Dependencia
Expertos coinciden en la importancia de planificar «la etapa de la vejez para tener una calidad de vida digna»
Fundación SERES, Caser y Vodafone han organizado la jornada ‘Envejecimiento, crisis y RSE’, en la que se apuesta por «planificar la etapa de la vejez para tener una calidad de vida digna» y del papel importante que las empresas deben tener en este tema.
Así lo ha manifestado el director general de Trabajo Autónomo, Economía Social y RSE, Miguel Ángel García Martín, al cierre de estas jornadas, que han tenido lugar en el Club Financiero Génova. «Debemos entender que el envejecimiento es una oportunidad gracias al logro del incremento de la esperanza de vida», ha sentenciado.
En la jornada también ha participado la directora general de Fundación Seres, Ana Sainz, que ha instado a «anticiparse a los problemas que atraviesa la sociedad», y añade que «el envejecimiento es uno de ellos en el que están trabajando muchas de las empresas de la fundación».
La empresa de estudios de mercado Feebbo, realizó un estudio para Fundación Seres sobre «hábitos de consumo en mayores de 50 años», en la que se ponía de manifiesto que «los mayores son uno de los colectivo a los que más está afectando la crisis» y que «el 94 por ciento de ellos consideran que las empresas podrían realizar más actuaciones enfocadas al colectivo».
Por su parte, el coordinador General de Cruz Roja Española, Antoni Bruel, ha recordado que el 20 por ciento de los mayores de 80 años tienen alto riesgo de enfermedad y dependencia. «Este colectivo debe diferenciarse del grupo de edades comprendidas entre 65 y 79 años, es un grupo totalmente distinto», ha matizado.
«Nuestras preocupaciones deben centrarse en la permanencia de estas personas en el entorno, en poco tiempo nos encontraremos con un problema de trabajo sumergido en personas mayores de 65 años que hay que solucionar», ha apostillado.
En la segunda parte, con el nombre ‘Retos en materia de RSE. Tecnología, productos y servicios’, han intervenido el director de Sostenibilidad y Calidad de Vodafone, José Manuel Sedes, y el director de Comunicación y Relaciones Institucionales en Caser, Juan Sitges.
En este sentido, Sedes ha explicado que la estrategia de Sostenibilidad de Vodafone está centrada en hacer la vida más fácil a los colectivos desfavorecidos. Así, ha insistido en que «los mayores piden que se hagan productos adaptados para ellos» y, por ello, «se apuesta por dispositivos accesibles, tratando de disminuir la brecha digital que existe en este colectivo».
Por último, Sitges ha hablado de la labor de Caser en el envejecimiento. «La etapa de la vejez no se debe politizar. Las personas mayores son un colectivo que está sufriendo grandes dificultades, hay que planificar la etapa de la vejez para que tengamos una calidad de vida digna», ha sentenciado.
Las estafas a la Dependencia se castigan con multa de hasta un 1 millón
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en una medida que se adapta como un guante a los tiempos actuales, aprobó hace días un decreto que modifica el reglamento de funcionamiento de la Inspección de Servicios Sociales y que persigue multar a los que infrinjan la aplicación de los recursos obtenidos con la Ley de Dependencia. En definitiva, acabar con el fraude -si es que lo hay-.
La norma -que recae sobre particulares e instituciones- desarrolla el cuadro de infracciones y sanciones previstas en la Ley de Dependencia. El texto andaluz consolida el modelo sancionador previsto en la ley estatal y establece para faltas leves multas de hasta 300 euros a personas cuidadoras y de hasta 30.000 a instituciones proveedoras de servicios. Para las graves, las cuantías oscilan entre 300 y 3.000 euros para cuidadores y entre 30.000 y 90.000 euros para entidades, mientras que las muy graves se sitúan entre 3.001 y 6.000 euros para particulares y de entre 90.001 y un millón de euros para proveedores.
Los cambios -anunció el ejecutivo andaluz- se dirigirán sobre todo a vigilar la labor del servicio de ayuda a domicilio, así como las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. En Andalucía, los profesionales de la inspección realizaron el año pasado 74.209 visitas domiciliarias, de las que 17.102 se dirigieron al primero de estos fines y 57.107 al segundo.
La tarea inspectora se va a reforzar. Aunque sea por el simple hecho de que los trabajadores tienen más tiempo libre: «Los que ejercían de valoradores de los solicitantes para ver si tenían derecho a recibir o no una ayuda han sido destinados a realizar inspecciones. Las altas están paralizadas desde hace año y medio», explica un funcionario granadino. También señala que -ante los recortes del Gobierno central y la escasa disponibilidad presupuestaria de la Junta- el personal encargado de agilizar las prestaciones está ahora destinado a perseguir a los infractores de la norma.
Como consecuencia, la Inspección de Servicios Sociales detectó en Andalucía en el año 2012 un total de 51 infracciones, de las que 15 fueron leves, 35 graves y una muy grave. «En cuanto a recursos asistenciales en Jaén, los inspectores impusieron durante 2012 una falta grave», aseguran en la Junta de Andalucía. La media de las sanciones graves fue de 9.200 euros y las muy graves, 37.000 euros, explican fuentes de Salud y Bienestar Social.
«Nos criminalizan»
Algunos ciudadanos afectados entienden el recrudecimiento de las medidas persecutorias, pero otros las ven como una sinrazón. «A mí me parece maravilloso que se persiga a los infractores, lo que me parece una barbaridad es que el Gobierno esté recortándonos a todos las prestaciones, sin asegurarse primero de quiénes hacemos buen uso de ellas o no. Los gobernantes no se dan cuenta de que esas miguitas de pan que suponen la Ley de Dependencia son un balón de oxígeno para quienes vivimos esta situación. Si nos la quitan, nos asfixian», explicaba ayer Carmen, madre de un niño discapacitado.
«Me parece indigno y descabellado que se criminalice a los ciudadores, una población que tiene a sus espaldas la responsabilidad económica y moral de una persona dependiente, mientras se permiten fraudes como los ERE, Urdangarin o Bárcenas, que no devuelven el dinero robado. Solo con los más de mil millones de los ERE en Andalucía se podrían pagar dos años de la Ley de Dependencia a los andaluces. Nos condenan a los más necesitados», declaraba Natalia Gómez, funcionaria jubilada e hija de una anciana con alzhéimer, que percibe por la atención a su madre 370 euros.
No obstante, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, explicó el día que vio la luz verde la norma que se reforzaban los mecanismos de inspección no porque hubiera habido muchos fraudes, sino para que las personas dependientes recibieran la mejor calidad posible en sus cuidados.
La administración autonómica (que financia el 70% frente al 30% del Gobierno central) ha destinado unos 5.400 millones de euros al desarrollo de la Ley de la Dependencia desde su entrada en vigor en el 2006 y en los presupuestos de este año se consigna una partida inicial de 1.108 millones.
Nuevo cheque de ayuda a domicilio en Castilla-La Mancha
El director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan José García Ferrer, ha anunciado la creación de un cheque de Ayuda a Domicilio, que permitirá al propio usuario elegir la persona o entidad acreditada que quiere que le preste este servicio.
El director general ha mantenido un encuentro con representantes de asociaciones de mujeres del medio rural, en el que han participado la presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), Carmen Quintanilla, y miembros de la Junta Directiva de cuatro provincias de la región, según ha informado la Junta en nota de prensa.
En este marco, el director general y las representantes de AFAMMER han acordado trabajar «de la mano» en la renovación del Servicio de Ayuda a Domicilio que la Junta de Comunidades presta a los ciudadanos que lo precisan en Castilla-La Mancha.
Esta «innovadora» propuesta, ha dicho García Ferrer, servirá de vía para que muchas mujeres del medio rural puedan trabajar como autónomas o cooperativas de iniciativa social. «Así favoreceremos la creación de nuevos puestos de trabajo en nuestros municipios», ha señalado.
