Recortes
La Comunidad de Madrid paga el 80% de los servicios de dependencia y el Estado el 10%
La Comunidad de Madrid costea actualmente al 80 % de los servicios vinculados a la ley de dependencia a pesar de que la legislación recoge que las autonomías tienen que aportar un montante igual al del Estado en la financiación, explica en una entrevista concedida a Efe el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel.
Mientras que en las prestaciones económicas en el entorno familiar la regla del 50 % de aportación de las dos administraciones sí se cumple, admite Fermosel, en las prestaciones por servicios el Gobierno aporta solo «entre un 8 y un 10 %», un porcentaje similar al de los ciudadanos -la ley establece un copago en función de la renta-.
El consejero de Asuntos Sociales aguarda que esta situación cambie, y el que Consejo Inteterritorial acepte una reivindicación antigua como la de que el mínimo garantizado se eleve en el caso de estos recursos «de coste elevado».
Fermosel, que recuerda que Madrid destina más de 900 millones de euros a la dependencia, se queja de que el Estado, que aporta ese mínimo garantizado en función del grado del dependiente, financie «en torno a 250 euros» de una plaza de residencia que cuesta 1.800.
«La inmensa mayoría de las comunidades interpretaron el espíritu de la ley un poco por las hojas», prosigue el consejero, que dice que no atendieron al criterio de que los servicios son prioritarios, y no las pagas.
«El 44 % de los dependientes tienen prestación económica en el entorno familiar en España y en algunas comunidades este porcentaje supera el 60 %. Madrid está entorno al 20 %», añade Fermosel, que remarca que las prestaciones deben ser una «excepcionalidad».
Para ejemplificar el grado de insatisfacción de las comunidades, el consejero remarca que hasta el propio PSOE, cuando gobernaba tanto en Cataluña como en Castilla-La Mancha, pensó en «suspender» la ley por falta de financiación.
«Zapatero mintió en una sola frase dos veces cuando dijo que la ley iba a estar dotada de inicio con 1.000 millones de euros; pues ni inicio, ni 1.000 millones», se queja el consejero, que añade que por ley se atiende a menores de 0 a 3 años gracias a una enmienda del PP.
Sanidad asegura que ha satisfecho pagos a Cataluña para financiar dependencia
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad asegura que ha satisfecho el pago que cada mes recibe Cataluña para financiar la ley de dependencia, una cantidad que asciende a los 121,5 millones de euros en el primer semestre del año.
Fuentes de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, dependiente del Ministerio, han respondido de esta manera al anuncio de la Generalitat de Cataluña que ha culpado al Estado de incumplir la financiación prevista en la ley y ha anunciado que suspenderá durante dos meses las nuevas prestaciones para pagar las residencias.
En concreto, la Generalitat ha decidido suspender durante ese periodo y de manera transitoria nuevas entradas de beneficiarios de prestaciones económicas para pagar plazas de residencias geriátricas, previstas en la ley de dependencia, debido a la precariedad de sus finanzas.
Las fuentes de la Secretaría de Estado han insistido en que la parte de la financiación que el Estado debe destinar a las comunidades autónomas, según la legislación, el denominado nivel mínimo, ya ha sido entregada mes a mes a Cataluña.
En concreto, el Estado ha destinado a Cataluña 15,5 millones de euros en el mes de enero; 22,7 millones en febrero; 31,7 millones en marzo; 17,9 millones en abril; 14,9 millones en mayo; y 18,8 millones de euros en junio.
Las fuentes han indicado que la aportación del Estado a las comunidades autónomas depende del número de beneficiarios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por lo que si la aportación a Cataluña ha descendido en los meses de abril y mayo ha sido porque esta comunidad no ha incorporado nuevos dependientes.
En total, esta comunidad cuenta con 139.117 beneficiarios.
Cataluña es tras Andalucía la comunidad que más dinero recibe del Estado para financiar la ley, subrayan las fuentes, que han hecho hincapié en que la gestión de la dependencia es competencia «exclusiva» de las autonomías.
En este sentido, subrayan que el autogobierno conlleva marcar prioridades en las políticas de gasto y, en este caso, de políticas de inversión social, por lo que «quizás la Generalitat debería plantearse» reorientar sus fondos «a las personas que más lo necesitan».
Desde el Ministerio, añaden las fuentes, «se hace un esfuerzo» para hacer sostenible la ley de la dependencia y entre otras medidas han señalado que hace pocas semanas se aprobó el plan de pago a proveedores por lo que la deuda de los conciertos con las residencias de ancianos estará cubierta.
La Generalitat catalana cifra en medio millar los dependientes afectados por el nuevo recorte en dependencia
La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat catalana, Neus Munté, ha cifrado este miércoles en medio millar las personas con dependencia que se verán afectadas por la suspensión de nuevas ayudas para pagar una residencia privada por falta de una plaza pública, y se ha comprometido a que la medida será «transitoria».
En un comunicado, Munté también se ha comprometido a que la medida «no afectará a ninguno de los beneficiarios» que ya reciben este tipo de ayuda, conocida como prestación económica vinculada residencia (PEV), que actualmente beneficia a unos 9.000 catalanes.
Las personas que durante estos dos meses puedan quedar afectadas por esta suspensión serán atendidas «por otros servicios y ayudas» en el marco de la Ley de dependencia, ha dicho Munté, aunque no ha concretado cuales.
También ha mostrado la voluntad de la Generalitat de «no generar más problemas» a las entidades sociales y mercantiles, ni tampoco a los usuarios.
Ha recordado que en Cataluña «se han hecho esfuerzos económicos muy importantes para responder a los servicios y prestaciones vinculadas a la dependencia pese a los incumplimientos del Estado».
Ha alegado que la Generalitat ha decidido suspender las nuevas ayudas porque no quiere «generar falsas expectativas» al sector debido a la complicada situación de las arcas públicas, y ha defendido que se trata de una decisión que persigue la sostenibilidad del sistema.
