La Junta andaluza multará hasta con 6.000 euros a cuidadores de personas dependientes que cometan faltas muy graves
La Junta de Andalucía multará hasta con 6.000 euros a los cuidadores de personas dependientes que cometan faltas muy graves, en virtud de un decreto aprobado por el Consejo de Gobierno y que modifica el reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Servicios Sociales, vigente desde 2008, con el objetivo de garantizar la calidad, el seguimiento y el control de las prestaciones que utilizan las personas en situación de dependencia.
La norma, que también desarrolla el cuadro de infracciones y sanciones previstos en la Ley de Dependencia, adecua las tareas que realizan los inspectores para mejorar los aspectos asistenciales en esta materia. Los cambios introducidos se dirigen sobre todo a reforzar la labor de verificación de la calidad de las prestaciones que se ofrecen a través del Servicio de Ayuda a Domicilio, así como de las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar.
El citado decreto desarrolla el modelo sancionador previsto en la ley estatal para crear un sistema propio y adaptado al elevado grado de implantación del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en Andalucía. Así, el nuevo régimen sancionador establece, para faltas leves, multas de hasta 300 euros a personas cuidadoras y de hasta 30.000 euros a proveedores de servicios.
Para las faltas graves, las cuantías son de 300 a 3.000 para cuidadores y 30.001 a 90.000 euros para proveedores de servicios. Finalmente, para las muy graves, se fijan cuantías de entre 3.001 y 6.000 euros para personas cuidadoras y de entre 90.001 y un millón de euros para proveedores, según ha explicado el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.
Los profesionales de la Inspección realizaron el pasado año 74.209 visitas domiciliarias, de las cuales 17.102 se dirigieron al primero de estos fines y 57.107 al segundo. Su labor se completa con las actuaciones en centros residenciales (2.280 en 2012); las comprobaciones del correcto uso de los fondos públicos destinados a la atención a la dependencia, y la verificación de los requisitos de la autorización administrativa para el funcionamiento y concierto de los centros y empresas de servicios.
51 INFRACCIONES EN 2012
La Inspección de Servicios Sociales detectó el pasado año en Andalucía un total de 51 infracciones que dieron lugar a sanciones. De ellas, 15 fueron leves, 35 graves y una muy grave.
En Andalucía hay actualmente 251.080 prestaciones concedidas y 183.186 personas beneficiarias, lo que representa el 27 por ciento y el 25 por ciento del total nacional, respectivamente. Asimismo, 48.002 andaluces reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio, cifra que supone el 40 por ciento del conjunto de España (124.920). A ello se suman las 177.000 personas beneficiarias del Servicio de Teleasistencia, de las que 63.695 están en situación de dependencia (más de la mitad de las 127.294 registradas en España).
La Administración autonómica ha destinado unos 5.400 millones de euros al desarrollo de la Ley de la Dependencia desde su entrada en vigor en 2006. En los presupuestos de 2013 se consigna una partida inicial de 1.108 millones para la Agencia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Andalucía, pese a los recortes estatales que supondrán este año una merma de 125 millones de euros.
TRIBUNAL DE CUENTAS «DA LA RAZÓN» A LA JUNTA
De otro lado, Vázquez ha anunciado que esta semana se han podido conocer los datos definitivos del Tribunal de Cuentas sobre las ayudas a la dependencia entre los años 2007 y 2011, que «dan la razón» a la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, después de que en un primer dictamen se apuntaran unos 5.000 posibles casos fraudulentos en Andalucía en relación a los fondos recibidos del Gobierno.
El portavoz del Gobierno andaluz ha asegurado que este primer dictamen, previo a las alegaciones realizadas por la Junta de Andalucía, se difundió «de forma intencionada», con el objetivo de generar confusión y de que el Gobierno de la Nación tuviera «la coartada para perpetrar recortes en las partidas para dependencia». Sin embargo, los datos definitivos del Tribunal de Cuentas «no se han difundido».
Vázquez ha destacado que una vez analizadas las citadas alegaciones, el Tribunal de Cuentas «no solo ha dado la razón a la Consejería de Salud y Bienestar Social, sino que ha reconocido que en ese periodo, entre 2007 y 2011, la Comunidad dejó de recibir casi cinco millones porque tenía más personas beneficiarias de la que se reconocían presupuestariamente por el Gobierno de España».
En opinión del portavoz del Gobierno andaluz, se demuestra que hubo una «intención malévola» de atacar la aplicación de la Ley de Dependencia «como coartada perfecta para reducir los fondos», así como también «un uso torticero» de los datos preliminares del Tribunal de Cuentas por parte del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales.