Hasta el momento, este servicio lo prestan los ayuntamientos, a través de subvenciones concedidas por la propia Junta de Comunidades. La puesta en marcha de este proyecto vendrá a complementar la estructura del mismo a través de personas o entidades acreditadas. Además, el nuevo modelo de cheque de Ayuda a Domicilio, que comenzará a funcionar a principios del próximo año, permitirá que el ciudadano elija a la persona que le preste este servicio.
Llegar a todos
El motivo que ha llevado a replantearse y modificar la estructura del Servicio de Ayuda a Domicilio «es llegar a los 200 municipios de la región a los que no estamos llegando actualmente. De ellos, 140 corresponden a la provincia de Guadalajara, que en la actualidad no pueden acceder al mismo. Con la puesta en marcha de esta iniciativa, el Gobierno regional, en colaboración con AFAMMER, logrará llegar a todas aquellas personas que lo necesitan y que en la actualidad por distintos motivos, no reciben la ayuda», ha aseverado García Ferrer.
«Clara apuesta de futuro»
Por su parte, la presidenta de AFAMMER, Carmen Quintanilla, ha afirmado que este acuerdo es «una clara apuesta de futuro para las mujeres que se encuentran en el ámbito rural. Hemos demostrado que somos emprendedoras y capaces de liderar proyectos de diversa índole en los municipios».Quintanilla ha apuntado que «desde la formación y la profesionalidad, las 15.000 mujeres que forman parte de esta asociación en la región asumirán este compromiso, para ayudar a los mayores y dependientes que requieran de esta atención», ha concluido.
Aprobado el decreto que regula el Comité de Ética en Intervención Social del Principado
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regulará el Comité de Ética en Intervención Social, un órgano multidisciplinar, de carácter consultivo y asesor, que mejorará la calidad en la intervención social.
Este comité se encargará de analizar y asesorar en la resolución de posibles conflictos éticos, en los ámbitos de intervención de servicios sociales; de orientar en la elaboración de documentos de buena praxis o protocolos de actuación, desde el punto de vista ético, y en potenciar la formación en ética asistencial de los profesionales de los servicios sociales.
Un rasgo distintivo del futuro comité de ética en Servicios Sociales lo constituye la apuesta por la participación y la búsqueda de la pluralidad a lo largo de todo el proceso. Profesionales diversos, de distintos sectores, de distintas disciplinas, de la atención directa y de la gestión, del ámbito público y privado, han participado en este proceso. Un espíritu que permanecerá en la composición final de los miembros que integren este primer comité.
Por tanto, el Comité de Ética en Intervención Social se configura como un recurso para facilitar la reflexión y deliberación, orientando prácticas concretas que ayuden a la toma de decisiones óptimas y prudentes en aquellos casos donde convergen diversidad de perspectivas y opiniones entre todas las partes implicadas, como son los profesionales, personas usuarias, familias, entidades e instituciones, así como otros agentes sociales.
En definitiva, su papel debe de ser el de constituir un foro de deliberación, multidisciplinar e independiente, al servicio de la calidad asistencial y del bienestar de las personas usuarias de los servicios sociales, contribuyendo a la adopción de decisiones de calidad en supuestos complejos en que se presentan conflictos de diversos valores o derechos de las personas implicadas.
Fuente: http://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.07ff9aff07894a25ffdfb2c5f2300030/?vgnextoid=5c2da4e82fbce310VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgnextchannel=123d6a6227cdd210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es
ACRA alerta de un recorte encubierto de las tarifas para la atención a las personas mayores
Los nuevos baremos establecidos desde el Estado y la eliminación de los niveles por el Consejo Territorial del SAAD comportan a la práctica una bajada encubierta de tarifas
El ICASS, que todavía no ha comunicado cómo ni cuando pagará la mensualidad pendiente desde julio de 2012, no está pagando nada por los nuevos ingresos desde diciembre, ni por las actualizaciones de grado de los usuarios, ni lo hizo con la actualización de los anticipos de todo el año pasado
La deuda, que se incrementa mensualmente, ya se sitúa alrededor de dos nóminas enteras con cada una de las empresas y entidades.
Los nuevos baremos para la valoración del grado de dependencia de las personas solicitantes establecidos por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), así como la simplificación de los grados y de los niveles del sistema, que presentó el julio pasado el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad -que cambia a tres grados (Gran Dependencia, Dependencia Severa y Dependencia Moderada) los seis niveles anteriores- están comportando a la práctica una bajada encubierta de las tarifas públicas para los servicios de atención a las personas mayor.
Se trata de un problema económico más en el largo listado de dificultades con que se encuentran los operadores de Servicios Sociales en todo el Estado y que en Cataluña se suma a la gran deuda que tiene la Administración con las empresas y entidades asistenciales. Y es que, además de la nómina íntegra pendiente desde julio de 2012, en cuanto a las empresas y entidades colaboradores asociadas, el ICASS tiene con cada una de ellas una deuda añadida que llega ya a otra mensualidad completa, según la información recogida a través de dos barómetros enviados recientemente a los socios de ACRA.
Una deuda, si cabe, aún más preocupante que las cantidades pendientes desde julio, pues se incrementa mes tras mes y está relacionada con el hecho que el 83% de los socios encuestados hayan denunciado que no han cobrado nada en cuanto a la actualización de los anticipos del año pasado, que tampoco se esté pagando nada por los nuevos ingresos desde diciembre, ni tampoco en lo que se refiere a las actualizaciones de grado de los usuarios.
Impago de julio: Casi un año sin respuestas
Ya hace nueve meses de la reunión de la comisión de seguimiento de los pagos del ICASS del viernes 7 de septiembre. En este sentido, ACRA denuncia que a fecha de hoy todavía no se ha informado formalmente a esta comisión sobre la evolución de la situación de los pagos, todo y las graves dificultades que están sufriendo los centres colaboradores, concertados y de gestión, y reclama públicamente el pago inmediato de todas aquellas cantidades pendientes.
Igualmente, ACRA pide en el Gobierno de la Generalitat de Cataluña que considere el sector de la atención a la gente mayor como prioritario por el mantenimiento de la cohesión social al país, así como que sea más vehemente a la hora de reclamar al Estado los recursos que no les están facilitando en relación con el acuerdo por la financiación de la LAPAD.
Sobre ACRA
ACRA, Asociación Catalana de Recursos Asistenciales, es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1989, que agrupa entidades privadas de iniciativa mercantil, entidades privadas de iniciativa social y entidades de iniciativa pública de recursos asistenciales (teleasistencia domiciliaria, atención domiciliaria, centros de día, hogares residenciales, residencias asistidas, pisos tutelados y centros sociosanitarios) para personas mayores de toda Cataluña. ACRA está conformada por 440 emprendidas/entidades asociadas, que gestionan 929 servicios con 34.214 plazas y 29.213 trabajadores.
Cerca de doscientas localidades se han declarado en España «Ciudad Solidaria con el Alzheimer
- A día de hoy un total de 198 ayuntamientos han proclamado a su ciudad como solidaria con el Alzheimer
- El 17-18 de mayo se conmemoró en Sangüesa/Zangoza el primer aniversario de la localidad navarra como primera «Ciudad Solidaria con el Alzheimer» y donde se inauguró el Parque de los Cuidadores, pionero en España
Cerca de doscientas localidades españolas se han declarado, hasta ahora, como «Ciudad Solidaria con el Alzheimer» en el último año, gracias al proyecto “La memoria es el Camino”promovido por la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias (CEAFA), entidad miembro de COCEMFE. Esta cifra, en términos de habitantes, representaría a seis millones trescientas mil personas, algo más del 13 % del total de españoles.
Galicia es la comunidad autónoma que tiene más ciudades solidarias con el Alzheimer con 66 ayuntamientos que representan al 58 % de su población. Por su parte, Navarra es la comunidad con más porcentaje de población solidara, un 61 % y
32 municipios.
