrarán cada mes. “La factura de enero nos la abonaron el día 4 de febrero”, informa Rueda. Evidentemente, esta demora no contabiliza como “impago”, pero tiene un efecto negativo en las arcas de los centros: “Casi todos aplazamos el abono de impuestos, como el IVA, el IRPF, la Seguridad Social, con lo cual hacemos una pelota que todavía encarece más el producto”, dice el presidente de la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (Upimir), Vicente Botella. Además, explica que “como nadie reconoce la deuda, el banco no les presta dinero”.
Solidaridad de los usuarios hacia los centros
Los trabajadores, la mayoría mileuristas, también se han visto afectados: el impago del mes de julio dejó a muchos sin la totalidad de una nómina o parte de ella, y en ocasiones cobran tarde la mensualidad. La consecuencia es que “los recibos llegan con recargos bancarios”. Esto, explica Rueda, desemboca en “un estrés ambiental” ya que los empleados están “más irascibles y tienen menos paciencia”. La situación es “caótica”, ratifica el vicepresidente de ASCAD, Iñaki Anton, y explica que los centros destinan el dinero que perciben entre un 90% y un 95% a cubrir gastos. También añade que la cantidad que abona la Administración por cada plaza pública está congelada desde hace tres años, lo cual reduce aún más el margen de beneficio.
Con el objetivo de hacer partícipe a los familiares de los usuarios de las dificultades por las que atraviesan los centros, algunos han empezado a repartir hace semanas circulares donde notifican la deuda que tiene cada plaza. Cuando los familiares ven las cifras “se solidarizan” con ellos y sienten “indignación de pensar que a una persona dependiente no se le está pagando lo que corresponde”, explica Botella. Cuando se produjo el impago de verano, Gregorio Manzano decidió hacer una aportación económica al centro donde está ingresada su madre. “El personal estaba nervioso porque veía que si eso iba a más, se quedaría sin trabajo”. Y añade que hay familias que «lo están pasando muy mal” económicamente y no se pueden permitir abonar lo que la administración “no paga”.
ILP contra los impagos de la Administración
El pasado 5 de marzo diversas patronales del sector y ASCAD presentaron ante el Parlament una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para blindar al gran dependiente y elevar la obligatoriedad del pago a la resolución de las sentencias judiciales, es decir, al máximo nivel legislativo posible. También reclaman un calendario a la Administración catalana donde se comprometa a devolver el dinero atrasado. “Dar una fecha es imposible”, comentan fuentes de la Generalitat, ya que dada la situación «es difícil hacer el esfuerzo de poder pagar lo que se debe”.
El Govern recuerda que la ley de la dependencia tenía que ser sufragada a partes iguales entre Estado-Generalitat, “pero a la hora de la verdad el Gobierno español da una cantidad fija de dinero por cada plaza –que es la misma para todas las comunidades autónomas- sin tener en cuenta que el precio de la plaza en un centro catalán es más caro que en otros sitios”. Según estas fuentes, actualmente la Generalitat costea en un 80% las ayudas a la dependencia, mientras que el Estado abona el resto. También comentan que el Govern está trabajando en “una ley de la dependencia catalana” que promueva la “autonomía personal”. Y concluyen: “Si cada vez el Estado nos ahoga más recortando sus aportaciones a políticas sociales, la ley de la dependencia no será asumible”. Pero aún así, aseguran que se atiende a la gente “cuando toca”.
En esta línea el presidente de Upimir denuncia que otras comunidades, como Madrid, gastan menos de la mitad por persona dependiente que Catalunya, donde se genera “unos 1.000 euros de déficit” por plaza al mes. Y prosigue: “Cuando se hace una ley y no se tiene dinero es lo que ocurre”. Una de las propuestas de esta asociación de pequeñas y medianas residencias es “aumentar el copago” en función del nivel de renta de los usuarios.
El sector teme que si la situación no mejora, continúen cerrando más centros colaboradores y concertados. Y es que cuando esto ocurre, los usuarios “se derivan allí donde la Generalitat encuentra plazas”, comentan las mismas fuentes. En algunas ocasiones son personas que llevan ingresadas hace años en la residencia. “Moverlas en su estado de salud mental y física no les hace ningún bien”.
Desahuciada una residencia de ancianos en Madrid por impagos
Una comisión judicial ha procedido hoy al desahucio de una residencia de ancianos en El Escorial debido al impago del alquiler del inmueble. Los 55 mayores que vivían en el edificio han sido reubicados en otros centros a lo largo del último mes, pero la plantilla, formada por 27 trabajadores, se encontraba en las instalaciones, al no haber recibido la comunicación de su despido por cierre.