«Lo que hemos hecho es establecer un plazo transitorio para ver de qué modo podemos resolver esta situación y como podemos ser el máximo de efectivos», ha valorado la consellera, que ha deplorado la deslealtad que, según ella, está mostrando el Estado con el pago de la dependencia a las autonomías.
Munté ha catalogado de «ejercicio de cinismo» el hecho de que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad haya dicho que el Estado ha efectuado las transferencias necesarias para que Cataluña pueda pagar las PEV.
Nota de prensa conjunta de las asociaciones empresariales del sector asistencial catalán
Las organizaciones empresariales del sector social piden a la consejera de Bienestar Social y Familia que no aplique la suspensión de las ayudas de la Ley de Dependencia anunciados.
Barcelona-. 31 de julio.
ACRA, la Unión Catalana de Hospitales, el Consorcio de Salud y Social de Cataluña y UPIMIR quieren expresar su preocupación ante el anuncio hecho por parte de la consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté sobre la suspensión de las ayudas de la Ley de la Dependencia (prestaciones económicas vinculadas a servicios) durante los meses de agosto y septiembre.
A pesar de que se trata de una medida transitoria, las organizaciones empresariales del sector asistencial quieren manifestar que:
- Parar las Prestaciones Económicas Vinculadas a Servicio (PEVS) durante dos meses impedirá que personas mayores, que no pueden pagar una plaza, se queden sin ingresar en un centro, abocando muchas familias a una situación muy complicada.
- Esta medida creará desocupación en los establecimientos asistenciales, cuando ya hay una lista de espera de 17.000 personas. El sector es uno de los pocos que ha mantenido la capacidad para generar ocupación (actualmente de un 1,2% sobre el total de la población activa catalana) y un incremento de cotizaciones a la Seguridad Social.
- La medida se añade al hecho que el ICASS no ha liquidado la totalidad de la deuda a los centres proveedores.
Por todo esto, las entidades piden a la consejera que:
- Reconsidere la aplicación de esta medida que afecta directamente los centros que han apostado para mantener un sector clave para la cohesión social y que constituye un estímulo para la recuperación económica de nuestro país.
- Que establezca un calendario para liquidar las deudas pendientes con los centres proveedores de servicios.
- Que no se siguen recortando los presupuestos de Bienestar Social y Familia si se quiere garantizar la continuidad de este sector y atender las necesidades asistenciales de nuestra gente mayor.
Las entidades se ofrecen a trabajar con la consejería de Bienestar Social y Familia en favor de la sostenibilidad de un sector tan importante por nuestro país.
La Generalitat aplaza el ingreso de dependientes en residencias durante dos meses
La consejería de Bienestar Social retira las ayudas de la ley de la dependencia para acceder a centros residenciales y elimina las evaluaciones de nuevos usuarios durante los meses de agosto y septiembre.
Hace dos años fue el PIRMI, el año pasado los impagos a las entidades sociales y este año en la ley de la dependencia. Y ahora, la conselleria de Bienestar Social ha suspendido durante dos meses, agosto y septiembre, las ayudas que da a las personas dependientes para poder ingresar en una residencia. Es una ayuda que la administración les da para que puedan pagar parte de una plaza en un centro privado. Con este recorte no habrá ni nuevos ingresos ni tampoco se evaluarán nuevos usuarios para que puedan obtener estas prestaciones.
La Generalitat ha anunciado este recorte a través de un comunicado en la web y a través de un email a los trabajadores sociales. Bienestar Social lo argumenta asegurando que no le llega el dinero del Estado para pagar la ley de dependencia y que debe tomar esta medida transitoria de dos meses. «La actual situación presupuestaria, marcada por un escenario de prórroga, hace necesario el establecimiento de medidas extraordinarias que permitan la estabilidad del sistema«, dice el comunicado de Bienestar Social.
Cinta Pascual, presidenta de ACRA, la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales, cree que los efectos serán muy negativos: «Dicen que es una medida transitoria pero encontrarnos como sector y como país con esta situación es del todo dramático».
El PSC, por su parte, ha denunciado que la Generalitat aproveche el mes de agosto para recortar por tercer año consecutivo. La portavoz de cohesión social del PSC, Eva Granados, explica las consecuencias que tiene el recorte que impone ahora la Generalitat: «simplemente no podrán acceder a las residencias y deberán quedarse en casa y ser atendidos por sus familias de manera no profesional cuando son personas que necesitan ser atendidas por profesionales en una residencia «. Recuerda también que la medida de no hacer nuevas evaluaciones durante dos meses supondrá que la situación de estas personas se alargue mucho más ya que hasta el mes de octubre no tendrán opciones de poder acceder al PIA (Programa Individual de Atención). Según Granados el perfil del usuario de una residencia es una mujer, de más de 80 años, con grado III (alta dependencia) con un nivel de ingresos medio de entre 8.500 y 10.000 euros anuales.
Un 44% de las personas que ocupan una plaza en residencias privadas reciben esta prestación de la Generalitat.
Los centros de día de Cádiz se quedan vacíos por los recortes en la Ley de Dependencia
Lo que se convirtió en una conquista en tiempos de bonanza, corre ahora peligro con la crisis y las reformas. Los ajustes en todas las áreas, también en la de Servicios Sociales, están haciendo tambalear los cimientos de una ley que se definió como uno de los grandes avances en materia de bienestar social. La paralización de la Ley de Dependencia ha puesto en jaque a la mayoría de las residencias de ancianos de la provincia que ven como cada día cuesta más salir adelante ante los retrasos de los pagos de la Administración andaluza y la ausencia de nuevos usuarios. En especial, existe cierta preocupación por la viabilidad de los centros de día, un eslabón intermedio entre una residencia de ancianos y la convivencia con la familia. Aunque desde la Junta de Andalucía se ha querido potenciar la estancia en las unidades diurnas en los últimos años, lo cierto es que muchos de los centros de la provincia se han quedado sin usuarios a pesar de que las plazas están concertadas. Desde la Federación Andaluza de Unidades de Estancia Diurna (Fanued), su vicepresidente José Andrés de la Cruz explica que «a pesar de que existen una gran demanda, las plazas están vacías porque todo el sistema está paralizado».