Por Comunidades Autónomas:
Galicia: 66 localidades que representa el 58 % de la población
Euskadi: 42 localidades que representa el 42 % de la población
Navarra: 32 localidades que representa el 61% de la población
Andalucía: 21 localidades que representa el 19 % de la población
Comunidad Valenciana: 11 localidades que representa el 5,5 % de la población
Extremadura: 6 localidades que representa el 21 % de la población
Aragón: 4 localidades que representa el 6 % de la población
Comunidad de Madrid: 4 localidades que representa el 5,18 % de la población
Castilla-La Mancha: 4 localidades que representa el 3, 60 % de la población
Canarias: 3 localidades que representa el 14 % de la población
Castilla y León: 2 localidades que representa el 3 % de la población
Principado de Asturias: 1 localidad que representa el 26 % de la población
Región de Murcia: 1 localidad que representa el 4,57 % de la población
Cantabria: 1 localidad que representa el 2 % de la población
De las 198 localidades destacan ciudades con más de cincuenta mil habitantes como: Alcoy, Benidorm, Vila Real, Pamplona, Molina de Segura, Las Rozas, Parla, Rivas, A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Badajoz, Mérida, Vitoria-Gasteiz, Barakaldo, Donostia-San Sebastián, Irún, Ponferrada, Santa Lucía de Tirajana, Santa Cruz de Tenerife, Gijón, Algeciras, El Puerto de Santa María, Granada, Jaén, Málaga, Marbellla y Vélez-Málaga.
No sólo las ciudades se han declarado como solidarias con el Alzheimer, sino que también lo han hecho entidades, instituciones y empresas. Hasta la fecha se han sumado al proyecto 29 entidades solidarias.
Aquí está la declaración de Sangüesa con el listado de las ciudades
http://lamemoriaeselcamino.com/ciudad-solidaria-con-el-alzheimer/
Aniversario en Sangüesa/Zangoza como Primera Ciudad Solidaria con el
Alzhéimer
El viernes 17 de mayo el Auditorio del Carmen de Sangúesa presentó un lleno para la efeméride. Durante el evento se pudo ver un resumen del documental «La Memoria es el camino«, un periplo de 7.000 km. de sensibilización hacia el Alzhéimer que realizó a pie el periodista navarro Guillermo Nagore desde Finisterre hasta Jerusalén. Lo que motivó que la localidad navarra diera el paso de proclamarse en pleno “Ciudad Solidaria con el Alzheimer”.
Abrió los actos el alcalde de la villa, Ángel Navallas Etxarte, quien se comprometió «a continuar con su labor de apoyo a los enfermos y a sus familias, trabajando para que el Hospital de Día pueda atender cuanto antes a los afectados con esta enfermedad.»
A continuación intervino Koldo Aulestia, Presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias (CEAFA) quien expuso que “los ejemplos de Sangüesa y de Nagore suponen un reto para la confederación en su labor por impulsar entre todos una política de Estado que dé respuesta a la atención sanitaria y evite los recortes a la dependencia”. «Pedimos complicidad y compromiso. El ejemplo de Sangüesa ya lo han seguido 200 ciudades. Este trabajo es una inversión de futuro», afirmó. La directora gerente de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas del Gobierno de Navarra, Gemma Botín, asumió el compromiso desde la administración de dar respuesta a estas demandas.
El cantante Enrique Villarreal «El drogas», quien tiene un familiar con Alzheimer, con un lenguaje directo describió la situación de los afectados por esta enfermedad y realizó la petición de más recursos.
Por último, la celebración del viernes finalizó con una emocionante actuación de Motxila 21 (grupo musical de jóvenes con Síndrome de Down) junto a Enrique Villarreal.
Ya el sábado 18 de mayo por la mañana, bajo una incesante lluvia, un grupo de personas liderados por el alcalde de Sangüesa/Zangoza, Ángel Navallas, el presidente de CEAFA, Koldo Aulestia, y el periodista Guillermo Nagore, se recorrió el camino desde Javier a Sangüesa donde se inauguró el Parque de los Cuidadores, primero de estas características que hay en España y que suponen un paso más en el compromiso de esta ciudad navarra con el Alzheimer.
Durante el acto de inauguración del espacio natural dedicado a los Cuidadores de familiares de personas con Alzheimer, el presidente de CEAFA, Koldo Aulestia, agradeció emocionado el apoyo de la ciudad de Sangüesa/Zangoza y solicitó más ayudas para una enfermedad que afecta a “800.000 personas que sufren alzheimer, 3,5 millones en total si se incluyen a las familias”. “Es una enfermedad que cada vez nos ataca más y, frente a los recortes, debemos defender el derecho a la dignidad de las personas. Urge una política de Estado sobre Alzheimer, como en Francia, en cuya elaboración participen todos los agentes implicados”, dijo.
Los actos culminaron con la plantación simbólica de un árbol, con la que se inauguraba el parque, ubicado junto al río Aragón.
CEAFA trabaja desde 1990 para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren la enfermedad de Alzheimer y sus familiares cuidadores. Está compuesta por 13 Federaciones Autonómicas y 6 Asociaciones Uniprovinciales que aglutinan más de 300 Asociaciones Territoriales, y representan a más de 200.000 familias. Su Presidenta de Honor es S.M. la Reina Doña Sofía y en la actualidad su presidente es Koldobika Aulestia Urrutia.
Los mayores madrileños podrán elegir residencia concertada libremente
La Comunidad de Madrid ha acordado que una parte de las plazas residenciales concertadas para personas mayores dependientes puedan ser elegidas libremente por los usuarios para facilitar a las familias cambiarse de centro si no están cómodas donde están, según ha explicado el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria.Estas medidas afectan a 4.708 plazas en residencias de mayores, con un coste total de 179,2 millones de euros, según ha explicado Victoria en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Además, el consejero ha señalado que esta libertad de centro se va a implantar de forma gradual, a partir del mes de agosto, y que si los usuarios no solicitan traslado alguno, continuarán recibiendo la atención en el mismo centro que tenían hasta ahora.
Victoria ha destacado que se «animará» a las residencias a una «sana competencia» en la medida en que si los usuarios deciden que no están recibiendo los servicios que estiman oportunos, los centros dejarán de tener las plazas concertadas por la Comunidad de Madrid.
Con este acuerdo marco, se unificarán los contratos de todas las residencias con la Administración. Concretamente, afectará a las plazas concertadas de financiación total, destinadas a personas mayores dependientes que tienen las rentas más bajas.
Los nuevos contratos se formalizarán en base a la disponibilidad presupuestaria anual, correcta ejecución de los contratos, preferencias de los usuarios, ofertas económicas y necesidades de ordenación de la red pública. En el Acuerdo se enmarcarán más de 200 contratos existentes en la actualidad.
La adjudicación anual de los contratos que estén dentro de este Acuerdo Marco se realizará de forma simplificada y sin necesidad de someterlos a un nuevo concurso. Con esta fórmula se logra la continuidad del servicio, el ajuste de plazas adjudicadas a cada centro en función de las demandas de los usuarios y la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio.
La Comunidad de Madrid está preparando un segundo Acuerdo Marco para plazas concertadas de financiación parcial.
Requisitos de las residencias
Los centros que, estando autorizados, cumplan los requisitos de solvencia económica y técnica podrán incorporarse a este Acuerdo Marco. Los residencias que quieran participar tendrán que haber gestionado de forma continuada, al menos, una residencia en los tres años anteriores por un tiempo no inferior a nueve meses. Además, tendrán que ofertar como mínimo 15 plazas.
Asimismo, tendrán que prestar los siguientes servicios de forma ininterrumpida durante las 24 horas del día los 365 días del año: el alojamiento, que incluirá el uso de una habitación y zonas de convivencia, la manutención, la ropa de cama, de mesa, de aseo así como el lavado, repasado y planchado de la ropa personal.
También deberán comprometerse a la promoción de la integración y participación en la vida del centro, la animación sociocultural y las relaciones con las familias de los usuarios. También se tienen que hacer cargo del control y la protección del usuario, incluyendo todas las actividades encaminadas a la seguridad y salvaguarda de su integridad personal, como el aseo, la higiene personal, el cambio de pañales, vestido, etc.
La Xunta fija su estrategia de atención a la dependencia hasta 2020
El Gobierno gallego ha dado el visto bueno a su estrategia para la atención y prevención de la dependencia, una guía que fija el horizonte temporal de 2020 para poner en marcha medidas que permitan mejorar y prolongar la autonomía personal.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que este documento supone un «salto cualitativo» en políticas sociales y una apuesta por el ámbito preventivo y no solo asistencial.
Tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, Núñez Feijóo ha explicado en conferencia de prensa que esta estrategia está centrada en seis áreas de actuación, con 28 objetivos y casi 400 propuestas de actuación.
Además, la Xunta ha acordado también la presentación de Galicia para liderar un proyecto europeo que convierta a la Comunidad en un «referente» de la vida saludable.
Núñez Feijóo ha explicado que en los próximos años se prevé que la población gallega descienda casi un 2 %, pero los mayores de 65 años aumentarán sobre un 3,5 % y se calcula que la población con dependencia aumente un 8,14 %.
Por este motivo, ha dicho, el Gobierno gallego trabaja desde hace tiempo en una estrategia para la prevención precoz de la dependencia para prolongar la autonomía personal de los ciudadanos.
Ha considerado que Galicia es «pionera» en la elaboración de esta guía que, ha dicho, «nace del diálogo, consenso y acuerdo» entre distintos grupos de trabajo de la Xunta y entidades representativas de mayores.
Las seis áreas en las que está divida esta estrategia atienden a la educación y la concienciación de los ciudadanos, al aumento de la esperanza de vida libre de dependencia, a la mejora de la calidad de vida, al estímulo a través de amigos y familiares, a la investigación y la innovación y a la mejora de los recursos de la administración.
Ha señalado que la Xunta pretende mejorar la calidad de vida de los mayores, hacer «más sostenible» el sistema de sanidad y bienestar y lograr ser un referente europeo en el envejecimiento saludable.
Según Núñez Feijóo, cada euro que se destina a prevención de la dependencia equivale a la rebaja del gasto de 129 euro al año en su tratamiento.
Por otra parte, el Gobierno gallego ha presentado hoy los datos del plan para prevenir la violencia laboral en el ámbito sanitario.
Desde 2010 se han reducido un 32 % los episodios violentos, al pasar de 255 a 188 en 2012, aunque el objetivo de la Xunta es que «la sinrazón de estos episodios violentos sea cero», ha concluido Núñez Feijóo.
En la reunión de hoy la Xunta ha decidido renovar un convenio con la Fundación Josep Carreras para buscar donantes de médula para las personas con cuyas familias estos trasplantes son incompatibles.
Desde 2008, la primera vez que la Xunta firmó un convenio con esta fundación, y hasta el 1 de enero de este año se han hecho 117 trasplantes por medio de esta colaboración.
La crisis y el parón de la dependencia vacían las residencias valencianas
Los geriátricos de Castellón funcionan a medio gas. El largo brazo de la crisis se extiende por todas partes. También ha llegado a las residencias de la tercera edad, sobre todo a las privadas, un nicho de mercado en el que, en plena burbuja inmobiliaria, se embarcaron promotores inmobiliarios, bancos, aseguradoras y otras compañías que vieron la posibilidad de obtener una buena rentabilidad y que hoy afrontan la realidad de ver cómo las camas se están quedando vacías.
A un buen número de familias no les ha quedado otra opción que sacar a sus mayores de la residencia y volver a acogerlos en sus casas, ante la imposibilidad de hacer frente a los gastos que supone la estancia en una residencia privada. Una plaza cuesta una media de entre 900 y 1.000 euros mensuales. Eso si es una habitación compartida. En el caso de las habitaciones individuales la tarifa supera los 1.300, una cantidad que pocas familias pueden asumir. Y eso se nota mucho. Prácticamente ningún centro de la provincia ha cerrado su balance anual sin plazas libres. En el año 2008, la mayoría tenía colgado el cartel de completo.
La plena ocupación de que gozaba el sector hace cinco años ha ido disminuyendo poco a poco. En la Comunitat Valenciana, según datos de la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia (Aerte), existen unas 5.000 plazas libres, de las que más de un millar están en Castellón. “La situación por la que atravesamos es mala y lo es por dos circunstancias. La primera porque las familias ya no tienen dinero para costear una plaza y la segunda es por el parón de la ley de la dependencia. La Conselleria prácticamente no concede ninguna nueva ayuda y hay personas que han solicitado la prestación vinculada al servicio, en este caso la estancia en una residencia, y aún no se les ha concedido”, reconoce Francisco Artola, director de Residencial Azahar del Mediterráneo, ubicada en Castellón.
Aunque motivos hay varios, en el sector todos coinciden en afirmar que el culpable de que las residencias funcionen a medias es el paro. “Cuando el subsidio por desempleo se acaba los mayores dependientes son llevados de nuevo a casa, con lo que la pensión se ha convertido en parte del ingreso familiar desde hace dos años. Hemos tenido casos de residentes que han vuelto con sus hijos porque gracias a la pensión podía ir tirando toda la familia”, coinciden en todos los centros privados consultados.
2.400 MAYORES EN GERIÁTRICOS // Las cifras que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que en la provincia hay 2.378 personas mayores que viven en alguna de las 35 residencias especializadas existentes. Son muchas menos que hace tan solo dos años. “Ahora mismo tenemos un 40% de plazas libres y no son más porque hemos hecho una política brutal de ajuste de precios”, reconoce la directora de otra residencia de la provincia.
Aerte asegura que en estos momentos existen entre un 30 y un 40% de camas disponibles y para que un centro sea rentable deben tener cubiertas, al menos, el 80% de sus plazas. Conclusión, a algunos centros no les ha quedado otra que echar el cierre. Otros están aguantando como pueden. En Valencia y Alicante ya han cerrado varias residencias por falta de rentabilidad, aunque en Castellón, de momento, todas tratan de aguantar como pueden.
Con ser importante, el de la salida de mayores de las residencias no es el único problema que la crisis ha provocado en el sector. Las ayudas o, mejor dicho, la falta de ayudas de la Administración pública por esa falta de recursos es otro de los grandes hándicaps con los que las empresas del sector deben apechugar cada día.
Y es que, con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en enero de 2007, los precios de las residencias deberían estar subiendo en lugar de bajando debido a las exigencias que las Administraciones imponen para que los establecimientos cumplan con un sinfín de requisitos a todos los niveles, tanto de instalaciones como de personal. Las empresas cumplieron e invirtieron millones confiando en el respaldo público, pero este no llega.
GENERADOR DE EMPLEO// Desde el sector no se dan por vencidos. Con los datos en la mano, reivindican el papel que pueden llegar a desempeñar las residencias de dependientes. “Por cada euro que invierte la Administración hay un retorno en este mismo año de 1,30 euros. Si se llenaran todas las plazas vacías que hay en la Comunitat se crearían más de 2.000 puestos de trabajo”, insiste María José Mira, directora general de la patronal del sector Aerte.
Pero no todas las residencias viven la misma situación. En Castellón hay tres tipos de infraestructuras y las privadas son solo una parte del sector. Las hay que son públicas (bien de titularidad municipal o de la Generalitat) y otras que funcionan vía concierto, es decir, pertenecen a una empresa privada pero el Consell les subvenciona determinadas plazas. Un ejemplo: si la estancia de una persona mayor cuesta 1.000 euros, la Generalitat paga 400 y el usuario los 600 restantes.
Aunque la situación de los centros públicos y con plazas concertadas no es tan mala como la de las residencias 100% privadas (hay varias residencias municipales en la provincia que prácticamente tienen llenas el 100% de las camas), este tipo de instalaciones tampoco pasa por su mejor momento. El Consell les debe parte del concierto del 2012 y todo este año. “Poco a poco van pagando, pero lo que la Administración valenciana adeuda al sector sigue siendo una cantidad muy importante. Muchas residencias siguen adelante gracias a los ayuntamientos”, reconoce el director de un centro público.
