Recortes
La crisis y el parón de la dependencia vacían las residencias valencianas
Los geriátricos de Castellón funcionan a medio gas. El largo brazo de la crisis se extiende por todas partes. También ha llegado a las residencias de la tercera edad, sobre todo a las privadas, un nicho de mercado en el que, en plena burbuja inmobiliaria, se embarcaron promotores inmobiliarios, bancos, aseguradoras y otras compañías que vieron la posibilidad de obtener una buena rentabilidad y que hoy afrontan la realidad de ver cómo las camas se están quedando vacías.
A un buen número de familias no les ha quedado otra opción que sacar a sus mayores de la residencia y volver a acogerlos en sus casas, ante la imposibilidad de hacer frente a los gastos que supone la estancia en una residencia privada. Una plaza cuesta una media de entre 900 y 1.000 euros mensuales. Eso si es una habitación compartida. En el caso de las habitaciones individuales la tarifa supera los 1.300, una cantidad que pocas familias pueden asumir. Y eso se nota mucho. Prácticamente ningún centro de la provincia ha cerrado su balance anual sin plazas libres. En el año 2008, la mayoría tenía colgado el cartel de completo.
La plena ocupación de que gozaba el sector hace cinco años ha ido disminuyendo poco a poco. En la Comunitat Valenciana, según datos de la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia (Aerte), existen unas 5.000 plazas libres, de las que más de un millar están en Castellón. “La situación por la que atravesamos es mala y lo es por dos circunstancias. La primera porque las familias ya no tienen dinero para costear una plaza y la segunda es por el parón de la ley de la dependencia. La Conselleria prácticamente no concede ninguna nueva ayuda y hay personas que han solicitado la prestación vinculada al servicio, en este caso la estancia en una residencia, y aún no se les ha concedido”, reconoce Francisco Artola, director de Residencial Azahar del Mediterráneo, ubicada en Castellón.
Aunque motivos hay varios, en el sector todos coinciden en afirmar que el culpable de que las residencias funcionen a medias es el paro. “Cuando el subsidio por desempleo se acaba los mayores dependientes son llevados de nuevo a casa, con lo que la pensión se ha convertido en parte del ingreso familiar desde hace dos años. Hemos tenido casos de residentes que han vuelto con sus hijos porque gracias a la pensión podía ir tirando toda la familia”, coinciden en todos los centros privados consultados.
2.400 MAYORES EN GERIÁTRICOS // Las cifras que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que en la provincia hay 2.378 personas mayores que viven en alguna de las 35 residencias especializadas existentes. Son muchas menos que hace tan solo dos años. “Ahora mismo tenemos un 40% de plazas libres y no son más porque hemos hecho una política brutal de ajuste de precios”, reconoce la directora de otra residencia de la provincia.
Aerte asegura que en estos momentos existen entre un 30 y un 40% de camas disponibles y para que un centro sea rentable deben tener cubiertas, al menos, el 80% de sus plazas. Conclusión, a algunos centros no les ha quedado otra que echar el cierre. Otros están aguantando como pueden. En Valencia y Alicante ya han cerrado varias residencias por falta de rentabilidad, aunque en Castellón, de momento, todas tratan de aguantar como pueden.
Con ser importante, el de la salida de mayores de las residencias no es el único problema que la crisis ha provocado en el sector. Las ayudas o, mejor dicho, la falta de ayudas de la Administración pública por esa falta de recursos es otro de los grandes hándicaps con los que las empresas del sector deben apechugar cada día.
Y es que, con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en enero de 2007, los precios de las residencias deberían estar subiendo en lugar de bajando debido a las exigencias que las Administraciones imponen para que los establecimientos cumplan con un sinfín de requisitos a todos los niveles, tanto de instalaciones como de personal. Las empresas cumplieron e invirtieron millones confiando en el respaldo público, pero este no llega.
GENERADOR DE EMPLEO// Desde el sector no se dan por vencidos. Con los datos en la mano, reivindican el papel que pueden llegar a desempeñar las residencias de dependientes. “Por cada euro que invierte la Administración hay un retorno en este mismo año de 1,30 euros. Si se llenaran todas las plazas vacías que hay en la Comunitat se crearían más de 2.000 puestos de trabajo”, insiste María José Mira, directora general de la patronal del sector Aerte.
Pero no todas las residencias viven la misma situación. En Castellón hay tres tipos de infraestructuras y las privadas son solo una parte del sector. Las hay que son públicas (bien de titularidad municipal o de la Generalitat) y otras que funcionan vía concierto, es decir, pertenecen a una empresa privada pero el Consell les subvenciona determinadas plazas. Un ejemplo: si la estancia de una persona mayor cuesta 1.000 euros, la Generalitat paga 400 y el usuario los 600 restantes.
Aunque la situación de los centros públicos y con plazas concertadas no es tan mala como la de las residencias 100% privadas (hay varias residencias municipales en la provincia que prácticamente tienen llenas el 100% de las camas), este tipo de instalaciones tampoco pasa por su mejor momento. El Consell les debe parte del concierto del 2012 y todo este año. “Poco a poco van pagando, pero lo que la Administración valenciana adeuda al sector sigue siendo una cantidad muy importante. Muchas residencias siguen adelante gracias a los ayuntamientos”, reconoce el director de un centro público.
Asturias impulsa la Ley de la Dependencia, casi 500 nuevos beneficiarios en un mes
Asturias impulsa la Ley de la Dependencia. La frase, reiterada en numerosas ocasiones por el equipo de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda encuentra respaldo en las cifras. En solo un mes, cerca de medio millar más de nuevos beneficiarios. Una cifra casi clónica a la rebaja sufrida en la lista de espera. Por primera vez, en Asturias hay menos de 3.000 personas en el ‘limbo’, denominación que da el Observatorio de la Dependencia a las personas que, con derecho a una ayuda o prestación de la ley, aún no la reciben.
Así lo demuestran los datos estadísticos a que ha tenido acceso EL COMERCIO, los relativos a la evolución de la Ley de la Dependencia en Asturias. Unas cifras que aún no ha hecho públicas el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), puesto que, según explica en su web, se encuentra aún en proceso de revisión de los datos para cumplir lo apuntado por el Tribunal de Competencia. No obstante, otras fuentes apuntan a que la nueva estadística evidenciará lo que ya apuntaba en su último informe el Observatorio de la Dependencia: que la ley está prácticamente paralizada.
Sin embargo, las cifras enviadas por el Principado a Madrid evidencian que, al menos en Asturias, la norma que da derechos a las personas sin autonomía personal sigue en marcha. Dicen los expedientes que son ya 18.553 las personas con derecho a recibir un servicio -centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, residencia o asistente personal- o una prestación, ya sea para pagarse un servicio en la red privada o para cubrir la nómina de un familiar que le cuide en su casa. De ellas, 15.560 lo reciben ya realmente, una cifra que supone una merma de seis expedientes respecto al mes de marzo.
Fuera del sistema
Según fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, esa disminución, así como la de solicitudes, se debe a la desaparición de los diferentes niveles de la dependencia. En la gran reforma de la ley, la aplicada por el Gobierno central en julio pasado, la dependencia quedó solo limitada a grados -III, II y I- mientras que se eliminaban los niveles -1 y 2- que diferenciaban cada grado.
Eso supuso, en la práctica, el primer gran recorte, ya que todos los dependientes de nivel I quedaron fuera del sistema, incluso los de nivel 2, que ya tenían derecho a un servicio o prestación.
Al recorte de beneficiarios se suma, en clave positiva, la de asturianos en el limbo. Según las cifras oficiales, son 2.993 quienes ya saben que tienen derecho a una ayuda, pero no la reciben. Se trata de 466 casos menos en un mes, una tasa que desde el Principado se cree posible superar en breve, ya que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda ha rechazado paralizar la ley para revisar cada caso, tal y como pretende el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Los nuevos beneficiarios optaron, mayoritariamente, por los servicios. Sólo 39 pidieron que les cuide en casa un familiar, aunque la cifra eleva a 8.686 las pagas al cuidador no profesional, la prestación más alta de la región, pese a que la ley la considera ‘excepcional’. De entre los servicios, el geriátrico ha sido el más castigado. De acuerdo a las cifras oficiales, son 2.805 los asturianos que utilizan una residencia con cargo a la Ley de la Dependencia. Son 143 menos en un mes.
