Dependencia
El nuevo servicio de la Junta de ayuda a domicilio será “más justo”
En su habitual repaso de las medidas aprobadas en el Consejo de Gobierno de Regional, el delegado de la Junta en Ciudad Real , Antonio Lucas-Torres, ha destacado el cambio en el modelo de gestión del servicio de ayuda a domicilio que a partir de ahora dará cobertura a todos los municipios de la región,cubriendo así a las 200 poblaciones que no tenían convenio hasta el momento para poder prestar este servicio que, a partir de ahora “va a ser más justo que nunca”, según el delegado.
Lucas-Torres ha explicado que las ayudas se articularán a través de cheques de ayuda que serán entregados directamente a los usuarios y de los que podrán hacer uso directamente. En este sentido, ha destacado que las personas con ingresos inferiores a los 530 euros mensuales podrán disfrutar del servicio de teleasistencia de forma gratuita, teniendo solo que pagar menos de un euro al día, en el caso de requieran la asistencia presencial de algún cuidador. Aunque no ha podido determinar cuál será la cuantía para las rentas superiores, ha asegurado que “no se incrementarán en ningún caso”.
En cuanto a los encargados de prestar dicha asistencia, el delegado ha puesto en valor que serán los usuarios quienes decidan quién les atenderá, algo que repercutirá positivamente en el empleo de las zonas rurales, especialmente en el sector femenino más dedicado a este tipo de labores. La Junta dedicará 11,5 euros por hora de ayuda a domicilio entre lunes y sábado, un 5% mas de lo que financiaba el anterior Gobierno, según el delegado.
Ayudas al comercio
Otro de los temas destacados por Antonio Lucas-Torres en su comparecencia ha sido las ayudas aprobadas por el Consejo de Gobierno con un montante de 2 millones de euros destinadas al fomento, la competitividad y la modernización del comercio minorista. En concreto el delegado ha detallado que estas ayudas se enmarcan dentro de cinco líneas de actuación: el uso de nuevas tecnologías, promoción de calidad en comercio, potenciar el diseño de los productos, promoción de las zonas comerciales y establecimiento de fórmulas cooperativas entre los empresarios.
Una medida que se completará con la subvención del 100% del salario de los trabajadores que incorporen los pequeños comercios para la apertura de sus establecimientos los domingos y festivos, “se trata de apoyar a un sector que da trabajo a más del 14% en la provincia y genera 7.500 millones de euros cada años en la región”.
Los beneficiarios de ayudas a la dependencia caen por primera vez
Los recortes de prestaciones en la Ley de Dependencia, con motivo de un Real Decreto que en julio pasado modificó el sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, tuvieron sus primeras consecuencias en los beneficiarios en el mes de agosto. La decisión del Gobierno central suponía rebajar un 30% las prestaciones económicas a los cuidadores familiares y revisaba al alza los criterios de evaluación de la capacidad económica de los usuarios (incluido el patrimonio), para que las rentas más altas percibieran menos ayudas que las bajas. Pero, la revisión de cada uno de los expedientes trajo consigo que algunos dependientes vieran reducida su ayuda hasta el 90%.
La justificación de los responsables de la Junta de Castilla y León, que es la encargada de prestar este tipo de servicios, era que estos «sacrificios» debían servir para «garantizar la viabilidad» de los servicios sociales «ahora y en el futuro». Explicaciones que no fueron aceptadas por muchas familias afectadas que consideraban que los criterios utilizados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades eran abusivos. Además, a finales de año, la administración regional revisa la situación de cada beneficiario con la última declaración de la renta para comprobar si ha cambiado su situación financiera, ya sea por venta de inmuebles o la generación de intereses en las cuentas de ahorro.
El Real Decreto no se limitó a las personas que recibían prestaciones de la Ley de la Dependencia sino que hubo más cambios. Uno de ellos es que los grados de reconocimiento de la dependencia pasaron de 6 niveles a 3: gran dependencia, dependencia severa y dependencia moderada. Lo más relevante era que los dependientes moderados no tendrán derecho a las ayudas hasta 2015. Y eso tiene una consecuencia clara porque cada vez hay menos personas que entran al sistema, especialmente las personas con menos síntomas, según señalan fuentes del sector y asociaciones que atienden a personas dependientes.
La Consejería de Familia tiene valoradas la situación de dependencia a más personas con derecho a recibir la Ley de la Dependencia en la provincia de Burgos pero es inferior el número de beneficiarios. Frente a las 8.535 personas de septiembre del año pasado se ha pasado a los 8.147 individuos a mayo pasado que les corresponde recibir ayudas. En cambio, los beneficiarios han caído de los 8.039 a los 7.909. También ha bajado el número de prestaciones porque es posible que una persona cuente con varios servicios. En ese mismo periodo, de menos de un año, la cifra ha descendido en 212 (de 10.538 a 10.344).
En lo que va de 2013, Burgos cuenta con 173 beneficiarios menos. Se trata de una pequeña bajada pero lo más importante es el cambio de tendencia porque, hasta ahora, el número de personas que percibía ayudas con la Ley de la Dependencia no había dejado de crecer desde su puesta en marcha en 2007.
Más esfuerzos
No es un fenómeno que se circunscribe a la provincia burgalesa ni a la Comunidad Autónoma sino que es una situación generalizada a nivel nacional. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales recuerda en su último informe del Observatorio de la Dependencia que el ritmo de solicitudes durante los cuatro primeros años de la Ley alcanzaba un promedio mensual de más de 30.000 en el conjunto del país; en el año 2011 «apenas» superó las 9.000 solicitudes y en el pasado 2012 «ni siquiera el promedio mensual llegó a las 2.500». A juicio de esta entidad, «lejos de dejar morir por inanición el sistema de atención a la dependencia, este es el momento de rentabilizar todo el esfuerzo pasado».
En la actualidad y según los últimos datos hechos públicos por la Junta, la provincia cuenta con casi 13.000 personas que tienen valorada su situación de dependencia, a través del correspondiente expediente. Cerca de la mitad (5.900) tiene su domicilio en la capital burgalesa, 1.300 en Miranda de Ebro, 1.100 en Aranda y 4.600 en el resto de los municipios de la provincia. De este número total, solo 7.909 tienen reconocidas sus prestaciones en la Ley de la Dependencia, que suman unas 10.300 ayudas. Los cálculos de la Consejería es que el 97% de la población dependiente en Burgos con derecho a prestación ya la recibe. Supone, cerca de 20 puntos por encima de la media regional.