Asturias impulsa la Ley de la Dependencia, casi 500 nuevos beneficiarios en un mes
Asturias impulsa la Ley de la Dependencia. La frase, reiterada en numerosas ocasiones por el equipo de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda encuentra respaldo en las cifras. En solo un mes, cerca de medio millar más de nuevos beneficiarios. Una cifra casi clónica a la rebaja sufrida en la lista de espera. Por primera vez, en Asturias hay menos de 3.000 personas en el ‘limbo’, denominación que da el Observatorio de la Dependencia a las personas que, con derecho a una ayuda o prestación de la ley, aún no la reciben.
Así lo demuestran los datos estadísticos a que ha tenido acceso EL COMERCIO, los relativos a la evolución de la Ley de la Dependencia en Asturias. Unas cifras que aún no ha hecho públicas el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), puesto que, según explica en su web, se encuentra aún en proceso de revisión de los datos para cumplir lo apuntado por el Tribunal de Competencia. No obstante, otras fuentes apuntan a que la nueva estadística evidenciará lo que ya apuntaba en su último informe el Observatorio de la Dependencia: que la ley está prácticamente paralizada.
Sin embargo, las cifras enviadas por el Principado a Madrid evidencian que, al menos en Asturias, la norma que da derechos a las personas sin autonomía personal sigue en marcha. Dicen los expedientes que son ya 18.553 las personas con derecho a recibir un servicio -centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, residencia o asistente personal- o una prestación, ya sea para pagarse un servicio en la red privada o para cubrir la nómina de un familiar que le cuide en su casa. De ellas, 15.560 lo reciben ya realmente, una cifra que supone una merma de seis expedientes respecto al mes de marzo.
Fuera del sistema
Según fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, esa disminución, así como la de solicitudes, se debe a la desaparición de los diferentes niveles de la dependencia. En la gran reforma de la ley, la aplicada por el Gobierno central en julio pasado, la dependencia quedó solo limitada a grados -III, II y I- mientras que se eliminaban los niveles -1 y 2- que diferenciaban cada grado.
Eso supuso, en la práctica, el primer gran recorte, ya que todos los dependientes de nivel I quedaron fuera del sistema, incluso los de nivel 2, que ya tenían derecho a un servicio o prestación.
Al recorte de beneficiarios se suma, en clave positiva, la de asturianos en el limbo. Según las cifras oficiales, son 2.993 quienes ya saben que tienen derecho a una ayuda, pero no la reciben. Se trata de 466 casos menos en un mes, una tasa que desde el Principado se cree posible superar en breve, ya que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda ha rechazado paralizar la ley para revisar cada caso, tal y como pretende el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Los nuevos beneficiarios optaron, mayoritariamente, por los servicios. Sólo 39 pidieron que les cuide en casa un familiar, aunque la cifra eleva a 8.686 las pagas al cuidador no profesional, la prestación más alta de la región, pese a que la ley la considera ‘excepcional’. De entre los servicios, el geriátrico ha sido el más castigado. De acuerdo a las cifras oficiales, son 2.805 los asturianos que utilizan una residencia con cargo a la Ley de la Dependencia. Son 143 menos en un mes.
SEGG forma a los cuidadores de personas dependientes
Uno de los vacios que la Ley de Dependencia aún no ha cubierto, es la formación de los cuidadores familiares, sobre los que recae la atención de los dependientes. Ante este vacío, el Grupo de la Ley de Dependencia de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, ha elaborado el ‘Manual de Habilidades para cuidadores familiares de personas mayores dependientes’, que se presentará en el 55 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) a celebrar en Valencia desde el 12 al 14 de junio de 2013.
Este grupo de trabajo de la SEGG, nació con los objetivos de promover la difusión del desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, formar a los profesionales y realizar materiales divulgativos que permitan colaborar a una mayor difusión y clarificación de lo que representa la Ley.
Desde sus inicios consideró prioritario dar una información, clara, sencilla y útil a los profesionales de la salud, para conocer más profundamente la Ley, sus recursos y las dudas en su aplicación.
En septiembre de 2011 presentaron ‘La Guía Práctica de la Ley de Dependencia’, en junio de 2012 el Manual Práctico de las 101 Dudas más frecuentes sobre la Ley de Dependencia, y ahora en 2013 este Manual de Habilidades para cuidadores familiares de personas mayores dependientes va dirigido a los cuidadores familiares y al colectivo de cuidadores no profesionales, que son quienes atienden mayoritariamente a las personas mayores dependientes en sus domicilios.
Su finalidad es dar formación a estos cuidadores en habilidades para el cuidado, ayudándoles a mejorar la calidad en la atención que proporcionan e informar sobre algunas ayudas técnicas que pueden facilitarles la importante labor que desarrollan.
En cuanto a su metodología, no pretende ser uno de los muchos libros que existen en el mercado sobre esta temática; es un sencillo manual que de forma divulgativa y formativa recoge los cuidados que más inquietan, y resuelve de forma concisa, escueta y clara, las dificultades que supone cuidar a un mayor dependiente por parte de sus familiares y/o cuidadores no profesionales.
Se ha elaborado con fichas sencillas y recuadros aclaratorios y su documentación tiene en cuenta la evidencia científica disponible.
Piélagos confía a una empresa privada su servicio de teleasistencia
El Ayuntamiento de Piélagos (Cantabria) ha adjudicado su servicio de teleasistencia municipal, a través del que se facilitará la prestación a los 175 usuarios con los que cuenta el municipio. En este caso, la oferta ganadora ha sido la presentada por la compañía Igon CEE, con una puntuación de 95,31 puntos, por encima de sus competidoras, la entidad sin ánimo de lucro Cruz Roja (95 puntos) y la mercantil Servicios de Teleasistencia (91,96). Igon ha obtenido 16 puntos por la gestión del servicio y las mejoras ofertadas y otros 79,31 por la oferta económica (incluyendo diez por acreditación de calidad y por compromiso de renuncia a la revisión anual de precios). En concreto, la oferta de Igon asciende a 15,15 € (IVA excluido) por hora, frente a los 18,5 € con los que había salido la licitación.
Como se recordará, el concurso contempla la instalación de un dispositivo en el domicilio del usuario, con comunicación a un centro de atención a través de un botón de emergencia. Entre otros requisitos, los pliegos requieren que se garantice la comunicación interpersonal y bidireccional las 24 horas del día, así como una atención inmediata en emergencias, de carácter presencial cuando sea necesaria.
Con esta adjudicación, Igon refuerza su área de teleasistencia, ámbito en el que se hizo recientemente con la licitación presentada por la Diputación de Valladolid, en este caso, con un valor superior a 1 M€, teniendo en cuenta los dos años de contrato más las dos posibles prórrogas previstas. En la actualidad, la empresa dispone de más de 13.000 usuarios de teleasistencia y pretende seguir creciendo en Castilla y León, Galicia, Cantabria y País Vasco, a través de nuevos contratos. Controlada al 100% por la Asociación Igon, integrada por personas con discapacidad, la empresa registró una facturación de 1,5 M€ en 2012.
Fuente: Alimarket
Una empresa gallega centra la atención a la tercera edad en las capacidades de la persona en lugar de fijarse en sus carencias
La tercera edad es cada vez menos el último tramo vital. Nuestras comunidades están cada vez más cuajadas de personas mayores de 65 años. Y un buen pedazo de ese grupo no se ha resignado a convertirse en un carga. Ni a renunciar, dentro de sus posibilidades, a la actividad y la autonomía. Por eso la atención y promoción de personas mayores se está convirtiendo en un sector apto para desarrollar proyectos que afiancen la idea de independencia-atención de ese sector de la sociedad.
Saraiva es un emprendimiento social dentro de este segmento que pone en valor la edad de los que acumulan experiencia. En una población cada día más envejecida (más del 10% está por encima de los 60 años según el Instituto Nacional de estadística) y con la esperanza de vida alargándose (82 de media años según la Organización Mundial de la Salud), conseguir dotar de calidad a los años que se van prolongando las historias vittales es una manera de conseguir una población y una comunidad más justa con todos los sectores de la sociedad. Huir de una mera asistencia de mínimos y enfocada en lo médico-sanitario (aunque tenga su importancia) consigue convertir un tramo de la vida que podría anteriormente estar destinado al beneficio de inventario en una parte más con sus posibilidades y riquezas.