Según los datos que manejan las asociaciones de unidades diurnas, el tiempo de espera desde que una persona solicita ser valorada a través del Sistema de Atención a la Dependencia, obtiene el grado y nivel de dependencia y se le asigna un recurso en algunas ocasiones llega a superar con creces un año lo que a su vez retrasa la llegada a los centros concertados.
En residencias como la de San Juan de Dios, gestionada por la Fundación Gerón, reconocen que de las 20 plazas concertadas que disponen en su unidad de día tan solo hay dos ocupadas. Ellos ya tuvieron que hacer un reajuste de su proyecto en Cádiz tras verse obligados a abandonar la idea de montar una segunda residencia de ancianos en el Convento de Santo Domingo y decidieron centrarse sólo en la de San Juan de Dios.
Situación parecida ocurre en la residencia geriátrica Adema, donde a pesar de tener solo dos plazas concertadas de las 29 que disponen, señalan que «entre unas 10 y 15 personas están a la espera de que se resuelvan sus expedientes». Circunstancias más complicadas viven en la Unidad de Estancia Diurna Santa María del Mar, también en la capital, donde de las 30 plazas conveniadas con la Junta mantienen sin ocupar seis. Sus circunstancias se agravan puesto que asumieron los costes de una reforma para ampliar su oferta a 45 plazas con el objetivo de poder firmar un convenio con la Junta pero la ansiada rúbrica no ha llegado y ahora compaginan las públicas con las privadas. En este centro critican que desde «hace dos meses y medio el Gobierno andaluz tan solo ha resuelto los expedientes para cubrir 11 plazas en toda la provincia».
Desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España señalan que desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia ha provocado una tendencia ascendente en el número de plazas concertadas. Una dinámica que se cortó en julio de 2012. Desde Fanued alertan de que «salvo casos de extrema urgencia» ninguna persona dependiente «se ha incorporado en el último año a los recursos que ofrece la administración autonómica en materia de dependencia». La Federación hace hincapié en que en la Consejería de Salud y Bienestar Social se amontonan «cientos de expedientes» mientras «las personas mayores dependientes se encuentran desatendidas y privadas de un derecho subjetivo y universal».
Recortes en plantilla
Desde Comisiones Obreras, el secretario provincial de Sanidad, José Antonio Aparicio subraya que la reducción de plazas o la falta de llegada de nuevos usuarios está en directa proporción con los ajustes en la plantilla. «El empleo estable que generó la Ley de Dependencia en sus inicios está en verdadero riesgo», asegura, puesto que al no cubrir las plazas «se está comenzando a despedir a los profesionales». Desde el sindicato calculan que en torno a un 10 o un 15% de plantilla «se ha recortado» en los últimos años con la excusa de que no hay ratio para todos los profesionales, la gran mayoría de ellos contratos temporales.
La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) reclama a Rajoy el dinero que garantiza la ley
La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), patronal que aglutina al sector empresarial de atención a la Dependencia, ha reclamado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que apruebe la partida presupuestaria suficiente que garantice el “cumplimiento íntegro” de esta Ley. Más de 200.000 personas no reciben ninguna prestación a pesar de necesitarla.
“La crisis no puede convertirse en el pretexto para acabar, por la vía de los hechos consumados, con los derechos reconocidos, por Ley, a las personas en situación de Dependencia”, asegura la FED en un comunicado con el que expresan su “más enérgica protesta” a la actitud del Gobierno en este sentido.
Por ello, inciden en la necesidad de que Rajoy dote de la financiación suficiente para dar atención a un colectivo, el de los dependientes, que están notando como nadie las consecuencias de la delicada situación económica y los recortes.
Además del mencionado llamamiento al Gobierno, estos ‘empresarios’ de atención a la Dependencia han solicitado la ayuda del propio presidente del Congreso. En un comunicado, la FED pide el popular Jesús Posada “la adopción de la resolución parlamentaria procedente que obligue al Gobierno de España a dotar al sistema de la partida presupuestaria suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a las Administraciones Públicas competentes” en esta norma.
Asimismo, esta federación, que engloba a los operadores que actúan en residencias, centros de día y noche, servicios de ayuda domiciliaria y de teleasistencia, solicita a los parlamentos autonómicos que pongan su granito de arena y ayuden a que la Cámara baja presione a La Moncloa.
Junto a este llamamiento al Gobierno y al Congreso, la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia ha iniciado una recogida de firmas en change.org para lograr 500.000 firmas con las que incidir en la necesidad de que Rajoy dé su brazo a torcer en este asunto.
“Nuestro único propósito se encamina exclusivamente a que el Sistema responda a las necesidades de atención que requieren las más diversas situaciones de Dependencia, así como a la promoción de la autonomía personal, a la mejora de la calidad de vida y a hacer realidad la igualdad de oportunidades”, aseguran desde este colectivo.
Recogida de firmas on-line de Aerte para defender la Ley de Dependencia
La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) y sus asociaciones territoriales como Aerte en la Comunidad Valenciana, han habilitado un espacio en la plataforma change.org para facilitar la recogida de firmas de la campaña destinada a exigir al Gobierno central y a los autonómicos el cumplimiento íntegro de la Ley de Dependencia.
En un comunicado, la patronal de dependencia entiende que la crisis «no puede servir de excusa para que el colectivo de dependientes no esté siendo atendido tal como garantiza la propia Ley. Precisamente, la crisis debería ser la razón para hacer efectivo el apoyo a estas personas, mayores, enfermos y discapacitados en su mayoría».