La Asociación de Directores y y Gerentes de Servicios Sociales lamenta que en España haya cada vez más personas a la espera de ser valoradas, «haciendo que uno de los apartados que hasta ahora habría funcionado con cierta agilidad, en la actualidad, presente unos plazos medios de espera aún muy elevados». Creen que es una situación relacionada con la actual crisis económica, con presupuestos públicos restrictivos y que fuerza a las Comunidades Autónomas a «ralentizar artificialmente» el sistema. No en vano, advierte que uno de los fallos es el inadecuado, insuficiente y tramposo sistema de financiación, además de las diferencias de gestión entre unas regiones y otras.
Sistema estabiilizado
La consejera de Familia, Milagros Marcos, explicó hace unos meses que el sistema en Castilla y León se encontraba «estabilizado», con entre 100 y 150 usuarios cada mes y que «no se esperaban grandes incrementos».
La asociación de profesionales del sector alerta de que en los últimos meses se ha producido una «revisión brutal» con la adjudicación de grado por debajo del obtenido a dependientes en su día con grados superiores. Esto provoca, según ellos, la «cronificación de ese limbo de la dependencia», que cuantifican en 230.000 personas en España. Precisa que esa cifra ha bajado en el último año pero motivada, sobre todo, por el retraso en la atención de los dependientes moderados hasta el 2015 y a los fallecimientos que se producen mientras esperan la atención.
Cataluña está elaborando una ley propia de dependencia
La consejera de Bienestar Social y Familia de Cataluña, Neus Munté, anunció en el Foro Nueva Economía, celebrado recientemente en Barcelona, la elaboración de la Ley Catalana de Dependencia, “una ley propia con una mayor transversalidad entre servicios sociales y sanidad, y con una mayor financiación”. Para ello, se ha constituido un grupo de expertos, con el objetivo de que la ley esté aprobada dentro de la actual legislatura.
En su opinión, la Ley de Dependencia necesita de una reforma desde el punto de vista conceptual, y está amenazada por una financiación insuficiente desde sus inicios.
Para Munté, la financiación es un elemento fundamental en el desarrollo del sistema de atención a la dependencia. Debe ser suficiente para garantizar su sostenibilidad, tanto en las aportaciones provenientes de los Presupuestos Generales del Estado como en el presupuesto autonómico y el copago. Es necesario avanzar una ley marco de protección social, que plantee un equilibrio territorial y una adecuada colaboración entre el sector público y la iniciativa privada.
La reforma de la ley de dependencia del año 2012 definió una importante reducción en la aportación de los Presupuestos Generales del Estado. Según la consejera, en el año 2008 el 66 % del presupuesto de dependencia fue aportado por la Gobierno central y el 34 % por los Presupuestos Generales del Estado. Estas cifras han sido del 80 y del 20 % en 2012.
Se refirió también a la importancia de la participación de las personas mayores en la sociedad y de las relaciones intergeneracionales. Para ello, incidió en la necesidad de promover políticas de envejecimiento activo.
Gipuzkoa se declara insumisa de los “recortes” en la ley de dependencia
La Diputación de Gipuzkoa ha aprobado el decreto que mantiene en esta provincia la cuantía de las prestaciones económicas por dependencia en 2013, con lo que «no se verán perjudicadas por los recortes aplicados por el Gobierno español», según ha informado la portavoz foral, Larraitz Ugarte.
El Consejo de Diputados ha acordado «blindar» las cuantías máximas para quienes vienen percibiendo la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, la de asistencia personal, que se ha ampliado a nuevos grados, y la vinculada al servicio domiciliario. Serán más de 11.600 las personas beneficiadas en el territorio, ha explicado Ugarte.
Ugarte ha recordado que el Gobierno de Rajoy aprobó el pasado mes de julio lo que ha calificado de “contrarreforma” de la Ley de Dependencia, que supone, entre otros recortes, la reducción de un 15% en la cuantía de las actuales prestaciones y de un 30%, en las nuevas altas. En concreto, las medidas del Ejecutivo central suponen que Gipuzkoa perderá este año alrededor de 10 millones de euros de ingresos para sufragar prestaciones y servicios.
«Ante semejante vulneración de los derechos económicos de las personas con dependencia, el Gobierno foral ha dejado claro desde un primer momento su rechazo absoluto y su negativa a aplicar restricción alguna en Gipuzkoa, a pesar de que supondrá un enorme esfuerzo para las arcas forales», ha afirmado la portavoz, quien ha calificado de «estratégico» para la Diputación el mantenimiento de estas ayudas sociales.
El decreto foral supone que se mantiene en 520,69 euros la prestación económica para cuidados en el entorno, que perciben casi 10.300 personas en Gipuzkoa; 833,96 euros, tanto para la prestación vinculada al servicio como para la de asistencia personal, que perciben 150 y 1.190 guipuzcoanos, respectivamente.
El impulso de la ley de la dependencia y el espacio socio sanitario se encuentra en una vía muerta
– La FED ha reiterado que “es una incongruencia reducir presupuesto en dependencia” al tratarse de un sector con oferta y demanda
– El presidente de FES Y FED insisten en que el impulso de la Ley de Dependencia se encuentra en una vía muerta
– La mesa de debate itinerante recorrerá toda España en los próximos meses organizada por FED en colaboración con la Fundación Economía y Salud
El miercoles 5 se celebró en Valencia la II edición de las MESAS DE DEBATE, organizadas por la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), en colaboración con la Fundación Economía y Salud para reflexionar en torno al sector socio sanitario en España y en particular, mejorar la realidad de la dependencia en España desde una plataforma que recorrerá España de forma itinerante.
En su segunda edición,la Mesa de Debate ha contado con la asistencia de los presidentes de las entidades responsables de la organización de esta Mesa – Alberto Echevarria, presidente de la FED y Alberto Giménez, presidente dela Fundación Economía y Salud- José María Moreno, presidente de Aerte y los representantes de Sanidad y Bienestar Social, Manuela García Reboll –Secretaria Autonómica de Discapacidad y Dependencia, Bienestar Social- y José Luis Trillo, Director General de Farmacia dela Conselleria de Sanidad.
Durante la apertura de esta mesa de debate, el representante dela FED ha manifestado que la Dependencia se encuentra en una vía muerta, con los consiguientes perjuicios que representa para las empresas que integran el sector y en particular, para los 300.000 trabajadores y el millón de usuarios que diariamente reciben ayuda desde el sector.
El presidente dela Fundación EyS-Alberto Giménez- ha destacado el carácter estratégico del sector dependencia así como el potencial que le aportaría una mayor coordinación en su contexto socio sanitario, por las oportunidades que ofrecería una gestión compartida entre las áreas de Sanidad y Bienestar Social.
En la misma línea, Giménez, que considera que el espacio de la dependencia se encuentra en una vía muerta, ha calificado como error recortar en salud, máxime para un sector clave para el desarrollo económico, como el socio sanitario. Jiménez también ha apostado por alcanzar una coordinación socio sanitaria.
