AERTE
AERTE solicita a los partidos la comparecencia en Les Corts del Presidente del CJC
Para aclarar el informe del CJC sobre el programa de adjudicación de plazas concertadas de dependencia. La patronal cree que debe aclararse la existencia de un posible conflicto de intereses.
Exige que no se resuelva el segundo informe solicitado por Bienestar Social al CJC hasta que se le haya dado audiencia en este organismo.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha solicitado esta semana al PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos que soliciten la comparecencia en Les Corts, en cuanto se constituyan, del presidente del Consell Jurídic Consultiu (CJC), así como del ponente del informe, que este órgano emitió en noviembre de 2014, sobre la ampliación en 2008 del Programa de acceso a plazas residenciales de accesibilidad social de 2001 y la continúa adjudicación de plazas residenciales concertadas a determinados centros.
El objetivo de esta petición es aclarar las dudas suscitadas por un posible conflicto de intereses en el dictamen de dicho informe, y para explicar si han podido participar en la toma de decisiones más miembros de dicho órgano que deberían haberse abstenido de la participación en el mismo.
-Proceso irregular de concertación de plazas concertadas a centros residenciales
La Conselleria de Bienestar Social puso a mediados del año pasado en marcha un procedimiento de revisión de oficio de varias normas relacionadas con el Programa de Acceso a Plazas Residenciales del Sistema de Servicios Sociales del año 2001. Dicho programa ponía en marcha un concurso por el que las entidades adjudicatarias construirían 9.000 plazas residenciales nuevas de atención a personas mayores, en unas zonas, con unos plazos y precios determinados, poniendo a disposición de la Administración hasta un tercio de esas plazas, es decir, hasta 3.000 plazas que ésta concertaría.
En diciembre de 2007, siendo conseller de Bienestar Social y vicepresidente del Consell Juan Cotino, se varía el objeto del contrato aumentando de forma presuntamente irregular, según denunció Aerte, hasta el 100% las plazas construidas.
En septiembre de 2013 se publica la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización que implica la “prohibición de discriminación a favor de contratistas previos en los procedimientos de contratación pública”. Apoyados en dicha norma, tanto la Abogacía General de la Generalitat como la Junta Superior de Contratación Administrativa entienden que no se pueden seguir concertando de esa manera las plazas por encima del primer tercio , es decir, a partir de esas 3.000 primeras y, que por lo tanto, serían irregulares las plazas concertadas actualmente en el segundo tercio.
Después de todos estos informes, la Conselleria de Bienestar Social entendió que debía declarase la nulidad de pleno derecho por encontrarse viciados de la interpretación de 2001, los acuerdos posteriores de 2008 y las Ordenes citadas de 2007 y 2012. Para ello solicitó informe del CJC, para intentar anular este proceso de aumento de plazas concertadas.
El informe del CJC resolvió en noviembre de 2014, “que no cabe la revisión de oficio y por tanto la nulidad de los actos y disposiciones objetos de la consulta”, aunque consideró irregular adjudicar por el procedimiento actual más de un tercio de las plazas de accesibilidad, ya que la Ley de Emprendedores no lo permite.
– AERTE considera que el informe del CJC podría estar viciado por posible conflicto intereses
AERTE entiende que este informe podría estar viciado ya que, según algunos medios de comunicación, el ponente del mismo es un abogado que trabajó en un cargo relevante para el bufete que ha llevado los intereses jurídicos de determinados centros de accesibilidad, y que, por tanto, debería haber informado de dicha circunstancia y haberse abstenido de participar en el mismo.
En Febrero de 2015, Esquerra Unida y el PSPV pidieron la comparecencia en Las Cortes Valencianas de dicho ponente y de la autora del voto particular que recogía el informe del CJC, para que pudieran explicar el posible conflicto de intereses el primero, y los motivos del voto particular, la segunda. Además, se pidió la comparecencia del Presidente de dicho órgano para aclarar si habían participado en la aprobación de dicho informe más personas que deberían haberse abstenido. Dichas comparecencias fueron impedidas por el PP que votó en contra de ellas. Ahora AERTE solicita estas comparecencias.
– Petición de un segundo informe y audiencia ante el CJC
Vista la incompatibilidad de los informes de la Abogacía General de la Generalitat y de la Junta Superior de Contratación Administrativa sobre la nulidad de la normativa con el informe del Consell Jurídic Consultiu, la Conselleria de Bienestar Social solicitó a principios de 2015 un segundo informe a dicho órgano.
Por su parte AERTE solicitó el 5 de mayo que se le diera audiencia ante el CJC en el mismo para aportar sus alegaciones, sin que hasta el momento se le haya contestado. La Asociación entiende que no se puede aprobar, en ningún caso, dicho informe hasta que se haya concedido audiencia, ya que se podría estar produciendo indefensión de una de las partes afectadas.
El Coaching como herramienta diferenciadora en el desarrollo personal y profesional en los centros de asistencia a la dependencia
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) apuesta por la formación innovadora y emocional para liderar equipos multidisciplinares que cuidan a personas. Para ello, ha puesto en marcha un programa formativo en el que se incorpora el Coaching como herramienta diferenciadora en el desarrollo personal y profesional de los equipos multidisciplinares que trabajan en los centros de asistencia a la dependencia.
Un equipo de alto rendimiento es el que hay detrás de los centros que “cuidan” a los demás, por eso la necesidad de desarrollar todo el potencial y descubrir la mejor versión de aquellos profesionales que trabajan día a día de manera incansable.
El Coaching de Equipo es un proceso de acompañamiento a un equipo de personas en la consecución de sus objetivos, a través de acciones que fomentan la cooperación entre sus miembros, apoyándoles a revisar y mejorar sus relaciones, métodos de trabajo y valores. Es un proceso vivencial, práctico y excepcionalmente conectado con lo que cada equipo es y necesita, especialmente diseñado para que cada equipo descubra, defina, desarrolle y construya sus propios principios de trabajo en equipo.
El éxito de un trabajo bien hecho está en la motivación, el entusiasmo y las ganas que el equipo pone. Y es que, si se quiere ser punteros en la atención a las personas, no sólo hay que trabajar en la calidad de los Centros, sino que es imprescindible cuidar el alma y las emociones de todos los profesionales de la organización. Así, no solo dispondremos centros de reconocido prestigio, sino que tendremos centros con alma, con valores y con equipos de alto rendimiento que reman en la misma dirección mientras practican el optimismo inteligente.
AERTE inicia el mes de junio un programa formativo “emocional” en el que se impartirán talleres vivenciales en inteligencia emocional, comunicación y venta. Dirigidos a directores de centros, equipos multidisciplinares, psicólogos, TS, monitores, terapeutas ocupacionales, auxiliares de clínica y enfermeras, se impartirá los días 3, 10 y 17 de Junio de 2015 de 10:00 a 14:00 h. en la sede de AERTE en Benimamet (Valencia).
Los participantes aprenderán a crear el clima adecuado que facilite sus relaciones con los demás. Reconocerán las emociones negativas y cómo gestionarlas. Descubrirán cómo pueden hacer un mejor uso del lenguaje verbal y no verbal para mejorar su comunicación. Potenciarán su capacidad de relación, comunicación e influencia. Conocerán las herramientas más importantes para vivir en estados emocionales positivos. Descubrirán el arte de la venta emocional, de la persuasión y de cómo cautivar a los demás.
Ponente de prestigio
La formación será impartida por Dora de Teresa, directora fundadora de GO up, Executive Coach, abogada, ex-Juez, mediadora y speaker, experta en formación, venta emocional y motivación positiva. Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia. Máster en Asesoría Fiscal por la Escuela de la Empresa. Máster en Mediación y Gestión de Conflictos por el CEU Cardenal Herrera. Coach ejecutivo acreditado por AECOP. Ponente internacional, speaker de la Comisión Europea en Denominaciones de Origen y Marketing. Docente en el Master de la Abogacía de la Universidad CEU Cardenal Herrera en la especialidad de Coaching jurídico. Directora del Programa Ejecutivo de Alto Rendimiento “be 10”.