La campaña se abre a todos los ciudadanos para reclamar, a través de un manifiesto dirigido al Congreso de los Diputados, una resolución parlamentaria que obligue al Gobierno a dotar la partida presupuestaria suficiente que garantice el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a lasadministraciones públicas competentes en los términos fijados en los artículos 9 y 32 de la Ley de Dependencia. También se dirige al parlamento autonómico, con el objeto de que desarrolle propuestas para la adopción de las resoluciones que garantice el acceso a las prestaciones y servicios previstos. 500.000 firmas de apoyo a los dependientes
Para lograr estas reivindicaciones, la campaña, ajena a cualquier consigna política, necesita recoger 500.000 firmas en toda España. Firmas que servirán de apoyo a las miles de personas afectadas que tienen reconocido el derecho a asistencia pero no reciben ninguna prestación ya que sus expedientes están bloqueados por cuestiones presupuestarias: en España hay más 200.000 personas en esta situación, en la Comunidad Valenciana 11.000.
Desde la implantación en 2007 de la Ley de Dependencia, el número total de plazas en la Comunidad Valenciana financiadas con dinero público ha disminuido en más de 1.400 (alrededor de un 15%), pasando de 9.320 a 7.840 en junio de 2013. Mientras, según datos de la mima patronal, en la Comunidad Valenciana existen 5.000 plazas residenciales vacías. En España hay 60.000 plazas vacías.
Detrás de todos estos datos se encuentran personas a la espera de recibir su ayuda económica desde 2009, muchas de ellas con enfermedades como el Alzheimer y que residen o pasan gran parte de su día a día en centros o; casos de enfermos mentales tutelados por la administración que perciben los servicios profesionales específicos que necesitan en centros y que están sin cobrar desde 2011. También hay casos de personas que fallecen antes de que se les reconozca su derecho a percibir la asistencia básica necesaria o incluso que han tenido que salir de los centros al no poder soportar el pago de éstos por más tiempo ya que la administración no resuelve en los 6 meses de plazo máximo que la ley reconoce.
Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia piden por carta una reunión con Mato y denuncian la «agonía» del sector
La Coordinadora Estatal de las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia se ha reunido este viernes frente al Ministerio de Sanidad para denunciar la situación de «gravedad y agonía» que está sufriendo el sector y piden, a través de una carta y «con carácter de urgencia», una reunión con la ministra del ramo, Ana Mato, para abordar estos temas.
El portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia y presidente de la Plataforma de la Ley Dependencia de Castilla-La Mancha, José Luís Gómez-Ocaña, ha insistido en que «lo mínimo que la ministra tiene que hacer es escuchar y atender al colectivo sobre el que está aplicando los recortes». «Por lo menos que de una explicación», ha apostillado.
En este sentido, ha señalado que la obligación de las asociaciones es «exponerle que lo que hace con esta Ley implica la exclusión social y, en algunos casos, casi una condena a muerte para algunos dependientes». Además, denuncia que «la verdadera intención del Gobierno es eliminar la figura de los cuidadores familiares, que son la solución más barata y la que mayor intensidad y cuidado ofrece al dependiente».
La Coordinadora Estatal advierte sobre la posibilidad de que en el próximo Consejo de Ministros «se aproveche para colar algún Real Decreto-Ley que afecte al Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia», y que junto a la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, «haga imposible la atención de las personas en situación de dependencia y el mantenimiento de un mínimo de calidad de vida».
CRUCES FRENTE AL MINISTERIO
Durante esta jornada de protesta se han mostrado fotografías de personas dependientes y cruces negras para recordar a beneficiarios de esta Ley que han fallecido antes de poder recibir la prestación a la que tenían derecho. «Lo que pretendemos es simbolizar la entrega de las personas en situación de Dependencia al Gobierno del PP, que las ha abandonado y dejado de una manera indigna e injusta a su suerte y la de sus familiares», ha sentenciado Gómez-Ocaña.
En el mismo acto, se han recogido firmas en apoyo al cumplimiento de la Ley de Dependencia y se ha leído un manifiesto. El portavoz de la Coordinadora ha advertido de que si la ministra no se pone en contacto con ellos en las primeras semanas de septiembre, volverán a pedir esta reunión. «De lo contrario, pensaremos en otro tipo de acciones contundentes porque ya hemos insistido en que no vamos a dejar que nos quiten lo que nos corresponde. De ello depende la vida de muchos dependientes», ha concluido.
Dependientes que dejan deudas
Una deuda inesperada con el ERA (Establecimientos Residenciales para Ancianos) es la herencia que recibieron dos vecinos de Avilés cuatro años despúes del fallecimiento de sus respectivas madres. Ambas mujeres fueron usuarias del ERA, a ambas se les concedió la ayuda correspondiente a la Ley de Dependencia, pero tras su muerte, y después de que sus familias recibieran las respectivas herencias que dejaron, el ERA pasa ahora la factura de su gasto. Estos descendientes se sienten engañados, ya que nunca les dijeron que iban a contraer esta deuda con la administración, y ahora intentan liderar un movimiento de afectados para hacerse fuertes y, llegado el caso, defenderse en los tribunales contra lo que consideran una estafa.
Los hechos, tal y como cuentan estos dos afectados, son los siguientes. Las familias solicitaron las ayudas correspondientes a la Ley de Dependencia, y meses después les fueron concedidas. Las ancianas tenían, por tanto, derecho a un porcentaje parcial del coste en la plaza residencial, cuyo precio total era de unos 1.200 euros. Los herederos tenían previsto tener que abonar la cantidad correspondiente a los meses anteriores a la concesión efectiva de la ayuda por dependencia, y cuando las ancianas fallecieron los dos insistieron ante el ERA para pagar la factura.
Pero los responsables de la red de establecimientos rechazaron el pago, asegurando que no se les iba a cobrar hasta pasados dos años -y antes de cuatro- y que, además, la factura sería menor, ya que la concesión de la Ley de Dependencia era con carácter retroactivo. «A mí me engañaron. Pero no lo puedo demostrar porque el engaño fue de palabra», recrimina uno de los afectados. Y añade: «Hubiera sido mucho mejor para mí que me hubieran cobrado entonces».