Por su parte el presidente de Aerte -José María Moreno- ha apelado a la necesidad de activar la concesión de PEVs (plazas vinculadas al servicio) para garantizar los derechos y la calidad de vida de los usuarios, destacando a su vez las diferencias existentes en los costes de una residencia pública frente a la privada, más económica y rentable. En este sentido, el presidente de Aerte ha destacado el ejemplo que representala ComunidadValencianafrente al resto de España, en cuanto a dependencia se refiere, por su carácter innovador.
Federación Empresarial de la Dependencia (FED)
El presidente dela FederaciónEmpresarialdela Dependencia, José Alberto Echevarría, ha incidido en la necesidad de apostar por la ley de dependencia, así como en los múltiples beneficios tanto sociales como para el ciudadano en particular, que garantizar el sector dependencia, un sector que en el ejercicio de su actividad y según ha manifestado Echevarría, tiene oferta, demanda, genera riqueza y empleo estable, de calidad y no deslocalizable.
El presidente dela FED ha mostrado su contrariedad frente al hecho de que el sector cumpla un servicio social esencial, garantice los derechos de los ciudadanos y a la vez, genere importantes retornos en el ejercicio de su actividad, tanto para el ciudadano como para la Administración, en la forma de fiscalidad, empleo, seguridad social y otras partidas rentables.
Por ello, el presidente dela FED ha calificado como contradictorio que con esta perspectiva, la Administración continúe recortando en dependencia, pues no solo recorta un servicio esencial, sino la posibilidad de crecer desde el sector.
Durante su intervención, José Alberto Echevarría ha destacado la necesidad de incrementar el presupuesto para dependencia, así como la importancia de las plazas vinculadas al servicio (PEVS) tanto por la asistencia que ofrecen como porque garantizan la libertad del ciudadano para elegir, algo que enla Comunidadn Valencianano se está cumpliendo, pues no se están concediendo PEVS.
Sanidad y Bienestar Social
La mesa de debate promovida porla FEDyla Fundación EyS también ha contado con la asistencia de José Luis Trillo, Director General de Farmacia, y de Manuela García Reboll, Secretaria Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, quien ha defendido continuar impulsando la Ley de Dependencia, aún en el momento de colapso en el que nos encontramos, por el servicio que cumple.
En este sentido,la SecretariaAutonómica ha justificado la no concesión de nuevas Plazas Vinculadas al Servicio (PEVS) a la ausencia de crédito, destacando que se priorizarán las PEVS frente a la resolución de prestaciones para el entorno familiar.
Mesa Itinerante de Debate
La mesa debate itinerante se ha celebrado hoy en Valencia con la participación de los Presidentes de las distintas asociaciones dela Federación Empresarialde Asistencia ala Dependencia(FED) y patronos y comité de expertos dela Fundación Economia y Salud.
La FED, fundada en el año 2006, está integrada por 17 patronales autonómicas, que representan 150.000 plazas residenciales, 28.000 plazas en centros de día, 230.000 beneficiarios de ayuda a domicilio y 315.000 usuarios de teleasistencia.
ACRA denuncia que la Residencia Can Serra de Sant Esteve Sesrovires está en una situación límite por la deuda del Ayuntamiento con el centro
Además de los casi medio millón de euros de esta deuda generada por retenciones irregulares realizadas por la Sociedad Municipal, la empresa gestora de este centro concertado todavía está esperando cobrar los 110.228,43 euros del impago del ICASS de julio del año pasado
Si no se soluciona el problema, la emprensa Innovación y desarrollo asistencial S.L. (IDEA), que atiende a los 130 usuarios del servicio público de este consistorio del Baix Llobregat, no podrá hacer frente al pago de las nóminas de los 60 trabajadores
ACRA denuncia que el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires está trayendo al límite el equilibrio financiero la Residencia y Centro de día Can Serra en no abonar en el centro el 100% del que recibe del ICASS en concepto de atención a usuarios del sistema público de atención a la dependencia. La entidad Innovación y desarrollo asistencial S.L. (IDEA), ha alertado a *ACRA que a los 465.000€ que los debe de la Sociedad Municipal se tienen que añadir los 110.000€ del impago del ICASS de julio del año pasado.
Si los actores públicos implicados en el centro no reaccionan pronto ante el alerta de la entidad gestora, muy pronto esta no podrá hacer frente a sus responsabilidades con trabajadoras y proveedores, poniendo en una en una situación límite también la atención de los 130 usuarios del servicio. Por estos motivos, ACRA apoya a IDEA a la hora de reclamar en este Ayuntamiento del Baix Llobregat que restablezca el equilibrio económico financiero de la concesión abonando el 100% del que recibe del ICASS y regularizando los saldos pendientes, así como la facturación de las plazas de respiro que factura directamente.
Igualmente, la empresa pide a la ICASS que intervenga el contrato existente para asegurar que el pago correspondiente al servicio asistencial desarrollado lo reciba la entidad que gestiona el equipamiento para el pago de nóminas y proveedores. Además, y ante la gravedad de una posible repercusión en el servicio a los usuarios del centro, IDEA ya ha denunciado el asunto al defensor del pueblo de Cataluña pidiéndolo que intervenga para asegurar el derecho de las
personas que ocupan plazas concertadas a ser atendidas y que restablezca que el perjuicio empresarial que está sufriendo por la falta de respuesta de las Administraciones Públicas.
748.235 dependientes, beneficiarios de la Ley de Dependencia
Un total de 748.235 personas figuran a 30 de abril como beneficiarias de alguna de las prestaciones o servicios que ofrece la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, mientras que 218.345 tienen reconocido el derecho a acceder a estas ayudas pero aún esperan que les sean concedidas, conforme los difundidos por del IMSERSO tras depurar los 25.806 expedientes irregulares denunciados por el Tribunal de Cuentas.
En concreto, el proceso ha supuesto la regularización de 13.110 casos en el primer trimestre del año y otros 12.696 sólo en el mes de abril, cuando se ha completado la ‘limpieza’. No obstante, menos de la mitad de estos han tenido un efecto sobre las estadísticas generales: se trata de 5.929 casos eliminados del cómputo global, bien porque el dependiente que figuraba había fallecido, bien porque su expediente estaba duplicado.
Así las cosas, el número de personas recibiendo un servicio o prestación queda en 748.235, lo que supone un descenso en el número de beneficiarios de la ley de dependencia tanto respecto del mes de marzo (2.259 personas menos con datos ya regularizados) como en comparación con diciembre de 2012 (3.316 personas menos).
En cuanto a la lista de espera, que también se ha visto afectada por la regularización de expedientes duplicados o de personas que ya habían fallecido, a 30 de abril figuran 218.345 personas, 20.281 menos que en marzo y un 28,63 por ciento menos de las que figuraban a 1 de enero de 2012.