Tras acceder al edificio, pasadas las 10 de la mañana, la comitiva judicial ha levantado acta sobre el estado del geriátrico y del mobiliario que se encontraba en el interior mismo, para después dar las llaves a los representantes de la propiedad. Según han explicado a Europa Press representantes de los trabajadores, el desahucio se ha producido porque la empresa que gestionaba el centro debía «varios meses» de alquiler a los propietarios del inmueble.
«No nos dan carta de despido, no nos dan paro, no nos dan nada. Tenemos que buscarnos la vida para conseguirlo. Está la gente muy desanimada. Hay gente con hasta cinco nóminas pendientes. No tenemos ni carta de despido ni nada. Oficialmente seguimos trabajando para la empresa, pero sin ningún centro de trabajo», ha explicado uno de los trabajadores.
Este mismo empleado, no obstante, se ha mostrado esperanzado pues ha indicado que los representantes de la propiedad del edificio les van a aportar la documentación que demuestra que se ha producido el desahucio para que puedan iniciar la tramitación y así poder recibir la prestación por desempleo. «El abogado del dueño del inmueble nos ha dicho que en lo que pudiesen nos iban a ayudar», ha puntualizado.
Los trabajadores han señalado que «no se explican» cómo se ha llegado a esta situación, pues según ellos, cada residente pagaba «entre 1.800 y 2.000 euros» y de las 60 plazas de la residencia, «55 estaban ocupadas».
APOYO A LOS TRABAJADORES
Para apoyar a los trabajadores, ha acudido una representación de la Plataforma 15 M de El Escorial y el portavoz del partido Acción Plural, Mariano Rodríguez, en la oposición del Ayuntamiento de El Escorial.
«Los dueños del negocio parece que son unos incumplidores natos, que a base de incumplir sus obligaciones económicas con la propiedad, las consecuencias son estas, y afectan a terceros que son los residentes y los trabajadores y se van de rositas», ha señalado el concejal.
El parón en la Ley de Dependencia afecta ya a 700 vecinos de Cádiz
Cerca de 700 vecinos de la capital, 689, están pendientes de que la Junta de Andalucía apruebe los expedientes para obtener las ayudas previstas por la Ley de Dependencia. De este grupo, que no para de crecer desde que se aprobó esta norma en 2007, hay 522 a los que todavía no se les ha asignado el grado de dependencia, medida esencial para optar al Plan Individual de Atención. El resto, aunque ya cuenta con este Plan, que lo elaboran las trabajadores sociales del Ayuntamiento, todavía están a la espera de la propia administración regional pues de ella depende la valoración técnica que les permita optar a la ayuda procedente de la misma Junta.
«Todo el sistema está colapsado ya que desde hace meses la Junta de Andalucía no aprueba ninguna ayuda nueva. Ya no resuelve casos. Ahora la Delegación Provincial de Servicios Sociales se limita a realizar una primera criba para trasladar la documentación en Sevilla. Allí se realiza otra criba pero con todas las solicitudes de la región y para al final aprobar una o dos peticiones para todo el conjunto. Por si fuera poco, además de no ampliar los beneficiarios de la Ley de Dependencia, no cubre tampoco las vacantes que quedan por el fallecimiento del implicado, lo que le permite un ahorro para sus presupuestos pero toca de lleno a la economía de las residencias donde se encuentran alguna de estas plazas.
«La Junta se basa en excusas efímeras e incluso en la falta de dotación presupuestaria para intentar justificar este silencio», se lamenta la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Carmen Sánchez, que destaca que si en 2012 existían 503 personas que disfrutaban el servicio de ayuda a domicilio por dependencias, en la actualidad se ha rebajado a 427 gaditanos, debido al fallecimiento de los restantes quedando sus puestos sin cubrir.
El Ayuntamiento de Cádiz puso en marcha hace unos años, como forma de complementar lo previsto por la Ley de Dependencia y asumiendo que la burocracia podía restar efectividad a la misma, el Servicio de Ayuda a Domicilio.