Las familias con dependientes menores denuncian abandono
No representan un volumen importante dentro del millón y medio de españoles que no pueden valerse por sí mismos, pero los menores dependientes y sus familias rozan en muchos casos la exclusión social, sobre todo tras los recortes de la ley de dependencia. Los representantes de las asociaciones que defienden a este colectivo escondido entre las grandes cifras denuncian que tienen problemas específicos y que atraviesan una situación muy complicada, con ayudas siempre escasas. Las familias se sienten abandonadas. Hasta César Antón, director del Imserso, el organismo gubernamental que gestiona la ley de dependencia, reconoce que presentan «mayores necesidades, ya que a menudo se exige la dedicación plena de miembros de la familia».
El caso de Aleix Obregón es ilustrativo de estos graves apuros. Pero hay muchos más, auténticos dramas médicos y económicos. «El milagro para la mayoría de estas familias es vivir cada día», asegura en Toledo José Luis Gómez-Ocaña, padre de dos hijos, de 9 y 16 años, con una enfermedad degenerativa (Tay-Sachs) incurable. Es mortal, y no se conocen casos que hayan superado los 18 años de edad. Los dos son grandes dependientes y a ambos se les ha reducido la ayuda en un 15%. «Necesitan cuidados -explica- las 24 horas del día por las crisis que sufren. No controlan esfínteres. El mayor no habla y al pequeño ya no se le entiende. En mi casa no entra más sueldo que el mío de profesor, recortado también. Mi mujer dejó de trabajar hace unos años para cuidarlos».
PRIMERO, QUE COMAN
Gómez-Ocaña, coordinador de la plataforma en defensa de la ley de dependencia de Castilla-La Mancha, asegura que «en contra de lo que se cree, los casos más graves y dramáticos de dependencia suelen ser de niños y jóvenes». La mayoría, según el perfil elaborado por la plataforma, afecta a mujeres que tienen que dejar de trabajar para dedicarse casi todo el día a sus hijos, con lo que implica de coste económico y, sobre todo, emocional y físico. No tienen descanso y a eso se añade la tensión de si van a poder hacer frente a los costes de rehabilitaciones y terapias. «Llega un momento en que la situación es agobiante, tiene que explotar por algún lado. Hay gente que se encuentra al límite», apostilla.
De los cinco miembros de la familia cordobesa López Cortés, dos hijos tienen enfermedades graves. Juan, de 12 años, ha de estar siempre encamado y Julia, de 6, sufre una enfermedad psicofísica. El padre está desempleado y sin derecho a prestación y tiene una incapacidad física que le obliga a usar silla de ruedas. El hijo mayor, Pablo, de 19 años, se ha marchado a Alemania a ver si logra ganar y enviar algo de dinero. «Mi marido y yo nos hemos planteado dejar de comer para poder comprar las medicinas. Lo primero es que los niños coman, luego ya veremos los mayores», dice Amelia, la madre y la única que aporta algo de dinero limpiando casas o incluso pidiendo en la calle.
«Un menor de edad impacta mucho más. Estas familias tienen un problema específico y muy limitada sus capacidad de respuesta, aunque reciben algún tipo de prestación. Es un colectivo que está pasando por una situación calamitosa», asegura José Miguel Delgado Trenas, trabajador social en el centro de evaluación de la dependencia de Córdoba.
«SI ESTO NO ES UN CALVARIO…»
Palmira Castellano preside la plataforma en defensa de la dependencia de la Comunidad Valenciana y es la madre de Sara, a la que diagnosticaron una enfermedad que se caracteriza por convulsiones intratables y retraso mental. Han de apañárselas con los 425 euros mensuales de ayuda. «Las personas mayores tienen un final. En estos casos es para toda la vida», subraya.
Dolores, de 44 años, es otro ejemplo. Dejó su empleo de cocinera en Madrid al nacer su hijo hace 4 años y le dieron la «paguilla» de 520 euros para atenderlo. Sufre encefalopatía epiléptica catastrófica, que le impide moverse y le roba la vista, y exige cuidados permanentes como un bebé. Ahora, viuda, cobra 418 euros y ha de pagar 200 de alquiler. «Si esto no es un calvario…», musita.
Autonomía Personal y Dependencia: Una Ley en el corredor de la muerte
Por su interés, reproducimos el post de Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en su blog http://www.lawyerpress.com
No hace ni siete años que se aprobaba en España una Ley, la de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, así rezaba su denominación oficial, que a pesar de sus muchas insuficiencias parecía inaugurar algo inédito en nuestro país, a saber, el abordaje de las necesidades sociales más básicas de extensas capas de población –personas mayores y personas con discapacidad que precisan apoyos intensos para su autonomía individual- en clave de derechos. Este clase de necesidades no había tenido hasta entonces una respuesta firme en términos de derechos, por lo que con reticencias y aprensiones, que las hubo, y justificadas, tanto por el modo en que se hizo como por el resultado obtenido, fue saludada como un avance social. El lance estaba hecho, y podía concluir más o menos bien, a reserva de la intervención del azar, que como dijo el poeta nunca puede ser abolido.
En estos casi siete años de despliegue, un sino aciago parece haberse apoderado de esta Ley, frustrando amargamente las expectativas de cientos de miles de personas y de sus familias que aguardaban, en una suerte de justicia histórica, tan desacostumbrada para ellas, el comienzo de una cierta reparación a una demanda tan antigua como insatisfecha. Los motivos de este fracaso social, particularmente cruel por lo mucho que prometía y sobre todo por a quienes lo prometía, no son solo económicos, no son ni siquiera principalmente económicos, aunque la aguda crisis de estos últimos años haya precipitado el fracaso que se gestaba.
¿Dónde estarían pues las causas de este resultado adverso? ¿Acaso España como comunidad política es incapaz de un proyecto ambicioso de mejora colectiva destinado a las partes de la ciudadanía más castigadas? ¿Si el fin perseguido suscitaba un amplio consenso social y político, qué ha malogrado su consecución? Las concausas son variadas, como siempre que nos enfrentamos a hechos complejos. Citemos algunas, las más notables. Defectos de origen, como la no incardinación de esta modalidad de protección social en la esfera de la Seguridad Social que por suerte sigue siendo atribución del Estado, y que la hubiera dotado de estabilidad y dirección única. Lejos de eso, el precario título competencial sobre el que se ha desarrollado, ha condenado al naciente sistema a quedar a resultas de la rebatiña permanente entre la Administración central y las Comunidades Autónomas, colocándolo en una tierra de nadie, que más parece cementerio inerte que campo abonado para dar frutos. Defectos de despliegue, producto de una gobernanza anómala sin centro de decisión definido ni participación de aquellas partes de la ciudadanía que son las destinatarias naturales de sus pretendidos beneficios. Falta de buena fe y clamorosa ausencia de lealtad institucional de los operadores políticos llamados a implantarla, que se han desangrado en estos años en disputas partidistas improductivas, como si las miras altas estuvieran vedadas a los responsables públicos. Y la crisis, también la crisis, pero en menor medida y a título de falsa coartada, que todo lo excusa y justifica.
Estos días se anuncian nuevos recortes en materia de autonomía personal y dependencia, y durante un tiempo, esta situación terminal reverdecerá un tanto en los medios y algún eco llegará a la opinión. Pero como los temas sociales carecen de prestigio en nuestra vida pública, el asunto pasará, sin pena ni gloria. El golpe de gracia puede estar avecinándose y quedarían solo los engorrosos trámites de todo deceso, el levantamiento del cadáver, la partida de defunción, la autopsia. Una Ley y un sistema de protección social condenados por las culpas de otros, espera en el corredor de la muerte. La fecha fatídica se acerca o al menos eso parece. Como en las películas norteamericanas, queda una última esperanza, que el Gobernador telefonee comunicando la conmutación de la pena. En esas estamos, con la soga al cuello. ¿Quién nos salvará?
Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)
Los ajustes en discapacidad deben hacerse con «solidaridad»
El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, ha solicitado a las administraciones públicas que los ajustes se hagan con «solidaridad e inteligencia» para que «no redunden en los más desfavorecidos», durante la presentación del informe ‘El impacto de los planes de austeridad de los Gobiernos Europeos y de España sobre los derechos de las personas con discapacidad’, presentado este martes en la sede de la Representación de la Comisión Europea en España.
Asimismo, Durán ha destacado que la crisis ha dado lugar a «un cambio que ha perjudicado a las personas con discapacidad», perjudicando principalmente a las mujeres y a los jóvenes, sobre los que ha manifestado que «atraviesan una situación dramática».
Respecto al documento, las conclusiones recogidas revelan que «los planes de austeridad europeos tienen un impacto muy negativo sobre los mecanismos de promoción y protección de las personas con discapacidad». Asimismo, recoge que estas medidas de austeridad han «afectado gravemente» a los derechos de las personas con discapacidad.
Además, el texto apunta que «los beneficios, los programas y los servicios se verán afectado por los recortes, provocando la restricción de la participación del colectivo en la sociedad en cuanto al empleo o la educación».
En cuanto a los servicios sociales, el trabajo recoge una reducción de «la capacidad de servicio y el aumento de la demanda de dichos servicios». En este sentido, señala que mientras que «los fondos para el empleo protegido y subvencionado habían disminuido –lo que provocó el cierre de muchas iniciativas en este ámbito–, la demanda de los servicios había aumentado».
Por su parte, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, ha subrayado que los retos futuros de la discapacidad pasan por «mantener las cuotas de inclusión de derechos y bienestar conseguidos, hacer una toma de conciencia que favorezca la activación del colectivo y revisar las políticas de discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos».
Cayo también ha expresado la «necesidad» de hacer una «revisión» del modelo –del movimiento asociativo–, que tenga en cuenta la sostenibilidad, además de «valorar la convergencia asociativa y aprovechar las oportunidades para ganar espacio más allá de Europa, con vistas a una internacionalización del movimiento asociativo de la discapacidad».
AUMENTO DESEMPLEO Y POBREZA
Por otro lado, el secretario general de la Plataforma Europea de Rehabilitación (EPR) y coordinador del estudio, Jans Spooren, ha explicado que los datos procedentes de las estadísticas de la Unión Europea muestran que «las tasas de desempleo y riesgo de pobreza de las personas con discapacidad aumentaron desproporcionadamente desde el inicio de las crisis». Asimismo, ha asegurado que los beneficios de la Seguridad Social vinculados a la discapacidad han sido «recortados gradualmente». «Las personas con discapacidad están experimentando cada vez más desigualdades ante el acceso a servicios sociales y sanitarios y el sector de la educación a sido particularmente afectado por las medidas de austeridad en los países con las crisis económicas más severas», ha agregado.
Por último, el consejero del CES Europeo en representación de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna, ha destacado que «no es momento de retroceder más en el ámbito de la discapacidad, sino de buscar soluciones creativas que permitan continuar el camino empezado para alcanzar la plena inclusión del colectivo y sus familias».
Aerte desaprueba que el Gobierno «pueda siquiera plantearse un nuevo recorte en los derechos de las personas dependientes»
Para Aerte, Patronal de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, los nuevos recortes anunciados por el Gobierno en Dependencia impedirían a miles de dependientes vivir con un mínimo de dignida, vulnerando, con esta medida, los derechos de los dependientes y faltando, a su vez, al compromiso que asumió el Estado con la población dependiente, cuyos recortes anunciados de forma unilateral por el Gobierno, son rechazados por Aerte.
Según la patronal de la dependencia en Comunidad valenciana, esta nueva medida de ajuste, junto a los retrasos en los pagos, la disminución de beneficiarios de las prestaciones, el incremento del copago por los dependientes y todos los expedientes bloqueados que dejan sin atención a miles de dependientes con derecho reconocido, certifican la extinción objetiva de la Ley de Dependencia.
Así lo ha manifestado María José Mira, directora general de Aerte, quien ha subrayado la contradicción que supone recortar en la aplicación de derechos fundamentales para las personas Dependientes mientras que, por otro lado, se mantienen estructuras de despilfarro que hacen más injusta e insostenible la situación en la que se encuentran nuestros Dependientes.
Para la directora general de Aerte, no es de justicia que en España se destinen fondos públicos millonarios como grandes obras e infraestructuras que no ofrecen rentabilidad, cuando la alternativa que se ofrece como ahorro sea dificultar, aún más, el día a día de miles de personas dependientes y especialmente vulnerables.
Máxime cuando se ha demostrado con estudios independientes la rentabilidad económica del sector en retornos vía impuestos como IVA o IRPF, recaudación en seguridad social, etc, que suponen los fondos destinados a este sector, así cómo el impacto directo sobre el empleo, dado que se genera un trabajador directo por cada 2 plazas residenciales según la legislación existente.
Obviamente el simple anuncio de aplicación de nuevas medidas de recortes, además de ser socialmente perversas -dado que afectan a aquellos ciudadanos más débiles- conllevarían una destrucción de empleo más elevado que en otros sectores por la misma argumentación anterior. Aun se entienden menos estos anuncios, afirma la directora general cuando los políticos actuales no dejan ocasión para declarar su preocupación por las estadísticas de desempleo.
María José Mira califica estos nuevos ajustes presupuestarios anunciados como “medidas impropias de un sistema democrático comprometido con la salud y la calidad de vida de sus ciudadanos”.
Cuando el pasado julio el gobierno anunció modificaciones en la Ley Dependencia que racionalizaban su aplicación, Aerte inocentemente aceptó dichas medidas por entenderlas como un comienzo de exigencia hacia la profesionalización del sector asumiendo que así, la ley de dependencia, se convertía en una ley de servicios.
Siempre creímos, señala Mira, que con los ahorros que se generaban al aplicar medidas de ajuste, como la modificación en los criterios del copago, se iban a atender a las personas en situación de dependencia que todavía no están asistidas. Nunca imaginamos, comenta la directora general de la Patronal, que los ahorros irían encaminados a recortar presupuesto directamente.
Aerte anuncia demandas judiciales
Ante esta situación y tal y como propusieron y aprobaron los asociados de AERTE en su reciente Asamblea General anual, la patronal de la Dependencia sólo ve una solución a la cegera e incapacidad que muestran nuestros dirigentes y que nunca se ha querido aplicar: aconsejar a los dependientes a que emprendan acciones jurídicas que puedan traducirse tanto en la reclamación del cumplimiento de la Ley de Dependencia en sus plazos, como en el respeto a la libertad de elección del usuario que ésta establece.
Aerte también ha anunciado otras acciones jurídicas como recursos contra las órdenes de Bono (por entender que se tratan de plazas concertadas de centros que deben de tratarse equitativamente que el resto de operadores del sector) y contra la supuesta firma de un contrato que sólo beneficiaría a unas pocas empresas en detrimento de la gran mayoría del sector cuando el coste de dichas plazas es justo el doble que las ayudas de la dependencia; así como contra los concursos públicos del sector que se liciten por debajo del coste legal.
La patronal no ha tenido más remedio que personarse, por tratarse de un tema que afecta a la mayoría de sus asociados, en todos los recursos presentados por algunas empresas que defienden una falsa exclusividad del concierto de sus plazas frente a cualquier otro tipo de financiación pública.