Las mujeres murieron en el año 2009, esto es, antes del año 2011 en que la Ley de Dependencia entró en funcionamiento de forma efectiva, y esa es la causa que ven los afectados para que se les quiera cobrar la estancia en la residencia de ancianos. Es decir, los afectados sostienen que si sus madres siguieran vivas, no tendrían ninguna deuda. Y tampoco si ellos hubieran rechazado las herencias. Y achacan la culpa al Principado y al retraso en la tramitación de la Ley de Dependencia. «El plazo legal es de seis meses y tardaron cinco años».
La factura que el ERA quiere cobrar ahora a Ángel Rodríguez, uno de los herederos, es de 12.500 euros, cuando la deuda con la que contaba era de 3.127. Al otro, Francisco Abelardo Ruiloba, la factura asciende a 33.000, en vez de los 17.000 que esperaba. «Sabemos que tiene que haber más casos, por eso queremos hacer una plataforma, asociarnos para reclamar nuestros derechos», afirman. Uno de ellos está en fase de presentación de alegaciones, el otro ya en Servicios Tributarios y piensa incluso en los tribunales, pero sostienen que cuantos más afectados se organicen, mejor será para todos.
Por eso, cansados de pelear con las administraciones implicadas, hacen ahora un llamamiento a todos los damnificados por esta herencia inesperada. Y ponen a disposición del público sus teléfonos, para asociarse. Son el 606327133 y el 616689820. Están dispuestos a plantar batalla contra lo que consideran un engaño permitido por el Principado. «¿Pero qué Ley de Dependencia es esta?», concluyen con enfado.
Las residencias de Bizkaia se vacían
Las familias vizcainas prefieren ahora ocuparse de sus allegados en casa y percibir las ayudas económicas.
Las residencias de Bizkaia se vacían. Las prestaciones económicas para que las personas mayores puedan ser atendidas en su domicilio, unido a la crisis económica actual, han invertido la tendencia. Si en la última década se abrían nuevas residencias y se incrementaba el número de plazas cada año, en 2012 esa curva dio un giro: por primera vez, en Bizkaia se produjo un descenso. Es pequeño -apenas hay 24 camas menos- pero suficiente para confirmar que algo ha cambiado. «Las familias están sacando a sus mayores de las residencias», confirmaba la diputada de Acción Social, Pilar Ardanza. La desocupación en los centros privados ronda el 20%, cuando hace 8 años estaban llenos. Este año, y a excepción de un centro que se construye en Bilbao, ni la administración pública ni el sector privado tienen previsto abrir nuevas residencias.
Durante años, la demanda de residencias para personas mayores fue creciendo de manera imparable. Zamudio, Ermua, Arrigorriaga, Balmaseda, Basauri, Barakaldo, Bilbao… La Diputación ha realizado durante los últimos años una ingente inversión pública para abrir residencias para cubrir las necesidades del territorio. El sector privado también se movió y se multiplicaron los centros. En apenas cinco años, de 2003 a 2008, el número de plazas en residencias públicas prácticamente se duplicó, pasando de 2.600 a 4.971; en total, incluyendo también las plazas privadas, se pasó de 6.100 a 9.111. Tres años después, creció de nuevo hasta las 10.130. Una tendencia ascendente que se truncó al llegar 2012: 24 plazas menos. Una disminución muy pequeña, pero que supone un cambio de tendencia ya que en los años anteriores el volumen de plazas siempre había ido creciendo. El año pasado se cerraron dos residencias y, aunque dos centros incrementaron su número de plazas, otros tantos tuvieron que reducirlas. Para este año hay previsto otro cierre más y, aunque se ha abierto la residencia BBK Sarriko, con más de 200 plazas, y se está construyendo otra más pequeña también en Bilbao, no hay previstas más aperturas.
También la Diputación ha frenado el ritmo de crecimiento del parque de residencias. Ya a finales de 2011, la diputada de Acción Social reconocía que las casi 5.000 plazas residenciales para mayores entre forales, municipales y concertadas, eran suficientes para atender la demanda. «En Bizkaia no hacen falta a día de hoy más plazas residenciales, sino ocupar las que ya existen», afirmaba Pilar Ardanza. Así, se decidió ampliar el sistema de plazas concertadas -aprovechando la red ya existente, los mayores casi pueden elegir una residencia a la carta- y la cuantía de la prestación vinculada al servicio. Actualmente, todas las plazas públicas están ocupadas y de las 2.543 concertadas para 2013, solo existe una libre para casos de urgencia. Prácticamente no hay lista de espera: el tiempo de asignación de plazas a personas dependientes valoradas con grado III, las situaciones de dependencia más graves, no sobrepasa los 15 días, como promedio.
«LO ESTÁN PASANDO MAL» Por el contrario, el 20% de las camas en las residencias privadas de Bizkaia están vacías. «Quizá un poco más. Es una cifra muy alta, más teniendo en cuenta que hace 7 u 8 años la ocupación era plena. Han cerrado algunas, tanto pequeñas como grandes. Hay muchas que lo están pasando mal; si esto se prolonga, tendrán que cerrar», explica Ana Urrutia, presidenta de la asociación de la Asociación Empresarial de Residencias de Bizkaia, Aerebiz. Las que peor lo están pasando son las que se encuentran alejadas de núcleos urbanos. Aunque hace años se pensó que un entorno natural era más adecuado para el cuidado de los mayores -y el suelo era más barato- actualmente se ha visto cómo las familias prefieren tener a sus familiares cerca. «Bilbao es el municipio que menos problemas de ocupación tiene», apunta.
La población envejece y eso debería generar una mayor demanda. Sin embargo, actualmente en Bizkaia ocurre todo lo contrario. Como a todos los sectores, la crisis económica también ha hecho mella entre las residencias privadas. No solo en cuanto a una menor capacidad de gasto de las familias, también porque hay más gente en paro. A ello se une, además, la Ley de Dependencia, que permite que las familias puedan recibir una ayuda económica para cuidar a sus mayores en casa. Muchas familias, ante la disyuntiva de tener que pagar para ingresar a un familiar en una residencia o recibir una cantidad para cuidarle, no lo dudan. «Hay menos gente trabajando fuera y pueden cuidar a sus familiares. Con las prestaciones económicas que se otorgan para cuidados en el hogar, muchos mayores se quedan en casa», ilustra Urrutia.