Para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales este dato es un «espejismo» que no refleja una mejora en el sistema ya que, de ser así, el número de personas atendidas se habría incrementado en la misma proporción que se reducía la cifra de quienes estaban esperando. Sin embargo, no sólo no se ha incrementado sino que se ha reducido el número de beneficiarios.
Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press, el director de la organización, José Manuel Ramírez, quien asegura que miles de personas en situación de dependencia han fallecido desde enero de 2012 esperando a recibir la prestación o servicio a la que tenían derecho por ley. «Es una inmoralidad decir que se reduce ese limbo de la dependencia por un aumento en la prestación de servicios, porque se debe al recorte de derechos y a los fallecimientos», ha afirmado.
MÁS DE 12.000 FALLECIDOS EN LAS LISTAS
En este sentido, citando datos oficiales indica que cuando Ana Mato llegó al Ministerio de Sanidad, «1.045.000 personas tenían derecho a recibir atención por dependencia y ahora son 966.580», lo que achaca a la reforma que ha dejado fuera del sistema a los dependientes moderados, a la falta de incorporación de nuevos dependientes severos y a los fallecimientos entre quienes estaban atendidos.
En cuanto a las regularizaciones, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales consideran que se trata de un asunto «ridículo» y «residual» que no afecta demasiado a los grandes datos del sistema, ya que se trata de 13.418 expedientes «en un mar de más de un millón de personas» que están de un modo u otro, integradas en el sistema.
El Tribunal de Cuentas denunció posibles irregularidades en un total de 25.806 expedientes. Según los datos difundidos por el IMSERSO, 12.055 resultaron corresponder a personas que habían fallecido y seguían dadas de alta, en 1.363 casos se trataba de duplicidades, y en otros 12.388 había errores que se han subsanado sin generar repercusiones a nivel estadístico. Hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas cobran del Estado para la ley de Dependencia en función del número de beneficiarios que tengan. Tras la depuración, figuran 13.418 menos.
De ellos, el grupo más amplio correspondía al sistema andaluz, donde el Tribunal de Cuentas detectó hasta 5.174 incidencias, de las que 2.248 resultaron ser expedientes de fallecidos (1.359) o casos duplicados (889). En número le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.834 expedientes retirados de las estadísticas oficiales (1.666 de difuntos), Cataluña, que tenía 1.472 irregulares (1.469 de fallecidos) y Castilla y León, con 1.438 casos (1.288 de fallecidos).
En el lado opuesto, las comunidades que ofrecían al Gobierno datos más fiables eran La Rioja, con 15 expedientes irregulares, todos de fallecidos; Baleares, con 24; y Canarias, donde figuraban 93 personas que ya habían muerto y tres duplicidades.
El Sepad afirma que Extremadura supera la media nacional en cuanto a implantación de la Ley de la Dependencia
El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) ha defendido su gestión y ha afirmado que Extremadura «supera» la media nacional en cuanto a implantación de la Ley de la Dependencia.
En relación a un comunicado de UGT, en el que se afirma que la región está «por debajo de la media nacional» en la implantación de la citada ley, el Sepad ha aclarado que, según los datos publicados mensualmente por el Imserso, el 1,75 por ciento del total de la población extremeña es beneficiaria con prestación de la Ley de la Dependencia, mientras que en el conjunto nacional ese porcentaje es del 1,56 por ciento.
Asimismo, con respecto a la gestión de la Dependencia, los datos del Imserso reflejan que Extremadura se coloca entre las tres comunidades autónomas con mayor número de personas valoradas, registrando un porcentaje en este capítulo del 4,09 por ciento, frente a la media nacional que es del 3,22 por ciento.
Extremadura ostenta también el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a porcentaje de solicitudes de la Ley de la Dependencia. Mientras el conjunto del Estado tiene una media del 3,44 por ciento en este apartado, la región alcanza un 4,26 por ciento, señala el Sepad en nota de prensa.
Además, Extremadura se encuentra entre las comunidades autónomas que están apostando firmemente por ofrecer servicios profesionales, frente a las prestaciones económicas en el entorno familiar.
Concretamente, la región ocupa un puesto destacado en el ranking nacional al contar con un 59,17% de servicios, frente a un 40,83 por ciento de prestaciones económicas en el entorno, superando nuevamente a la media nacional, que tiene un 55,98 por ciento y un 44,02 por ciento, respectivamente.
Este balance en «favor» de las prestaciones profesionales «beneficiará» a la región porque el nuevo sistema que aplicará el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el reparto de los fondos entre las comunidades autónomas «discriminará positivamente a aquellas que den prioridad a la atención a las personas dependientes mediante servicios profesionales en lugar de ayudas a los cuidadores familiares», añade.
COMPARATIVAS NACIONALES
Por otro lado, el Sepad ha recalcado que a la hora de realizar una comparativa nacional y establecer una media es necesario comparar los datos sobre el porcentaje poblacional de cada comunidad autónoma, porque de otro modo los datos resultantes «no son objetivos».
Según ha detallado, solo ocho de las 17 comunidades autónomas utilizan únicamente el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), que es la aplicación nacional para la gestión de la ley, volcando en él los datos en cuanto se inicia un procedimiento.
Este hecho supone que otras nueve comunidades autónomas utilizan programas informáticos paralelos al SISAAD, trasladando los datos al sistema nacional no cuando se inicia el procedimiento, sino en otros momentos del expediente, por lo que el Sepad considera que «de ninguna manera» la comparativa entre territorios puede realizarse sobre estos datos.
Para que la comparativa sea «adecuada, veraz y objetiva», ha añadido, debe utilizarse «siempre» el porcentaje de la población, evitando así «toda serie de equívocos».
VENTAJAS EN EXTREMADURA
A su vez, el Sepad ha destacado el «esfuerzo» del Gobierno de Extremadura para que las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar solo se reduzcan en el mínimo exigido por el Gobierno central, que es de un 15%, no haciendo por tanto uso de la posibilidad que ofrece el Real Decreto Ley de aumentar este porcentaje.
Respecto al régimen de incompatibilidades ha explicado que, pese a que la reforma de la Ley de la Dependencia ha introducido importantes modificaciones, incompatibilizando servicios y prestaciones, en Extremadura el régimen de incompatibilidades permanece en las mismas condiciones que antes de esta modificación legal, ofreciéndose por tanto un nivel de protección adicional.
Asimismo, ha indicado el Sepad que Extremadura «no» va a realizar «por el momento» una revisión de la capacidad económica de quienes ya están cobrando alguna prestación, ni va a tener en cuenta el periodo suspensivo de retroactividad máximo de dos años en los expedientes de niños de 0 a 3 años, garantizando por tanto la atención a estos menores, apunta.
Por todo lo anterior, subraya que Extremadura «no sólo está realizando una correcta aplicación y desarrollo de la Ley de la Dependencia, sino que cree firmemente en ella», poniendo «todos los medios adecuados, tanto de personal, como informáticos y presupuestarios», para continuar con sus líneas de actuación.
