Dependencia
Los cuidadores se dan de baja de la Seguridad Social por no poder pagarla
El Gobierno central, en aras de austeridad y la eficiencia, reformó el sistema de atención a la Dependencia para hacerlo «viable». Recortó algunas prestaciones, aprobó una moratoria para los grados más bajos y obligó a los cuidadores no profesionales a sufragar su Seguridad Social, entre otros aspectos. Precisamente, estos últimos, según las asociaciones de defensa de la ley, son los que más están sufriendo los cambios.
El 90 por ciento de los familiares que atienden a sus dependientes en la Comunitat y que estaban dados de alta en el sistema de Seguridad Social, se han dado de baja en los últimos ocho meses. Así, según el Ejecutivo de Mariano Rajoy, se ha pasado de los 16.397 que cotizaban en julio de 2012 a tan solo 1.658 en marzo de 2013. Y es que, desde el pasado mes de septiembre, son los propios cuidadores los que han de sufragar íntegramente la cuota, que oscila entre 80 y 250 euros al mes, cantidad casi imposible de pagar para muchos, teniendo en cuenta que la subvención que perciben no supera los 500 euros.
De esta manera, únicamente el ocho por ciento de los cuidadores que hay en la Comunitat (20.828) cotizan a la Seguridad Social. En la provincia de Valencia hay 11.156, en la de Alicante, 7.412 y en la de Castellón, 2.256.
Según aseguró la portavoz de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en Valencia, Palmira Castellano, sólo cotizan aquellos con circunstancias muy específicas, como que les queda poco tiempo para jubilarse, por lo que les compensa hacerse cargo de los últimos pagos.
Hasta ahora era el Gobierno el que sufragaba la Seguridad Social de estos cuidadores, tal y como establecía la ley en 2007, para que tuvieran una pensión de jubilación. Con la reforma es voluntario darse de alta en el sistema. En opinión de Castellano, es un paso atrás, ya que no se reconoce el trabajo de estas personas que se encargan durante las 24 horas del día de cuidar de sus familiares enfermos y no pueden, por lo tanto, desempeñar otro trabajo.
Además, a esta medida hay que sumarle el recorte de un 15 por ciento en las ayudas que cobran. De esta manera, perciben una media cercana a los 400 euros.
En esta línea, la representante denunció que con esa cantidad ahora también tienen que pagar una parte de los medicamentos que necesiten, después de que el Consell aprobara el copago farmacéutico para el colectivo.
Recurso «excepcional»
La ley creó la figura del cuidador no profesional para casos excepcionales, pero se ha convertido en uno de los recursos más demandados del sistema, ya que es uno de los más económicos.
Sin embargo, las condiciones para desempeñar esta función no son pocas. El cuidador ha de ser cónyuge o pariente del dependiente. También ser mayor de edad, acreditar las capacidades adecuadas, convivir con la persona beneficiaria y no desempeñar cualquier otra actividad profesional o cobrar prestación de desempleo. Además ha de recibir formación específica, de la que se encarga la Conselleria de Bienestar Social.
En la actualidad, según los últimos datos del Imserso del 31 de mayo de 2013, hay más de 40.000 personas beneficiarias de prestaciones por dependencia en la región valenciana, un número similar al de ejercicios anteriores. De ellas, el 56,46 por ciento reciben subvenciones relacionadas con el servicio (prevención y promoción de autonomía personal, ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día y de noche y atención residencial) y el 43,54 por ciento, para cuidadores familiares.
La patronal de la Dependencia recoge firmas en defensa de la ley
La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas en defensa de la Ley a fin de lograr un total de 500.000 y presentarlas en forma de iniciativa popular en el Congreso de los Diputados.
Según explica el presidente de la FED, José Alberto Echevarría, «el sentido de esta campaña es exigir el cumplimiento integro de la Ley de la Dependencia y la paralización de los recortes presupuestarios puestos en marcha por el Gobierno», al que acusa de estar «desmontando el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia» dejando «sin atención a miles de dependientes».
La FED explica que en la actualidad, 214.000 dependientes tienen reconocido el derecho a recibir alguna prestación o servicio y sin embargo, no perciben ningún tipo de ayuda, cuando 60.000 plazas residenciales están vacías.
«No podemos olvidar que la Ley otorga unos derechos que es obligatorio cumplir y si destruimos la red de servicios se provoca el cierre de las empresas del sector, tanto Residencias y Unidades de Estancia Diurna o Nocturna, como Servicios de proximidad, Servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia. Estamos hablando de la posible destrucción de más de 300.000 empleos», asegura.
De momento, se han recogido 130.000 firmas en Andalucía que han sido llevadas al parlamento regional, mientras en el resto de comunidades la campaña va a «un excelente ritmo» según la FED, «y se irá incrementando en las próximas semanas con distintas acciones de información a los ciudadanos y en distintas residencias».
“El cuidado para los que cuidan” un manual sobre cómo mejorar la vida de los cuidadores de personas dependientes
Sanitas Residencial y la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de Salamanca, entidad miembro de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras Demencias -CEAFA- han presentado el manual de autoayuda “El cuidado para los que cuidan” en un acto celebrado en la sede de AFA Salamanca.
“El cuidado para los que cuidan” recoge consejos saludables dirigidos específicamente a los cuidadores de personas dependientes. Cuidar a una persona dependiente puede ser una labor gratificante pero requiere de mucha fortaleza mental, física y emocional. Con el paso del tiempo, este tipo de situaciones pueden llegar a perjudicar gravemente la salud del cuidador tanto a nivel físico como psicológico y provocar el llamado “síndrome del cuidador”.
Durante la presentación, el director de Sanitas Residencial Mevefares, Enrique Cezón, ha destacado que “aunque en un primer momento las personas dependientes reciben toda la atención y los mejores cuidados, a la larga es fundamental dar la misma atención a los cuidadores, porque, en definitiva, su salud y calidad de vida también están en juego”.
Para Azucena del Canto, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de Salamanca, “este libro es una gran ayuda para todas aquellas personas que tienen a su cargo a una persona dependiente, siendo además un referente a la hora de afrontar problemas tan cotidianos como el estrés y la ansiedad”.
De este modo, este pequeño manual de consejos se articula en torno a cuatro ejes fundamentales: Cómo combatir el estrés, métodos para dormir bien, hábitos saludables para las comidas e ideas para promover la actividad física. También incluye información, herramientas, apoyo y asesoramiento de expertos de Sanitas Residencial para ayudar a los cuidadores a tener más energía y autoestima a la hora de atender a sus familiares y/o amigos.
Además, para que el cuidador conozca en primera persona cuáles son sus carencias, el libro incluye un test inicial cuyos resultados revelan el área en el que la persona debe realizar cambios en su vida diaria y un CD con técnicas de relajación.
“El cuidado para los que cuidan” está disponible en las 40 residencias de mayores de Sanitas en España.