La presidenta de Aerebiz no cree que se deba a un cambio de hábitos. «Siempre hemos sido una sociedad muy de estar en casa, queremos envejecer en casa. Cuando había trabajo, no se podía atender a los mayores y las residencias se empezaron a ver como un recurso adecuado. De tener muy mala prensa pasamos a ser vistos como centros de calidad. Fue un paso de gigante pero luego se dio un paso atrás», explica.
Respecto al precio, otra de las barreras con las que se encuentran muchas familias, Ana Urrutia no está de acuerdo con que se las califique de caras. «Para el nivel de servicios que se ofrece no lo son. En casa, esos servicios supondrían un desembolso de entre 6.000 y 8.000 euros. Otra cosa es pagar 1.500 euros a una interina, darle dos tardes libres a la semana… Es legal pero, ¿es de justifica social?», plantea.
Y, ¿EL FUTURO? Y las residencias, ¿cómo se están adaptando a esta nueva situación? «No quiero hablar de guerra de precios, pero supongo que algo hay», admite la presidenta de Aerebiz. Los centros intentan labrarse un futuro, pero muchas veces se encuentran encorsetados por la legislación. «El parque de residencias tiene mucho potencial. Podemos ofrecer muchos servicios que ahora damos solo para los residentes: lavandería, comedor… El mismo cuidado que damos en la residencia, ¿por qué no darlo en el domicilio, donde se quedan la mayoría de los mayores? Ahora, por ley, no podemos sacar a las auxiliares, por ejemplo. Sería una fuente de empleo, de servicios para una población mayor cada vez más numerosa. Debería haber una reflexión sobre ello», propone Urrutia.
Empresas de Dependencia alertan de que el sector está casi «en bancarrota»
El presidente de la Federación Estatal de Empresas de Dependencia (FED), Alberto Echevarría, ha alertado hoy de que el sector de atención profesional a los dependientes está «prácticamente en bancarrota» porque «desde hace dos años» sólo «ha sufrido recortes».
El máximo representante de la FED ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un foro sociosanitario, celebrado en Valladolid, al que ha asistido también la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos.
Echevarría ha asegurado que «no se está apostando por la Ley de la Dependencia» y la «excusa es la crisis», algo que, a su juicio, no puede hacerse porque el sector de atención profesional a la dependencia «tiene demanda».
El presidente de los empresarios del sector ha indicado que sólo en centros residenciales en España existe una oferta de 60.000 plazas, cuando hay «más de 200.000 usuarios que, habiendo sido valorados como grandes y severos dependientes, a día de hoy no están recibiendo prestación».
«Es un sector que realiza inversiones y crea puestos de trabajo», ha manifestado Echevarría, quien ha insistido en que la «excusa jamás puede ser la crisis económica».
El presidente de la FED ha añadido que Castilla y León es una de las comunidades autónomas que «mejor lo está haciendo» porque está «apostando por servicios profesionales», que, a su juicio, es «lo que genera inversión y empleo».
Echevarría ha apostado también por mejorar la atención sociosanitaria y ha asegurado que «no se puede estar pagando 700 euros por plaza y por día en un hospital de agudos, cuando el 50 por ciento de estas plazas están ocupadas por enfermos crónicos».
«Los especialistas en la atención a crónicos son los centros residenciales y sociosanitarios, que lo pueden hacer cinco veces por debajo de ese coste», ha precisado.
«No podemos jugarnos la atención de la Ley de la Dependencia», ha asegurado el presidente de la FED, quien ha recordado que el 24 por ciento de las plazas de los centros residenciales en España están vacías y que un servicio de esas características «no puede sobrevivir por debajo de un 20 por ciento de ocupación».
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha participado en el foro a través de la explicación del modelo de atención a la dependencia en la Comunidad.
Marcos ha hablado sobre las medidas que se adoptaron en Castilla y León el pasado año para «garantizar la atención profesional y de calidad a las personas dependientes» y «en paralelo la sostenibilidad de los centros de atención a personas mayores tanto en el ámbito urbano como en el rural».
La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades ha recordado que se incrementaron «sustancialmente» las cuantías que se otorgan a las personas dependientes que eligen cuidados profesionales y se acordaron con el sector unos «precios de referencia» para que los dependientes puedan «comprar» el servicio que necesitan con lo que aporta la Comunidad y la capacidad económica del usuario.
La consejera ha presentado el sistema de centros multidisciplinares de la Comunidad y el de las unidades de convivencia, con atención «más personalizada», que ya está funcionando en cuarenta centros de la Comunidad.
La dependencia, entre las prioridades de los Programas de Urgencia Social definidos por el Gobierno
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que establece las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas a programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF. Según ha explicado el Gobierno, el actual sistema de distribución de las subvenciones con cargo al 0,7 por ciento del IRPF se sustituye por uno “más eficiente, flexible y objetivo”, basado en áreas de actuación en lugar de en colectivos como era hasta ahora.
Este Real Decreto, del que se había informado previamente al Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, regula por tanto la convocatoria de 2013, que distribuirá 211 millones. Así, se va a dar prioridad a los Programas de Urgencia Social. Estos planes marcan distintos objetivos, y entre ellos el apoyo a las familias con necesidades especiales de atención, “en particular las que tengan menores, mayores o personas dependientes a su cargo”.
Según ha explicado el Gobierno, a la convocatoria de este año podrán acceder aquellas entidades que tengan la consideración de entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Administración, además de las entidades sociales y organizaciones no gubernamentales ya previstas el año pasado. El objetivo es, en definitiva, reorientar la convocatoria dedicando las ayudas a quienes más lo necesitan.