Aerte solicita a la Conselleria de Bienestar Social que no derive más usuarios a las plazas de centros de accesibilidad social
Mantiene que la única fórmula posible para solucionar el problema es la creación inmediata de un acuerdo marco que integre en su oferta todas las plazas acreditadas en dependencia que las empresas pongan a disposición de la Conselleria, que ésta dote un presupuesto en función de sus posibilidades para financiarlas, favoreciendo de esa manera la calidad del servicio, la libre competencia entre empresas y la libertad del ciudadano de elegir en que centro quiere ser atendido.
AERTE, ante las nuevas y escandalosas conversaciones desveladas por algunos medios de comunicación, en torno a presuntas comisiones sobre centros concertados de plazas de accesibilidad social, solicita a la Conselleria de Bienestar Social que deje en suspenso el mismo hasta que se aclaren todas las circunstancias.
Aerte ha denunciado a lo largo de los últimos años la presunta irregularidad de todo el proceso del programa de concertación de accesibilidad social, y lo volvemos hacer ante las recientes escuchas reflejadas en los medios, y que no son más que una reiteración de numerosos hechos que han venido repitiéndose y denunciándose constantemente en los medios.
La conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana puso a mediados del año pasado en marcha un procedimiento de revisión de oficio de varias normas relacionadas con el Programa de Acceso a Plazas Residenciales del Sistema de Servicios Sociales del año 2.001, conocido coloquialmente como el Plan Blasco por ser el Conseller que lo impulsó. Rafael Blasco fue condenado a 8 años de prisión por el caso cooperación y una presunta trama de comisiones ilegales, aunque actualmente está pendiente de la resolución de su recurso. Dicho Programa ponía en marcha un concurso por el que las entidades adjudicatarias construirían 9.000 plazas residenciales nuevas de atención a personas mayores, en unas zonas, con unos plazos, y precios determinados, poniendo a disposición de la administración hasta un tercio de esas plazas, que ésta concertaría.
Del resultado de ese contrato es que no se pudo completar la totalidad de las 9000 plazas por ausencia de ofertas válidas que cubrieran ese número, construyéndose al final unos 54 centros por un total de alrededor de 6500 plazas, y de las que alrededor del 80% del concurso se concedieron a empresas sin ninguna experiencia en la atención a dependientes, y relacionadas con empresas constructoras de gran renombre e influencia. Además durante el proceso existieron numerosas irregularidades demostradas, como incumplimientos reiterados en el plazo de construcción de los centros, incrementos del precio, y actualizaciones de éstos en sólo algunos centros, etc.
En diciembre de 2.007, siendo conseller de Bienestar Social y vicepresidente del Consell Juan Cotino, se varía el objeto del contrato aumentando de forma presuntamente irregular, según denunció Aerte, hasta el 100% las plazas construidas. Para justificarlo se usa como excusa el proceso de adaptación a la Ley de Dependencia así como un presunto derecho de exclusividad basado en un documento interpretativo de Blasco del año 2.001, desconocido hasta entonces, con numerosos defectos de forma, entre otros, carecer del informe positivo de la abogacía de la Generalitat. Al parecer los centros no eran rentables con sólo la ocupación pública de 1/3 de las plazas que era la propuesta recogida en el Pliego de Condiciones Administrativas del concurso. Resulta, cuando menos curioso, que ninguna de las personas que hasta entonces habían desempeñado la máxima responsabilidad de la Conselleria hubiese considerado necesario ampliar el concurso.
Se generaron una serie de órdenes y normativas para dotar de una presunta legalidad esta operación, y se firmó un contrato con los adjudicatarios del concurso. La principal entidad era SAVIA, participada por Sedesa, cuyo control mayoritario entonces estaba en manos de familiares de Cotino. Posteriormente vendieron sus acciones en la entidad con importantes beneficios.
Finalmente la realidad es que se cubrieron 2/3 de plazas concertadas de la totalidad de los centros de accesibilidad cuando el concurso inicial sólo contemplaba el primer 1/3.
En septiembre de 2.013 se publica la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización que implica la “Prohibición de discriminación a favor de contratistas previos en los procedimientos de contratación pública”. Apoyados en dicha norma, tanto la Abogacía General de la Generalitat como la Junta Superior de Contratación Administrativa entienden que no se pueden seguir concertando de esa manera las plazas por encima del primer tercio y que por lo tanto serían irregulares las plazas concertadas actualmente en el 2º tercio.
Después de todos estos informes, la conselleria de Bienestar Social entiende que debe declarase la nulidad de pleno derecho por encontrarse viciados de la interpretación de 2.001, los acuerdos posteriores de 2.008 y las Ordenes citadas de 2.007 y 2.012. Para ello solicita el informe del CJC, e intentar anular este proceso de aumento de plazas concertadas.
AERTE llevaba años denunciando esta situación de forma pública y privada y los privilegios que se estaban dando a las distintas empresas del contrato de accesibilidad frente al resto de operadores del sector, sin que nadie, ni política ni jurídicamente, actuara al respecto hasta que el equipo actual de Bienestar Social intentó este proceso de regulación. Dicho equipo podría haber sido empujado posiblemente por la presión de los hechos que iban saliendo en los medios como conversaciones telefónicas que reflejaban claramente lo irregular, oscuro y partidista de todo este proceso, así como por esos informes jurídicos continuos de la Abogacía en contra del proceso actual.
Pero esto requería además el informe favorable del consejo jurídico consultivo, el CJC, que en un proceso que riza el esperpento y fuera de toda lógica jurídica, da audiencia sólo a una parte, los centros de accesibilidad que eran favorecidos por dicho contrato , para acceder a la información y obtener documentación, sin dar audiencia al resto del sector que había presentado recursos y contenciosos administrativos ante las disposiciones y actos administrativos citados anteriormente aún reconociendo en su resolución a varios de ellos como legitimados en el proceso.
El informe del CJC resuelve en noviembre de 2.014, que no cabe la revisión de oficio y por tanto la nulidad de los actos y disposiciones objetos de la consulta, aunque considera irregular el adjudicar por el procedimiento actual más de un tercio de las plazas de accesibilidad, ya que la Ley de Emprendedores no lo permite.
AERTE entiende que dicho informe está viciado, ya que según los medios, el ponente del mismo es un abogado que trabajó en un cargo relevante para el bufete que ha llevado los intereses jurídicos de los centros de accesibilidad, y que por tanto, al menos por una cuestión ética, debería haber informado de dicha circunstancia y haberse abstenido de participar en el mismo.
En Febrero de 2.015 Esquerra Unida y el PSPV pidieron la comparecencia en las Cortes Valencianas de dicho ponente y de la autora del voto particular que recogía el informe del CJC para que pudieran explicar el posible conflicto de intereses, el primero, y los motivos del voto particular la segunda. Dichas comparecencias fueron impedidas por el PP que votó en contra de ellas.
El intento del equipo actual de la conselleria de Bienestar Social de solucionar el tema ha sido valiente pero no ha sido suficiente ya que se ha visto frenado por el informe del CJC y ahora el asunto se encuentra completamente encallado.
Como se puede observar en este proceso han aparecido Rafael Blasco, Juan Cotino, Enrique Ortiz, y presuntamente lo valida un informe de un abogado que trabajó para una de las partes. Además ahora surge la noticia de que al parecer el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ha podido estar implicado en una trama de comisiones sobre el tema según han recogido determinados medios de comunicación.
Y mientras tanto, amparados en una obtención de un segundo tercio de las plazas que AERTE ha considerado irregular siempre, los centros del Programa de Accesibilidad Social se han aprovechado de esta situación para crear una situación de oligopolio y de ventajas comerciales, mediante una política comercial muy agresiva para ocupar las plazas de sus centros y al mismo tiempo generar un perjuicio grave en el sector, con cierres de varios centros, situaciones limites en la mayoría con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y evitando la libre elección de plaza para el dependiente.
Y a pesar de los informes jurídicos públicos, del CJC inclusive, que lo consideran irregular, se siguen derivando dependientes a estos centros, cuando ya no existe un contrato que sustente el concierto del segundo tercio de esas plazas.
