Recortes
Antonina Sánchez: “Asistimos a la demolición de la Ley de Dependencia»
La teniente alcalde de Sanidad y Servicios Sociales de Valdepeñas, Antonina Sánchez, afirmó este martes que los recortes de servicios y el incremento de las tasas a los usuarios de la Ley de Dependencia por parte del gobierno regional, “suponen un brutal retroceso. Asistimos a la demolición de la Ley de Dependencia. Los efectos de las políticas del PP son devastadores. Ha habido cambios en la normativa y recortes que dejan en la calle a los dependientes. Han recortado sus prestaciones”.
Enumeró recortes como el reflejado en el Decreto 174/2011 que modifica el baremo a través del cual una persona se considera dependiente. “Dependientes de grado 3 ahora son de grado 1 y los de grado 2 y 1, la Junta ha dejando de considerarlos dependientes. Supone una pérdida de derechos. También se ha disminuido el número de horas al mes de ayuda a domicilio que recibían los dependientes y se ha establecido la incompatibilidad entre servicios que recibe una persona dependiente, excepto en la tele-asistencia, lo que hace que el dependiente deba elegir entre ir al centro de día o el servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo. Esto supone una situación de desprotección”.
Sánchez apuntó que “otra medida sangrante” es que las personas que tienen reconocido el grado 1-nivel 2 y que tenían derecho a todas las prestaciones y servicios a partir del 1 de enero del presente año, han visto retrasada la atención hasta julio de 2015. Es igual que si una persona que sufre cáncer y necesita quimioterapia le retrasan el tratamiento dos años, es probable que no llegue a recibirlo porque muera. Miles de personas morirán esperando recibir ese servicio que necesitan, porque la esperanza de vida de estas personas dependientes es muy corta”.
Otro recorte es dejar de financiar la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales en el ámbito familiar y otro, reducir las prestaciones económicas para dependientes en un 15%.
En cuanto al incremento de las tasas, Antonina Sánchez recordó que las prestaciones dependen ahora de las rentas y el patrimonio. También indicó que el servicio de Ayuda a Domicilio que antes era gratuito, ahora oscilará entre 56 y 186 euros en Valdepeñas.
Asimismo se ha incrementado la tasa del Centro de Estancias Diurnas del Lucero más de un 80%, no se concede el Transporte Adaptado, el gobierno central ha disminuido un 30% desde 2012 el presupuesto para dependencia y la Junta lo ha reducido un 11,17% (93 millones de euros), se ha modificado la Relación de Puestos de Trabajo suprimiendo 178 puestos (93 dentro del ámbito de la dependencia) y se ha aprobado la Ley de Tasas, con lo que el dependiente debe pagar por la gestiones de la administración, como 40 euros por revisar el grado de dependencia o 30 por la revisión del grado de discapacidad.
Aragón, las ayudas de la dependencia a las familias serán excepcionales
Las arcas de la Administración están vacías. Tanto que al Gobierno de Aragón no le queda otra que reorientar el desarrollo de la Ley de la Dependencia. A partir de ahora las ayudas que reciban las familias tendrán un carácter «excepcional». Las partidas presupuestarias se destinarán a las prestación de servicios, como la teleasistencia, o las residencias –pese a que se han destruido ya 2.000 plazas–.
Ante las críticas de la oposición, el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, les echó en cara que solo se preocupen de las prestaciones económicas, cuando «lo importante es el dependiente y no la familia. Por ello hay que facilitarles servicios como centros de día o residencias, que garantizan, «además de la generación de empleo, una mejor atención».
Oliván compareció a petición del PSOE. Su portavoz, Mariví Broto, le preguntó por el desarrollo de ley y le recordó que la presidenta Luisa Fernanda Rudi la calificó de «inservible» hace meses. La socialista calificó la situación de «muy grave» y consideró «necesario» que los servicios sociales «se pongan a trabajar».
REVERTIR LA LEY
Oliván reconoció que su intención es cambiar la tendencia de la aplicación de la ley, puesto que en estos momentos el 65% de los ciudadanos que tiene derecho recibe una prestación económica, y el 35% se beneficia de algún servicio. Unos datos que el consejero de Sanidad quiere revertir. Entre otras cosas porque supondrá un ahorro para la Administración, que ganará en capacidad de gestión y resolverá los problemas que se generan con la concesión de ayudas.
Y en esa línea van precisamente los cambios acometidos en el seno de su departamento, que ayer anunció Oliván. Están encaminados a «aplicar criterios de eficiencia en la gestión, ineludibles siempre pero más en las actuales circunstancias», dijo. El cambio consistirá en la supresión de la dirección general de Bienestar Social y Dependencia, que pasará a depender del propio IASS. Irá acompañado con un «amplio proceso de adaptación normativa» en cuestiones como la propia dependencia, la adopción o la homologación de los procedimientos de actuación.
Ninguno de los argumentos convencieron a Broto, que no dudó en señalar que el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi está «destruyendo» la dependencia. Justificó esta aseveración con la pérdida de posiciones que Aragón ha sufrido en el ránking de aplicación de esta ley desde que el PP está en el Ejecutivo autonómico.
Más de 15.500 asturianos reciben prestaciones de la Ley de Dependencia
Un total de 15.566 personas reciben actualmente en Asturias prestaciones de la Ley de Dependencia, según ha informado hoy consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, que ha cuantificado en 14 millones de euros el recorte que el gobierno del PP ha llevado a cabo en materia de servicios sociales.
La consejera ha ofrecido estos datos al comparecer hoy ante la Comisión de Bienestar Social de la Junta General del Principado.
La cifra de beneficiarios es la obtenida a finales de marzo, tras actualizar el número de expedientes incluidos en el registro informático del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SISAAD), un proceso que se ha compatibilizado con la incorporación de nuevos beneficiarios.
La consejera ha destacado ante la Comisión de Bienestar Social que el Servicio de Atención a la Dependencia prácticamente ha completado la mecanización de expedientes en el registro del SISAAD y que únicamente quedan algunos por grabar por causas técnicas.
En septiembre de 2012 había 2.500 expedientes que no tenían reflejo alguno en las estadísticas mensuales del Imserso porque no estaban dados de alta en la aplicación informática del SISAAD, según ha informado la Consejería en un comunicado.
Esta situación provocaba que el Principado dejara de ingresar, por parte del Estado, el nivel mínimo garantizado correspondiente a dichos expedientes, que ahora comenzará a recibir.
En el mes de octubre, parte del personal del Servicio de Atención a la Dependencia se dedicó a poner al día el registro.
Díaz ha cifrado también en más de 14 millones de euros el recorte del Gobierno de Mariano Rajoy en su aportación a los servicios sociales en Asturias, que se ha aplicado a la dependencia y los planes concertados, al tiempo que se ha suspendido la contribución económica al servicio de teleasistencia municipal.