¿Qué les hace peculiares? Desde que nacieron en 2005, Lucía Saborido y Ricardo Fra, ambos gerontólogos, buscan crear un nuevo modelo de centro en el que cada usuario reciba un servicio totalmente personalizado en función de sus capacidades. Se trata de un modelo «basado en la propia persona» en su biografía y experiencia irrenunciable e intransferible. «Una metodología centrada en las capacidades y habilidades, no en los déficits y necesidades». Una fórmula que incentiva lo positivo para paliar la carencia. Como darle la vuelta al sector que, en muchas ocasiones, trabaja a partir de los huecos para ir parcheando. El trabajo supone acercarse a la persona, investigarla para llegar a dibujar un camino particularizado: «Los soportes y estrategias adecuadas que fomentan su participación activa en la toma de decisiones». Colocar a esa persona mayor que se tiende a arrinconar y tratar como un paciente sin más, en el centro de su propia atención.
La recopilcación de intereses, gustos, tendencias del mayor por parte de los profesionales es lo que les la la información necesaria para ayudar en el rediseño de un proyecto de vida con mimbres a base de conceptos como dignidad, autonomía, participación, independencia, individualidad, bienestar…
Las áreas donde están desarrollando esta idea de acercarse a la vejez son los clásicos del trato con la tercera edad. Es aplicable. Los centros de día lanzaron el proyecto (en 2008 con su segundo edificio). Pero también inciden en la ayuda a domicilio ya que «hay mayores que no tienen que ingresar en ningún centro en ninguna residencia. Que con una sistema bien habilitado pueden mantenerse en su domicilio: “Con lo importante que resulta para muchos seguir arraigados al espacio donde han desarrollado su proyecto vital”. Dotar a esas personas de las ayudas mínimas para las labores cotidianas de mantenimiento es una vía “que potencia la propia autonomía evitando una posible institucionalización”.
Pero, según se avanza la vida en la sociedad occidental en concreto, se ha multiplicado el problema de la desmemoria con lo que el programa se ha diversificado para implementar «terapias individualizadas y grupales de estimulación cognitiva reforzada con fisioterapia. Se trata de un tratamiento no farmacológico y su objetivo es prevenir, ralentizar, mantener y mejorar las capacidades cognitivas como la memoria, la atención, el cálculo, el lenguaje», ¿para qué? Mantener el contacto con la realidad de ahora al tiempo que no se diluye las memorias que conforman «lo que hemos sido».
El proyecto de Saraiva recibió en 2006 el premio XXV años del Parlamento gallego y acaba de ser elegido finalista de Momentum Project (emprendimientos sociales impulsados por BBVA y Esade).
Las familias con dependientes menores denuncian abandono
No representan un volumen importante dentro del millón y medio de españoles que no pueden valerse por sí mismos, pero los menores dependientes y sus familias rozan en muchos casos la exclusión social, sobre todo tras los recortes de la ley de dependencia. Los representantes de las asociaciones que defienden a este colectivo escondido entre las grandes cifras denuncian que tienen problemas específicos y que atraviesan una situación muy complicada, con ayudas siempre escasas. Las familias se sienten abandonadas. Hasta César Antón, director del Imserso, el organismo gubernamental que gestiona la ley de dependencia, reconoce que presentan «mayores necesidades, ya que a menudo se exige la dedicación plena de miembros de la familia».
El caso de Aleix Obregón es ilustrativo de estos graves apuros. Pero hay muchos más, auténticos dramas médicos y económicos. «El milagro para la mayoría de estas familias es vivir cada día», asegura en Toledo José Luis Gómez-Ocaña, padre de dos hijos, de 9 y 16 años, con una enfermedad degenerativa (Tay-Sachs) incurable. Es mortal, y no se conocen casos que hayan superado los 18 años de edad. Los dos son grandes dependientes y a ambos se les ha reducido la ayuda en un 15%. «Necesitan cuidados -explica- las 24 horas del día por las crisis que sufren. No controlan esfínteres. El mayor no habla y al pequeño ya no se le entiende. En mi casa no entra más sueldo que el mío de profesor, recortado también. Mi mujer dejó de trabajar hace unos años para cuidarlos».
PRIMERO, QUE COMAN
Gómez-Ocaña, coordinador de la plataforma en defensa de la ley de dependencia de Castilla-La Mancha, asegura que «en contra de lo que se cree, los casos más graves y dramáticos de dependencia suelen ser de niños y jóvenes». La mayoría, según el perfil elaborado por la plataforma, afecta a mujeres que tienen que dejar de trabajar para dedicarse casi todo el día a sus hijos, con lo que implica de coste económico y, sobre todo, emocional y físico. No tienen descanso y a eso se añade la tensión de si van a poder hacer frente a los costes de rehabilitaciones y terapias. «Llega un momento en que la situación es agobiante, tiene que explotar por algún lado. Hay gente que se encuentra al límite», apostilla.
De los cinco miembros de la familia cordobesa López Cortés, dos hijos tienen enfermedades graves. Juan, de 12 años, ha de estar siempre encamado y Julia, de 6, sufre una enfermedad psicofísica. El padre está desempleado y sin derecho a prestación y tiene una incapacidad física que le obliga a usar silla de ruedas. El hijo mayor, Pablo, de 19 años, se ha marchado a Alemania a ver si logra ganar y enviar algo de dinero. «Mi marido y yo nos hemos planteado dejar de comer para poder comprar las medicinas. Lo primero es que los niños coman, luego ya veremos los mayores», dice Amelia, la madre y la única que aporta algo de dinero limpiando casas o incluso pidiendo en la calle.
«Un menor de edad impacta mucho más. Estas familias tienen un problema específico y muy limitada sus capacidad de respuesta, aunque reciben algún tipo de prestación. Es un colectivo que está pasando por una situación calamitosa», asegura José Miguel Delgado Trenas, trabajador social en el centro de evaluación de la dependencia de Córdoba.
«SI ESTO NO ES UN CALVARIO…»
Palmira Castellano preside la plataforma en defensa de la dependencia de la Comunidad Valenciana y es la madre de Sara, a la que diagnosticaron una enfermedad que se caracteriza por convulsiones intratables y retraso mental. Han de apañárselas con los 425 euros mensuales de ayuda. «Las personas mayores tienen un final. En estos casos es para toda la vida», subraya.
Dolores, de 44 años, es otro ejemplo. Dejó su empleo de cocinera en Madrid al nacer su hijo hace 4 años y le dieron la «paguilla» de 520 euros para atenderlo. Sufre encefalopatía epiléptica catastrófica, que le impide moverse y le roba la vista, y exige cuidados permanentes como un bebé. Ahora, viuda, cobra 418 euros y ha de pagar 200 de alquiler. «Si esto no es un calvario…», musita.
Aerte recurre el bloqueo de los expedientes aprobados que no reciben prestación
Aerte ha reclamado un acuerdo estatal que implique tanto a Gobierno Central como a CCAA, y en general, a todos los agentes involucrados en el sistema para evitar la desaparición de la Ley de Dependencia y con ello, el abandono en que entrarían miles de personas cuya atención no es compatible con los recortes que aplica el Gobierno, ni con los retrasos en los pagos, ni con la ausencia de resolución de expedientes que han sido aprobados.
Esta es la posición fijada por Aerte, en un contexto de recortes aplicados sin contar con los agentes del sector que, contradiciendo los argumentos esgrimidos por el Gobierno, no suponen una aplicación de la Ley de Dependencia con criterios de calidad y racionalidad, ni implican una derivación hacia la contratación de servicios profesionales, ni tampoco la incorporación de dependientes reconocidos al sistema, más bien al contrario, se han disminuido a los dependientes las cuantías de las prestaciones sin justificación aparente alguna.
Frente a esta situación, calificada como grave error por Aerte -a tenor de la rentabilidad que supone para la arcas públicas la inversión en Dependencia- en la última Asamblea de Aerte, se aprobó la ejecución de acciones jurídicas en contra de la actual política en materia de dependencia llevada a cabo por la Administracion Valenciana consistente en una actuación pasiva en la resolución de los expedientes, algunos de ellos desde el año 2009. Esto provoca que en algunos casos, personas dependientes fallecen sin haber visto resuelta su ayuda.
