Unas 20.000 familias andaluzas con atrasos en retroactividad en Dependencia cobran 2012 a cargo del plan a proveedores
Unas 20.000 familias andaluzas de las 24.500 afectadas por los atrasos en los pagos en retroactividad en la Ley de Dependencia han cobrado lo correspondiente al año 2012 con cargo al plan de pago a proveedores aprobado en junio por el Gobierno central, según los datos oficiales aportados por la portavoz del grupo formado por unas 1.266 familias agrupadas a través de Facebook bajo el nombre de ‘Atrasos de la Ley de Dependencia en Andalucía’, Rosa María Guijo Curado.
En este sentido, y en declaraciones a Europa Press, Guijo Curado ha explicado que «en el descuadre de 4.500 dependientes pueden entrar los fallecidos que tienen que cobrar en concepto de herencia en un solo pago; o puede deberse a problemas con los traslados de expediente en los dependientes que se han mudado a otras localidades; o los niños dependientes por problemas de identificación, un caso que sucede porque al tramitar la dependencia de estos niños, como no era obligatorio el carné de identidad, se les puso un DNI ficticio, de manera que ahora, al meter dicho DNI del menor en el sistema, sale que no existe».
«Esto ha hecho que no hayan podido acogerse al plan de pago de proveedores, y lo único que han podido hacer es una reclamación que parece ser resuelto con un parte de incidencias», añade al respecto de esto último Guijo Curado, que apunta que otro de los problemas tiene que ver con aquellas personas que «no han tenido noticias del acogimiento a ese plan de pago porque no se les ha notificado». «Todos estos casos están pendientes de pago a lo largo de lo que queda de diciembre», añade.
Por último, la portavoz ha asegurado que se sienten «esperanzados» tras empezar a cobrar los atrasos de las retroactividad correspondiente al año 2012, al tiempo que afirma que «seguirán luchando por cobrar el 2013», que «se debió de haber pagado en marzo y todavía no se ha pagado». En este sentido, hay que recordar que el plan de pagos establecido por la propia Administración se prolongaba por un periodo de cinco años desde 2012 a 2016.