Subvenciones de Régimen General
Por otra parte, el Consejo de Ministros también ha aprobado el Real Decreto que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector. De acuerdo con esta modificación, se reconoce a las organizaciones que componen este Tercer Sector como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado. Esta nueva regulación “va a garantizar el mantenimiento del régimen de ayudas a las entidades y organizaciones del Tercer Sector de Acción Social que tengan ámbito estatal que desarrollan un papel fundamental de colaboración con los poderes públicos para atender situaciones de emergencia social”.
Aerte denuncia que la Generalitat no ha abonado los 12 millones que se comprometió a pagar en junio
Así lo ha indicado Aerte en un comunicado, en el que ha mostrado su esperanza en que el Ejecutivo valenciano «resuelva durante este mes» el pago de una deuda que, unida a los alrededor de 59 millones de euros pendientes de pago de 2013 a las empresas del sector elevan a más de 70 millones la deuda total.
A esta cifra, continúa la patronal, habría que añadir la deuda con los dependientes usuarios de las Prestaciones Vinculadas al Servicio (PVS), subvenciones individuales directas al usuario que permiten al dependiente elegir qué servicio y en qué centros (dentro de los autorizados por la administración) quiere ser atendido. Estas prestaciones sufragan parte del coste profesional pero no la totalidad, al tener establecidos unos topes.
Ha criticado que «la falta de dotación presupuestaria por parte de la administración central y autonómica, unida a una política de concertación de plazas poco equitativa, está afectando al sector de la dependencia, que ha visto cómo en menos de año y medio se han cerrado en la Comunidad Valenciana varios centros de tres de los grandes operadores, tanto a nivel autonómico como nacional, junto a otros más pequeños».
Según sus cifras, esto supone en total 400 plazas menos y unos 200 puestos de trabajo perdidos «en un sector generador de empleo directo que afecta a un segmento de la población especialmente castigado por la crisis».
En este sentido, Aerte ha lamentado el cierre este mes de julio de otro de sus centros asociados, una residencia de tercera edad en Santa Pola(Alicante) «con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo» que conlleva.
UTILIZAR LAS PLAZAS VACÍAS
La asociación ha insistido en que tan sólo utilizando las 5.000 plazas que actualmente están vacías se generarían 2.500 puestos de trabajo directos en la Comunitat Valenciana (1.750 en Valencia, 500 en Alicante y 250 en Castellón). Actualmente, trabajan en la red de Aerte más de 14.000 personas que dan servicio a más de 22.000 dependientes.
«El sector de la dependencia, que requiere de una alta inversión por parte de las empresas, se está resintiendo de forma especial por la crisis y la lentitud de las administraciones en resolver las dotaciones presupuestarias comprometidas», ha alertado la patronal, que advierte de que esta situación «pone al borde del cierre a más centros, sobre todo de pequeño tamaño que tienen incluso dificultades para poder cerrar, ya que no pueden permitirse gestionar fácilmente los expedientes de cese de actividad».
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES
Para la patronal de la dependencia, la política de la administración valenciana «impide que se cumpla el derecho de las personas dependientes y sus familiares a escoger de forma libre el centro especializado donde desean ser atendidos, cuya consecuencia es la asignación no igualitaria de plazas entre los centros residenciales».
Por otro lado, ha recordado que 11.000 dependientes, en algunos casos anteriores a 2011, tiene reconocido su derecho a recibir asistencia socio sanitaria, «pero no la reciben por falta de resolución de sus expedientes».
Más de 15.000 potenciales dependientes jiennenses a la espera de que se analice su situación
Desde hace 3 años, los ‘hachazos’ al Estado del Bienestar vienen acompañados de argumentos de ‘ahorro’. Sin embargo, cada recorte tiene consecuencias sociales y, en materia de dependencia, sobre la salud. Solo en Jaén, el primer ‘tijeretazo’ que el Gobierno asestó a la ley, en 2012, ha elevado el número de personas que esperan que se las evalúe en 1.249 y los usuarios de la ayuda a domicilio han caído casi un 13%.
Es el cuarto pilar del Estado del Bienestar, pero “la están dejando morir”, dice, indignado, el presidente de la Asociación para la Promoción y Atención al Minusválido Físico (Aspramif) en Jaén, Ricardo Rocío. Con la excusa de la recesión que vive España y de los “desequilibrios presupuestarios” que arrastraba, la Ley de Dependencia ha sido una de las grandes damnificadas de los recortes. Pero, detrás de cada ajuste y más allá de los argumentos de ahorro en un país de presupuestos tradicionalmente ajustados en materia sanitaria, están los rostros de miles de personas y sus efectos sobre la salud. Desde julio de 2012 y a pesar de los “esfuerzos” de la Junta para contrarrestar los “tijeretazos” del Gobierno, el número de jiennenses que aguardan a que se evalúe su grado de dependencia ha aumentado en un 8,3%. Según los datos que maneja la Consejería, a los que tuvo acceso este periódico, hay 1.249 solicitudes más que hace un año, lo que supone que, solo en la provincia, en estos momentos, haya 15.186 personas pendientes de valoración. Pero la espera no es el único efecto de los recortes. Como denuncia el secretario de Salud y Servicios Sociosanitarios de FSP de UGT en Jaén, Miguel Ángel Cazalilla: “En materia de dependencia, no se ha producido ni un alta. No hay reposición de la prestación”. Y el resultado es que el número de usuarios ha caído en un 12,8%, pasando de los 6.040 usuarios que se contabilizaban a finales de junio de 2012 hasta los 5.267 actuales.
Consecuencias similares se han registrado en el servicio de atención residencial, donde —como explica Cazalilla— “solo se atienden casos de emergencia, ¡y ni siquiera todos!”. Antes de la entrada en vigor del Decreto Ley 20/2012, las 2.250 plazas en residencias de mayores que hay en la provincia estaban cubiertas casi al 100%. Con una caída del 9,22%, ahora solo lo están 1.995. Y la misma tendencia a la baja se ha producido en residencias de mayores con trastornos de conducta, con un 2,05% menos de ocupación en las 101 plazas que hay en Jaén, y en complejos concertados para personas con discapacidad, en las que, de las 560 plazas que existen, solo están cubiertas 546.