Lidiar con el estrés
El estrés es una respuesta automática a las situaciones de peligro. Todas las personas pueden estar afectadas por el estrés aunque de diferentes maneras. Lo cierto es que el estrés al final perjudica la salud y en consecuencia la de las personas que cuida.
El primer paso para lidiar con el estrés es detectar qué es lo que hace sentir a la persona estresada. Después, es importante poner en práctica consejos como descansar cinco minutos cuando la persona esté en una situación de estrés, evitar sentimientos de culpa, resentimiento, desesperanza o rabia, planificar un tiempo para el propio cuidador o mantener una mente positiva sin pensar en las cosas que están fuera del control del cuidador.
Hábitos saludables para las comidas
Cuando una persona tiene que cuidar a una persona dependiente es fundamental que lleve una dieta equilibrada con la que logre todos los nutrientes necesarios para que el cuidador se sienta menos cansado y mejore su bienestar general.
Para ello, es importante comer cinco porciones de fruta y verdura al día, seguir una pauta regular de las comidas, intentar beber de seis a ocho vasos de agua al día o incluso si te quedas sin fuerzas son recomendables unas meriendas azucaradas.
Fomentar una vida activa
Las personas que cuidan a dependientes, por norma general, no suelen tener tiempo para realizar actividades físicas. Sin embargo, siempre es posible incluir en el día a día acciones con las que se motive la movilidad y la persona pueda mantenerse en forma. Se trata de convertir las tareas diarias (pasar el aspirador, hacer la compra, fregar, etc.) en un entrenamiento y así hacer trabajar los músculos del cuerpo y el corazón.
Otra forma de mantenerse activo puede ser realizar actividades junto con la persona a la que se está cuidando: dando paseos, una clase adaptada en la piscina o haciendo ejercicios sencillos de estiramiento en casa. También actividades como el yoga y el tai chi ayudan a estirar la espalda y aliviar la tensión mientras que el Pilates tonifica los músculos de alrededor de la cintura que apoyan la columna vertebral.
Cómo dormir bien
Para lograr conciliar el sueño se pueden realizar pequeños cambios en la habitación tales como asegurarse de que el colchón sea cómodo y/o eliminar las distracciones como televisores y ordenadores, al mismo tiempo que establecer una rutina regular en la que la persona se acueste siempre a la misma hora, priorizar una siesta de veinte minutos o realizar antes ejercicios de relajación.
Los servicios se tienen que ajustar a las personas
Psicóloga y experta en gerontología social, Teresa Martínez Rodríguez viene desarrollando una amplia trayectoria profesional con el objetivo de fomentar capacidades esenciales en el día de día de las personas mayores, promoviendo los elementos clave para la mejora de la calidad asistencial.
Dejamos enlace con su última entrevista publicada en Nosotros Mayores, Los servicios se tienen que ajustar a las personas.
Un estudio revela que la aplicación de la Ley de Dependencia costó el triple de lo previsto
Los recursos movilizados para la aplicación de la Ley de Dependencia triplicaron las previsiones que contemplaba el Libro Blanco de la Dependencia en su memoria económica, según un estudio que se ha comunicado durante las XXXIII Jornadas de Economía de la Salud, que se celebraron en Santander.
En total, la cifra ascendió a 6.420 millones de euros, lo que supone un 0,60% del PIB de España, tal y como constata un estudio de evaluación realizado por la Universidad de Castilla-La Mancha.
El estudio se ha presentado en la cita anual que organiza la Asociación de Economía de la Salud (AES), que este año congrega a más de 400 expertos nacionales e internacionales, con el lema ‘Crisis y horizonte de reforma de los sistemas sanitarios’. Dentro de él, una mesa específica ha analizado las políticas de discapacidad y dependencia, dentro del objetivo de AES de evaluar con datos científicos y académicos las políticas sanitarias.
En concreto, se trata del estudio ‘¿Cuánto cuesta la Ley de Dependencia en España? Una aproximación al coste agregado y promedio individual en 2011’, elaborado por investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca.
En este trabajo, se aprecian diferencias significativas entre comunidades autónomas, siendo Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid las que mayores recursos emplearon en políticas de dependencia, según se ha informado en las Jornadas de Economía de la Salud.
Además, desde el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada han constatado la existencia de un ‘efecto llamada’ ligado a la efectividad en la tramitación de los expedientes. Así, las comunidades autónomas con más rapidez en la tramitación de expedientes de la Ley de Dependencia reciben un efecto llamada que se traduce en un aumento en el número de solicitudes que, a su vez, acaba por provocar un retraso en el tiempo de respuesta.
El estudio, difundido también en las Jornadas de AES, establece que las comunidades con una mayor eficiencia técnica en la aplicación de esta ley son Andalucía, Murcia y La Rioja; y las que menos, Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana y Canarias, sin que se vea una relación con factores como el envejecimiento de la población.
COSTES Y PROBLEMAS DE LOS CUIDADORES
Los estudios también se centran en la figura de los cuidadores informales (aquellos que no son profesionales de la atención): sus costes oscilan entre los 21.717 y los 52.004 euros anuales, en función del grado de dependencia de los afectados. El número de horas medias anuales de cuidados informales fue de 4.349.
La situación de los cuidadores también se ha analizado desde la perspectiva de su salud, ya que, por ejemplo, casi la mitad de los cuidadores informales de pacientes con ictus sufrieron también problemas de salud. En concreto, un 45,7%, a los que se suman otros problemas, ya que un 22,3% tiene problemas económicos y un 78,4%, familiares.
Además, la probabilidad de que un cuidador de una persona que ha padecido un ictus presente problemas de salud es de entre un 22 y un 41 por ciento mayor si la persona cuidada padece dependencia severa o gran dependencia, respectivamente, frente a una persona no dependiente. La probabilidad de presentar problemas económicos es de entre un 14 y un 20 por ciento mayor si las personas cuidadas padecían dependencia grave o gran dependencia, respectivamente.
Y, finalmente, la probabilidad de que aparezcan problemas familiares fue de entre un 11 y un 24 por ciento más**en los grados de mayor dependencia.
EMPLEO Y DISCAPACIDAD
Otros estudios se refieren a la situación laboral de las personas con discapacidad, poniendo de manifiesto aspectos relacionados con su discriminación salarial o con la adaptación a su situación de los puestos de trabajo que se les ofertan.
Así, de un lado, se establece que los trabajadores con incapacidades permanentes tienen un 9% menos de posibilidades de encontrar trabajo que los que no padecen esta situación, según un estudio de la Universidad de Barcelona, que añade que estas diferencias afectan más a los hombres.
Uno de los motivos que se apunta es la existencia de diferencias salariales que no están relacionadas con la productividad en su puesto de trabajo, y que contribuyen, entre sus consecuencias, a desincentivar la participación de este colectivo en el mercado laboral.