Aerte reitera que no aceptará que esta situación se siga produciendo, actuando en todos los foros posibles, y más cuando ha presentado propuestas alternativas para resolver la situación que se produciría si no se da salida a la lista de espera y que no existan perjuicios para los dependientes.
Entendemos que hubo empresas que se presentaron al concurso de Accesibilidad Social de buena fe y en un marco de competencia y libertad empresarial, de hecho algunas de ellas son miembros de nuestra asociación, y de que el concurso inicial estaba abierto a todos aquellos que quisieron presentarse. Lo que no podemos admitir es que posteriormente se cambiasen las condiciones previstas en la licitación, que se hiciesen sin respetar el procedimiento previsto y que además varias de las personas que intervienen durante todo el proceso tuvieran un conflicto de intereses que les debería haber obligado a mantenerse al margen y no haber participado en dichas decisiones.
Aerte solicita que no se derive más usuarios a las plazas de centros de accesibilidad social
Después de todo lo explicado, Aerte pide una investigación seria del tema, tanto desde la propia Administración como desde las instancias judiciales, si procede, como así cree. La conselleria de Bienestar Social debe paralizar la derivación de dependientes a estos centros desde el momento en el que se supere el primer tercio de ocupación. Aerte ha presentado alternativas mientras tanto, para no perjudicar los intereses de los dependientes que necesiten una plaza pública.
Desde AERTE consideramos que la única fórmula posible para solucionar este problema es la creación inmediata de un acuerdo marco que integre en su oferta todas las plazas acreditadas en dependencia que las empresas pongan a disposición de la Conselleria, que ésta dote un presupuesto en función de sus posibilidades para financiarlas, favoreciendo de esa manera la calidad del servicio, la libre competencia entre empresas y la libertad del ciudadano de elegir en que centro quiere ser atendido.
Podemos, PSPV-PSOE, Ciudadanos y Compromís reciben a AERTE
La patronal solicita mayor implicación a los partidos políticos para dar un giro al sistema de atención a las personas dependientes en la Comunidad Valenciana.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) está llevando a cabo una serie de contactos con distintas agrupaciones políticas, con la finalidad de plantearles propuestas dirigidas a dar un giro al sistema de atención a personas dependientes en la Comunidad Valenciana.
La patronal se ha reunido esta semana con PSPV-PSOE y Ciudadanos, el próximo lunes con Compromís. La semana pasada mantuvo un encuentro con representantes de Podemos. La asociación espera que en los próximos días pueda hacer llegar sus propuestas a los grupos del PP y EU.
AERTE ha establecido cuatro criterios de actuación en sus propuestas: el aumento de la coordinación y colaboración; el desarrollo y la reforma del sistema, el ahorro y la eficiencia en la gestión; y la cuestión de los servicios y prestaciones. El fin es lograr un sistema sociosanitario sostenible, accesible, justo y de calidad.
Para ello, basa sus iniciativas en mecanismos eficientes de gestión, reformas ágiles, mayor implicación en su coordinación y fórmulas de colaboración público-privada para garantizar la calidad y seguridad de los servicios profesionales a personas dependientes.
Propuestas que se presentan desde una posición de entendimiento y un planteamiento de máxima colaboración en su consecución y discusión, de cara a reformular muchos de los aspectos que necesita el sistema sociosanitario, para el bien tanto de las personas a quienes atiende, como para los profesionales, trabajadores y empresas del sector. Los partidos políticos están acogiendo las iniciativas de AERTE con un talante de diálogo y serio compromiso por la dependencia.
AERTE propone soluciones para desbloquear la adjudicación de ayudas residenciales a dependientes hasta la puesta en marcha del acuerdo marco
AERTE propone a la conselleria de Bienestar Social que, mientras no sea operativo el acuerdo, las personas puedan, de manera provisional, elegir libremente plaza, tanto pública como concertada, en cualquier centro acreditado.
Solicita a la consellera de Bienestar Social y al secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, “la mayor diligencia y celeridad en la tramitación y publicación del expediente administrativo para concertar plazas residenciales por parte de Bienestar Social”.
Las personas dependientes que han solicitado ayudas residenciales están siendo las principales perjudicadas por el retraso en la concreción del acuerdo marco de plazas concertadas, por el que la conselleria de Bienestar Social se comprometió públicamente a asignar más de 3.000 nuevas plazas. En la misma línea, el propio vicepresidente del Consell anunció su voluntad de poner en marcha dicho acuerdo en la Cortes Valencianas. Tras cuatro meses desde el inicio del año, el acuerdo sigue paralizado aunque haya partida presupuestaria para ello, por tanto, aún no ha sido ejecutada.
Así se lo ha recordado la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), a la conselleria de Bienestar Social esta semana con dos cartas dirigidas, tanto a la Consellera, como al Secretario Autonómico.
En dichas misivas, entregadas ayer por vía de urgencia, AERTE propone que “mientas no sea operativo dicho acuerdo marco, las personas dependientes puedan elegir de manera provisional y libre, una plaza, tanto concertada como pública, en cualquier centro acreditado en la Comunidad Valenciana, y no sólo en los centros de accesibilidad social”.
La paralización de la puesta en marcha del acuerdo marco, tiene como consecuencia que personas dependientes que se encuentran en lista de espera para obtener una plaza pública, no puedan acceder, al no estar instrumentada. Ante esto, AERTE considera que cualquier centro de la Comunidad Valenciana acreditado en dependencia podría resolver este problema por motivos de urgencia, pero con la premisa de igualdad de oportunidades para todos los centros. Es decir, que en la resolución de las plazas puedan participar todos los centros acreditados para ello, y no solo unos pocos, como ha venido ocurriendo hasta ahora: “Si no hay soporte legal para resolver plazas, o se resuelven para todos los centros y que el usuario decida o para ninguno, pero lo que no tiene sentido es hacerlo sólo para unos pocos”. Habiendo partida presupuestaria para la resolución de las 3.000 plazas, AERTE considera que debería aplicarse inmediatamente a este fin, y no que el mismo se perdiera, o se dedicara a otros fines.
AERTE considera un importante avance para el sistema de atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana la firme voluntad de la conselleria de Bienestar Social de optar por la vía del concurso público abierto y equilibrado de plazas concertadas, poniendo fin a una situación de más de cinco años de desigualdades en el sector. No obstante, es necesaria su puesta en marcha para desbloquear la resolución de expedientes de personas que necesitan de forma urgente plazas residenciales. Por ello, AERTE solicitó ayer “la mayor diligencia y celeridad en la tramitación y publicación del expediente administrativo para concertar plazas residenciales por parte de Bienestar Social”.
La patronal de centros y servicios de atención a personas dependientes reitera una vez más su disposición a colaborar con Bienestar Social y todos los agentes del sector, para agilizar cuanto antes la puesta en marcha de este nuevo programa.
AERTE reclama la necesidad de publicar urgentemente el acuerdo marco de plazas concertadas
La patronal de atención a la dependencia contacta con distintas formaciones políticas antes de las elecciones para presentar una batería de iniciativas y propuestas.
Propone a los partidos políticos un sistema sociosanitario sostenible, accesible, justo y de calidad, basado en reformas ágiles, mecanismos eficientes de gestión, innovación, coordinación y fórmulas de colaboración público-privada para garantizar la calidad y seguridad de los servicios profesionales a personas dependientes.
AERTE está llevando a cabo una serie de contactos con distintas agrupaciones políticas, con la finalidad de plantearles propuestas dirigidas a lograr un sistema sociosanitario de atención a personas dependientes sostenible, accesible, justo, seguro y de calidad. El objetivo es que las tengan presentes para la próxima legislatura.
El primer encuentro se llevó a cabo el pasado martes con Podemos, en los próximos días, AERTE hará llegar sus propuestas a distintos partidos políticos: Ciudadanos, Esquerra Unida, Compromís, PSPV-PSOE y Partido Popular.
AERTE ha establecido cuatro criterios de actuación en sus propuestas: el aumento de la coordinación y colaboración; el desarrollo y la reforma del sistema, el ahorro y la eficiencia en la gestión; y la cuestión de los servicios y prestaciones.