En la actualidad este programa atiende a 230 personas que le supone a las arcas municipales una inversión de 1,3 millones de euros. Por lo tanto «ese es dinero que la Junta se ahorra y que nosotros pagamos. Pero no solo eso, además tenemos convenios con entidades como la Cruz Roja, que ofrece a través del Programa Urbana un ‘kit’ para personas dependientes, como pueden ser la colocación de agarradores de duchas, barras para escaleras o la dotación de cucharas ergonómicas, así como otros servicios como cursos para las personas que se encargan de los cuidadoras del dependiente. Este servicio de ayuda a domicilio posibilita que haya personal que ayude al dependiente a ir al baño o les haga las comidas o las labores domésticas de las viviendas», destaca la concejala Carmen Sánchez.
Menciona a técnicos en esta materia que «consideran que la mejor opción tanto para mayores como para personas con movilidad reducida es acudir a centros asistenciales, donde la atención al mayor es continuada las 24 horas del día y siempre por personal cualificado. Por lo tanto, es indignante que la Junta no acepte ni una nueva alta ni realice la revisión de los planes individuales de atención.
ACRA reclama en el Parlamento el pago de la deuda de julio
La presidenta de la Asociación también señaló la necesidad de las empresas y entidades asistenciales de cobrar inmediatamente, de lograr un pacto con las entidades bancarias para todo el sector, y del mantenimiento de los presupuestos de Servicios Sociales
ACRA compareció ayer ante la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración, a petición del grupo socialista y conjuntamente con otras organizaciones del sector, para informar respecto de la afectación del impago del ICASS de las cantidades previstas por julio del 2012 por los centres colaboradores, concertados y de gestión. Respecto de esta deuda, que asciende a los 70 millones de euros al conjunto de colectivos de Servicios Sociales, la presidenta de ACRA, Cinta Pascual, apuntó como esenciales las siguientes reclamaciones: Definir el calendario de pago de la deuda de julio, el pago inmediato del resto de atrasos, así como de los nuevos ingresos, que se haga público el detalle de la deuda real con los diferentes colectivos, el establecimiento de una relación más apretón entre el sector y el Departamento de Economía y Conocimiento a partir de la creación de una mesa con reuniones periódicas y el logro de un pacto con las entidades bancarias para todo el sector.
Igualmente, y en relación con la sostenibilidad presente y futura del sector, la representante de ACRA compartió con los grupos parlamentarios asistentes una serie de propuestas prioritarias, de entre las que destaca el mantenimiento de los presupuestos del Servicios Sociales por este 2013, la reclamación al Gobierno central que haga efectiva a la Generalitat la parte que le corresponde (33%) de la financiación de la LAPAD, que los centres colaboradores, concertados y de gestión, tengan la misma consideración que los servicios públicos. Además, Pascual recordó dos medidas por las cuales ha sido trabajando desde la pasada legislatura, como son la flexibilzación de las ratios de los profesionales (para adaptarlas a las necesidades de las personas grandes usuarias de los servicios) y la aplicación del tipo superreducido del IVA del 4% para todos los servicios, sea cual sea su naturaleza.
Por otro lado, la presidenta de ACRA expuso que si el 50% de las actuales ayudas al cuidador profesional se destinaran a la transformación de nuevas plazas de residencia y de centro de día dentro del sistema público se podrían reducir las actuales listas de espera solucionando la problemática de las plazas privadas vacías que hay al sector (12,5%), generando hasta 5.000 nuevos puestos de trabajo al país. Igualmente, también propuso que se optimicen los recursos existentes para actuar como verdaderas plataformas de servicio.
Contexto y efectos del impago de julio
Pascual, que inició su ponencia recordando la composición del sector catalán de la atención a la gente mayor y haciendo especial mención al hecho que se trata del colectivo con más número de servicios y la partida presupuestaria más importante de la ICASS, enmarcó el impago de julio en un complicado contexto para las empresas y entidades asistenciales que ya arrastraba una congelación tarifaria desde el año 2010, unos importantes incrementos en cuanto a los costes de la actividad (especialmente en cuanto al capítulo laboral con un aumento del 9%), el cierre de crédito por parte de las entidades bancarias, así como también atrasos por parte de la Administración en los pagos de los nuevos ingresos (pues no se empiezan a pagar hasta después de unos 7 meses del ingreso), así como en los pagos de las nuevas valoraciones, en las actualizaciones de los anticipos y en las PEVS.
En este escenario, el impago de julio generó nuevas dificultades por los centros y sus trabajadores como que, en determinados casos, todavía queden pendientes de pago nóminas de los profesionales de los centros afectados. Aun así y a partir de los datos del IDESCAT, la representante de ACRA explicó la perspectiva de crecimiento poblacional en Cataluña, en concreto en cuanto al incremento exponencial del grupo de edad de personas mayores de 80 años, cosa que hará todavía más insostenible el actual sistema catalán de atención a la Dependencia.