Por tanto, el citado estudio concluye que las políticas orientadas a favorecer la participación laboral de las personas con incapacidad permanente deberían considerar como un elemento prioritario estas diferencias salariales no justificadas, bien compensándolo con otras medidas o regulándolo.
Nuevas soluciones a los servicios para personas en situación de dependencia
La Fundación Caser para la Dependencia y la Fundación Pilares para la Autonomía personal promueven y organizan las II Jornadas internacionales Sobre Atención a la Dependencia.
El encuentro tendrá lugar los días 25 y 26 de Junio, en el Salón Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en el participarán expertos de alto nivel tanto europeos como nacionales.
Según las últimas estadísticas del IMSERSO, en España hay casi un millón de personas que tienen reconocido el derecho a recibir prestaciones por encontrarse en situación de dependencia. De ellas, el 85% viven en su domicilio y están atendidas fundamentalmente por su familia. Solo un 14% reciben un servicio de atención profesional en el domicilio y un 7% acuden a un centro diurno de atención.
Estos datos se verán rápidamente superados como consecuencia de la tendencia incuestionable a un rápido envejecimiento de la población.
Sin embargo, los servicios profesionales domiciliarios que hoy se ofrecen no parecen suficiente y esto pone en relieve otra cuestión fundamental: ¿hasta cuándo las familias, mujeres en su mayoría, van a poder seguir asumiendo el peso de los cuidados que hoy afrontan?
Es necesario reorientar la propuesta de servicios profesionales y valorar también si las prestaciones de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y atención a las situaciones de Dependencia son las adecuadas tal como hoy se prestan.
Lograr que la casa y el propio entorno se conviertan en escenarios preferentes de suministro de apoyos y servicios profesionales no es una tarea sencilla. Por eso, en el seno de los países avanzados en políticas sociales se realizan análisis críticos y se buscan alternativas viables que hagan posible vivir en casa mediante una oferta y suministro de servicios de calidad que se adapten a las necesidades de atención de las personas que tienen una situación de fragilidad o dependencia, que sean sostenibles económicamente y que, además, se ajusten realmente a lo que ellas y sus familias desean.
En las II Jornadas Internacionales Sobre Atención a la Dependencia, será posible escuchar las recomendaciones de los expertos y de los organismos internacionales que proponen ofrecer un conjunto de soluciones en diferentes ámbitos y no un único servicio: propiciar entornos amigables que incluyan a todas las personas; disponer de viviendas que puedan adaptarse a la situación concreta de la discapacidad y poder reunir, así, condiciones de accesibilidad y confort; favorecer la disponibilidad de productos de apoyo, elementos domóticos, teleasistencia y otras TIC que sean usables y accesibles a las personas con necesidades funcionales para desenvolverse en su vida diaria.
También será analizada la actual prestación de servicios de atención, revisar de manera crítica los más tradicionales, como es el de Ayuda a Domicilio (SAD), que hasta hace poco había sido visto como piedra angular para la permanencia en casa y evitar institucionalizaciones no necesarias.
En definitiva, la Fundación Caser para la Dependencia y la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, en colaboración con el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, la Fundación Vodafone España y la Federación Española de Municipios y Provincias han creado con las II Jornadas para la dependencia un marco ideal para abrir el debate de una de las cuestiones que deben ser abordadas y resueltas sin más dilación.
Programa: www.vivirencasabien.org
La Red pública concertada de atención a la dependencia integra ya más del 40% del total de mayores que viven en centros socio-sanitarios en la Comunidad Valenciana
PENADÉS ABOGA POR EQUILIBRAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ENTRE LAS PROVINCIAS Y RECUERDA QUE UN TERCIO DE LA RED PÚBLICA CONCERTADA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA OPERA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
Aecas cuenta ya en Alicante con más de 2.000 plazas asistenciales, 28 centros socio-sanitarios y más de 40 viviendas tuteladas para atender a las personas con menos recursos
El presidente de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas, Marcos Penadés, ha abogado hoy por equilibrar la disponibilidad de recursos socio-sanitarios en las tres provincias como único camino para garantizar la igualdad y la calidad asistencial que demanda la sociedad valenciana, durante una visita a los centros que gestiona la entidad en la provincia de Alicante, y que supone un tercio de los recursos de la patronal de centros concertados en la Comunidad.
Penadés ha destacado que, desde todos los ámbitos públicos y empresariales, se ha realizado un gran esfuerzo por sostener la atención profesional en tiempos de crisis, pero que especialmente han sido los centros públicos y los vinculados a la red pública concertada los que han dado un paso al frente, con una política de precios ajustada a la realidad, ofreciendo servicios por debajo del margen de rentabilidad, y trabajando para que los ciudadanos de las tres provincias dispongan de una oferta de recursos socio-sanitarios que garantice la atención en todo el territorio.
Y, como ejemplo, ha recordado que desde la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas se han impulsado programas que complementan a la red de Hospitales de enfermos crónicos y larga estancia (Hacles) y se ha fomentado la erradicación de las sujeciones físicas y químicas en los centros, entre otras iniciativas. Asimismo, Penadés ha incidido en que la configuración de esta oferta de recursos ha supuesto una inversión de más de 300 millones de euros en instalaciones de última generación, lo que ha permitido estructurar una red pública que garantice la atención a las personas en situación de dependencia.
Sólo en la provincia de Alicante, la patronal de centros concertados dispone ya de más de 2.000 plazas asistenciales, 28 centros socio-sanitarios y más de 40 viviendas tuteladas para atender a las personas con menos recursos, tuteladas o con un grado de dependencia severo, grupos sociales que generalmente no entran en el objetivo del resto de operadores del sector.
Del mismo modo, Penadés ha defendido la apuesta por los recursos públicos y concertados, que representan el 90% de los asociados de la patronal Aecas, con una amplia distribución geográfica, incluyendo las zonas del interior de la Comunidad Valenciana, con menor densidad de población, pero con las mismas necesidades de atención a las personas dependientes.
Disponibilidad presupuestaria
Por otra parte, Marcos Penadés ha señalado que evidentemente existe la necesidad de reorientar y ajustar la disponibilidad presupuestaria del Estado y las Comunidades Autónomas para garantizar la financiación de los servicios públicos orientados a las personas en situación de dependencia, pero esta reforma pasa por reforzar la red pública actual, garantizar la seguridad de los contratos públicos y dar seguridad a los operadores que cumplen con los requerimientos de la Administración.
Penadés ha apostillado que, si se reequilibra el sistema, el nuevo marco de actuación permitirá que la oferta y la demanda garanticen que un ciudadano pueda elegir la oferta que desee –pública o privada-, si bien, desde la garantía de que esta elección sea libre, y mediante una oferta que se articule como lo hacen el resto de sectores con la Administración; contratos públicos de libre acceso.
Penadés, que ha realizado estas declaraciones en su visita periódica a los recursos de Aecas en la provincia de Alicante, ha incidido en que las medidas adoptadas hasta la fecha, como la simplificación normativa y de niveles de aplicación -de seis niveles a tres- o la apuesta por la atención en recursos profesionales, permiten vislumbrar un futuro para el actual sistema de la dependencia.