En respuesta a esta situación, la patronal ha pedido a sus asociados que soliciten a la Administración una interpretación del silencio administrativo en aquellos expedientes con un plazo superior al que establece la Ley, esto es, de los seis meses desde el inicio del mismo sin haber recibido resolusión de la PVS a pesar de tener derecho a ésta según establece la Ley de la Dependencia.
A su vez, Aerte ha puesto a disposición de los Dependientes, un servicio de asesoramiento jurídico para aquellos que se encuentren en esta situación de desamparo por incumplimiento de la ley por parte de la Administración y que posteriormente puedan interponer un Recurso Contencioso Administrativo en contra de la Consellería.
Con respecto a la minoración de las cuantías de las PVS sin comunicación previa, Aerte esta trasladando cada una de dichas disminuciones al Sindic de Greuges, teniendo en cuenta además que la Comunidad Valenciana ha sido la única autonomía donde se han aplicado recortes sin notificación ni aclaración previa a la población dependiente, dejando en una situación de indefensión a los receptores, de pleno derecho, de dichas ayudas.
Para Aerte, las medidas de “ahorro” anunciadas por el Ejecutivo no están alineadas con la voluntad de potenciar la Atención Profesional en el sector de la Dependencia, sino que tal y como se han planteado, suponen un claro recorte muy perjudicial para la población en situación de dependencia, y a su vez, insostenible para el sistema.
Así lo ha manifestado la Directora General de Aerte, María José Mira, para quien el Gobierno aplica medidas en teoría más racionales y equitativas pero al mismo tiempo, la Comunidad Valenciana no resuelve las prestaciones vinculadas al servicio de los dependientes con expedientes aprobados desde hace años, y disminuye las cuantías de los que ya tenían un derecho reconocido por tener una resolución administrativa, sin comunicarlo previamente, hechos que sumados a los retrasos que ha experimentado y aún experimenta el sector, hacen insostenible la atención profesional.
Frente a esta situación de dificultades económicas que sufre el sector y el bloqueo en la resolución de expedientes, Aerte considera necesarios acuerdos políticos, económicos y sociales que hagan viable el sistema de atención a la dependencia, que afecta a las personas más vulnerables de nuestra sociedad.
Ayer se puso en marcha en IESE la Mesa de Debate sobre Dependencia, promovida por la Federación Empresarial de Asistencia a la Depenencia (FED) y la Fundación Economía y Salud. Un espacio de reflexión de carácter itinerante que contó con la presencia de César Antón, Director General del Imserso, quien negó la existencia de nuevas medidas de ahorro en el sistema de dependencia, en alusión a los 1.108 millones anunciados en el Plan de Reformas que, según el Director del Imserso, proceden de actuaciones acordadas en el Consejo Territorial de Junio 2012.
En el curso de su intervención, César Antón transmitió su intención y compromiso de impulsar y continuar con la profesionalización de los servicios para atender a las personas en situación de dependencia”.
Estas palabras han sido valoradas positivamente por María José Mira, Directora General de AERTE, para quien ha calificado de contradictorio que la Comunidad Valenciana sea la única autonomía que no sigue las directrices del Imserso relativas a salvar la Ley de Dependencia mediante resoluciones de Prestaciones Vinculadas al Servicio, el tratamiento igualitario de personas con mismo nivel de dependencia y capacidad económica y en particular, reconociendo a todas estas personas los servicios profesionales acreditados como dentro de la red de servicios sociales y no sólo a una parte de esta población dependiente.
Frente a la necesidad de establecer unas reglas igualitarias en el sector que redunden en un mejor servicio global al dependiente, la directora general de Aerte ha aludido a un contrato que ha aportado a diez empresas importantes beneficios, concertándoles 2. 000 plazas que deberían haber salido a concurso público y que por ello, está llevando a la muerte de las empresas del sector y a la pérdida de miles de puestos de trabajo.
El TC anula la ley autonómica que denegó la dependencia por silencio administrativo
El Tribunal Constitucional (TC) obliga a la Generalitat a notificar personalmente a quien deniegue una prestación que haya solicitado en amparo a la ley de Dependencia. El alto tribunal ha declarado inconstitucional la disposición adicional número once de la ley de Presupuestos de la Generalitat de 2008 que rezaba: «en los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, el vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado y notificado resolución expresa determinará la desestimanción de la solicitud formulada por silencio administrativo». El Consell ya rectificó esta norma en 2009, según confirmaron fuentes de la Conselleria de Bienestar Social.
La norma impulsada por el Consell en 2007 y aprobada por las Corts el 27 de diciembre del mismo año fue recurrida por el Defensor del Pueblo. El Consell defendía que la medida era necesaria para ahorrar, argumento que tumba el Tribunal Constitucional al entender que «el eventual ahorro se produciría únicamente cuando la denegación fuera firme, no bastando para ello su desestimación inicial». Los magistrados anulan la norma pero su decisión no afectará a las situaciones que hasta la fecha de hoy se hayan denegado así.
Para el TC la disposición adicional que denegaba ayudas por silencio administrativo «se encuentra fuera del contenido constitucionalmente admisible de una ley de presupuestos autonómica». Además de tumbar el argumento de la Generalitat, el TC considera que «la norma se reputa contraria al artículo 9.3 de la Constitución (seguridad jurídica)».
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) anunció ayer la interposición de recursos contencioso-administrativos por el bloqueo de los expedientes aprobados que no han recibido prestación. La patronal de la dependencia pide un acuerdo «estatal» que implique al Gobierno y a todos los agentes competentes para evitar que desaparezca la ley de Dependencia.
Más de 3.000 personas contra los impagos
Miles de personas recorrieron ayer las calles de Valencia para denunciar el retraso por parte del Consell en el pago de servicios y entidades que atienden a personas con discapacidad, centros cuya situación consideran «dramática» debido a que algunos trabajadores llevan cinco meses sin cobrar. La manifestación fue convocada por la Coordinadora de Discapacidad y Dependencia (CDD) y fue desde la estación del Norte de Valencia hasta la Conselleria de Bienestar Social y la Generalitat. Más de 3.000 personas, según fuentes de la organización, participaron en una marcha que iba encabezada por una pancarta con la frase «Por el respeto, la dignidad y la justicia social» y durante la cual se gritaron frases como «la dependencia no se vende» o «dignidad para la discapacidad».
Aerte desaprueba que el Gobierno «pueda siquiera plantearse un nuevo recorte en los derechos de las personas dependientes»
Para Aerte, Patronal de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, los nuevos recortes anunciados por el Gobierno en Dependencia impedirían a miles de dependientes vivir con un mínimo de dignida, vulnerando, con esta medida, los derechos de los dependientes y faltando, a su vez, al compromiso que asumió el Estado con la población dependiente, cuyos recortes anunciados de forma unilateral por el Gobierno, son rechazados por Aerte.
Según la patronal de la dependencia en Comunidad valenciana, esta nueva medida de ajuste, junto a los retrasos en los pagos, la disminución de beneficiarios de las prestaciones, el incremento del copago por los dependientes y todos los expedientes bloqueados que dejan sin atención a miles de dependientes con derecho reconocido, certifican la extinción objetiva de la Ley de Dependencia.
Así lo ha manifestado María José Mira, directora general de Aerte, quien ha subrayado la contradicción que supone recortar en la aplicación de derechos fundamentales para las personas Dependientes mientras que, por otro lado, se mantienen estructuras de despilfarro que hacen más injusta e insostenible la situación en la que se encuentran nuestros Dependientes.
Para la directora general de Aerte, no es de justicia que en España se destinen fondos públicos millonarios como grandes obras e infraestructuras que no ofrecen rentabilidad, cuando la alternativa que se ofrece como ahorro sea dificultar, aún más, el día a día de miles de personas dependientes y especialmente vulnerables.