Las plataformas por la Ley de Dependencia plantan cara al “hachazo” del Gobierno
La Coordinadora estatal de plataformas en defensa de la Ley de Dependencia se ha sumado a las críticas de varias organizaciones hacia los recortes que el Plan Nacional de Reformas 2013 (PNR), presentado el 26 de abril tras la reunión del Consejo de Ministros, contiene en materia de dependencia. En palabras de la asociación, la rebaja en el gastosupondrá una «condena a la exclusión social, e incluso a la muerte» para miles de personas.
De acuerdo con las estimaciones del PNR, los recortes en atención a personas dependientes ascienden a un total de 1.108 millones de euros sobre lo presupuestado para este año. Dado que la partida inicialmente consignada era de 1.087,18 millones de euros, los cuidados que costea el Estado no podrían ser financiados, ya que el saldo sería negativo: -20,82 millones de euros si el Ejecutivo cumple al máximo el objetivo de ahorro. «Es un hachazo definitivo a la Ley de Dependencia yun acto de profundo desprecio hacia la vida humana«, asegura al respecto el portavoz de la coordinadora, José Luis Gómez-Ocaña.
Sobre el fondo de la cuestión, Gómez-Ocaña opina que se trata de una cuestión ideológica: «Es evidente que la Unión Europea le ha pedido al presidente Rajoy una cabeza, y Rajoy, en un acto de valentía suprema, ha ofrecida la cabeza de la dependencia, de los más débiles, que pasan a tener cero medios», afirma, y añade que en ningún caso pueden señalarse los recortes como una cuestión económica: «Antes de julio de 2012, la dependencia suponía un gasto del 0,6% del PIB. No era una cantidad importante. Lo que ocurre es que quieren trasladar el negocio de los cuidados al sector privado».
Así, la plataforma asegura que «en paralelo al desmantelamiento de la ley» han surgido varias compañías aseguradoras privadas que ofrecen prestaciones para dependientes. «El objetivo es que el que pueda pagarse un seguro tenga un seguro de dependencia. El que no, quedará en manos de la beneficencia, como en los años 60 o 70«, señala Gomez-Ocaña.
Recortes a los beneficiarios y freno a las altas
Los dependientes denuncian además la puesta en marcha de diversas estrategias encaminadas a reducir el gasto a costa de empeorar sensiblemente la atención y las prestaciones que reciben. Así, Gómez-Ocaña explica que son frecuentes las «reevaluaciones». Se trata de someter al beneficiario a una nueva evaluación médica que, según su versión, acaba frecuentemente en una rebaja del nivel de la prestación reconocida: «Son reevaluaciones en silencio, de oficio. Es gente que obviamente ha empeorado con el tiempo y a la que ahora se le dice que su dependencia es menor para dejarla sin prestación», dice.
También se ha frenado el proceso de evaluación para nuevos beneficiarios: «Se ha creado interesadamente un embudo de hasta 18 e incluso 20 meses para las valoraciones», explica. Los dependientes no pueden acceder a ninguna de las prestaciones de la ley hasta que no cuentan con ese dictamen, y la situación ha empeorado recientemente, pues se ha vinculado la prestación de servicios de asistencia social por parte de los Ayuntamientos a esa misma evalución médica. Sin ella, las personas afectadas no pueden optar ni a las medidas de la Ley de Dependencia, ni tampoco a los programas que ponen en marcha los municipios.
«El Gobierno quiere dejar morir la ley a medida que mueran los actuales beneficiarios. La idea es no reconocer nuevas prestaciones, no cubrir la tasa de reposición, y eso es lo que se está haciendo», cree Gómez-Ocaña. «Es impropio de un Gobierno digno cargar el pso de la crisis en los más débiles. El Partido Popular ha mostrado su verdadera ideología e intenta negar el derecho a una vida digna de los afectados», dice.
Nada que perder
Ante esta situación, «la gente está muy asustada porque no ve cómo va a poder hacer frente al cuidado de los dependientes«, dice el portavoz de la coordinadora, que señala como especialmente alarmantes son los supuestos de «gran dependencia», en los que la persona requiere cuidados continuados y asistencia para realizar cualquier actividad cotidiana. «Los familiares tienen miedo de no poder seguir cuidando a sus seres queridos. Con el recorte en las prestaciones, hay gente que tendrá que elegir entre comer o costear su tratamiento médico«, asegura.
Las diferentes plataformas en defensa de la Ley de Dependencia a nivel nacional han decidido coordinarse y organizar diversas acciones de protesta. «Puedo asegurar que no tenemos nada que perder. Preferimos morir de pie que de rodillas», explica Gómez-Ocaña. El portavoz añade que actos como manifestaciones suponen un importante reto para el colectivo, puesto que se trata de un grupo de personas «muy difícil de movilizar»: «La mayor parte está en cama o en una silla de ruedas, por eso tenemos que ser todos los demás los que salgamos a dar la cara», comenta.
Aún no hay cerrado un calendario definitivo de acciones. La coordinadora señala que busca «medir muy bien las protestas» en un momento en el que el Ejecutivo «está aplicando una política represiva en cuanto a manifestaciones». Por su parte, Gómez-Ocaña está convencido de que la movilización social es la única opción que tienen los dependientes para «defender sus intereses y defender, sobre todo, su vida». «Nunca podrán quitarnos la capacidad de lucha y la dignidad de la que carece este Ejecutivo», concluye.
El CERMI da por muerta la Ley de Dependencia si se aplican los nuevos recortes
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha alertado de que aplicar nuevos recortes a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia supondría «la defunción de la norma y un gran fracaso social».
En este sentido, el CERMI ha asegurado que el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia «languidece desde hace muchos meses, por lo que someterlo a nuevas medidas de contención y ahorro sería frustrar las expectativas de atención de cientos de miles de personas mayores con discapacidad que necesitan apoyos intensos para su vida diaria y su autonomía individual». «Recortar más la Ley constituiría un acto fallido del Estado y de la sociedad en su conjunto, que significaría dejar a su suerte a los segmentos más vulnerables, en términos de derechos y bienestar del país», ha precisado en un comunicado.
Asimismo, ha subrayado que la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia «es un valor social inmenso que no puede estar continuamente en juego». Por ello, ha expresado que «requiere el apoyo explícito y permanente con hechos y decisiones de las Administraciones responsables, del Gobierno central y de las comunidades autónomas».
Finalmente, ha reclamado que todas las fuerzas políticas y los sectores sociales de mayores y discapacidad suscriban «un gran pacto para salvar la Ley y el Sistema, que permita alcanzar las previsiones con las que surgieron y que les dote de estabilidad institucional y financiera».
César Antón asegura que no hay nuevas medidas de recorte en dependencia
El director general del Imserso, César Antón, ha afirmado hoy que no se están produciendo nuevos recortes en las ayudas sobre la dependencia y que la aportación de los usuarios ya se acordó en 2012, aunque en algunas Comunidades autónomas se esté adaptando ahora.
Antón ha matizado que todos los acuerdos sobre dependencia se tomaron el 10 de julio de 2012 en el consejo interterritorial de Sanidad con todas las Comunidades autónomas, que los acuerdos se publicaron en el BOE en agosto de ese año y que desde entonces «no hay nada nuevo».
El desarrollo de esos acuerdos supuso unas medidas de ahorro que en algunos casos tuvieron efectos presupuestarios en 2012 y en otros se están aplicando progresivamente y tienen su traslación en los presupuestos de 2013, ha agregado en rueda de prensa.
Por tanto «no hay nada nuevo, hemos sido transparentes y estamos haciendo lo que hemos aprobado de acuerdo con las Comunidades autónomas», ha subrayado.
En cuanto a la aportación del usuario, Antón ha manifestado que también se aprobó en el consejo interterritorial con el acuerdo de todas las Comunidades autónomas.
En este sentido ha recordado que la Ley de Dependencia ya establece, desde el año 2006, que los usuarios deben participar con aportaciones para contribuir a su financiación.
«El problema es que no había un desarrollo de esa parte de la ley, con una sentencia recurrida y un gran vacío legal», ha recordado.