Afectados por atrasos en retroactividad en Dependencia, «abandonados» por la Junta
Las en torno a 275 familias andaluzas afectadas por los atrasos en los pagos en retroactividad en la Ley de Dependencia dicen sentirse «abandonadas» por la Junta de Andalucía, que sigue «sin responder» a su petición de que «cumpla» con el calendario de pagos «establecido por la propia Administración», que se prolongaba durante un periodo de cinco años desde 2012 a 2016, y «del que siguen sin ver ni un duro». Así lo ha afirmado Rosa María Guijo Curado, portavoz de los afectados, que bajo el nombre de ‘Atrasos de la Ley de Dependencia en Andalucía’ continúan movilizándose online a través de Facebook, donde ya suman 1.180 amigos y «seguimos subiendo», puntualiza.
Guijo Curado señala en declaraciones a Europa Press que «se ha hablado mucho» de los recortes de la Dependencia, de la reducción por parte del Gobierno del 15 por ciento de la paga a los cuidadores familiares o de que dejará de hacerse cargo de la cotización a la seguridad social, «pero nadie ha hablado del dinero que se nos debe desde 2007 a 2011», porque «aunque han eliminado la retroactividad en los pagos de la Dependencia, nosotros entrábamos aún dentro de plazo». Según ha recordado la portavoz, los pagos que se adeudan a estas familias oscilan entre «los 6.000 euros a algunas de ellas y los 20.000 a otras».
En este sentido, reitera que en 2012 la Junta les notificó por escrito que «se pagarían esos retrasos en cinco años –de 2012 a 2016– todo los meses de marzo, pero «el año pasado no se cobró y tampoco en 2013»; además, añade, «no nos han presentado un nuevo calendario de pagos». Al respecto, señala que el todavía Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, al que los afectados pidieron ayuda, les ha mandado una carta informándoles de que la Consejería de Salud y Bienestar Social «sigue sin responderle», motivo por el que «ha declarado en rebeldía a la Junta», precisa Guijo Curado, quien lamentan la destitución de Chamizo y dicen sentirse «más solos».
Así las cosas, la portavoz de los afectados insiste en que «no saben dónde más recurrir», al tiempo que asegura que «las familias están pasando muchas fatigas» porque además «somos gente que nos estamos viendo en una situación muy precaria». Asimismo, añade que todos los abogados «les aconsejan denunciar» esta situación en los juzgados, pero «no tenemos para denunciar». Y aunque «queremos hacer movilizaciones, no podemos debido a la situación en la que estamos, ya que nuestros enfermos están encamados y necesitan vigilancia estricta por prescripción médica», añade.
«Nos sentimos solos y abandonados», afirma Guijo Curado, quien indica que ha escrito una carta al Tribunal Constitucional –aún sin respuesta– porque «hemos llegado a una situación en la que ya se está atentando contra la vida de los enfermos», concluye.
La ILP sobre ayudas a la gran dependencia consigue 343 fedatarios
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre ayudas a la gran dependencia ha conseguido 343 fedatarios, que han sido registrados hoy en el Parlament por lo que sus promotores ya pueden iniciar a partir del lunes la recogida de las 50.000 firmas necesarias para que se pueda debatir en la cámara.
Esta ILP tiene como finalidad modificar la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña para garantizar el pago puntual de las prestaciones de gran dependencia, y sus promotores son Andrés Rueda, Pedro Ignacio Antón, Juli Martí, Luis Juan, Josep Lluís Navarro, Higinio Viellas, Jordi Coma, Pol Andrés, Joaquín García y Juan López.
Los fedatarios han prometido o jurado esta semana sus cargos en el Parlament en diversas sesiones que empezaron el pasado lunes y han acabado hoy por la tarde.
En paralelo, la comisión de control de la ILP, que es el órgano que vela por la veracidad del proceso, ya ha aprobado el pliego de recogida de firmas, que es el único válido para conseguir los avales, los primeros de los cuales ya fueron sellados y contabilizados.
A partir del lunes, los promotores de la ILP disponen de 120 días hábiles prorrogables a 60 días más para recoger firmas antes de depositarlas en el Parlament.
Si las obtienen, la iniciativa proseguirá su tramitación como proposición de ley y en el debate a la totalidad los promotores podrán designar a un representante para defenderla ante el pleno.
Esta ILP es la segunda que se tramita en la presente legislatura del Parlament.
El Síndic registra más de 2.200 quejas al año por la Ley de Dependencia
La incorrecta aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana generó el año pasado 2.252 quejas al Síndic de Greuges, según explicó ayer Emilia Caballero, primera adjunta en esta institución. Estos datos contrastan con las 948 quejas que se pusieron en 2009 y parece que van en aumento «porque en lo que llevamos de año hemos recibido ya 1.077». Las cifras fueron dadas a conocer en el transcurso de una mesa redonda, celebrada en la Sede de la Universidad de Alicante, sobre la situación actual de la ley.
Para Caballero, la norma en la Comunidad Valenciana «arrastra unos obstáculos desde la base de su aplicación» y que se han visto incrementados «por la interpretación que la Generalitat ha hecho del decreto de 12 de julio de 2011 del Gobierno central».
Los asistentes a esta mesa redonda, en la que había representantes del Colegio de Abogados, de las plataformas de la discapacidad y la dependencia y del sector de las residencias, discutieron sobre los recortes que ha sufrido la norma en los últimos años y que la han dejado en una situación de parálisis casi total en la Comunidad.
Según explicó Miquel Martorell, de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, la norma «está prácticamente desmantelada». El Gobierno central «ha recortado de una manera brutal, hasta en un 20% las aportaciones». La situación en la Comunidad se agrava «porque no hay resoluciones, sólo se atienden las pocas urgencias en algunos centros residenciales». Una situación que, a juicio de Martorell, «está haciendo dejar morir de inanición la dependencia, esperando que vayan falleciendo los dependientes sin invertir, con lo cual la tasa de reposición no se mantiene».
Las ayudas a la dependencia, en la cuerda floja de la crisis
Los efectos no se han hecho esperar y ni tan siquiera los equilibrios sobre la cuerda floja de financiación que ha dejado el Gobierno central que ha hecho la Consejería de Familia para que el sistema de atención se sostuviera han conseguido evitar la pérdida de beneficiarios y de personas con derecho a serlo. Los datos son más amables en Castilla y León que en el resto del país pero la línea ascendente desde que se pudiera en marcha la Ley de Dependencia en 2007 se ha roto por primera vez.