La titular de Bienestar Social ha señalado que, a pesar de las grandes dificultades económicas que existen, desde el Principado se ha realizado un gran esfuerzo presupuestario para «minimizar el impacto de los recortes».
El CERMI alerta a Montoro sobre el riesgo de que se excluya a la discapacidad de los Fondos Estructurales
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha manifestado su «máxima alerta» al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, sobre el riesgo de que se excluya a la discapacidad de los Fondos Estructurales.
A través de una carta, Cayo manifiesta el temor ante una posible desaparición de cuestiones que considera «clave» para la consecución de los objetivos de la Política de Cohesión. «Venimos trabajando en el proceso de reforma de la normativa reguladora de los Fondos Estructurales desde su inicio, habiendo logrado que determinados aspectos esenciales para el sector de la discapacidad estén incluidos en dicho proceso», ha apostillado.
De esta forma, Pérez Bueno ha trasladado la demanda del sector de la discapacidad, representado en España por el CERMI, y en la Unión Europea por el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), en el marco de la estrategia del movimiento de la discapacidad en relación con los Fondos Estructurales.
Para el Comité y para el EDF, los Fondos Estructurales y de Inversión deberán, además de fomentar la cohesión social, económica y territorial, «contribuir a los objetivos de la Estrategia Europea por un crecimiento sostenible, inteligente e integrador».
Sin embargo, el CERMI advierte de que «los objetivos de la Estrategia Europa 2020 no se alcanzarán si los Fondos excluyen a las mujeres, a las personas con discapacidad o a las personas en situación de pobreza».
En este sentido, Bueno subraya que la prevención de las desigualdades o discriminación por motivo de sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual está «claramente establecida» en el Tratado de la Unión Europea, y en la Carta de Derechos Fundamentales.
Asimismo, agrega que la Unión Europea como tal, así como los Estados miembro han firmado la Convención de la ONU, y, de esta manera, si se retirase la condicionalidad ex-ante, «se violaría estas disposiciones de los Tratados fundamentales», y «pondría en riesgo la consecución de la cohesión económica, territorial y social de Europa».
Casi 60.000 catalanes mueren esperando acceder al cobro de la dependencia desde 2007
Un total de 59.750 catalanes han muerto desde 2007 durante el proceso de acceso al cobro de la prestación por dependencia, que arranca con la presentación de la solicitud y culmina con la percepción de la ayuda, el 15,5% de ellos durante 2012.
Lo ha explicado este miércoles en respuesta parlamentaria la consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, que especifica el conjunto de personas fallecidas durante todo el proceso, aunque la pregunta del diputado del PP Pere Calbó solicitaba exclusivamente el número de fallecidos que no habían cobrado pese a que tenían el derecho reconocido en vida a través de un plan de atención individualizada (PIA) –que establece el grado de dependencia y la cuantía a percibir–.
Fuentes de la Conselleria han explicado a Europa Press que la cifra de fallecidos facilitada por Munté tiene en cuenta a todas las personas que han hecho una solicitud, aunque quizás después no cumplieran los requisitos para el cobro, por lo que la han desvinculado de retrasos o errores en los pagos.
El periodo comprendido entre 2008 y 2010 fue el que registró más fallecidos esperando a entrar en el circuito se cobro de la dependencia, con 39.063, el 65,3% del total de los últimos seis años –14.232 en 2008, 13.849 en 2009 y 10.982 en 2010–.
Aunque en 2011 hubo una importante disminución, con 6.862 fallecidos, en 2012 se produjo un repunte de las muertes hasta las 9.301 personas, lo que supone un incremento de un 35,5% en un año.
Todas las cifras desde 2008 quedan muy lejos de las registradas en 2007, cuando murieron 4.521 personas que habían solicitado ser valoradas de su grado de dependencia.
La consejera valenciana de bienestar social recuerda que se han pagado 32 millones a asociaciones en las últimas semanas
La consejera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Asunción Sánchez Zaplana, recordó hoy en el Fórum Europa. Tribuna Mediterránea que durante esta semana y la pasada el Gobierno autonómico ha realizado pagos por valor de casi 32 millones de euros que tenía pendientes de abonar a asociaciones y empresas dedicadas a la discapacidad, un sector con el que el Consell mantiene una importante deuda a pesar de que dichos gastos forman parte de los capítulos de gastos corrientes de la Generalitat.
Sánchez Zaplana explicó que desde que su equipo desembarcó en la Consejería de Bienestar Social el pasado mes de diciembre, después de la última reestructuración del Consell de Alberto Fabra, el trabajo que hemos estado haciendo con la Consejería de Hacienda es pagar los servicios y prestaciones de organizaciones y empresas del ámbito de los servicios sociales.
Tenemos que ser capaces de que las empresas que prestan los servicios sociales del ámbito de la discapacidad, las personas mayores, o cualquier familia, mujer, etcétera, puedan cobrar en tiempo y forma, subrayó la consejera durante su participación en el citado encuentro informativo, organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum.
COMPROMISO CON EL SECTOR SOCIAL
Sánchez Zaplana, que estuvo acompañada en el acto por numerosos representantes del ámbito social, además de compañeros de partido, gobierno y otras administraciones públicas, adquirió un compromiso firme con el sector, al borde del colapso ante los impagos del Consell de Alberto Fabra: Voy a trabajar para que tengan garantizado el pago de los servicios. Creo en ello, aseguró la consejera del ramo.
En este punto, y para concluir su intervención al respecto, Asunción Sánchez Zaplana destacó el papel indispensable que juegan las ONG y el Tercer Sector en general.
Las ONG», manifestó la consejera, «son un reflejo de nuestra sociedad, prestan servicios fundamentales y desempeñan una valiosa articulación de la sociedad civil.
El Gobierno prepara un decreto para enterrar la dependencia
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales acusa al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales de «estrangular» la gestión de la Ley de Dependencia.
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales acusa al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales afirman que el Gobierno incumple el acuerdo alcanzado en el último Consejo Interterritorial de Dependencia celebrado el pasado 16 de enero y acusan al Ejecutivo de “estrangular” la gestión de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia a través de un Real Decreto en el que está trabajando a espaldas de las Comunidades Autónomas. Afirman que el Gobierno incumple el acuerdo alcanzado en el último Consejo Interterritorial de Dependencia celebrado el pasado 16 de enero.
En 2012, el Ministerio suprimió la aportación estatal para el nivel acordado, lo que supuso en el conjunto del país una reducción de 283 millones. A ello se unió en julio del pasado año la modificación de la Ley, que incluía otro hachazo en la aportación ministerial para el nivel mínimo de 87,7 millones de euros, es decir, un 13,24% menos de lo que aportaba en 2011.
Para 2013, el presupuesto que maneja el Ministerio según la Memoria del análisis de impacto normativo del Proyecto de Real Decreto por el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, contempla un recorte para el conjunto de las Comunidades Autónomas de un 22,6% con respecto al presupuesto final de 2012, es decir, 317,3 millones, a los que hay que añadir los 283 que aportaba por el nivel acordado suprimido ya el pasado año. Y es que mientras en 2012 el Imserso destino 1.404.493.590 €, para el nivel mínimo, este año el presupuesto previsto es de 1.087.179.320 euros.
Desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales aseguran que en 2012 y 2013 el Estado dejará de aportar a las Comunidades Autónomas más de 600 millones de euros, lo que representa un porcentaje muy importante de lo que recibían las Comunidades Autónomas.
El real decreto contempla aspectos que de aprobarse, supondrían, según la asociación, “un estrangulamiento total”, afirman que, “supondría la paralización prácticamente total de la tramitación de expedientes, al tener que trabajar en la incorporación de millones de datos de personas que han estado atendidas desde la entrada en vigor de la Ley, cuyo cumplimiento pretende exigirse para que el Imserso no deje de pagar a las Comunidades Autónomas suspendiendo la liquidación del nivel mínimo. Todo ello teniendo en cuenta que con la eliminación del nivel acordado se ha eliminado también la aportación económica a las Comunidades para la gestión”.
Añaden que las estadísticas oficiales desde hace siete meses se relacionan con los fallecimientos tanto de los beneficiarios, como de las personas en situación de dependencia que se encuentran en la lista de espera, “esto indica que al no mantener la tasa de reposición de beneficiarios, bajar las solicitudes, los dictámenes, el número de grandes dependientes, y reducir el número de personas con derecho nos lleva a pensar que el Sistema de Atención de la Dependencia tiene fecha de cierre, cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido. Si a todo ello le unimos los recortes económicos y las condiciones leoninas como las que se quieren incluir en el real decreto que pretende aprobar el Imserso, parece que esa fecha está marcada y se corresponde con la fecha de publicación en el BOE del citado real decreto”.
La asociación denuncia que sólo en este último mes se han cerrado 319 plazas de residencia, 517 de ayuda a domicilio, 1.083 de teleasistencia, entre otros servicios, lo que supone el despido de casi un millar de trabajadores del sistema de atención a la dependencia –un 90% mujeres-. Además 3.649 cuidadores familiares han dejado de recibir una ya mermada prestación económica.
La Comunidad de Madrid exige el 25% de su pensión a ancianos que cobran 360 euros al mes para que puedan conservar su plaza en pisos tutelados
En el acogedor apartamento de Ildefonso Gallardo, una docena de pensionistas se reúne una tarde. “Me llamo Ada Romo, pero sin hache, porque si fuera un hada cogería mi varita y me pondría a arreglar todo lo que está mal”, se presenta una de las asistentes. Ada, Gisela, Reina, Héctor, Magdalena, Isabel e Ildefonso son algunos de los 135 ancianos que viven en los pisos tutelados que la Comunidad de Madrid tiene en Leganés, destinados al alojamiento y supervisión de las personas mayores que carecen de una casa adecuada donde vivir.
Ninguno de los presentes es menor de 65 años y todos viven entre el temor y la indignación desde que supieron que a partir de abril tendrán que pagar el 25% de su renta para continuar viviendo en este centro. Ellos y el resto de los 595 usuarios de los seis edificios que mantiene el Gobierno regional pagaban, hasta ahora, solo lo que gastasen de luz, agua y gas: unos 100 euros al mes.
La mayoría cobra pensiones de entre 300 y 400 euros, pero tras aplicarles una nueva tasa aprobada por la Comunidad de Madrid en noviembre de 2012, les quedará unos 200 para pagar sus gastos de comida, higiene, limpieza, ropa, transporte o medicamentos. “Ya no podré ni darme el gusto de comprar un jersey porque no me va a quedar nada”, lamenta Ada, que tendrá que pagar 80 euros de una pensión de 370 con la que se mantienen ella y a su marido.
La Consejería de Asuntos Sociales asegura que los gastos del suministro (luz, agua, calefacción…) irán a partir de abril incluidos en la nueva tasa, pero estos ancianos afirman no haber sido informados de ello. “Al contrario, yo le he preguntado a la directora del centro y me ha dicho que le extraña mucho”, precisa Ildefonso. Tiene 77 años y vive en un apartamento individual. Antes de jubilarse fue guía turístico, habla cinco idiomas y ha trabajado en España, Suiza y Alemania. “En Canarias ganaba bien, pero en 1979 mi madre se puso enferma y me tuve que volver a Madrid”, recuerda.
Desde entonces, solo pudo ganarse la vida haciendo trabajillos de traducción que cobraba en negro. Ahora dispone de una pensión no contributiva de 364 euros. Al restar los gastos y desde el 1 de abril, 106,94 euros más por el piso, de 40 metros cuadrados, le quedarán algo más de 150 euros para comer.
La horquilla de la tasa se sitúa entre un 15 y un 25% en función de los ingresos de cada usuario y de si ocupan un piso con otra persona o en solitario. A Ildefonso le toca el porcentaje máximo porque vive solo y cobra más de 320,19 euros. Este pensionista denuncia la falta de transparencia de la Comunidad porque, calculadora en mano, demuestra cómo le cuentan las 14 pagas anuales para luego dividir el total entre 12 meses, con lo que al final abonará un 29% de su sueldo. “Me salen 91,24 euros pero me han dicho que tengo que pagar 106”. El resto de sus compañeros también abonarán el 25%.
“Lo único que hacemos es equiparar este servicio con el que da el Ayuntamiento, que cobra un precio público desde que lo puso en marcha”, indica una portavoz de la consejería. También recuerda que estas personas no son dependientes y que pueden buscar “otras opciones para vivir” si no están conformes.
Las más combativas son Reina Fernández y Gisela Nodarce, dos cubanas que no pueden ser más distintas y más iguales. La primera, de 73 años, es rubia y de piel rosada —“es que soy hija de asturianos”, dice— y la segunda es mulata y tiene 76. Cobran los poco más de 300 euros de la Renta Mínima de Inserción, y con su inconfundible acento insisten en que no podrán afrontar otro gasto. “Tengo hepatitis C y la glucosa alta, solo puedo tomar una alimentación especial en la que me gasto unos 200 euros al mes, por no hablar de los medicamentos”, relata Gisela. “No nos negamos a pagar una tasa, pero el 25% es demasiado”, completa Reina. “Si fuera un 10% podríamos asumirlo, o si nos incluyeran los suministros”. Ahora esperan que la Comunidad les diga cuándo tienen que dejar su piso.
Los mayores también denuncian con unanimidad presiones de la dirección para firmar los impresos y un procedimiento que consideran una intromisión en su intimidad. Aseveran no haber recibido ninguna información oficial de la consejería. “Podrían enviar una carta como hacen cada año para saber si seguimos vivos”, reprocha Ada. En vez de eso, se enteraron por la directora de los pisos, que no forma parte del personal de la Comunidad de Madrid sino de Eulen, la subcontrata que gestiona el centro. “Nos ha llamado uno a uno a su despacho y nos ha pedido las cartillas para ver nuestro número de cuenta”, advierte Ildefonso. Sus 11 compañeros le dan la razón y se preguntan por qué deben mostrar sus datos bancarios a la empleada de una empresa privada cuando ya aportaron información sobre su renta a la Comunidad al solicitar su plaza.