Precisamente, en respuesta a las preguntas de los diputados asistentes, Pascual expuso que un modelo sostenible es aquel en el cual el coste del servicio no es más alto que su precio y, concretamente, se refirió a la delicadísima situación de los centros de día para gente mayor catalanes, la viabilidad de los cuales se complica cada vez más a causa, entre otros aspectos, de las insuficientes tarifas públicas, el incremento en las obligaciones en cuanto al horario de atención y el nuevo perfil de los usuarios, unas problemáticas que ACRA no ha dejado de reivindicar tanto en el pase, como en la actual legislatura.
Los recortes en la ley de dependencia también afecta a menores
APPEII promoverá una Iniciativa Legislativa Popular contra la supresión de la tarjeta roja sanitaria a los menores con discapacidad
APPEII promoverá una Iniciativa Legislativa Popular contra la medida adoptada por el Gobierno Valenciano de María del Carmen González Asensi, presidenta de la Asociación de Pacientes Pediátricos con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (APPEII), ha presentado en la Consellería de Sanidad una carta remitida al Conseller Llombart, en la que le solicita la realización de una reunión urgente para trasladarle las gravísimas consecuencias que está teniendo en el colectivo de los menores con discapacidad, la supresión del párrafo segundo del artículo 16 del Estatuto de las Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana.
Asturias «se encuentra en situación de emergencia social»
El salario social «no puede esperar más» porque Asturias «se encuentra en situación de emergencia social». La de ayer no era la primera vez que en la Junta General se ponía el acento sobre el retraso -ahora de hasta 19 meses-, que acumula el Principado en abonar la renta básica. Es decir, la que debe llegar a los asturianos con ingresos inferiores a los 530 euros al mes y que ahora perciben más de 20.000, con las 8.365 nóminas en vigor. Sin embargo, sí fue la primera en la que los grupos que sustentan al PSOE en el Gobierno asturiano -IU junto con UPyD- ponían límite a ese retraso, que actualmente afecta a a 6.122 solicitudes. Ninguno le da «ni un minuto más».
Así lo plantearon tanto la portavoz de la coalición y exconsejera de Bienestar, Noemí Martín, como el del Grupo Mixto, Ignacio Prendes, a la titular de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz. Aunque le mostraron «toda nuestra solidaridad», al entender que el colapso en la gestión de esta paga «no es atribuible a los nueve meses que lleva en el Gobierno», ambos coincidieron en asegurar que «es un problema que supera a su consejería. Es un problema del Gobierno y es el presidente, Javier Fernández, quien debe actuar».
Porque los 6.122 expedientes pendientes de resolver en la actualidad, en algunos casos desde hace 19 meses, tienen detrás a más de 15.000 asturianos. Una cifra que evidencia «que Asturias está en situación de emergencia social», afirmó Ignacio Prendes, mientras que Noemí Martín apuntaba que la solución «consejera, se lo digo por experiencia, no está en Bienestar. Es un problema de Gobierno y es al Ejecutivo al que debemos instar a que actúe».
Nuevo programa informático
Las peticiones de los diputados de IU y UPyD llegaron después de que la propia Esther Díaz afirmara que «no es aceptable» el retraso que «acumulamos en la respuesta» y anunciara el fin del colapso «para 2014». Porque para esa fecha estará ya en funcionamiento «la nueva herramienta informática» en la que Bienestar Social y Vivienda invertirá 170.000 euros. Un programa «que llega con siete años de retraso», porque la propia consejera reconoció que el salario social, en vigor desde diciembre de 2005, se lleva a cabo «con una hoja de excell».
Esther Díaz fijó para los próximos días «la publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) de la licitación de ese programa», que debe estar aprobado en abril «con un plazo de ejecución de 30 semanas», por lo que «estará en funcionamiento a finales de año». Con el programa y la incorporación «de nueve personas al departamento de salario social», así como el sobre esfuerzo «que todos los funcionarios de la consejería están haciendo, ya que, en sus ratos libres, todos tramitan peticiones», se marcó como objetivo «acabar con el atasco en 2014».