-Aumentar la Coordinación y colaboración
La coordinación sociosanitaria entre el sector público, y las consellerias de Sanidad y de Bienestar Social, es uno de los elementos clave en el medio plazo para conseguir más eficiencia en el sistema. Entre las medidas que propone AERTE, cabe destacar la colaboración con los operadores en el terreno de la prestación de los servicios de atención a la dependencia que permita garantizar la máxima calidad, y lograr un mejor coste a través de dos figuras básicas: el concierto, es decir, el acuerdo con empresas privadas que operan en el sector, para que pongan a disposición de la administración un número determinado de plazas y la prestación vinculada al servicio, por la que una persona recibe un importe determinado para que pueda elegir libremente que entidad, de las debidamente acreditadas, quiere que se lo preste.
Además, sería necesaria la puesta en marcha de un plan director sociosanitario que establezca mecanismos estables de comunicación y colaboración entre los diferentes departamentos de la administración implicados, las distintas administraciones entre sí y los operadores.
La utilización de las plazas disponibles en los centros de personas mayores para atender a pacientes que tienen enfermedades crónicas o que se encuentran en situación de convalecencia o rehabilitación lograría reducir la estancia media de pacientes mayores de 75 años (calculados de media según la AVS) en Hospitales de Agudos en dos días. Esto provocaría una reducción importante de los costes manteniendo la calidad del servicio ya que los centros cuentan con médicos, personal de enfermería y de atención directa. Este sistema permitiría que, cuando hubiera una necesidad social en el circuito sanitario, se pudiera acceder de manera inmediata a una de esas plazas.
Otras medidas de colaboración con la administración se dirigen a poner en marcha el acuerdo marco de plazas residenciales concertadas, con más de 3.000 plazas, que permita la libre elección de centro; incrementar las resoluciones de expedientes de prestaciones vinculadas al servicio; posibilitar plazas de bono dentro de la red pública lo que permitiría a esos usuarios beneficiarse de un tipo de IVA súper reducido y por lo tanto un precio más ajustado; y agilizar los expedientes de dependencia permitiendo la incorporación de los trabajadores sociales de dichos centros al procedimiento dotándolo de más recursos inmediatamente y sin ningún coste añadido.
También se propone iniciativas de ahorro del gasto farmacéutico, como la gestión de la prescripción y dispensación de medicamentos en los propios centros sociosanitarios, que supone un ahorro estimado en el presupuesto de la Generalitat de 24,7 millones de euros anuales.
-Desarrollo y reforma del sistema
El Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), instaurado por la Ley 39/2006, aún no se ha desplegado el sistema en su conjunto, por tanto, se hace urgente realizar una serie de reformas absolutamente necesarias para conseguir una mayor eficiencia de los recursos públicos.
Algunas de las medidas propuestas: control de la prestación del cuidador no profesional, por ejemplo, mediante la red privada de centros sociosanitarios o el desarrollo del SAD, a través de dos medidas: la puesta en marcha del Servicio de Ayuda a Domicilio de la dependencia en la Comunitat Valenciana y la adjudicación de zonas de atención mediante el correspondiente proceso de licitación gestionado desde la conselleria de Bienestar Social.
Es muy importante potenciar todos los recursos que existen, ya que son complementarios y permiten una atención en función de las circunstancias concretas de cada persona, el papel de los centros de día, por ejemplo, es fundamental en este caso.
Respecto de la salud mental, es necesario la implantación de un modelo integrado y cohesionado de recuperación de personas con trastorno mental grave.
-Servicios y prestaciones
Se propone: dar continuidad y fortalecer el Bono en sus diferentes modalidades (residencia, centro de día, respiro), las Prestaciones Económicas Individualizadas (PEI’s) y la asistencia a personas dependientes tuteladas por la Generalitat. Con respecto a la prestación vinculada al servicio, hay que fortalecerlo con parámetros de calidad contrastados y controlados respetando la libertad de elección de centro que establece la ley.
Así mismo, sería necesario consignar fondos suficientes para garantizar a todas las personas la percepción de su derecho de asistencia con los niveles adecuados de calidad y profesionalidad, mediante “créditos ampliables. La atracción de personas del entorno de la Unión Europea para recibir sus servicios de dependencia en la Comunidad Valenciana es otra muy buena medida.
-Ahorro y eficiencia en la gestión
AERTE propone iniciativas con el fin último de obtener importantes e inmediatos ahorros en el gasto total, sin afectar por ello a la calidad y cantidad de servicios. La asociación estima que, por ejemplo, la cobertura de unas 4.000 plazas sociosanitarias, generaría unos retornos directos para las administraciones públicas superiores a los 80 millones de euros anuales.
En la gestión de pagos, se propone por ejemplo, sistemas que permitan la “cesión” de los derechos de cobro del dependiente a favor del prestador del servicio; acordar un calendario de pago de la retroactividad con los usuarios, el desbloqueo de los pagos de la retroactividad, la emisión de resoluciones o desarrollar mecanismos para garantizar el pago de las facturas por los servicios prestados en plazo.
José María Toro, director general de AERTE, “la profesionalización del sector sociosanitario aporta seguridad, protección y bienestar a las personas dependientes y a sus familias, es además una oportunidad estratégica de crecimiento económico, ya que reduce el déficit público, estimula la actividad económica y genera empleo (por cada persona atendida genera dos puestos de trabajo directos). Entre todos podemos conseguir la necesaria mejora sustancial. Para ello, establecer fórmulas eficientes de gestión y de colaboración público-privada es esencial en un tiempo, a medio plazo, en el que se prevé un importante aumento de población dependiente, en su mayoría, personas mayores que hay que atender sin colapsos”.
Raquel Calatayud de Dependencia Social Media y Matilde Pelegrí del Grupo Senda presentaron las ponencias en la Asamblea General de AERTE
AERTE ha instado esta mañana al secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano, a sacar adelante el acuerdo marco de plazas concertadas, de cara a lograr la deseada igualdad de oportunidades para todos los operadores del sector y la necesaria libertad de elección real de centros por parte de las personas dependientes.
AERTE ha agradecido al Secretario Autonómico el interés por trabajar para acometer este acuerdo y se muestra convencida de que saldrá adelante. La asociación ha propuesto además, sacar una bolsa con plazas concertadas a las que pueda acceder en igualdad de condiciones todos los centros que cumplan unos requisitos mínimos legales, y que estas, se pongan a disposición de la Administración de forma que permita agilizar su resolución.
Por su parte, Manuel Escolano ha expresado en la asamblea de AERTE su voluntad de sacar en breve el acuerdo marco propuesto como un objetivo de enorme transcendencia de cara a normalizar para el conjunto de los operadores unas bases de gestión claras y transparentes de un servicio social, lo que permitirá lograr estabilidad para el conjunto el sector con unas reglas de juego claras para todos. Ha subrayado además que la intención, en este acuerdo marco, es incorporar más de 3.000 plazas, con un esfuerzo económico importante.
Regularización pagos, licitaciones justas de SAD y necesidad modelo asistencia para el sector de enfermedad mental.
AERTE ha agradecido a la conselleria de Bienestar Social su esfuerzo por regularizar el pago de las partidas que durante años se adeudaba al sector, pero ha recodado la necesidad de que el Gobierno valenciano se comprometa a establecer un calendario de pagos.
Ha recordado, con relación a los servicios de ayuda a domicilio (SAD), que las administraciones locales saquen licitaciones justas, para que cumplan con unos precios mínimos donde las empresas puedan prestar servicios sociosanitarios de calidad y evitar precios que ni tan siquiera cubren los costes laborales que requiere dichos servicios.
La asociación ha insistido en la necesidad de implantar en la Comunidad Valenciana un modelo de atención a personas con trastorno mental grave, y en ese sentido, ha instado a la Administración a trabajar en esa dirección. Así mismo, ha subrayado la importancia de potenciar el papel de los centros de día en la asistencia sociosanitaria.