No obstante, el portavoz de la Red pública concertada ha manifestado que es necesario que los indicios –nuevos beneficiarios en el sistema y reducción de la lista de espera- se concreten para autonomías como la valenciana, en la que la tasa de reposición y la deuda mantenida con el sector han generado una situación difícilmente sostenible, que sólo puede sobreponerse recuperando la confianza de los ciudadanos mediante la garantía de una red pública sustentada en concursos públicos abiertos y con un férreo control de la Administración Pública.
En este sentido, Marcos Penadés ha explicado que todavía queda mucho que hacer para que la atención de la dependencia llegue a todas las personas que tienen reconocido el derecho a ser atendidas.
Y, como ejemplo, ha citado el Informe sobre el desarrollo y evaluación territorial de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, realizado por la Asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales, que indica que en la Comunidad Valenciana todavía hay un 33,4% de potenciales usuarios de estos servicios con derecho reconocido que no han podido acceder a un recurso adecuado, 10 puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en el 23%, lo que supone más de 230.000 ciudadanos en toda España.
Dpto. de Prensa: José Antonio Giménez • comunicacion@centrosaecas.com • t.627760487
El cortometraje de ficción y animación ‘A Vivir’ pretende crear conciencia social sobre la enfermedad del Alzheimer
El Cabildo de Lanzarote, a través de la Consejería de Bienestar Social que dirige Marciano Acuña, junto al Cabildo de Fuerteventura y otras entidades colaboradoras como el Grupo Amma de Residencias para Mayores, patrocina el Cortometraje ‘A Vivir’ cuyo tema principal, de gran sensibilidad, es el Alzheimer.
El estreno en Lanzarote se llevará a cabo el viernes, 21 de junio, a las 20:30 horas, en la Bodega Stratvs. La entrada será libre pero con limitación de aforo, por lo que desde la Productora requieren solicitar invitación para poder asistir al estreno en Lanzarote, en el email cortoavivir@gmail.com.
Este cortometraje de ficción y animación ha sido rodado en ambas islas bajo la dirección de Ángel Valiente y la producción de ‘La Botica Audiovisual’. Entre los objetivos principales, el corto pretende crear conciencia social en cuanto a la dureza y problemática de esta enfermedad. A través de este proyecto audiovisual se quiere dar a conocer la enfermedad del Alzheimer desde un punto de vista positivo, concienciando además a la población, y a los familiares de los afectados en particular, de la importancia de vivir el día a día con la mayor positividad posible, a pesar de las circunstancias de cada persona.
El consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote destaca que a través de este proyecto se potencia igualmente el talento de personas de esta isla en su incipiente carrera. Y es por eso que “además de dar a conocer desde un punto de vista diferente la enfermedad, desde el Cabildo apoyamos este tipo de proyectos, bien planificados y de calidad, fomentando a su vez la cultura, que en tiempos de crisis es tan necesaria”, apuntó Acuña.
Sinopsis: Una anciana afectada por el Alzheimer espera en el geriátrico la llegada de su nieta mientras recibe los cuidados de una cariñosa enfermera. La anciana imagina un precioso mundo mágico e irreal mientras espera una visita que nunca llega.
En Navarra el nuevo sistema de concierto económico para residencias de mayores comenzará a aplicarse en seis centros desde julio
El nuevo programa de concierto económico ‘resideN’ para residencias de personas mayores comenzará a aplicarse en Navarra, a partir de julio, en seis centros, después de que el Gobierno de Navarra haya autorizado la contratación en su sesión de este miércoles.
Los contratos, de carácter cuatrienal, comprenden 301 plazas concertadas. La aplicación del nuevo programa ha comenzado por los centros cuyo concierto ya había caducado. Se trata de las siguientes residencias: Virgen del Camino de Miranda de Arga (23 plazas), Centro de Grandes Dependientes de San Adrián (110 plazas), Centro Nuestra Señora del Rosario de Carcastillo (8 plazas), Residencia Real Casa Misericordia de Tudela (90 plazas), Residencia Amma Ibañeta de Erro (20 plazas) y Residencia La Vaguada de Pamplona (50 plazas). Los centros cuentan con una plantilla global de 237 trabajadores.
Las nuevas condiciones económicas, establecidas de forma consensuada con los centros, irán extendiéndose al conjunto de residencias navarras conforme vayan finalizando los contratos en vigor.
El presupuesto del Gobierno de Navarra para la atención residencial de personas mayores durante 2013 asciende a 41,8 millones de euros.
El consejero de Políticas Sociales del Ejecutivo, Íñigo Alli, ha explicado que se busca el «mejor modelo de gestión» para la atención a las personas mayores que ocupan plazas en residencias, «un modelo que garantice que su dotación presupuestaria para 2013 sea 400.000 euros más que el año pasado».
Según ha dicho, «se trata de simplificar con un único modelo de concierto, que sólo separe a personas dependientes de no dependientes», así como de «flexibilizar mucho más la gestión de las residencias».
OBJETIVOS
El denominado programa ‘ResideN’, que sustituye al hasta ahora vigente Concerdep (2009), presenta un doble objetivo. Por una parte, disponer de una adecuada red de servicios de atención residencial en condiciones óptimas para asegurar la autonomía, dignidad y calidad de vida. De otra parte, disponer de un modelo económico más equitativo para los centros, que contribuya a su estabilidad y al mantenimiento de los puestos de trabajo.
Para ello, se incluyen nuevos perfiles de usuarios, se reorganizan y simplifican los tipos de módulos y se flexibiliza la contratación de determinados perfiles profesionales.
En la actualidad, existen en Navarra 45 centros de mayores y 2 de psicogeriatría con plazas concertadas. El número de plazas concertadas en centros públicos y privados asciende a 1.645, a las que hay que añadir otras 275 plazas en centros propios del Gobierno de Navarra y 110 de atención psicogeriátrica.
Este sector proporciona más de 2.000 puestos de trabajo en la Comunidad Foral, en su mayoría empleos femeninos.
LAS PRINCIPALES NOVEDADES
El nuevo modelo amplía la posibilidad de atención en residencias para mayores de 65 años a nuevos colectivos. Concretamente, ofrece cobertura para los denominados dependientes sociales; esto es, personas mayores de 65 años que, sin tener un grado de dependencia, presentan una problemática familiar o personal que les conduce al riesgo de exclusión social. El número de plazas destinadas a estas personas en cada centro no superará el 5 por ciento del total.
También se dará cabida de forma voluntaria a los discapacitados mayores de 65 años, cuyas necesidades de atención sean asimilables a los de un mayor con dependencia.
En lo que se refiere al régimen económico, se homogeneizan las condiciones, con el fin de ofrecer un sistema más equitativo y eliminar las diferencias de precios existentes ahora entre residencias. Con este fin, los tipos de módulos se han reducido a dos: dependientes y no dependientes.