Según explican estos mayores, una vez en el despacho, la directora les entrega un impreso que informa de los baremos y que avisa de que “la negativa dará lugar a la perdida de condición de usuario”. “La directora nos dice cuánto tendremos que pagar una vez que firmamos, y eso es todo, yo tengo copia del documento porque lo pedí”, dice Ildefonso, al tiempo que señala su fotocopia con el importe que le toca abonar apuntado a bolígrafo en una esquina del folio. Preguntada por este procedimiento, la consejería detalla que Eulen hace la gestión y que ellos supervisarán los datos que reciban, y recomiendan a los mayores pedir copia de todo y resolver sus dudas en la Dirección General del Mayor.
Al día siguiente de la reunión, Ildefonso está apesadumbrado. La directora le ha llamado a capítulo por haber realizado el encuentro en su piso con tanta gente y con una periodista, pese a que el reglamento permite las visitas de amigos y familiares de 10 de la mañana a 10 de la noche. “Dice que he cometido una falta grave y que espera que la Comunidad no tome represalias”. La directora se niega a hablar con EL PAÍS. “Los residentes de los pisos y yo no podemos hablar con la prensa sin permiso de la Comunidad”, espeta antes de colgar. Asuntos Sociales aclara que solamente la directora del centro es quien no está autorizada a hablar.
Ese día, Ildefonso acude al Defensor del Pueblo a pedir ayuda. “Sabemos que no vamos a sacar nada, pero vamos a luchar por nuestros derechos y supervivencia. Quieren ponernos un bozal, pero no lo van a conseguir”.
Las autonomías avisan al Gobierno de nuevos errores en el copago
El sistema que gestiona el porcentaje de aportación de los ciudadanos sobre los medicamentos sigue generando errores. Seis meses después de la entrada en vigor de la norma que incrementó el copago farmacéutico, hay cientos de usuarios mal clasificados: algunos pagan más y otros menos de lo que les correspondería por su nivel de renta. Las comunidades alertan al Gobierno para que subsane los fallos. Algunas temen, además, que la implantación de nuevos tramos —como el Ministerio de Sanidad plantea hacer ahora para quienes ganen entre 18.000 y 100.000 euros (ahora pagan el 50%)— desajuste aún más una estructura informática compleja y se repitan las numerosas incidencias registradas durante las primeras semanas de aplicación. Sanidad asegura que los errores son puntuales y que su resolución es rápida.
Con su reforma sanitaria, el Gobierno de Mariano Rajoy decretó el pasado abril un cambio histórico: los pensionistas deberían pagar por primera vez por los fármacos. Desde julio, cubren un 10% de estos productos, con un tope mensual de 8, 16 o 60 euros, según sus ingresos. Juan Francisco González, madrileño de 63 años, está jubilado desde hace casi cuatro meses. Pero cuando el médico le recetó varios fármacos hace apenas dos semanas para tratar una infección de orina, descubrió que figuraba en el sistema como un trabajador en activo con una renta de entre 18.000 y 100.000 euros. Debía, por tanto, abonar el 50% de las medicinas. “Me extrañó, pero lo pagué”, relata. González ha puesto una reclamación en el Servicio Madrileño de Salud; está a la espera de que le contesten.
El Ministerio de Sanidad, que dirige Ana Mato, reconoce que puede haber “casos de discrepancias” con la clasificación que se les ha asignado a los ciudadanos, por su renta; una catalogación por códigos que se recoge en una base de datos, que cruza información del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Hacienda y los servicios de salud regionales. Sanidad explica que ha establecido un circuito para que las Administraciones autónomas puedan comunicar los errores, se comprueben y, en su caso, se subsanen.
A Asturias le preocupa que, seis meses después de que el Gobierno pusiera en marcha el sistema, se sigan produciendo errores. Esta autonomía —que ha recurrido al Constitucional la reforma sanitaria de Rajoy en varios puntos, entre ellos, el aumento del copago— ha advertido a Sanidad de los fallos. También Andalucía —otra de las seis que ha recurrido la ley—, que además de informar al ministerio a través del circuito específico, alertó del desorden a la Delegación del Gobierno. Pero, los errores, precisa una portavoz de la consejería, se siguen dando. En Murcia, los errores son menores que durante los primeros días de aplicación de la ley. Esta región, ha desarrollado un sistema propio para recoger incidencias.
En Navarra no se ha detectado una avalancha de casos, pero su Administración ha hallado un sistema para resolverlos hasta que la base de datos estatal los subsane. “Cuando detectamos un fallo clasificamos a ese usuario en el nivel más bajo de aportación para que no se vea perjudicado por ese error”, explica una portavoz de la Consejería de Salud.
A Lorenzo M., el código que le da el sistema no le desfavorece, pero sí le irrita. La empresa de este toledano hizo hace varios meses un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) por el que suspendía el contrato con sus trabajadores durante un plazo. Desde entonces, Lorenzo y otros compañeros son, para el sistema que gestiona el copago, parados de larga duración. Por tanto, no pagan los fármacos. “Me indigna. Mis padres, jubilados, pagan y yo no. No sé cómo han hecho la norma, pero está plagada de agujeros”, critica, teniendo en cuenta, además, que en la actual situación de crisis se producen dramáticos cambios en la renta familiar —para bien y para mal— en espacios muy cortos de tiempo.
Sanidad y Seguridad Social —que incide en que se limita solo a gestionar la base de datos— no aclara si la clasificación de Lorenzo es un error. El caso es similar al de los prejubilados: un concepto que no refleja el sistema. Muchos de ellos —independientemente del acuerdo económico al que llegaran con su empresa— constan en la base de datos como activos pasan a ser parados. Por tanto, cuando se les agota la prestación por desempleo, dice una portavoz de Sanidad, tienen la gratuidad para los fármacos.
“Nos estamos encontrando con casos muy chocantes”, critica Alejandro Toledo, presidente de la Alianza General de Pacientes, que exige al Gobierno que, ya que no dan marcha atrás en esta medida “injusta que grava a los más vulnerables”, resuelvan los fallos. Toledo añade que la medida ahonda las desigualdades entre autonomías. Cada una ha adoptado un sistema y un plazo para devolver a los pensionistas el dinero que pagan de más por sus fármacos, cuando superan el tope que determina la ley. En Andalucía, por ejemplo, dejan de pagar cuando han llegado a esa cifra. En Valencia o Extremadura se lo devuelven cada seis meses. Muchos pensionistas, de hecho, todavía no lo han cobrado. El copago y la devolución de los topes están provocando, según Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, que algunos pensionistas dejen de comprar fármacos que necesitan. El 17% de ellos no ha retirado algunas medicinas que el médico les ha recetado porque no podía pagarlo, según un estudio de esta entidad.