Máxime cuando se ha demostrado con estudios independientes la rentabilidad económica del sector en retornos vía impuestos como IVA o IRPF, recaudación en seguridad social, etc, que suponen los fondos destinados a este sector, así cómo el impacto directo sobre el empleo, dado que se genera un trabajador directo por cada 2 plazas residenciales según la legislación existente.
Obviamente el simple anuncio de aplicación de nuevas medidas de recortes, además de ser socialmente perversas -dado que afectan a aquellos ciudadanos más débiles- conllevarían una destrucción de empleo más elevado que en otros sectores por la misma argumentación anterior. Aun se entienden menos estos anuncios, afirma la directora general cuando los políticos actuales no dejan ocasión para declarar su preocupación por las estadísticas de desempleo.
María José Mira califica estos nuevos ajustes presupuestarios anunciados como “medidas impropias de un sistema democrático comprometido con la salud y la calidad de vida de sus ciudadanos”.
Cuando el pasado julio el gobierno anunció modificaciones en la Ley Dependencia que racionalizaban su aplicación, Aerte inocentemente aceptó dichas medidas por entenderlas como un comienzo de exigencia hacia la profesionalización del sector asumiendo que así, la ley de dependencia, se convertía en una ley de servicios.
Siempre creímos, señala Mira, que con los ahorros que se generaban al aplicar medidas de ajuste, como la modificación en los criterios del copago, se iban a atender a las personas en situación de dependencia que todavía no están asistidas. Nunca imaginamos, comenta la directora general de la Patronal, que los ahorros irían encaminados a recortar presupuesto directamente.
Aerte anuncia demandas judiciales
Ante esta situación y tal y como propusieron y aprobaron los asociados de AERTE en su reciente Asamblea General anual, la patronal de la Dependencia sólo ve una solución a la cegera e incapacidad que muestran nuestros dirigentes y que nunca se ha querido aplicar: aconsejar a los dependientes a que emprendan acciones jurídicas que puedan traducirse tanto en la reclamación del cumplimiento de la Ley de Dependencia en sus plazos, como en el respeto a la libertad de elección del usuario que ésta establece.
Aerte también ha anunciado otras acciones jurídicas como recursos contra las órdenes de Bono (por entender que se tratan de plazas concertadas de centros que deben de tratarse equitativamente que el resto de operadores del sector) y contra la supuesta firma de un contrato que sólo beneficiaría a unas pocas empresas en detrimento de la gran mayoría del sector cuando el coste de dichas plazas es justo el doble que las ayudas de la dependencia; así como contra los concursos públicos del sector que se liciten por debajo del coste legal.
La patronal no ha tenido más remedio que personarse, por tratarse de un tema que afecta a la mayoría de sus asociados, en todos los recursos presentados por algunas empresas que defienden una falsa exclusividad del concierto de sus plazas frente a cualquier otro tipo de financiación pública.
Las plataformas por la Ley de Dependencia plantan cara al “hachazo” del Gobierno
La Coordinadora estatal de plataformas en defensa de la Ley de Dependencia se ha sumado a las críticas de varias organizaciones hacia los recortes que el Plan Nacional de Reformas 2013 (PNR), presentado el 26 de abril tras la reunión del Consejo de Ministros, contiene en materia de dependencia. En palabras de la asociación, la rebaja en el gastosupondrá una «condena a la exclusión social, e incluso a la muerte» para miles de personas.
De acuerdo con las estimaciones del PNR, los recortes en atención a personas dependientes ascienden a un total de 1.108 millones de euros sobre lo presupuestado para este año. Dado que la partida inicialmente consignada era de 1.087,18 millones de euros, los cuidados que costea el Estado no podrían ser financiados, ya que el saldo sería negativo: -20,82 millones de euros si el Ejecutivo cumple al máximo el objetivo de ahorro. «Es un hachazo definitivo a la Ley de Dependencia yun acto de profundo desprecio hacia la vida humana«, asegura al respecto el portavoz de la coordinadora, José Luis Gómez-Ocaña.
Sobre el fondo de la cuestión, Gómez-Ocaña opina que se trata de una cuestión ideológica: «Es evidente que la Unión Europea le ha pedido al presidente Rajoy una cabeza, y Rajoy, en un acto de valentía suprema, ha ofrecida la cabeza de la dependencia, de los más débiles, que pasan a tener cero medios», afirma, y añade que en ningún caso pueden señalarse los recortes como una cuestión económica: «Antes de julio de 2012, la dependencia suponía un gasto del 0,6% del PIB. No era una cantidad importante. Lo que ocurre es que quieren trasladar el negocio de los cuidados al sector privado».
Así, la plataforma asegura que «en paralelo al desmantelamiento de la ley» han surgido varias compañías aseguradoras privadas que ofrecen prestaciones para dependientes. «El objetivo es que el que pueda pagarse un seguro tenga un seguro de dependencia. El que no, quedará en manos de la beneficencia, como en los años 60 o 70«, señala Gomez-Ocaña.
Recortes a los beneficiarios y freno a las altas
Los dependientes denuncian además la puesta en marcha de diversas estrategias encaminadas a reducir el gasto a costa de empeorar sensiblemente la atención y las prestaciones que reciben. Así, Gómez-Ocaña explica que son frecuentes las «reevaluaciones». Se trata de someter al beneficiario a una nueva evaluación médica que, según su versión, acaba frecuentemente en una rebaja del nivel de la prestación reconocida: «Son reevaluaciones en silencio, de oficio. Es gente que obviamente ha empeorado con el tiempo y a la que ahora se le dice que su dependencia es menor para dejarla sin prestación», dice.
También se ha frenado el proceso de evaluación para nuevos beneficiarios: «Se ha creado interesadamente un embudo de hasta 18 e incluso 20 meses para las valoraciones», explica. Los dependientes no pueden acceder a ninguna de las prestaciones de la ley hasta que no cuentan con ese dictamen, y la situación ha empeorado recientemente, pues se ha vinculado la prestación de servicios de asistencia social por parte de los Ayuntamientos a esa misma evalución médica. Sin ella, las personas afectadas no pueden optar ni a las medidas de la Ley de Dependencia, ni tampoco a los programas que ponen en marcha los municipios.
«El Gobierno quiere dejar morir la ley a medida que mueran los actuales beneficiarios. La idea es no reconocer nuevas prestaciones, no cubrir la tasa de reposición, y eso es lo que se está haciendo», cree Gómez-Ocaña. «Es impropio de un Gobierno digno cargar el pso de la crisis en los más débiles. El Partido Popular ha mostrado su verdadera ideología e intenta negar el derecho a una vida digna de los afectados», dice.
Nada que perder
Ante esta situación, «la gente está muy asustada porque no ve cómo va a poder hacer frente al cuidado de los dependientes«, dice el portavoz de la coordinadora, que señala como especialmente alarmantes son los supuestos de «gran dependencia», en los que la persona requiere cuidados continuados y asistencia para realizar cualquier actividad cotidiana. «Los familiares tienen miedo de no poder seguir cuidando a sus seres queridos. Con el recorte en las prestaciones, hay gente que tendrá que elegir entre comer o costear su tratamiento médico«, asegura.
Las diferentes plataformas en defensa de la Ley de Dependencia a nivel nacional han decidido coordinarse y organizar diversas acciones de protesta. «Puedo asegurar que no tenemos nada que perder. Preferimos morir de pie que de rodillas», explica Gómez-Ocaña. El portavoz añade que actos como manifestaciones suponen un importante reto para el colectivo, puesto que se trata de un grupo de personas «muy difícil de movilizar»: «La mayor parte está en cama o en una silla de ruedas, por eso tenemos que ser todos los demás los que salgamos a dar la cara», comenta.
Aún no hay cerrado un calendario definitivo de acciones. La coordinadora señala que busca «medir muy bien las protestas» en un momento en el que el Ejecutivo «está aplicando una política represiva en cuanto a manifestaciones». Por su parte, Gómez-Ocaña está convencido de que la movilización social es la única opción que tienen los dependientes para «defender sus intereses y defender, sobre todo, su vida». «Nunca podrán quitarnos la capacidad de lucha y la dignidad de la que carece este Ejecutivo», concluye.