Para plazas del primer caso, se han establecido cuatro tramos de tarifas: de 1.700 a 1.800 euros, de 1.800 a 1.900 euros, de 1.900 a 2.000 euros y de 2.000 a 2.100 euros. La elección de uno u otro tramo se establece en función de tres criterios: la ubicación de la residencia, su tamaño y los perfiles de los trabajadores, primándose aquéllas que estén situadas en zonas rurales y sean de tamaño pequeño.
En el caso de plazas para no dependientes existe un único tramo con precios entre 1.200 y 1.300 euros.
Por su parte, para los usuarios se establecen tres tipos de precio en función de la renta: hasta un máximo de 1.502 euros para dependientes, hasta 1.391,71 euros para severos y moderados y hasta 758,83 euros para los no dependientes.
Además, el nuevo modelo flexibiliza la contratación de determinados trabajadores (cocina, lavandería y limpieza), eliminando las ratios que se exigían hasta ahora en función del número de residentes.
La atención centrada en la persona. Algunas claves para avanzar en los servicios gerontológicos
Teresa Martínez
Este es el título del último artículo que se recomienda de la gerontóloga Teresa Martínez Rodríguez publicado en la revista Actas de la dependencia (nº 8, junio 2013) Fundación Caser donde la autora ofrece una revisión del enfoque y modelos de atención centrada en la persona en los servicios gerontológicos. Realiza un repaso a su origen, al recorrido que ha tenido en el ámbito internacional y a la situación actual en España. También se señalan algunas claves para avanzar en la aplicación de estos modelos o los retos y riesgos que existen en este momento de desarrollo en nuestro país.
La atención centrada en la persona. Algunas claves para avanzar en los servicios gerontológicos
Bienestar Social reclama 25.000 euros a una mujer sin recursos tras retirarle la pensión
La Generalitat Valenciana reclama 25.000 euros a una mujer sin recursos tras retirarle la pensión por invalidez no contributiva que le concedió en el año 2002. La Conselleria de Bienestar Social considera que la mujer perdió el derecho a cobrar la pensión en el año 2007 porque su marido empezó a percibir un subsidio por invalidez de 625 euros. La afectada, Nieves Pozuelo, pidió ayer al titular del juzgado de lo Social número dos de Valencia que revoque la decisión de la conselleria. El abogado de la Generalitat Valenciana se opuso.
Nieves Pozuelo y su marido Bernabé Coleto, con el que lleva casada cuarenta años, subsisten gracias a las bolsas de alimentos que semanalmente les proporcionan Cáritas y una ONG latina. La pareja, que no tiene hijos, paga mensualmente 286 euros de hipoteca y con el resto del dinero hacen frente a las facturas de agua, luz, gas y comunidad. «Nos queda algo para comida. A veces compramos una carcasa de pollo para hacer caldo», aseguró Bernabé Coleto mientras esperaba a que empezara el juicio en la Ciudad de la Justicia de Valencia.
La mujer, que tiene 62 años, padece fibromialgia desde hace más de una década y ha sido operada veinticuatro veces. «Tengo reconocida una minusvalía del 67% y en el año 2002 me concedieron la pensión de invalidez no contributiva por la que cobraba 347 euros», precisó Nieves.
El marido, que ahora tiene 56 años, trabajaba como albañil, pero tuvo que dejarlo porque físicamente no aguantaba. La Administración le concedió a Bernabé una pensión de 624 euros por invalidez el 26 de febrero de 2007.
La Conselleria de Bienestar Social realizó una inspección de oficio al caso de Nieves Pozuelo en el año 2011 y llegó a la conclusión de que no tenía derecho a percibir la prestación desde que su marido comenzó a cobrar la pensión de 624 euros. La abogada del turno de oficio que asiste a la pareja explicó que la Administración entiende que la pareja supera el mínimo que les daría derecho a las dos prestaciones.
La Conselleria de Bienestar Social reclama ahora a la mujer 18.000 euros por los 347 euros mensuales que percibió entre los años 2007 y 2011 y otros 7.000 euros por intereses de demora.
La abogada de la familia interpuso una demanda contra la Generalitat en el juzgado de lo Social número dos de Valencia para que rectifique y reconozca el derecho de la mujer a cobrar la pensión no contributiva. La letrada advirtió ayer al juez encargado del caso de que la propia administración reconoció que tenía derecho. Además, la pareja desconocía que tenía la obligación de comunicar que la mujer percibía la pensión de 347 euros.
La situación está a punto de llevar a la ruina a la pareja, que carece de recursos para pagarle a la Generalitat los 25.000 euros que le reclama. «No nos negamos a pagar, pero no tenemos dinero. Nos han dicho que nos pueden embargar la mitad de nuestro piso y todavía nos quedan por pagar doce años de hipoteca», lamentó Bernabé Coleto. El matrimonio se compró un piso en la calle Síndico Mocholí de Valencia -que está situada entre el barrio de San Marcelino y La Torre- en el año 2002. La pareja todavía adeuda al banco 41.000 euros de la vivienda.
«Ahora la mitad del dinero se nos va en la hipoteca y el resto en los gastos básicos y en los seguros de la vivienda y el de deceso. No tenemos para comer», insistió Nieves.
Su marido reconoce sin avergonzarse que recoge patatas de desecho en campos de las inmediaciones de Valencia con el permiso de los agricultores para poder comer. «Son patatas picadas que quedan en el campo tras la cosecha. También todo los sábados voy a la ONG Mira -una organización colombiana- porque nos dan verdura. El otro día me dieron garbanzos y algo más», añadió Bernabé.
La pareja confía ahora en que el juez de lo Social les dé la razón y les libere de pagar los 25.000 euros que les reclama la Generalitat Valenciana por una pensión a la que creían que tenían derecho.
«Ella tenía obligación de comunicar la paga del marido»
El abogado de la Generalitat Valencia defendió ayer en el juicio que la mujer «tenía la obligación de comunicar la otra pensión» cuando su marido comenzó a cobrarla en el año 2007. El letrado advirtió al magistrado del caso de que la unidad familiar superaba los límites para tener derecho a la pensión no contributiva. «Todos los años superó el límite y por eso la Generalitat reclama lo que cobró de forma indebida entre los años 2007 y 2011», indicó el abogado de la Generalitat Valenciana en un juicio que duró cinco minutos.
Fuentes jurídicas explicaron que la Administración ha incrementado las inspecciones de oficio ante la caída de ingresos. Las mismas fuentes incidieron en que «la falta de sensibilidad de la Generalitat puede abocar a la ruina» a familias como la de Nieve Pozuelo y Bernabé Coleto que carecen de recursos y de posibilidad de generarlos por sus limitaciones físicas. Bernabé Coleto aseguró que la Generalitat ya les ha enviado cartas comunicándoles que les embargarán si en las próximas semanas no hacen frente al pago de 25.000 euros que les reclaman. «Yo no tengo hijos, pero me gustaría que mis sobrinos pudieran heredar mi casa cuando muramos. No sé qué va a pasar ni qué vamos a hacer», admitió.