Cospedal se escuda en la lucha contra el fraude para ‘meter’ un tijeretazo en las ayudas a la dependencia
El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por María Dolores de Cospedal, tiene el firme propósito de ‘meter’ un tijeretazo a la Ley de Dependencia. La perfecta excusa sería la lucha contra el fraude.
O, al menos eso se desprende de una carta la que ha tenido acceso EL BOLETIN enviada a la Plataforma Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha por el Gabinete de La Presidencia de la Junta.
En esta misiva se dice textualmente que “se está tramitando un cambio normativo que evitará la posibilidad de cobro por parte de herederos y que la persona fallecida tenga derecho a seguir cobrando hasta el día último del mes en que han muerto”.
O lo que es lo mismo, que las autoridades dejarán sin cobrar la ayuda correspondiente a un mes completo a los cuidadores del dependiente que haya fallecido. Sólo percibirán la cantidad proporcional a los días que permaneció vivo.
Como hemos dicho antes, la Junta justifica el recorte por la necesidad de luchar contra el fraude. En la carta se asegura que, según el IMSERSO, en la comunidad se estaban “constatando pagos indebidos del Estado como consecuencia del mantenimiento de personas fallecidas en el sistema estadístico de dependencia de Castilla-La Mancha”, para justificar los recortes en las ayudas.
Las declaraciones efectuadas ayer a este periódico por el portavoz de las plataformas en defensa de la Dependencia coinciden con lo que dice la carta. Además del criticar este próximo cambio en la ley, José Luis Gómez comentó que quien dirige la política nacional de dependencia por encima de la ministra de Sanidad, Ana Mato y que el recorte sería primero en Castilla-La Mancha y después se aplicaría en el resto del país.
A pesar de que la carta está firmada por la Jefa del Gabinete de Comunicación de La Presidencia de Castilla-La Mancha, María Gema Pérez Abad, desde la Junta se asegura no estar al tanto de ese proyecto de recorte tras los requerimientos de este diario al respecto.
Sanidad opina que el número de Grandes Dependientes atendidos es «elevado» y lo atribuye a un mal uso del baremo
La Evaluación 2012 del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) que la ministra de Sanidad, Ana Mato, presentará mañana a las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial del ramo, considera que hay un «elevado» número de personas declaradas Grandes Dependientes (Grado III) y lo atribuye a «un uso inapropiado del baremo de valoración» con el que se diagnostica la situación que tiene cada persona.
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, analiza los datos del SAAD entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2013 y señala que de 1,26 millones de personas valoradas y con derecho a prestación, 394.777 estaban localizadas en el Grado III, un 31,27 por ciento, que es «casi el doble de lo previsto» en el Libro Blanco de la Dependencia, redactado en 2007.
«A 31 de diciembre de 2011 este porcentaje era aún mayor: el 33,74% de personas reconocidas en Grado III (431.811 beneficiarios)», expone el documento, que destaca no obstante que, «en este año ha descendido en 2,5 puntos porcentuales» el peso de la población con un mayor nivel de dependencia.
El texto recoge «posibles causas de esta situación» que «se resumen en el uso inapropiado del baremo de valoración» aunque, conforme explica, «puede ser que confluyan también otros factores» como «que se han realizado reconocimientos de grado mediante la denominada ‘pasarela’ de personas ya atendidas».
«Otra razón de este número tan elevado de personas reconocidas en Grado III pudiera ser que la financiación viene directamente relacionada con el grado de dependencia reconocido», plantea el informe del Ministerio de Sanidad.
La evaluación dedica un capítulo a comparar el sistema de dependencia español con los de Alemania, Austria y Francia y, tras destacar que los baremos muestran «importantes diferencias» en cada uno, asegura que «sin duda el más generoso es el español».
Según afirma, con los criterios que aplican los alemanes 163.000 personas atendidas en España se quedarían fuera del sistema y en Francia, 463.000 no llegarían a entrar. En este país se excluye de la atención a la dependencia a las personas menores de 60 años y no tienen Grado I en su clasificación.
«Si nos centramos en los casos de Alemania y Austria, los más parecidos a España, tenemos que las personas valoradas en Grado III son un 11,9 y un 15,66%, respectivamente, mientras que en España este porcentaje, a 1 de enero de 2013, se eleva al 31,27%», explica el informe.
Las ayudas autonómicas para discapacidad se redujeron más de un 60%
El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Mario García, ha denunciado este jueves que las ayudas que las comunidades autónomas destinan al sector de la discapacidad se han reducido «entre un 60 y un 70 por ciento» en los dos últimos años e «incluso hay algunas partidas que se han eliminado por completo».
«La eliminación o la drástica reducción de ayudas y subvenciones, junto al descenso en la financiación privada, está provocando que este colectivo vea mermados programas servicios, recursos y dispositivos de apoyo directo al colectivo que únicamente prestan las organizaciones de discapacidad, puesto que las administraciones no lo hacen», explica García.
En un comunicado, apunta que, además, «las organizaciones de discapacidad llevan años sufriendo retrasos en el cobro de subvenciones para la prestación de servicios sociales básicos» y, en este sentido, celebra que por fin se haya aprobado un plan de apoyo a las ONG que transferirá fondos para que las administraciones públicas puedan saldar las deudas que con ellas han contraído.
«Era muy necesario puesto que llevamos años sufriendo retrasos en el cobro de subvenciones para la prestación de servicios sociales básicos que son imprescindibles para mantener la salud y calidad de vida de las personas con discapacidad, para fomentar su integración y normalización en la sociedad o para defender sus derechos», ha añadido.
Así, confía en que el plan, junto al resto de medidas adoptadas en relación al Fondo de Liquidez Autonómica, «sirva para saldar las deudas pendientes» y para que «se reactiven los apoyos que las administraciones autonómicas proporcionaban a este sector y que han eliminado o reducido drásticamente».