Por eso en el consejo de julio de 2012 se establecieron las bases para esa aportación, con el principio de que fuese igual para todo el territorio, ya que «la normativa debe ser igualitaria en todo el territorio».
En este punto, Antón ha explicado que desde ese mes de julio algunas comunidades autónomas han adaptado a su normativa la aportación del usuario y en base a ese acuerdo, se está aplicando dicha aportación.
Ha recordado que en el caso de usuarios dependientes con una capacidad económica por debajo del IPREM «la aportación es de cero euros» y que se va incrementando en función de la capacidad económica del usuario, de forma que «aporten más los que más tienen», ha concluido.
El Gobierno prepara un recorte de 958 millones en Dependencia para este año
El Gobierno asesta el enésimo hachazo a la ya de por sí maltrecha ley de dependencia con un recorte previsto para 2013 de 958 millones de euros. Así consta en el Plan Nacional de Reformas enviado a la Comisión Europea por el Ejecutivo y conocido a última hora de ayer. En concreto, el programa anuncia para este año la aprobación de dos nuevos reales decretos para «adecuar las prestaciones a la capacidad económica del beneficiario» y «para regular las prestaciones del sistema» que en la práctica supondrán un «ahorro» de 958 millones. Sin embargo, no es la única sorpresa que depara el documento. De hecho, en total, el Gobierno prevé ahorrar cerca de 4.000 millones en todo tipo de políticas sanitarias nuevas o con la recaudación de algunas de las medidas que ya tomó durante el año pasado.
Los 770.000 dependientes que reciben ayuda en la actualidad verán reducida su cuantía este año casi con toda seguridad en lo que puede ser casi el golpe definitivo a la que se consideró en 2006 la cuarta pata del Estado de Bienestar. Y es que las medidas anunciadas en el documento remitido a Bruselas insisten en profundizar los recortes aplicados ya el año pasado -mediante otro real decreto en julio y a través de los presupuestos-. De hecho, el Gobierno vuelve a poner el foco del ajuste en las prestaciones del beneficiario. Unas ayudas que en 2012 ya se redujeron mediante una menor aportación del Estado de hasta un 13% (200 millones) al denominado ‘nivel mínimo de protección’, es decir, el dinero que reciben las comunidades autónomas por cada dependiente en función de su gravedad.
Este ajuste se suma a otros realizados en 2012 como la suspensión del pago de las cuotas a la seguridad social de los cuidadores familiares, que afectó a 146.000 personas. Unos cuidadores que ya habían sufrido otro tijeretazo del 15% en las ayudas directas por cuidar del familiar. El Gobierno siempre ha alegado que estas medidas pretendían fomentar el incremento de los cuidadores profesionales en detrimento de los familiares, una figura contemplada en la ley como «excepcional» que se había generalizado. Otra medida de ahorro detallada en el Plan Nacional de Reformas es la demora en la incorporación al sistema de las personas beneficiaras con menor grado de dependencia, cuyas ayudas no empezarán a recibir hasta 2015. Con todas estas medidas el Gobierno de Mariano Rajoy calcula un ahorro de 530 millones.
Ahorro sociosanitario
En el documento enviado a Bruselas el Ejecutivo también recoge la «simplificación en el proceso de valoraciones» de los solicitantes con los el ministerio que dirige Ana Mato se ahorró 69 millones en 2012. El Gobierno estima que ese ahorro se elevará hasta los 150 millones en 2013 y a 168 millones en 2014.
Sin embargo, numerosas asociaciones criticaron esta nueva fórmula de evaluación porque el ministerio eliminó varias subdivisiones en los distintos grados de dependencia. De esta forma, muchos solicitantes pasaron a contemplarse como moderados y, por tanto, sus ayudas fueron retrasadas hasta 2015.
En el desglose de las medidas de reformas, el Ejecutivo apuesta por una reducción de 1.809 millones del gasto farmacéutico, de los cuales 409 millones corresponderán «a la implantación de la orden de precios de referencia», una nueva medida para este año. También prevé el establecimiento de nuevos tramos de aportación farmacéutica, aunque no detalla si será un aumento del copago o la creación de dos categorías en el tramo más alto, entre los 18.000 y los 100.000 euros. Otra de las medidas previstas incluye el ahorro de 150 millones que las arcas públicas obtendrán con la aplicación «de la cartera de servicios, el perfil de los beneficiados y su acreditación».
En cuanto a gestión sanitaria, el despliegue de la historia clínica digital y el el impulso de la receta electrónica permitirán no gastar 300 millones. Por otra parte, la ordenación de la cartera de servicios básicos va a generar un ahorro de 875 millones, correspondiendo 700 millones a la de servicios asistenciales y 175 millones a la cartera sujeta a la aportación del usuario.
5 millones para paliar los recortes estatales en ayudas sociales
El Ayuntamiento de La Laguna aportará de su propio presupuesto cinco millones de euros para compensar el drástico recorte del Gobierno de España en el ámbito de los servicios sociales. Así lo confirmó el concejal responsable de Bienestar Social, Miguel Ángel González, quien denunció que «la incomprensible dejación estatal en el ámbito social es vergonzosa, poniendo en entredicho la propia viabilidad del sistema de atención social en todo el país, y dejando caer todo el peso de la financiación de numerosos recursos en los ayuntamientos, a los que al mismo tiempo limita su capacidad de maniobra, generando un círculo vicioso que paradójicamente sufren las personas con mayores necesidades».
Sin embargo, «este Ayuntamiento y su alcalde Fernando Clavijo sí tienen clara cuál es la prioridad absoluta, por lo que seguiremos poniendo las partidas económicas que sean precisas para que los diferentes programas y recursos sociales sigan prestándose», precisó González, aludiendo a un acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la pasada semana que aprobó la citada aportación municipal de cinco millones de euros.
En concreto, la aportación del Gobierno de España al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales se ha reducido este año un 42% con respecto al pasado año, en que también había habido recorte estatal, quedando su financiación para La Laguna durante este 2013 en apenas 67.000 euros. A su vez, el Gobierno de Canarias ha mantenido su financiación a este plan, cifrada en 509.000 euros.
El Plan Concertado es una herramienta fundamental que, desde finales de los años 80, establece la cooperación económica entre las diferentes administraciones públicas para garantizar unos servicios sociales básicos a la ciudadanía. Bajo su paraguas se halla la red de Unidades de Trabajo Social de zona (encargadas de la tramitación de ayudas de emergencia social, a familias, personas mayores o con discapacidad) o la financiación de programas tan relevantes como la ayuda a domicilio y la teleasistencia a mayores y dependientes.
El presupuesto de Bienestar Social previsto para este año es de 14,4 millones de euros, cifra que representa un 10% del gasto total de la Corporación local.
Es preciso señalar que el pasado mes de marzo el Pleno municipal ya acordó por unanimidad instar al Gobierno de España a reponer sus aportaciones al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, contribuyendo en mayor medida a la continuidad del régimen de prestaciones que recibe la ciudadanía en situación de necesidad social.
Asimismo, el concejal lagunero de Bienestar Social, Miguel Ángel González, también expresó su preocupación sobre el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en línea con la postura ya expresadas por las federaciones de municipios canarios y españoles. Según indica el concejal, «este anteproyecto estatal, bajo la excusa de clarificar competencias, retira numerosas prestaciones de servicios sociales a los ayuntamientos, alejándolas de los ciudadanos, lo que asestaría un golpe sin precedentes a la actual estructura del sistema público de servicios sociales».
Doce comunidades siguen sin aclarar el paradero de 44 millones euros para dependencia
Doce comunidades autónomas no han facilitado todavía al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad información sobre los expedientes irregulares en materia de dependencia que detectó en su último informe el informe del Tribunal de Cuentas. El plazo para hacerlo termina a final de mes y solo cinco gobiernos autonómicos han facilitado los datos. En total, esta situación afectaría a 5.398 expedientes y a 44 millones de euros.