Patronal y sindicatos firman por tres años el convenio del sector de la dependencia
Aerte, principal patronal de la dependencia en Comunitat Valenciana ha suscrito junto a Lares y los sindicatos CC.OO. y UGT el VI convenio regional para el sector dependencia, un acuerdo que garantiza la estabilidad durante tres años.
Se trata de un convenio resultado del esfuerzo realizado tanto por las patronales de dependencia -Aerte y Lares- como por los sindicatos -CC.OO. y UGT- para alcanzar un acuerdo necesario. Este acuerdo regulará las relaciones laborales de los trabajadores que prestan sus servicios a una población dependiente que, tan solo en Aerte, está integrada por más 20.000 dependientes.
Durante la firma de este acuerdo, José María Moreno -presidente de Aerte- ha destacado el esfuerzo realizado por las patronales, y en particular por Aerte, para la firma de un convenio que garantiza estabilidad y recoge un ligero incremento salarial, en un contexto económico complejo, caracterizado por los recortes constantes que está experimentando el sector, la ausencia de cobro, la falta de resolución de expedientes y otros factores que vienen a sumarse a la actual crisis.
En este sentido y aludiendo al ejemplo que representa el convenio, José María Moreno ha hecho mención a la voluntad de acuerdo manifestada por el sector, una voluntad que podría hacerse extensible a la Administración valenciana, en aspectos tan importantes para la población dependiente como la resolución de expedientes o la activación de servicios profesionales necesarios, paralizados desde hace años que, además, son generadores de empleo neto, una característica necesaria hoy día.
Como ejemplo, el presidente de Aerte ha destacado algunos de los datos del informe recientemente presentado por Aerte, la FED y ECHO -patronal de la dependencia en Europa- en Bruselas en virtud del cual, se contempla la creación de más de 765.000 nuevos puestos de trabajo en los países que integran la UE sustentados en el sector dependencia, gracias a la creación de 500.000 plazas socio sanitarias.
Por último, José María Moreno ha aludido a la capacidad del sector dependencia para la generación de inversión y empleo, sin olvidar la respuesta a demanda que afronta y el impulso que su actividad genera en la economía, en áreas como la construcción o la gestión de infraestructuras sociosanitarias cuya consecución viene a garantizar derechos básicos para la población dependiente en Comunidad Valenciana.
Los cuidadores no profesionales de dependientes descienden un 88,3 por ciento en ocho meses
El número de cuidadores no profesionales de personas dependientes dados de alta en la Seguridad Social pasó de ser de 179.829 en julio de 2012 a 20.993 en marzo de 2013, un 88,3 por ciento menos en ocho meses, según se desprende de una respuesta parlamentaria dirigida al socialista Miguel Ángel Heredia.
Así lo ha denunciado en declaraciones a los periodistas en el Congreso el también coordinador de la Interparlamentaria del PSOE-A, Miguel Ángel Heredia, quien ha denunciado la «demolición» que el Gobierno del PP practica a las políticas de la Ley de Dependencia y ha criticado el «brutal recorte» de las ayudas en el entorno más cercano al dependiente y el «intento soterrado de privatización».
Además, ha señalado que desde que en 2007 entró en vigor la Ley, el Gobierno se hacía cargo de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores, en su mayoría mujeres, con el objetivo de que tuvieran una pensión de jubilación, pero el Gobierno del PP «impide que sea así y ahora es el propio trabajador el que tiene que pagar la seguridad social si quiere».
De este modo, ha lamentado que, además de haber reducido en un 15 por ciento el sueldo a los cuidadores no profesionales, que pasaron de percibir en torno a 520 euros a 440, no se les paga la cotización. «Calculen el gasto que supondrá contratar a cuidadores profesionales o ingresar a sus seres queridos en una residencia y las cifras de negocio que se manejan con compañías privadas y en las que se convertirá la cuarta pata del Estado del Bienestar».
Esta situación ha llevado al diputado a denunciar que el Gobierno actual «hace todo lo que está en sus manos para enterrar la Ley de Dependencia». Heredia también ha afeado que «lo primero que hizo» el Ejecutivo en esta materia fue retrasar en dos años la incorporación al sistema de los dependientes moderados. «Todas las decisiones sobre ley de dependencia no han hecho más que poner en riesgo su continuidad», ha añadido.
El coordinador de la interparlamentaria considera que el PP «se está retirando paulatinamente de la Ley de Dependencia» y, con respecto a los porcentajes de financiación que debe asumir cada administración, ha dicho que la ley nació para ser financiada al 50 por ciento por el Estado y al otro 50 por las comunidades autónomas, pero en el caso de Andalucía, el Estado solo paga el 30 por ciento y la Junta andaluza, el restante 70 por ciento.
Se trata, a su juicio, de un «desequilibrio» que «pone en riesgo el futuro de la Ley» ya que la administración regional «no puede sufragar todo los que el Estado deja de pagar». Así las cosas, cree que con medidas como estas el Estado «castiga una vez más» a Andalucía, que ha sido «líder» en la implantación y aplicación de la ley, como demuestra que una cuarta parte de los dependientes esté en la región, y que ha «perdido»204 millones desde que Rajoy llegó al Gobierno.
«ESFUERZO TITÁNICO» DE LA JUNTA
El parlamentario ha expuesto que, frente a la actuación del Estado, la Junta hace «enormes esfuerzos» para el mantenimiento de la ley, que «continúa siendo su apuesta» y, en este sentido, ha recordado que en el marco del plan contra la exclusión social ha habilitado 20 millones de euros para desarrollar la ley. «Existe un camino alternativo», ha demostrado.
Heredia ha indicado que Andalucía hace ese «esfuerzo titánico» pero se ha preguntado «¿Qué pasa en Castilla-La Mancha, Madrid o la Comunidad Valenciana?».
Por último, ha reflexionado sobre el empleo que genera la ley y, tras defender que es el sector que más trabajo crea en relación a la inversión pública, 30 puestos por cada millón de euros invertido, además de un 43 por ciento de retorno económico en IVA, IRPF y Seguridad Social, ha advertido de que con los recortes, solo en Andalucía se perderán unos 4.000 empleos en Ley de Dependencia.
Las residencias para mayores redujeron su facturación un 1,8 por ciento en 2012, pero hay más plazas, según un estudio
Les Corts, Barcelona
Las residencias para mayores vieron reducido su volumen de facturación en un 1,8 por ciento en 2012, respecto al año anterior, hasta situarse en los 2.430 millones de euros. Sin embargo, la oferta de plazas en residencias para la tercera edad, incluyendo residencias públicas y privadas, ascendió a 363.782, un 0,7 por ciento más que en 2011, según el estudio ‘Sectores’ de DBK.