«No hay fraude»
Un objetivo que, a juicio de Ignacio Prendes, «es un fracaso total», por lo que insistió en urgir al presidente regional «a una intervención». Esta posición no encontró solo apoyo en IU, sino que también las fuerzas de la derecha se mostraron convencidas de que la solución de la gestión de la renta básica «no pasa sólo por su consejería», apuntó la diputada de Foro Asturias, Esther Landa. Fue, precisamente, una interpelación suya la que dio pie a la comparecencia de la consejera, cuyo discurso enfadó a la diputada, hasta el punto de que golpeó varias veces el atril mientras repetía: «No me responde a nada, no me responde».
Mientras la consejera aseguraba que «sí respondo, como a su pregunta sobre si hay fraude, pues no lo hay, ya se lo digo yo», desde el Partido Popular la diputada Victoria Delgado anunciaba una inmediata proposición no de ley de su grupo «para acabar con el silencio administrativo. Si el Principado no responde en seis meses una petición de salario social, ésa se debe dar por aprobado automáticamente».
Aerte asegura que la Generalitat se compromete a liquidar la deuda de 2012 en junio como «mes límite»
La patronal del sector de la dependencia en la Comunitat Valenciana, Aerte, ha asegurado este jueves que la Generalitat se ha comprometido a liquidar la deuda de 2012 en junio «como mes límite» y que a partir de julio se resuelva la de 2013 «hasta que todos los centros queden en una situación de pago de 90 días».
Así lo ha indicado en un comunicado en el que ha indicado que estos han sido los compromisos «más apremiantes» asumidos por la Generalitat en el transcurso de una reunión mantenida este miércoles con la entidad, que contó con la presencia del vicepresidente del Consell, José Císcar y la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, con varios miembros de la Junta Directiva de Aerte, encabezados por su presidente, José María Moreno, y Alberto Echevarría, presidente de la Federación Española de la Dependencia.
Aerte planteó en el encuentro, del que ha destacado el «clima cordial favorable al entendimiento mutuo», la resolución de los expedientes pendientes. En este sentido, ha asegurado que los responsables de la Administración valenciana vieron «viable» la resolución de las Prestaciones Vinculadas al Servicios (PVS Residenciales), de Centro de Día y de Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) «en un corto plazo de tiempo», un compromiso «que condicionaron a ser ratificado con Hacienda, por tratarse de un asunto presupuestario, pero que fue bien recibido por la capacidad de generación de riqueza y empleo que se reconoció al sector de la dependencia».
La asociación ha calificado como «viable» su objetivo de que al menos 4.000 prestaciones –entre Bonos y PVS Residenciales– y otras 1.400 prestaciones existentes –entre Bonos y PVS de Centro de Día– «puedan resolverse y mantenerse en el sistema, a pesar de que la asociación esperará los 30 días de plazo solicitados para recibir una respuesta en firme por parte de la Administración».
«PASO ADELANTE ESENCIAL»
José María Moreno ha valorado haber podido trasladar «de primera mano» la problemática del sector a «altos niveles» del Consell, así como los compromisos asumidos por parte de la Generalitat valenciana, «de gran relevancia pues garantizan la supervivencia del sector dependencia valenciano, de las empresas y centros representados por Aerte y en particular, garantizan la atención a los más de 20.000 pacientes a los que presta servicio».
El presidente de Aerte ha mostrado su «gratitud» a los miembros del Consell presentes en la reunión «por su disposición, la voluntad de resolución de problemas manifestada y en particular, su actitud positiva frente al carácter estratégico del sector dependencia».
Aerte reclama a la Generalitat Valenciana un plan de creación de empleo y atención a dependientes
La Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte) va a mantener un encuentro este miércoles con el vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, para transmitirle una batería de propuestas que palien la situación que atraviesa el sector y que cuenta con el aval de la propia Consejería de Bienestar Social.
Según ha explicado a Redacción Médica la gerente de Aerte, María José Mira, el punto principal sobre el que gira su propuesta es el desbloqueo de los expedientes que están pendientes desde 2009 y que afectan a personas en situación de dependencia que cuentan con valoración positiva pero a los que, “según la Generalitat, no se les adjudica la prestación por falta de presupuesto”. La propuesta de Aerte pasa por resolver estos expedientes y poner en marcha de un plan de empleo y de creación de plazas, “porque los retornos que supondrían para la administración la creación de esas plazas son más elevados que lo que gastaría”. En este sentido, Mira recuerda que según un informe elaborado por la propia patronal “cada euro que invierte la administración en dependencia, el retorno es de 1,3 euros, además de la generación de empleo”.