El pasado mes de marzo el tribunal desveló que había 25.806 expedientes de personas que figuraban como beneficiarias de la Ley de Dependencia en los que se habían detectado fallos, como fallecimientos, DNI erróneos, duplicados, ayudas incompatibles con otras prestacionesetc. Por ejemplo, detectó que había 12.036 personas ya fallecidas que constaban aún como beneficiarias: algunas de las comunidades con mayor número de fallecidos eran Madrid (1.666), Cataluña (1.469) y Andalucía (1.343).
El IMSERSO comenzó a comprobar datos y a 31 de marzó de 2013 había «regularizado» un total de 13.110 expedientes,quedando pendientes los otros 12.696. Fuentes del Ministerio explican ahora que quedan por aclarar las circunstancias de 5.398 expedientes irregulares, a los que correpondería la cantidad de 44 millones de euros entregados por el Estado a la docena de autonomías que aún no han aportado la información correspondientes.
De ellas, una tercera parte han aportado ciertos datos con fallos constatables y las demás han mostrado su «rebeldía» a la hora de entregar una documentación que consideran reservada al ámbito de sus competencias. Las ayudas para la dependencia estipulan un mínimo de 1.400 millones de euros anuales por parte del Ejecutivo central, con el que se dota a las comunidades en función del número de dependientes beneficiarios.
La Secretaría de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad se ha negado a facilitar a20minutos.es la lista de las comunidades que no han aclarado sus cifras alegando que aún no ha concluido el plazo y que se trata de un asunto delicado. Fuentes de este departamento aseguran que acabado el mes «todas cumplirán».
Falta de transparencia
El director general del IMSERSO, César Antón, remitió una carta tras el informe del Tribunal a cada uno de los gobiernos regionales comunicando el número de expedientes afectados en su territorio y solicitando información para ‘limpiar’ las posibles irregularidades y aclarar el destino que habían recibido los fondos públicos destinados a atender esos casos, presupuesto que se atribuye al nivel mínimo de financiación de la Ley de Dependencia.
Esta falta de respuesta no es extraña en materia de dependencia y de hecho, la propia ministra de Sanidad, Ana Mato, se ha referido en diversas ocasiones a la «falta absoluta de equidad y transparencia» en la aplicación de la Ley por parte de las administraciones públicas desde que la propia norma entró en vigor.
El Ejecutivo «confía en la buena voluntad» de las Comunidades Autónomas, de modo que se vayan sumando al propósito de lograr el fraude cero en la distribución de estas partidas, en un momento de crisis económica, en el que especialmente relevante garantizar la sostenibilidad del sistema.
El ministerio también quiere evitar que las ayudas para la Dependencia, que siguen siendo la partida más grande de los presupuestos del departamento, se conviertan en una «especie de subsidio». Actualmente, el 48 % de ellas van dirigidas directamente a las familias con algún miembro dependiente mientras que hay 45.000 plazas públicas de residencias vacías.
La razón de esta situación podría tener su base, según estas fuentes, en que a las comunidades autónomas «les sale más barato» la ayuda familiar directa que el coste de una plaza residencial, si bien su uso generaría una «importante actividad económica». El Gobierno detecta que hay «cierta picaresca» en esta situación y que «algo se está haciendo mal» porque, en algunos casos, el coste de los centros públicos duplica o triplica el de las residencias privadas, con parámetros de asistencia y calidad equiparables.
Sanidad ha dado de plazo hasta junio a las autonomías para poner en orden sus datos y alcanzar un acuerdo sobre el qué y el cómo se debe informar sobre el uso que hacen de los fondos públicos que reciben del Ejecutivo para atender a personas de dependientes. Para materializarlo, está trabajando en un sistema informático «compatible» con los diversos métodos estadísticos que ha desarrollado cada gobierno regional a fin de poder facilitarles la labor.
Los expedientes de miles de dependientes están en el olvido en Bienestar Social valenciano
Carolina Martínez es madre de un pequeño que sufre una enfermedad rara. Pablo, que así se llama, requiere de una atención las 24 horas del día. En abril del año 2011 se solicitó la ayuda por la ley de dependencia y todavía hoy la familia está batallando. «No tienen vergüenza, pero yo voy a seguir luchando», afirma Carolina.
Su caso es uno de los miles de expedientes que están bloqueados en la Conselleria de Bienestar Social, tal y como denuncian desde el Cermi (Comité de Entidades Representantes de personas con discapacidad de la Comunitat) y la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia. Ambos colectivos cifran en cerca de 11.000 los expedientes que están pendientes en la Comunitat, que se encuentran en el olvido, -algunos desde el año 2010- y lamentan las rebajas que están sufriendo los afectados por una discapacidad en sus valoraciones una vez que la Administración las revisa de oficio o porque eran provisionales.
«La ley está paralizada», asegura el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley en Alicante, Miquel Martorell, quien reconoce que, además del copago, estas rebajas en las valoraciones están provocando quejas por parte de dependientes que comprueban que se han quedado con una ayuda de solo 20 euros. «Las revisiones del PIA normalmente son a peor, en el sistema no se están reponiendo casos pese a los fallecimientos y con los nuevos plazos que han dado estos once mil casos no entrarán hasta el año 2015», asegura Martorell, que lamenta la falta de respuesta por parte de la Administración e insiste en el tijeretazo que ha sufrido la ley.
Una opinión que comparten desde el Cermi. Entidad que representa al 95% de las más de 400.000 personas con discapacidad en la Comunitat y que aglutina a 14 federaciones. Para Esperanza Adriá, técnico de proyectos, la falta de presupuesto es lo que está provocando tantos problemas en la aplicación de la normativa. Una ley que ya comenzó mal desde el principio.
Recuerda que entre esos 11.000 casos no solo hay adultos sino también menores de edad que llevan años a la espera de recibir una prestación y con una discapacidad severa. El problema es que no todas las familias pueden acudir a la Justicia para reclamar sus derechos por una cuestión económica, que ahora se ha agravado con el copago que la Conselleria de Sanidad seguirá aplicando al justificar que se trata de una normativa estatal.
Adriá remite al caso que están viviendo Cristina y su hijo Pablo. Un pequeño, que tal y como explica su madre, es «totalmente dependiente». En abril de 2011 solicitó la ayuda. Su hijo tenía entonces 18 meses y en agosto le realizaron la valoración. Sin embargo, hasta finales de enero de este año no recibió la resolución, pero dándole una grado de discapacidad menor al que su madre considera. Su sorpresa fue cuando un mes después, -todavía no ha recibido la ayuda- recibió otra carta de la Administración donde le informaban que su caso ya tenía que ser revisado.
«Es muy triste y te da mucha impotencia. Ahora se supone que tenemos que empezar de cero, ¿cuándo va a recibir mi hijo la ayuda? Estoy siempre con quejas porque no puedo meterme en un abogado y esta semana presentaré otra. Hay que darles la paliza».
El pasado miércoles, el presidente del Consell, Alberto Fabra, anunció que crearía instrumentos para atender las situaciones «injustas» que sufre el colectivo. Este periódico se puso en contacto con Bienestar Social para preguntar en qué consistiría y que ocurría con los 11.000 expedientes bloqueados, pero no ha recibido respuesta.
Directores de Servicios Sociales piden al Gobierno que se preocupe de los dependientes que «morirán sin recibir ayudas»
El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez Navarro, ha acusado al Gobierno de utilizar el Informe del Tribunal de Cuentas sobre los cobros indebidos para dependencia por parte de las comunidades autónomas y pide que se preocupe por las 227.000 personas que están «en el limbo de la dependencia» y que «morirán sin recibir las ayudas a las que tienen derecho».
En declaraciones a Europa Press, Ramírez ha recordado que esta son cifras previas al año 2011 e insiste en que se trata de una «maniobra de distracción» por parte del Gobierno «para después poder excusar sus recortes en materia de dependencia». «Se está demonizando a los muertos y a sus familias» cuando «no ha supuesto ningún enriquecimiento injusto ni lucro», según ha apostillado.