Ratificado el nuevo director general
La asamblea general ha ratificado la nueva dirección de AERTE, que desde hoy recae de forma efectiva en José María Toro, quien deja su anterior cargo como director general de SERCOVAL. Toro sustituye a María José Mira como directora de AERTE, tras su dimisión el pasado mes de marzo para dedicarse a su candidatura política en las próximas elecciones autonómicas
Respaldo unánime a la junta
En otro orden de cosas, la asamblea general ha respaldado de forma unánime el trabajo de la junta directiva, así como los retos propuestos para los próximos años, continuando con una política activa en defensa y regularización del sector, y el impulso del fomento de la calidad y la profesionalidad.
Reconocimientos
Por otro lado, se ha entregado las Insignias de Plata AERTE 2014, que reconocen el esfuerzo y la dedicación al sector de diversas personalidades. Los galardonados: Carmen Miguel, conselleria de Bienestar Social, ha sido reconocida con la Insignia Profesional Relevante 2014 por su implicación absoluta y diaria en el sector. Rosa Gil, gerente de Rosa Gil Publicidad, por méritos periodísticos y de investigación. Por último, la Insignia Especial ha recaído en Rosana Ballester, coordinadora de centros de AERTE, por su dedicación absoluta durante más de doce años a la asociación y al sector.
Ponencias destacadas
El encuentro ha contado con dos ponencias de alto nivel. Raquel Catalayud, consultora estratégica y de gestión especializada en la atención a la dependencia, ha analizado cómo afrontar con éxito el futuro en el sector y Matilde Pelegrí, presidenta del Grupo Senda, ha abordado los retos y oportunidades del sector sociosanitario.
La asamblea ha contado con la colaboración especial de Phonak, líder en soluciones auditivas, con quien AERTE firmó recientemente este mes de abril un acuerdo de colaboración para mejorar la asistencia que los centros realizan en salud auditiva. Además, también han colaborado las empresas: Serunion, ACCM, Kaldevi, Quirumed, Monlycke, UMAS, Mémora, Umivale y Comon.
AERTE reúne al sector de atención a la dependencia en su XXVII Asamblea General
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) celebrará el miércoles, 22 de abril, en el hotel Sorolla Palace de Valencia, la XXVII asamblea general. Un encuentro que reunirá a más de 200 centros asociados de las tres provincias, así como a personalidades y entidades del sector de atención a personas dependientes.
La jornada se centrará en analizar la situación actual por la que atraviesa el sector, propuestas de futuro, así como realizar un balance de lo que ha sido 2014, un complejo año para los profesionales y personas dependientes. Entre los temas a abordar, hay que destacar: el balance de actividad de la asociación, dentro de su papel por el fomento de la calidad y la profesionalidad; las relaciones de la patronal con distintos agentes; las actividades llevadas a cabo en distintas áreas de desarrollo, como las relativas a formación y asistencia al asociado, o las acciones y planteamientos de sus comisiones y grupos de trabajo en cuanto a sistemas de asistencia, colaboraciones, tratamientos o terapias en salud mental y discapacidad, atención diurna y domiciliaria, gestiones integrales, calidad y deontología, y la coordinación sociosanitaria.
En encuentro servirá además para abordar aquellas propuestas que se debe seguir trabajando para impulsar más aún la defensa del sector. Así, se analizará las acciones encaminadas a regenerar el sistema de asistencia a las personas dependientes que se deben plantear al nuevo Gobierno autonómico que salga elegido en las próximas elecciones autonómicas y municipales. En este sentido, se resumirá las medidas solicitadas al Gobierno en el ámbito sociosanitario y asistencial, por ejemplo: mayor eficiencia en la gestión de los recursos, la agilización de la elaboración de un plan de pagos serio, el intrusismo de la profesión, la mejora de los tipos de concierto, la situación del sector comparada con otras comunidades y países o la mejora de la coordinación sociosanitaria que permita aumentar la calidad asistencial y optimizar la colaboración público privada.
Nueva dirección de AERTE
El encuentro servirá para oficializar el cambio definitivo de la dirección general de AERTE, tras la dimisión de la ex directora de la asociación, María José Mira, el pasado mes de marzo para dedicarse a su candidatura política en las próximas elecciones autonómicas. La junta directiva designó ese mismo mes por unanimidad a José María Toro nuevo director general, quién asumirá el cargo de forma definitiva tras esta asamblea general, después un periodo de transición en el que se ha ido traspasando gradualmente funciones.
Ponencias destacadas
Contará además con dos ponencias de reconocido prestigio a nivel nacional. Raquel Catalayud, consultora estratégica y de gestión especializada en la atención a la dependencia, analizará cómo afrontar con éxito el futuro en el sector. Tras su intervención, Matilde Pelegrí, presidenta del Grupo Senda, abordará los retos y oportunidades del sector sociosanitario.
Premios AERTE
Por último, como es habitual, se entregarán las insignias de plata de AERTE a tres personalidades, como reconocimiento a su labor e Implicación con el sector en su trabajo diario. La asamblea cuenta con la colaboración especial de Phonak, líder en soluciones auditivas, con quien AERTE firmó este mes de abril un acuerdo de colaboración para mejorar la asistencia que los centros realizan en salud auditiva. En concreto el grupo de audioprotesistas de la empresa realizará revisiones gratuitas de audición a las personas que atienden en los centros de la asociación, lo que permitirá reconocer las pérdidas auditivas en fase temprana.
Además, en la asamblea también colaboran las empresas: Serunion, ACCM, Kaldevi, Quirumed, Monlycke, UMAS, Mémora, Umivale y Comon.
AERTE impulsa servicios de salud auditiva entre sus centros
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha alcanzado un acuerdo de colaboración con PHONAK, líder en soluciones auditivas, para mejorar la asistencia que los centros realizan en salud auditiva. En concreto el grupo de audioprotesistas de la empresa realizará revisiones gratuitas de audición a las personas que atienden en los centros de AERTE, lo que permitirá reconocer las pérdidas auditivas en fase temprana.
Las revisiones se realizarían en los centros residenciales por parte de los especialistas colaboradores de PHONAK en las tres provincias de la Comunidad Valenciana, que redactarán informes personalizados donde se detallarán los resultados de cada examen. En caso de existir alteración en la capacidad auditiva, se indicará en cada caso la prescripción que el audioprotesista aconseja para poder mejorar su audición.
El acuerdo alcanzado con PHONAK incluye además ofertas para los centros y profesionales en otros servicios y productos especializados como audífonos, accesorios inalámbricos o su mantenimiento. Tanto las revisiones como el resto de ofertas se podrán integrar con las necesidades específicas de cada uno de los servicios que prestan los más de 200 centros y profesionales asociados a AERTE.
AERTE continúa fomentando la calidad y profesionalidad sociosanitaria entre sus asociados, en este caso, en un aspecto clave para el bienestar de las personas como es la salud auditiva. Y es que la pérdida de audición afecta de manera más común a personas mayores, una de cada tres personas mayor de 60 años y la mitad de aquellas mayores de 85 sufren pérdida de audición. Además, suele ocasionar consecuencias físicas (cansancio, dolores de cabeza, estrés…) pero también psicológicas y sociales como, por ejemplo, ansiedad, inestabilidad emocional, problemas de comunicación o de concentración.
José María Toro, nuevo Director General de AERTE
La junta directiva de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), ha designado por unanimidad a José María Toro director general de la asociación.
José María Toro, es miembro de la junta directiva de AERTE desde 2012, colaborando con la dirección general de la asociación durante ese periodo, así mismo es coordinador de la Comisión de Gestiones Integrales de la asociación. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, complementó su formación en el Institut d’Études Politiques de Estrasburgo (Francia), cursando estudios de ciencias políticas europeas. Además, es titulado en Dirección de Centros de Servicios Sociales y en el Program for Management Development (PMD) de ESADE Business School.
Actualmente es director general de SERCOVAL, cooperativa de trabajo asociado especializada en la gestión de recursos sociosanitarios y limpiezas, cargo que ocupa desde octubre de 2.009.
Traspaso gradual de funciones
Esta nueva dirección general asumirá gradualmente las funciones de María José Mira al frente de la patronal de residencias hasta hacerse efectiva de forma definitiva el 22 de abril, en la asamblea general de la asociación. Mira dimitió la semana pasada para dedicarse a su candidatura política en las próximas elecciones autonómicas.