Las consecuencias de la crisis: Geriátricos al límite
“La veo mejor del resfriado. Me voy a casa tranquila”, comenta Mercè Gómez al salir del geriátrico Les Palmeres. Esther, su madre de 97 años, vive allí desde hace seis. Otros 26 ancianos, mayoritariamente mujeres, habitan en esta casa en Santa Maria de Martorelles (Barcelona). Les atiende un equipo de 18 trabajadores (médicos, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, enfermeros, auxiliares de geriatría…) dirigido por Quima García y la propietaria, Manolita Catalán. Llevan 22 años gestionando geriátricos. “Es mi vida y mi profesión, pero estoy al borde del colapso. He puesto mis ahorros y los de mi madre en el negocio. Aun así, debo parte de la nómina a los trabajadores y facturas a proveedores. Lo voy aplazando y los intereses me crujen, porque tiro de Visa. No sé cuánto aguantaré”, dice Manolita, que en verano se llevó un disgusto. La directora le informó de que la Generalitat no podía pagar la factura de junio. La deuda de la Generalitat con Les Palmeres a finales de 2012 era de 68.000 euros.
El impago de conciertos y subvenciones a los proveedores de servicios sociales, que asciende a 70 millones de euros, mantienen al límite a los geriátricos catalanes. Sus representantes aseguran que el 80% corresponde a los servicios que prestan. A finales de 2011 había 61.966 plazas para ancianos (34.907 públicas y 27.059 privadas). Las últimas incluyen las 10.728 en régimen de prestación económica vinculada (PEV), la ayuda personal que recibe el dependiente por ocupar una plaza privada. Esta ayuda debe cubrir los gastos de la plaza (entre 1.384 y 1.864 euros). El pago se reparte, en teoría, en tres partes. Un tercio lo abona el dependiente. El resto, la Generalitat y el Estado, mitad cada uno. En realidad, “pagamos el 79% y Madrid solo el 21%”, se queja el departamento de Bienestar y Familia.
No es el único dolor de cabeza de los geriátricos. Hay que añadir el retraso en cobrar las ayudas a los dependientes. En Cataluña están atendidas en geriátricos, bajo la ley de dependencia, 17.639 personas según el Ministerio de Sanidad. Cuando el dependiente entra en el centro, la Administración “tarda hasta siete meses en abonar el primer pago”, explica Cinta Pascual, presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales. ACRA calcula en otros 50 millones de euros más estos retrasos. “Ahora, además, se han puesto de moda los anticipos”, explica Susanna Santías, directora de la residencia Nature de Castellterçol. Por ejemplo, “si una anciana es muy dependiente (grado III), el coste de su plaza es de 1.864 euros. Si paga 600 euros, los 1.200 restantes los abona la Administración. Sin embargo, anticipa 1.000 y sigue debiendo 200, que se van acumulando”. El Gobierno catalán reconoce el retraso, pero dice que es de entre dos y cuatro meses.
Los 25 trabajadores del geriátrico que dirige Santías cuidan a 52 ancianos (44 en plazas públicas y ocho en privadas). Un empleado por cada dos residentes. “Somos un centro colaborador y por ello cumplimos los mismos requisitos de los públicos en ratio de personal, espacios comunes, medidas de las habitaciones, barreras arquitectónicas…”. La Generalitat debe a la residencia Nature casi 90.000 euros. Santías asegura su cajón para imprevistos “está agotado” y negocia con sus proveedores para reducir gastos como el mantenimiento del ascensor o los extintores, porque hay “cuestiones intocables, como la calidad del servicio asistencial y las nóminas, impuestos y suministros”. Desde 2010 los costes laborales han subido un 9% mientras que el precio por plaza está congelado.
El asunto es “preocupante porque está en juego el impago de la ayuda a los dependientes fijado por ley”, sostiene Iñaki Antón, vicepresidente de la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (ASCAD). Añade que “la deuda asciende a 1.850 euros por plaza pública en centro colaborador”. El ICASS lo niega, dice que tras los problemas de tesorería de julio la situación se ha normalizado. Esta semana el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, anunció que pedirá un plan ICO para “eliminar” la deuda pendiente con proveedores.
ASCAD también denuncia el retraso en la gestión, desarrollo y resolución del PIA. La organización presentó el pasado 21 de febrero una Iniciativa Legislativa Popular en el Parlament que pide que se prioricen los pagos a los ancianos dependientes. Los consultados también se quejan de que los recortes han llegado a los medicamentos como laxantes y mucolíticos y pañales. Santías, en cambio, considera lógico que se haya racionalizado.
Sector sin planificación
En 2012 cerraron 22 centros, según datos Bienestar y Familia, que rechaza que sean atribuibles al impago de julio y los retrasos, porque la media en años anteriores es “similar”: entre 18 y 25 al año desde 2008. Los 106 cierres en cinco años “se produjeron por decisión del centro o por orden judicial. Entre otros casos por incumplimientos contractuales”.
Las residencias también han vivido su burbuja. Durante la época de crecimiento económico, surgieron como setas, algunas con servicios de alto nivel que ahora la Administración ni está dispuesta a pagar ni puede hacerlo. Tampoco hubo planificación, se crearon en lugares sin demanda. Santías subraya la necesidad de racionalizar el gasto y que las plazas públicas sean para las familias sin recursos.
“El sector”, en palabras de Pascual, “trabaja con gente mayor y hay mucha, lo que es una ventaja, pero si no alcanza el 90% de ocupación no es rentable”. Antes la ocupación estaba garantizada, pero ahora pocas familias se lo pueden permitir. Los privados tienen un 12% de plazas vacías. Mientras, hay 15.000 esperando, según el sector. ACRA propone que la mitad de las ayudas a cuidadores no profesionales se destinen a las residencias. Se cubrirían todas las plazas públicas en espera y se crearían 10.000 empleos, aseguran.
El tercer sector denuncia que le deben 600 millones y estudia reclamar intereses
La presidenta de la Mesa de entidades del Tercer Sector de Catalunya, Àngels Guiteras, ha dicho que las administraciones les deben 600 millones de euros, de los que 400 millones corresponden a la Generalitat, y ha asegurado que se están planteando reclamar los intereses correspondientes.
En declaraciones al canal 3/24, Guiteras ha señalado que hasta ahora no se han planteado reclamar los intereses correspondiente a la deuda que las administraciones tienen con estas entidades, «y lo tenemos que hacer». El tercer sector atiende actualmente 1,7 millones de usuarios y la falta de apoyo financiero complica su actuación.
Guiteras ha recordado que en Cataluña hay 300.000 familias con hijos que no tienen ingresos, una cifra que se ha quintuplicado desde el 2007. La presidente de la Mesa del Tercer Sector ha denunciado cambios en los criterios de los concursos públicos de las administraciones para adjudicar servicios sociales y ha insistido en que en la atención a las personas ha de «primar la calidad del servicio».