Así, Aerte propone “equilibrar las plazas existentes entre las concertadas, con un mismo número de plazas con prestaciones que reciben los usuarios”. Esta medida supondría el establecimiento de alrededor de 1.000 nuevas plazas en un tiempo prudencial, así como la cobertura de las bajas producidas en los últimos meses, medida que para Aerte generaría un mínimo de 500 puestos de trabajo estables, evitaría la destrucción de empleo actual en los centros, así como unos retornos económicos vía tributaciones que revierten en la administración.
“Hay 11.000 personas en la Comunidad Valenciana con prestación vinculada al servicio profesional reconocida, pero que no la reciben”, explica Mira. De ellas, “solo 2.000 o 2.500 tendrían acceso a una prestación residencial, el resto son prestaciones vinculadas a centros de día o ayuda a domicilio”. Pero además, “hay otras 8.000 que tienen reconocida una prestación de cuidador no profesional y que también están sin resolver”. “Creemos que esta propuesta, además de solventar la situación de unas personas a las que están obligados a atender porque tienen el grado de dependencia reconocido, supondría no asfixiar a las empresas más de lo que están”, explica Mira.
Y es que la deuda de la Generalitat con las empresas de Aerte es muy elevada, hasta 50 millones, y viene, en algunos casos, desde 2011. “La deuda no es solo de 2012, sino también de 2011 y todo 2013”, recalca Mira, que asegura que cuando llegó a Valencia el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico se produjo un agravio con ciertas empresas, porque lo que se pagó “fue las plazas de accesibilidad social” que ofrecen “solo 10 empresas”. Es decir, la administración regularizó la deuda que mantenía con esas empresas hasta octubre, mientras que “el resto de empresas no cobró”. En este sentido, Mira considera que “no fue un problema de Bienestar Social”, que de hecho, les ha asegurado que tiene intención de “regularizar toda la deuda hasta diciembre de aquí a junio, y a partir de entonces comenzar a pagar la deuda de 2013”. El problema es que la resolución del problema no corresponde a la Consejería que dirige Asunción Sánchez, sino que depende de Hacienda.
El exalcalde de Oria, en huelga de hambre por el impago a 31 empleadas de una residencia que lleva su nombre
El exalcalde de Oria (Almería) Bartolomé Sánchez Moreno se ha declarado este martes en huelga de hambre para protestar por la situación que atraviesan 31 trabajadoras de una residencia de mayores que lleva su nombre y a los que la empresa concesionaria del servicio adeuda nueve nóminas, motivo por el que han realizado una serie de protestas y han iniciado una huelga indefinida.
Así lo ha explicado a Europa Press el propio exregidor, quien con algunos trabajadores ocupa el salón de plenos del Ayuntamiento de Oria, gobernado actualmente por el ‘popular’ Marcos Reche, a la espera de que la empresa Geriátricos Urbanos S.L. que gestiona la residencia acceda al pago de las nóminas, ya que en tres días debería producirse el abono de un décimo salario.
La residencia, edificada durante el mandato de Sánchez Moreno, mantiene actualmente a 40 ancianos que siguen asistidos mediante un acuerdo de servicios mínimos por el que el 33 por ciento de los trabajadores dedicados a la atención directa a los usuarios deben garantizar la prestación de los servicios sanitarios, de aseo personal, alimentación y medicación, así como las tareas de cuidados especiales, según el acuerdo publicado en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este martes.
Así, a pesar de los encuentros mantenidos entre la empresa, los trabajadores y la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, en los que se pactó que las empleadas recibirían la pasada semana al menos cuatro de las nueve nóminas adeudadas, la sociedad concesionaria no ha abonado las nóminas. En este sentido, Sánchez Moreno ha afirmado que la Junta se mantiene al día en los pagos a la empresa.
«No hay muchas esperanzas de cobrar porque la empresa dice que no tiene ni un duro», ha dicho el exprimer edil, quien añade que la sociedad gestora «no ha justificado» a qué se debe el impago de las nóminas. En este sentido, los trabajadores se han reunido nuevamente este martes con el delegado de Bienestar Social, Alfredo Valdivia, para tratar de hallar una solución, según Sánchez Moreno.
El exalcalde ha manifestado su intención de permanecer en huelga de hambre hasta que la empresa no abone todas las nóminas a los trabajadores, se atiendan las normas de eficiencia de la residencia y la Junta de Andalucía no retire la concesión de la gestión a la adjudicataria por incumplimiento de contrato y conceda la gestión a otra empresa solvente.