Por primera vez la comunidad, y España, baja su número de beneficiarios, de forma más discreta eso sí que el resto del país, y ha perdido, en una comparativa de un año, 170 dependientes atendidos y entre marzo y abril, en un solo mes, 450. No obstante, sus cifras se sitúan por encima del cierre de 2011, el ejercicio anterior al de los recortes. Según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, y el análisis que de ellos realiza la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, «en toda España se ha suprimido el derecho de la Ley de Dependencia a 162 personas cada día desde que gobierna Mariano Rajoy». Estos datos recién publicados recogen la regularización del sistema de información; pero «el impacto de la corrección de los datos es mínimo en la evolución global del sistema, si bien se observan con toda claridad los efectos de las dos andanadas que ha sufrido la Ley (recorte de derechos y reducción de financiación). La curva de personas con derecho baja estrepitosamente (-77.948 desde diciembre 2011) y la de beneficiarios se reduce en 3.316 en lo que va de año». En Castilla y León, la de personas con derecho bajan en 1.351 al pasar de 66.077 en enero de 2012 a 64.726 el pasado mes de marzo.
Fallecidos y duplicados
Además, en la región de los 2.447 expedientes de dependientes que figuraban como beneficiarios de forma irregular, según el polémico informe del Tribunal de Cuentas, 1.288 eran personas fallecidas y otros 150 estaban duplicados.
El descenso en los beneficiarios se han registrado en los centros de día y en la atención residencial y ha aumentado la ayuda vinculada al servicio y la teleasistencia.
Durante el mes de abril de 2013, el Sistema de Atención a la Dependencia ha perdido 8.188 beneficiarios en toda España. De ellos, 10.185 fallecieron y solo 7.926 se incorporaron al sistema, además del proceso de regularización realizado por el Imserso y que afecta a 5.929 expedientes dados de baja en mes de abril, «se evidencia un retroceso notorio con respecto al mes anterior: 8.265 grandes dependientes menos, 10.494 solicitudes activas menos que el mes anterior, y 12.278 dictámenes menos, se superan las cien mil personas pendientes de valoración (103.537), y 14.059 personas menos pierden el derecho a ser atendías con respecto al mes anterior quedando todavía 218.285 en el ‘limbo de la dependencia’ –un 23% que tienen derecho engrosan la lista de espera-. Las estadísticas oficiales demuestran que el Sistema se destruye por inanición», destaca esta organización. El citado observatorio califica de «vergüenza que este Ministerio, algo que presenta como un gran logro, diga haber rebajado la lista de espera, y eso es una media verdad porque sí que hay menos personas en el limbo de la dependencia, pero no porque hayan sido atendidas sino por tres razones: la primera porque a los denominados dependientes moderados se les ha quitado el derecho y se les deja sin atención hasta 2015; la segunda porque a principios de 2012 había más personas en situación de dependencia que se les había reconocido el derecho y la tercera son los fallecimientos de las personas que murieron sin haber ejercido su derecho a ser atendidos durante este año y medio de derogación encubierta de la Ley».
La Junta de Castilla-La Mancha regula los nuevos requisitos y condiciones de la Ley de Dependencia
El Diario de Castilla-La Mancha publica hoy el decreto por el que se regula el nuevo régimen de requisitos y condiciones para los beneficiarios de la Ley de Dependencia.
El decreto 26/2013 de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales supone la adaptación a Castilla-La Mancha del Real Decreto Ley aprobado en julio de 2012 por el Gobierno central, con el que se reformó la ley.
Dicha reforma conllevó, entre otras medidas, la rebaja del 15 % en la paga a los familiares cuidadores de dependientes o la desaparición de los dos niveles en que se divide cada grado de gravedad de la dependencia, si bien las personas que ya tuvieran reconocido el grado y el nivel seguirán manteniéndolo.
Asimismo, se incluyó como novedad para determinar la capacidad económica del usuario el cálculo no sólo de la renta, sino también de su patrimonio.
Las personas dependientes cuyos ingresos estén por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) no tendrán que pagar nada por la atención y a partir de este punto la aportación se medirá de forma progresiva hasta llegar al 90 por ciento del coste del servicio.
El decreto aprobado ahora por el Gobierno castellanomanchego expone que, además de la necesaria adaptación a esta normativa estatal, en Castilla-La Mancha «se vienen constatando algunas desigualdades derivadas de los criterios de aplicación» de la ley.
Entre esas desigualdades cita que «los procedimientos se alargan en el tiempo más de lo esperado, que se abonan retroactividades por situaciones no imputables directamente a la Junta, que coexisten diferentes formas de resolver determinadas incidencias en el procedimiento o de priorizar actuaciones conforme a criterios de calidad, eficiencia y eficacia».
Así, la Junta sostiene que, varios años después de la entrada en vigor de la ley, «el acceso prioritario a los servicios del catálogo sigue condicionado por la utilización de prestaciones económicas que reciben algo más del 50 % de los usuarios» a pesar de que la ley subraya «el carácter excepcional» de esas prestaciones.
Esa situación genera en algunos casos «perjuicio no sólo para la persona dependiente con prestación económica reconocida, a quien dicha prestación no mejora la calidad de los apoyos recibidos, sino también con grave repercusión de carácter económico para la Junta al incidir negativamente en los ingresos que recibe de la Administración del Estado para la aplicación de la ley».
Por ello, la Junta ha establecido en el decreto los pertinentes cambios en el régimen de requisitos y condiciones del reconocimiento de la situación de dependencia y acceso a las prestaciones y servicios señalados en la ley.
«Es una inmoralidad decir que se reduce ese limbo de la dependencia por un aumento en la prestación de servicios, porque se debe al recorte de derechos y a los fallecimientos»
Un total de 748.235 personas figuran a 30 de abril como beneficiarias de alguna de las prestaciones o servicios que ofrece la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, mientras que 218.345 tienen reconocido el derecho a acceder a estas ayudas pero aún esperan que les sean concedidas, conforme los difundidos por del IMSERSO tras depurar los 25.806 expedientes irregulares denunciados por el Tribunal de Cuentas.
En concreto, el proceso ha supuesto la regularización de 13.110 casos en el primer trimestre del año y otros 12.696 sólo en el mes de abril, cuando se ha completado la ‘limpieza’. No obstante, menos de la mitad de estos han tenido un efecto sobre las estadísticas generales: se trata de 5.929 casos eliminados del cómputo global, bien porque el dependiente que figuraba había fallecido, bien porque su expediente estaba duplicado.
Así las cosas, el número de personas recibiendo un servicio o prestación queda en 748.235, lo que supone un descenso en el número de beneficiarios de la ley de dependencia tanto respecto del mes de marzo (2.259 personas menos con datos ya regularizados) como en comparación con diciembre de 2012 (3.316 personas menos).
En cuanto a la lista de espera, que también se ha visto afectada por la regularización de expedientes duplicados o de personas que ya habían fallecido, a 30 de abril figuran 218.345 personas, 20.281 menos que en marzo y un 28,63 por ciento menos de las que figuraban a 1 de enero de 2012.