En este sentido, el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha explicado que «lo que hay que hacer es agilizar el sistema y no entorpecer más». Así, ha añadido que «en el caso de que haya familias que cobren de manera indebida, la comunidad la administración se encarga de incoar un expediente de reintegro, igual que ocurre con las pensiones no contributivas».
«En virtud de esta maniobra preparan un nuevo Decreto donde de manera perversa utilizando la excusa de la transparencia quieren estrangular el sistema», ha sentenciado Ramírez, a la vez que compara esta situación con «la campaña de desprestigio de las cuidadoras no profesionales –en 2012– que sirvió después para recortar la prestación económica y expulsarlas de la seguridad social».
Familiares de dependientes fallecidos acuden al juzgado para que el Consell les pague la ayuda
Familiares de dependientes ya fallecidos están demandando a la Conselleria de Bienestar Social para poder cobrar las ayudas que tenían aprobadas y que nunca recibieron. Con motivo de la muerte del beneficiario, el departamento dirigido ahora por Asunción Sánchez Zaplana dio por amortizadas estas subvenciones que, según reveló el Tribunal de Cuentas, sí que habrían cobrado del Ministerio de Sanidad.
En una de las demandas a las que ha tenido acceso este periódico, los familiares aseguran que «el fallecimiento del titular de la ayuda no es óbice para considerar que no proceda el pago de la misma, pues los gastos se han causado hasta la fecha del fallecimiento, como en su momento se acreditó con las facturas del coste de la residencia».
Estos familiares defienden que mantuvieron informada a la conselleria en todo momento y que no han recibido respuesta, y eso que la ayuda les fue aprobada desde 2008. «Esta parte desconoce qué actuaciones ha podido llevar a cabo el organismo responsable de la Conselleria de Bienestar Social, por cuanto no se le ha notificado actuación alguna por su parte, habiendo tenido en todo momento conocimiento de la existencia de legítimos herederos por parte del causante, tal y como se ha acreditado en los documentos adjuntos, por lo que no puede haber declarado desconocido el acreedor de las cantidades aprobadas», defienden los demandantes.
Como contó ayer este periódico, el Tribunal de Cuentas ha solicitado a la Generalitat que devuelva 2,1 millones de euros al Imserso, dependiente del Ministerio de Sanidad, por haber cobrado subvenciones de dependientes fallecidos. Se trata de los subsidios de mínima protección aprobados durante cinco años a casi mil dependientes y por los que se habría percibido un dinero que no se entregó a nadie.
EUPV pide una investigación
La diputada de EUPV en las Corts Esther López Barceló anunció ayer que la formación de izquierdas preguntará al Consell por el informe realizado por el Tribunal de Cuentas sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunitat Valenciana y que pedirá la creación de una comisión de investigación en la Cámara sobre la gestión de las ayudas por parte del Gobierno valenciano. «Resulta obsceno que el PP haya estado criticando constantemente la falta de financiación para la aplicación de la Ley de la Dependencia cuando el Tribunal de Cuentas le exige 2,1 millones de euros en ayudas a dependientes que murieron antes de recibirlas», denunció la diputada.
Para Esther López, los problemas con la aplicación de la normativa vigente son motivados por «la desidia, la dejadez y el consciente boicot del PP». Para la parlamentaria autonómica, «los derechos sociales en el País Valenciano se están dejando de garantizar» y en aquello referido a la aplicación de la Ley de la Dependencia, «tenemos uno de los ejemplos más palpables de la mala gestión del PP valenciano».
Solicitantes de la Ley de Dependencia critican la demora y escasez en las ayudas
Numerosas personas que padecen una enfermedad acuden a los organismos necesarios para cumplimentar toda la documentación requerida y poder acogerse a la Ley de Dependencia. Sin embargo la gestión burocrática que las propias administraciones realizan ralentiza de forma considerable el proceso, con la correspondiente gravedad que ello puede ocasionar a una persona que padece una situación delicada de salud.
La demora a la hora de recibir las ayudas, que en algunos casos llegan una vez la persona que las solicita ha fallecido, ha llegado hasta tal punto que los afectados no se ven ni amparados por la legislación así como tampoco por las administraciones.
Ese es el sentir de algunos afectados entre los que se incluye Abrahán Guirao es uno de las personas que ha recurrido a la Ley de Dependencia.
Demora para recibir la ayuda y prolongadas gestiones de demanda
Concretamente Guirao padece una enfermedad degenerativa muscular que afecta a todo el cuerpo. Por esta razón, hace cuatro años decidió solicitar esta ayuda, que todavía a día de hoy no le ha sido concedida. “Mi solicitud me fue denegada mientras a mi padre, que estaba bastante peor que yo, se la aprobaron aunque el proceso para que fuera efectivo tardó tanto que de hecho poco pudo disfrutar de la prestación que se le adjudicó hasta que falleciera. Desde entonces y al cambiar radicalmente la situación económica en mi casa y además estando yo mucho peor, retomé la batalla de reclamaciones y solicitud de revisión, que no es que abandonara en ningún momento pero que estaba más en una posición de espera de una respuesta a papeles presentados que no llegaba”.
La negativa de la solicitud así como la demora en las gestiones son las principales causas que, apunta, están provocando la desesperación de muchos usuarios que solicitan esta ayuda por extrema necesidad y aseguran están desamparados. “Tras la espera de muchos meses, con llamadas constantes a las que la respuesta era que ellos no sabían nada, que lo valorarán cuando me toque mi turno y ya me dirán, recibo una carta denegándome cualquier reconocimiento de situación de persona dependiente sin mayor explicación que porque no creen que haya empeorado mi estado. Me pongo en contacto telefónico con ellos diciendo que aparte de que el informe que he presentado dice todo lo contrario, ni siquiera han venido a revisarme a casa tal y como deben hacer para comprobar mi estado y no hacer tal afirmación sin más, en su clara estrategia de responder “no” por sistema hasta que el solicitante se cansa de reclamar o fallece en el proceso”.
Constantes cambios en la legislación
Este caso concreto sirve para reflejar la situación que están viviendo numerosos ciudadanos quienes además critican los cambios constantes que sufre la ley, lo cual supone que el proceso de evaluación y concesión de la ayuda, no llegue a materializarse. “Tras varias llamadas me comentan que ahora el proceso ha vuelto a cambiar y para reclamar su fallo, el informe que vale es uno “oficial” que te hace el médico de cabecera y cumplimentado con más papeles que me dará la asistenta social tras una revisión por su parte”.
En este sentido, otra de las críticas de los afectados es que con tanto cambio las gestiones se eternizan y los propios trabajadores se muestran confusos sobre el procedimiento. “Acudo a un sitio y otro para su elaboración no sin que pase algún que otro mes en el proceso y que fruto de estos “cambios constantes” ni los médicos ni en asistencia social ni en el Prop acaban de tener claro qué deben hacer y actúan sobre la marcha”
La lentitud de las gestiones y el proceso y los constantes cambios incrementan la impaciencia de los solicitantes mientras va mermando su estado de salud. Informes que no llegan, reclamaciones que se inician seguidas de nuevas barreras en el proceso, provocan la desesperación de los afectados. “Avanza 2012 y meses después de la mencionada reclamación me contestan básicamente que debería cumplimentar todo lo aportado con un informe médico del especialista de mi enfermedad actualizado, dado que el que tienen es el de la primera solicitud de hace más de tres años. Adjunto a todos los papeles anteriores y vuelvo a reenviar a Dependencia. Meses después, ya rozando 2013 y tras llamadas en las que me decían no saber nada aún de mis papeles y su recepción me contestan diciendo que me he dejado por marcar una casilla importante y que debo reenviar los papeles en menos de una semana rellenándolos por completo o perderé cualquier derecho. Cansado, indignado, con sensación de ser burlado, lo hago y lo vuelvo a enviar.