Entidades catalanas avisan de una «emergencia social» al límite de una «tragedia»
En 1929 se suicidaron «banqueros y ejecutivos, pero ahora lo hacen trabajadores y personas de clase media», dice la presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social
La presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social, Àngels Guiteras, ha avisado este miércoles que se está en una situación de «emergencia social«, al borde de convertirse en «una tragedia«, a la vez que ha destacado que en el crack financiero de 1929 se suicidaron «banqueros y ejecutivos, pero ahora lo hacen trabajadores y personas de clase media».
Guiteras ha expuesto hoy en el Foro Europa-Tribuna Catalunya la «difícil» situación que viven las entidades sociales catalanas que garantizan cohesión social y la asistencia a 1,7 millones de ciudadanos y ha instado a «parar la hemorragia social» con cambios en la fiscalidad, haciéndola más equitativa, y con una regeneración democrática y de valores que incluya la honestidad en la política.
La presidenta de las entidades sociales de Catalunya ha pedido que los servicios de las empresas del tercer sector se beneficien de una reducción del IVA, «que tendría que ser del 0%» y ha animado a luchar contra el fraude fiscal.
Para ello, ha solicitado al Estado y al conseller de Economía y Empleo catalán, Andreu Mas-Colell, que se hagan «más inspecciones a las grandes fortunas y a las grandes empresas». «Si se recaudase una cuarta parte de lo que se defrauda en Catalunya, obtendríamos 4.000 millones de euros y no haría falta hacer más recortes», ha dicho la presidenta de la Mesa del Tercer Sector, que en Catalunya representa el 2,8% del PIB y emplea a más de 100.000 personas y 250.000 voluntarios.
«Estamos en una situación de emergencia social: cada día hay más personas sin trabajo, familias que sufren para llegar a final de mes, más pobreza, sobre todo infantil, uno de cada cuatro catalanes ya es pobre, los desahucios no paran y muchas de estas situaciones acaban en tragedia», ha dicho Guiteras.
Tras recordar que en España la carga fiscal es un 7% menor a la media europea, ha explicado que uno de cada cuatro euros se genera en la economía sumergida y que los deberes tributarios recaen con más dureza en las capas más bajas de la sociedad, por lo que ha pedido un mayor esfuerzo en la lucha contra el fraude fiscal.
Guiteras ha enumerado una serie de propuestas del tercer sector para «parar la hemorragia social»: ampliar las líneas de crédito a las entidades sociales, hacer un parque social de viviendas, que los servicios sociosanitarios pasen a depender de Bienestar Social, y reducir el IVA de los servicios sociales al 0%, entre otras cosas.
UGT advierte de que la reforma del subsidio de mayores de 55 años tendrá consecuencias «demoledoras»
UGT ha advertido este miércoles de que el endurecimiento de las condiciones de acceso al subsidio para mayores de 55 años tendrá una repercusión «demoledora» sobre las pensiones de estos desempleados, pues este subsidio es el que cobran y por el que cotizan estos parados hasta que les llega la edad de jubilación.
El sindicato ha criticado la «absoluta falta de sensibilidad» de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, donde ha señalado que el 80% de los nuevos beneficiarios de este subsidio no tendrán problemas para cobrarlo al cumplir todos los requisitos exigidos.
UGT considera «inaceptables» estas declaraciones de la ministra y le recuerda que el 20% de los posibles beneficiarios se quedarán fuera del sistema «y en riesgo de exclusión social» al haberse incluido las rentas de toda la unidad familiar, y no sólo las del perceptor, en los criterios de acceso a este subsidio.
La organización dirigida por Cándido Méndez ha recordado además que el pasado mes de julio ya se «recortó» esta prestación, al elevar desde los 52 hasta los 55 años la edad mínima de acceso a este subsidio.
Cáritas alerta de que España «es ya una sociedad fracturada»
El secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, ha alertado sobre la realidad social que vive España y ha asegurado que «la sociedad española es ya una sociedad fracturada como consecuencia del severo incremento de la desigualdad», según recoge el informe anual de la Fundación Foessa ‘Desigualdad y Derechos Sociales. Análisis y perspectivas 2013’, presentado este miércoles en la sede de la ONG en Madrid.
En este sentido, Mora ha señalado que el hecho más significativo que se recoge en este documento –que muestra la evolución de España desde el año 2006 hasta 2012 en relación a la renta y la desigualdad, el empleo, la pobreza y los derechos y servicios sociales– es el incremento severo de la desigualdad social. «La brecha que se ha abierto entre las personas empobrecidas y los que tienen acceso a bienes y servicios es cada vez mayor, es alarmante porque en estos momentos la desigualdad y la fractura social en España son de una importante proporción –ha precisado–. La desigualdad es un escándalo ético y político».
Ante esto, ha criticado la disminución que se ha llevado a cabo en las políticas de protección social, tanto con medidas suprimidas como con medidas fiscales, educativas o sanitarias. Para Mora «estas medidas tomadas de una en una pueden ser medidas que pidan un sacrificio incluso razonable, pero tomadas todas en su conjunto hacen la vida muy difícil de vivir y no permite a las personas vivir en igualdad».
Así, entre las principales diferencias sociales el texto hace hincapié en las desigualdades que se han producido desde el comienzo de la crisis entre las rentas más altas, que cada vez son mayores; y las más bajas, que, por el contrario, no dejan de disminuir. El texto refleja que desde el año 2006 las rentas más bajas han ido bajando cerca de un 5 por ciento cada año, hasta 2011, lo que significa que la diferencia entre las más altas y las más bajas se ha incrementado en un 30 por ciento, dando lugar a que «las rentas mayores sean siete veces más altas que las más bajas».
En cuanto a las familias, el secretario general de Cáritas ha indicado que «si hace un año, el anterior informe revelaba que la pobreza en España era más intensa, más extensa y más crónica, hoy se puede decir que ese proceso de empobrecimiento se ha profundizado en extensión». «Esto se demuestra con el dato que señala que el 41,6 por ciento de familias con tres hijos están ya bajo el umbral de la pobreza y casi un 16 por ciento de estas familias están sufriendo pobreza severa», ha destacado.
Respecto a la pobreza que afecta a la sociedad española, el coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas, Francisco Lorenzo, ha subrayado que según los datos del INE (2011) hay un 26,8 por ciento de personas en situación de pobreza o exclusión social en España, de los que un 21,8 por ciento sufren pobreza ‘relativa’ y un 6,4 de ellos padecen pobreza ‘severa’.
Francisco Lorenzo ha expuesto que en 2012 la sociedad española ha asistido a «los peores resultados de la etapa democrática». «Se ha pasado de 300.000 hogares sin ingresos en 2007 a 630.000 en 2012, además los hogares que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos pasan del 30 por ciento al 44,5 por ciento y se han incrementado en más de 1,8 millones, los hogares con todos los miembros de la familia activos en paro, frente a los 380.000 hogares que tenían esta situación antes de la crisis», ha agregado.