El informe destaca, entre otros datos, la ralentización del número de plazas en este tipo de alojamientos respecto a años anteriores y señala que, en 2011, el crecimiento fue del 1,3 por ciento. Todo ello se produce en un contexto que, debido a la reducción de la capacidad adquisitiva de las familias, se han reducido los niveles de ocupación de los centros y se han ajustado los precios
En este sentido, las previsiones para el bienio 2013-2014 apuntan a nuevos retrocesos en el valor de mercado de las residencias que irá acompañado de un nuevo ajuste de precios y de niveles de ocupación más bajos, según indica el documento, que añade que, a ello, se le sumará la reducción del importe de los conciertos y retrasos en los pagos.
De este modo, asegura que, en 2013, el volumen de negocio de estas empresas caerá cerca de un 2 por ciento respecto al valor de mercado de 2012 y se situará por debajo de los 2.400 millones de euros.
Por otra parte, durante 2012 se produjo un aumento del número de plazas en centros privados concertados respecto a aquellos que funcionan sin concierto público. Así, el número de centros de titularidad público-privada se situó en 94.765 (un 0,7 por ciento más que en 2011), frente a las 177.026 plazas restantes, que ofrecen los centros privados y representan un 65,1 por ciento de la oferta.
Además, el informe destaca el «alto grado de atomización» del mercado de las residencias de mayores, aunque indica que, en 2012, aumentó un 1,5 la concentración de la oferta en el conjunto de las cinco primeras empresas del sector, que representan el 22,9 por ciento del total.
Leer noticia.
CERMI Madrid pide un “cambio de rumbo” en materia de dependencia y autonomía personal en la Asamblea de Madrid
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Madrid, CERMI Comunidad de Madrid, compareció en la denominada Comisión Permanente de Políticas Integrales de Discapacidad de la Asamblea autonómica con el objetivo de analizar el grado de cumplimiento de la Ley 39/2006 para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, y para exponer las reivindicaciones del colectivo con respecto a esta normativa, que, a juicio de CERMI Madrid, “genera más dependencia que autonomía” y “no ofrece soluciones a los problemas que pretendía solventar, dado que los agrava”.
El presidente del CERMI Comunidad de Madrid, Javier Font, fue el encargado de intervenir en la citada comisión, que fue convocada en este caso a petición del grupo parlamentario de Izquierda Unida (IU). Font reiteró ante los diputados de la Asamblea que la mencionada Ley «está provocando un efecto contrario al deseado», dado que «alimenta la dependencia de las personas y, por el contrario, no fomenta que puedan valerse por sí mismas, lo que se traduce en un fracaso rotundo del sistema, al contribuir a que se avance hacia un modelo social de personas no integradas en la sociedad de forma plena y activa».
Asimismo, el presidente de CERMI Madrid criticó con dureza que «se pida al colectivo de personas con discapacidad, que no ha tenido nada que ver con la crisis, que asuma enormes sacrificios y recortes presupuestarios que alimentan su exclusión y que dificulta a muchas personas llevar una vida digna y plena». En este sentido, durante su intervención, el comité indicó que este «sobreesfuerzo» lleva a muchas familias a una situación «insostenible» y remarcó que el colectivo está cansado de que la Administración «vea a los Servicios Sociales como los causantes de la crisis y de la deuda de nuestro país».
Por todo ello, el presidente de CERMI Madrid, ante la atenta mirada de los diputados madrileños, sostuvo que «la austeridad en el gasto social no debe recaer siempre en los más débiles». También criticó con vehemencia que la Comunidad de Madrid obligue en la actualidad a muchas personas con discapacidad a ser valoradas como «dependientes» para obtener subvenciones sociales y la supresión de las ayudas individuales que la Comunidad destinaba al fomento de la Autonomía Personal.
«Desde que se aprobó la Ley de Dependencia y Autonomía Personal no hemos avanzado», remachó en varias ocasiones Font, para afirmar que esta normativa es usada como un instrumento por parte de la Comunidad para «obtener más financiación del Estado y reducir el gasto social en servicios primarios con arreglo a la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad». Por otra parte, el presidente de CERMI Madrid también trasladó a los diputados distintas reivindicaciones del tejido asociativo.
Pidió que sean los profesionales de los centros base quienes valoren, de forma exclusiva, a los dependientes, que se analice la situación de las personas con discapacidad en los centros penitenciarios y que se regule de forma adecuada la figura del asistente personal que contempla la Ley 39/2006, que carece de marco normativo que regule esta figura profesional. Además, reclamó que las personas con discapacidad se puedan acoger a un régimen fiscal especial que facilite la contratación de asistencia personal.
Por último, durante la comparecencia ante la Asamblea de Madrid, el presidente de CERMI Madrid reiteró que «ser pionero en tener un mayor número de plazas en residencias, de lo que se jacta la Comunidad, no es más que una constatación del fracaso de las políticas autonómicas en materia de autonomía personal».
Por ello, reclamó «un cambio de rumbo» para fomentar la autonomía personal en detrimento de la dependencia y aseguró que «no habrá avances mientras la Administración siga pensando que los programas de autonomía personal son más caros que abocar a las personas a vivir en centros residenciales».
Los cuidadores no profesionales de dependientes descienden un 86% en ocho meses en Asturias
El número de cuidadores no profesionales de personas dependientes dados de alta en la Seguridad Social en el Principado de Asturias era de 3.216 en julio del año pasado y de 450 el pasado mes de marzo, lo que supone un descenso del 86 por ciento en ocho meses, según una respuesta parlamentaria del Gobierno central al PSOE.
En concreto fue el coordinador de la Interparlamentaria del PSOE de Andalucía, Miguel Ángel Heredia, quien preguntó al Ejecutivo sobre los datos de los cuidadores no profesionales a dependientes. En Andalucía, la reducción fue del 92%.
En declaraciones a los periodistas en el Congreso, el coordinador de la Interparlamentaria del PSOE-A, Miguel Ángel Heredia, ha denunciado la «demolición» que el Gobierno del PP practica a las políticas de la Ley de Dependencia en Andalucía y en el conjunto del país y ha criticado el «brutal recorte» de las ayudas en el entorno más cercano al dependiente y el «intento soterrado de privatización».
Además, ha señalado que desde que en 2007 entró en vigor la Ley, el Gobierno se hacía cargo de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores, en su mayoría mujeres, con el objetivo de que tuvieran una pensión de jubilación, pero el Gobierno del PP «impide que sea así y ahora es el propio trabajador el que tiene que pagar la seguridad social si quiere».
De este modo, ha lamentado que, además de haber reducido en un 15 por ciento el sueldo a los cuidadores no profesionales, que pasaron de percibir en torno a 520 euros a 440, no se les paga la cotización. «Calculen el gasto que supondrá contratar a cuidadores profesionales o ingresar a sus seres queridos en una residencia y las cifras de negocio que se manejan con compañías privadas y en las que se convertirá la cuarta pata del Estado del Bienestar».