La junta directiva de AERTE quiere recordar que la patronal de la dependencia es una entidad neutral con interlocución con todos los partidos políticos, administraciones públicas y elementos representativos de la sociedad, sin responsabilidad sobre el posicionamiento político que puedan tener sus empresas integrantes o trabajadores a título personal.
AERTE agradece a María José Mira su dedicación y entrega durante sus años de gestión al frente de la asociación y planifica la nueva situación
Mira ha presentado la dimisión como directora general de la patronal de centros y residencias de atención a personas dependientes para dedicarse a su candidatura para las próximas elecciones autonómicas.
María José Mira ha presentado su dimisión como directora general de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), para dedicarse a su candidatura política en las próximas elecciones autonómicas.
La junta directiva de AERTE desea agradecer a María José Mira su entrega absoluta y esfuerzo continuo durante los años que ha estado al frente de la asociación, en los que ha tenido un papel esencial en un entorno complejo y de crisis económica que afecta directamente al sector.
24 de marzo, nueva dirección de AERTE.
AERTE tiene previsto nombrar en la próxima junta directiva, el martes 24 de marzo, una nueva dirección general que asuma las funciones de María José Mira, quien seguirá colaborando con la asociación, ayudando a la incorporación definitiva del nuevo director/a general, posibilitando un traspaso de funciones de forma gradual.
La patronal quiere agradecer a Mira, el detalle de seguir colaborando para lograr una transición serena en la dirección general. La representación de la asociación la asumirá el presidente de AERTE, José María Moreno, hasta la designación de una nueva dirección general.
La junta directiva de AERTE quiere recordar que la patronal de la dependencia es una entidad neutral con interlocución con todos los partidos políticos, administraciones públicas y elementos representativos de la sociedad, sin responsabilidad sobre el posicionamiento político que puedan tener sus empresas integrantes o trabajadores a título personal.
AERTE, CCOO Y UGT firman el VI convenio laboral para servicios y centros de titularidad pública de la Comunidad Valenciana
Consolida la estabilidad laboral, aumenta la calidad del servicio y fomenta la formación
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), ha suscrito esta mañana junto a los sindicatos CCOO y UGT el VI convenio colectivo laboral para centros y servicios de atención a personas, en su mayoría en situación de dependencia, de titularidad pública.
De ámbito autonómico, tiene una duración de tres años, garantiza un marco profesional y laboral estable, regulando las relaciones y derechos de los más de 5.000 trabajadores que prestan servicios sociosanitarios a una población, en su mayoría en situación de dependencia, que reciben atención en centros y servicios de titularidad pública.
Crea una comisión de formación de cara a impulsar la profesionalización y aumento del conocimiento entre los profesionales del sector. Así como una comisión de seguridad y salud laboral que tendrá como objetivo coordinar el desarrollo efectivo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El convenio incide también en el fomento a la igualdad de oportunidades, para lo que se crea la comisión de Paritaria de Igualdad.
Además, fortalece la regulación de las funciones por categorías en los distintos centros y servicios que engloba el convenio: empresas que tengan adjudicada, mediante contrato con alguna administración pública, la gestión de residencias de tercera edad, Centros de Día, centro de mujer 24 horas, centros de atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social o víctimas de violencia de genero, Servicios de Ayuda a Domicilio; centros de atención preventiva para personas mayores; servicios de farmacia y mayor a casa, así como cualquier centro, programa o servicio de titularidad pública, para la atención a personas, en su mayoría, en situación de dependencia.
María José Mira, directora de AERTE, “el presente convenio supone un acuerdo esencial entre los principales agentes en un sector generador de empleo tanto directo, por cada persona atendida crea dos puestos de trabajo, como indirecto. Además, el entendimiento de todas las partes se dirige hacia el objetivo común de profesionalizar más aún una actividad que fomenta el desarrollo de infraestructuras sociosanitarias que garanticen el derecho a recibir una atención de calidad, permitiendo atender el crecimiento constante de demanda de servicios públicos de atención a personas, en su mayoría, en situación de dependencia en la Comunidad Valenciana”.
Lucha contra el intrusismo
AERTE agradece el esfuerzo y la implicación de CCOO y UGT para llegar a un acuerdo que fomente y mejore la profesionalidad y vocación de la profesión. Además, en la firma de dicho acuerdo, las partes han insistido en el necesario ordenamiento del sector y la lucha contra el intrusismo en los servicios asistenciales sociosanitarios de titularidad pública. Recuerdan a la Administración la necesaria normalización del sector, exigiendo que los procedimientos de contratación pública velen por preservar la calidad asistencial, cumpliendo con la normativa afectada y no queden supeditados fundamentalmente a criterios económicos.
AERTE, el sector de la dependencia, más cerca del acuerdo para las plazas concertadas y la libre elección de residencia
– La culminación de este acuerdo, pondría fin a cinco años de desigualdades en el sector, permitiendo además que residencias de mayores, independientemente de su tamaño, puedan competir en igualdad de condiciones
– AERTE ve cercano el acuerdo con todo el sector, se pone a disposición de Bienestar Social para su puesta en marcha. Considera necesario establecer reuniones informativas con todos los agentes participantes, para concretar las líneas a desarrollar dentro de un nuevo programa de plazas concertadas
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), se pone a disposición de Bienestar Social para activar el nuevo acuerdo marco, planteado por la Conselleria, que permitiría sacar a concurso público 3.000 plazas concertadas en igualdad de condiciones, lo que llevaría consigo que 3.000 personas mayores tendrían la oportunidad de decidir libremente la residencia donde quieren ser atendidos en función de sus necesidades y preferencias individuales.
Así mismo, el acuerdo desbloquearía gran parte los expedientes pendientes de aquellas personas dependientes que siguen a la espera de recibir los servicios que les corresponde, algunos desde hace tres años.
Este acuerdo marco pondrá fin a cinco años de desigualdades que han sufrido tanto aquellos centros que no han podido ofrecer plazas concertadas a sus residentes, hasta ahora exclusivo de algunas residencias, como las personas en situación de dependencia y sus familias, que no podían elegir libremente el centro en el que deseaban ser atendidos, a pesar de que una sentencia judicial les reconocía ese derecho.
Aunque todavía no se han perfilado las condiciones que se exigirán a las residencias para que puedan disponer de plazas concertadas con la Administración, AERTE se muestra optimista. Espera que, por fin, puedan optar todos los centros del sector que cumplan con la normativa de autorización y funcionamiento, independientemente de su tamaño.
AERTE aplaude que la Conselleria de Bienestar Social esté valorando cómo implantar la igualdad de oportunidades dentro del sector y vele por el interés de las personas dependientes, siguiendo la política del Consell en las áreas de sanidad y educación, donde el usuario puede decidir centro.
AERTE espera poder reunirse con representantes de la Conselleria de Bienestar Social en breve
AERTE espera, y así se lo ha pedido con urgencia, celebrar un encuentro con la Conselleria de Bienestar Social de cara a concretar y firmar este acuerdo, planteado por la Conselleria, y para cuya puesta en marcha eran necesarios una serie de informes jurídicos previos, cuyas conclusiones no impiden, es más, recomiendan, que se desarrolle un sistema de plazas concertadas que beneficie a todos los centros y a las personas que permanecen en listas de espera.
AERTE siempre ha defendido unas líneas de respeto de la igualdad de oportunidades para todas las empresas, y la libertad de elección de las personas o sus familiares, algo fundamental para poder fomentar la calidad en los cuidados a las personas.
Espera que la línea adoptada por Bienestar Social dirigida a la consecución del esperado equilibro e igualdad en el sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana, no sea quebrantada por cuestiones de intereses partidistas.
AERTE urge firmar el acuerdo marco propuesto por Bienestar Social para sacar a concurso público 3000 plazas concertadas
-Los dictámenes e informes del Consell Jurídic Consultiu, la Junta de Contratación y la Abogacía de la Generalitat coinciden en que no se puede seguir concertando plazas, como hasta ahora, a través del procedimiento negociado sin publicidad. AERTE no puede admitir que se blinden esas plazas concertadas de ninguna manera, ya que cualquier paso que se dé en este sentido, irá en contra la Ley de Emprendedores.