La visita de reconocimiento en el domicilio del solicitante y escasa ayuda económica
Una vez la documentación está en regla, parte del proceso es la evaluación personal del paciente. Es uno de los últimos pasos a realizar antes de recibir la ayuda. Sin embargo, nuevos cambios en la Ley provocan el desasosiego de los enfermos. “Por enésima vez llamo preguntando sobre el estado de la reclamación me dicen que lo tienen todo correcto y no creen que tarden en llamarme para decirme qué día vienen”.
Sin embargo una vez se persona quien realiza la evaluación, después de un proceso burocrático complejo, asevera que “hace unos meses han quitado todas las prestaciones económicas”. De esta forma Guirao declaraba que “se cierra así la puerta a una ayuda de máximo unos 300 euros para una situación económica complicada y el bálsamo de que el cuidador/a (en este caso mi madre) pueda cotizar a la Seguridad Social, dado que por tantos años de cuidar a mi padre y ahora a mí no ha podido apenas trabajar y por tanto difícil tiene tener una pensión digna. “Si tengo suerte” (me dicen) igual me aprueban que venga alguien a mi casa unas horas al mes a ayudar o poder ir a un centro, para ir así acostumbrándome al hedor de la muerte y la gratificante experiencia de mirar a los ojos cada día a aquellos que como yo, parece que no servimos en esta sociedad. Ahora podría ir a los tribunales, reclamar que inicié los trámites hace mucho y que aplicaran el carácter retroactivo pero ante tal posibilidad, la revisora de hoy ya me advierte que solo voy a perder más salud, tiempo y el dinero que no tengo”.
El Govern rechaza una ILP para blindar pagos a ancianos con dependencia severa
El Govern catalán ha emitido un informe desfavorable para la tramitación de una iniciativa legislativa popular (ILP) para que la Generalitat priorice por ley los pagos a ancianos con gran dependencia institucionalizados en sus presupuestos y no pueda repetir impagos de conciertos como los de julio, de 70 millones de euros, que aún no han sido sufragados.
El informe negativo que ha transmitido el Govern a la Mesa del Parlament, al que ha tenido acceso Europa Press, destaca que la aprobación de esta ILP «comportaría un aumento de gastos en el presupuesto vigente», por lo que no se muestra conforme a su tramitación. Esta iniciativa social fue presentada en el Parlament por la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) el pasado 5 de marzo, y ahora la Mesa de la cámara debe admitirla o no a trámite en base a criterios jurídicos.
Los directores de residencias pretenden blindar por ley los pagos a los ancianos que cuentan con el mayor grado de dependencia -grado 3, niveles 1 y 2-, entendiendo que representan «uno de los eslabones más débiles de la sociedad, por lo que debería ser una prioridad proteger sus derechos básicos», según ha explicado a Europa Press el vicepresidente de Ascad, Iñaki Anton. Pero el Govern alega en su informe que «en caso de falta de crédito en el presupuesto, sería necesario un suplemento de crédito o un crédito extraordinario», lo que, según el Ejecutivo catalán, podría tener efecto en las cuentas de este año.
Uno de los requisitos para que una ILP sea admitida a trámite por la Mesa del Parlament es que la iniciativa no tenga un impacto directo en los presupuestos de la Generalitat del año vigente, algo que, según el Govern, no ocurre en el caso de la propuesta de los directores de residencias.
El informe subraya que el Estado ha reducido su aportación a ley de dependencia en Cataluña hasta los 206 millones en 2013, mientras que el año anterior aportó 243, aunque inicialmente se había comprometido a abonar 275, lo que supone «un gran esfuerzo» para la Generalitat, que debe compensar esta tendencia con recursos propios.
Margen de maniobra
El Ejecutivo catalán también alega en su informe que la ILP propuesta por los directores «comportaría el establecimiento de una nueva restricción en el margen de maniobra con el que se puede actuar en la gestión de la tesorería», lo que podría suponer tener que pagar antes los conciertos sociales que las nóminas de los funcionarios. «El Govern debe valorar cada mes las prioridades de pago en base a las obligaciones legales y a los compromisos existentes», añade el documento, que afirma que el hecho de que el pago de las prestaciones a grandes dependientes sea muy importantes no significa que se deba imponer por ley. El texto concluye que «las prioridades que se siguen en los pagos priorizan, en primer lugar, las obligaciones financieras», que van seguidos de las nóminas y, en tercer lugar, de los compromisos con el sector social con carácter finalista. «DELITO TÁCITO» Para Antón, los argumentos que utiliza el Govern para rechazar la ILP suponen «un delito tácito», pues el Ejecutivo admite que las partidas presupuestadas para atender a grandes dependientes podrán destinarse a pagar otras cosas si hay tensiones de tesorería. «Es inconcebible que el Govern rechace blindar estos pagos esenciales y priorice las nóminas y los créditos», ha criticado Antón, que ha confiado en que finalmente la Mesa del Parlament admita a trámite la propuesta la próxima semana.
Los trabajadores sociales asturianos arremeten contra la política de la Consejería de Bienestar
Peligro de desigualdad en el acceso a las prestaciones sociales, riesgo de «discrecionalidad política» a la hora de otorgar las ayudas, falta de líneas claras de actuación, colapso administrativo e, incluso, un «estilo de liderazgo» poco adecuado. Los trabajadores de los Servicios Sociales públicos del Principado han arremetido con dureza contra la política de la Consejería de Bienestar Social, en una carta dirigida al presidente regional, Javier Fernández, que también ha sido enviada a los grupos políticos con representación parlamentaria, a la Procuradora General del Principado, a los sindicatos y a la Federación Asturiana de Concejos, que precisamente hoy celebrará una reunión para analizar el problema de implantación del plan concertado de servicios sociales de este año.
La carta sale a la luz en plena polémica entre la Consejería de Bienestar Social y varios municipios dirigidos por los conservadores (PP y Foro) por los cambios introducidos en el plan que debe financiar las prestaciones sociales básicas, tras los recortes aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Los empleados públicos -avalados por otros asistentes sociales asturianos- acusan a la Consejería de implantar una política que «sigue fielmente» las directrices marcadas por Madrid, en contra del programa electoral de los socialistas y que puede acabar «con el desmantelamiento progresivo del actual sistema público de Servicios Sociales». Los trabajadores expresan en la carta «preocupación por el contenido, la trascendencia y las formas de las decisiones» que se adoptan en la Consejería. Unas decisiones, añaden, que se deben «a la inexistencia de un marco conceptual que defina y concrete de forma clara las principales líneas de la política social».
Una de las inquietudes que expresan los trabajadores se centra en el plan concertado de 2013. «Los riesgos de la desigualdad para el acceso y distribución de los recursos a los ciudadanos(…) preocupan a los profesionales responsables de su gestión, pues ante la carencia de directrices técnicas e incertidumbre del escenario económico, pudiera interponerse la discrecionalidad política» para otorgar las prestaciones sociales básicas. También afirman que el nuevo plan concertado «pone en juego la pervivencia de los equipos de profesionales de los Servicios Sociales municipales».
Los asistentes sociales también muestran su inquietud por el recorte a un máximo de 20 horas mensuales del servicio de ayuda a domicilio, ya que consideran que desvirtúa el objetivo del plan, que es «mantener a las personas en su medio habitual de vida y convivencia».
Respecto a la implantación de la ley de Dependencia, critican que desde su aprobación, hace 6 años, se ha desarrollado de forma ajena al sistema público de Servicios Sociales, con el que compite por los recursos económicas. «No sólo no se ha planteado la integración de ambos sistemas, sino que se continúa avanzando» en su implantación «a costa del desmantelamiento del sistema público de Servicios Sociales», afirman.
El colectivo de trabajadores concluye su escrito asegurando que, a su juicio, los responsables de la Consejería, de la que es titular Esther Díaz, ex alcaldesa de Langreo, «no han demostrado tener capacidad ni estar a la altura de momentos tan difíciles. Prueba de ello es el colapso de la gestión administrativa en las prestaciones de dependencia y salario social; la maraña jurídico-administrativa existente, la proliferación de instrucciones contradictorias y el menosprecio a la labor de los técnicos y sus propuestas.