Para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales este dato es un «espejismo» que no refleja una mejora en el sistema ya que, de ser así, el número de personas atendidas se habría incrementado en la misma proporción que se reducía la cifra de quienes estaban esperando. Sin embargo, no sólo no se ha incrementado sino que se ha reducido el número de beneficiarios.
Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press, el director de la organización, José Manuel Ramírez, quien asegura que miles de personas en situación de dependencia han fallecido desde enero de 2012 esperando a recibir la prestación o servicio a la que tenían derecho por ley. «Es una inmoralidad decir que se reduce ese limbo de la dependencia por un aumento en la prestación de servicios, porque se debe al recorte de derechos y a los fallecimientos», ha afirmado.
MÁS DE 12.000 FALLECIDOS EN LAS LISTAS
En este sentido, citando datos oficiales indica que cuando Ana Mato llegó al Ministerio de Sanidad, «1.045.000 personas tenían derecho a recibir atención por dependencia y ahora son 966.580», lo que achaca a la reforma que ha dejado fuera del sistema a los dependientes moderados, a la falta de incorporación de nuevos dependientes severos y a los fallecimientos entre quienes estaban atendidos.
En cuanto a las regularizaciones, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales consideran que se trata de un asunto «ridículo» y «residual» que no afecta demasiado a los grandes datos del sistema, ya que se trata de 13.418 expedientes «en un mar de más de un millón de personas» que están de un modo u otro, integradas en el sistema.
El Tribunal de Cuentas denunció posibles irregularidades en un total de 25.806 expedientes. Según los datos difundidos por el IMSERSO, 12.055 resultaron corresponder a personas que habían fallecido y seguían dadas de alta, en 1.363 casos se trataba de duplicidades, y en otros 12.388 había errores que se han subsanado sin generar repercusiones a nivel estadístico. Hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas cobran del Estado para la ley de Dependencia en función del número de beneficiarios que tengan. Tras la depuración, figuran 13.418 menos.
De ellos, el grupo más amplio correspondía al sistema andaluz, donde el Tribunal de Cuentas detectó hasta 5.174 incidencias, de las que 2.248 resultaron ser expedientes de fallecidos (1.359) o casos duplicados (889). En número le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.834 expedientes retirados de las estadísticas oficiales (1.666 de difuntos), Cataluña, que tenía 1.472 irregulares (1.469 de fallecidos) y Castilla y León, con 1.438 casos (1.288 de fallecidos).
En el lado opuesto, las comunidades que ofrecían al Gobierno datos más fiables eran La Rioja, con 15 expedientes irregulares, todos de fallecidos; Baleares, con 24; y Canarias, donde figuraban 93 personas que ya habían muerto y tres duplicidades.
Sanitas edita una guía de ayuda para los cuidadores de personas dependientes
‘El cuidado para quienes cuidan’ es el lema y el manual que Sanitas Residencial y la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de Cantabria presentaron ayer en la sede de Sanitas en Santander. El manual recoge consejos saludables dirigidos específicamente a los cuidadores de personas dependientes.
«Cuidar a una persona dependiente puede ser una labor gratificante pero requiere de mucha fortaleza mental, física y emocional», explicó Teresa Pampín, directora de Sanitas. Con el paso del tiempo, este tipo de situaciones pueden llegar a perjudicar gravemente la salud del cuidador tanto a nivel físico como psicológico y provocar el llamado ‘síndrome del cuidador’. Pampín destacó que «aunque en un primer momento las personas dependientes reciben toda la atención y los mejores cuidados, a la larga es fundamental dar la misma atención a los cuidadores, porque, en definitiva, su salud y calidad de vida también están en juego».
Para Mónica Pérez, coordinadora de la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer, «este libro es una gran ayuda para todas aquellas personas que tienen a su cargo a una persona dependiente, siendo además un referente a la hora de afrontar situaciones tan cotidianas como el estrés y la ansiedad».
Uno de los problemas es el estrés. En síntesis, esta guía contiene consejos, como descansar cinco minutos cuando el cuidador esté en esta situación, evitar sentimientos de culpa, resentimiento, desesperanza o rabia, planificar un tiempo para el propio cuidador o mantener una mente positiva sin pensar en las cosas que están fuera del control del cuidador.
Otro consejo es llevar una dieta equilibrada con la que logre todos los nutrientes necesarios: comer cinco porciones de fruta y verdura al día, seguir una pauta regular de las comidas, intentar beber de seis a ocho vasos de agua. Recomienda tener una vida activa. Las personas que cuidan a dependientes, por norma general, no suelen tener tiempo «pero siempre es posible incluir en el día a día acciones con las que se motive la movilidad», como las labores del hogar.
Dormir bien es fundamental. Para ello hay que asegurarse de que el colchón sea cómodo, eliminar distracciones como televisores y ordenadores y establecer una rutina.
II JORNADAS INTERNACIONALES DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: INNOVACIONES PARA VIVIR EN CASA
Organizan la Fundación Caser para la Dependencia y Fundación Pilares para la autonomía personal, tendrán lugar los días 25 y 26 de Junio de 2013 en Madrid. Colaboran la Fundación Vodafone y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Como sabemos por la investigación desarrollada, las personas que necesitan apoyos por su situación de fragilidad o dependencia quieren recibir atención en su propio domicilio. Este deseo es coherente, por otra parte, con las recomendaciones y tendencias internacionales acerca de priorizar aquellas políticas que favorezcan la permanencia en la propia casa en condiciones adecuadas de bienestar. Lo anterior requiere hacer confluir y articular muy diversas áreas (los servicios de atención domiciliaria social y sanitaria, la coordinación entre ambos sectores, el desarrollo de los servicios de proximidad, las TIC, las adaptaciones del hogar y productos de apoyo, la política de vivienda, el apoyo a las familias…). Y también requiere que revisemos de manera crítica la provisión actual de apoyos para reconsiderarlos y desarrollar nuevas vías y soluciones que sean más acordes a una población que es cada día más consciente de sus derechos y más exigente en el ejercicio de su autonomía.
Para abordar todas estas cuestiones, la Fundación Caser para la Dependencia y la Fundación Pilares para la Autonomía Personal organizan las “II Jornadas Internacionales de Atención a la Dependencia: Innovaciones para vivir bien en casa. Más bienestar para las personas, mayores oportunidades de desarrollo”, en la que se presentarán las últimas innovaciones para ofrecer, de manera integral, las atenciones y servicios que requieren las personas en situación de fragilidad o dependencia que viven en su domicilio.
El mundo de la investigación, de las TIC, de vivienda y de las políticas públicas tanto de España como de otros países de nuestro entorno, se darán cita en estas Jornadas y en ellas se propiciará el debate enriquecedor con todos los participantes que acudan a las mismas.