– Con este acuerdo, Bienestar Social tiene la oportunidad de rectificar e implantar la igualdad de oportunidades dentro del sector, así como velar por el interés del dependiente para que decida libremente donde quiere ser atendido.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), en relación a los conciertos de adjudicación de plazas concertadas de personas mayores, estima urgente y necesario para todo el sector la firma de un acuerdo marco que permita la libre competencia entre residencias de cara a finalizar con los privilegios a determinadas empresas de accesibilidad que han disfrutado durante los últimos años.
Este acuerdo marco, propuesto en octubre de 2014 por la Conselleria de Bienestar Social a todos los agentes del sector, plantea sacar a concurso público, abierto a todos las residencias en igualdad de condiciones y bajo la premisa de que sea el usuario quien decida libremente el centro donde quiere ser atendido, alrededor de 3.000 plazas concertadas:
– 1.000 nuevas plazas concertadas correspondientes al presupuesto existente para 2015.
– 2.000 plazas concertadas ya existentes que se han ido adjudicando a centros de accesibilidad por vía del procedimiento negociado sin publicidad a partir de 2008, teniendo en cuenta además que esos mismos centros ya habían sido adjudicatarios de otras 2.000 plazas correspondientes a lo que establecía en el concurso de 2001, según el cual, de 6.000 nuevas plazas construidas, el primer tercio, es decir esas 2.000, serían para plazas concertadas.
Hasta ahora se ha adjudicado, y se siguen adjudicando plazas concertadas más allá del primer tercio del contrato del año 2001, a través del procedimiento negociado sin publicidad, sin contrato público y con un talante de exclusividad, ya que establece la premisa simple de tener experiencia previa y contrato de accesibilidad para poder ser adjudicatario, por lo que el resto de residencias del sector quedan al margen. Esas plazas carecen de contrato público.
En este sentido, tanto los dictámenes del Consell Jurídic Consultiu, como los informes de la Junta de Contratación y la Abogacía de la Generalitat coinciden en que no se puede seguir concertando plazas subvencionadas por esta vía mas allá de las fijadas en el concurso de 2001, es decir más allá del primer tercio de las 6.000 plazas. A pesar de estos informes, a día de hoy se siguen reponiendo las plazas cuando queda claro que es una situación irregular según la Ley de Emprendedores de 2013.
Además, el informe de la Abogacía indica claramente que se han beneficiado unas empresas y se ha perjudicado al resto del sector, mientras que el Consell Jurídic Consultiu afirma que el contrato de 2001 no se puede renovar a partir de enero de 2014.
Estos dictámenes se basan en la Ley de Emprendedores de 2013, donde se especifica claramente que no se puede beneficiar a ninguna empresa por el mero hecho de haber sido contratista de la Administración. AERTE no puede admitir que se blinden esas plazas concertadas de ninguna manera, ya que cualquier paso que se dé en este sentido, irá en contra de esta Ley. Además, supondría el cierre de muchas empresas del sector de atención a la dependencia, y la pérdida de numerosos puestos de trabajo.
AERTE quiere resaltar que, las conclusiones de estos dictámenes coinciden en señalar que una de las posibles soluciones pasaría por desarrollar un concurso público en forma de acuerdo marco para englobar esas 3.000 plazas. Por ello, la asociación no alcanza a entender que, según las últimas declaraciones de la Conselleria de Bienestar Social, se estén valorando otras posibilidades, muy lejos de los acuerdos alcanzados, que no permitieran por ejemplo la libertad de elección de las personas, justificándolo con una obligación surgida de una interpretación errónea del dictamen del Consell Jurídic Consultiu.
La Conselleria de Bienestar Social tiene la oportunidad con este acuerdo de rectificar e implantar la igualdad de oportunidades dentro del sector, así como velar por el interés del dependiente para que decida libremente donde quiere ser atendido. Entendemos que es una decisión política y, por tanto, responsabilidad de quien la tome.
– Libertad de elección
Por otro lado, durante años se ha vulnerado el derecho del usuario a decidir el centro donde quiere ser atendido. El nuevo acuerdo marco propuesto permite que las personas mayores puedan optar a este derecho, como así ocurre con los servicios de sanidad o educación, y tal y como declara reiteradamente el Gobierno valenciano, y en concreto el presidente Alberto Fabra. Más de 10.000 personas están a la espera de resolución de expedientes de dependencia.
– AERTE solicita a la Consellería de Bienestar Social una reunión para desbloquear la situación
AERTE ha solicitado a la Consellería de Bienestar Social una reunión de cara a agilizar la firma y puesta en marcha de este acuerdo marco planteado por la propia Conselleria, desarrollando así un sistema de plazas concertadas que beneficia a todos los centros y, sobretodo, a las personas que permanecen en listas de espera.
Desde AERTE siempre se han defendido unas líneas de respeto de la igualdad de oportunidades para todas las empresas, y la libertad de elección de las personas o sus familiares, tal y como la Administración valenciana puso en marcha con el bono residencia, de carácter pionero en España y que tan buenos resultados cosechó.
La Generalitat valenciana abona gran parte de la deuda pendiente con el sector de atención a la dependencia
Aerte aplaude la decisión y solicita, una vez más, un calendario de pagos para evitar acumular deuda.
La Generalitat Valenciana, a través de las Consellerias de Bienestar Social y Hacienda, ha abonado gran parte de la deuda acumulada que mantenía de forma continua con el sector de atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana. De los alrededor de 80 millones que se adeudaba en diciembre de 2014, se ha abonado más de 70 millones de euros.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) aplaude la decisión y el hecho de que, tras un año de asfixia económica, los más de 200 centros, muchos de ellos al borde del cierre, puedan respirar algo más aliviados, así como los más de 15.000 profesionales que podrán recibir sus nóminas en tiempo y forma.
María José Mira, directora general de AERTE, “pedimos a las Consellerias de Hacienda y Bienestar Social que se establezca un plan de pagos para los próximos años, un calendario serio y que se cumpla. Esto permitirá al sector no sólo afrontar su viabilidad, tras años de impagos, muchos de ellos se encuentran en una situación muy compleja, sino establecer planes de inversión que permitan mejorar sus infraestructuras, contratar más profesionales, así como establecer mejoras y nuevos servicios a la personas dependientes, más de 22.000“.
Así mismo, AERTE recuerda que la Comunidad Valenciana aún existen miles de personas que han sido reconocidas en situación de dependencia y que están a la espera resolución de sus expedientes. Considera que agilizar estos expedientes supone atender a estas personas, algunas en espera desde hace más de tres años, y recuerda que los centros asociados a la patronal pueden colaborar en los trámites de resolución de expedientes.
AERTE solicita toda la información relativa al procedimiento de nulidad de algunas de las adjudicaciones, presuntamente irregulares, a determinadas empresas de atención a la dependencia
Desea informarse en calidad de parte codemandada en los seis contenciosos presentados ante el TSJ de la Comunidad Valenciana por este tema. También solicita la suspensión de todas las actuaciones relativas a este procedimiento hasta que salgan a la luz todos los documentos.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha reclamado por escrito a la conselleria de Bienestar Social, al Consell Jurídic Consultiu y a la Abogacía General de la Generalitat Valenciana toda la información y documentos relativos al procedimiento de nulidad de algunas de las adjudicaciones, presuntamente irregulares, a determinadas empresas del sector de atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana, en concreto, relacionadas con el contrato de accesibilidad social (plazas concertadas).
Esta decisión ha sido tomada con el fin de conocer todos los documentos, informes y dictámenes de cada uno de los órganos consultivos preceptivos, ya que AERTE no es sólo la patronal mayoritaria del sector, sino que además, está personada como parte codemandada en los seis contenciosos presentados en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por este tema. AERTE ha solicitado también la suspensión de todas las actuaciones relativas a este procedimiento hasta que salgan a la luz todos los documentos.