«España es una sociedad pobre»
Con estos datos sobre la mesa, Mora ha manifestado que lo que este informe demuestra es que «quienes realmente se han ajustado tres botones del cinturón son los más pobres». Además, ha alertado de que «la pobreza más severa y los colectivos en máxima exclusión están siendo eclipsados, ocultados por la pobreza tan amplia que vive el país». «España era una sociedad con muchos pobres, siempre ha tenido una tasa de pobreza relativamente alta y ahora estamos siendo una sociedad pobre», ha asegurado
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Por ello, ha lamentado que «la fractura social, que se ha instalado en España, con el tiempo va a hacer más difícil que las personas que sufren pobreza y exclusión puedan pasar a una situación de normalidad sociológica. No obstante, ha animado a que hay que tener «la convicción profunda de que esto no es lo que hay, que tenemos que construir un haber nuevo entre todos». «Los análisis deben ser comienzos de un camino, no meras estadísticas sin alma», ha añadido.
Por su parte, Lorenzo ha criticado que los recortes en los servicios públicos del bienestar «están dando paso a una ruptura definitiva que está abandonado a los más pobres a su suerte y se están dejando descolgados a los hogares más pobres de las sociedad». «Hay que tener en cuenta que las decisiones que tomemos en estos momentos marcarán una tendencia concreta que se fijará en nuestra estructura social, seremos una sociedad u otra diferente dependiendo de la apuesta que hagamos por los derechos sociales», ha advertido.
En último lugar, Mora ha advertido de que para lograr que esta situación cambie habría que «garantizar un sistema de ingresos mínimos para todas las personas; tomar conciencia de que se adoptan muchas medidas de ajuste; tener en cuenta a los más pobres en la elaboración de las políticas de ajuste; y tener en cuenta las iniciativas legislativas que ayudarían a la vida familiar, en materia hipotecaria o de acceso igualitario a la educación o la sanidad».
Catalunya cierra 107 geriátricos en los últimos cinco años
Un total de 107 geriátricos han cerrado desde 2008 en Catalunya, con una media anual de 20 clausuras que se ha mantenido estable pese a los impagos de la Generalitat, que aún adeuda a los centros los conciertos correspondientes a julio de 2012, según datos de la Conselleria de Benestar Social i Família.
Fuentes del departamento que lidera Neus Munté han explicado a Europa Press que se han cerrado algunos centros pero también se han abierto otros, y han desvinculado los cierres de la crisis y de los retrasos en los pagos de la Generalitat, después de que las patronales del sector lo hayan achacado a la deuda de la administración pública catalana. «La cifra de cierres no ha variado de un año a otro, por lo que no es posible vincularla a la crisis o a los retrasos», sostiene la Conselleria, que ha añadido que cuando un geriátrico cierra es por decisión propia, o bien por orden judicial por deudas acumuladas o irregularidades en los pagos.
En 2008 cerraron 19 residencias; en 2009, 20; en 2010, 21; en 2011, 25, y en 2012, 22, lo que supone una reducción de dos respecto al año anterior, aunque la cifra se ha mantenido estable desde el inicio de la crisis.
La presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (Acra), Cinta Pascual, cifró en su última comparecencia en el Parlament en 50 millones los retrasos en los pagos de la Generalitat, aunque la Conselleria asegura que «cuando se aprueba una prestación económica vinculada (PEV) para que un residente ingrese en un centro, hay un margen de dos o tres meses hasta regular el pago, que se acaba haciendo con carácter retroactivo».
Deuda no reconocida
El presidente de la patronal de pequeñas y medianas residencias catalanas Upimir, Vicente Botella, ha alertado a Europa Press de que «la Generalitat no reconoce las residencias los retrasos correspondientes a las PEV», ya que es una modalidad de prestación que se abona directamente a los usuarios, aunque la mayoría de veces se dirige a los centros para agilizar trámites.
Por eso, algunas residencias han empezado a entregar facturas simbólicas a los usuarios en que se les informa de la deuda que acumula la Generalitat por su plaza: «A los residentes les pagan con tres o cuatro meses de retraso, pero a los centros nos pagan hasta un año más tarde», ha afirmado Botella.
Deuda por plaza
Botella también han explicado que la Generalitat adeuda 1.600 euros de media por cada plaza colaboradora y 1.900 por cada una de las concertadas, por lo que ha alertado de la «asfixia» del sector. Además, ha cifrado la deuda acumulada en entre un 12% y un 20% de la facturación anual de los centros: «Es muy difícil sobrevivir así. Tenemos beneficios pero no liquidez, porque la Generalitat no nos paga».
Geriátricos asfixiados por los impagos
Los impagos de la Generalitat no solo afectan a las farmacias catalanas, sino también a los geriátricos con plazas públicas o concertadas. El sector denuncia “la asfixia” financiera que padece y que, según la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (ASCAD), en parte, explicaría el cierre de 25 centros el año pasado, cifra que podría crecer durante el 2013. “Estamos haciendo de avaladores de la administración”, denuncia su presidente, Andrés Rueda. Con el objetivo de sensibilizar a los usuarios de la situación, algunas residencias han optado por repartir circulares a las familias notificando la deuda impagada que acarrea cada plaza. E, incluso, algunas de ellas han hecho aportaciones económicas para evitar que el servicio acabe resintiéndose.
La deuda pendiente de abonar por parte de la Generalitat alcanza los 31, 29 millones de euros, una cantidad que corresponde a la nómina impagada del mes de julio del año pasado. Los representantes del sector, además, se quejan de la lentitud a la hora de recibir las prestaciones económicas del Programa Individual de Atención (PIA) y de la incertidumbre del día en que cobrarán cada mes. “La factura de enero nos la abonaron el día 4 de febrero”, informa Rueda. Evidentemente, esta demora no contabiliza como “impago”, pero tiene un efecto negativo en las arcas de los centros: “Casi todos aplazamos el abono de impuestos, como el IVA, el IRPF, la Seguridad Social, con lo cual hacemos una pelota que todavía encarece más el producto”, dice el presidente de la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (Upimir), Vicente Botella. Además, explica que “como nadie reconoce la deuda, el banco no les presta dinero”.
Solidaridad de los usuarios hacia los centros
Los trabajadores, la mayoría mileuristas, también se han visto afectados: el impago del mes de julio dejó a muchos sin la totalidad de una nómina o parte de ella, y en ocasiones cobran tarde la mensualidad. La consecuencia es que “los recibos llegan con recargos bancarios”. Esto, explica Rueda, desemboca en “un estrés ambiental” ya que los empleados están “más irascibles y tienen menos paciencia”. La situación es “caótica”, ratifica el vicepresidente de ASCAD, Iñaki Anton, y explica que los centros destinan el dinero que perciben entre un 90% y un 95% a cubrir gastos. También añade que la cantidad que abona la Administración por cada plaza pública está congelada desde hace tres años, lo cual reduce aún más el margen de beneficio.