Esta situación ha llevado al diputado a denunciar que el Gobierno actual «hace todo lo que está en sus manos para enterrar la Ley de Dependencia». Heredia también ha afeado que «lo primero que hizo» el Ejecutivo en esta materia fue retrasar en dos años la incorporación al sistema de los dependientes moderados. «Todas las decisiones sobre ley de dependencia no han hecho más que poner en riesgo su continuidad», ha añadido.
El coordinador de la interparlamentaria considera que el PP «se está retirando paulatinamente de la Ley de Dependencia» y, con respecto a los porcentajes de financiación que debe asumir cada administración, ha dicho que la ley nació para ser financiada al 50 por ciento por el Estado y al otro 50 por las comunidades autónomas, pero en el caso de Andalucía, el Estado solo paga el 30 por ciento y la Junta, el restante 70 por ciento.
Se trata, a su juicio, de un «desequilibrio» que «pone en riesgo el futuro de la Ley» ya que la administración regional «no puede sufragar todo los que el Estado deja de pagar». Así las cosas, cree que con medidas como estas el Estado «castiga una vez más» a Andalucía, que ha sido «líder» en la implantación y aplicación de la ley, como demuestra que una cuarta parte de los dependientes esté en la región, y que ha «perdido»204 millones desde que Rajoy llegó al Gobierno.
Castellón concentra el 20% de la red pública concertada de la dependencia, que integra ya más del 40% de mayores de la CV que viven en centros
Es necesario consolidar la red pública de atención para garantizar que en 2 años el sistema de la dependencia llegue a todos los castellonenses, según Penadés
Una de cada cinco personas en situación de dependencia de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas es atendida en la provincia de Castellón, según ha señalado hoy el presidente de la patronal, Marcos Penadés, que ha destacado que esta entidad integra ya a más del 40% de los mayores que viven en centros socio-sanitarios en la Comunidad Valenciana.
Penadés ha explicado que la red de centros públicos y concertados que preside aboga por extender la presencia de recursos a todo el territorio y evitar así la concentración de recursos en zonas concretas, situación que obliga en casos de dependencia severa al desarraigo o la elección de recursos no adecuados para la necesidad del ciudadano.
En este sentido, el portavoz de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas ha recordado que, desde su constitución, se ha incrementado progresivamente la presencia de recursos en la provincia de Castellón, cubriendo en la actualidad el 35% del territorio, con un total de 18 recursos y más de 1.200 plazas asistenciales, así como centros de día, servicios de ayuda a domicilio, etc. De esta forma, más del 80% de la población de la provincia tiene una residencia de la red pública concertada en su población o poblaciones cercanas.
Para Marcos Penadés, la sociedad demanda a los gestores de la dependencia que articulen las medidas oportunas para consolidar una red pública de atención que garantice que, en menos de 2 años, el sistema de la dependencia llegue a todos los castellonenses que lo necesiten. Y, como ejemplo, ha recordado que actualmente casi una de cada cuatro personas con derecho a recibir ayudas aún no la recibe, si bien, el nuevo modelo que está perfilando el Ministerio de Sanidad puede reconducir esta situación.
Penadés, que ha realizado estas declaraciones en su visita periódica a los recursos de Aecas en la provincia de Castellón, ha incidido en que las medidas adoptadas hasta la fecha, como la simplificación normativa y de niveles de aplicación -de seis niveles a tres- o la apuesta por la atención en recursos profesionales, permiten vislumbrar un futuro para el actual sistema de la dependencia.
Control de la Administración
No obstante, el portavoz de la Red pública concertada ha manifestado que es necesario que los indicios –nuevos beneficiarios en el sistema y reducción de la lista de espera- se concreten para autonomías como la valenciana, en la que la tasa de reposición y la deuda mantenida con el sector han generado una situación difícilmente sostenible, que sólo puede sobreponerse recuperando la confianza de los ciudadanos mediante la garantía de una red pública sustentada en concursos públicos abiertos y con un férreo control de la Administración Pública.
Así Penadés, ha defendido una apuesta por los recursos públicos y concertados, que representan el 90% de los asociados de AECAS, con una amplia distribución geográfica, incluyendo las zonas del interior de la Comunidad Valenciana, con menor densidad de población, pero con las mismas necesidades de atención a las personas dependientes.
Asociación de Familias con Alzheimer alerta de que Asturias «tiene una bomba de relojería con esta enfermedad»
La presidenta de la Asociación Democrática Asturiana de Familias con Alzheimer, Cocha Mena, ha alertado este lunes de la «bomba de relojaría» que tienen las administraciones y los políticos en Asturias con esta enfermedad, en alusión al envejecimiento poblacional y el consiguiente aumento de casos.
Así lo ha señalado en declaraciones a los medios, durante el transcurso de una reunión con el diputado de UPyD en la Junta General, Ignacio Prendes. La cita tiene lugar en el marco de la ronda de contactos que la asociación pretende mantener con representantes de los grupos políticos de la Junta, así como del Gobierno autonómico.
Mena ha sido franca: «los políticos tienen una bomba de relojería en sus manos», ha señalado en referencia al envejecimiento poblacional y a los 25.000 enfermos con esta demencia que se calcula hay ahora mismo en Asturias. Según los datos del HUCA, ha recordado que «de cada tres demencias, dos son alzheimer».
La presidenta del colectivo recalca en que este problema se incrementará en los próximos años, por lo que plantea dos propuestas. La primera sería una unidad de demencias, que la asociación lleva muchos años pidiendo, para diagnóstico, tratamiento, seguimiento e investigación. «Es importante, ante el número de enfermos ya existentes, y el que se nos vendrá encima», ha añadido.
En segundo lugar, reclama la apertura de un centro de día específico para enfermos de Alzheimer. Mena apunta que el Ayuntamiento de Gijón está dispuesto a ceder las instalaciones, y ahora reclama «el apoyo político de todas las partes».
CRÍTICAS A LOS RECORTES
La presidenta ha criticado duramente la política de recortes a la Ley de Dependencia. «Ha sido horrible, porque el Alzheimer es una enfermedad de larga duración y con tantos recortes han provocado a un retroceso familiar muy importante», ha explicado.
Así, explica que antes el cuidador podía dejar trabajar para cuidar al enfermo, porque la prestación económica, aunque pequeña, era una ayuda, pero ahora eso ya no existe». Incide además en la idea de que la persona que atiende a un paciente de alzheimer debe dejar de trabajar para poder atenderlo.
Por su parte, Ignacio Prendes ha alertado de Asturias «tiene un problema específico de envejecimiento», y ha reclamado políticas dirigidas a él. Así, ha recordado que la próxima apertura del nuevo Hospital Central Universitario (HUCA) «es una oportunidad histórica para que esta comunidad tenga una unidad específica para las demencias».