Centros de dependientes valencianos exigen al Consell el pago de 50 millones
La patronal del sector de la dependencia en la Comunitat Valenciana, Aerte, pedirá al vicepresidente del Consell, José Císcar, un calendario de pagos para las empresas del sector en el encuentro que mantendrán este próximo miércoles. El objetivo de la reunión es “lograr un plan objetivo que permita resolver los pagos aún pendientes, casi 50 millones de euros correspondientes a 2012 y la deuda acumulada durante los dos primeros meses de 2013”.
En el caso de la provincia de Castellón, Aerte representa a 30 centros y residencias de mayores, a los que el Consell todavía adeuda ocho millones de euros. En este sentido, la patronal recalca que la situación económica por la que atraviesan sus empresas asociadas es “insostenible” y algunas de ellas “todavía no han cobrado nada durante el año 2012, otras empresas cuentan con partidas de pago de años anteriores aún pendientes de pago y hay empresas con facturas sin pagar correspondientes de 2011”.
Para los centros y residencias de mayores y dependientes resulta esencial que esta deuda pendiente “pueda incorporarse a la relación de pagos que se prevé puedan activarse durante la próxima semana, así como establecer un calendario de pagos efectivo para este año, con el fin de evitar un incremento de la deuda que termine generando un círculo vicioso”.
PLAZAS CONCERTADAS // Asimismo, considera “imprescindible” una regulación para limitar las plazas concertadas en los centros privados, equivalente a dos tercios de sus plazas autorizadas, y un reconocimiento de las plazas de bono -sistema de concertación de plazas válido desde hace 20 años de la Comunitat- en la red de plazas públicas.
A este respecto, la patronal propondrá medidas que, sin incrementar los costes a la Administración, permitan reducir la lista de espera de dependientes, que en la actualidad roza las 11.000 personas. En un primero momento, se planteará establecer alrededor de 1.000 nuevas plazas, así como la cobertura de las bajas producidas en los últimos meses, lo que, según los cálculos de Aerte, “generaría un mínimo de 500 puestos de trabajo”.
Cabe señalar que este sector genera en la provincia de Castellón unos 3.000 puestos, entre empleos directos e indirectos.
Los colectivos de pensionistas gijoneses, «defraudados» con Bienestar Social
«Esperemos que no, pero dada la postura que mantiene la concejala de Bienestar Social con los jubilados de La Camocha igual tenemos que cerrar las puertas». Ovidio González, presidente de la Asociación de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados «El Costeru» de La Camocha, ve «muy negro» el futuro del colectivo ante la falta de apoyo del Ayuntamiento, tal y cómo expresó en la última asamblea a sus socios. «No hay recursos económicos y tampoco explicaciones desde Servicios Sociales», critica González, para quien Eva Illán, edil de Bienestar Social, «no cumple con ninguno de sus compromisos».
Según asegura Ovidio González, el Ayuntamiento se había comprometido a convocar en diciembre el Consejo Local de Personas Mayores, donde él representa a las asociaciones de mayores junto a su homólogo del hogar de pensionistas El Descanso, de El Coto, así como a reunir a todos los presidentes de estas asociaciones para orientarles acerca de la cuantía de las subvenciones para este año, la documentación para pedirlas así como la fecha para la firma del nuevo convenio. «No sabemos nada de nada, a excepción del tema de las aulas para mayores», lamenta González.
Una incertidumbre que le hace poner en duda la continuidad de «El Costeru». «Sería una gran pena tener que cerrar después de diez años de trabajo», señala. En la asamblea ordinaria presentó a los socios del colectivo el programa de actividades para 2013 pese a «estar en el aire» si pueden realizarlo al no conocer las ayudas que recibirán. «Estamos muy preocupados y decepcionados con el Ayuntamiento», sentencia.
Una visión que comparte Constantino García, presidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Santa Bárbara. «No nos llama nadie. Nadie nos dice nada ni sabemos nada del convenio de este año. Desde que entró esta Corporación todo es diferente para mal. No sabemos si nos van a quitar o nos van a dar más», indica antes de agregar que «los veo algo reacios o raros con estas asociaciones».
Enrique Domínguez, presidente del hogar de pensionistas El Descanso, de El Coto, y representante en el Consejo Local de Personas Mayores, también se siente «un poco defraudado» con el Ayuntamiento porque «dicen una cosa y luego no la cumplen». Aunque «es en general algo de todos los políticos, hay muchos recortes», matiza, antes de agregar que «eso de todo gratis para nuestros socios se ha terminado». Bajo su punto de vista, «hay que darle un poco más de tiempo» al gobierno local, algo en lo que coincide con José Luis Vázquez, presidente del hogar de Contrueces, quien todavía da «un voto de confianza» a la concejala de Bienestar Social.
