La Junta de Andalucía estudia si la «contrarreforma» de Mato es inconstitucional

 La Consejería andaluza de Salud ha anunciado este mismo martes, día en el que se ha publicado el Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, que sus servicios jurídicos están estudiando si esta norma tiene visos de inconstitucionalidad, además de analizar cómo podría afectar a la competencias autonómicas y a leyes orgánicas como la de Extranjería.

El departamento andaluz del ramo ha reaccionado así «una vez conocida la letra pequeña» de este Real Decreto, del que ha dicho supone una «auténtica contrarreforma» del modelo actual del Sistema Nacional de Salud (SNS), a la par que lo retrotrae «a una situación similar al sistema insolidario que existía en España en los años 70, donde sólo tenían derecho a la prestación sanitaria los que cotizaban a la Seguridad Social y la beneficencia».

«Se confirman los temores que se venían anunciando desde esta Consejería sobre la intención del Gobierno central de desmantelar el SNS, tal y como lo conocemos hoy en día», han dicho desde esta Consejería andaluza, desde la que también se ha advertido de que el texto del Decreto «pone en jaque» una de sus características básicas: «el acceso universal de todos los ciudadanos a la atención sanitaria pública».

Entiende así el Ejecutivo autonómico que con la aprobación de este texto, el Gobierno de España «cambia en la práctica» el modelo que hasta ahora había permitido conformar un sólido SNS «y se retrotrae a la normativa de los años 70/80 (del siglo pasado), previa a la Ley General de Sanidad».

Entonces, recuerdan desde esta Consejería, existía un modelo de aseguramiento que se superó cuando se conquistó (por esta norma del 86) un derecho universal que garantiza la protección de la salud a todos los españoles. «Este cambio de modelo (ahora) significa que se pasa de una sanidad pública, universal y gratuita para todos los ciudadanos a una sanidad sólo para los asegurados y la beneficencia», han insistido desde Salud, tal y como también vienen reiterando en los últimos días su responsable en funciones, María Jesús Montero.

«Se trata, en definitiva, de un embate a la justicia social y al Estado de Bienestar que impacta sobre todo en las clases medias, en las duras circunstancias económicas que sufre el país que son, por otra parte, los que más contribuyen a su sostenibilidad», han proseguido en su argumentación.

Sea como fuere, desde esta la Consejería han puesto «en duda» de que el Gobierno pueda utilizar un Real Decreto de Medidas Urgentes para introducir cambios estructurales sobre el sistema sanitario, por lo que ha anunciado que sus servicios jurídicos están estudiando la norma para ver cómo afecta a la Constitución, a las competencias autonómicas y a las leyes orgánicas como la de Extranjería.

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