Fecha: 25 y 26 de Junio 2013
Lugar: Salón de Actos del Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad. Pº del Prado, 18-20, Madrid
Plazas limitadas
Programa e inscripción: www.vivirencasabien.org
En Cataluña hay 161.213 personas que se benefician de la Ley de Dependencia
La cifra supone un 12,1% más que en marzo de 2012. La Generalidad se queja de que el Gobierno no asume parte de la partida que le corresponde para hacer frente al coste de la aplicación de la ley.
Un total 161.213 personas se benefician actualmente de la aplicación de la Ley de Dependencia en Cataluña. Según los datos oficiales ofrecidos por la Consejería de Bienestar Social y Familia, el número actual de prestaciones y servicios asciende a 207.575 a fecha de 31 de marzo de este año.
En el último año (de marzo a marzo) hay un 12,1% más de beneficiarios de la prestación de ayuda para las personas en situación de dependencia -en aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre-, pasando de los 143.724 al número actual de personas que reciben algún tipo de ayuda en Cataluña.
El 67% de los beneficiarios son mujeres y el 33%, hombres. Por edades, 78.946 tienen más de 80 años de edad; 43.869 personas, entre 65 y 79 años; y cabe destacar que1.135 bebés en Cataluña -menores de tres años- también reciben algún tipo de ayuda gracias a la norma de aplicación en toda España.
‘Un gran sobre esfuerzo’
En una respuesta al grupo del PSC en el Parlamento autonómico, la consejera Neus Munté i Fernández (CiU) ha informado que en el año 2012, la Generalidad ha destinado 922,8 millones de euros para sufragar los gastos de la aplicación de la Ley de Dependencia. Mientras que el Gobierno ha transferido a la Administración autonómica, para esta partida, 243,54 millones de euros.
Munté ha lamentado la baja cantidad del Gobierno destinada a esta partida y ha señalado que la Generalidad realiza ‘un gran sobre esfuerzo’ para garantizar las prestaciones y los servicios de la dependencia. Según los datos de la Consejería de Bienestar Social y Familia, la Administración autonómica soporta el 80% del coste de la aplicación de la ley y el Gobierno, el 20% restante.
Casi 800 euros por asistente personal
La Consejería también ha informado de que, en 2013, la media de tiempo para resolver las valoraciones de grado iniciales de las peticiones de posibles afectados por la ley está siendo de 1,19 meses; y para los programas individuales de atención iniciales (PIA), de 1,38 meses.
Además, la media de las prestaciones económicas otorgadas cada mes (tomadas con fecha del mes de febrero de 2013) a los beneficiarios están siendo de 283,34 euros para los cuidadores no profesionales; 669,56 euros para la prestación económica vinculada; y 788,70 euros para un asistente personal.
Curso sobre cuidados según el modelo de atención integral centrada en la persona
UNIVERSIDAD DE ALICANTE -18 , 19 y 20 de julio
La situación actual de reconfiguración de los servicios sociales y del Estado de Bienestar en general, pone de manifiesto la importancia de establecer nuevas estrategias de intervención ante los cuidados y las personas en situación de dependencia, que no comprometan la calidad ni la dimensión ética con la que se establece la relación de ayuda.
Atender a personas que tienen una situación de dependencia no es fácil. No basta con conocer las consecuencias de las enfermedades o discapacidades por las que las personas requieren ser atendidas. Tampoco es suficiente conocer «técnicas» como las de movilización o de apoyo a las actividades de la vida diaria.
Sabemos que, además de lo anterior, lo que es realmente efectivo es aprender cómo hacer la relación de ayuda desde principios éticos que tengan en cuenta el bienestar tanto de la persona atendida como de quien presta los cuidados. Para ello, se necesita conocer qué tipo de habilidades y técnicas utilizar para promover la independencia y la autonomía de las personas, cómo afrontar los cuidados de manera que los cuidadores y cuidadoras se sientan bien y no tengan que renunciar al desarrollo de su vida personal, laboral y social…
Todo lo anterior requiere conocer los elementos y estrategias relacionadas con los modelos de atención centrados en las personas. Por ello, los más señalados expertos y profesionales en estas materias y en la promoción y utilización de estos modelos de atención serán los ponentes de este curso de la Universidad de Alicante.
La metodología será muy participativa y se facilitarán materiales para aprender a cuidar bien desde una perspectiva eminentemente práctica. Entre ellos, se presentará una Guía para Cuidar y Cuidarse.
El curso va dirigido a todas aquellas personas que cuidan a otras en situación de discapacidad o de dependencia, ya sean familiares, cuidadores/as contratados por las familias y, naturalmente, también cuidadores profesionales. Por tanto, a las Asociaciones de personas con discapacidad, de familiares, etc. puede resultarles de utilidad.Y también a los proveedores de servicios.
Cursos de verano de la Universidad de Alicante «Rafael Altamira»
Fecha: Del 18 al 20 de julio de 2013
Lugar: Sede Ciudad de Alicante
Coordinación: Clarisa Ramos Feijóo, profesor del departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Unviersidad de Alicante/Pilar Rodríguez Rodríguez,Fundación Pilares
Programa
Jueves 18 de julio
9:00-9:15 Acto de Apertura y presentación del curso
9:15-10:30 Ponencia central: Innovación en los cuidados. Bases científicas, principios y aplicaciones del modelo AICP
Pilar Rodríguez Rodríguez, Fundación Pilares
10:30-12:30 Cuidado Familiar Evidencias y Implicaciones
Carmen de la Cuesta Benjumea, Universidad de Alicante
12:30-14:30 La voz de las mujeres cuidadoras. Estudios y evidencia científica
Miguel Ángel Mateo. Universidad de Alicante
Viernes 19 de julio
9:30-12:00 Los cuidados y las experiencias de programas de formación de cuidadores
Profa. Maria Silveria Agulló Tomás, Universidad Carlos III de Madrid
12:00-14:30 El malestar psicológico de las personas que cuidan. Intervenciones y Estrategias.
Andrés Losada Baltar, Fac. de Ciencias de la Salud Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid
Sábado 20 de julio
9:30-14:00 (Taller y mesa redonda) Taller participativo
Presentación: mesa redonda con representantes de las asociaciones de familiares y del ámbito del cuidado.
Modera: Pilar Rodríguez Rodríguez
Cuidar y Cuidarse. Promover la autonomía y la independencia en el día a día y el sistema organizativo
Teresa Martínez Rodríguez. Consejería de Bienestar Social y Vivienda. Principado de Asturias
Pilar Rodríguez Rodríguez, Fundación Pilares
Clarisa Ramos Feijoo, Universidad de Alicante
14:00-14:30 Conclusiones y Clausura
INFORMACIÓN Y MATRÍCULA AQUÍ