Con el objetivo de hacer partícipe a los familiares de los usuarios de las dificultades por las que atraviesan los centros, algunos han empezado a repartir hace semanas circulares donde notifican la deuda que tiene cada plaza. Cuando los familiares ven las cifras “se solidarizan” con ellos y sienten “indignación de pensar que a una persona dependiente no se le está pagando lo que corresponde”, explica Botella. Cuando se produjo el impago de verano, Gregorio Manzano decidió hacer una aportación económica al centro donde está ingresada su madre. “El personal estaba nervioso porque veía que si eso iba a más, se quedaría sin trabajo”. Y añade que hay familias que «lo están pasando muy mal” económicamente y no se pueden permitir abonar lo que la administración “no paga”.
ILP contra los impagos de la Administración
El pasado 5 de marzo diversas patronales del sector y ASCAD presentaron ante el Parlament una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para blindar al gran dependiente y elevar la obligatoriedad del pago a la resolución de las sentencias judiciales, es decir, al máximo nivel legislativo posible. También reclaman un calendario a la Administración catalana donde se comprometa a devolver el dinero atrasado. “Dar una fecha es imposible”, comentan fuentes de la Generalitat, ya que dada la situación «es difícil hacer el esfuerzo de poder pagar lo que se debe”.
El Govern recuerda que la ley de la dependencia tenía que ser sufragada a partes iguales entre Estado-Generalitat, “pero a la hora de la verdad el Gobierno español da una cantidad fija de dinero por cada plaza –que es la misma para todas las comunidades autónomas- sin tener en cuenta que el precio de la plaza en un centro catalán es más caro que en otros sitios”. Según estas fuentes, actualmente la Generalitat costea en un 80% las ayudas a la dependencia, mientras que el Estado abona el resto. También comentan que el Govern está trabajando en “una ley de la dependencia catalana” que promueva la “autonomía personal”. Y concluyen: “Si cada vez el Estado nos ahoga más recortando sus aportaciones a políticas sociales, la ley de la dependencia no será asumible”. Pero aún así, aseguran que se atiende a la gente “cuando toca”.
En esta línea el presidente de Upimir denuncia que otras comunidades, como Madrid, gastan menos de la mitad por persona dependiente que Catalunya, donde se genera “unos 1.000 euros de déficit” por plaza al mes. Y prosigue: “Cuando se hace una ley y no se tiene dinero es lo que ocurre”. Una de las propuestas de esta asociación de pequeñas y medianas residencias es “aumentar el copago” en función del nivel de renta de los usuarios.
El sector teme que si la situación no mejora, continúen cerrando más centros colaboradores y concertados. Y es que cuando esto ocurre, los usuarios “se derivan allí donde la Generalitat encuentra plazas”, comentan las mismas fuentes. En algunas ocasiones son personas que llevan ingresadas hace años en la residencia. “Moverlas en su estado de salud mental y física no les hace ningún bien”.
La reforma local «desnaturaliza» los servicios sociales y hará «peligrar miles de puestos de trabajo», según expertos
El anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local aprobado por el Gobierno «desnaturaliza» los servicios sociales, al convertirlos en «meras oficinas de mediación», y hará «peligrar miles de puestos de trabajo», según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Esta es una de las principales conclusiones del informe ‘El valor de la proximidad’, presentado este miércoles en Madrid por los responsables de la organización, que además han entregado el texto a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, concretamente al PSOE, UPyD e Izquierda Plural.
«Esta reforma es tan grave o más para los servicios sociales que la de la Ley de Dependencia», ha asegurado en declaraciones a Europa Press el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, que ha recordado que del sistema de servicios, gestionado por ayuntamientos y corporaciones locales, dependen siete millones de personas y más de 50.000 puestos de trabajo. El coste en 2011 fue de unos 1.330 millones de euros.
Asimismo, ha indicado que esta ley consagra como «sospechosos» a los trabajadores y concejales de los ayuntamientos de ser «solícitos» por su cercanía a los problemas de los ciudadanos, al timepo que ha advertido de que es «inmisericorde» con el medio rural y que iguala «proximidad y despilfarro». «La factura se va a pagar con menos cohesión social y con el sufrimiento de los de siempre: mayores, personas con discapacidad, dependientes y familias con hijos menores enfermos», ha aseverado.
El informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales llama la atención sobre el «gran atentado al municipalismo» en España que lleva a cabo esta reforma local, que, además, profundizará «la brecha» entre los políticos y los ciudadanos, ya que los ayuntamientos, considerados «representantes de la comunidad de vecinos del territorio más próximo» dejarán de ser los responsables de los servicios sociales.
Esta entidad indica alerta también del «desprecio al valor del la proximidad» por parte del Gobierno y asegura que «no hay mayor deterioro en estos servicios que el que se produce por la estandarización de los mismos, por su administración mecánica, repetitiva, burocratizada y asistencialista que es la única posible si se hace desde el alejamiento del entorno más cercano al ciudadano».
Como consecuencia de esta reforma, Directores y Gerentes advierte de que «peligran miles de puestos de trabajo de servidores públicos» en los ayuntamientos y se puede adivinar el comienzo de un «largo proceso privatizador» de cientos de servicios.
Plataformas de Ley de Dependencia plantean vías para evitar el ‘copago’ farmacéutico
Las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana remitirán a la Generalitat un escrito con las diferentes «vías» que existen para evitar aplicar en la Comunidad la normativa estatal que establece «copago» farmacéutico para las personas con discapacidad.
Representantes de estos colectivos se han reunido este martes con los consellers de Sanidad, Manuel Llombart, y de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, para pedir la derogación del artículo 160 de la Ley 10/2012 de 21 de diciembre que suprime la gratuidad de los productos farmacéuticos y ortoprotésicos a los discapacitados.
El encuentro, que se ha celebrado en la sede de la Conselleria de Sanidad, también ha contado con la presencia de miembros del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Concemfe).
La portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Valencia, Palmira Castellano, ha explicado tras la reunión que la Conselleria de Sanidad «se enroca» en que el «copago» está establecido en una normativa estatal y, por tanto, aunque la Generalitat «no quiere» aplicarlo, «no tiene más remedio».
Sin embargo, la abogada del colectivo ha asegurado a los consellers que existen «vías» para no aplicar la norma en la Comunidad Valenciana, por lo que los miembros del Gobierno valenciano le han pedido que se las explique por escrito. Así, las plataformas enviarán al Consell las «alternativas» que hay y la Generalitat las estudiará y contestará en un plazo de 15 días, ha asegurado Palmira Castellano.
Asimismo, la portavoz de la plataforma ha hecho hincapié en la actitud «conciliadora» de la consellera de Bienestar Social, que busca «integrar las diversas problemáticas de Bienestar Social con las distintas consellerias», ha subrayado.