Aplazado el desahucio de una octogenaria en La Coruña por impago de un mes de alquiler
La comisión judicial ha aplazado el desahucio de una octogenaria en La Coruña por impago de un mes de alquiler, previsto para este lunes, una decisión comunicada por los representantes de la Plataforma Stop Desahucios que desde primera hora de la mañana se concentraron ante su domicilio.
Media hora antes de la hora prevista para el desalojo, a las 10.00 horas, numerosas personas se congregaban ya ante el inmueble donde reside Aurelia Rey, el número 9 de la calle Padre Feijoo de La Coruña, portando pancartas con lemas como «Casas sin gente, gente sin casas» o «Corrupción Justicia cómplice».
Finalmente, unas 200 personas se han concentrado ante la vivienda de la mujer, que lleva residiendo más de 30 años en el inmueble, y a la que arroparon con lemas como «Aurelia no se va, Aurelia se queda» o «Vivir es un derecho, tener casa también», proclamas que, junto a otros, como «Sí se puede» que se volvieron a repetir cuando, sobre las 13.00 horas, se comunicó la decisión de la comisión judicial.
Durante toda la protesta, la mujer ha permanecido en su casa, que abandonó a primera y última hora de la mañana para reiterar sus denuncias sobre la actuación de los propietarios del inmueble. Así les ha acusado de «querer» echarle de su vivienda, situada en el centro de la ciudad y por la que paga 126 euros con una pensión de 356 euros.
También ha calificado de «abuso» su posicionamiento en las negociaciones que representantes de la Plataforma Stop Desahucios han mantenido con ellos para evitar el desalojo, tras la sentencia de un juzgado.
APOYO POLÍTICO
En las últimas semanas, la Plataforma Stop Desahucios de A Coruña ha llevado a cabo distintas concentraciones ante el domicilio de Aurelia, sin familia y que se ha negado a irse para una residencia, opción que le ofrecieron desde el Ayuntamiento herculino.
En ellas, ha pedido que, por «humanidad» y dada su avanzada edad, se le permitiese en la casa, alegando también que los dos problemas de impago que tuvo –uno en 1999 y otro en marzo de 2011, el que originó la sentencia judicial– fueron abonados con posterioridad.
En la protesta de este lunes, han participado tanto miembros de la Plataforma como ciudadanos anónimos y representantes políticos, entre ellos la viceportavoz de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) en el Parlamento gallego, Yolanda Díaz; el portavoz del BNG, Francisco Jorquera y concejales del Ayuntamiento de A Coruña como José Manuel Carril (BNG); César Santiso (EU) o las socialistas Gloria Vázquez o Yoya Neira.
UNA «INJUSTICIA SOCIAL»
«No son desahucios, son asesinatos», «No es una crisis, es una estafa» han sido algunos de los lemas que se han coreado durante la concentración. Durante la misma, la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, ha calificado de «indecencia» el intento de desalojo de esta mujer, mientras que el portavoz del BNG en el Parlamento gallego, Francisco Jorquera lo ha calificado como una «injusticia social».
Además, ha manifestado que espera que la admisión de la iniciativa legislativa popular presentada en el Congreso no sea «una maniobra de distracción» por parte del PP «y luego se paralice en la tramitación», ha advertido al defender la dación en pago u otras alternativas, como la moratoria de los plazos en el pago, para evitar «este drama», ha añadido.
NUEVA PROTESTA
Tras tres horas de espera, con presencia de Policía Nacional y Local en la calle donde reside Aurelia y hasta cinco vehículos policiales en las proximidades, finalmente no se llevó a cabo el desalojo. Al no conocerse la noticia del aplazamiento, Aurelia Rey se mostró agradecida y así lo transmitió a los participantes en la protesta bajando de nuevo a la calle.
Para el martes la Plataforma Stop Desahucios tiene previsto secundar una nueva concentración, en esta ocasión ante los Nuevos Juzgados de La Coruña, a partir de las 09.30 horas.
Sobre el caso de Aurelia, su portavoz en La Coruña, Joaquín Díaz, ha criticado la actitud del edil de Servicios Sociales, Miguel Lorenzo, al que ha acusado de «dejación de funciones» por «su gran amistad», ha dicho, con familiares de los propietarios del inmueble, de los que ha asegurado que buscan «especular» con el piso donde reside la anciana.