AERTE entiende que, tanto la conselleria de Bienestar Social como el Consell Jurídic Consultiu, deberían haber dado audiencia a la patronal de la dependencia de cara a informarle sobre los contenidos, resoluciones y posturas adoptadas en cada uno de los procedimientos. Recuerda que el TSJ de la Comunidad Valenciana, en sentencia de febrero de 2014, reconoció a AERTE su derecho a tener audiencia en todos los procedimientos relacionados con el sector que afectaran tanto a la asociación como a las organizaciones empresariales que representa e instó a la conselleria de Bienestar Social a darle audiencia en estos casos.
A la espera del acuerdo marco desde hace meses
Ya han pasado dos meses desde que la conselleria de Bienestar Social anunciara la inmediata puesta en marcha de un acuerdo marco en el que iban a participar todos los operadores del sector y que, según sus propias palabras, iba a “finalizar con los privilegios a determinadas empresas” dando las mismas oportunidades a todos los centros, fomentado así la libre competencia y la calidad en los servicios.
No obstante, “a fecha de hoy, todavía no sabemos nada del nuevo programa”, apunta María José Mira, directora general de AERTE, “un programa que debería agilizarse y ser prioritario en las políticas del Consell, no sólo porque permitiría alcanzar, cuanto antes, el deseado equilibrio en el sector, sino que haría que se respetase la libertad de elección, al igual que, según manifestó el presidente Fabra en su discurso de Año Nuevo, el Gobierno valenciano quiere implantarlo en otros servicios como la educación o la sanidad”.
AERTE recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana reconoció en diciembre de 2013, mediante sentencia, que los dependientes con ayuda pública para residencia tienen derecho a elegir libremente una modalidad distinta a la de las plazas públicas y concertadas, no como ha ocurrido durante años durante los cuales estas personas iban derivadas a los centros sin tener derecho a elección.
AERTE emprenderá acciones judiciales si el Consell no abona de forma equilibrada la deuda pendiente
Solicita que se incluya dentro del próximo pago a proveedores, a través del FLA, a centros que ofrecen el sistema BONO, y a aquellos que atienden a las personas que sufren de algún tipo de trastorno mental, entidades que están pendientes de cobrar las cantidades correspondientes a todo el año 2014. Así como a aquellos centros que estén pendientes de recibir el 40 % de su subvención anual cuando otros ya cobraron la totalidad del año 2014.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha enviado esta mañana dos cartas a las consellerias de Hacienda y Bienestar Social para solicitar al Consell que incluya en el próximo pago a proveedores, a través del FLA, a toda la tipología de centros de atención a la dependencia, para evitar un trato desigual en el sector.
En concreto, solicita que en el pago se incluya especialmente a aquellos centros que ofrecen el sistema BONO y aquellos que atienden a personas que sufren algún tipo de trastorno mental, muchos de ellos tutelados por la propia Generalitat, entidades que están pendientes de cobrar las cantidades correspondientes a todo el año 2014. Así como también a aquellos centros pendientes de recibir el 40 % de la subvención anual.
Aerte ha puesto en conocimiento del conseller Moragues y de la consellera Sánchez-Zaplana la desesperación y angustia que están sufriendo algunas de las entidades ante la posible exclusión de su deuda en los pagos incluidos en el próximo FLA. Y apunta que no puede consentir que se vuelvan a cometer errores en la gestión de los pagos aunque ello suponga tener que llevar a cabo cualquier tipo de acción, judicial o no, que logre terminar con estas injusticias y desigualdades en el trato a los operadores del sector en la Comunidad Valenciana.
Con más de 80 millones de deuda acumulada y una media de 8 meses de impagos, seis más que el resto de comunidades, la valenciana es la última comunidad en resolución de pagos a los centros y profesionales de atención a la dependencia. Unos pagos que cuando se producen lo siguen haciendo de forma desigual, sin equidad en los centros, provocando que los recursos económicos existentes sólo se centren en una parte del sector, mientras que la gran mayoría del mismo sufre esta desigualdad sin que exista ningún tipo de explicación al respecto.
Reunión con Alberto Fabra
Por otro lado, AERTE solicitó la semana pasada por carta una reunión con Alberto Fabra, para que interceda en la resolución del grave problema que la política sociosanitaria y los continuos impagos del Gobierno valenciano están generando en el sector de atención a dependientes, trabajadores, profesionales y a los propios usuarios. Esta petición se suma a la que ya solicitó AERTE hace un año y sobre la que no obtuvo ninguna respuesta.
Por otro lado, existe desde hace años un abandono por parte de las Consellerias de Bienestar Social y Hacienda a la hora de establecer un calendario de pagos, imprescindible para que los centros puedan realizar, al menos, una planificación adecuada a medio plazo para evitar una incertidumbre constante sobre su viabilidad.
La situación provocada por esta política ha llevado, durante los últimos años, al cierre de más de 11 centros, con una pérdida de más de 900 plazas y 500 puestos de trabajo y que inevitablemente va a conllevar un incremento considerable de cierres si esto no cambia.
AERTE vuelve a solicitar una reunión con Alberto Fabra
– Reclama la atención del President para liderar la puesta en marcha de mecanismos urgentes que permitan acabar con la situación insostenible de la atención a la dependencia en la Comunidad Valenciana, que se agrava ahora con la Ley de Tasas.
– La Comunidad Valenciana, mantiene una media de ocho meses de impagos desiguales a los centros y profesionales de atención a la dependencia, seis meses más que las otras comunidades, alcanzando más de 80 millones de deuda.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) solicitó ayer por carta una reunión con Alberto Fabra, para que interceda en la resolución del grave problema que la política sociosanitaria y los continuos impagos del Gobierno valenciano, está generando en el sector de atención a dependientes, trabajadores, profesionales y a los propios usuarios. Esta petición se suma a la que ya solicitó AERTE hace un año y sobre la que no obtuvo ninguna respuesta.
Con más de 80 millones de deuda acumulada y una media de 8 meses de impagos, seis más que el resto de comunidades, la valenciana es la última comunidad en resolución de pagos a los centros y profesionales de atención a la dependencia. Unos pagos que cuando se producen lo siguen haciendo de forma desigual, sin equidad en los centros, provocando que los recursos económicos existentes sólo se centren en una parte del sector, mientras que la gran mayoría del mismo sufre esta desigualdad sin que exista ningún tipo de explicación al respecto.
Por otro lado, existe desde hace años un abandono por parte de las Consellerias de Bienestar Social y Hacienda a la hora de establecer un calendario de pagos, imprescindible para que los centros puedan realizar, al menos, una planificación adecuada a medio plazo para evitar una incertidumbre constante sobre su viabilidad.
La situación provocada por esta política ha llevado, durante los últimos años, al cierre de más de 11 centros, con una pérdida de más de 900 plazas y 500 puestos de trabajo que inevitablemente va a conllevar un incremento considerable de cierres si esto no cambia.
Menos liquidez para centros sin fondos con la nueva Ley de Tasas.
Todo ello se agrava con la regulación de la Ley de Tasas, lo que supone el cambio de recaudador pasando de los centros a la propia Administración. A partir de enero, el pago se hará directamente a la Administración que lo gestionará directamente y se convertirá en la recaudadora. Esta modificación se espera con miedo e incertidumbre por parte del sector porque hasta ahora, y a falta de pagos de la Generalitat, los centros podían seguir funcionando con la liquidez que les aportaban estas tasas. A partir de enero, se agravará el atraso de pagos, haciendo peligrar la situación de los centros, ya de por si delicada.
Respuesta al presidente Fabra
En referencia a las declaraciones realizadas ayer por el Presidente Fabra en la entrega de los Premios al Mayor, en los que “reconoció públicamente a las personas y entidades cuyo trabajo ha contribuido a mejorar la vida de las personas mayores”, AERTE quiere expresar que “si verdaderamente reconoce esta labor, la apoye de forma activa, liderando el desarrollo urgente de mecanismos que permitan solucionar los problemas reales existentes que permitan solventar a largo plazo la situación actual, de forma que la Comunidad Valenciana deje de estar en la cola en asistencia sociosanitaria y vuelva a ser una región pionera en este ámbito”.
Así mismo, AERTE ve positiva la apertura de seis nuevos centros, como ayer anunció el Presidente, pero subraya “la necesidad de acometer medidas para que los más de 200 centros y más de 15.000 profesional salgan de una situación de asfixia constante”.
